Transparencia Venezuela, autor en Runrun

Transparencia Venezuela

Ley Especial de Endeudamiento 2020 ve la luz con atraso y vacíos de información
El instrumento genera más dudas que certezas en medio de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, cuando el país más necesita incorporar criterios de transparencia para que los escasos recursos disponibles se usen con efectividad en la superación de la crisis, que se suma a la ya profunda y compleja crisis humanitaria

Luego de tres meses de haber iniciado el ejercicio fiscal 2020, se hace pública la Ley Especial de Endeudamiento que regula las operaciones de crédito público para el año que ya se encuentra en curso, en la página web de Imprenta Nacional y Gaceta Oficial, mediante la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.496 de fecha 17 de diciembre de 2019.

Dificultad de acceso e Ilegalidad en su aprobación. Esta gaceta no se encuentra disponible en las páginas web de la Oficina Nacional de Crédito Público ni del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, lo que dificulta conocer el número de la Gaceta Oficial para localizarla en la página web de Imprenta Nacional y Gaceta Oficial. Pero, además, junto con la Ley de Presupuesto y el Plan Operativo Anual, el Ejecutivo Nacional no se presentó ante el Poder Legislativo para su aprobación, tal como lo establece el artículo 82 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, sino que se presentó y fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente.

En estos momentos de estados de emergencia por el COVID-19, es cuando más se necesita incorporar criterios de transparencia para que los escasos recursos disponibles se usen con efectividad en la superación de la crisis, que en Venezuela se monta encima de la crisis humanitaria compleja que padecemos. Sin embargo, la ley de endeudamiento genera mas dudas que certezas.

La Ley Especial de Endeudamiento para 2020 “autoriza” al gobierno a endeudarse durante 2020 por Bs.102,03 billones, equivalentes a $2,17 mil millones, al 17 de diciembre de 2019 (fecha de la Gaceta Oficial), que estiman utilizar para financiar proyectos de inversión, el pago del servicio de la deuda pública interna y externa, el refinanciamiento y reestructuración de la deuda, y para cubrir necesidades transitorias de recursos del Tesoro Nacional según esta Ley. Estos recursos no incluyen el servicio de la deuda pública que se paga al Fondo Chino y a Rusia con barriles de petróleo.

Para proyectos de inversión se autorizó realizar contrataciones de crédito público por un monto máximo de Bs. 92,9 billones que equivalen a $1,98 mil millones, es decir, 91% del endeudamiento total autorizado.

Para el sector de industrias y producción nacional, se destinan Bs. 12 billones. El mayor proyecto deuda es diseño, construcción y operación de un complejo siderúrgico, por Bs.10 billones o $213 millones (9,8% del endeudamiento total autorizado). Su ente ejecutor será la Empresa de Producción Social Siderúrgica Nacional, C.A. Los otros Bs. 2 billones irán a financiar proyectos de empresas propiedad del Estado, como Tubos sin Costuras, Corporación Venezolana del Plástico, Venirauto Industrias, Maderas del Orinoco, y la empresa Siderúrgica Nacional, lo que muestra como las empresas propiedad del Estado venezolano son una gran carga económica para la nación.

El sector eléctrico es el que recibirá la mayor cantidad de recursos de deuda, por un monto de Bs. 26,6 billones ($567,6 millones, es decir, 26,12% del monto total del endeudamiento), recursos que están distribuidos entre 10 proyectos cuyo ente encargado de ejecución es la Corporación Eléctrica Nacional, S.A., mejor conocida como CORPOELEC.

El sector de agua potable, pese a critica situación en el país, se destina Bs.1,46 billones del endeudamiento ($31 millones), tan solo 1,43% del endeudamiento para 2020, destinados a financiar cuatro proyectos: rehabilitación de las plantas mayores de potabilización de agua del país, construcción; modernización y optimización de los sistemas de abastecimiento de agua potable a nivel nacional; saneamiento y control del nivel del lago de Valencia; y modernización, expansión y rehabilitación de los sistemas de agua potable y saneamiento del país.

Para la contratación y desembolso del servicio de la deuda pública se autorizó un monto máximo de Bs. 2 billones ($42,61 millones), es decir, 1,96% del endeudamiento total. No obstante, no queda claro cuántos recursos se podrán obtener por la vía de este concepto y cuántos se desembolsarán en el presente ejercicio fiscal. Para contrataciones de crédito público destinadas al refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública, se autorizó un monto máximo de Bs.7,11 billones ($151,49 millones), es decir, 6,97% del endeudamiento total autorizado. Sin embargo, no se especifica cuanto se espera contratar para el refinanciamiento y cuanto para la reestructuración de la deuda pública.

