Transparencia Venezuela, autor en Runrun

Transparencia Venezuela

Censura, persecución y agresiones arrecian en tiempos de pandemia
La compleja situación que ya enfrentaban los periodistas venezolanos desde hace más de dos décadas se ha agudizado durante la cuarentena

Las agresiones físicas, el hostigamiento y los ataques registrados contra periodistas y representantes de los medios de comunicación, durante las dos últimas décadas, conforman el cuadro que ha convertido el ejercicio de la profesión en una de las más riesgosas en Venezuela. Para el gremio independiente, lejos de ser motivo de celebración, este Día del Periodista se presenta como una nueva oportunidad para la reflexión, la documentación y la denuncia de estos hechos, que se han venido profundizando de forma progresiva desde el primer decreto de emergencia sanitaria, emitido por el gobierno de Nicolás Maduro para contener la pandemia por COVID-19, hace poco más de 100 días. Las medidas restrictivas propias de la cuarentena han servido de excusa para limitar la libertad de expresión y el derecho a la información, como advertía el pasado 3 de mayo, en el contexto del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Defiende Venezuela, expertos en Derechos Humanos de la ONU. La organización apuntó que desde el inicio del confinamiento aumentaron las amenazas y acusaciones contra periodistas, trabajadores sanitarios y ciudadanos. Según las cifras de la agencia, más de 840 personas habían sido detenidas, entre ellas 22 periodistas.

De igual modo, el gremio nacional reportaba para mayo de este año 92 ataques contra comunicadores sociales, en el ejercicio de su labor informativa. Édgar Cadenas, del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, aseguró que 18 periodistas habían sido detenidos de forma arbitraria y, en muchos casos, también sus familiares.  Lo mismo hizo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) con el informe “Pandemia de la desinformación”, en el que recopila una serie de hechos y experiencias que describen los desafíos del trabajo periodístico en Venezuela entre el 16 de marzo, fecha en que se decreta la emergencia sanitaria, y el 3 de mayo. Afirma el documento que, antes de confirmarse los primeros contagios en el país, la persecución contra los medios y periodistas intentaba inhibir el debate en torno a un tema de tanto interés para la población. En concreto, señalaban que publicar información distinta o complementaria a la ofrecida por los voceros oficiales le había valido encarcelamiento a una veintena de periodistas en distintas regiones del país.  En el lapso que abarca el informe, el SNTP documentó 57 hechos que afectan la libertad de expresión y el acceso a la información , así como el derecho al trabajo de comunicadores, periodistas, reporteros, camarógrafos, fotógrafos y demás trabajadores de los medios.

Una curva que no se aplana

El informe del SNTP concluye que las complejas condiciones de trabajo de la prensa venezolana empeoraron durante la cobertura de la pandemia, y así lo reflejaron las 150 víctimas de violaciones en casos de censura, intimidación, detenciones, amenazas, descalificaciones públicas y desconocimiento de la inamovilidad laboral que documentó la organización sindical. Del total de las 57 violaciones a la libertad de prensa reportado en ese entonces, 22 correspondían a detenciones arbitrarias, 21 a hostigamiento verbal o intimidación, 9  a censura y 5 casos de precarización del trabajo. De estos hechos, que también son agresiones, 26 fueron cometidos por funcionarios de seguridad del Estado, cuya función en alcabalas, estaciones de servicio y centros de salud, según el reporte, ha sido obstaculizar la labor de la prensa. 

A casi dos meses de esta publicación, casos recientes documentados por el gremio periodístico, organizaciones defensoras de los derechos humanos, medios de comunicación independientes y redes sociales, dan cuenta de que en esta fase de la pandemia se ha intensificado la detención e intimidación a los periodistas y que, en lugar de “aplanarse la curva” de la censura, agresiones y persecuciones, los casos han aumentado en ocurrencia y en niveles de agresividad y arbitrariedad. Las detenciones del periodista Davirson Rojas, quien permaneció 12 días en una comisaría policial por tuitear cifras sobre COVID-19 distintas a las que había suministrado el gobierno; y la de Carol Romero, quien fue arrestada por grabar una protesta por falta de gasolina en una estación de servicio y cuya foto esposada se hizo viral en las redes, son ejemplos de estos atropellos. 

Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, señaló que, hasta mayo, ocurrieron en el país 112 violaciones a la libertad de expresión, entre las que destacan la intimidación y la censura. La mayoría de las víctimas son periodistas y como responsables se identifica a cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios. Asimismo, la organización publicó que del 16 de marzo al 14 de junio, se registraron 65 privaciones de libertad y 28 detenciones de trabajadores de los medios, mientras ejercían su derecho a buscar, recibir y difundir información. De este último total, 25 están vinculadas de forma directa con la cobertura del COVID-19. “Hay un recrudecimiento. Antes quedaba en una detención rápida, pero ahora la persecución es penal. Lo más terrible es que los tribunales no están funcionando y les dan medidas privativas de libertad”, declaró Correa.

En este contexto, la llamada “Ley del Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” se ha convertido en la principal herramienta para justificar acciones de amedrentamiento, persecución judicial, amenazas y presiones que pretenden silenciar las voces disidentes y acallar las demandas de una población agobiada por la emergencia humanitaria compleja.  

Menos espacios

Espacio Público también alertó que, durante el confinamiento, fueron cerradas varias emisoras de radio, la más reciente fue Rumbera 106.9FM, de los Valles del Tuy, en Miranda, que se sumó  a los más de 200 medios clausurados en todo el país desde 2004. También varios programas noticiosos conducidos por periodistas fueron sacados del aire, uno de ellos era transmitido por el canal del estado Venezolana de Televisión (VTV) y otro por el canal privado Globovisión. Sin embargo, aunque no vinculado directamente con el ejercicio del periodismo, pero sí con la libertad de expresión e información, el mayor impacto, en cuanto a reducción de espacios se refiere, ocurrió con el cese de operaciones en el país de DIRECTV, que se materializó el 19 de mayo y dejó sin acceso al servicio de televisión satelital a más de 2 millones de hogares venezolanos.

A esto se añaden los ataques cibernéticos y las reiteradas restricciones de Internet, a través de la principal prestadora del servicio: ABA, de la estatal Cantv, que se expresan en el bloqueo a portales informativos y redes sociales; y  la interrupción del servicio de energía eléctrica a escala nacional o regional como consecuencia del colapso del sistema eléctrico, debido a la corrupción, la falta de inversión y de mantenimiento. Este escenario ha sido terreno fértil para que florezcan los medios digitales como espacio de expresión para periodistas  y para que las redes sociales se posicionen como principal fuente de acceso a la información para los venezolanos.

A la par de este progresivo deterioro de la libertad de expresión y la criminalización de la labor periodística, en Venezuela se ha instaurado una plataforma hegemónica de medios con la creación del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (Sibci), conformado por una red de emisoras, radios y televisoras en manos del Estado; así como la compra de medios “independientes” que exhiben ahora una línea informativa afín al gobierno y en los cuales no tienen cabida periodistas y comunicadores que disientan de la política editorial y el discurso oficial.

Desde el decreto de la cuarentena, Transparencia Venezuela no solo ha advertido sobre los riesgos de corrupción asociados a la pandemia, sino también sobre el incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para combatir el COVID-19 sin menoscabo de los derechos de los ciudadanos, entre ellos el de informar y estar informado. Las convenciones  internacionales suscritas por nuestro país obligan al Estado a proteger y garantizar la diversidad de medios de comunicación y, por ende, la pluralidad y la independencia informativa. De igual modo, la Constitución Nacional garantiza los derechos a la libre expresión y a la información (artículos 57 y 58), a la vez que establece que tales derechos no pueden ser suspendidos ni en los estados de emergencia o excepción. No obstante, las autoridades venezolanas, por omisión y de hecho,  han vulnerado de forma flagrante estos derechos que atañen de forma transversal al periodismo. 

Día Mundial del Refugiado | Conflictos que provocaron el éxodo de más de 5 millones de venezolanos siguen vigentes
Aunque más de 70 mil personas han reingresado al territorio por el impacto de la pandemia en las naciones receptoras, de no mejorar la situación en Venezuela, la OIM estima que en 2020 la cifra de desplazados supere los 6,5 millones.
Transparencia Venezuela alerta que los conflictos que provocaron el éxodo de más de 5 millones de personas siguen vigentes. 

Según el informe presentado este jueves por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en el marco del Día Mundial del Refugiado, Venezuela es el primer país de América Latina y el segundo del mundo en número de desplazados contabilizados por ese organismo. Con más de 5,1 millones de migrantes, el país está solo por debajo de los 6,6 millones de Siria y por encima de naciones como Afganistán (2,7 millones), Sudán del Sur (2,2 millones) y Myanmar (1,1 millones).

