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Transparencia Venezuela propone derogación de decreto del Arco Minero para frenar devastación al sur del Orinoco
La zona representa el 12% del territorio nacional

En febrero de 2016, el gobierno firmó el decreto mediante el cual se creó el Arco Minero del Orinoco y autorizó la explotación de los 112.000 kilómetros cuadrados del área ubicada al sur del río más extenso del país. Esta franja, que abarca los estados Bolívar, Amazonas, Apure y parte de Delta Amacuro, representa cerca del 12% del territorio nacional y es, además, el hogar de cerca de 190 pueblos indígenas que confluyen en la Amazonia Venezolana. La extracción –en muchos casos ilegal- de la riqueza mineral que yace bajo el suelo de esta zona protegida no solo amenaza su gran biodiversidad, sino que ha provocado el desplazamiento de sus pobladores originarios que ven afectados su cultura y sus costumbres. En los últimos cuatro años, la devastación provocada por el extractivismo, la deforestación, la contaminación y las actividades criminales que rodean a la actividad minera, principalmente en la región guayanesa, ha sido denunciada por numerosas organizaciones civiles, ambientalistas, defensores de los derechos indígenas y académicos que ven con preocupación cómo el Arco Minero del Orinoco se ha convertido en un reflejo de la inmensa crisis que enfrenta el país. 

Esta realidad fue examinada durante el Espacio de Transparencia “Arco Minero del Orinoco vs Derechos de los pueblos indígenas”, realizado el 27 de agosto, a través de la plataforma Zoom. Las conferencias estuvieron a cargo del abogado y politólogo Vladimir Aguilar, quien es miembro del grupo de trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes (ULA); y el ingeniero Manuel Sánchez, coordinador de Investigación de Transparencia Venezuela, con la participación como moderadora de la periodista e investigadora de la organización María Fernanda Sojo, coordinadora de Oro Mortal, entre el crimen organizado, el ecocidio y la corrupción, estudio que retrata el horror que yace tras la extracción del oro. 

Un siglo de extractivismo

En su exposición, el profesor Vladimir Aguilar inscribió el tema en el contexto histórico del extractivismo como base del proceso de acumulación de capital que da pie a la corrupción. Según dijo, este fenómeno se inició hace 100 años con la explotación petrolera, pero se ha profundizado en las dos últimas décadas. “El extractivismo minero es la continuación del extractivismo carbonífero que comenzó al norte del Orinoco, pero el modelo económico sigue siendo el mismo”.

El experto señaló que el análisis del problema debe tomar en cuenta conceptos como fuentes de vida, recursos naturales y biodiversidad. “En los bosques están las mayores reservas de fuentes de agua y biodiversidad del planeta y, por ende, la mayor concentración de diversidad cultural. En la Amazonía es evidente ese fenómeno”. 

Aguilar definió el extractivismo como la explotación ilimitada de recursos naturales y, por ende, como la mayor amenaza a las tierras de los pueblos indígenas. “En ese proceso de explotación minera se vulneran los derechos al territorio, a la libre determinación y a la consulta previa que son los tres derechos consustanciales de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución y en los instrumentos jurídicos internacionales suscritos por Venezuela”. Enfatizó que la mayor concentración de pueblos indígenas que habitan en el país está al sur del Orinoco. “Posiblemente tengamos menos pueblos indígenas que otros países amazónicos, pero tenemos mayor diversidad lingüística. Al sur del Orinoco no está solo la mayor concentración de cultura, sino también de reservas energéticas y minerales”. 

De igual modo, dijo que no hay una correspondencia entre el desarrollo de políticas extractivas, la demarcación de territorio y la cosmovisión de las comunidades indígenas acerca de las fuentes de vida constituidas por el agua, el oxígeno, la biodiversidad y la diversidad cultural que existe en esos pueblos. “Lo que se impone,  además de la denuncia, son las acciones, qué podemos hacer y cómo podemos seguir acompañando esos procesos sociales”. Considera que el punto de partida del Arco Minero del Orinoco es la ausencia de demarcación del territorio indígena y de declaración de áreas protegidas. “Solo se ha declarado el Parque Nacional Cagua. Del resto no hay nada. Según cifras oficiales, tenemos demarcado solamente 12% de los territorios indígenas del país”.

Al respecto, sostiene que son claves los estándares incluidos en el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, aplicables a la Panamazonía. “El primero es el de la autoidentificación, cuáles son las poblaciones indígenas que en tiempos de pandemia están sobreviviendo y resistiendo al extractivismo que no ha parado al sur del Orinoco, por el contrario, se ha profundizado”. 

