Transparencia Venezuela, autor en Runrun

Transparencia Venezuela

Ciudadanos acuden por ayuda al TSJ y terminan multados
Seis personas interpusieron una solicitud en marzo de 2021 para conseguir que tres bancos públicos les entregaran unas divisas retenidas desde 2018

 

“Fueron por lana y salieron trasquilados”. Ese refrán les debe retumbar en los oídos a Octavio Stevenson López Porras, Ivette Antonieta Ugueto Bautista, Ricardo José Alves De Freitas, Luis De Freitas Vieira, Olga Teodora Rodríguez Gil y Olga Cecilia Rodríguez. ¿La razón? Acudieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para conseguir que tres bancos públicos venezolanos les entregaran unas divisas retenidas desde 2018, pero terminaron siendo multados por el máximo juzgado, reseña Suprema Injusticia.

El inesperado giro de los acontecimientos lo dio la Sala Constitucional, en su sentencia número 688 del pasado 14 de octubre, con la cual declaró “terminado” el proceso que los ahora sancionados interpusieron en marzo de 2021 contra los bancos de Venezuela, Bicentenario y del Tesoro, por considerar que los accionantes abandonaron el caso.

“Verificada como fue la inactividad de la parte actora por más de seis meses, aun cuando esta Sala declaró no tener competencia para conocer y, en consecuencia, decidir en única instancia la presente causa, en atención y resguardo a los principios de celeridad y economía procesal, y con la finalidad de no abarrotar ni cargar al aparato judicial con expedientes en los que el accionante ha dejado en total evidencia su falta de interés en la resolución de la causa; y sin que ello implique la violación al principio del juez natural, es que esta Sala Constitucional, visto que los derechos denunciados como quebrantados sólo tienen incidencia en la esfera particular de la quejosa, sin que de alguna manera se afecte el orden público, las buenas costumbres o una parte de la colectividad, al haber una pérdida de interés de la parte accionante en obtener la tutela del sistema judicial, se declara terminado el procedimiento por abandono del trámite”, se lee en el dictamen redactado por el magistrado Luis Damiani Bustillos.

Pero, si lo anterior no fuera suficiente, la Sala Constitucional del TSJ resolvió aplicarles a los demandantes lo previsto en el último aparte del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo y de Garantías Constitucionales, y los multó con 2.000 bolívares, por considerar que su actuación fue “maliciosa”.

No es la primera vez que el TSJ, en particular la Sala Constitucional, convierte a una víctima en un ofensor al recurrir al argumento de que no mostraron interés en el asunto que presentaron ante esta instancia. Sin embargo, como en anteriores ocasiones los magistrados fueron incapaces de explicar por qué se demoraron más de un año en responder una solicitud que por su naturaleza (un amparo), debía decidir expeditamente y sin dilaciones.
Conoce los detalles en Suprema Injusticia

Apenas 27 meses de prisión para exalcalde de Guanta por cooperar
La sentencia del exalcalde apunta que “el acusado ha brindado asistencia sustancial al gobierno en la investigación y enjuiciamiento de otros que han cometido crímenes contra los Estados Unidos”

 

Tras colaborar “sustancialmente” con las autoridades de Estados Unidos, el pasado miércoles el exalcalde de Guanta Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino fue condenado a 27 meses de prisión por participar en un esquema de sobornos en perjuicio de Pdvsa, a través de la entrega de contratos en la Faja Petrolífera del Orinoco, informó Suprema Injusticia.   

“El acusado ha brindado asistencia sustancial al gobierno en la investigación y enjuiciamiento de otros que han cometido crímenes contra los Estados Unidos”, señala la sentencia. El exfuncionario del chavismo ha ofrecido información a los fiscales sobre los implicados en sobornos en Pdvsa desde que se entregó a las autoridades estadounidenses declarándose culpable, en junio de 2022, lo que le permitió una rebaja sustancial de su condena, inicialmente estimada en 5 años de cárcel y 3 años de libertad supervisada.  

