Transparencia Venezuela, autor en Runrun

Transparencia Venezuela

Millones de dólares en efectivo les ofrecieron a los diputados con la Operación Alacrán
El diputado Alfonso Marquina denunció a su colega José Gregorio Noriega

 

Hasta dos millones de dólares en efectivo les ofrecieron a diputados de oposición para evitar que votaran por la reelección de Juan Guaidó en la presidencia de la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2020, afirmó el parlamentario Alfonso Marquina, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico.

En una entrevista realizada este lunes 20 de enero por el periodista Román Lozinski, Maquina dio nuevos detalles del intento de soborno que supuestamente le realizó el diputado José Gregorio Noriega para comprar su voto.

Marquina explicó que los acercamientos de la denominada Operación Alacrán a los diputados empezaron en diciembre de 2019. Por un lado les ofrecían una cantidad de dinero y por otro los amenazaban con violación de la inmunidad o desaparición forzada, como pasó con el diputado Gilber Caro, del que no se sabe desde el 20 de diciembre de 2019.

Cuando se empezó a conocer las intenciones del gobierno de Nicolás Maduro para comprar diputados, todos los partidos opositores empezaron a investigar sobre la operación, para ver cómo funcionaba y qué tan ciertos eran los rumores.

El 11 de diciembre después de una reunión de todos los diputados opositores, Noriega le mandó un mensaje a Marquina diciéndole que quería hablar con él. Marquina al sospechar de qué se trataba, le dijo a Juan Guaidó: “presidente pareciera que el alacrán me quiere picar”.

Desde ese instante, tomaron la decisión de buscar la forma de ir a la reunión con Noriega y tratar de sacar información para saber quiénes eran los operadores, quiénes la dirigían y a cuáles diputados consideraban “vulnerables”.  

Marquina dijo que se reunió con Noriega el jueves 12 de diciembre en un “conocido y costosísimo” hotel de Caracas, en el que Noriega estuvo hospedado todo el mes de diciembre.

Según Marquina, durante la conversación, Noriega lo amenazó y le dijo que en cualquier momento los operadores de la trama podían sacarlo del juego. “No sé a qué se refería con ese término, si era desaparición física, o una amenaza al allanamiento de la inmunidad parlamentaria”, dijo el diputado.

Cuando Marquina confirmó que lo estaban intentando sobornar decidió empezar a grabar la conversación. El diputado aprovechó que a Noriega lo llamaron para activar el grabador de su celular y esconderlo en la chaqueta de su traje que estaba en una silla aparte. Esta grabación fue la que se hizo pública el viernes 17 en una rueda de prensa.

En la reunión, Marquina preguntó quién estaba dirigiendo la operación, pues presumía que se trataba de Tareck El Aissami, vicepresidente de economía. “No, es el propio Nicolás”, dijo Noriega y afirmó que la noche anterior se había reunido con él.

Noriega detalló que los diputados que estaban formando parte de la Operación Alacrán habían pedido US$ 1.200.000, pero el gobierno les propuso US$ 500.000, sin embargo supuestamente llegaron a un acuerdo de US$ 700.000.

Marquina dijo que además del dinero le ofrecieron darle la presidencia de la Comisión de Finanzas y la oportunidad de escoger al secretario de la cámara. Explicó que le dijeron que no podía formar parte de la junta directiva principal de la Asamblea Nacional pues el gobierno no le tenía confianza suficiente para ofrecerle ese cargo.

Detalló que Noriega le dijo que de los US$ 700.000 que le darían por su voto, US$ 150.000 serían entregados en ese momento. El resto del dinero lo recibiría a partir del 2 de enero, en el lugar que él quisiera.

Marquina también añadió que durante la conversación Noriega aseguró que había 30 diputados a quienes veían como objetivos en la operación y a los que iban a dirigir todo los esfuerzos.

Días previos a la instalación de la Asamblea Nacional, la oferta de sobornos hacia los diputados fue aumentando hasta llegar a US$ 2.000.000. Por eso los partidos políticos decidieron trasladar a todos los diputados a Caracas y hospedarlos en el Hotel Paseo Las Mercedes.

Transparencia Venezuela y UCV firmaron convenio en materia de anticorrupción
Ambas instituciones gestionarán programas y proyectos de gestión pública en derechos humanos.