Además, se autorizó emitir letras del tesoro por un monto no superior a Bs. 30 mil millones ($639 mil), lo que equivale a 0,03% de los recursos que se esperan obtener por la vía del crédito público. Según la Ley Especial de Endeudamiento, los mismos se planean utilizar para cubrir necesidades transitorias del Tesoro Nacional durante el ejercicio fiscal 2020. De esta manera, ¿si solo 0,03% de los recursos que se esperan obtener por endeudamiento provienen de letras del tesoro, ¿Cuáles son las demás operaciones de crédito público que el Ejecutivo Nacional espera llevar acabo para obtener el dinero restante? Esta información no se menciona en la Ley, dejando así vacíos en la información.

Finalmente, se aprobó desembolsar Bs.52,49 billones ($1,12 mil millones) para financiar la ejecución de los proyectos de inversión. Los recursos de los desembolsos pueden venir tanto de endeudamiento de años anteriores como de deuda contraída en el presente ejercicio fiscal. El vacío de información respecto a los desembolsos por proyectos de inversión es enorme, y la Ley no nombra los proyectos entre los cuales se distribuirán dichos recursos, solo se menciona que la información se encuentra contenida en la Ley de Presupuesto, que no ha sido publicada aún.

Se desconocen los proyectos, sus metas y sus responsables, cuánto es el monto total que han recibido por endeudamiento, cuánto se ha desembolsado, en qué año o años se contrató la deuda para financiarlos, cuál es su periodo de ejecución, etc. La ausencia de información sobre la deuda consolidada antes y después de lo previsto en la Ley de Endeudamiento del ejercicio fiscal 2020, el tipo de interés que se está pagando por cada operación de crédito público, los compromisos de deuda interna y externa y cómo afecta la sostenibilidad fiscal.

Nota: la tasa de cambio utilizada para calcular los montos en divisas corresponde a la publicada por el Banco Central de Venezuela para el 17 de diciembre de 2019, fecha de la Gaceta Oficial donde se encuentra publicada la Ley Especial de Endeudamiento para el Ejercicio Fiscal 2020. Esta tasa de cambio era de 46.946,27 Bs.S./USD$.

La sextorsión es un flagelo que requiere denuncia y marco jurídico para ser combatido
Migrantes y refugiadas indocumentadas son la población más vulnerable 

 

Las investigaciones realizadas sobre sextorsión o extorsión sexual han hallado que este género de corrupción puede afectar tanto a niños, hombres y mujeres, pero apuntan a que el fenómeno afecta desproporcionadamente a las migrantes y a las refugiadas indocumentadas. La crisis humanitaria compleja que enfrentan los venezolanos, como consecuencia del gran patrón de corrupción instaurado en Venezuela en los últimos 20 años, ha empujado a más de cuatro millones de connacionales a dejar el territorio nacional, lo que supondría un alto riesgo de sextorsión para este éxodo masivo.

El informe publicado por Transparencia Internacional, Rompiendo el silencio sobre la sextorsión, previo a la celebración del Dia Internacional de la Mujer, indica que al menos 1 de cada 5 personas ha experimentado o conoce a alguien que experimentó extorsión sexual al acceder a los servicios del gobierno en América Latina, Medio Oriente y el Norte de África, citando el Barómetro Global de Corrupción 2019, que destacó por primera vez los datos de sextorsión.  

No obstante, los hallazgos no son suficientes para describir con certeza la dinámica, los patrones y la frecuencia de la sextorsión, ni los sectores o individuos más afectados. Pero los testimonios y las experiencias reportadas hablan de la naturaleza y la escala de este fenómeno, señala el reporte de Transparencia Internacional, que muestra un resumen de casos “en diferentes regiones y sectores que ilustran la variedad de esquemas utilizados para la sextorsión, los matices de la coacción y el contexto”.

El texto recoge una muestra estadística que expresa que en América Latina, 71% de las personas piensa que la sextorsión ocurre ocasionalmente, mientras que en Medio Oriente y la región norte de África, 50% lo cree así. Destaca que en un estudio realizado en Zimbabwe, 57% de las mujeres consultadas manifestaron haber necesitado ofrecer favores sexuales a cambio de servicios institucionales.

Un acto de corrupción que no se discute  

La sextorsión es un tipo de corrupción definida en 2008 por la Asociación Internacional de Mujeres Jueces (IAWJ) – indica el informe -, al notar que magistrados de diferentes regiones reportaron un caso de corrupción que rara vez se discute. Se produce cuando quien, desde un cargo de poder, usa su autoridad para explotar sexualmente a quien depende de ese poder. Ocurre tanto en países desarrollados como en las naciones en desarrollo, y puede afectar a niños y adultos, generalmente individuos vulnerables.

