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Cedice: Caraqueños necesitaron más de Bs 82 millones para cancelar bienes y servicios en julio
En el transcurso de 15 días la variación de precios se incrementó en 15,39%

El Cedice Libertad afirma que a finales de julio una familia caraqueña compuesta por 3 integrantes debía tener acceso a 82.327.092,29 bolívares para cancelar 61 bienes y servicios.

Destacan que para garantizar el sustento de un núcleo familiar de tres personas se requieren 103 salarios integrales, cuyo monto actual se establece en 800.000 bolívares.

A través de su cuenta de Twitter la ONG reveló que en el período comprendido entre el 15 y 30 de julio la variación de precios experimentó una elevación de 15,39%. Detallaron que el sector alimentos incrementó en 14,51%, el ámbito recreativo registró un alza de 18,78%; restaurantes, 14,11%; higiene, 12,31%, servicios, 17,55% y transporte, 18,81%.

La inflación interanual del rubro alimentario presentó un incremento de 2.718,38%, la recreación subió un 3.664,96%; los restaurantes, 7.120,37%; higiene, 4221,36%; servicios, 921,26% y el transporte que incrementó 3.894,23%

Cedice Libertad afirma que la inflación acumulada representa el 432,9%, mientras que la anualizada se ubica en 2.083,87%.

Responsabilizan a cuerpos policiales de 84 muertes en Anzoátegui
Los fallecimientos se produjeron entre enero y la segunda semana de junio de 2020

Los cuerpos policiales de Anzoátegui fueron señalados como los responsables de 84 muertes en la entidad, ocurridas entre enero hasta la segunda semana de junio de este año.

La denuncia corresponde a la Fundación de Derechos Humanos, DDHH, del estado, que preside el abogado Alcides Magallanes, quien expuso que el diagnóstico lo realizó el Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales de esa institución.

Según Magallanes son 14 municipios, de los 21 de esta entidad, donde se han registrado los hechos en los cuales murieron las víctimas , siendo la jurisdicción de Simón Bolívar, capital del estado, la que tiene mayor cantidad de fallecidos, cifra que asciende a 24.

Siguen Juan Antonio Sotillo con 14; Simón Rodríguez, 10; Freites, 9; Guanipa con 6 y Piritu con 5.

Destacan asimismo con ejecuciones extrajudiciales San Juan de Capistrano y Anaco con 3 cada uno; Peñalver, Monagas y Francisco de Miranda, contabilizan 2 por localidad; mientras que en Aragua, Guanta y Santa Ana aparecenven la investigación con 1 muerto, cada uno.

De acuerdo al presidente de la Fundación de DDHH , las Fuerzas de Acciones Especiales son las que más vulneran el derecho a la vida y en su actuar acumulan 24 fallecidos, 16 son atribuidas al Cuerpo de Investigaciones científicas, penales y criminalísticas, (Cicpc)  y otras 16 a la Policía de Anzoátegui, con largos años intervenida por el gobierno de Nicolás Maduro. Las otras policías municipales y Nacional también tienen en su haber, asesinatos de ciudadanos.

Los recurrentes casos de violación al derecho a la vida continúan evidenciando una debilidad estructural de la capacidad del Estado venezolano para garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución Nacional y en los pactos, acuerdos y convenios suscritos por la República con la comunidad internacional.

OVP: 191 presos murieron en calabozos policiales en 2019
104 de las víctimas fallecieron en hechos violentos, 87 murieron por razones de salud y 449 lograron escaparse

De acuerdo al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en 2019 al menos 191 presos perdieron la vida mientras se encontraban bajo el resguardo de los organismos de seguridad, de ellos 104 murieron de manera violenta, 87 fallecieron producto de enfermedades, al menos 128 resultaron heridos y 449 lograron escaparse burlando las medidas de seguridad de los centros policiales.

