Transparencia Venezuela, autor en Runrun

Transparencia Venezuela

Demandan transparencia en manejo de Fondo de Liberación de Venezuela
En Transparencia Venezuela aseguran que la gente tiene el derecho al acceso a la información 

Desde el año 2016 los venezolanos desconocen las memorias y cuentas de la mayoría de los entes del Estado, así como las leyes de presupuesto y de endeudamiento porque la gestión de Nicolás Maduro optó por mantenerlas ocultas lo que favorece la discrecionalidad y aumenta los riesgos de corrupción. Ahora, que la Asamblea Nacional electa en 2015 aprobó un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, les recordamos su obligatoria transparencia y rendición de cuentas con datos completos para el país.

A pesar de que el Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, aprobado mediante Ley Especial en Gaceta Legislativa del 4 de marzo de 2020, no tiene el alcance de la Ley de Presupuesto Nacional, sí representa la administración financiera del gobierno interino que se nutre con recursos públicos, por lo que todos los venezolanos deben tener acceso a la información que permita comprender objetivos, responsables, proyectos, metas esperadas, fuentes de ingresos y saber cómo se va asignar el gasto, contemplando diversos criterios de clasificación, según las buenas prácticas internacionales.

El manejo de dinero público requiere de mucha disciplina, se necesita la definición detallada de las razones que motivan cada gasto, los objetivos, metas e indicadores precisos a cumplir con esos recursos, máxima publicidad de cada detalle de presupuestos y ejecución, sistemas de control independientes a cargo de órganos formales como la contraloría y una rendición de cuentas de calidad en la que no solo se hable de los esfuerzos realizados, sino que se presenten resultados objetivos y verificables. 

Todo esto no son exigencias exageradas, son procesos formales mínimos para garantizar transparencia y generar confianza. Esto no solo reduce las oportunidades de robo de recursos públicos, sino que sirve como herramientas de gestión, para guiar de la mejor manera a los funcionarios en el proceso de ejecución de recursos y a los ciudadanos en la evaluación de la gestión.

Antes de aprobar recursos, presupuestos de ingresos y de gastos, es conveniente hacer balances, realizar consultas públicas, presentar los informes de rendición de cuentas. 

Los datos publicados en la Gaceta Legislativa N° 33 del 16 octubre de 2020, donde apareció la distribución del gasto por programas del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, aprobada el 17 de septiembre del mismo año, distan considerablemente de cumplir con las buenas prácticas de transparencia fiscal. La distribución del gasto por programas apareció de forma agregada, lo que impidió una valoración objetiva sobre la eficiencia y eficacia de este instrumento para el logro de los objetivos del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia.

En su interés por promover una gestión pública transparente que contribuya a superar la emergencia humanitaria compleja que amenaza la vida de los venezolanos, Transparencia Venezuela presenta a continuación unas sugerencias de contenidos mínimos que deberían incluirse en la publicación del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital:

  • Una exposición de motivos que justifique en términos generales, cómo la distribución de los recursos del Fondo propuesta, permitirá alcanzar los objetivos previstos en el artículo 5 de la Ley de reforma del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia, del 26 de diciembre de 2020.
  • Un breve balance de lo logrado en el ejercicio fiscal previo y lo que se espera lograr con el presupuesto del nuevo ejercicio fiscal. Aclarar los periodos de tiempo que abarca cada ejercicio fiscal.
  • Ingresos, discriminados por ramos o fuentes con sus explicaciones.
  • Gastos, discriminados atendiendo la clasificación orgánica o administrativa (que responda a la pregunta ¿quién gasta?); la clasificación económica (que muestra la distribución entre gastos corrientes y de capital); la clasificación funcional o sectorial (que responda a la pregunta ¿para qué se gasta?); la clasificación por partidas, que permite el registro contable.
  • Datos no financieros que incluyan las metas de desempeño de cada programa de gasto y autoridades responsables.
  • Impactos o resultados esperados para la sociedad venezolana en su conjunto.

En marzo de 2021 Transparencia Venezuela dirigió una petición de información a los integrantes del Consejo de Administración del Gasto del Fondo para la Liberación de Venezuela, en la que se solicitó el informe de gestión del año 2020 del mencionado Fondo y aunque hubo respuesta prometiendo la entrega del informe después del 31 de marzo de 2021, aún no ha sido recibido.

