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“Hablar de sustitución no está en nuestra narrativa”: Comando de campaña ratifica que inscribirá a Machado

Este miércoles, 13 de marzo, el Comando de campaña de María Corina Machado nuevamente afirmó que no tienen contemplado utilizar un candidato sustituto para las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de julio. 

«Hablar de sustitución de candidato no está en nuestra narrativa. El que hable de sustitución no está en la línea democrática del #22Oct«, dijo Andrea Tavares, miembro del equipo político de Machado.

El comando de campaña de María Corina Machado aseguró este miércoles en rueda de prensa que entre el 21 y el 25 de marzo acudirán al Consejo Nacional Electoral (CNE) para inscribir a la opositora en las presidenciales, sin especificar cómo lo harán debido al la inhabilitación que impuso la Contraloría sobre la dirigente del partido político Vente Venezuela. 

«No nos vamos a dejar arrebatar esa victoria y el compromiso de cambio es hasta el final (…) quiero pedirles confianza en la candidata, en sus decisiones», remarcó Tavares.

«Carrera injusta y desigual»

Por su parte, el coordinador del equipo de campaña, Henry Alviarez, consideró que el cronograma anunciado por el CNE para los comicios plantea una «carrera injusta y desigual», pero, subrayó, no impedirá el triunfo de la oposición.

«El venezolano tiene un deseo claro de ser libre (…) nada nos va a detener, pongan los obstáculos que pongan, (el presidente Nicolás) Maduro va a ser derrotado», sostuvo, sin detallar si cuentan con alguna estrategia, al margen de la electoral, para lograr su objetivo.

Sobre la posibilidad de elegir a alguien que sustituya a Machado como candidata, indicó que, aunque ese tema no forma parte de la «narrativa» de la campaña, la liberal hará lo «necesario» para enfrentar los obstáculos.

«De María Corina no esperen algo distinto a lo que ha hecho toda su vida política, y en su vida particular, va a hacer lo correcto por el país, va a anteponer los intereses de Venezuela, y lo hará en el momento necesario y oportuno», dijo.

EFE Mar 10, 2024 | Actualizado hace 1 semana
¿Qué vino a hacer Boris Johnson a Venezuela?

El ex primer ministro británico Boris Johnson viajó extraoficialmente el pasado febrero a Venezuela para reunirse con Nicolás Maduro, informó este domingo «The Sunday Times».

El periódico reveló que Johnson, que gobernó en el Reino Unido entre julio de 2019 y septiembre de 2022, voló en un avión privado tras pasar unas vacaciones con su familia en la villa de un pariente lejano canadiense en la República Dominicana.

Días después de entrevistarse con Maduro a las afueras de Caracas, durante una estancia de menos de 24 horas en Venezuela, el exmandatario fue a Ucrania para verse con su presidente, Volodímir Zelenski, en el segundo aniversario de la guerra con Rusia.

Según el «Times», Johnson hizo estas gestiones por su cuenta aunque informó al ministerio de Exteriores británico, dirigido por su compañero de colegio David Cameron.

En Caracas, compartió la información con el encargado de negocios, Colin Dick, pues Londres ya no cuenta con embajador en el país latinoamericano.

“Boris Johnson se reunió con funcionarios del Gobierno venezolano con el apoyo activo del ministerio de Exteriores y el conocimiento del ministro de Asuntos Exteriores, a fin de enfatizar la necesidad de que Venezuela adopte un proceso democrático adecuado”, dijo al rotativo un portavoz del antiguo líder conservador.

“Dejó claro en repetidas ocasiones que no puede haber una normalización de las relaciones hasta que Venezuela abrace plenamente la democracia y respete la integridad territorial de sus vecinos. También expuso ante el Gobierno de Venezuela los argumentos a favor de una victoria ucraniana”, añadió esta fuente.

«The Times» señaló que uno de los principales objetivos de Johnson, cercano a Zelenski, fue probablemente interceder a favor de Kiev, entre los temores de que la república socialista, rica en petróleo, pueda suministrar armas u otro apoyo militar a Rusia.

De acuerdo con el periódico, Johnson y Maduro también trataron sobre las elecciones presidenciales que se celebrarán en Venezuela este año y la necesidad de reducir las tensiones con la ex colonia británica de Guyana, con la que Caracas mantiene una disputa territorial.

Una fuente del Foreign Office declaró por su parte que “fue una visita privada, pero Boris le envió un mensaje de texto al ministro de Exteriores cuando estaba en camino”. “Como no fue una conversación oficial, no se requería ni se solicitó permiso”, y el viaje no fue financiado con fondos del Estado, añadió el portavoz oficial. 

