Transparencia Venezuela, autor en Runrun

Transparencia Venezuela

900 organizaciones apuestan por una Venezuela íntegra
El movimiento ciudadano mantiene su presencia en 20 estados del país

Con la incorporación, durante la última semana de julio, de la Red Líder Laicos de Barinas; Palavecino Renace y Transparencia Ciudadana en el estado Lara; y Amigos Trasplantados en el Táchira, la Coalición Anticorrupción superó la cifra de 900 organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los principios de transparencia que demanda la lucha contra la corrupción. Este hito del movimiento ciudadano cobra mayor relevancia en medio de los desafíos que imponen las restricciones de movilidad por la pandemia de COVID-19. 

En noviembre de 2020, la Coalición cumplió un año de creada y lo celebró al alcanzar las 800 organizaciones. Eso significa que, en los últimos ocho meses, se sumaron 100 nuevos aliados. En marzo del año pasado, cuando se decretó la cuarentena, la plataforma reunía 550 adhesiones en todo el país, es decir que cerca de 40% de sus 900 integrantes los obtuvo durante los 22 meses que lleva la emergencia sanitaria. Esos 350 nuevos miembros representan un promedio de casi 16 adhesiones cada mes. 

Cuando faltan poco más de dos meses para cumplir su segundo aniversario, el movimiento ciudadano que aglutina gremios profesionales, sindicatos, empresarios, academias, defensores de derechos humanos, movimientos estudiantiles y otros sectores de la sociedad civil, se ha propuesto como meta ampliar sus audiencias y llegar a ellas a través de propuestas innovadoras que involucren expresiones artístico-culturales y la creación de piezas audiovisuales. Es así como en los últimos meses han surgido iniciativas como Que la luz brille sobre ti, video con un mensaje esperanzador realizado por el grupo de trabajo en Mérida.

Los jóvenes, protagonistas por excelencia de los movimientos de cambio, también han asumido con entusiasmo la tarea de plasmar su anhelo por un mejor país en las paredes de cada región, creando de forma colectiva murales anticorrupción como los aportados por Mérida y Lara. La música ha sido otra forma de expresión utilizada para transmitir el mensaje desde rap a golpe larense.

Estos nuevos lenguajes adoptados por la Coalición Anticorrupción se desarrollan a la par de las actividades que han ocupado la agenda desde su creación y en tiempos de pandemia, entre las que destacan los espacios de discusión, análisis y formación ciudadana como foros virtuales y talleres; campañas, cartas abiertas, exhortos, comunicados y peticiones de información. De igual modo, ha dado un paso al frente en la sistematización de casos de corrupción y denuncias con la conformación, de la mano de las organizaciones aliadas, de observatorios de servicios públicos y de obras inconclusas, entre otros.

El movimiento ciudadano mantiene su presencia en 20 estados del país. Desde su creación, en noviembre de 2019, ha adelantado 122 campañas, 58 videos, 369 foros y 60 declaraciones. Además, se ha mantenido en constante transformación. En el último año, además de renovar su identidad gráfica y estrenar nueva página web, recientemente inauguró su propio canal Ivoox con podcast creados en las regiones. Y van por más. ¡Rumbo a las 1.000 organizaciones! 

Corrupción y pandemia agudizan el drama de la migración venezolana
La investigación “Corrupción y migración en el contexto de la COVID-19” de Transparencia Venezuela, revela cómo las restricciones adoptadas por los países de la región para frenar los contagios, han dejado a los venezolanos que huyen de la crisis más vulnerables y expuestos a delitos como extorsión, explotación y trata de personas

El desplazamiento masivo de venezolanos hacia otros países, en condiciones precarias, conjuga factores que atentan contra la integridad y, en general, contra los derechos humanos. Más de 5 millones de personas han abandonado el país para escapar de la crisis económica y política, y de la devastadora Emergencia Humanitaria Compleja generada por la corrupción, agravada luego por la pandemia de COVID-19. Las restricciones al libre tránsito en la ruta migratoria impuestas por los gobiernos de la región para frenar los contagios, han dejado a la diáspora venezolana expuesta a nuevos riesgos de corrupción. 

Esta realidad ha sido retratada por Transparencia Venezuela en el estudio Corrupción y migración en contexto de la COVID-19, cuando las condiciones de vulnerabilidad se agudizan por las restricciones de la emergencia. La investigación revela un alarmante incremento en el registro de casos de trata de personas, hechos de violencia a manos de grupos irregulares o del crimen organizado, que operan en las zonas fronteriza; a los que se suman actos irregulares que se generan en la interacción de estos factores. 

Esto es reciente

De acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes Venezolanos RV4, hasta julio de 2021, al menos, 5.649.714 personas, de nacionalidad venezolana, entre migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, habían sido reportadas por los gobiernos de los países de acogida. Esto sin tomar en cuenta a quienes no tienen un estatus migratorio regular, por lo que la cifra puede ser más alta. Sin embargo, la diáspora está catalogada como el segundo mayor desplazamiento humano del mundo y el más grande de América Latina.