Sin embargo, expertos han afirmado que de no mejorar las condiciones que motivaron el éxodo (conflictividad político-social, colapso de servicios, vulneración del derecho a la salud y a la alimentación, entre otros), esa cifra, según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), podría incrementarse a más de 6,5 millones en 2020.

La emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19 ha planteado nuevos retos a los países receptores y a los organismos multilaterales, cuyos esfuerzos se han visto superados por la tragedia humana que se esconde detrás de las cifras la diáspora. 

El tema, que fue analizado recientemente en el foro Migrantes y refugiados venezolanos en el marco del COVID-19. Soluciones duraderas, de Transparencia Venezuela, se complica aún más por el retorno voluntario de más de 70 mil migrantes a través de la frontera con Colombia como consecuencia del impacto de la pandemia en los países de acogida. La mayoría perdió su fuente de ingreso y se quedó sin acceso a salud, alimentación, educación y vivienda. Quienes decidieron retornar son golpeados de nuevo por la Crisis Humanitaria Compleja que los empujó a abandonar su terruño, ahora agudizada por la pandemia.

Hospitales con un déficit de casi 90% en insumos médicos y menos de 100 camas UCI para atender a los contagiados; manifestaciones diarias por falta de agua, cortes eléctricos y fallas en el suministro de gas doméstico, además de la escasez de combustible y la venta bajo un esquema dolarizado que mantiene prácticamente paralizado el transporte; junto a una hiperinflación expresada en el exorbitante costo de la  canasta alimentaria, que en abril se ubicó en US$250 frente a un salario básico de menos de $4, configuran el panorama desolador que los espera a su retorno.

Voces expertas

Durante el encuentro virtual de Transparencia Venezuela, la directora ejecutiva de la organización, Mercedes De Freitas, destacó que muchas de las situaciones que enfrentan los migrantes y refugiados en otros países, mayoritariamente en la región, dan cuenta de que la violación de los derechos de los venezolanos se ha extendido más allá de nuestras fronteras.

En ello coincidió Ligia Bolívar, investigadora del Área de Derechos de Migrantes y Refugiados del Centro de DDHH de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), quien aseguró que más de 50% de los venezolanos salieron del país de forma forzosa por temor a afectaciones contra su vida, su libertad o su integridad.

Pese a que muchos tienen estudios superiores, la mayoría trabaja en el sector informal y vive del día a día. Con la pandemia muchos perdieron su fuente de ingreso y, al no poder pagar arriendo, fueron desalojados y quedaron prácticamente en situación de indigencia, durmiendo en plazas”. 

Bolívar ofreció un informe preliminar de una encuesta que el Centro de DDHH envió a más de 50 organizaciones de la región que trabajan directamente en el terreno con migrantes y refugiados provenientes de Venezuela. En el sondeo se evaluaron temas como alimentación, salud, vivienda, albergues de tránsito, transferencias monetarias, personas en situación de calle y protección del estatus migratorio. De las respuestas ofrecidas por 16 países se desprende que los programas para atender a los migrantes y refugiados venezolanos son insuficientes. 

Al momento, la experta aseguró que la cifra de retornado representaba menos del 1% de los más de cinco millones que han emigrado. No obstante, aseguró que tras los números, el reingreso al país en las actuales condiciones supone un drama humano para quien lo padece. Destacó que en los espacios de alojamiento temporal habilitados por el gobierno de Nicolás Maduro, hasta el 18 de abril había cupo para 9.615 personas y para ese día había 6.539.

Es decir, que esos espacios están casi al tope. Asimismo, señaló que esos recintos carecen de las condiciones de higiene mínimas para cumplir la cuarentena y no brindan alimentos. “Ante las quejas, la respuesta ha sido la represión. Esto significa que se les presenta una situación de revictimización. Es decir, son personas que salieron de Venezuela huyendo de una situación de catástrofe y ahora regresan a una situación todavía más catastrófica y, encima, enfrentando un discurso de odio y exclusión”, expresó Bolívar.

*Continúa leyendo en: Transparencia Venezuela. 