 

Más de 82 000 migrantes cruzaron el Darién, la mayoría venezolanos

Más de 82 000 migrantes cruzaron la peligrosa selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia, en lo que va de año, en su mayoría venezolanos, seguidos de los ecuatorianos, según informaron este sábado las autoridades migratorias panameñas.

«Más de 82.000 personas han cruzado ya por la selva del Darién. Siguen siendo prominentemente venezolanos», afirmó en un mensaje en video la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine.

En total, en lo que va de año, 82.360 migrantes cruzaron el Darién, según datos de las autoridades panameñas, que los registran a su llegada a las primeras comunidades indígenas a la salida de la selva.

Estos datos chocan con los 49.291 contabilizados entre enero y febrero del año pasado, o los 87.390 al concluir marzo. El aumento ha sido progresivo desde 2021, llegando a la cifra récord de más de 520.000 en 2023, el doble que el año anterior.

Desde esas comunidades indígenas los migrantes son transportados por el río en canoas hasta los albergues gubernamentales, como los de Lajas Blancas o San Vicente, en el mismo Darién.

Es precisamente en San Vicente donde, hace una semana, una disputa entre migrantes desencadenó un altercado y el incendio de parte de las infraestructuras del centro, generando pérdidas de más de 400.000 dólares, de acuerdo con la estimación oficial.

Un total de 45 migrantes implicados en los disturbios fueron arrestados y ya se encuentran cumpliendo condena en prisiones de Panamá.

En estos albergues, los migrantes toman autobuses gestionados por las autoridades panameñas, que se tienen que financiar ellos mismos, hasta Costa Rica, para que puedan proseguir su camino hacia Norteamérica. Este mismo viernes, según la directora de Migración, transportaron a 2600 personas.

Venezolanos puntean en el Darién

De ellos, explicó, «casi 2100 era venezolanos», seguidos de los ecuatorianos, luego los chinos, entre los que hay «un alza», además de colombianos y haitianos. Entre los que llegaron con antecedentes penales, en su mayoría son «pandilleros», anotó.

“En este mismo periodo (enero-marzo) se han detectado a 7 migrantes requeridos por delitos, a través de alertas biométricas”, subrayó Gozaine.

El director de las fuerzas de seguridad fronterizas conocidas como Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Jorge Gobea, detalló en otro mensaje en video publicado en redes sociales que los últimos meses han sido muy intensos debido al «mal clima en el sector del Caribe», una ruta alternativa «VIP» por mar para evitar la selva, en la que se produjeron varias muertes por naufragios.

«Mantenemos un personal que se mantiene patrullando las trochas, los corredores, las playas, principalmente el sector Caribe-Pacífico, para evitar que panameños y extranjeros se dediquen al tráfico de personas y vulneralicen a estas personas que vienen en tránsito y que intentan buscar una mejor vida», afirmó.

Así, remarcó, «es responsabilidad (….) prestarles primero seguridad, segundo identificar a todas las redes criminales que buscan lucrarse con este flagelo», ya que «cada migrante que entra a Panamá de manera ilegal alimenta al crimen organizado, y es algo que nosotros queremos separar en la sociedad panameña».

El Gobierno de Panamá insiste en que la migración por el Darién es un «negocio» del crimen organizado para lucrarse, y el año pasado, según cifras del Ministerio de Seguridad de Panamá, ingresaron unos 820 millones de dólares por el traslado de migrantes por esta selva.

 

 
Juez de Estados Unidos mantiene parole humanitario para venezolanos

Un juez federal desestimó el viernes 8 de marzo una demanda entablada por Texas y otros 19 estados republicanos contra el parole humanitario del Gobierno del presidente Joe Biden que otorga alivio migratorio a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.

El juez Drew Tipton, en el distrito federal del Sur de Texas, dijo en su fallo que los estados demandantes no demostraron que “sufrieron un perjuicio” por el parole establecido a finales de 2022, informó la agencia EFE.

En enero de 2023 los fiscales generales de Texas y otros 19 estados (incluidos Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky) demandaron al Gobierno Biden argumentando que el programa permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de EEUU que ya están «sobrecargadas» y los obliga a gastar millones en atención médica, educación y seguridad pública.

Los querellantes añadieron que con esta iniciativa el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) abusa de su autoridad para conceder permisos humanitarios en una ampliación del programa que ya existía para los venezolanos desde octubre de 2022.

En su demanda, los fiscales estatales argumentaron que ese plan perjudica a varios estados, como Texas, «que gasta cantidades significativas de dinero para proporcionar servicios a extranjeros ilegales, debido a las violaciones del Gobierno federal al rechazar aplicar la ley federal».

Parole en pie

También pusieron el ejemplo de Florida, que, alertaron, «quedará perjudicada de forma irreparable» por este programa, porque ya se gasta «recursos estatales significativos» para proporcionar servicios a los migrantes indocumentados que acoge.