Este género de corrupción hasta hace poco empezó a discutirse y reconocerse como “un fenómeno distinto en el marco de la corrupción o en el marco de la violencia de género”. En tal sentido, «los sistemas estadísticos carecen de las categorías para registrar los pocos casos que llegan a los tribunales, y las quejas han sido mal manejadas”. El resultado ha sido que las víctimas no han recibido justicia.  

“Muchas mujeres inmigrantes y refugiadas indocumentadas son coaccionados por los funcionarios para que paguen un doble soborno – monetaria y sexual – a cambio de comida, agua o refugio. Las mujeres pueden ser amenazadas con ser arrestadas por la policía haciendo demandas similares, mientras que otras enfrentan sextorsión mientras buscan obtener permiso para un negocio, permiso de trabajo o una vivienda pública”, subraya el reporte, al tiempo de destacar que “aunque es devastador para los supervivientes/víctimas, la sextorsión tiende a no ser reportado”.  

Un marco jurídico

Rompiendo el silencio sobre la sextorsión destaca que a pesar de las consecuencias dañinas de la sextorsión, “muchos marcos jurídicos de lucha contra la corrupción no penalizan explícitamente los actos sexuales coercitivos como formas de soborno, abuso de autoridad o actos corruptos”. Prevalece la concepción de la corrupción como un delito financiero.

Por otra parte, la sextorsión es difícil de establecer más allá de la duda razonable.  

Por esta razón, Transparencia Internacional recomienda elaborar una definición y un marco jurídico para sextorsión que permita la judicialización de casos, así como la formación jurídica para garantizar que jueces y fiscales conozcan la sextorsión y cómo procesarla. Además, plantean integrar la sextorsión tanto en la lucha contra la corrupción como en los programas contra la violencia de género para mayor complementariedad

Un caso en 2018

 
En Venezuela no existen cifras de sextorsión y el fenómeno no se encuentra tipificado como delito en su marco jurídico. En 2018, Transparencia Venezuela recibió un caso a través de la plataforma de denuncias de corrupción Dilo Aquí, y se prestó apoyo a la denunciante para presentarlo ante la Fiscalía. Según el testimonio, presentado por una usuaria del Saime, un presunto funcionario de esa institución le solicitó una foto desnuda para que le fuera impreso su pasaporte.

Dilo Aquí es una plataforma para formular denuncias de corrupción, que desde octubre de 2019 tiene una opción para casos de violencia de género contra la mujer, a través de la cual pueden ser denunciados los casos de sextorsión y otros delitos establecidos en la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Día Internacional de la Mujer | La sextorsión es un flagelo que requiere un marco jurídico, formación y denuncia para ser combatido
Aunque niños, adultos y mujeres pueden ser objeto de extorsión sexual, las migrantes y las refugiadas indocumentadas son una población desproporcionadamente vulnerable, recoge el informe “Rompiendo el silencio sobre la sextorsión», publicado por Transparencia Internacional

Las investigaciones realizadas sobre sextorsión o extorsión sexual han hallado que este género de corrupción puede afectar tanto a niños, hombres y mujeres, pero apuntan a que el fenómeno afecta desproporcionadamente a las migrantes y a las refugiadas indocumentadas. La crisis humanitaria compleja que enfrentan los venezolanos, como consecuencia del gran patrón de corrupción instaurado en Venezuela en los últimos 20 años, ha empujado a más de cuatro millones de connacionales a dejar el territorio nacional, lo que supondría un alto riesgo de sextorsión para este éxodo masivo.

El informe publicado por Transparencia Internacional, Rompiendo el silencio sobre la sextorsión, previo a la celebración del Día Internacional de la Mujer, indica que al menos 1 de cada 5 personas ha experimentado o conoce a alguien que experimentó extorsión sexual al acceder a los servicios del gobierno en América Latina, Medio Oriente y el Norte de África, citando el Barómetro Global de Corrupción 2019, que destacó por primera vez los datos de sextorsión.  

No obstante, los hallazgos no son suficientes para describir con certeza la dinámica, los patrones y la frecuencia de la sextorsión, ni los sectores o individuos más afectados. Pero los testimonios y las experiencias reportadas hablan de la naturaleza y la escala de este fenómeno, señala el reporte de Transparencia Internacional, que muestra un resumen de casos “en diferentes regiones y sectores que ilustran la variedad de esquemas utilizados para la sextorsión, los matices de la coacción y el contexto”.