El juez Robert Scola del Tribunal del Distrito Sur de Florida condenó a Marín Sanguino por el delito de conspiración para lavar el dinero producto de las “ganancias” que obtuvo en sus negocios, y al término del lapso de reclusión será sometido a 1 año de libertad supervisada. El exalcalde de Guanta, municipio del estado Anzoátegui, se encuentra en libertad bajo fianza y podrá apelar la decisión dictada en su contra, que no será ejecutada de inmediato pues el tribunal estableció que deberá entregarse el 27/04/2023. 

La sentencia contra Jhonnatan Teodoro Marín Sanguino, quien se autoproclamaba en sus redes sociales “hijo de Chávez”, también establece que el exmandatario local deberá entregar las “ganancias” – obtenidas entre 2015 y 2017- por sus gestiones ante funcionarios de Pdvsa, específicamente de Petrocedeño, para la asignación de contratos a ciertos empresarios en la Faja del Orinoco. El monto total de lo incautado es de tres millones 800 mil dólares (USD 3.800.000). 

Juez destituido espera se cumpla fallo del TSJ a su favor
Albarrán Finol es el primer juez destituido que logra la proeza de conseguir que el TSJ admita que su remoción supuso la violación de algún derecho

 

“La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva”.  El abogado Walter Jesús Albarrán Finol ha descubierto la veracidad de esta frase del premio Nobel de Literatura 1998, el escritor luso José Saramago, pues pese a que en 2018 consiguió que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reconociera que al ser despedido de su cargo de juez le violaron sus derechos económicos y sociales, todavía no ha logrado que ese organismo cumpla lo señalado en dicho dictamen, reportó Suprema Injusticia.  

El accionante, quien ocupó el Tribunal 5 de Juicio del estado Zulia, esperó a que la Comisión Judicial y Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) cumplieran lo ordenado por la Sala Político Administrativa del TSJ, en sus fallos números 477, de julio de 2018; y 177, del 10 de diciembre de 2020. En esas sentencias, la sala pide verificar cuánto le adeudaban a Albarrán Finol en materia de salarios y beneficios laborales, pues al momento de su remoción estaba amparado por el fuero paternal.  

Sin embargo, en junio de 2021 y luego de dos años del último dictamen, el juez solicitó a la Sala Político Administrativa del TSJ la “ejecución forzosa” de sus dictámenes. La instancia no atendió esta petición y optó por instar a ambos organismos a cumplirla de manera voluntaria. Así les fijó un lapso de “60 días continuos siguientes a que conste en autos la notificación de la Procuraduría General de la República”, para que la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) ejecuten sus instrucciones.  

Pese a que el TSJ no le ha temblado el pulso a la hora de sancionar con dureza a quienes incumplen sus decisiones, llegando al extremo de encarcelar a funcionarios de elección popular o vaciando de funciones a un poder del Estado, como la Asamblea Nacional, se muestra más tolerante y laxo cuando los que desacatan son funcionarios del mismo sistema judicial.  

 

Reforma del COPP es letra muerta en el caso de Javier Tarazona
Inicio del juicio del director de Fundaredes fue diferido 

 

“Letra muerta”. Esto es lo que ha resultado ser la última reforma que la Asamblea Nacional electa en 2020 realizó al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) en septiembre pasado. Al menos esta es la conclusión a la que se arriba al ver el desarrollo del proceso seguido contra los tres activistas de Fundaredes.

Este lunes 25 de julio estaba pautada el inicio del juicio por terrorismo, incitación al odio y traición a la patria contra Javier Tarazona, director de la organización de Derechos Humanos Fundaredes; su hermano Rafael y el activista Omar de Dios García. No obstante, la jueza 3 de Juicio con Competencia en materia de Terrorismo de Caracas, Alexis Vera, decidió aplazarlo para el próximo 8 de agosto, informó el director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob.