El éxodo es un proceso inédito para Venezuela, país de escasa tradición en migraciones como las registradas en los últimos años. La mayoría de los ciudadanos que aún permanece en el país está en un espiral de carencias que violentan las más elementales garantías. Quienes optaron por el exilio también se someten a riesgos enormes, propios de la migración forzada, que se recrudecen en medio de la pandemia.

El abuso, la explotación y otras irregularidades a las que están expuestos los venezolanos en la ruta migratoria tienen un impacto diferenciado en las mujeres. De allí que en el análisis de las distintas formas de la corrupción que, directa e indirectamente, afectan a la diáspora, hace énfasis en la población femenina en situación irregular y de vulnerabilidad, la cual es sometida a mayores peligros en un marco de restricciones sin precedentes. El estudio toma en cuenta su condición migratoria, es decir, si se encontraban migrando, retornando al país o si formaban parte de la población de migrantes pendulares.

De acuerdo con los hallazgos del informe, las mujeres necesitan atención inmediata y especializada ante estos riesgos de corrupción, ya que no solo se detectó la presencia de explotación sexual, sino también de formas de violencia atroz como trata de personas, abuso sexual y tráfico humano. 

Debilidad institucional

El estudio Corrupción y migración en contexto de la COVID-19, cuando las condiciones de vulnerabilidad se agudizan por las restricciones de la emergencia considera los riesgos de corrupción como debilidades institucionales que abren la posibilidad de que ocurran hechos irregulares. Es decir, se trata de vulnerabilidades de los sistemas y de los marcos regulatorios e institucionales que propician conductas, mecanismos o hechos de naturaleza corrupta, que no solo parten de esas fragilidades sino de ciertas prácticas de actores gubernamentales. 

Los hallazgos de la investigación también revelan que además de la debilidad institucional, los riesgos de corrupción involucran la existencia de una gran necesidad (de un beneficio que legítimamente nos corresponde como ciudadanos) que se une a una profunda escasez, o a las limitaciones estructurales las instituciones (como falta de personal, de recursos o de equipos) que limitan el derecho de la ciudadanía a un documento, permiso o servicio.

La población migrante venezolana, que utiliza como principal ruta la frontera con Colombia, para buscar oportunidades en países de América del Sur, es uno de los grupos más vulnerables no solo por estas circunstancias sino porque se trata de personas, en su mayoría, en pobreza extrema.

El informe analiza los riesgos de corrupción a los que se sometieron las personas migrantes venezolanas al inicio de la crisis por la COVID-19, cuando se registró el retorno masivo por las circunstancias adversas en los países receptores, entre marzo y octubre de 2020; así como los peligros típicos a los que se expusieron centenares de personas con el éxodo iniciado desde 2015. De igual modo, para delinear el impacto en el lapso comprendido entre marzo de 2020 y junio de 2021, además de la investigación de campo, se realizó el análisis de la data obtenida a partir de encuestas dirigidas a personas de la población migrante, activistas, defensores de derechos humanos nacionales y extranjeros; gremios profesionales y empresariales.  

La investigación tuvo el aporte de unas 20 organizaciones de la sociedad civil, la mayoría de ellas enfocadas en el trabajo en la frontera entre Colombia y Venezuela, entre ellas una ubicada en territorio fronterizo, específicamente en Cúcuta, en el Norte de Santander. También se examinaron casos registrados por Transparencia Venezuela a través de la aplicación de denuncias Dilo Aquí; hechos recopilados en informes de las organizaciones y registrados por medios de comunicación independientes, así como algunos difundidos en redes sociales, entre el 15 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021; a lo que se sumó la revisión de documentación legal.

El análisis de la data permitió identificar, al menos, 12 hechos y situaciones de potencial corrupción, que representan la violación de garantías fundamentales de las personas que han sido víctima de estas circunstancias, y que van desde la exigencia de pagos irregulares (dinero o actos de naturaleza sexual); robos y extorsión; pasando por la exposición a tratos crueles, inhumanos y degradantes; hasta enfrentamientos armados, como los suscitados en marzo de 2021 en el estado Apure.

Acciones inmediatas

A partir de la evaluación de estos hallazgos, en este estudio se formulan recomendaciones para prevenir y minimizar los riesgos de corrupción que afectan a la población migrante venezolana, en particular la que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad, algunas de las cuales tienen que ver con afianzar el conocimiento de sus derechos.

En este contexto, urge instruir a las personas migrantes sobre los pasos necesarios para activar los mecanismos de protección, a quién acudir en búsqueda de resguardo y la importancia de la denuncia de este tipo de hechos. También es necesario promover campañas para que los organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil garanticen la protección de estas personas.