Transparencia Venezuela: PDVSA fue el combustible para la gran corrupción en Venezuela
Este miércoles 17 de junio a las 3:00 p.m., expertos debatirán sobre la debacle de la industria  y aportará propuestas y herramientas para la reconstrucción de la principal empresa del país

La Gran Corrupción instaurada en Venezuela en los últimos 20 años tiene como una de sus principales fuentes de financiamiento a Petróleos de Venezuela, la empresa estatal más grande del país y otrora referencia a nivel mundial. Pese a haber aprovechado el más reciente boom de precios de hidrocarburos, la compañía se hundió entre denuncias sobre conflictos de interés, contratos con sobreprecios, evasión de licitaciones y pago de sobornos, a la vez que retrocedió a niveles mínimos de producción y refinación.

Pdvsa, combustible de la corrupción. El rol del chavismo en la industria es el Espacio de Transparencia que, el próximo miércoles 17 de junio a las 3:00 p.m.,  analizará los aspectos clave que condujeron a la debacle de la industria petrolera venezolana y aportará propuestas y herramientas para la reconstrucción de la principal empresa del país. El evento disertará además sobre los dos primeros reportajes publicados por Transparencia Venezuela en el especial homónimo Pdvsa combustible de la corrupción.

La sesión contará con la participación de Ahiana Figueroa, periodista especializada en economía, parte del equipo ganador del Premio Pulitzer 2017 por los PanamaPapers; Alejandro Grisanti, Ph.D y M.A. en Economía, consultor en materia petrolera y servicio de deuda; y Francisco J. Monaldi, Ph.D y M.A. en Economía Política, director del Programa de Latinoamérica del Instituto Baker de Políticas públicas de la Universidad Rice en Houston, quienes estarán acompañados por Christi Rangel, coordinadora de Transparencia Venezuela y moderadora del evento virtual.

Espacios de Transparencia es la serie de eventos virtuales, promovida ante la pandemia por COVID-19, para informar, analizar, discutir, conversar con especialistas, debatir opiniones de líderes y referentes mundiales, y llegar a las audiencias con los temas que nos son propios: casos y responsables de la corrupción, justicia transparente, participación ciudadana, presupuesto, rendición de cuentas, gobierno abierto, acceso a la información, transparencia, gestión y finanzas públicas, datos abiertos, verificación de información yfact-checking

Acompáñenos en este nuevo espacio a través del siguiente link:https://zoom.us/webinar/register/WN_Xu9_9tvES4mY1h7B98q8mQ

Esquema de distribución y precios diferenciados de la gasolina incentiva la corrupción y el contrabando
El esquema diferenciado aprobado por Maduro sostiene el riesgo de corrupción, al establecer dos precios de venta y no presentar soluciones efectivas para garantizar transporte público de calidad y accesible

Luego de la llegada a Venezuela de cinco tanqueros iraníes, el gobierno de Nicolás Maduro informó de un necesario incremento en el precio de la gasolina, porque el combustible es importado y “hay que pagarlo”. No obstante, después de décadas de subsidio y a pesar de la crítica situación financiera, el gobierno de Maduro mantiene aún una gran subvención al combustible de vehículos particulares, lo que permite que persistan las grandes ganancias de la red ilegal, con las conexiones suficientes para que el negociogoce de impunidad.El subsidio a la gasolina para los vehículos particulares, en lugar de la inversiónde recursos en un transporte público de calidad, es una de las políticas regresivas que genera mayores ganancias en el mercado negro interno e incentiva elcontrabando.

En este contexto, las preguntasson¿Por qué Venezuela se quedó sin gasolina? ¿Por qué no se produce, cuando llegamos a registrar 1,3 millones de barriles de productos refinados diarios, y no solo se cubría el mercado interno, sino que se podía exportar para generar ingresos? ¿Por qué importamos 1,5 millones de barriles de gasolinaen este momento? ¿Hasta dónde cayó la actividad de las refinerías y cuánta gasolina estamos produciendo internamente?

La práctica de “regalar” el combustible contribuyó a terminar de hundir a la industria petrolera, a un costo para el Estado venezolano de unos 10 mil millones de dólares anuales, que han podido utilizarse para mitigar el impacto de la emergencia humanitaria compleja que hoy padecen los venezolanos.Las tarifas irreales, que llevaron al colapso de todos los servicios públicos, contribuyeron a lo que se pensaba era imposible: dejar sin gasolina a un país petrolero y con las mayores reservas de crudo probadas del mundo, otrora signo de riqueza y oportunidades, hoy prueba de la debacle nacional.