Respeto al derecho a la verdad y la vida es tarea pendiente en Venezuela
Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela reveló que, en lo que va de 2021, fuerzas policiales han cometido más de 200 asesinatos

Los venezolanos enfrentan los efectos gravísimos de una Emergencia Humanitaria Compleja provocada por el patrón de gran corrupción instaurado en el país en los últimos años. La crisis preexistente ha dejado a la población indefensa para enfrentar la pandemia global por COVID-19. No obstante, la atención a la emergencia sanitaria ha servicio de excusa para justificar acciones restrictivas, así como la censura, violencia y persecución que ya ocurrían en el complicado contexto político, económico y social de país. En la reciente actualización oral del informe publicado en septiembre de 2020 -que estableció que las autoridades incurrieron en abusos que constituyen crímenes de lesa humanidad-, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela reveló que, en lo que va de 2021, las fuerzas policiales han cometido más de 200 asesinatos. De igual modo, advirtió que la persecución de los llamados “enemigos internos” u opositores al gobierno se ha extendido a quienes cumplen labores humanitarias en el país y a defensores de los derechos humanos. 

En este escenario se conmemora hoy el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, fecha en la que la sociedad civil alza su voz para exigir que tanto las víctimas de estos hechos como sus familiares obtengan respuesta y que los responsables sean sancionados; a la vez que hace un llamado por el respeto a la verdad y la vida de todos los ciudadanos, sin distingo de ninguna naturaleza. Las organizaciones abogan por la restauración del Estado de Derecho, las garantías al debido proceso, la presunción de inocencia, la transparencia en los procesos judiciales y el cese de los atropellos y la impunidad.

Por pensar distinto

En los centros de reclusión venezolanos permanecen 323 presos por razones políticas, entre ellos 23 mujeres. La mayoría, sometidos a tratos crueles, sin atención médica y en condiciones de insalubridad, según reportes de organizaciones civiles. Los procesos judiciales que abre el Gobierno venezolano a estos “privados de libertad” siguen siempre el mismo patrón: desaparición forzada seguida de la detención preventiva indefinida, producto del retardo procesal que caracteriza el sistema judicial nacional. Algunos que logran llegar a juicio son condenados por delitos como incitación al odio, traición a la patria o los incluidos en la Ley contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Entretanto, otros son excarcelados, pero sin libertad plena ya que deben cumplir medidas de presentación en tribunales o, como ha ocurrido en al menos nueve casos documentados por medios independientes, mueren bajo la custodia del Estado. 

Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019, la ONG Foro Penal registró 15.250 detenciones arbitrarias por razones políticas. Entre los casos documentados por la organización destacan las aprehensiones de los diputados Gilbert Caro y Juan Requesens, este último expuesto en condiciones denigrantes; la muerte del concejal Fernando Albán mientras permanecía bajo resguardo policial, al igual que la del capitán Rafael Acosta Arévalo, entre otros. Estos forman parte de los expedientes que han engrosado los informes de instancias internacionales para ilustrar prácticas sistemáticas que, de acuerdo con dichos documentos, constituyen violaciones flagrantes de los derechos humanos y de la dignidad de los detenidos e interferencia en el acceso a la justicia. A estos hechos y otros que involucran a civiles apresados y sometidos a la justicia militar, desapariciones forzadas asociadas a la conflictividad política, así como las detenciones arbitrarias; se suman la censura, la persecución y los ataques a comunicadores, trabajadores de la salud y hasta científicos que han exigido información o alertado sobre el impacto real la pandemia en Venezuela.

Sin verdad y sin justicia

El derecho a la verdad, que implica que las víctimas y sus familiares obtengan respuestas y que los responsables paguen por sus delitos, suele invocarse en el contexto de violaciones manifiestas de los derechos humanos y las infracciones graves del derecho humanitario. El derecho a la verdad implica “tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación”. Sin embargo, esto no ocurre en Venezuela. Los funcionarios señalados por hechos atroces como los descritos en el informe de la misión de las Naciones Unidas siguen libres y sin ningún tipo de condena.