Desde el ámbito de los Estados, el estudio de Transparencia Venezuela reitera que el Estado venezolano, y la sociedad venezolana, con el apoyo de los gobiernos de los países cercanos a sus fronteras, debe poner atención a los riesgos de corrupción a los que se expone la población migrante, colocando el acento en el establecimiento de sistemas de denuncias fortalecidos y mecanismos de protección.  

Resulta alarmante que las organizaciones responsables de la atención de víctimas en la ruta migratoria, como la Cruz Roja Internacional o la agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), no cuenten con sistemas de recepción de denuncias sobre los abusos constantes y graves a los que se someten miles de personas que migran, especialmente en un escenario tan terrible como la pandemia. Esta situación llama a la acción inmediata.

Venezuela requiere avanzar en la agenda de gobierno abierto
Un estudio comparativo de Transparencia Venezuela sobre buenas prácticas, entre portales oficiales venezolanos y web internacionales, revela que las páginas de servicios públicos nacionales presentan una marcada opacidad, escaso desarrollo de trámites en línea, bloqueo selectivo y un palpable sesgo propagandístico

Un gobierno abierto en Venezuela abriría el camino para tener una sociedad más justa, plena y coherente, en la que las personas puedan ejercer su ciudadanía y tener calidad de vida. Sería el inicio de la ruta hacia un mundo en el que, en lugar de pagar comisiones a gestores o funcionarios públicos para obtener un pasaporte, registrar un documento o hacer colas de hasta 12 horas para ponerse una vacuna, los trámites estarían al alcance de un clic. 

Las tecnologías digitales juegan un papel fundamental para dar solidez a las bases de esta nueva forma de gobernar y, por consiguiente, optimizar la relación entre los diversos actores que forman parte de la sociedad. No obstante, en Venezuela queda mucho camino por recorrer y son diversos los obstáculos a superar para dar el gran salto en la modernización del Estado.

Transparencia Venezuela, organización que promueve la implementación de este modelo como alternativa para la reconstrucción de las instituciones, en el marco de la lucha contra la corrupción, publica Un Gobierno Abierto para Venezuela, un estudio comparativo que determinó el nivel de aprovechamiento de las tecnologías digitales por parte del Ejecutivo nacional para garantizar el gobierno abierto, específicamente, en la prestación de servicios fundamentales y su impacto en la vida cotidiana de la gente. Para ello, se evaluaron páginas web oficiales de órganos y entes con responsabilidad en servicios seleccionados, y se construyeron indicadores que permitieron una valoración sobre los elementos objeto de estudio, en contraste con parámetros y buenas prácticas internacionales.

En rojo

La investigación evidencia que los portales de servicios públicos venezolanos analizados presentan una marcada opacidad, ausencia de diseño desde la perspectiva del usuario, escaso desarrollo para realizar trámites en línea, falta de funcionalidad, bloqueo selectivo e intermitente y un palpable sesgo propagandístico. La mayoría de los portales obtuvo menos de la cuarta parte de la calificación máxima estimada por los expertos para esta evaluación, es decir, menos de 0,25 sobre 1. 

En todos los casos, los indicadores apuntan hacia una evaluación deficiente de la capacidad de prestación de los servicios mediante las web. El servicio de telecomunicaciones, aunque con la mayor puntuación —poco más de 50 % del estándar de evaluación—obtuvo resultados bastante mediocres en relación con lo esperado. Las áreas peor valoradas fueron las de salud y agua. Cada una alcanzó poco más de 10 % del valor ideal. La categoría de más alta ponderación en la medición, por su importancia en el gobierno abierto, transparencia y rendición de cuentas, es la que muestra el peor desempeño en todos los servicios evaluados con un indicador que refleja 1,7 % del estándar. 

Venezuela muestra un notable retraso en el aprovechamiento de las tecnologías para la actividad gubernamental, estancamiento que se hizo más evidente a partir de la crisis por la pandemia de COVID-19, situación que facilita la corrupción y provoca costos excesivos para ciudadanos, organizaciones, e incluso para el Estado en dinero, tiempo y bienestar. Los hallazgos coinciden con los de mediciones internacionales sobre la materia, como el Ranking Global de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas, donde el país ocupó el último lugar de Latinoamérica (118), así como en el índice GovTech 2020, que evalúa si existe o no un ambiente propicio para generar ecosistemas equilibrados de gobierno y tecnologías, en el que se ubicó en el último escaño.

Una ruta posible

Para procurar alternativas viables, Un Gobierno Abierto para Venezuela identificó un conjunto de buenas prácticas de servicios públicos desarrolladas en portales oficiales de varios países. En ellas se evidencian grandes avances que se traducen en mejoras sustanciales en la respuesta a las necesidades de sus ciudadanos. 