El hacinamiento es una de las causas de esta situación, desde que el Ministerio de Servicios Penitenciarios tomó el control de las cárceles y retenes, estableció un embudo que limitó el traslado de los detenidos a esos espacios y convirtió los calabozos policiales en centros de detención de larga duración, sin que estuviesen preparados para asumir esa tarea.

Es así como cárceles que fueron diseñadas para tener una escasa población por un período de 48 horas, hoy en día concentra a miles de personas pero periodos de años, sin que reúna las condiciones mínimas para ello.

“El Ministerio de Servicios Penitenciarios no autoriza los traslados a las cárceles, lo que ha contribuido a que el sistema colapse de tal manera que en áreas con capacidad para 20 personas, actualmente sobreviven más de 100 presos en condiciones infrahumanas y en flagrante violación a sus derechos humanos”, señaló Carolina Girón, directora del OVP.

Como podría preverse, los problemas de las cárceles se trasladaron a los centros de detención policial, hay armas dentro de las celdas e incluso se han constituido “pranatos”.

Durante el 2019 la violencia aumentó dentro de los calabozos, las riñas o ajustes de cuentas entre internos fueron la principal causa de muerte, seguido por intentos de fuga que culminaron en presuntos enfrentamientos.

Uno de los hechos más trágicos del 2019 ocurrió en los calabozos de PoliPaez en el estado Portuguesa, donde asesinaron a 30 reclusos tras varios días de protesta. En ese momento, los familiares denunciaron la participación de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), quienes presuntamente dispararon contra la población penal con la excusa de retomar el control.

Otro incidente de violencia ocurrió en el estado Lara, cuando se registró la fuga de 12 reclusos en una comandancia de la policía estadal en Río Claro.

Durante el hecho localizaron a tres mujeres que efectuaban visita conyugal, lo que está prohibido en éste tipo de recintos; asesinaron a una funcionaria policial y posteriormente, durante los operativos de búsqueda, al menos nueve presos fueron asesinados. 

En los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta o conocido como Zona 7 en el estado Miranda, se registraron varios motines y protestas, siendo uno de los últimos el más violento, en donde decapitaron a un recluso. Este recinto es considerado una de las comandancias que alberga más personas recluidas para ese momento el número superaba los mil reos.

En 2019 murieron 87 presos por condiciones de salud en los centros de detención policial, siendo la tuberculosis y desnutrición las principales causas de muerte.

Asimismo, cabe destacar que la alimentación de cada privado de libertad en estos calabozos está a cargo de sus familiares y, aunque comen mejor que los internos de las cárceles, no todos reciben alimentos a diario, muchas familias no tienen la posibilidad de comprar comida y mucho menos tienen recursos para trasladarse hasta las comisarías, por lo que entre 60%0 y 80% de los reos se ven afectados severamente por la crisis económica que azota al país.

Con respecto a las fugas, 449 presos lograron evadirse de los centros de detención policial; mientras que 2.496 se unieron a huelgas de hambre y 554 a huelgas de sangre, en señal de protesta por el hacinamiento, traslados y cese de los maltratos de los que son víctimas con frecuencia.

Girón, manifestó su preocupación ante la gravedad de estos hechos violentos ocurridos en 2019 y al respecto resaltó que resulta inaudito, además de ilegal, que un detenido permanezca en un calabozo policial hasta cinco años, incluso cuando ya ha recibido su condena.

“Los calabozos no son sitios de reclusión, no tienen espacios para el esparcimiento y ni siquiera tienen acceso al sol, a la luz del día. Muchos tienen que dormir de pie o se las arreglan como pueden porque sencillamente ya no hay espacio ni para un alfiler”, sentenció Girón.

Hizo un llamado al Estado venezolano, para que a través de sus instituciones como el poder judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo proponen para lograr el traslado de los presos a internados judiciales para garantizar los derechos humanos de los privados de libertad y para erradicar el crecimiento de estas “cárceles paralelas” en todo el territorio nacional.