Durante la actualización del documento, el pasado 10 de marzo, Marta Valiñas destacó que “siguen en marcha los procedimientos penales en más de dos tercios de los 110 casos de detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares investigados en el informe previo de la Misión, publicado en septiembre de 2020, donde se denunciaron múltiples violaciones humanitarias cometidas por agentes estatales venezolanos desde 2014, algunas de ellas a gran escala y constituyentes de crímenes de lesa humanidad”. De igual modo, señaló los graves e irreparables daños causados por los procesos judiciales y citó como ejemplo el caso del indígena pemón Salvador Franco, detenido de forma arbitraria y encarcelado desde diciembre de 2019, quien falleció en enero de este año tras no recibir atención médica por su crítica situación de salud.

Valiñas explicó que continuaban en la búsqueda de informaciones ligadas a los esfuerzos gubernamentales de prevención, investigación y sanción de los responsables de los abusos. Pues, aunque en una respuesta al informe publicado en septiembre el gobierno de Nicolás Maduro aseguró que investigaban más de 600 casos de violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades estatales, la presidenta de la Misión dijo que “los funcionarios públicos siguen incurriendo en prácticas que obstaculizan la rendición de cuentas por ejecuciones ilegales y que pueden revictimizar a los familiares que buscan justicia para sus seres queridos”.

Un hecho reciente que involucra la actuación irregular de efectivos de seguridad es el asesinato de la joven Daniela Figueredo, ocurrida el pasado 13 de marzo, cuando se encontraba bajo custodia del Estado en los calabozos de la policía del municipio Zamora, en el estado Miranda. En el caso se manejan versiones de un presunto intento de abuso sexual, lo que es un reflejo del drama que se vive tras las rejas.  Diputados, activistas y defensores de derechos humanos elaboran un informe del caso que será presentado a la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. 

Otros organismos internacionales además de la ONU, entre ellos Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han documentado ampliamente y denunciado las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos de los venezolanos. En sus informes, confirman las numerosas investigaciones y denuncias que en materia de vulneración de derechos humanos han adelantado organizaciones de la sociedad civil venezolana, y se han hecho eco de sus exigencias. Los venezolanos merecen que se investigue, para esclarecer los hechos y finalmente obtener verdad y justicia.

Covid-19: un año de cuarentena, opacidad y censura
Desde hace más de ses años no se publican datos epidemiológicos en Venezuela

La rápida propagación del coronavirus causante de la COVID-19, sorprendió al mundo en diciembre de 2019. El brote fue detectado en Wuhan, China, un mes antes; pero fue el 11 de marzo de 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia mundial. Dos días después, Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva del gobierno de Nicolás Maduro, confirmó los primeros casos en el país. Ese mismo día, el gobernante firmó el decreto de Estado de Alarma en el territorio nacional para atender la emergencia sanitaria. 

A un año de este suceso, a escala mundial se contabilizan 112.079.230 personas contagiadas, de las cuales al menos 2.486.116 fallecieron y 67.803.500 se recuperaron. En el país, el más reciente parte de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19 reportó 144.277 casos, con 94% de recuperación, es decir, 136.269 personas. No obstante, las dificultades en el acceso a la información pública para corroborar las cifras, en una nación donde desde hace más de 6 años no se publican datos epidemiológicos, ha generado que organizaciones de la sociedad civil, miembros de la comunidad científica, la academia y ciudadanos en general cuestionen la fiabilidad del monitoreo, y expresen preocupación por la verdadera tragedia que se escondería detrás de las estadísticas oficiales.  

Pero la opacidad gubernamental no se expresaría solo en el número de enfermos y fallecidos. La administración de Maduro también ha estado en la mira por la escasa o casi nula información que ha ofrecido sobre los recursos dispuestos para atender la crisis sanitaria. Los venezolanos desconocen cuánto se ha invertido en la adquisición de equipos de bioseguridad para los trabajadores de la salud, medicamentos, respiradores y otros insumos. Tampoco se ha rendido cuentas sobre el destino y uso de materiales donados por organismos internacionales. Ejemplo de ello es lo ocurrido con las 340.000 pruebas de antígeno y los 35 equipos lectores otorgados en octubre por la Organización Panamericana de la Salud (brazo de la OMS en la región), para ampliar la capacidad de diagnóstico. En diciembre, el director de Emergencias de la OPS, Ciro Ugarte, afirmó que solo se habían aplicado 1.600 de estas pruebas, de las cuales 400 habían resultado positivas. 

Mientras, el 1° de marzo de este año, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en Venezuela (Ocha) reveló que pese a contar con equipos para procesar las pruebas de tipo PCR en los 24 estados del país, el análisis se centralizaba en solo cinco regiones: Táchira, Zulia, Yaracuy, Distrito Capital y Miranda.