 

Transparencia Venezuela y el Sistema de Actualización Docente del Profesorado (Sadpro) de la UCV, adscrito al Vicerrectorado Académico de la máxima casa de estudios del país, firmaron un convenio de cooperación en materia de capacitación anticorrupción, que se adelantará a través de su plataforma Campus Transparencia, en el lapso de un año prorrogable.

Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, y Jorge Luis Altuve director del Sadpro, acordaron la colaboración de ambas instituciones en la promoción, difusión y gestión de programas y proyectos, presenciales y a distancia, relacionados con la formación, capacitación, adiestramiento, actualización, intercambio académico y científico y consultoría a nivel profesional, a través del diseño y ejecución de labores de capacitación, consultoría y eventos académicos en beneficio de las partes, en temas vinculados a información, data y corrupción; gestión pública transparente; estrategias anticorrupción, corrupción y derechos humanos.

A partir de la firma del convenio los programas y proyectos educativos contenidos en Campus Transparencia, estarán dirigidos, además de su público objetivo, a la comunidad de personas de Venezuela y otros países, sean éstos personas, grupos o entidades, con o sin fines de lucro, y deberán contar con el aval de la jefatura de Docencia de Sadpro-UCV a fin de recibir el aval académico correspondiente.

En el marco del acuerdo, Transparencia Venezuela destinará un número de entre 3 y 5 becas completas al Sadpro- UCV por cada proceso formativo, mientras el sistema brindará y/o recomendará herramientas metodológicas para el mejoramiento y/o actualización de las formaciones de acuerdo con los estándares educativos vigentes.

Comunidad Internacional reaccionó ante lo ocurrido en la Asamblea Nacional
Decenas de países rechazaron el bloqueo impuesto por los cuerpos de seguridad del Estado

 

La reacción de la comunidad internacional ante los hechos ocurridos en la Asamblea Nacional de Venezuela el domingo 5 de enero de 2019 no tardó en llegar. Decenas de países y organizaciones rechazaron el bloqueo impuesto por los cuerpos de seguridad del Estado que impidieron el ingreso al Palacio Federal Legislativo a la mayoría de diputados de oposición y permitieron una supuesta instalación de una nueva junta directiva apoyada por el chavismo y presidida por el diputado Luis Parra, sin el quórum reglamentario y sin votación nominal.

Incluso los gobiernos de países como México y Argentina, más afines con la denominada revolución bolivariana, marcaron distancia con lo sucedido temprano en el Parlamento y llamaron a respetar la institucionalidad.

Además de rechazar la ilegal junta directiva, la comunidad internacional también manifestó su apoyo a la sesión de la Asamblea Nacional que se instaló a las 5 de la tarde en la sede del diario El Nacional en la que 100 diputados reeligieron a Juan Guaidó como presidente del Parlamento por votación nominal y después de confirmarse el quórum requerido.

Estados Unidos. Uno de los primeros países en manifestar su rechazo a lo sucedido fue Estados Unidos. El Departamento de Estado publicó un comunicado en el que felicitan a Guaidó por la elección y condenan los “intentos fallidos del ex régimen de Maduro” por negar la voluntad de la Asamblea Nacional elegida democráticamente.

Colombia. El domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia también rechazó categóricamente que se impidiera el acceso de los diputados al recinto de la Asamblea Nacional, así como a los medios de comunicación y también felicitó a Juan Guaidó por su reelección como presidente de la Asamblea Nacional para el período 2020-2021 y su ratificación como presidente encargado de Venezuela.

ParaguayAntonio Rivas Palacios, ministro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, publicó tres tuits en los que deploró la represión violenta ejercida contra los diputados de la Asamblea Nacional con la finalidad de impedir la elección de su nueva directiva e instó al cese inmediato de todo acto intimidatorio.

BrasilErnesto Araújo, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, afirmó en Twitter que su país no reconocería ningún resultado de lo ocurrido en el Palacio Federal Legislativo en medio de la violencia.

Bolivia. El gobierno de Bolivia también rechazó lo ocurrido en la Asamblea Nacional a través de un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Su presidenta, Jeanine Añez, publicó un mensaje en su cuenta personal en Twitter.