El texto recoge una muestra estadística que expresa que en América Latina, 71% de las personas piensa que la sextorsión ocurre ocasionalmente, mientras que en Medio Oriente y la región norte de África, 50% lo cree así. Destaca que en un estudio realizado en Zimbabwe, 57% de las mujeres consultadas manifestaron haber necesitado ofrecer favores sexuales a cambio de servicios institucionales.

Un acto de corrupción que no se discute  

La sextorsión es un tipo de corrupción definida en 2008 por la Asociación Internacional de Mujeres Jueces (IAWJ) – indica el informe -, al notar que magistrados de diferentes regiones reportaron un caso de corrupción que rara vez se discute. Se produce cuando quien, desde un cargo de poder, usa su autoridad para explotar sexualmente a quien depende de ese poder. Ocurre tanto en países desarrollados como en las naciones en desarrollo, y puede afectar a niños y adultos, generalmente individuos vulnerables.

Este género de corrupción hasta hace poco empezó a discutirse y reconocerse como “un fenómeno distinto en el marco de la corrupción o en el marco de la violencia de género”. En tal sentido, «los sistemas estadísticos carecen de las categorías para registrar los pocos casos que llegan a los tribunales, y las quejas han sido mal manejadas”. El resultado ha sido que las víctimas no han recibido justicia.  

“Muchas mujeres inmigrantes y refugiadas indocumentadas son coaccionados por los funcionarios para que paguen un doble soborno – monetaria y sexual – a cambio de comida, agua o refugio. Las mujeres pueden ser amenazadas con ser arrestadas por la policía haciendo demandas similares, mientras que otras enfrentan sextorsión mientras buscan obtener permiso para un negocio, permiso de trabajo o una vivienda pública”, subraya el reporte, al tiempo de destacar que “aunque es devastador para los supervivientes/víctimas, la sextorsión tiende a no ser reportado”.  

Un marco jurídico

Rompiendo el silencio sobre la sextorsión destaca que a pesar de las consecuencias dañinas de la sextorsión, “muchos marcos jurídicos de lucha contra la corrupción no penalizan explícitamente los actos sexuales coercitivos como formas de soborno, abuso de autoridad o actos corruptos”. Prevalece la concepción de la corrupción como un delito financiero.

Por otra parte, la sextorsión es difícil de establecer más allá de la duda razonable.  

Por esta razón, Transparencia Internacional recomienda elaborar una definición y un marco jurídico para sextorsión que permita la judicialización de casos, así como la formación jurídica para garantizar que jueces y fiscales conozcan la sextorsión y cómo procesarla. Además, plantean integrar la sextorsión tanto en la lucha contra la corrupción como en los programas contra la violencia de género para mayor complementariedad

Un caso en 2018

En Venezuela no existen cifras de sextorsión y el fenómeno no se encuentra tipificado como delito en su marco jurídico. En 2018, Transparencia Venezuela recibió un caso a través de la plataforma de denuncias de corrupción Dilo Aquí, y se prestó apoyo a la denunciante para presentarlo ante la Fiscalía. Según el testimonio, presentado por una usuaria del Saime, un presunto funcionario de esa institución le solicitó una foto desnuda para que le fuera impreso su pasaporte.

Dilo Aquí es una plataforma para formular denuncias de corrupción, que desde octubre de 2019 tiene una opción para casos de violencia de género contra la mujer, a través de la cual pueden ser denunciados los casos de sextorsión y otros delitos establecidos en la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

*Lee el informe completo en transparencia.org.ve
Transparencia Venezuela pide que irregularidades no empañen juicio a agresor de Morella
La mujer habría sido mantenida en cautiverio, en contra de su voluntad, por más de 31 años

 

Un proceso judicial claro, sin dilaciones innecesarias, en respeto a los lapsos procesales, apegado a la ley y libre de irregularidades es lo que pide la organización Transparencia Venezuela en el sonado caso de “Morella”. La mujer presuntamente fue mantenida en cautiverio, en contra de su voluntad, más de 31 años, por un hombre identificado como Matías Enrique Salazar Moure (56), a quien la Fiscalía 25 de Maracay, estado Aragua, imputó por los delitos de violencia psicológica, amenaza, violencia sexual y esclavitud sexual.

El caso salió a la luz el pasado 24 de enero, cuando la mujer de 49 años acudió al Instituto de la Mujer del estado Aragua para denunciar que Salazar Moure la mantuvo privada de libertad desde que contaba con 17 años. Su última morada con el agresor fue un apartamento ubicado en la urbanización Los Mangos, avenida Constitución de la capital aragüeña. 