“Por motivos de que desconocemos el juicio se no se inició. Estaban todas las partes presentes, Fiscalía, el juez, el tribunal estaba perfectamente habilitados y estábamos nosotros (la defensa). Sin embargo, se acordó la diferir la apertura del juicio”, afirmó el penalista, a través de un video difundido por su cuenta de Twitter.

Este aplazamiento se suma a la larga lista que se han registrado en este proceso desde que Javier Tarazona de Fundaredes y los otros dos activistas fueran detenidos el 2 de julio de 2021, luego de que acudieran al Ministerio Público del estado Falcón a denunciar que estaban siendo hostigados por fuerzas de seguridad. Una persecución que se inició tras las denuncias que hicieron sobre los abusos cometidos por los efectivos de la Fuerza Armada Nacional (FAN) durante las operaciones contra las disidencias guerrilleras colombianas en el estado Apure.

Las demoras e incumplimientos de los lapsos procesales en este caso ponen en duda la efectividad de la última reforma del COPP, que para combatir el retardo procesal redujo los plazos para celebrar audiencias preliminares y de juicio.

Tarazona y los otros dos activistas de Fundaredes tuvieron que esperar hasta 13 ocasiones para se celebrara el acto donde se decidió sentarlos en el banquillo de los acusados.

Transparencia Venezuela pide a la ONU extender el mandato de su misión de verificación de hechos
Consideraron necesario esto para evitar que la crisis venezolana se convierta en una “crisis olvidada”

Por considerarla “fundamental” para el devenir del país, Transparencia Venezuela solicitó a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que extiendan el mandato de la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos sobre Venezuela.

La solicitud la hizo la directora ejecutiva de Transparencia VenezuelaMercedes De Freitas, durante su intervención en el diálogo interactivo que el Consejo celebró este viernes 18 de marzo, en Ginebra (Suiza), con motivo de la última actualización oral que el grupo investigador presentó.

“La Misión es fundamental para Venezuela para conocer la verdad histórica, proteger y dar visibilidad a las víctimas y a conocer a los cleptócratas”, afirmó De Freitas.

De esta manera, Transparencia Venezuela se sumó al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), al Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), a Espacio Público, a la Federación Internacional de Derechos Humanos, a la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y otras agrupaciones nacionales e internacionales que han pedido que el mandato de la Misión, el cual expira en octubre próximo, sea prorrogado nuevamente.

Semanas atrás miembros de la Misión, en un foro celebrado en Washington (Estados Unidos), consideraron necesario que se extendiera su mandato o se encomendara a otra instancia sus labores, para así evitar que la crisis venezolana se convierta en una “crisis olvidada”. “Como las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela no se han detenido debiera existir alguna instancia de investigación que muestre esta realidad ante la comunidad internacional”, declaró Patricia Tappatá Valdez, miembro de la instancia.

Durante su actualización la Misión denunció que las investigaciones realizadas por el Ministerio Público sobre violaciones a los Derechos Humanos, “cuando se llevan a cabo, tienen alcance limitado y se dirigen contra autores materiales, de bajo nivel”; y, por ello, anunció que su tercer informe estará enfocado a identificar “las responsabilidades más altas de la cadena de mando”. Este nuevo reporte está previsto que sea presentado en septiembre próximo.

900 organizaciones apuestan por una Venezuela íntegra
El movimiento ciudadano mantiene su presencia en 20 estados del país

Con la incorporación, durante la última semana de julio, de la Red Líder Laicos de Barinas; Palavecino Renace y Transparencia Ciudadana en el estado Lara; y Amigos Trasplantados en el Táchira, la Coalición Anticorrupción superó la cifra de 900 organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los principios de transparencia que demanda la lucha contra la corrupción. Este hito del movimiento ciudadano cobra mayor relevancia en medio de los desafíos que imponen las restricciones de movilidad por la pandemia de COVID-19. 