Las administraciones que han controlado el país y la industria petrolera durante los últimos 21 años deben rendir cuentas y dar la cara por la destrucción del sistema de refinación nacional, el saqueo y la dilapidación de la producción, al propiciarse el contrabando y las exportaciones sin ningún beneficio para la nación. Además, la imagen de la industria petrolera se ha visto enlodada por numerosas denuncias e investigaciones de corrupción en los sistemas judiciales de otros países.

Esquema diferenciado, la misma corrupción

El esquema de aumento de precio de la gasolina, anunciado por Maduro luego de meses de escasez y restricciones en el consumo, producto del despilfarro, dispone de estaciones de servicio para surtir combustible subsidiado y otras para la venta a “precio internacional”. El nuevo costo con subsidio es de $0,027 por litro y el internacional es de $0,5 el litro. Es decir, llenar un tanque de 40 litros cuesta $1 en algunas gasolineras y $20 en el resto. El modelo establece, además,el control delprecio subsidiado a través del Carnet de la Patria y el“premium”, a cargo de empresarios con licencia para importar combustible,en establecimientos donde no habrá restricciones a la venta ni al consumo y con posibilidad de pago en bolívares, petros y divisas.

La diferencia genera una oportunidad para el abuso, atractiva para personas inescrupulosas que confíen en la impunidad de sus acciones. Es una oportunidad para la corrupción. Pero, el sistema de subsidio directo para la compra de gasolina tampoco garantiza que se aplique sin discriminaciones.

Por otra parte, el esquema deja muchas dudas sobre el acceso efectivo a combustible para el transporte público, de carga y distribución de bienes esenciales. Sobre la inversión en transporte, que realmente resolvería el problema de movilidad de las grandes mayorías del país y reduciría la necesidad de vehículos particulares, no se tiene noticias.

“A confesión de partes, relevo de pruebas”                                                                    

Maduro admitió que “mafias” habían tomado el control de estaciones de gasolina que, supuestamente, estaban bajo la supervisión de efectivos militares y policiales. ¿Cómo es posible? Lejos de debilitar o atacar a esas “mafias”, el esquema genera incentivos para que las perversiones continúen y se mantengan en el tiempo, hasta que se tomen decisiones económicas, que procuren el bienestar de los ciudadanos, y no medidas políticas que favorezcan a sectores, en detrimento de la mayoría, que se mantienen escépticos sobre la estabilización del suministro y a la expectativa sobre los resultados de la implementación del nuevo esquema.

En medio del inicio de la flexibilización de la cuarentena, ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, las gasolineras se han visto abarrotadas de clientes e incapaces de satisfacer las demandas de los consumidores, aún con restricciones en el despacho de entre 20 y 30 litros. La situación ha desencadenado protestas y cierre de vías. Confiar en una política de energía y movilidad comienza con la publicación de informes, rendición de cuentas y auditorías detalladas de la situación de la industria, que condujo a un país petrolero a una crisis de combustible.

Justicia británica decidirá quién tiene autoridad sobre el oro venezolano
La sentencia podría conocerse a finales del mes de junio

El pleito por el oro que el Banco Central de Venezuela (BCV) tiene depositado en las bóvedas del Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) pica y se extiende. ¿La razón? La Alta Corte de Comercio y Propiedad de Inglaterra y Gales decidió iniciar un procedimiento para determinar quién tiene la legítima autoridad sobre el instituto emisor venezolano, si Nicolás Maduro o el Gobierno interino encabezado por Juan Guaidó.  La suerte del preciado metal tendrá que esperar.

La decisión la adoptó la instancia judicial en la audiencia celebrada el pasado 28 de mayo, en la cual rechazó celebrar un juicio “expedito” para decidir si ordenaba al BoE a vender las 31 toneladas de oro, que Venezuela tiene depositadas en sus instalaciones, y que el  dinero efectivo (930 millones de euros o más de US$ 1.000 millones) se transfiriera al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a fin de combatir los efectos de la pandemia del covid-19, tal y como lo solicitaron los abogados del BCV por orden de Maduro.

La Corte, en cambio, resolvió celebrar no antes del 22 de junio una audiencia para “resolver unos asuntos preliminares”, como definir quién tiene autoridad sobre el BCV y cuál directorio del instituto emisor puede pedirle al BoE que venda el oro, si el encabezado por Calixto Ortega Sánchez o el designado por la Asamblea Nacional.