De acuerdo con el testimonio de la víctima, su entonces novio la engañó y la manipuló para que abandonara su hogar en Naguanagua, estado Carabobo. Tras conocer de los hechos, el agresor fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Posteriormente, se informó que otras tres mujeres, entre ellas su esposa e hija, también habían permanecido incomunicadas y sometidas a tratos crueles.

Aunque el Juzgado Segundo de Control del estado Aragua, que lleva la causa determinó como sitio de reclusión el centro de detención Alayón, el imputado permanece privado de libertad en una comisaría. Además, allegados han expresado su preocupación porque dada la posición económica de Salazar y sus presuntos vínculos con autoridades locales, la denuncia de Morella sea desestimada y reine como en tantos otros casos la impunidad.

Hasta ahora, el Ministerio Público no ha confirmado si desestimó los casos de las otras tres mujeres que presuntamente Salazar Moure habría mantenido cautivas en la misma ciudad. Ante esta situación, Transparencia Venezuela solicita a las autoridades investigar a fondo los hechos y, de comprobarse su culpabilidad, imponer a Matías Salazar la pena que establece la Ley.

Transparencia Venezuela celebra decisión de la Asamblea Nacional de crear órgano contralor
Según el acuerdo, el organismo actuará también sobre las Juntas Administradoras ad hoc y la oficina del Procurador Especial

 

Transparencia Venezuela celebra la decisión de la Asamblea Nacional de crear y designar a la máxima autoridad del Consejo de Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela, órgano que -según lo acordado por la Cámara- “ejercerá funciones autónomas de contraloría especial sobre la Presidencia encargada de la República y la Asamblea Nacional”.

Según el acuerdo aprobado por los parlamentarios este organismo actuará también “sobre las Juntas Administradoras ad hoc y la oficina del Procurador Especial”, al tiempo que garantizará “el buen uso de los recursos provenientes de la cooperación internacional y la correcta administración de los activos de la República que hayan sido rescatados a través de los mecanismos previstos en el Estatuto que rige la transición a la democracia”.

Consideramos un hecho positivo para todos los venezolanos que la Asamblea Nacional haya tomado esta decisión por unanimidad y en el marco de un debate público. A su vez, saludamos que el Parlamento busque establecer controles que permitan verificar la legalidad, exactitud, eficacia, economía, calidad e impacto de las operaciones y de los resultados de la gestión de las entidades y funcionarios que manejan recursos públicos, y que se encuentran sujetos al control del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Apoyamos la iniciativa del Poder Legislativo de aprobar una ley que delimite claramente las competencias y funcionamiento del Consejo de Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela, en contraste con la opacidad, arbitrariedad e impunidad que se impone desde el Ejecutivo, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

En ese sentido, hacemos votos porque el Parlamento apruebe la “Ley para la organización y funcionamiento del Consejo de Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela” en el menor tiempo posible, para que todos los venezolanos puedan conocer con exactitud las atribuciones y áreas de mayor impacto sobre las cuales este organismo ejercerá control.

Solicitamos que los miembros del Consejo de Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela sean seleccionados de forma transparente y mediante concurso. Recordamos, además, que esta instancia debe contar con un presupuesto que indique origen y distribución de los fondos por proyectos, con objetivos y metas que permitan evaluar su desempeño.

Transparencia Venezuela reitera que es una buena noticia este primer paso para proteger los bienes y recursos públicos, y exhorta a la Asamblea Nacional a continuar profundizando las acciones para combatir la opacidad y la discrecionalidad que lamentablemente se han hecho norma durante los últimos 21 años en el país.

Transparencia Venezuela denunció el patrón de
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostró especial interés en la grave situación que se registra en las minas auríferas del sur del estado Bolívar

 

Transparencia Venezuela denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el patrón de Gran Corrupción que se ha instaurado en Venezuela, fenómeno que ha atrapado al poder público y ha causado la crisis humanitaria compleja que vive el país.

La organización estuvo presente en la reunión abierta que sostuvieron los integrantes de la CIDH con representantes de la sociedad civil venezolana y víctimas de la violación de derechos humanos, en Cúcuta, en la frontera de Venezuela con Colombia, el jueves 6 de febrero.

El representante de Transparencia Venezuela en Táchira, también denunció ante la CIDH las graves violaciones de derechos humanos y las actividades ilícitas que ocurren en las minas auríferas del sur del estado Bolívar, donde se ha desatado una lucha sangrienta entre bandas criminales y grupos guerrilleros, como recoge Oro Mortal, la más reciente investigación de la organización. «Además, señalamos los casos de corrupción en Pdvsa, empresa estatal que fue principal fuente de ingresos del país y se desconfiguró para dedicarse a negocios distintos al petrolero hasta quedar prácticamente inoperativa”, indicó.