En noviembre de 2020, la Coalición cumplió un año de creada y lo celebró al alcanzar las 800 organizaciones. Eso significa que, en los últimos ocho meses, se sumaron 100 nuevos aliados. En marzo del año pasado, cuando se decretó la cuarentena, la plataforma reunía 550 adhesiones en todo el país, es decir que cerca de 40% de sus 900 integrantes los obtuvo durante los 22 meses que lleva la emergencia sanitaria. Esos 350 nuevos miembros representan un promedio de casi 16 adhesiones cada mes. 

Cuando faltan poco más de dos meses para cumplir su segundo aniversario, el movimiento ciudadano que aglutina gremios profesionales, sindicatos, empresarios, academias, defensores de derechos humanos, movimientos estudiantiles y otros sectores de la sociedad civil, se ha propuesto como meta ampliar sus audiencias y llegar a ellas a través de propuestas innovadoras que involucren expresiones artístico-culturales y la creación de piezas audiovisuales. Es así como en los últimos meses han surgido iniciativas como Que la luz brille sobre ti, video con un mensaje esperanzador realizado por el grupo de trabajo en Mérida.

Los jóvenes, protagonistas por excelencia de los movimientos de cambio, también han asumido con entusiasmo la tarea de plasmar su anhelo por un mejor país en las paredes de cada región, creando de forma colectiva murales anticorrupción como los aportados por Mérida y Lara. La música ha sido otra forma de expresión utilizada para transmitir el mensaje desde rap a golpe larense.

Estos nuevos lenguajes adoptados por la Coalición Anticorrupción se desarrollan a la par de las actividades que han ocupado la agenda desde su creación y en tiempos de pandemia, entre las que destacan los espacios de discusión, análisis y formación ciudadana como foros virtuales y talleres; campañas, cartas abiertas, exhortos, comunicados y peticiones de información. De igual modo, ha dado un paso al frente en la sistematización de casos de corrupción y denuncias con la conformación, de la mano de las organizaciones aliadas, de observatorios de servicios públicos y de obras inconclusas, entre otros.

El movimiento ciudadano mantiene su presencia en 20 estados del país. Desde su creación, en noviembre de 2019, ha adelantado 122 campañas, 58 videos, 369 foros y 60 declaraciones. Además, se ha mantenido en constante transformación. En el último año, además de renovar su identidad gráfica y estrenar nueva página web, recientemente inauguró su propio canal Ivoox con podcast creados en las regiones. Y van por más. ¡Rumbo a las 1.000 organizaciones! 

Corrupción y pandemia agudizan el drama de la migración venezolana
La investigación “Corrupción y migración en el contexto de la COVID-19” de Transparencia Venezuela, revela cómo las restricciones adoptadas por los países de la región para frenar los contagios, han dejado a los venezolanos que huyen de la crisis más vulnerables y expuestos a delitos como extorsión, explotación y trata de personas

El desplazamiento masivo de venezolanos hacia otros países, en condiciones precarias, conjuga factores que atentan contra la integridad y, en general, contra los derechos humanos. Más de 5 millones de personas han abandonado el país para escapar de la crisis económica y política, y de la devastadora Emergencia Humanitaria Compleja generada por la corrupción, agravada luego por la pandemia de COVID-19. Las restricciones al libre tránsito en la ruta migratoria impuestas por los gobiernos de la región para frenar los contagios, han dejado a la diáspora venezolana expuesta a nuevos riesgos de corrupción. 

Esta realidad ha sido retratada por Transparencia Venezuela en el estudio Corrupción y migración en contexto de la COVID-19, cuando las condiciones de vulnerabilidad se agudizan por las restricciones de la emergencia. La investigación revela un alarmante incremento en el registro de casos de trata de personas, hechos de violencia a manos de grupos irregulares o del crimen organizado, que operan en las zonas fronteriza; a los que se suman actos irregulares que se generan en la interacción de estos factores. 