Ortega Sánchez fue designado presidente del instituto emisor por Maduro en julio de 2018, pero esta decisión no contó con el visto bueno de la Asamblea Nacional, como lo exige la Ley Orgánica del BCV sino que fue avalada por la cuestionada Constituyente.

El nombramiento, que fue rechazado por el Parlamento, se produjo dos meses después de los comicios presidenciales del 20 de mayo, cuyos resultados no fueron reconocidos ni por la oposición ni por los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea (UE) y ni de buena parte de América Latina, que abrieron las puertas para la imposición de sanciones a funcionarios y a la administración madurista.

Por su parte, en julio de 2019 el Parlamento designó una directiva ad hoc integrada por Ricardo Villasmil, Ruth de Krivoy, Manuel Rodríguez, Nelson Lugo y Giocoma Cuois, en base al Estatuto para la Transición dictado por el Legislativo.

Un día antes de la audiencia preliminar en Londres, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia 67, volvió a declarar “írritos” los nombramientos hechos por la Asamblea nacional.

Ambos cantan victoria

La decisión del Tribunal británico fue saludada por el procurador especial, José Ignacio Hernández, quien calificó como una victoria. “El régimen de Maduro mintió diciendo que tenía un arreglo con el PNU listo para usar el millardo de euros para el covid-19 y pidió a la Corte un juicio expedito e hizo ver que tenía el aval del BCV. El Banco de Inglaterra negó que hubiera tal acuerdo y pidió que el Gobierno de Guaidó fuese citado. La Corte le dio la razón al Banco de Inglaterra y al Gobierno de Guadió y negó la petición, pues primero debe decidirse quién es la autoridad legítima del BCV. Es una derrota para Maduro, quien había hecho creer que tenía todo listo para recibir el millardo”, explicó el jurista.

Por su parte, el abogado del BCV, que representa al Gobierno chavista, Sarosh Zaiwalla, negó que los hayan derrotado aún, por cuanto el juzgado londinense todavía no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. Sin embargo, admitió que se producirá un debate que poco interesaba a su cliente. “Para el 22 de junio se resolverán una serie de cuestiones preliminares, uno de los cuales es quién tiene la autoridad sobre el BCV, a quién debe prestar atención el Banco de Inglaterra. Hay una directiva que fue la que depositó el oro y otra directiva ad hoc designada por Guaidó, quien tiene el apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido”, informó por correo electrónico el jurista.

Ante la caída del ingreso petrolero, producto del colapso de los precios y de la producción nacional, el oro se ha convertido para las autoridades venezolanas en una alternativa fundamental puedan sortear las sanciones y así adquirir bienes y servicios en el exterior. Uno de los casos más recientes ha sido de la gasolina adquirida a Irán, la cual habría costado nueve toneladas del preciado metal.

Las 31 toneladas de oro que el BCV tiene depositadas en el Banco de Inglaterra, desde 2008, permanecen congeladas debido a las sanciones que Washington ha impuesto al régimen de Maduro; y por lo visto seguirán allí un tiempo más.

Vendata | Información sobre acuerdos suscritos entre Venezuela y China es escasa
Transparencia Venezuela publicó una base de datos con 486 tratados firmados entre ambas naciones, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pero solo de 62 de ellos se pudo obtener datos completos sobre los términos suscritos

Después de 486 tratados suscritos entre los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular de China, los venezolanos solo cuentan con información completa de 62 de estos acuerdos, todos dispuestos en una nueva base de datos publicada por Transparencia Venezuela en la página Vendata.

Luego de una exhaustiva búsqueda, la organización, con más de 15 años de trayectoria en la lucha anticorrupción, halló 486 documentos firmados entre 1999 y 2019, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y sus pares chinos Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping. De estos tratados, 62 (12,75%) se encontraron con información completa sobre los términos de los acuerdos, otros 109 (22,42%) registraban datos parciales, mientras que 315 (64,81%), la mayoría, contaban con escasas referencias o solo el nombre.