Por su parte, hace un año, Transparencia Internacional advertía sobre los riesgos de corrupción en las compras y ofreció recomendaciones a los Estados para asegurar la integridad de las adjudicaciones durante las contingencias. ¿Se han aplicado en el país? Transparencia Venezuela aún espera respuesta a la petición que dirigió, el pasado 24 de febrero, al Ministerio de Salud y a la Comisión Presidencial para el Control y Prevención de la COVID-19 para la remisión de datos públicos relacionados con las negociaciones llevadas a cabo para acceder a vacunas y tratamientos. 

Emergencia en emergencia

Expertos coinciden en que el impacto de la pandemia ha sido catastrófico para Venezuela con respecto a otras naciones de América Latina y el mundo. La llegada de la COVID-19 coincidió con uno de los momentos de mayor precariedad de la Emergencia Humanitaria Compleja que enfrenta la nación suramericana producto del patrón de gran corrupción instaurado en los últimos 20 años. La mayoría de la población depende de un sistema de salud público colapsado y con 80% de escasez de suministros de medicinas e insumos, según registros del gremio médico. A ello se suman la hiperinflación y graves fallas en servicios vitales para hacer frente a la crisis, como electricidad, agua potable y combustible. Además, la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi-2020), estudio realizado por universidades venezolanas, reveló que 93% de los hogares venezolanos presenta «pobreza de ingresos» y 41% pobreza crónica. La medición también determinó que 79,3 % de los hogares no puede comprar los alimentos básicos que requiere, y que 63 % de los venezolanos no ingiere la cantidad completa de calorías que necesita cada día, lo que ha generado preocupantes índices de inseguridad alimentaria y desnutrición.

Esta realidad, aunada al limitado acceso a la información y a la falta de políticas públicas eficaces y sostenibles en el tiempo, han dejado a los venezolanos prácticamente indefensos para afrontar la pandemia. Además, muchas de las medidas restrictivas y económicas ejecutadas por el gobierno de Maduro, a lo largo de este año, no han aliviado el devastador impacto de la crisis en el sector productivo y solo han servido para incrementar el control sobre los ciudadanos. Las acciones coercitivas, el confinamiento obligatorio en centros no aptos para tal fin (hoteles, iglesias o escuelas), especialmente en estados fronterizos como Táchira y Zulia, donde, según testimonios, muchos pacientes permanecían sin alimentos ni atención médica, han llevado a la población a evadir la supervisión de las autoridades y, en muchos casos, a guardar silencio sobre su situación de salud y optar por seguir “tratamiento” en su domicilio. 

Intereses e improvisación

La conflictividad política es otra variable del caso venezolano. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha criticado el uso de medidas de emergencia como “un arma para aplastar el disentimiento” y alertó sobre la “falta de transparencia” en las cifras proporcionadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Las persecuciones, amenazas y la censura a la prensa independiente, trabajadores de la salud, dirigentes opositores y hasta a las academias científicas que han alertado sobre el impacto real de la COVID-19, también se han multiplicado a lo largo de estos 12 meses. El país, que fue conducido en plena pandemia a un proceso electoral el 6 de diciembre para nombrar a una nueva Asamblea Nacional, ha estado inmerso en una sucesión de desaciertos y medidas improvisadas que parecen responder más a la agenda política de la administración central y el partido de gobierno, que a una verdadera preocupación por resguardar la salud de los venezolanos.

El más reciente capítulo de este drama llegó con las primeras 100.000 dosis de vacunas Sputnik V fabricadas en Rusia, de un total de 10.000.000 anunciados por el gobierno nacional. La campaña de inmunización contra la COVID-19, iniciada el 18 de febrero de 2021, incluyó a trabajadores sanitarios de centros piloto ubicados en Caracas, Miranda y Vargas; a militantes del oficialismo, diputados, policías, militares y otros funcionarios públicos. La población de alto riesgo como adultos mayores y enfermos crónicos no fue mencionada en esta primera fase. 

En este contexto, cobra relevancia la solicitud de información realizada por Transparencia Venezuela, toda vez que también se desconoce cuál es la población considerada prioritaria para el programa de aplicación de las 500.000 dosis del fármaco chino Sinopharm, que arribaron al país el lunes 1° de marzo. Tampoco se ha informado a los venezolanos en cuáles condiciones se hizo la negociación, si fue producto de un donativo o de un acuerdo de intercambio comercial entre ambos países. 