A juicio de Aguilar, el extractivismo, que conlleva lógicas de corrupción, contrabando o “corsarismo” como fundamento de una economía de frontera, se ha trasladado al resto del país. “Es un tema estructural. Las comunidades indígenas que han tenido que sucumbir ante la minería no lo han hecho por voluntad propia. Eran comunidades que se dedicaban al turismo, el problema es que el turismo se vino en picada y es prácticamente inexistente”. 

Oro manchado

Manuel Sánchez explicó que el foco de la propuesta en la que trabajan tanto Transparencia Venezuela como la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalurgia como salida está en un modelo de desarrollo que revierta el impacto socioambiental de la extracción minera en territorios donde conviven comunidades vulnerables, en particular las indígenas, y que éstas sean incluidas en esas estrategias de crecimiento armónico. 

“Los marcos legales de la explotación de los yacimientos minerales han convertido al Estado en el explotador exclusivo de las minas. Al igual que ocurre en sectores como el eléctrico, de alimentos y el de hidrocarburos, el Estado ha asumido un doble rol de operador también y regulador, es decir, se paga y se da el vuelto. Además, existe una debilidad institucional generalizada en cuanto a planificación, sistemas de comunicación, uso de mejores prácticas en el sector público y falta de transparencia. Además, existen incentivos que permiten la minería ilegal de grupos irregulares, principalmente en el estado Bolívar que es el territorio más grande que abarca el Arco Minero”, señaló.

Sánchez refirió que tanto el informe Oro Mortal, como el trabajo sobre Empresas Propiedad del Estado y el más reciente Crimen organizado y corrupción: un problema de Estado, publicados  por Transparencia Venezuela, dan cuenta de cómo la explotación minera  en Venezuela ha generado una devastación muy profunda de nuestros ecosistemas. “Gran parte de los 112.000 kilómetros cuadrados de superficie que abarca el Arco Minero del Orinoco ha sido tomada por los mal llamados sindicatos mineros y grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuya presencia hemos podido constatar en el estado Bolívar, donde controlan varias de las minas de oro de forma ilegal”.

Afirmó que un elemento que ha permitido que el Arco Minero sea tomado por estos grupos es el desplazamiento o cierre de empresas formales, debido a la inseguridad y la violencia presentes en la zona. “Tanto las megabandas como los seudosindicatos y los grupos foráneos (ELN) dominan la extracción de oro y, en algunos casos, de diamantes y coltán en los municipios Pedro Chien, Roscio, El Callao, Sifontes y Gran Sabana. Asimismo, cada vez existen más mujeres que se dedican a la minería ilegal y que muchas son víctimas de explotación sexual o las utilizan para el contrabando, el tráfico de drogas”.

Sánchez dijo que han determinado que entre 70% y 90% del oro que se extrae en el Arco Minero del Orinoco “sale de forma ilegal bajo la mirada cómplice del alto gobierno, incluso se ha señalado que participan familiares cercanos al entorno presidencial”. Refirió que entre 1998 y 2016, según un estudio de Econanalítica, cerca de 3.008 millones de dólares se perdieron, y para 2018 la cifra por contrabando de oro a través de vías áreas, por ríos, vía terrestre y algunas rutas fue de  2.700 millones de dólares.

Un cambio de modelo

Sánchez coincidió en que la extracción descontrolada afecta a las comunidades indígenas, las cuales no tuvieron ni voz ni voto en el desarrollo del Arco Minero del Orinoco. “Frente a este panorama, es fundamental que haya un cambio de modelo político. El foco del modelo que proponemos es que logremos que en el mediano y largo plazo una minería sostenible y moderna, que sea social y ambientalmente responsable, que produzca minerales con capacidad de participar de forma competitiva en los mercados internacionales y bajo una gestión descentralizada, que distribuya funciones, actividades y poderes fuera de la autoridad central”.

Para avanzar en estos cambios, considera clave que se logre la paz social, se garantice la seguridad y tranquilidad de las comunidades indígenas y de las empresas que operen en la zona. “También es indispensable que haya gobernanza y transparencia, rendición de cuentas, que se utilice tecnología de punta que respete el medio ambiente, y que se promueva la inversión del sector privado en los procesos de extracción y producción.

La hoja de ruta propuesta, que incluye la derogación del decreto mediante el cual se creó el Arco Minero del Orinoco, abarca tres fases. En primer lugar, la revisión de los modelos de gestión, conformación de un equipo de expertos y la participación activa en la consulta y aprobación de la nueva Ley de Minas que está en discusión. La segunda etapa, que denominó de transición, contempla la reestructuración de la institucionalidad minera, la creación de una agencia nacional autónoma para el sector y el establecimiento de programas de cooperación con países y organismos internacionales; así como el diseño e implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas. 