Esto es reciente

De acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes Venezolanos RV4, hasta julio de 2021, al menos, 5.649.714 personas, de nacionalidad venezolana, entre migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, habían sido reportadas por los gobiernos de los países de acogida. Esto sin tomar en cuenta a quienes no tienen un estatus migratorio regular, por lo que la cifra puede ser más alta. Sin embargo, la diáspora está catalogada como el segundo mayor desplazamiento humano del mundo y el más grande de América Latina.

El éxodo es un proceso inédito para Venezuela, país de escasa tradición en migraciones como las registradas en los últimos años. La mayoría de los ciudadanos que aún permanece en el país está en un espiral de carencias que violentan las más elementales garantías. Quienes optaron por el exilio también se someten a riesgos enormes, propios de la migración forzada, que se recrudecen en medio de la pandemia.

El abuso, la explotación y otras irregularidades a las que están expuestos los venezolanos en la ruta migratoria tienen un impacto diferenciado en las mujeres. De allí que en el análisis de las distintas formas de la corrupción que, directa e indirectamente, afectan a la diáspora, hace énfasis en la población femenina en situación irregular y de vulnerabilidad, la cual es sometida a mayores peligros en un marco de restricciones sin precedentes. El estudio toma en cuenta su condición migratoria, es decir, si se encontraban migrando, retornando al país o si formaban parte de la población de migrantes pendulares.

De acuerdo con los hallazgos del informe, las mujeres necesitan atención inmediata y especializada ante estos riesgos de corrupción, ya que no solo se detectó la presencia de explotación sexual, sino también de formas de violencia atroz como trata de personas, abuso sexual y tráfico humano. 

Debilidad institucional

El estudio Corrupción y migración en contexto de la COVID-19, cuando las condiciones de vulnerabilidad se agudizan por las restricciones de la emergencia considera los riesgos de corrupción como debilidades institucionales que abren la posibilidad de que ocurran hechos irregulares. Es decir, se trata de vulnerabilidades de los sistemas y de los marcos regulatorios e institucionales que propician conductas, mecanismos o hechos de naturaleza corrupta, que no solo parten de esas fragilidades sino de ciertas prácticas de actores gubernamentales. 

Los hallazgos de la investigación también revelan que además de la debilidad institucional, los riesgos de corrupción involucran la existencia de una gran necesidad (de un beneficio que legítimamente nos corresponde como ciudadanos) que se une a una profunda escasez, o a las limitaciones estructurales las instituciones (como falta de personal, de recursos o de equipos) que limitan el derecho de la ciudadanía a un documento, permiso o servicio.

La población migrante venezolana, que utiliza como principal ruta la frontera con Colombia, para buscar oportunidades en países de América del Sur, es uno de los grupos más vulnerables no solo por estas circunstancias sino porque se trata de personas, en su mayoría, en pobreza extrema.

El informe analiza los riesgos de corrupción a los que se sometieron las personas migrantes venezolanas al inicio de la crisis por la COVID-19, cuando se registró el retorno masivo por las circunstancias adversas en los países receptores, entre marzo y octubre de 2020; así como los peligros típicos a los que se expusieron centenares de personas con el éxodo iniciado desde 2015. De igual modo, para delinear el impacto en el lapso comprendido entre marzo de 2020 y junio de 2021, además de la investigación de campo, se realizó el análisis de la data obtenida a partir de encuestas dirigidas a personas de la población migrante, activistas, defensores de derechos humanos nacionales y extranjeros; gremios profesionales y empresariales.  

La investigación tuvo el aporte de unas 20 organizaciones de la sociedad civil, la mayoría de ellas enfocadas en el trabajo en la frontera entre Colombia y Venezuela, entre ellas una ubicada en territorio fronterizo, específicamente en Cúcuta, en el Norte de Santander. También se examinaron casos registrados por Transparencia Venezuela a través de la aplicación de denuncias Dilo Aquí; hechos recopilados en informes de las organizaciones y registrados por medios de comunicación independientes, así como algunos difundidos en redes sociales, entre el 15 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021; a lo que se sumó la revisión de documentación legal.