«La evidencia muestra que después que los programas de libertad condicional entraron en vigencia, los cruces fronterizos de personas de los cuatro países (Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela) disminuyeron», escribió el juez en su fallo.

El juez Tipton había escuchado los argumentos de las dos partes en agosto pasado y se demoró casi siete meses en dar su veredicto, que puede ser apelado por los demandantes.

La decisión supone una sorpresa ya que el juez Tipton, designado en 2020 por el entonces presidente Donald Trump (2017-2021), ha emitido varios fallos contrariando la política del Gobierno de Biden en materia migratoria.

 

EEUU prorroga decreto que considera a Venezuela como una amenaza a su seguridad

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prorrogó por un año más la declaración de «emergencia nacional» respecto a Venezuela dictada en 2015, por considerar que la situación en ese país representa «una amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense.

En una nota de prensa oficial la Casa Blanca anunció que la prórroga del decreto 13692, dictado el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama, demócrata como Biden, y prorrogado sistemáticamente cada año desde entonces, se publicará en el Registro Oficial y será transmitida al Congreso estadounidense.

«Las circunstancias (en Venezuela), tal como se describen en la Orden Ejecutiva 13692 y las Órdenes Ejecutivas posteriores emitidas con respecto a Venezuela, continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos», señala el texto.

Biden anunció su decisión el mismo día en el que las autoridades electorales venezolanas comunicaron que las elecciones presidenciales se celebrarán el 28 de julio próximo, un anuncio que era esperado desde hace meses y que no fue acompañado del reclamado fin de las inhabilitaciones de políticos opositores venezolanos como María Corina Machado.

No levantarán sanciones a Venezuela

El Gobierno de Biden ha advertido al de Venezuela que no renovará el levantamiento parcial por seis meses que aplicó a algunas de las sanciones impuestas al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios y empresas públicas si no se cumple con el pacto que selló en 2023 con la oposición para unas elecciones libres y transparentes.

El alivio parcial de las sanciones a Venezuela, que ha posibilitad la reanudación de los negocios de compañías estadounidenses en el sector petrolero venezolano, vence en abril.

En la nota en la que se anuncia la prorroga de la emergencia con respecto a la situación en Venezuela se señala que el decreto de 2015 obedeció a «la erosión de las garantías de derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela, la persecución de opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones y abusos de derechos humanos en respuesta a protestas antigubernamentales».

También, a los «arrestos y detenciones arbitrarios de manifestantes antigubernamentales, así como la presencia cada vez más exacerbada de una importante corrupción gubernamental».

La declaración de una “emergencia nacional” es una herramienta con la que cuenta el presidente de EEUU para aplicar sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias, y que le permite ir más allá de lo aprobado por el Congreso.

Ucab pide a la Iglesia apoyar a indígenas afectados por minería ilegal en Venezuela

La Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) pidió a la Iglesia católica, así como a las autoridades, acompañar a las comunidades indígenas afectadas por la minería ilegal y el deterioro del ecosistema en el sur del país, donde la semana pasada colapsó la mina ilegal «Bulla Loca» dejando un saldo de 16 personas fallecidas, según cifras oficiales.

El rector de esta casa de estudios, Arturo Peraza, aseguró que en visitas a zonas mineras del estado Bolívar pudo corroborar que los indígenas han visto afectadas sus rutas y la explotación de sus espacios ancestrales, luego de que fueran declarados «zonas de seguridad por las autoridades militares».

Citado en una nota de prensa de la Ucab, destacó que Venezuela es el país con mayor aceleración en la deforestación de la Amazonía, pues «hace tres años eran 700.000 hectáreas y la proyección para dentro de tres años es que serán 1,5 millones».

Al respecto, insistió en que es necesario brindar acompañamiento a las comunidades que habitan estos espacios para «transformar» la realidad que viven y combatir las irregularidades que allí se presentan.

Las reflexiones del rector de la Ucab se dieron durante una conferencia denominada ‘Minería, daño ecológico, derechos humanos y pueblos indígenas’, en la que los participantes denunciaron «el abandono por parte del Estado venezolano de las regiones y las agresiones que padecen las comunidades locales por culpa de grupos irregulares».

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desalojó a 762 personas de la mina ilegal de Bolívar que colapsó la semana pasada, dejando un saldo de 16 fallecidos y 36 heridos, informó el martes el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lárez.

Un día antes, el presidente Nicolás Maduro informó de la activación de un plan para recuperar una zona afectada por la minería ilegal en el estado Bolívar y ordenó a Hernández Lárez llevar a cabo un plan de recuperación y reforestación del sitio.