La última fase de la propuesta  conlleva la definición de las políticas de industrialización y transformación productiva para que la industria minera se convierta en  el eje de la diversificación de la economía venezolana. “Que no sea un paliativo para tapar la caída del ingreso y la producción petrolera, sino que sea parte de la estrategia de desarrollo económico del país”.

Transparencia Venezuela: El país está sin transporte público, pero lleno de cementerios Yutong
Imágenes satelitales de estacionamientos de buses en diversos puntos de la geografía venezolana reflejan la insostenibilidad de los acuerdos con Yutong

 

El flujo de fondos desde China hacia Venezuela no se tradujo en desarrollo económico ni en servicios públicos eficientes para los venezolanos. Para muestra, un botón: el caso de los yutong. La empresa de autobuses de China Yutong Hong-Kong Ltd., se posicionó como principal proveedora del Gobierno nacional, luego de que en 2010 se aprobara el acuerdo de financiamiento entre China y Venezuela, conocido como Fondo Gran Volumen Largo Plazo.

Como parte de este convenio, el Banco de Desarrollo del país asiático hizo dos desembolsos, uno por US$ 10.000 millones y otro en yuanes renminbi de 70.000 millones (aproximadamente US$ 10.250 millones), pagaderos con envíos de crudo desde la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a China National United Oil Corporation (Cnuoc).

Yutong Hongkong Ltd. fue una de las beneficiarias de la condicionalidad arraigada, requisito exigido por el país asiático para otorgar los préstamos. La exigencia consistía en contratar sus empresas y mano de obra, utilizar su tecnología, y comprar sus insumos. Por esta razón, otorgar un préstamo en la moneda local del país facilitaba las transacciones.

El Gobierno venezolano, a través Ministerio del Poder Popular para el Transporte, suscribió cuatro acuerdos con Yutong, desde 2011, para la importación de 4.716 unidades de autobuses armadas y de otras 2.600 semi ensambladas.

Además, los acuerdos incluían el apoyo de la empresa para la puesta en funcionamiento de un sistema de transporte inteligente, suministro de repuestos, capacitación de personal, transferencia tecnológica y la conformación de una empresa mixta para el ensamblaje de los autobuses en Venezuela.

A la par de la importación masiva de autobuses, se crearon empresas propiedad del Estado para atender el sector transporte. Entre ellas se encuentran Transmonagas, Bus Trujillo, Bus Mérida, Transbar C.A. (Lara) y Transtáchira. Por otro lado, el sistema Trolebús de Mérida administrado por la empresa Tromerca, cuya principal bondad era el uso de energía eléctrica para una movilidad más amigable con el ambiente, dejó de usar las unidades de Mercedes Benz que tenían sistema dual de energía, sustituyéndolas por unidades de Yutong que no lo tenían. 

Sin embargo, en 2019 una publicación oficial señaló que, en todo el territorio, estaban activas 1.600 unidades de transporte Yutong. Es decir, solo 23% de los autobuses adquiridos. Por otro lado, se indicó que se proponían reparar 2.000 buses inactivos. Imágenes satelitales de estacionamientos de buses en diversos puntos de la geografía venezolana reflejan la insostenibilidad de los acuerdos con Yutong. El marcado déficit del servicio de transporte en las principales ciudades de Venezuela también es una expresión de este acuerdo fallido.

 

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Transparencia Venezuela: Negocios chinos, acuerdos que socavaron la democracia 
La investigación develó que la relación entre China y Venezuela dejó ganancias y pérdidas para el país asiático y un balance negativo para la sociedad venezolana

 

Transparencia Venezuela analizó la relación económica y política entre China y Venezuela, desde 1999 hasta 2019, para desentrañar el impacto que tuvo el flujo de capitales de China en la institucionalidad democrática y en la gestión pública venezolana, sin control del Parlamento o la Contraloría General de la República, instancias que debieron garantizar acceso a la información pública y rendición de cuentas; y sin la actuación  del sistema de justicia, que debió sancionar los incumplimientos a la legislación venezolana vigente en el marco de los acuerdos contraídos.

Negocios chinos, acuerdos que socavaron la democracia devela cómo se aplicó en Venezuela la estrategia china de expansión, Going Global Policy, y las exigencias que existieron para los préstamos, la inversión extranjera directa y las donaciones.