El análisis de la data permitió identificar, al menos, 12 hechos y situaciones de potencial corrupción, que representan la violación de garantías fundamentales de las personas que han sido víctima de estas circunstancias, y que van desde la exigencia de pagos irregulares (dinero o actos de naturaleza sexual); robos y extorsión; pasando por la exposición a tratos crueles, inhumanos y degradantes; hasta enfrentamientos armados, como los suscitados en marzo de 2021 en el estado Apure.

Acciones inmediatas

A partir de la evaluación de estos hallazgos, en este estudio se formulan recomendaciones para prevenir y minimizar los riesgos de corrupción que afectan a la población migrante venezolana, en particular la que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad, algunas de las cuales tienen que ver con afianzar el conocimiento de sus derechos.

En este contexto, urge instruir a las personas migrantes sobre los pasos necesarios para activar los mecanismos de protección, a quién acudir en búsqueda de resguardo y la importancia de la denuncia de este tipo de hechos. También es necesario promover campañas para que los organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil garanticen la protección de estas personas.

Desde el ámbito de los Estados, el estudio de Transparencia Venezuela reitera que el Estado venezolano, y la sociedad venezolana, con el apoyo de los gobiernos de los países cercanos a sus fronteras, debe poner atención a los riesgos de corrupción a los que se expone la población migrante, colocando el acento en el establecimiento de sistemas de denuncias fortalecidos y mecanismos de protección.  

Resulta alarmante que las organizaciones responsables de la atención de víctimas en la ruta migratoria, como la Cruz Roja Internacional o la agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), no cuenten con sistemas de recepción de denuncias sobre los abusos constantes y graves a los que se someten miles de personas que migran, especialmente en un escenario tan terrible como la pandemia. Esta situación llama a la acción inmediata.

Venezuela requiere avanzar en la agenda de gobierno abierto
Un estudio comparativo de Transparencia Venezuela sobre buenas prácticas, entre portales oficiales venezolanos y web internacionales, revela que las páginas de servicios públicos nacionales presentan una marcada opacidad, escaso desarrollo de trámites en línea, bloqueo selectivo y un palpable sesgo propagandístico

Un gobierno abierto en Venezuela abriría el camino para tener una sociedad más justa, plena y coherente, en la que las personas puedan ejercer su ciudadanía y tener calidad de vida. Sería el inicio de la ruta hacia un mundo en el que, en lugar de pagar comisiones a gestores o funcionarios públicos para obtener un pasaporte, registrar un documento o hacer colas de hasta 12 horas para ponerse una vacuna, los trámites estarían al alcance de un clic. 

Las tecnologías digitales juegan un papel fundamental para dar solidez a las bases de esta nueva forma de gobernar y, por consiguiente, optimizar la relación entre los diversos actores que forman parte de la sociedad. No obstante, en Venezuela queda mucho camino por recorrer y son diversos los obstáculos a superar para dar el gran salto en la modernización del Estado.

Transparencia Venezuela, organización que promueve la implementación de este modelo como alternativa para la reconstrucción de las instituciones, en el marco de la lucha contra la corrupción, publica Un Gobierno Abierto para Venezuela, un estudio comparativo que determinó el nivel de aprovechamiento de las tecnologías digitales por parte del Ejecutivo nacional para garantizar el gobierno abierto, específicamente, en la prestación de servicios fundamentales y su impacto en la vida cotidiana de la gente. Para ello, se evaluaron páginas web oficiales de órganos y entes con responsabilidad en servicios seleccionados, y se construyeron indicadores que permitieron una valoración sobre los elementos objeto de estudio, en contraste con parámetros y buenas prácticas internacionales.