Pero, más allá de señalar el nivel de las deficiencias, el estudio pretende promover la exigibilidad de reformas a favor del aprovechamiento de las tecnologías, a través de una agenda de colaboración entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, que incremente la capacidad de las agencias públicas de prestar servicio, en un contexto donde prevalezcan la eficiencia y la eficacia de la gestión, así como restaurar la confianza en las instituciones y la creación del valor público.

El panorama actual refleja que hay mucho por hacer. Es perentorio, en el contexto de la crisis multifactorial que atraviesa el país, que la administración pública venezolana diseñe y aplique estrategias y garantice financiamiento e inversiones para su modernización, en aras de aprovechar las ventajas de las innovaciones tecnológicas para mejorar la gestión de gobierno. Esto requiere, además, la coordinación efectiva entre todas las instancias de la administración, en donde el ciudadano sea el centro de las acciones. 

En una eventual modernización, la funcionalidad de los portales de servicios públicos y su diseño administrativo son un factor clave para democratizar el acceso a la cobertura, propiciar la participación en el desarrollo, la evaluación y mejora continua de la acción pública, fortalecer la cultura ciudadana y desarrollar las comunidades. De igual modo, es preciso incorporar sistemas anticorrupción con el apoyo de tecnologías que minimicen la impunidad y acaben con el modelo perverso en el que, ante la falta de opciones para resolver necesidades y pérdida de credibilidad en la legalidad, ciudadanos y gobernantes sólo se relacionan a través de prácticas corruptas.

La garantía de derechos, como el del acceso a la información pública, la libertad de expresión y asociación, así como la posibilidad de contar con una óptima infraestructura en telecomunicaciones y suministro de energía eléctrica para mejorar el acceso y la conectividad, son fundamentales para avanzar en la construcción de una agenda de gobierno abierto. 

Venezuela merece un gobierno abierto. Con voluntad política y una ciudadanía activa y corresponsable podremos lograrlo. 

Coalición Anticorrupción condena detención de activistas de Fundaredes
212 organizaciones firmaron un comunicado 

La Coalición Anticorrupción, junto a organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, suscribió un comunicado publicado este viernes 2 de julio, en el que condenan las detenciones arbitrarias del director de Fundaredes, Javier Tarazona, y de los integrantes de esa organización Rafael Tarazona y Omar de Dios García; así como de Yhonny Romero, director del Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela (Mayday Confavifdt). 

La acción fue ejecutada luego de que los activistas acudieran a la sede del Ministerio Público en Coro, estado Falcón, para denunciar que eran víctimas de acoso y persecución por funcionarios de Polifalcón, Sebin y sujetos sin identificar fuertemente armados, mientras participaban en unas jornadas de formación ciudadana y de promoción de derechos humanos realizadas el jueves 1° de julio en esa entidad.

Las organizaciones consideran que “la falta de información sobre esta privación arbitraria de libertad impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, evidenciando una desaparición forzosa, consagrado como un crimen de lesa humanidad”. Recordaron que Javier Tarazona ha sido víctima constante de hostigamiento, agresiones, acoso y amenazas, por lo que exhortaron a las autoridades venezolanas a acatar la medida cautelar de protección emanada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en fecha 18 de junio del año 2020, en favor de todo el equipo de Fundaredes.

A continuación, el texto del comunicado: 

COMUNICADO

Las organizaciones que suscriben, miembros de la Coalición Anticorrupción en Venezuela, redes nacionales e internacionales de defensores de derechos humanos, fundaciones, gremios, sindicatos y comunidades organizadas, reiteramos nuestro rechazo ante la detención arbitraria, ocurrida el día dos de julio del año 2021, de los ciudadanos Javier Tarazona, director general de la organización defensora de derechos humanos Fundaredes;  Rafael Tarazona y Omar de Dios García, activistas de la mencionada organización; y Yhonny Romero, director del Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela (Mayday Confavifdt), ejecutada por funcionarios adscritos al Estado, cuando acudieron ante la sede del Ministerio Público en la ciudad de Coro, Estado Falcón, para denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de Polifalcón, SEBIN y otros sujetos sin identificar, fuertemente armados, durante las jornadas de formación ciudadana en promoción de derechos humanos realizadas el día jueves primero de julio en la mencionada entidad.  La falta de información sobre esta privación arbitraria de libertad impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, evidenciando una desaparición forzosa, consagrada como un crimen de lesa humanidad. 