La investigación mostró que, en América Latina, Venezuela fue la gran receptora de préstamos comerciales, con más de US $ 62.600 millones que representan 45% del total entregado a la región entre los años 2000 – 2019. Solo a través del Fondo Conjunto Chino Venezolano y del Fondo Gran Volumen Largo Plazo se recibieron US$ 50.240 millones, de los que se debían US$ 16.731 millones para finales de 2019, cifra que casi triplica las reservas internacionales de Venezuela para julio de 2020.

La relación entre China y Venezuela dejó ganancias y pérdidas para el país asiático y un balance negativo para la sociedad venezolana. En los haberes, se cuentan: decadencia en la industria petrolera, la principal del país, y de la actividad económica en general; fracaso de proyectos conjuntos que afectaron el acceso a servicios esenciales, asimetría en los mercados, en contra de empresas y trabajadores nacionales; reprimarización de la economía y una crítica situación en las finanzas públicas.

Para vencer la opacidad que ronda los vínculos entre Venezuela y China, se hizo una amplia revisión de trabajos científicos, periodísticos, bases de datos, publicaciones oficiales de ambas naciones y fuentes extraoficiales. Además, se realizaron entrevistas a expertos, académicos y consultores, así como a líderes empresariales. 

La data permitió hacer una cronología de los intercambios entre los países, documentar dos casos de empresas mixtas chino-venezolanas, elaborar un listado de proyectos fallidos y hacer una valoración de la experiencia, considerando el contexto institucional y su paulatino deterioro en el tiempo, como determinante de los resultados en la gestión de los fondos y en la gobernanza. 

 

*Vea el informe completo AQUÍ

Transparencia Venezuela | Corrupción, pandemia y restricciones gubernamentales: grandes retos para la asistencia humanitaria
Desde antes de la llegada de la COVID-19, numerosas agencias y organismos internacionales con presencia en el país adelantan esfuerzos para mitigar el impacto de la emergencia humanitaria compleja en la población vulnerable

La celebración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria coincide con uno de los momentos más complejos para el planeta, en lo que va de este siglo. La fecha, instaurada en diciembre de 2008 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para honrar a los trabajadores humanitarios, cobra relevancia en el contexto de la emergencia sanitaria global provocada por la propagación de la COVID-19. La pandemia se ha convertido en la peor amenaza para la salud, la economía y la estabilidad social en el mundo.

En medio de esta catástrofe, organismos internacionales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Cruz Roja y la Unión Europea, entre otras, han activado mecanismos de respuesta humanitaria, sin precedentes, para las poblaciones más vulnerables. Estos esfuerzos implican la movilización de inmensos recursos económicos y de personal humanitario hacia las naciones receptoras de la ayuda.

De acuerdo con cifras de la ONU, los trabajadores humanitarios han tenido que sortear obstáculos para mitigar las crisis en 54 países, así como en otros 9 que han sido catapultados a la necesidad humanitaria por la pandemia. Este año, el principal reto que deben superar las operaciones humanitarias es la falta de acceso y las restricciones impuestas por los gobiernos de todo el mundo, así como los riesgos de corrupción en los procesos de ayuda. Esto ha provocado que en primera línea de respuesta se encuentren las propias comunidades, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales locales.

 

Sin embargo, el caso Venezuela es aún más desafiante. Desde 2015, el país enfrenta una emergencia humanitaria compleja como consecuencia del patrón de gran corrupción identificado en diversos estudios de Transparencia Venezuela. Esta realidad compromete derechos humanos esenciales como la alimentación, salud, educación y acceso al agua. Reportes de organismos internacionales han señalado que más de 9,3 millones de venezolanos están en situación de hambre como resultado de inadecuadas políticas públicas y fracturas institucionales. Expertos han advertido que las medidas adoptadas por el Estado para mitigar la crisis han sido insuficientes y se espera que en los próximos meses la inseguridad alimentaria y la desnutrición revelen cifras alarmantes.

De igual modo, el impacto de la emergencia sanitaria ha evidenciado la destrucción del sistema de salud, lo que ha causado la reaparición y propagación de epidemias erradicadas décadas atrás y miles de muertes en creciente ascenso. Por otra parte, más de 5 millones de venezolanos han salido del país para escapar de la crisis. Este desplazamiento humano, considerado el segundo más grande del mundo y el primero de América Latina, constituye en sí mismo otra tragedia sobre la que la comunidad internacional ha puesto la mirada.

Manos solidarias

ACAPS, organización independiente que agrupa a analistas de necesidades humanitarias fundada por Save the Children y el Consejo Noruego para Refugiados, catalogó a Venezuela de “inaccesible” en cuanto a la capacidad para llegar a las personas afectadas por la crisis, así como a la capacidad de la población afectada para acceder a la asistencia.