Los textos de los acuerdos firmados por ambas naciones, en materias tan variadas como hidrocarburos, telecomunicaciones, agroindustria, electricidad, minería, comercio, agricultura, finanzas, salud, transporte, servicios públicos, vivienda, aduanas, tecnología, agricultura, metalurgia, alimentación, asuntos aeroespaciales, entre tantas otras, fueron objeto de pesquisa en gacetas oficiales, páginas oficiales de los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países, medios de comunicación, web de ministerios y en los sites de las instituciones involucradas en el desarrollo y la ejecución de los acuerdos, sin mayor éxito que el mencionado.

La escasez de información sobre los tratados firmados entre Venezuela y China, aliados políticos e ideológicos, es notable si se le compara con la base de datos publicada previamente por Transparencia Venezuela con los acuerdos suscritos entre la nación suramericana y la República Argentina, en la que 100% de los tratados cuenta con la información completa sobre sus términos, ya que estaban disponibles en Buenos Aires. La sistematización de la búsqueda se realizó con el apoyo de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional.

Los datos están disponibles desde hoy en Vendata, por lo que la organización invita a expertos e interesados a consultar y aprovechar la data aportada. Aunque no hay datos completos de los 486 tratados servirá para orientar, adelantar y/o profundizar investigaciones en torno a estos temas y acuerdos.

Los tratados entre Venezuela y China conforman la sexta base de datos con la que cuenta Vendata.

El suministro de agua: materia pendiente del Estado y urgente ante el COVID-19
El problema de abastecimiento y calidad de agua en el país se ha venido extendiendo

Al celebrarse el Día Mundial del Agua, establecido como derecho humano y aprobado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 2002, y posteriormente, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2010, Venezuela dista mucho de garantizar este derecho, entendiendo que el agua es un elemento esencial para hacer efectivas otras prerrogativas como la salud y la alimentación. Esto obliga a que se cumplan ciertos criterios, para que todas las personas puedan disponer del agua: debe ser suficiente, accesible y asequible, saludable, y poseer propiedades físicas propias inalterables, incolora, inolora e insípida.

Actualmente, en Venezuela no se encuentran ninguno de estos elementos. El manejo del servicio del agua potable y el saneamiento está a cargo de empresas del Estado, cuya fundamentación responde a políticas que han destruido las cadenas productivas y han llevado la calidad del servicio fuera de las normas de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y las legislaciones como Ley Penal del Ambiente y Ley Orgánica para la Protección de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento. De acuerdo con el informe Rehenes de la Gran Corrupción de Transparencia Venezuela, “la gestión de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento de aguas residuales depende en gran medida de la calidad de las infraestructuras y su equipamiento, del servicio eléctrico que se reciba y de la adecuada operación de la infraestructura asociada a la prestación del servicio”.

Con base en esto, el problema de abastecimiento y calidad de agua en el país se ha venido extendiendo. Las causas provienen de la ausencia de planificación y políticas en recursos hídricos, obras inconclusas, corrupción, falta de talento humano capacitado, entre otros factores. Todos han desencadenado en el crítico escenario que padecen los venezolanos en estos momentos de emergencia humanitaria compleja, al que se ha sumado la pandemia provocada por el COVID-19.

Occrp: Familiares del general Padrino López gestionan asilo a quienes huyen de Venezuela
De acuerdo una investigación de Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp), 35 militares firmaron 225 contratos con el Estado venezolano

Una de las empresas del conglomerado de 24 compañías que serían propiedad de la familia del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, tramita asilo político en EEUU a personas que huyen del régimen de Nicolás Maduro, según una publicación de la plataforma de investigación Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp), del pasado 10 de abril, a la que se suma otro reporte que da cuenta de un grupo selecto de 35 militares que firmaron nada menos que 225 contratos con el Estado venezolano.

“En 2019 organizó un taller sobre cómo solicitar refugio para quienes escapan de la persecución violenta que ejerce el mismo gobierno al que sirve Padrino”, destaca el reporte de Occrp al referirse a la empresa Trámites Consulares, que está bajo el mando de la prima del general Padrino López, Ludmila Padrino Valderrama, compañía a través de la cual también se “promociona la gestión de prórrogas de pasaporte y traducciones”.

La investigación resalta lo que a todas luces es una triste ironía, justamente porque la empresa en cuestión está relacionada con familiares de uno de los considerados hombres fuertes cercanos a Maduro, el general Vladimir Padrino López, quien ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de EEUU y acusado en plena pandemia ante la justicia de ese país bajo el cargo de conspiración para distribuir cocaína.