Javier Tarazona ha sido objeto de constantes de acciones de hostigamiento, intimidación, estigmatización, acoso y represalias por parte de funcionarios afectos al gobierno venezolano, dirigidas a criminalizar e ilegalizar el trabajo que realiza a través de la organización, el cual se orienta, fundamentalmente, a  la defensa de los derechos humanos y la preservación de la dignidad de los venezolanos residentes en las fronteras, así como a denunciar desde hace algunos años  la incursión de grupos irregulares dentro del territorio de Venezuela, hechos que atentan contra la integridad de los connacionales, al fomentar delitos de intrusión a la propiedad privada, secuestros, extorsión, violencia física, sexual, psicológica y asesinatos, entre otros. El pasado 18 de junio, al cumplirse un año de la decisión sobre la Medida Cautelar de protección emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de fecha 18 de junio del año 2020, según Resolución No.- 30/2020 en favor del equipo de Fundaredes; un grupo de organizaciones reiteró su rechazo ante la persecución de la cual ha sido objeto la organización hermana, a través de un comunicado público en donde se exhortó a los organismos nacionales e internacionales competentes a realizar una investigación exhaustiva, imparcial y justa, para establecer el cese de las amenazas, hostigamiento, y el acoso  e imposición de nuevas medidas de protección a favor de los miembros de Fundaredes, así como también establecer las debidas responsabilidades.

Los ciudadanos tenemos derecho a conocer las situaciones, personas o grupos que ponen en riesgo la integridad y la vida. Es el derecho de acceso a la información pública. Quienes difunden esta información, como es el caso de Fundaredes, cumplen con el deber de informar y preservan el derecho a saber. Instamos al Estado venezolano a garantizar la seguridad personal y el goce pleno de los derechos humanos de los activistas detenidos arbitrariamente y acatar la medida cautelar de protección 

Es menester exhortar a la comunidad internacional, al Sistema Interamericano y Universal de Protección de Derechos Humanos a pronunciarse sobre este atropello y detención arbitraria contra de los miembros de Fundaredes y todo el equipo de activistas en Falcón.  

Exigimos la libertad plena de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, de Fundaredes. 

Es justicia que exigimos a los 02 días del mes de julio de 2021

Transparencia Venezuela crea conciencia ante comercio ilegal de vacunas
Con la etiqueta #LaCorrupciónMata

Con el propósito de concientizar a la ciudadanía sobre los riesgos de corrupción que existen en el proceso de vacunación contra la COVID-19, Transparencia Venezuela lanza una nueva campaña digital, con su hashtag bandera #LaCorrupciónMata.

Con esta iniciativa, la organización dedicada a prevenir y disminuir la corrupción, expone las implicaciones de vender o comprar una vacuna, robar o sobornar para adquirirla, en medio de la emergencia humanitaria compleja que registra Venezuela desde 2015. 

A través de contenidos audiovisuales, que serán publicados en las redes sociales de Transparencia Venezuela desde este 9 de junio, se destacarán las consecuencias de no contar con un plan de vacunación en el país, lo cual ha facilitado el mercado negro de vacunas y el aumento de la corrupción durante la pandemia por COVID-19. 

De acuerdo con la Ley Contra la Corrupción, un funcionario que ofrece una vacuna a cambio de dinero puede ser condenado de 2 a 6 años, y una persona que soborne a otra por una vacuna también puede ir a la cárcel con sentencia de 1 a 4 años. 

No solo hay consecuencias legales cuando se compra una vacuna, sino que está en juego la vida de quienes deciden involucrarse en el mercado negro, porque no hay garantías de que la dosis que reciban se corresponda con la vacuna, o de que haya sido almacenada de manera adecuada.  También está en riesgo la vida de los grupos prioritarios, como trabajadores sanitarios y adultos mayores, que aún no han sido inmunizados, al perder la oportunidad de recibir la dosis que les corresponde.

Además de concientizar a la población para que evite pagar por vacunas y convertirse en parte de un esquema corrupto, Transparencia Venezuela pretende incentivar la denuncia por casos de ventas de vacunas anti-covid-19, abuso de poder o exclusión que estén relacionados con el acceso a la vacuna. Estas irregularidades serán canalizadas a través de denuncias@transparencia.org.ve

Tú también puedes luchar contra la corrupción. ¡No pagues por vacunas! #LaCorrupciónMata

 

Combustible en Venezuela: corrupción y escasez
Transparencia Venezuela y la Coalición Anticorrupciónrevelan cómo la destrucción de la industria petrolera nacional ha derivado en la actual crisis energética

En el contexto de la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa Venezuela, exacerbada hoy por la pandemia por COVID-19, se registra un elemento que ha profundizado aún más las carencias y dificultades que enfrenta la población: la falta de gasolina y diésel. Esta realidad es presentada en Combustible: corrupción y escasez, una producción que consta de un video y dos podcasts realizados por Transparencia Venezuela y la Coalición Anticorrupción, con el apoyo de la embajada británica. Los contenidos, adelantados en el marco de la serie Sectores, revelan cómo la destrucción de la industria petrolera nacional ha derivado en la actual crisis energética.