Según un informe de 2018, “el gobierno no reconoce la escala de las necesidades humanitarias en Venezuela y no permite que la mayoría de las agencias humanitarias y la ayuda lleguen al país”. Sin embargo, numerosas organizaciones han solicitado fondos, gestionado ayuda, movilizado personal y contratado agencias locales y voluntarias para asistir a los venezolanos en situación vulnerable. Estas iniciativas se han extendido a ambos lados de las fronteras con Brasil y Colombia, donde la respuesta humanitaria se ha hecho insuficiente ante el impacto que ha tenido la pandemia en quienes permanecen en otros países sin trabajo y, por ende, sin acceso a vivienda, salud y educación.

Desde antes de la llegada de la COVID-19, ya estaban presentes en Venezuela misiones de diferentes agencias para brindar asistencia humanitaria. Destacan los esfuerzos del personal de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cuya oficina abrió sus puertas en 1991 para cumplir una labor de enfoque comunitario.

Por su parte, Acnur trabaja en 74 comunidades priorizadas de todo el territorio nacional, con el apoyo de 350 promotores comunitarios, comités y redes de jóvenes y mujeres. En 2020, la agencia mantiene su presencia en las zonas fronterizas con Colombia y Brasil, ampliando su intervención en zonas en tránsito hacia otros países. Con el lanzamiento, a mediados de 2019, del Plan de Respuesta Humanitaria en Venezuela, la agencia ha asumido un nuevo rol que amplía el alcance de sus operaciones y el número de sus beneficiarios en el país.

También realiza labores de asistencia a la población vulnerable del país el personal de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), así como representantes de la OEA, la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO), la Cruz Roja Internacional, la OPS y la Unicef, entre otras. Además de decenas de organizaciones locales como Fe y Alegría y Cáritas Venezuela. Mención aparte merece la misión de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que, si bien cumple funciones de observación en materia de vulneración de derechos humanos, es un actor fundamental para visibilizar la actuación del Estado y el impacto de la corrupción.

Pandemia y riesgos de corrupción

Durante un reciente foro auspiciado por Transparencia Venezuela, Karen Hussmann, directora del proyecto de Transparencia y Anticorrupción de la Unión Europea, señaló que, aunque indignante, la asistencia humanitaria es víctima de corrupción en muchos países y que no ha sido distinto en las respuestas a la COVID-19. Según dijo, desde 2010 hasta 2020 la ayuda a escala global pasó de 16.000 millones de dólares a 28.000 millones de dólares.

“Es mucho dinero que se está gestionando. Muchos de los países en que se concentra la entrega de ayuda humanitaria tienen altísimos riesgos de corrupción. Por otro lado, las presiones de tiempo para entregar la ayuda no permiten aplicar todas las medidas de prevención. Todo ello aumenta considerablemente los riesgos de corrupción”.

 

En ello coincidió Pablo Torrealba, jefe de la oficina de ECHO en Caracas, quien mencionó como eventos de corrupción más comunes en este contexto el sobreprecio en las compras, aumentar falsamente el número de beneficiarios para recibir más fondos y el uso de la ayuda humanitaria con fines políticos. “Nos preocupan los esquemas de corrupción en el contexto de la ayuda humanitaria porque reducen el derecho a recibir cierta ayuda a la población que sufre por un evento natural o causado por el ser humano. Cualquier acto de corrupción tiene implicaciones directas en la capacidad de llegarle a la gente”.

Susana Raffalli, nutricionista y asesora de respuesta humanitaria de Cáritas para Venezuela, considera que todos los elementos que propician la corrupción en contextos de ayuda humanitaria están activos en el país. “Es más factible en Estados frágiles en los que la institucionalidad y los marcos de regulación no existen o son letra muerta; donde la corrupción es un hecho común o lo damos por normal y cuando la confianza en el sistema se debilita”.

También, Raffalli alertó sobre los riesgos adicionales que supone la pandemia, pues se trata de “una emergencia en emergencia”, a los que se sumaría la campaña ante un eventual proceso electoral convocado para diciembre, pues “crean el terreno perfecto para que el Estado venezolano comience a utilizar la ayuda humanitaria que llega al país con fines proselitistas”.

Agregó que las recomendaciones aceptadas universalmente para disminuir los riesgos de corrupción en ambientes de ayuda humanitaria incluyen mapear los riesgos en cada etapa; divulgar información sobre la ayuda que se va a entregar de forma transparente a los socios y beneficiarios; disponer en los espacios de distribución de ayuda mecanismos de administración de quejas y denuncias; abrir el debate sobre la corrupción; división de funciones para el monitoreo interno; contratar monitoreos independientes y dar cabida a la auditoría ciudadanas.

Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, coincidió en que la ayuda humanitaria está en riesgo permanente de perderse y no llegar al beneficiario, al que más lo necesita, por lo que urge darle interés prioritario al análisis de esos riesgos que se incrementan por el sentido de urgencia. Destacó que cuando un país requiere ayuda humanitaria es porque tiene destruido o casi nulo el sistema institucional, de manera que es mucho más necesario que la asistencia tenga esos sistemas de control y contrapesos.

De Freitas exhortó a invertir en sistemas anticorrupción y fomentar la separación de poderes, el registro riguroso de cada decisión, personas involucradas en la asistencia y beneficiados, así como la rendición sobre la base de los resultados. Estas recomendaciones serán claves de lograrse la meta propuesta por el nuevo Plan de Respuesta Humanitario para Venezuela 2020, lanzado a mediados de julio por OCHA, que solicita a la comunidad internacional de donantes 762,5 millones de dólares, el triple del año pasado.

 

Además de rendir tributo a los trabajadores humanitarios, garantizar que los recursos no se desvíen y que lleguen a quien más los necesita debe ser la consigna de este Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. De igual modo, se debe garantizar la protección y seguridad a quienes arriesgan su vida, en la primera línea de batalla en medio de la pandemia por COVID-19, para socorrer y contribuir a mitigar las necesidades que sufren de millones de personas alrededor del mundo producto de conflictos armados, catástrofes naturales o causadas por la mano del hombre, como es el caso de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela debido a la corrupción.

Devastación del Arco Minero del Orinoco es reflejo de la inmensa crisis en Venezuela
Un informe de Transparencia Venezuela constató que el negocio aurífero está manchado de sangre y viciado de prácticas, como el contrabando del mineral y del combustible, la trata de personas, el tráfico de drogas y armas

El proceso de devastación del Arco Minero del Orinoco es reflejo de la inmensa crisis institucional, social y moral que existe en Venezuela. La corrupción ha socavado todas las estructuras de poder. El vehemente  arrase de la zona se ha expresado de maneras nunca vistas. La reciente publicación sobre la  Situación de la Amazonía venezolana en tiempos de pandemia, informe diagnóstico y propuestas para la Asamblea Mundial Amazónica, Julio 2020, es esclarecedor. “La crisis ha profundizado los impactos socioambientales que se viven en la región amazónica, entre los que se cuentan una intensa deforestación, contaminación y desviación de los cuerpos de agua, procesos de sedimentación, pérdida de biodiversidad, entre otros”, dice el reporte.

Pero los hechos pueden ser más crudos, según revela la investigación publicada por Transparencia Venezuela, en diciembre de 2019, sobre el Arco Minero. El informe  constató que “el negocio aurífero al sur del país está manchado de sangre y viciado de las más ilícitas prácticas, como el contrabando del mineral y del combustible, la trata de personas, el tráfico de drogas y armas, entre otros”.

El Espacio de Transparencia Arco Minero del Orinoco vs. Derecho de los pueblos indígenas, destrucción y corrupción pretende exponer y analizar el fenómeno del proceso de devastación y corrupción del AMO y la situación de los pueblos indígenas que confluyen en la Amazonia Venezolana, este 27 de agosto a las 10 de la mañana.

De acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los pueblos indígenas gozan de reconocimiento constitucional. Sin embargo, las consecuciones han sido totalmente distintas. Los derechos de los pueblos indígenas se han quebrantado sustancialmente en los últimos 20 años.

Ante los nuevos retos impuestos por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, Transparencia Venezuela ha creado el canal Espacios de Transparencia, una serie de eventos virtuales para informar, analizar, discutir, conversar con especialistas, debatir opiniones de líderes y referentes mundiales, y llegar a las audiencias con los temas que le son propios: casos y responsables de la corrupción, justicia transparente, participación ciudadana, presupuesto, rendición de cuentas, gobierno abierto, acceso a la información, transparencia, gestión y finanzas públicas, datos abiertos, verificación de información y fact-checking

Esperamos que nos acompañen en este nuevo encuentro, a través del siguiente enlace:https://zoom.us/webinar/register/WN_7eCYKT2sSrmY3YU617omZw

Falta de acceso a la información pública obstaculiza el control ciudadano sobre la gestión pública
En Venezuela, y en otros países sin regulación expresa del acceso a la información pública, no existe una normativa sobre la protección de datos

La opacidad y la falta de acceso a la información pública obstaculizan el control institucional y ciudadano sobre la gestión pública, promoviendo la corrupción y la impunidad. En Venezuela, y en otros países sin regulación expresa del acceso a la información pública, tampoco existe una normativa sobre la protección de datos. Mas, en un contexto de numerosos programas sociales, que exigen la información personal de los ciudadanos y sus familiares cercanos, como el Carnet de la Patria, debe haber la regulación que provea de garantías a las personas sobre los datos que allí descansan. La circunstancia se ve agravada con el Estado de Alarma decretado en Venezuela, por la declaratoria de la pandemia por COVID-19, en el que los datos personales de quienes son atendidos por presentar síntomas o por resultar contagiados por el virus, puede ver lesionada su intimidad y ser expuesto a la discriminación, exclusión o criminalización.