Ecuador. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, publicó en la tarde un tuit en el que manifestó su rechazo a lo sucedido en el Palacio Federal Legislativo que calificó como una nueva muestra de autoritarismo del régimen de Nicolás Maduro. En la noche felicitó la reelección de Juan Guaidó.

Canadá. François-Philippe Champagne, ministro de Relaciones Exteriores de Canadá afirmó que es inaceptable que las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro hayan impedido que los diputados se reunieran, en violación de los estándares democráticos.

Uruguay. El recién electo presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, afirmó que los hechos acontecidos en Venezuela impidiendo el normal funcionamiento de la Asamblea Nacional constituyeron un nuevo golpe a la institucionalidad democrática.

Argentina. Felipe Solá, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, publicó dos tuits en los que afirmó que impedir por la fuerza el funcionamiento del Parlamento es condenarse al aislamiento internacional. Rechazó la acción e insistió en que la Asamblea debe elegir su presidente con total legitimidad.

México. El Ministerio de Relaciones Exteriores de México también abogó para que la Asamblea Nacional pueda elegir democráticamente su Junta Directiva. Afirmó que el legítimo funcionamiento del Poder Legislativo es pilar inviolable de las democracias.

El Salvador. El gobierno de El Salvador, presidido por Nayib Bukele, también felicitó al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por su reelección para dirigir el Congreso venezolano.

Alemania. El gobierno de Alemania felicitó en Twitter a Juan Guaidó por su reelección como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y reiteró su reconocimiento como presidente interino de Venezuela.

Reino Unido. El Reino Unido también condenó las acciones del régimen de Maduro para bloquear forzosamente y frustrar el proceso democrático de la Asamblea Nacional venezolana el 5 de enero.

Guatemala. Condenó los repetidos actos de violencia contra la Asamblea Nacional y “cualquier acto de usurpación que vaya en contra de la legitimidad constitucional y la democracia “ en Venezuela.

Chile. Condenó los “actos intimidatorios de la dictadura de Nicolás Maduro” en contra de los diputados de la Asamblea Nacional. “Boicotear la elección de la mesa directiva es un desesperado intento por acabar con el último reducto democrático en Venezuela”.

Panamá. Manifestó su preocupación por los acontecimientos en contra de los diputados y considera la acción como un claro atentado contra la democracia y el Estado de derecho.

Letonia. Felicitó la reelección de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y expresó su continuo apoyó como presidente interino de Venezuela. También hicieron nuevamente un llamado para que se celebren elecciones libres y justas.

Los gobiernos de Taiwan y Kosovo se unieron a la lista de países que rechazaron el procedimiento de designación de la directiva de la Asamblea Nacional que se realizó en el Palacio Federal Legislativo.

En grupo

Unión Europea. La Unión Europea, conformada por 28 países, también emitió un comunicado en el que rechazó las irregularidades ocurridas en el Palacio Federal Legislativo y reiteró su reconocimiento a Guaidó como presidente del Parlamento. “La UE sigue reconociendo a Juan Guaidó como el legítimo presidente de la Asamblea Nacional hasta que se puedan asegurar las condiciones para una sesión de votación adecuada”.

OEA. El domingo la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos saludó la reelección de Guaidó, con el apoyo de 100 parlamentarios y cumpliendo con el quórum normativo correspondiente y condenó el intento fraudulento, por el cual se pretendió imponer otro presidente.

Grupo de Lima. Este grupo saludó la reelección del líder opositor Juan Guaidó como jefe de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, dijo en un comunicado publicado el lunes.

Transparencia Venezuela condena abusos contra diputados de la Asamblea Nacional
Las irregularidades se iniciaron en la madrugada del domingo 5 de enero cuando cuerpos de seguridad del Estado asediaron a parlamentarios opositores en el hotel en el que se alojaban

 

Transparencia Venezuela rechaza enérgicamente el abuso cometido por las fuerzas de seguridad del Estado que, siguiendo órdenes del Ejecutivo de Nicolás Maduro, impidió el ingreso de la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional al Palacio Federal Legislativo el domingo 5 de enero de 2020 y permitió la supuesta imposición de una nueva junta directiva, sin contar con el quórum necesario y sin realizar la votación establecida en la Constitución y las leyes.