Las piezas multimedia, que serán estrenadas este martes 11 de mayo a las 11:00 a.m., presentan las actuales fallas en la distribución y venta de gasolina como consecuencia del despilfarro de los cuantiosos recursos que ingresaron al país entre 2004 y 2014, por los altos precios que en ese entonces alcanzó el crudo en el mercado internacional, y que han sido estimados en más de 1 billón de dólares. La producción muestra cómo ante la falta de controles, la impunidad y la opacidad se adueñaron de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) durante las últimas dos décadas, convirtiéndola en la principal fuente de corrupción del país, y registrándose con ello el paulatino desmantelamiento y paralización de la industria. 

La crisis del combustible se expresa hoy en las largas filas de vehículos en las estaciones de servicio de todo el país, el contrabando de extracción, las irregularidades en la distribución y venta, así como en las constantes protestas. Y, en medio de la pandemia, trabajadores, transportistas, personal de salud y enfermos crónicos han sido los más perjudicados por la imposibilidad de desplazarse a sus destinos, sin contar con que la escasez de gasoil y diésel, indispensables para el funcionamiento de la maquinaria agrícola y el transporte pesado, amenaza al sector productivo y la seguridad alimentaria de los venezolanos.

Sectores de la Coalición

El video Combustible: corrupción y escasez, y los dos podcasts, Crisis del combustible, industria en barrena y Gasolina, “… a pedir quedamos”; han sido desarrollados en el marco de la serie Sectores, un grupo de 8 videos que presentan las actuales áreas de trabajo de la Coalición Anticorrupción: Justicia y Transición, Producción y Abastecimiento, Comunicación e Información, Salud y Corrupción y Derechos Humanos. En el mes de abril, se estrenaron los primeros videos y podcast de la serie, Salud en Venezuela, por los canales de YouTube e Ivoox de Transparencia Venezuela. En esta oportunidad, el video inaugurará oficialmente el  canal de YouTube de la Coalición Anticorrupción.

Combustible: corrupción y escasez es el resultado del análisis de los principales hallazgos de las historias de Pdvsa: Combustible de la corrupción, publicadas y difundidas por Transparencia Venezuela, que registran aspectos claves que condujeron a la debacle de la industria petrolera venezolana. De igual modo, el video presenta al Consejo Ciudadano por el Combustible (Consecom), instancia creada por la Red de Derechos Humanos del estado Lara (Redhlara), a la que hasta ahora se han sumado 129 organizaciones de la sociedad civil, que monitorea y  documenta irregularidades en la distribución y venta de gasolina y diésel. 

La iniciativa, que nació en la región larense y ha extendido su campo de acción a otras regiones del país al implementar el uso de un canal creado por la aplicación Dilo Aquí, ha elaborado tres informes que recogen las principales incidencias de posibles actos de corrupción vinculados con el servicio, desde la perspectiva de los afectados y a la luz de los acontecimientos nacionales e internacionales que marcan la vida cotidiana de los venezolanos.

Desinformación y censura en tiempos de pandemia
Medidas adoptadas por autoridades para manejo de la pandemia sirvieron de excusa para imponer limitaciones al ejercicio del periodismo

La libertad de prensa es uno de los principios fundamentales de la democracia que ha estado bajo riesgo en Venezuela durante las dos últimas décadas. Como ha ocurrido en varios países del mundo, las medidas adoptadas por las autoridades para el manejo de la pandemia sirvieron de excusa para imponer limitaciones al ejercicio del periodismo, la labor de la prensa independiente, el derecho a informar y el acceso a la información. A la par, se incrementó la difusión de informaciones falsas con el fin de engañar o manipular. Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, constituye una oportunidad para evaluar estos preceptos y los desafíos que plantean la desinformación y la censura de cara a la nueva realidad post COVID-19.

Organizaciones gremiales nacionales como el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (CNP), han alertado sobre el incremento de los ataques a medios independientes, comunicadores y ciudadanos en tiempos de pandemia. También lo han hecho entes internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), que en su ranking mundial de libertad de prensa situó a Venezuela en el puesto 148 entre 180 países. 

La SIP señaló que en 2020 se reportaron en el país más de 800 ataques a la libertad de prensa, que incluyen detenciones a periodistas, activistas y manifestantes. La organización conformada por medios de comunicación de todo el continente condenó los atropellos a “periodistas y medios, así como la criminalización de la actividad periodística independiente”. De igual modo, denunció que el Gobierno venezolano cerró ocho emisoras y que los medios escritos que debieron migrar al espacio digital “sufren bloqueos discrecionales y puntuales a través de las empresas que ofrecen el servicio de internet”.

Por su parte, el CNP Seccional Caracas contabilizó 335 ataques de la prensa el año pasado, 243 de los casos ocurrieron durante la cuarentena decretada en marzo.   El secretario general del gremio, Edgar Cárdenas, denunció que en 2020 se registró en el país una fuerte arremetida contra estas libertades. “La represión del gobierno contra la prensa independiente se ha vuelto cotidiana y multifacética: detenciones arbitrarias, violencia de las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia, cortes a la conexión de internet y bloqueo de las redes sociales, o expulsión de periodistas extranjeros. Las autoridades también privan de frecuencia a las radios y televisiones críticas”, refirió.