Privacidad en los Estados de Alarma y la protección de datos en tiempos de COVID-19 es el Espacio de Transparencia que, el próximo jueves 23 de julio a las 11:00 a.m.,  analizará los elementos necesarios para desarrollar una adecuada protección de datos personales, como deberes correlativos al acceso a la información pública, con especial énfasis en tiempos de COVID-19. 

La sesión contará con la participación de Pablo Schiavi, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Consultor Asesor Corporativo de la organización Data Privacy; y Marianne Díaz Hernández, abogada narradora e investigadora en la intersección de derechos humanos y tecnología, quienes estarán acompañados por Jesús Urbina, coordinador de Transparencia Venezuela y moderador del evento virtual; y por Mauricio Pernía-Reyes, también coordinador de Transparencia Venezuela como presentador de esta actividad. 

Espacios de Transparencia es la serie de eventos virtuales, promovida ante la pandemia por COVID-19, para informar, analizar, discutir, conversar con especialistas, debatir opiniones de líderes y referentes mundiales, y llegar a las audiencias con los temas que nos son propios: casos y responsables de la corrupción, justicia transparente, participación ciudadana, presupuesto, rendición de cuentas, gobierno abierto, acceso a la información, transparencia, protección de datos gestión y finanzas públicas, datos abiertos, verificación de información y fact-checking.

Critican a Bachelet por su abordaje sobre la corrupción en Venezuela
El Grupo de Trabajo Contra la Impunidad en Venezuela alerta que, en el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 2 de julio de 2020, no se analiza el espectro de consecuencias corrosivas que la corrupción genera sobre los derechos humanos y el Estado de derecho

El Grupo de Trabajo Contra la Impunidad en Venezuela envió una nueva carta a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que manifiesta su preocupación por el abordaje que realiza el organismo sobre el tema de la corrupción en el país y sus devastadores efectos en la calidad de vida de los ciudadanos.

El grupo de trabajo alerta que, en el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentado el 2 de julio de 2020, no se analiza el espectro de consecuencias corrosivas que la corrupción genera sobre los derechos humanos y el Estado de derecho, así como las amenazas que representa a la seguridad humana en Venezuela. En el texto, solo se hace una ligera referencia a la corrupción, en cambio, se hacen 12 menciones a las sanciones internacionales y sus efectos en el país.

“En los últimos 20 años, la corrupción en Venezuela se ha exacerbado de forma exponencial. Estudios de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional alertan sobre una pérdida de más de US$ 350.000 millones en este período. La justicia venezolana se ha negado a investigar y procesar dichas alegaciones y estas se encuentran en un contexto de total impunidad (…) A pesar de todo esto, el informe de su Oficina no incluye datos sobre la envergadura de la corrupción en el país y se limita a mencionar, en una oportunidad, la corrupción del sector petrolero”.

Las preocupaciones señaladas en la carta fueron compartidas con la oficina de la Alta Comisionada previamente. El 4 de julio de 2019 el mismo grupo de trabajo envió una carta dirigida a Bachelet sobre la temática.

El grupo de trabajo reitera su intención de dialogar con Bachelet o sus representantes sobre las preocupaciones señaladas, así como explorar formas de colaboración para un trabajo futuro.

Esta es la carta enviada a Bachelet

Sala Constitucional ha intervenido ocho partidos en ocho años
En menos de 24 horas expropió los partidos Primero Justicia y Acción Democrática

El chavismo no cesa en sus intenciones de crear una oposición a la medida. Así en menos de 24 horas ha entregado las riendas de dos de los principales partidos opositores, Primero Justicia y Acción Democrática (AD), a dirigentes que han mostrado su disposición a colaborar con los planes del oficialismo de celebrar elecciones legislativas a finales de 2020 a como dé lugar.

Con sus sentencias número 0071 y 0072, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia elevó a ocho el número de toldas que intervenido desde el año 2012.