Lo cierto es que, a un año de la pandemia, además de la cuarentena, la opacidad y la censura son los rasgos distintivos de la emergencia sanitaria en Venezuela.

Transparencia Venezuela: Acceso a datos públicos es clave para garantizar la participación ciudadana
La iniciativa contempla un nuevo modelo de relación de los ciudadanos con sus autoridades y gobernantes

Con el patrocinio de numerosas entidades gubernamentales, organizaciones ciudadanas y empresas globales, en el Día Mundial de los Datos Abiertos de este año pondrá el foco en temas relacionados con el ambiente, el desarrollo igualitario, la creación de mapas abiertos y el seguimiento de los flujos del dinero público. En una veintena de países se desarrollarán eventos locales que utilizarán datos abiertos en las comunidades “para crear aplicaciones, visualizaciones, liberar datos o publicar análisis”, según la Open Knowledge Foundation, organización promotora de las actividades.

Para Transparencia Venezuela, es imposible hablar de democracia y participación ciudadana sin que exista transparencia y acceso a la información pública, sobre todo en el actual contexto de la pandemia global por COVID-19. Por ello, la organización se une a esta iniciativa que, por undécimo año consecutivo, convoca a las voluntades de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y empresas de todo el planeta. A través de campañas de exigencia a los poderes públicos nacionales, regionales y locales, se busca saldar la deuda que existe en el país por la ausencia de propuestas concretas para la implementación de la práctica de datos abiertos. 

A diferencia de la mayoría de los países de América Latina, donde se multiplican las experiencias de creación colectiva de políticas públicas a partir del acceso de los ciudadanos a los datos abiertos, en Venezuela no existen esfuerzos formales de instituciones gubernamentales que apunten en esa dirección. Ante esta realidad, como parte de proyecto de Gobierno Abierto que lleva adelante Transparencia Venezuela, hemos promovido acciones que resaltan la importancia de garantizar el acceso a datos de la gestión pública, para potenciar la participación de la sociedad. 

Más transparencia, menos corrupción

El impulso al rescate de la institucionalidad y la transparencia en la gestión pública, mediante la adopción del modelo de Gobierno Abierto, es el objetivo de la Acción 8 del Mandato contra la Corrupción que promueve la Coalición Anticorrupción, movimiento cívico nacional del que forma parte Transparencia Venezuela. A este proyecto se han sumado más de 840 organizaciones de distintos ámbitos de la sociedad civil, comprometidas con la construcción de una Venezuela íntegra y libre de corrupción. 

El acceso a datos abiertos es uno de los pilares de esta iniciativa que contempla un nuevo modelo de relación, multidireccional y colaborativa, de los ciudadanos con sus autoridades y gobernantes. De igual modo, el Gobierno Abierto plantea que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser requisitos indispensables en todos los actos y decisiones públicas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

Esta propuesta cobra relevancia en medio de la emergencia sanitaria global por COVID-19, cuando los Estados alrededor del mundo han adoptado acciones extraordinarias para contener la propagación del virus, entre ellas las compra a gran escala de insumos médicos, equipos de bioseguridad y vacunas con fondos públicos.

De acuerdo con la Carta Internacional de Datos Abiertos, suscrita desde 2015 por un gran número de gobiernos, grupos de la sociedad civil y organizaciones que proponen la transparencia activa como práctica fundamental en la gestión pública, la innovación democrática requiere del plano acceso a “datos digitales que son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar”.

Transparencia Venezuela presenta crónicas de una emergencia humanitaria
Siete historias retratan la devastación en Venezuela

Desde Transparencia Venezuela se han registrado suficientes evidencias para asegurar que la crisis humanitaria compleja que padecen los venezolanos es producto de la corrupción, por la que han sido señalados los más altos personajes del liderazgo político y los responsables del Estado venezolano.

Pero más allá de los datos, las cifras, las estadísticas, las infografías y los gráficos, está la cotidianidad, la diaria escasez y las carencias en la que el empobrecimiento y la devastación, producto de la corrupción, han sumergido a la población. Un drama exacerbado por la pandemia por COVID-19, que suma más vulnerabilidad e indefensión.