En rojo

La investigación evidencia que los portales de servicios públicos venezolanos analizados presentan una marcada opacidad, ausencia de diseño desde la perspectiva del usuario, escaso desarrollo para realizar trámites en línea, falta de funcionalidad, bloqueo selectivo e intermitente y un palpable sesgo propagandístico. La mayoría de los portales obtuvo menos de la cuarta parte de la calificación máxima estimada por los expertos para esta evaluación, es decir, menos de 0,25 sobre 1. 

En todos los casos, los indicadores apuntan hacia una evaluación deficiente de la capacidad de prestación de los servicios mediante las web. El servicio de telecomunicaciones, aunque con la mayor puntuación —poco más de 50 % del estándar de evaluación—obtuvo resultados bastante mediocres en relación con lo esperado. Las áreas peor valoradas fueron las de salud y agua. Cada una alcanzó poco más de 10 % del valor ideal. La categoría de más alta ponderación en la medición, por su importancia en el gobierno abierto, transparencia y rendición de cuentas, es la que muestra el peor desempeño en todos los servicios evaluados con un indicador que refleja 1,7 % del estándar. 

Venezuela muestra un notable retraso en el aprovechamiento de las tecnologías para la actividad gubernamental, estancamiento que se hizo más evidente a partir de la crisis por la pandemia de COVID-19, situación que facilita la corrupción y provoca costos excesivos para ciudadanos, organizaciones, e incluso para el Estado en dinero, tiempo y bienestar. Los hallazgos coinciden con los de mediciones internacionales sobre la materia, como el Ranking Global de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas, donde el país ocupó el último lugar de Latinoamérica (118), así como en el índice GovTech 2020, que evalúa si existe o no un ambiente propicio para generar ecosistemas equilibrados de gobierno y tecnologías, en el que se ubicó en el último escaño.

Una ruta posible

Para procurar alternativas viables, Un Gobierno Abierto para Venezuela identificó un conjunto de buenas prácticas de servicios públicos desarrolladas en portales oficiales de varios países. En ellas se evidencian grandes avances que se traducen en mejoras sustanciales en la respuesta a las necesidades de sus ciudadanos. 

Pero, más allá de señalar el nivel de las deficiencias, el estudio pretende promover la exigibilidad de reformas a favor del aprovechamiento de las tecnologías, a través de una agenda de colaboración entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, que incremente la capacidad de las agencias públicas de prestar servicio, en un contexto donde prevalezcan la eficiencia y la eficacia de la gestión, así como restaurar la confianza en las instituciones y la creación del valor público.

El panorama actual refleja que hay mucho por hacer. Es perentorio, en el contexto de la crisis multifactorial que atraviesa el país, que la administración pública venezolana diseñe y aplique estrategias y garantice financiamiento e inversiones para su modernización, en aras de aprovechar las ventajas de las innovaciones tecnológicas para mejorar la gestión de gobierno. Esto requiere, además, la coordinación efectiva entre todas las instancias de la administración, en donde el ciudadano sea el centro de las acciones. 

En una eventual modernización, la funcionalidad de los portales de servicios públicos y su diseño administrativo son un factor clave para democratizar el acceso a la cobertura, propiciar la participación en el desarrollo, la evaluación y mejora continua de la acción pública, fortalecer la cultura ciudadana y desarrollar las comunidades. De igual modo, es preciso incorporar sistemas anticorrupción con el apoyo de tecnologías que minimicen la impunidad y acaben con el modelo perverso en el que, ante la falta de opciones para resolver necesidades y pérdida de credibilidad en la legalidad, ciudadanos y gobernantes sólo se relacionan a través de prácticas corruptas.

La garantía de derechos, como el del acceso a la información pública, la libertad de expresión y asociación, así como la posibilidad de contar con una óptima infraestructura en telecomunicaciones y suministro de energía eléctrica para mejorar el acceso y la conectividad, son fundamentales para avanzar en la construcción de una agenda de gobierno abierto. 

Venezuela merece un gobierno abierto. Con voluntad política y una ciudadanía activa y corresponsable podremos lograrlo.