La junta directiva que se pretendió instalar, mientras se limitaba el acceso de la mayoría de los diputados, está liderada por Luis Parra, uno de los parlamentarios acusado de estar involucrado en una supuesta trama de corrupción entre la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y proveedores de los CLAP, que está siendo investigada por una comisión especial de la Asamblea Nacional. Por el caso también han sido señalados 8 diputados más.

La supuesta instalación de la junta directiva también contó con el respaldo de los parlamentarios de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela y de diputados acusados de haber recibido sobornos para retirar su apoyo a la oposición y respaldar al gobierno de Maduro, en lo que ha sido denominado como “Operación Alacrán”.

Las irregularidades cometidas el domingo iniciaron en la madrugada cuando cuerpos de seguridad del Estado asediaron a los parlamentarios opositores en el hotel en el que se estaban quedando, hacia el este de Caracas.

La instalación

Las acciones intimidatorias del día obligaron a los legisladores opositores a sesionar en otro lugar. A las 5 de la tarde, Juan Guaidó y a los diputados que lo respaldan, amparándose en el artículo 1 del Reglamento de Interior y de Debates del Parlamento, sesionó en la sede del diario El Nacional con el quórum reglamentario para elegir la nueva junta directiva para el período 2020-2021. La elección fue nominal y Guaidó resultó reelecto con el respaldo de 100 diputados presentes. No hubo necesidad de activar el mecanismo del voto telemático.

En la directiva lo acompañaran los diputados Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia como primer vicepresidente y segundo vicepresidente respectivamente. La secretaría quedó en manos de Angelo Palmeri y la subsecretaria corresponde a José Luis Cartaya, por segundo año consecutivo. La diputada Delsa Solórzano, en representación de los partidos minoritarios que hacen vida en la Asamblea Nacional, fue la encargada de hacer la postulación de la junta directiva.

Según la Constitución Nacional, en su artículo 221, el quórum necesario para celebrar una sesión es la mayoría absoluta de los miembros (84 diputados), mientras que el Reglamento de Interior y Debates, en su artículo 26, establece que le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional dirigir las sesiones, por lo que el acto donde fue proclamado Parra carece de legalidad. Ambas normas fueron cumplidas en la sesión de la tarde.

Transparencia Venezuela insiste en la defensa de la institucionalidad. La vigencia de la Constitución Nacional y las leyes debe prevalecer, en especial en momentos tan difíciles para el país, por lo que se hace necesario el respeto a la legitimidad de los parlamentarios que recibieron el respaldo de los venezolanos.

Entre la oscuridad y la ilegalidad aprobaron la Ley de Presupuesto 2020
La gestión de Maduro violó el artículo 313 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

 

Mientras en el mundo se debate sobre cómo lograr que los gobiernos publiquen más documentos presupuestarios, en Venezuela crece la opacidad gubernamental en torno al uso del dinero público. Este lunes 16 de diciembre de 2019, la cuestionada Constituyente aprobó la Ley de Presupuesto y la Ley Especial de Endeudamiento para el ejercicio fiscal 2020, sin difundir siquiera los montos autorizados.

Por cuarto año consecutivo, la gestión de Nicolás Maduro violó el artículo 313 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que los proyectos de presupuesto y de endeudamiento deben ser entregados a la Asamblea Nacional para su discusión y posterior aprobación. El Ejecutivo insiste en que el Parlamento está en desacato.

“Esto (la Ley de Presupuesto) tiene entre los trámites pasar por la Asamblea Nacional, el gobierno nacional lo debe presentar a la AN, pero es bien sabido para el país y para el mundo que la AN, si bien existe como institución, tiene una Junta Directiva en desacato por lo que uno no sabe a quién escribirle para este fin”, afirmó Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente al momento de aprobar las leyes.

El supuesto desacato ha servido como excusa para que desde 2017 el Ejecutivo mantenga oculto el presupuesto. Pese a que el Reglamento de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público establece que la síntesis de la Ley de Presupuesto debe ser publicada en gaceta oficial, esto no ha ocurrido.