Crónicas de una Emergencia Humanitaria fue concebida para mostrar una visión más cercana de ese impacto de la corrupción en la vida diaria. Maruja Dagnino, nos cuenta en siete entregas cómo se está viviendo la corrupción en distintos lugares del país, luego de constatar directamente la situación y entrevistar a académicos, gremialistas, expertos y al venezolano común. 

“Esas crónicas son el resultado de testimonios que nos muestran cómo la corrupción afecta a la vida de las personas. Nos permiten evidenciar ese hilo invisible que hay entre la corrupción y la crisis humanitaria, a través de historias personales. En la búsqueda de casos concretos de víctimas, encontramos también una fotografía de cómo opera la pequeña corrupción. Historias de primera mano que exhiben cómo se trafica con el Clap, cómo opera la delincuencia organizada en las comunidades más vulnerables, o la corrupción en una empresa del Estado. Son unas historias perturbadoras, que nos ponen en contacto con la odisea cotidiana de vivir en Venezuela”, expresa Dagnino.

Por aquí todo bien, La Semilla del Mal, Al hospital se viene a morir, La frontera, violencia que calla, La salud está en cuarentena, Jugando a los guerrillos y Las formas del hambre dan voces a un médico, una escritora, una contadora exempleada de una empresa agrícola, una costurera, una defensora de derechos humanos perseguida por los colectivos en la frontera. “Son un coro de voces que juntos nos ayudaron a hilar estos tejidos que van del dolor a la impotencia, pero en las que siempre encontramos una profunda resiliencia, y eso a lo que se le suele llamar reserva moral”, dijo Dagnino.

Crónicas de una Emergencia Humanitaria es más que una investigación, es una propuesta literaria e histórica, que cuenta con ilustraciones realizadas por Ricardo Velásquez. 

Lee las siete crónicas en https://transparencia.org.ve/project/cronicas-de-una-emergencia-humanitaria/

Venezuela entre los cinco países más corruptos del mundo
Es considerado el país más corrupto del continente americano por el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)

Venezuela aumenta su percepción como país corrupto, mientras continúa descendiendo su calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), al registrar en 2020, año marcado por la pandemia mundial de COVID-19, unos escasos 15 puntos en una escala de 100.

En la evaluación anterior, el país obtuvo una puntuación de 16. Desde 2012, la nación suramericana cae en las posiciones, y ha pasado del puesto 165 al 176, para ubicarse entre los cinco países con más bajo desempeño, y tener la tercera calificación más baja. Además, Venezuela es percibido como el país más corrupto del continente americano.

La edición 2020 del IPC, difundida este jueves por Transparencia Internacional, clasifica a 180 países y territorios por sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, basándose en 13 evaluaciones y encuestas a expertos y empresarios. Utiliza una escala de cero (corrupción elevada) a cien (corrupción inexistente). Dinamarca y Nueva Zelanda encabezan este año el índice, con 88 puntos. Mientras, Siria, Somalia y Sudán del Sur están al final con 14, 12 y 12 puntos, respectivamente. Las otras dos peores calificaciones.

El IPC 2020 revela que la corrupción está socavando los sistemas sanitarios y contribuyendo al retroceso democrático en plena pandemia de COVID19. “La COVID-19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es una crisis de corrupción. Y no la estamos superando”, dijo Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional. “Hasta donde alcanza la memoria, ningún año ha puesto a prueba a los gobiernos como el que ha pasado, y aquellos que tienen los niveles más altos de corrupción han demostrado menor capacidad para afrontar el reto. Pero, incluso los países que ocupan los primeros puestos del índice tienen la obligación urgente de reconocer su papel en perpetuar la corrupción dentro y fuera de sus países”.

El informe apunta que la corrupción constituye una gravísima amenaza a la vida y al sustento de los ciudadanos, especialmente cuando se combina con una emergencia sanitaria. Existe una correlación entre la ausencia de corrupción en el sector público de un país y un mayor gasto en sanidad. Por otra parte, la corrupción también es generalizada en la contratación de material sanitario. Los países con los niveles más altos de corrupción también tienden a ser los más propensos a sufrir atropellos del estado de derecho y las instituciones democráticas durante la crisis de COVID-19.

Países estancados

Desde 2012, el punto de comparación más temprano en la metodología actual del IPC, 26 países han mejorado significativamente sus índices, incluidos Ecuador (39), Grecia (50), Guyana (41), Myanmar (28) y Corea del Sur (61). Mientras otros 22 redujeron sus puntuaciones, tomando en cuenta a Bosnia y Herzegovina (35), Guatemala (25), Líbano (25), Malawi (30), Malta (53) y Polonia (56).