Al referirse a las empresas que estarían en manos de familiares del ministro de la Defensa venezolano, Occrp habla de una “red de negocios” que involucra “24 compañías en Estados Unidos y Venezuela, así como por lo menos 14 propiedades avaluadas en 4.5 millones de dólares en Florida y Texas”, señala el texto de la investigación.

En otra entrega periodística, el consorcio de investigación ofrece el registro de 35 militares de alto rango que habrían firmado contratos con el mismo Estado venezolano, a través de empresas en las que figuran sus propios familiares. Se denuncia que, en algunos casos, las negociaciones se llevan a cabo en los mismos sectores en los que los uniformados se desempeñan.

Aunque ha sido un accionar reiterado en los últimos años, desde que se dio a conocer la publicación de Occrp el silencio institucional una vez más se evidencia en nuestro país, particularmente en lo que respecta al Ministerio Público, que está bajo las riendas de Tarek William Saab, designado por la Constituyente, un organismo impulsado por el mismo Nicolás Maduro.

No es infructuoso recordar lo que nuestro ordenamiento constitucional y legal se establece sobre lo que debería ser la actuación de un Ministerio Público independiente:

La expresión “de cualquier modo”, que está en el texto del artículo 265 del Código Orgánico Procesal Penal, implica que existe un amplio espectro de posibilidades para que el Ministerio Público tenga conocimiento de que pudo haber ocurrido un delito y así ordenar las diligencias para investigar si se cometió en efecto alguna irregularidad.

Militares empresarios

En el reporte de Occrp titulado “El general Padrino y su laberinto corporativo”, que fue publicado el pasado 10 de abril, se denuncia que el ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, junto a su esposa, Yarazedt Betancourt, y otros miembros de su familia, supuestamente dirigen varias empresas y  poseen bienes raíces en EEUU.

La plataforma de investigación ofrece detalles de las siguientes empresas:

Occrp señala que 10 de las propiedades de la familia Padrino, ubicadas en Texas y Florida, EEUU, “están registradas a nombre de tres de sus compañías: Brisana LLC, Urtaris Realty Group y Majalud LLC. El valor total de estas es de más de 2,2 millones de dólares”.

En otro texto titulado  “El Club de los 35: cómo Venezuela compró la lealtad de sus generales”, Occrp señala a un grupo de militares privilegiados que serían propietarios de “42 empresas privadas habilitadas para trabajar con el Estado”, lo que les habría permitido obtener en conjunto 225 contratos con el Gobierno en sectores tan importantes como construcción, la alimentación, el transporte y el petróleo.

De acuerdo a la publicación en 2019 Venezuela tenía 312 generales activos en el Ejército. “Casi un tercio de estos altos oficiales están vinculados a empresas que están habilitadas para hacer negocios con el gobierno. De estos, 35 son socios o están en juntas directivas de compañías privadas que aparecen en el RNC” (Registro Nacional de Contratistas).

Al filo de lo ilegal

En el texto de la investigación de Occrp sobre los militares-empresarios se advierte que ante las “severas restricciones para realizar investigaciones periodísticas en Venezuela, es difícil determinar si miembros del Club de los 35 estuvieron involucrados en prácticas corruptas. Sin embargo, oficiales disidentes que huyeron del país, han contado cómo empresas de generales venezolanos se aprovechan de los fondos públicos.”

La marcada presencia militar en varios sectores de Estado es un rasgo característico en la Venezuela de los últimos años y uno de los elementos del Patrón de Gran Corrupción que Transparencia Venezuela ha detectado como parte de los factores que determinaron la ruina institucional y económica del país. 

Los efectivos militares han ocupado cargos en empresas estatales, han sido embajadores, gobernadores y han estado al frente de ministerios. Su participación ha sido activa en sectores determinantes de la economía donde hay más oportunidades de negocio y riesgos enormes de corrupción como alimentación, electricidad, minas y petróleo. A tal punto a llegado esta situación que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunció en julio de 2019 la profundización de la militarización de las instituciones del Estado venezolano.

Nuestro ordenamiento legal es claro. La Constitucional Nacional, en su artículo en su artículo 145 establece que el funcionario público que “esté al servicio de los municipios, de los Estados, de la República y demás personas jurídicas de derecho público o de derecho privado estatales, no podrá celebrar contrato alguno con ellas, ni por sí ni por interpósita persona, ni en representación de otro u otra, salvo las excepciones que establezca la ley”.