“No abusen del carácter diplomático”: Padrino López y Delcy Rodríguez arremeten contra Guyana

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, advirtió este martes al presidente de Guyana, Irfaan Ali, que el país está determinado a defender su soberanía «hasta las últimas consecuencias», y reiteró que el Esequibo le pertenece a los venezolanos.

«Estamos convencidos y determinados a defender nuestra soberanía hasta las últimas consecuencias. No abusen del carácter diplomático, pacifista y conciliador de la revolución bolivariana, pues estamos preparados para cualquier escenario. ¡El Esequibo es nuestro!», escribió el ministro de Defensa en un mensaje en X, en el que etiquetó al mandatario guyanés.

 

Asimismo, Padrino, en su publicación, señaló que el «único mecanismo reconocido para la solución práctica de la controversia» territorial es el Acuerdo de Ginebra de 1966, que establece una solución negociada y beneficiosa del conflicto.

Previamente, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, acusó a Ali de disponer, «unilateralmente, de un mar pendiente por delimitar», al otorgar -señaló- «garantías concesionales a transnacionales energéticas» en el área en cuestión, rica en recursos naturales.

«Venezuela no reconoce ni reconocerá los límites fraudulentos del laudo despojador, y jamás renunciará a la defensa de sus derechos», dijo Rodríguez, quien hizo referencia al Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica, hoy la República Cooperativa de Guyana.

Venezuela declaró nulo décadas después ese fallo y firmó con el Reino Unido el acuerdo de 1966, que determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, lo que no se llegó a materializar.

Guyana, que se basa en el laudo arbitral de 1899, apuesta por resolver el conflicto a través del proceso abierto en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El conflicto bilateral se intensificó en diciembre, cuando Venezuela celebró el referendo no vinculante con el que aprobó la anexión del Esequibo.

La tensión se redujo luego de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su homólogo guyanés se reunieran ese mismo mes -a instancias del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva-, cuando adquirieron el compromiso de no amenazarse mutuamente, lo que frenó, hasta el momento, hacer efectiva la intención anexionase la zona en disputa.

En enero, los cancilleres de Venezuela y Guyana, Yván Gil y Hugh Todd, respectivamente, se reunieron en Brasilia, donde se comprometieron a continuar el diálogo sobre la controversia e incluso a abordar el acuerdo de 1966, en un ambiente «pacífico» y «sin amenazas».

Sube a 36 el número de heridos por el derrumbe en la mina «Bulla Loca» en Bolívar
El viceministro de Gestión de Riesgos y Protección Civil informó que la cifra de fallecidos se mantiene en 16 víctimas

Foto: Rayner Peña (EFE)

Carlos Pérez Ampueda, viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, informó este domingo, 25 de febrero, en una entrevista al mesio regional Telesur que el número de heridos por el desastre de la mina ilegal «Bulla Loca», en el estado Bolívar, aumentó a 36 personas

La cifra de fallecidos del derrumbe minero se mantiene, hasta ahora, con 16 víctimas. 

Afirmó que continúan las operaciones en la localidad de La Paragua -cercana a la mina ilegal-, con la participación de más de 85 funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y de distintos organismos de seguridad ciudadana.

«La fuerza de tarea humanitaria va a permanecer aquí, en La Paragua, hasta que nosotros tengamos la certeza de que no tenemos ninguna situación o algo derivado de la mina», agregó Pérez Ampueda a Telesur.

De acuerdo con Ampueda, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) evacuó a 384 personas de «Bulla Loca».

Sin embargo, el alcalde del municipio Angostura (donde queda La Paragua), Yorgi Arciniega, aseveró que al menos 30 personas han fallecido en el desastre. De ese grupo, al menos 13 de las víctimas eran indígenas. Pero, hasta ahora, solo se conoce la identidad de 3 víctimas indígenas del derrumbe en «Bulla Loca», según la ONG Kapé Kapé

Protestas por «cifras reales»

El pasado 22 de febrero, familiares de las víctimas y sobrevivientes del desastre denunciaron frente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación en Ciudad Bolívar en rechazo a la cifra de 16 fallecidos que informó Nicolás Maduro. Advierten que, al menos, existen más de 30 víctimas mortales del desastre socioambiental. 

La mayoría de los heridos y fallecidos deben ser trasportados en balzas, ya que la localidad de La Paragua no tiene carreteras ni otras vías de comunicación terrestre.

«Me duele porque somos todos seres humanos. ¿Cómo es posible que el Nicolás Maduro va a decir que hay 15 personas nada más tapiadas ahí (…) cuando hay más de 100 personas que estos ojos vieron que están tapadas ahí?», dijo Rafael Flores, sobreviviente del desastre, a la agencia de noticias EFE.