El vocero destacó que, durante su permanencia en la zona limítrofe, los integrantes de la comisión no emitieron pronunciamientos sobre la prohibición de su ingreso a Venezuela por parte del gobierno de Nicolás Maduro, pero hicieron hincapié en que su objetivo era escuchar los testimonios de los afectados. “El grueso de las personas que acudió al encuentro eran víctimas, familiares de los jóvenes muertos en San Cristóbal y Mérida durante las protestas de 2014 y 2017. 

Respecto a las víctimas, se constató que la mayoría no había presentado un reporte a la Comisión, por lo que la primera propuesta fue documentar cada caso para avanzar en las medidas cautelares u otras que pudiera acordar el organismo, con apoyo de las organizaciones de derechos humanos que participaron en el encuentro.

Los relatores de la CIDH conocieron además de la ausencia de separación de poderes en el país y sobre cómo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha actuado para entorpecer la labor de la Asamblea Nacional, persiguiendo e inhabilitando a los miembros de la única institución legítimamente electa.

Imparcialidad y compromiso

La relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, Soledad García, mostró especial interés en la información detallada del informe Oro Mortal, que le fue entregado junto con ejemplares de otros trabajos de investigación realizados por la organización.

La presidenta del organismo, Esmeralda Arosamena, destacó que para la CIDH es fundamental conocer de primera mano los casos de violación de Derechos Humanos en Venezuela, pues la información recolectada cimentará el informe que preparará para dar cuenta de su visita a la frontera. También mencionó que si bien ese órgano pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA), sus funciones son autónomas y tanto su actuación como el informe que emitirán son imparciales.

Transparencia Venezuela insta a Jorge Rodríguez y Rafael Ramírez aclarar denuncias mutuas de corrupción
El ministro de comunicación acusa al ex ministro de beneficiar con contratos a un grupo de empresarios y Ramírez dice que Rodríguez hizo millonarios a testaferros con contratos eléctricos 

 

 

Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información de Nicolás Maduro, afirmó el pasado 23 de enero que Alejandro Betancourt López forma parte de un grupo de empresarios que “se hicieron millonarios con contratos que directamente les otorgó Rafael Ramírez”, expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y exministro de Energía y Petróleo bajo el gobierno de Hugo Chávez. Ramírez, además, fue nombrado posteriormente por Maduro vicepresidente del área Económica del gabinete Ejecutivo, canciller de la República y representante de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas.

Rodríguez afirmó que Betancourt López “se robó miles de millones de dólares junto a Nervis Villalobos – ex viceministro de Energía Eléctrica durante la gestión del presidente Chávez-” en supuesta complicidad con otros socios de la empresa Derwick Associates, que obtuvo contratos millonarios en el marco de la emergencia eléctrica decretada por el presidente Chávez. Según el ministro Comunicación e Información, Betancourt López es “íntimo amigo” de Villalobos, quien en su momento ascendió en la administración pública gracias a su apoyo al chavismo.

En respuesta a estos señalamientos, el exministro Ramírez publicó en Twitter: “Jorge Rodríguez eres el colmo del cinismo. Quien se hizo millonario con contratos eléctricos fue tu testaferro Majed Khalil. Alejandro Betancourt es socio de ustedes en Pdvsa con la empresa mixta Petrozamora y en la Faja con una empresa de maletín de Malta. Tengo las pruebas”.

El ex presidente de Pdvsa agregó que Betancourt López “es un operador económico de Maduro y su entorno y que hay un juicio en Florida por los 1.200 millones de dólares que se robaron de Pdvsa en diciembre de 2014”, y afirmó que Rodríguez y Maduro se “robaron” la suma de “40 millones de dólares para la campaña electoral del 2012” entregada por “los brasileños”.

Vista la gravedad de las acusaciones y que tanto Rodríguez y Ramírez admiten que se perpetró un saqueo a las arcas públicas utilizando el drama de la emergencia eléctrica que aún hoy sufren los venezolanos, Transparencia Venezuela exige lo siguiente.

A Jorge Rodríguez:

Explicar con detalle qué hizo para frenar los supuestos hechos de corrupción de los que hoy acusa a Rafael Ramírez, con quien compartió durante años en el gobierno y en la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Aclarar si en algún momento advirtió al presidente Chávez sobre las supuestas irregularidades cometidas por Rafael Ramírez y qué respuesta obtuvo.