Tareck El Aissami dirige por Venezuela la 179ª conferencia ministerial de la OPEP
Tareck El Aissami encabeza la delegación de Venezuela que participa en la videoconferencia de los países con liderazgo para la estabilidad del estado mundial energético y global

El vicepresidente del Área Económica y ministro para el Petróleo del gobierno de Nicolás Maduro, Tareck El Aissami, dirigió este sábado la 179ª conferencia ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Este encuentro se realizó online y algunas consideraciones fueron presentadas este mismo sábado luego de las 10:00 de la mañana.

La 179ª reunión de la Conferencia de la Opep es un escenario en el cual se analiza la evolución del mercado petrolero mundial y se evalúa la implementación justa, oportuna y equitativa de los recientes acuerdos para lograr su estabilización.

El Aissami encabezó la delegación de Venezuela que participó en esta videoconferencia de los países con liderazgo para la estabilidad del estado mundial energético y global.

“Hemos iniciado la 179ª Reunión de la Conferencia Ministerial OPEP 2020 para avanzar en acciones coordinadas que nos lleven a la estabilización y fortalecimiento del mercado energético global”, escribió El Aissami en la red social Twitter.

El funcionario resaltó esta semana la necesidad de lograr la “estabilidad energética y precios justos y estables en el mercado de hidrocarburos, por eso debemos seguir avanzando en el diálogo y la cooperación, así como favorecer el mecanismo virtuoso de la Declaración de Cooperación de Opep+”.

El 5 de marzo pasado se efectuó la 178ª reunión de esta organización. En ella, los países miembros reafirmaron su continuo enfoque en los fundamentos para un mercado petrolero estable y equilibrado, en interés de los productores, los consumidores y la economía global, teniendo como marco de acción la Declaración de Cooperación para el ajuste Voluntario de la Producción de Crudo alcanzada en 2016.

En la 179ª reunión de la Conferencia Opep participan representantes de Argelia, Angola, Arabia Saudita, Congo, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Nigeria, Libia y Venezuela, Gabón, Guinea Ecuatorial, Irak e Irán.

Denuncian que Cicpc hace allanamientos ilegales en municipio San Juan de Capistrano de Anzoátegui
Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui enfatizó, que los cuerpos de seguridad están actuando sin ningún tipo de limitaciones

La Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui (FDDHH), a través de su director, Alcides Magallanes, denunció la ejecución de allanamientos ilegales en la población de Boca de Uchire, municipio San Juan de Capistrano, en Anzoátegui, por parte de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), pertenecientes a la subdelegación de Puerto Píritu, jurisdicción de Peñalver.

De acuerdo a la queja formulada por el vocero de DDHH regional, el último procedimiento que estos efectivos hicieron sin una orden judicial, se produjo en el sector La Playa, calle 10, el 4 de mayo, “donde supuestamente buscaban un alijo de drogas, que no llegaron a encontrar, pero además en la vivienda allanada, sustrajeron enseres y otros bienes de propiedad privada”.

Magallanes enfatizó, que los cuerpos de seguridad están actuando “sin ningún tipo de limitaciones, vulnerando la Constitución Nacional y el Código Orgánico de Procesal Penal, presuntamente por órdenes superiores, acción que está creando malestar en la población regional”.

El abogado enfatizó que es vital que las actuaciones de los organismos de seguridad estén ajustadas a lo establecido en la Carta Magna, por cuanto Venezuela, a pesar de la crisis institucional que vive aún conserva mucho de lo que un Estado de derecho, “en consecuencia se debe respetar uno de los principios que lo soporta, como es el respeto de los Derechos Humanos”.

Hizo un llamamiento a los funcionarios policiales para que “no se presten a ejecutar órdenes de sus superiores que estén fuera del marco constitucional y legal, puesto quienes pagan las consecuencias son ellos que forman parte también de la población vulnerable del país”.

El Sistema Metro de Caracas trabajará con restricciones a partir de este 23 de marzo, así lo informó a través de su cuenta de Twitter @metro_caracas.