Según la Gaceta Oficial No. 41.301 de diciembre de 2017, la síntesis del presupuesto 2018 sería publicada en la gaceta oficial No. 6.347, pero nunca se tuvo acceso a ella. Igualmente, de acuerdo con la Gaceta Oficial No. 41.550 de diciembre de 2018, la síntesis de presupuesto de 2019 sería publicada en la Gaceta Oficial No. 6.416. Ninguna de esas gacetas se encuentra en el portal web de la Imprenta Nacional y Gaceta Oficial. Tampoco están disponibles en físico en la oficina del ente.

Los ciudadanos no han tenido acceso al presupuesto nacional, no han podido conocer sus proyectos ni como éstos tendrán un impacto en su vida, tampoco pudieron tener acceso a la distribución general del gasto, ni a la información general de los ingresos nacionales que debe ser mostrada en la síntesis de presupuesto.

A cuentagotas

En la presentación del presupuesto ante la Constituyente, Delcy Rodríguez, vicepresidenta designada por Maduro, se limitó a decir que la Ley de Presupuesto 2020 cuenta con 404 proyectos para la protección social y añadió que 75,9% de los ingresos nacionales estarán destinados a la inversión social.

Aunque en medios trascendió que el monto del presupuesto supera los 252,18 billones de bolívares o 5.439 millones de dólares, la cifra no ha sido informada públicamente.

Trasparencia Venezuela demanda conocer cuáles son los proyectos que están contemplados en la ley, cuáles son sus objetivos, cuántos recursos se asignan para su ejecución, qué resultados se esperan obtener, y quiénes son sus responsables, tal como lo establece la Constitución.

También exige conocer cuáles fueron los supuestos macroeconómicos que se usaron para la construcción de la Ley de Presupuesto y la Ley especial de Endeudamiento para el próximo año. No se puede olvidar que en los últimos 12 años el Ejecutivo ha optado por subestimar las leyes para terminar asignando recursos de manera discrecional, a través de créditos adicionales que desde 2016 tampoco pasan por la Asamblea Nacional.

Entre enero y el 15 de diciembre de este año, Transparencia Venezuela ha logrado conseguir 29 créditos adicionales publicados en Gaceta Oficial que han hecho crecer el presupuesto de la Nación en 1.274,56%, en términos nominales. Vale destacar que no todas las gacetas oficiales de este año están disponibles y el monto de los recursos aprobados a través de modificaciones presupuestarias puede variar.

El presupuesto inicial aprobado para el ejercicio fiscal 2019 era de 1.529.780.457.117 bolívares soberanos (Un billón quinientos veintinueve mil setecientos ochenta millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento diecisiete bolívares), pero con la aprobación de los créditos adicionales llegó a 21.027.692.313.092,8 bolívares soberanos (Veintiún billones veintisiete mil seiscientos noventa y dos millones trescientos trece mil noventa y dos con ocho bolívares soberanos). Eso sin tomar en cuenta los recursos que se manejan a través de fondos paralelos al presupuesto.

El comportamiento del Ejecutivo con los recursos públicos lo que deja en evidencia, una vez más, es una gran falta de planificación y un desequilibrio fiscal que compromete el desarrollo económico del país, sumido en la peor contracción de su historia.

Oro mortal: entre el crimen organizado, el ecocidio y la corrupción
El negocio aurífero al sur del país sigue enquistado por bandas criminales y guerrilleros

 

En medio de la peor contracción económica que ha sufrido Venezuela, con una caída estrepitosa en la producción de petróleo, principal fuente de divisas, una hiperinflación que lleva dos años azotando a los venezolanos y altos niveles de corrupción, el mandatario Nicolás Maduro subsiste refugiándose en la venta de oro, un metal precioso que es extraído de las profundidades del suelo venezolano y que esconde tras su brillo baños de sangre, deforestación y corrupción.

En este especial de Transparencia Venezuela, se pudo constatar que el negocio aurífero al sur del país sigue enquistado por bandas criminales y guerrilleros que operan con total libertad, sin que el gobierno oponga mucha resistencia. Los grupos delictivos copiaron estructuras como las del pranato en las cárceles venezolanas para controlar de la forma más violenta y cruel todo lo que ocurre dentro de las minas. Instauraron un semáforo de la violencia para castigar a quienes no “obedecen” que incluye desde palizas, hasta la muerte por descuartizamiento.