Publicar toda la información que maneja sobre el supuesto esquema de corrupción que involucró a funcionarios del gobierno del presidente Chávez y empresarios en el marco de la emergencia eléctrica.

Responder si tiene relación con los empresarios Majed Khalil y Alejandro Betancourt López, tal como lo afirma el exministro Ramírez.

Informar si conoce de alguna investigación formal contra Betancourt López, los otros socios de la empresa Derwick Associates, y demás empresarios y funcionarios implicados en el supuesto esquema de corrupción, así como las acciones para recuperar los miles de millones de dólares que se habrían sustraído en el marco de la emergencia eléctrica.

Aclarar si Alejandro Betancourt López es socio en Pdvsa en las empresas mixtas.

A Rafael Ramírez:

Presentar todas las pruebas que asegura tener sobre las irregularidades presuntamente cometidas por Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro.

Aclarar su relación con Betancourt López y otros socios de la empresa Derwick Associates.

Publicar toda la información que maneja sobre el presunto esquema de corrupción que involucró a funcionarios del gobierno del presidente Chávez y algunos empresarios, en el marco de la emergencia eléctrica.

Aclarar los criterios utilizados para seleccionar las empresas y asignar los contratos en medio de la emergencia eléctrica.

Jorge Rodríguez y Rafael Ramírez compartieron durante muchos años en el gabinete Ejecutivo y en la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Ambos fueron estrechos colaboradores del fallecido presidente Chávez. Ramírez sirvió a Nicolás Maduro, así como lo sigue haciendo Rodríguez, en calidad de ministro de Comunicaciones.

Si la lucha contra la corrupción es sincera, demanda transparencia y compromiso. Ocultar información significa encubrir a los corruptos que destruyen a la República. Rodríguez y Ramírez tienen la obligación de explicar al país las acusaciones que se lanzan mutuamente, pues la corrupción que señalan ocurrió en el seno del gobierno chavista, y es la causante de la emergencia humanitaria compleja y el colapso de los servicios públicos que afectan a todos los venezolanos.

Transparencia Venezuela lanza un concurso de fotografía para retratar la corrupción
La recepción de las imágenes se inicia el 25 de enero y finalizará el 12 de marzo de 2020. La premiación será el 24 de de marzo de este mismo año

 

Como parte del esfuerzo que Transparencia Venezuela ha venido desarrollando contra la corrupción, en aras de construir una sociedad en la que prevalezcan la justicia, la equidad, los derechos fundamentales y la paz, ahora suma un concurso de fotografía. El concurso es una estrategia para visibilizar y denunciar el impacto de la corrupción en la vida cotidiana de los venezolanos.

En “Captúralos. Concurso de fotografía sobre la corrupción en Venezuela”, podrá participar cualquier persona sin ningún límite, que dentro o fuera del país presente un trabajo fotográfico sobre esta distrofia social, siempre que se relacione con Venezuela.

En este contexto, la corrupción puede abordarse desde la Gran Corrupción, que se caracteriza por la participación de funcionarios de alto nivel en el Estado con vínculos internacionales, con impacto sobre amplios sectores de la población, y quedan impunes ante la desinstitucionalización. También se podrá abordar la corrupción en relación con los servicios públicos, los programas sociales, la justicia y la violencia contra la mujer.

La recepción de las imágenes se inicia el 25 de enero y finalizará el 12 de marzo de 2020, y la premiación será el 24 de de marzo de este mismo año.

Especialistas en fotografía, corrupción y derechos humanos conformarán el jurado, bajo una visión abierta sobre la fotografía, en la que se admiten todos los lenguajes y estilos posibles. 

Transparencia Venezuela otorgará un Primer premio de $500, un Segundo premio de $300 y un Tercer premio $250, y podrá haber menciones honoríficas según decisión de jurado.

Bases del concurso 

Como parte de nuestro esfuerzo en la lucha contra la corrupción para construir una sociedad en la que prevalezcan la justicia, la equidad, los derechos fundamentales y la paz, hemos creado este concurso de fotografía cuyo tema es la corrupción, con el ánimo de visibilizar y denunciar su impacto en la vida cotidiana de los venezolanos, y al mismo tiempo premiar la fotografía de calidad.

Desde hace más de 15 años Transparencia Venezuela ha emprendido una cruzada contra la corrupción, a través de la promoción y defensa de la transparencia de la gestión pública; el fortalecimiento de la rendición de cuentas de calidad para los ciudadanos; la denuncia de la corrupción, la impunidad y la ausencia de separación e independencia de los poderes públicos. 