Otro año de tropiezos

Espacio Público, organización que vela por la libertad de expresión y de prensa, denunció que en 2020 fueron cerradas 18 emisoras de radio en procedimientos realizados por Conatel y cuerpos de seguridad del Estado. Estas se suman a los más de 200 medios tradicionales que han desaparecido en los últimos cinco años. 

Los ataques a los medios y la censura arreciaron en 2021, según la organización. Al cierre de enero, documentan 18 casos correspondientes a 30 violaciones a la libertad de expresión. En febrero, reportó 19 casos que representan 38 violaciones a la libertad de expresión; mientras que en marzo fueron 18 casos que se tradujeron en 47 vulneraciones a este derecho.  De acuerdo con la ONG, los patrones más comunes son intimidación, hostigamiento judicial, amenazas, censura y restricciones administrativas.

La situación se mantuvo en abril, cuando se registraron casos significativos como la detención de los periodistas zulianos Lenin Danieri y Edwin Prieto mientras realizaban una cobertura periodística en La Villa del Rosario, estado Zulia. También hubo reportes de la presunta detención de activistas de derechos humanos y corresponsales extranjeros que cubrían el conflicto en la frontera entre Colombia y Venezuela, en el estado Apure. 

Asimismo, fue notoria una decisión judicial contra el diario El Nacional -que ya había emigrado al formato digital por restricciones en el acceso al papel-, que le obliga a pagar unos 13 millones de dólares, como indemnización “por daño moral a Diosdado Cabello”. La SIP emitió recientemente una resolución condenando el hecho, mientras que la CIDH expresó su preocupación por esta decisión que, según el organismo, “se da en el marco de una profunda crisis política e institucional en Venezuela, caracterizada entre otras cosas por una cuestionada independencia judicial y un contexto de erosión del Estado de Derecho”.

Debido a este escenario, el país retrocedió del puesto 147 al 148 en el ranking mundial de libertad de prensa 2021 de Reporteros Sin Fronteras. La clasificación que la organización publica cada año desde 2002, evalúa a 180 países de todo el mundo. De acuerdo con el estudio, Brasil, Venezuela y El Salvador son las naciones de la región donde los periodistas más denuncian bloqueos o dificultades para acceder a la información oficial. RSF señala que, antes de la llegada del coronavirus, el continente ya era “territorio hostil” para el ejercicio independiente del periodismo, pero reconoce que la situación se vio agravada por la pandemia. 

Ciberespacio en la mira

Ante el cierre de medios tradicionales y la hegemonía comunicacional estadal, los medios digitales y las redes sociales constituyen una de las principales fuentes a las que acuden los venezolanos para informarse. Este derecho ha sido limitado por los bloqueos a los dominios de medios digitales independientes como Efecto Cocuyo, Radio Fe y Alegría, El Pitazo y Caraota Digital. Durante un operativo realizado en enero, fueron confiscados los equipos y suspendidas las transmisiones de VPItv. En paralelo, la sede del diario Panorama, en Zulia, fue clausurada por cinco días y la página web de Tal Cual fue víctima de un ciberataque. De igual modo, el Observatorio de Internet, VE Sin Filtro, alertó sobre el bloqueo del portal web de InSight Crime, por parte de la estatal Cantv, justo después de que publicara su informe anual sobre homicidios en Latinoamérica, en el que Venezuela figuró como el segundo país más violento durante el año 2020. 

En este contexto, distintas voces de la sociedad civil venezolana y de la comunidad internacional han manifestado su preocupación por la eventual aprobación de una ley que regule el ciberespacio y la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, conocida como Ley Resorte. Aunque se desconoce su contenido, al parecer estos proyectos serán discutidos en el seno de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2020, de clara mayoría oficialista. Se teme que, tal como ha ocurrido con la Ley contra el Odio aprobada por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (2017-2020), dichos instrumentos sean la justificación legal para cercar aún más a la prensa independiente y para perseguir y sancionar a quienes emitan opiniones a través de las redes sociales. 

A este panorama se suman las estrategias de desinformación a través de las redes sociales. Este fenómeno fue examinado en el evento Un año de pandemia, un año de desinformación, promovido por el portal de verificación EsPaja.com en el marco de su segundo aniversario. Durante el evento virtual se reveló que el oficialismo en Venezuela tiene una presencia apabullante en redes sociales como Twitter, a la que suma el apoyo de redes anónimas que posicionan tendencias pro gobierno. No obstante, este medio se ha convertido también en la plataforma por excelencia de la sociedad civil para la protesta digital.  