La investigación, complementada con reportajes de medios nacionales e internacionales, dejó en evidencia que entre 70% y 90% del oro que se extrae sale del territorio de manera ilegal en operaciones en las que involucran a funcionarios del alto gobierno y familiares cercanos al entorno presidencial. Solo en 2018 este contrabando representó 2.711 millones de dólares, de acuerdo con la consultora privada Ecoanalítica.

Lea el especial Oro mortal: entre el crimen organizado, el ecocidio y la corrupción a través del siguiente enlace:

 

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330 organizaciones incorporadas a la Coalición Anticorrupción
De acuerdo a la Coalición Anticorrupción se han presentado 12 acciones para acabar con este flagelo 

 

La Coalición Anticorrupción, movimiento ciudadano que aglutina a diferentes sectores de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, cuenta hoy con 330 organizaciones que se han incorporado desde distintas regiones del país, y que trabajan en 129 iniciativas para erradicar la corrupción, responsable de la crisis humanitaria compleja que afecta a los venezolanos, informó la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, durante la clausura del I Encuentro Nacional de la Alianza Gobierno Abierto Venezuela.

De Freitas afirmó que esta coalición representa la oportunidad para que la sociedad venezolana se incorpore a exigir, a líderes políticos y a quienes tienen en sus manos la responsabilidad del Estado, acciones concretas contra el patrón de Gran Corrupción, fenómeno extraordinario presente en Venezuela desde hace más de una década que requiere acciones igualmente extraordinarias para su erradicación. 

Explicó que existen 12 factores causantes de ese patrón, ante los cuales la Coalición Anticorrupción ha presentado 12 acciones que se deben “asumir con responsabilidad y con urgencia”. Uno de esos pasos es la implementación del Gobierno Abierto como vía para que los venezolanos se incorporen a esta lucha. Sin embargo, existen otras tareas más complejas que requieren un “esfuerzo titánico”, como exigir la separación de poderes, la construcción de un sistema anti impunidad, y la depuración del sistema de justicia, entre otras.

Subrayó De Freitas que además de exigir el cambio al Estado y a la clase política, la sociedad venezolana debe estar también dispuesta a involucrarse en esa transformación que convoca por igual a organizaciones de derechos humanos y de derecho social, sindicatos, gremios profesionales, grupos que hacen cultura o deporte y al sector privado- En definitiva, a todos. En tal sentido, resaltó que en mes y medio de trabajo en los programas que financia la representación diplomática del Reino Unido en el país, se ha confirmado ya a estas primeras 330 organizaciones. 

Agregó que se han desarrollado más de 80 presentaciones y encuentros en el país, así como 22 grandes eventos para discutir sobre el tema de la corrupción y cómo sumar voluntades a la lucha emprendida desde la Coalición Anticorrupción. “Una de las propuestas de Transparencia Venezuela es que aprendamos en cada una de las áreas en que trabajamos cómo nos afecta que haya corrupción, que haya crimen organizado, que surge de esa corrupción y esa impunidad que reinan en Venezuela, cómo enfrentarla y cómo participar”. 

“Las buenas intenciones no bastan, pues el problema es muy complejo. Es por eso que desarrollamos cada día más investigación, más estudios con profesionales que nos dejan cada vez más claro cuál es el panorama y, con ese diagnóstico firme, consolidado, profesional, podamos desarrollar estrategias viables y que tengan verdaderas posibilidades de éxito”, subrayó.

AN podría designar expertos internacionales para investigar presuntas irregularidades en la Comisión de Contraloría
La organización propone algunas medidas puntuales que puede tomar el Poder Legislativo

 

La Asamblea Nacional podría aprobar y designar un equipo de investigación con apoyo internacional, para dar respuestas a las denuncias sobre redes de corrupción que habrían logrado incidir en algunos parlamentarios de la Comisión Permanente de Contraloría, iniciativa que permitiría fortalecer la confianza que el ciudadano deposita en el Parlamento.

En una carta pública, dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y a los integrantes de la comisión especial designada para las investigaciones, la organización propone algunas medidas puntuales que puede tomar el Poder Legislativo como muestras reales y concretas de transparencia e imparcialidad en este proceso, que ofrecerían certeza a la ciudadanía sobre los resultados de estas averiguaciones.

Aqui puede ver la carta