Transparencia Venezuela es parte de la red global Transparencia Internacional, presente en más de 100 países, una organización que lidera la lucha mundial contra la corrupción, mediante la vigilancia a gobiernos, empresas y otros entes de poder, y el apoyo a los ciudadanos testigos o víctimas de este delito.

Participantes

El concurso está abierto a todas las personas mayores de edad, sin límite de nacionalidad o país de residencia, siempre que las fotos respondan a los temas de corrupción en Venezuela, como se especifica en el siguiente punto.

Tema

El concurso está circunscrito al tema de la corrupción en Venezuela, y podrá ser abordado desde las siguientes perspectivas:

  • Gran Corrupción, que se caracteriza por la participación de funcionarios de alto nivel en el Estado con vínculos internacionales, con impacto sobre amplios sectores de la población, y quedan impunes.
  • Servicios públicos.
  • Programas sociales.
  • Justicia.
  • Violencia contra la mujer.

 

Periodo de recepción

La recepción de las imágenes se iniciará el sábado 25 de enero y finalizará el 12 de marzo de 2020.

Premiación

La premiación será en Caracas el 24 de de marzo de 2020.

Jurado

Estará conformado por un grupo de especialistas en fotografía, corrupción y derechos humanos, y su decisión será inapelable. La deliberación será el 18 de marzo de 2020.

Sobre la obra

  • Nuestra visión sobre la fotografía es abierta, y se admiten todos los lenguajes y estilos posibles, tanto en color como en blanco y negro. Se aceptarán imágenes reveladas o editadas, siempre y cuando no se haga uso abusivo de los ajustes, tema que quedará a discreción del jurado.
  • No se aceptarán fotografías adulteradas, es decir, a las que se añadan o eliminen digitalmente elementos diferentes a la toma original.
  • Se premiarán las obras, no las trayectorias, y podrán participar profesionales y aficionados.
  • Cada participante podrá concursar con un máximo de tres obras inéditas(no publicadas ni en RRSS) no premiadas en otros concursos, ni comercializadas de alguna manera. Pueden ser series o no.
  • Todas las fotografías deben ser presentadas preferiblemente en el mayor tamaño y resolución posible en archivo digital jpg.
  • Las fotografías podrán ser tomadas con celulares, tabletas u otros dispositivos siempre y cuando estén en el mayor tamaño y resolución posibles, y en archivo digital jpg.
  • No se aceptarán materiales impresos, solo formatos digitales.
  • Los documentos JPG deben estar identificados con el título de la obra, el seudónimo del autor y el número de la foto. Ej. corrupción servicios_marimari_foto1. 
  • Los JPG deberán adjuntarse al formulario en línea: https://forms.gle/BrGBgi83hEkzoAkx9
  • El jurado tomará en cuenta los siguientes aspectos: a) que las fotos respondan a los temas de corrupción planteados; b) que cumplan con las características técnicas especificadas anteriormente en las bases; c) el lenguaje; d) la veracidad del contenido.

 

Premios

  • Se otorgará un Primer premio de $500, un Segundo premio de $300 y un Tercer premio $250. Podrá haber menciones honoríficas.
  • También se otorgarán diplomas tanto a los autores premiados como a los que reciban menciones honoríficas.

 

Disposiciones generales

  • Transparencia Venezuela contactará a los finalistas vía correo electrónico cuatro días antes del acto de premiación. 
  • Los finalistas se comprometen a no divulgar la información hasta el día de la premiación.
  • Transparencia Venezuela se reserva el derecho de uso de las imágenes pudiendo publicar, editar, reproducir o exponer, si fuera el caso, las fotografías que participan en este concurso. Este uso se hará siempre con mención del nombre de los autores de las imágenes gráficas, para efectos de promoción de la institución y sin fines de lucro.
  • El mencionado derecho de uso se circunscribe exclusivamente al uso institucional/no comercial, y de ninguna manera limita los derechos patrimoniales del autor sobre su obra.
  • Los participantes garantizan a Transparencia Venezuela la autoría originaria de su propuesta y el goce pacífico de uso (reproducción, exhibición, comunicación pública, distribución, puesta a disposición y digitalización), quedando liberada Transparencia Venezuela de cualquier responsabilidad por infracción de los participantes de derechos intelectuales de terceros.
  • Únicamente luego del acto de premiación de este concurso, los autores también podrán hacer libre uso de sus fotografías.
  • La participación en este concurso implica que el autor ha leído y aceptado las bases del mismo.
  • La decisión del jurado será inapelable.

 

Inscripción

La inscripción es totalmente gratuita.