Cerca de la mitad de los países llevan casi una década estancados en la misma posición dentro del índice, lo que sugiere que los esfuerzos de sus gobiernos para llegar a las causas primarias de la corrupción se han paralizado. Más de dos tercios tienen una puntuación por debajo de 50.

Transparencia ante nada

El pasado año trajo consigo desafíos a la integridad incluso en los países con las máximas puntuaciones, lo que demuestra que ningún país está libre de corrupción. Para mitigarla y afrontar mejor las crisis del futuro, Transparencia Internacional recomienda a todos los gobiernos:

-Reforzar las instituciones supervisoras de modo que los recursos lleguen a las personas que más los necesitan. Los organismos anticorrupción y las instituciones supervisoras necesitan contar con fondos, recursos e independencia suficientes para cumplir su cometido.

-Procesos de contratación abiertos y transparentes para combatir irregularidades, identificar conflictos de interés y garantizar precios justos.

-Defender la democracia y fomentar el espacio público a fin de crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan pedir cuentas a sus gobiernos.

-Publicar datos relevantes y garantizar el acceso a la información de manera accesible, puntual y fácil de entender.

 

Transparencia Venezuela exige investigación sobre fondos sospechosos en Suiza
Autoridades de Suiza identificaron cuentas bancarias con alrededor de 10.100 millones de dólares que presuntamente provienen de fondos públicos malversados en Venezuela

El escandaloso saqueo sufrido por el patrimonio público venezolano en las últimas décadas no tiene precedentes dentro del país y tampoco en naciones cercanas en épocas recientes. Cerca de un centenar de casos de corrupción con fondos del Estado venezolano están siendo investigados en la justicia de más de 21 países y recientes publicaciones sobre bancos suizos dan cuenta de la magnitud del desfalco que debe ser investigado exhaustivamente.

De acuerdo con el diario Le Matin Dimanche, citado por Bloomberg, las autoridades de Suiza identificaron en ese país varias cuentas bancarias con alrededor de 9.000 millones de francos (10.100 millones de dólares), que presuntamente provienen de fondos públicos malversados en Venezuela, una cifra que contrasta en gran medida con la emergencia humanitaria compleja que padece el país al menos desde 2015 y que ha disparado los índices de pobreza y desnutrición, al mismo tiempo que ha empujado a más de 5 millones de venezolanos a huir del país en la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Los medios señalan que desde que se abrieron las investigaciones, a finales de 2019, fiscales de Zúrich se enteraron de que personas cercanas al gobierno de Nicolás Maduro presuntamente tienen fondos en cientos de cuentas en unos 30 bancos. Lo que convierte a Venezuela en la mayor fuente de fondos sospechosos en los bancos suizos, según refieren los informes.

El uso de los bancos y empresas suizas para realizar operaciones sospechosas con fondos públicos venezolanos ha sido alertado desde fiscalías de otros países que abrieron investigaciones por corrupción en Venezuela en años recientes. En las fiscalías de Estados Unidos y España, por ejemplo, se han abierto causas por presunta corrupción en Bariven, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en las que se denuncia el lavado de dinero en Suiza.

La gravedad de los señalamientos y la magnitud del patrimonio público comprometido en estos casos demandan una investigación profunda que reúna el esfuerzo no solo del sistema de justicia de Suiza, sino también de los demás países por los que ha pasado el dinero de los venezolanos. Más aún en momentos como el actual cuando la emergencia por la propagación del Covid-19 hace a los venezolanos más vulnerables y urgen inversiones mayores para garantizar su seguridad.

Los venezolanos tienen derecho a saber quiénes son los involucrados en estas investigaciones, qué mecanismos fueron utilizados para desfalcar al Estado, qué instituciones públicas se vieron afectadas, qué investigaciones han sido iniciadas por el sistema de justicia venezolano y cuál es su estatus, desde dónde se realizaron las transferencias y cuál es el destino que se le ha dado a estos recursos.

Transparencia Venezuela exige que se desarrolle una investigación profunda, transparente que permita que se haga justicia, se derrote la impunidad y se conduzca a la recuperación de los fondos. Al mismo tiempo, insta a la recuperación de las instituciones dentro del país que permita el cumplimiento de los controles efectivos que eviten que se siga ocasionando este tipo de daños a la República.