Como medida de seguridad ante la expansión del Covid-19 (coronavirus) en la región capital, el Metro de Caracas exige a sus usuarios hacer uso solo de los puestos disponibles y evitar ir de pie, colocarse la mascarilla y mantener una distancia de un metro entre persona.

Por otra parte, el sistema de transporte recordó que trabajadores de medios de comunicación, salud, alimentación y funcionarios públicos en general son los únicos autorizados para el uso comercial del servicio.

Fedenaga requiere salvoconducto para distribuir carne
Ministerio de Agricultura y tierras garantizó las guías de movilización de alimentos en el país

 

Fedenaga, la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, solicitó al gobierno un salvoconducto que les permita la distribución de la carne, en vista de la cuarentena dictada por ejecutivo, ante el coronavirus.

Así lo manifestó el presidente de Fedenaga, Armando Chacín, quien sugirió al estado dotar de combustible al sector para poder cumplir con los debidos traslados.

El representante del gremio afirmó: “Hemos puesto en la mesa de trabajo un salvoconducto que sea reconocido por los productores agropecuarios y avalado por las autoridades. Estamos apegados a las declaraciones del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien dijo que hay que tratar de identificar a los productores agropecuarios que cumplen con la acción de producir alimentos”, dijo.

Asimismo, Chacín pidió a los productores cumplir con las medidas de seguridad ante la prevención del COVID-19.

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Tierras, a través del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai) garantiza las Guías de Movilización de Alimentos en el país, luego del decreto de cuarentena social preventiva para evitar la propagación del coronavirus en Venezuela.

La información fue publicada a través de un comunicado, donde el ente ministerial señaló que los servidores públicos continuarán “ejerciendo y laborando en estricto cumplimiento de las normas establecidas por el Comando Nacional para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus COVID-19”.

Juan Guaidó pide celeridad a su equipo para entregar ayuda humanitaria
Juan Guaidó, parlamentario y presidente (E) anunció cinco líneas de acción para enfrentar la pandemia del Covid-19 en Venezuela
El presidente (E) pidió a su equipo acelerar la entrega de ayuda humanitaria y alimentaria

El diputado, Juan Guaidó ordenó a la comisión que le asiste en materia de ayuda humanitaria, contactar a los organismos internacionales que atienden esta problemática, con la finalidad de darle celeridad a las solicitudes de apoyo en esta materia en Venezuela.

Esta medida forma parte de las cinco líneas de acción anunciadas por el parlamentario en la noche de este lunes para atender el brote de casos confirmados de Covid-19 en el país.

Guaidó anunció la entrega de 3.500 kits de protección para el personal de emergencia de los cinco principales hospitales de la ciudad de Caracas, así como la conformación de un equipo de monitoreo y evaluación de la situación real de la pandemia, a fin de informar “la verdad de lo que está pasando”.

También anunció el inicio de la búsqueda de la ayuda humanitaria en materia higiénica para entregar a los ciudadanos kits de higiene.

El diputado de la AN informó la aprobación de fondos para el apoyo a organizaciones internacionales de la salud que trabajan en Venezuela y la entrega de insumos médicos, así como iniciar el procedimiento para destinar los recursos requeridos en este sentido.

“Algunas de estas líneas de acción ya se ejecutaron, otras se encuentran en la fase inicial y otras requerirán que la dictadura no vuelva a bloquear la ayuda que necesite nuestro pueblo”, expresó Guaidó.

El diputado admitió que el coronavirus puede generar un daño incalculable al país si no se hace lo que haga falta. “La verdad es que el Estado venezolano no cuenta con la capacidad para dar respuestas a este mal por lo que se requiere que la población extreme las medidas de prevención y el auxilio internacional”, dijo.

Sin capacidad

Por otra parte, Guaidó aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro no tiene la capacidad para dar respuesta al país frente a ésta emergencia sanitaria. “No es el momento para la soberbia ni para la partidización de la emergencia”, expresó.