El 15 de junio de 2020, la instancia intérprete de la Carta Magna anunció que le entregaba al actual secretario nacional de organización, Bernabé Gutiérrez, las riendas del partido blanco para que lo “reestructurara” y suspendió a la directiva que hasta ahora gobernaba la organización y que estaba encabezada por Isabel Carmona, así como por el diputado Henry Ramos Allup, quienes fungían como presidenta y el secretario general, respectivamente.

“Dicha Mesa Directiva ad hoc podrá utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de la organización con fines políticos AD”, se lee en el dictamen redactado por el presidente de la Sala, magistrado Juan José Mendoza; y en el que, además, se dejaron sin efecto las sanciones impuestas por los anteriores directivos, incluida la expulsión del propio Gutiérrez.

Pese a que contenido en extenso del fallo no ha sido publicado, y por lo tanto se desconocen las razones que esgrime la Sala Constitucional para intervenir a AD, Gutiérrez reveló que la decisión respondería a la negativa “autoritaria” de Ramos Allup a participar en los comicios para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional (AN), que deberían realizarse a finales de 2020.

“No se puede desconocer la decisión tomada a principios de 2020 por la dirigencia del partido, en el sentido de participar en las próximas elecciones (…) cuando llega el momento de demostrar la fuerza de AD, entonces la Secretaría General informa, cual caudillo de montonera, que AD no va a elecciones. La respuesta hoy es que AD sí va a participar en las próximas elecciones parlamentarias y otros eventos electorales por venir con nuestra gloriosa tarjeta blanca”, se lee en el comunicado que Gutiérrez publicó el 16 de junio.

En el mismo texto, el impuesto líder adeco afirma: “Después de muchos años de dictadura se abren las compuertas de la democracia interna, del derecho a opinar, del derecho a disentir de las autoridades nacionales, seccionales y municipales, sin temor a ser expulsado o ser víctima del método de la autoexclusión, mecanismo perverso de control absoluto del poder por parte de la Secretaría General, que fue mutilando el ascenso natural de valiosos dirigentes de AD”.

Ninguno de los diputados de la bancada de AD en el Parlamento, ni ninguna seccional regional o municipal ha reconocido a Bernabé Gutiérrez.

A la medida

Menos de 24 horas después, la Sala Constitucional atacó a otro partido, en esta ocasión a Primero Justicia. En su sentencia 0072 le entregó las riendas de la organización al cuestionado diputado José Brito, a quien le otorgó los símbolos y bienes de la tolda aurinegra; mientras que suspendió a la actual directiva.

Brito fue uno de los otrora legisladores opositores que el 5 de enero de 2020 respaldó, junto al chavismo, el intento por imponer a Luis Parra en presidente de la AN. Pero además ha sido señalado por sus colegas, y por denuncias de medios de comunicación, de estar involucrado en una operación  denominada “Alacrán”, destinada a lavar ante gobiernos extranjeros la imagen del ahora detenido Álex Saab, acusado de ser el presunto testaferro de Nicolás Maduro, y de otros empresarios de su círculo.

En 2019 la Sala Constitucional volvió a designar otra directiva temporal de Copei, la segunda desde que en 2015 interviniera a esa histórica organización.

Precisamente en 2015, previo a los comicios legislativos que se celebraron ese año, los magistrados de esta sala arremetieron contra más formaciones opositoras. Solo ese año se inmiscuyó en los asuntos internos del Movimiento Integridad Nacional (MIN), de Bandera Roja y del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), organización que por esas épocas comenzó a disentir del Gobierno.

Sin embargo, esta política se remota al 2012, cuando el TSJ arrebató Podemos y Patria Para Todos (PPT) a sus entonces directivos. La maniobra permitió al chavismo tener dos tarjetas más con la cara del fallecido Hugo Chávez en el tarjetón electoral utilizado en las elecciones presidenciales de ese año. Podemos, por ejemplo, había anunciado su respaldo al opositor Henrique Capriles Radonsky, pero un recurso interpuesto por el exgobernador de Aragua, Didalco Bolívar, permitió al máximo juzgado mantener a la tolda dentro del llamado Gran Polo Patriótico.

La estrategia del chavismo ha supuesto un duro golpe al pluralismo político en Venezuela y ha disminuido la posibilidad a los venezolanos de tener una oferta electoral plural y diversa, denunció el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, en un informe publicado en 2018. “El régimen madurista ha logrado, con estas acciones, conformar un panorama en el que los partidos afines al Gobierno Nacional mantienen su vigencia y los que se oponen son eliminados o anulados, bien sea a través de intervenciones del TSJ, o por acciones del propio Consejo Nacional Electoral y de la Asamblea Nacional Constituyente”, se advierte en el reporte.