Barrio Adentro pasó de programa bandera a un armatoste que aporta poco
A 17 años de su creación, su aporte luce insuficiente e ineficaz ante la magnitud de la emergencia humanitaria compleja que padece el país

El programa social Misión Barrio Adentro fue creado hace 17 años, durante el gobierno de Hugo Chávez, con el propósito de brindar atención primaria y preventiva en materia de salud a los habitantes de las comunidades más desasistidas del país, a través de consultorios populares construidos en cada zona, dotados con personal médico y de enfermería provenientes, en su mayoría, del convenio Cuba-Venezuela. Sin embargo, desde sus inicios, el proyecto que debería estar enfocado en la protección y cuidado de las poblaciones más vulnerables, ha estado empañado por la estrategia política, electoral, ideológica y de control social con el cual fue concebido y manejado. En estos años, la Misión ha atravesado múltiples facetas tanto en su organización como en su línea de acción: desde diversificación de los servicios ofrecidos (Centros de Alta Tecnología y Centros de Diagnóstico Integral), hasta reimpulso (suministro de medicinas, 100% cobertura), con el objetivo de garantizar su continuidad. No obstante, el aporte de la Misión a la salud de los venezolanos se ha ido desvirtuando con el tiempo y su aporte luce escaso, insuficiente e ineficaz ante la magnitud de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país producto de la corrupción, agravada ahora por la crisis sanitaria de COVID-19. 

Datos recabados por Transparencia Venezuela, desde 2003 hasta 2016, revelan que a la Misión Barrio Adentro le han sido asignados recursos económicos que superan los 34.000 millones de dólares. Este enorme presupuesto, que pudo ser destinado al fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud, fue dilapidado en estructuras que poco a poco han ido cerrando sus puertas y en la adquisición de fármacos de origen cubano que han sido cuestionados por la comunidad científica y médica venezolana. Dicha Misión, lejos de apoyar la labor de la red de atención existente, surgió para confrontar y se convirtió en instrumento político para la ideologización de las comunidades más humildes que dependen de sus servicios. 

Por otro lado, al igual que en las otras áreas de la gestión pública en Venezuela, la opacidad ha estado presente a lo largo de los 17 años que lleva el programa. No se conocen diagnósticos sociales comunitarios, seguimiento de indicadores, impacto real en la población y reducción de indicadores de salud. Tampoco hay rendición de cuentas y se desconocen las políticas diseñadas para garantizar el derecho a la salud en los centros creados por la Misión. En todo este trayecto ha habido una visibilización cuantitativa de la Misión que no se corresponde con la calidad de la atención que reciben los pobladores.

Revisión 

El enfoque de este programa de salud continúa siendo el de la medicina integral comunitaria, que si bien constituye un elemento importante en la prevención y tratamiento de enfermedades en un primer nivel, debe ir de la mano con la implementación de políticas públicas direccionadas al fortalecimiento de infraestructura pública de consultorios, ambulatorios y la red hospitalaria, de manera que los ciudadanos tengan acceso a la atención requerida para cada patología. Con la Emergencia Humanitaria Compleja y la declaración de pandemia por COVID-19, es poco o nada lo que esta Misión ha aportado al mejoramiento de la crisis sanitaria en Venezuela. La mayoría de sus consultorios se encuentran cerrados y los que están operativos no cuentan con personal médico venezolano capacitado, equipos, medicamentos e insumos. 

Ante esta realidad y dado el constante seguimiento, diagnóstico y análisis que ha realizado sobre las diferentes misiones sociales anunciadas y ejecutadas por el gobierno, Transparencia Venezuela propone que se haga una revisión a fondo y se reorganice el Sistema de Misiones, con énfasis en los vinculados a áreas sensibles como la salud y la alimentación. De igual modo, a los fines de optimizar su funcionamiento, plantea la revisión de la Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones; así como profundizar el monitoreo y evaluación del programa social e impulsar la construcción de un sistema de indicadores de gestión e impacto, registro y publicación de los centros de salud vinculados a la Misión, a objeto de tener información oportuna sobre su dirección, funcionamiento, presupuesto y organismos de dependencia. Por otra parte, se deben promover la descentralización y mayores mecanismos de contraloría social para velar por el correcto funcionamiento de este y otros programas sociales.