Un bien común

El tema del Día Mundial de la Libertad de Prensa de este año será «La información como un bien común». Las actividades promovidas por la Unesco para celebrar la fecha harán énfasis en la importancia de valorar la información como un bien de todos y para explorar lo que se puede hacer en la producción, distribución y recepción de contenidos; fortalecer la transparencia en las empresas de internet; garantizar la viabilidad económica de los medios de comunicación; reducir la brecha tecnológica; y valorar y defender el libre ejercicio del periodismo como parte fundamental de la información. 

El organismo reconoce que el tema de las comunicaciones es particularmente importante en el contexto de una pandemia, pues la información incide en la salud, los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible y la paz social. 

Demandan transparencia en manejo de Fondo de Liberación de Venezuela
En Transparencia Venezuela aseguran que la gente tiene el derecho al acceso a la información 

Desde el año 2016 los venezolanos desconocen las memorias y cuentas de la mayoría de los entes del Estado, así como las leyes de presupuesto y de endeudamiento porque la gestión de Nicolás Maduro optó por mantenerlas ocultas lo que favorece la discrecionalidad y aumenta los riesgos de corrupción. Ahora, que la Asamblea Nacional electa en 2015 aprobó un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, les recordamos su obligatoria transparencia y rendición de cuentas con datos completos para el país.

A pesar de que el Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, aprobado mediante Ley Especial en Gaceta Legislativa del 4 de marzo de 2020, no tiene el alcance de la Ley de Presupuesto Nacional, sí representa la administración financiera del gobierno interino que se nutre con recursos públicos, por lo que todos los venezolanos deben tener acceso a la información que permita comprender objetivos, responsables, proyectos, metas esperadas, fuentes de ingresos y saber cómo se va asignar el gasto, contemplando diversos criterios de clasificación, según las buenas prácticas internacionales.

El manejo de dinero público requiere de mucha disciplina, se necesita la definición detallada de las razones que motivan cada gasto, los objetivos, metas e indicadores precisos a cumplir con esos recursos, máxima publicidad de cada detalle de presupuestos y ejecución, sistemas de control independientes a cargo de órganos formales como la contraloría y una rendición de cuentas de calidad en la que no solo se hable de los esfuerzos realizados, sino que se presenten resultados objetivos y verificables. 

Todo esto no son exigencias exageradas, son procesos formales mínimos para garantizar transparencia y generar confianza. Esto no solo reduce las oportunidades de robo de recursos públicos, sino que sirve como herramientas de gestión, para guiar de la mejor manera a los funcionarios en el proceso de ejecución de recursos y a los ciudadanos en la evaluación de la gestión.

Antes de aprobar recursos, presupuestos de ingresos y de gastos, es conveniente hacer balances, realizar consultas públicas, presentar los informes de rendición de cuentas. 

Los datos publicados en la Gaceta Legislativa N° 33 del 16 octubre de 2020, donde apareció la distribución del gasto por programas del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, aprobada el 17 de septiembre del mismo año, distan considerablemente de cumplir con las buenas prácticas de transparencia fiscal. La distribución del gasto por programas apareció de forma agregada, lo que impidió una valoración objetiva sobre la eficiencia y eficacia de este instrumento para el logro de los objetivos del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia.

En su interés por promover una gestión pública transparente que contribuya a superar la emergencia humanitaria compleja que amenaza la vida de los venezolanos, Transparencia Venezuela presenta a continuación unas sugerencias de contenidos mínimos que deberían incluirse en la publicación del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital:

  • Una exposición de motivos que justifique en términos generales, cómo la distribución de los recursos del Fondo propuesta, permitirá alcanzar los objetivos previstos en el artículo 5 de la Ley de reforma del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia, del 26 de diciembre de 2020.
  • Un breve balance de lo logrado en el ejercicio fiscal previo y lo que se espera lograr con el presupuesto del nuevo ejercicio fiscal. Aclarar los periodos de tiempo que abarca cada ejercicio fiscal.
  • Ingresos, discriminados por ramos o fuentes con sus explicaciones.
  • Gastos, discriminados atendiendo la clasificación orgánica o administrativa (que responda a la pregunta ¿quién gasta?); la clasificación económica (que muestra la distribución entre gastos corrientes y de capital); la clasificación funcional o sectorial (que responda a la pregunta ¿para qué se gasta?); la clasificación por partidas, que permite el registro contable.
  • Datos no financieros que incluyan las metas de desempeño de cada programa de gasto y autoridades responsables.
  • Impactos o resultados esperados para la sociedad venezolana en su conjunto.

En marzo de 2021 Transparencia Venezuela dirigió una petición de información a los integrantes del Consejo de Administración del Gasto del Fondo para la Liberación de Venezuela, en la que se solicitó el informe de gestión del año 2020 del mencionado Fondo y aunque hubo respuesta prometiendo la entrega del informe después del 31 de marzo de 2021, aún no ha sido recibido.