EFE, autor en Runrun

EFE

Venezolanos en Ecuador pueden pedir visa humanitaria hasta el 14 de agosto
El plazo máximo para que se puedan presentar solicitudes de la visa humanitaria en la plataforma del Consulado Virtual “será hasta la medianoche del 13 de agosto de 2020”

Los venezolanos que residen en Ecuador tienen hasta el próximo 14 de agosto para poder solicitar la visa humanitaria, un plazo que las organizaciones de emigrantes critican al considerar que, dada la coyuntura económica, pocos son los que disponen de 50 dólares para pagarla.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador indicó a Efe que el plazo máximo para que puedan presentar solicitudes de la visa humanitaria en la plataforma del Consulado Virtual “será hasta la medianoche del 13 de agosto de 2020”.

Precisó que este lapso de tramitación es conforme al decreto presidencial 1.020 relativo a la prórroga del proceso de regulación de los ciudadanos venezolanos.

Plazos y prórroga por la pandemia

Ante la situación de emergencia sanitaria, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, suscribió en marzo ese decreto ejecutivo que concedía una prórroga de 60 días a los ciudadanos venezolanos a fin de que pudieran cumplir con el registro y culminar el proceso de regularización con la obtención de la visa de residencia temporal por razones humanitarias (Verhu).

El pasado 23 de marzo, el canciller, José Valencia, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, suscribieron ese decreto, como encargados de su ejecución.

Y una nota de la Cancillería precisaba entonces que esa “prórroga, que se concede por las circunstancias extraordinarias que está viviendo el país, empezará a contar desde la terminación del estado de excepción”.

Sin embargo, el mandatario ecuatoriano ha renovado en dos ocasiones el estado de excepción por la pandemia, la última ocasión, el pasado 15 de junio con un decreto que lo extendía por 60 días.

En este contexto, las asociaciones de migrantes venezolanos consideran “arbitraria” la nueva fecha límite dada por las autoridades para poder tramitar una visa humanitaria, que de facto, coincidiría con el fin del actual estado de excepción.

La Cancillería especificó que para el resto de visas que los venezolanos tienen a su disposición, conforme a un acuerdo ministerial, “todos los plazos y términos de trámites de movilidad humana están suspendidos desde el 19 de marzo mientras dure la emergencia sanitaria hasta el 14 de agosto de 2020”.

Pero en ese caso, sí dispondrán de un período adicional para poder gestionarlas, ya que, “a partir de esta última fecha, tienen 30 días para optar por una de las visas que se contemplan en la Ley Orgánica de Movilidad Humana” reza un mensaje explicativo remitido por Exteriores.

Efe ha podido constatar, además, que se han iniciado formalmente las gestiones de regularización o concesión de visados a los venezolanos, que habían quedado paralizadas por la emergencia sanitaria.

Ante esta situación, Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, valora como “muy injusto” el plazo dado para la tramitación de la visa humanitaria, “tomando en cuenta la vulnerabilidad de esta población, porque todavía estamos en un estado de excepción y pandemia, el mismo panorama que teníamos hace unos meses atrás”.

Imposibilidad de pagar 50 dólares

Recuerda que los venezolanos han tenido serias dificultades para poder trabajar durante este tiempo, que más del 70 por ciento realiza tareas informales y que muchos han perdido sus empleos.

“Con las deudas que tienen de arriendos, luz, etc, sumado el tema de la salud, no están aptos para poder cancelar 50 dólares, que representa dos semanas de comida, comiendo una vez al día”, refiere.

Regalado, cuya asociación representa a cerca de 300.000 migrantes venezolanos, opina que existen razones económicas detrás de la decisión de no extender el plazo para la visa humanitaria.

“A unas visas sí les dan prioridad después del 14, y a otras no, no sabemos si se prorrogará el estado de excepción”, afirma, antes de quejarse de que las autoridades no “han socializado” esta cuestión con las asociaciones que representan al colectivo.

Por su parte, la Cancillería indicó que ha lanzado a través de redes sociales y otras vías mensajes y vídeos informativos sobre el proceso regulatorio para venezolanos.

Gabriela Manso, de la ciudad de Maracaibo, lleva tres años en Ecuador, aunque no podrá optar a una visa humanitaria porque viajó a Venezuela por un corto período.

Con todo, considera que “es muy corto” el plazo que dan las autoridades para formalizar ese trámite y que “por la pandemia deberían considerar un poco más de tiempo”.

Maduro estima que COVID-19 estará controlado antes de comicios de diciembre
“Dios mediante, vamos a estar muy bien, mejor, desde el punto de vista del control del coronavirus, para la campaña electoral y para las elecciones”, dijo

Nicolás Maduro estimó que el país estará en una mejor situación sobre el manejo del coronavirus para diciembre, cuando se celebrarán las elecciones parlamentarias en las que el grueso de la oposición prevé no participar.

“Dios mediante, vamos a estar muy bien, mejor, desde el punto de vista del control del coronavirus, para la campaña electoral y para las elecciones”, dijo durante una participación en un acto televisado.

Maduro se refirió a la convocatoria de comicios que había hecho minutos antes el Consejo Nacional Electoral (CNE), que fijó para el 6 de diciembre la contienda y para el 20 de noviembre el comienzo de la campaña.

“Preparémonos, el CNE ha anunciado que va a tomar todas las medidas científicas para la bioseguridad del acto electoral del 6 de diciembre (…) va a haber una campaña electoral corta, muy creativa”, prosiguió el presidente.

Desde marzo y hasta este miércoles Venezuela ha registrado 5.832 casos de COVID-19, aunque la gran mayoría se detectaron en junio cuando el país empezó a registrar una multiplicación en el número de contagiados con varios focos que dejan hasta ahora 51 fallecidos por esta pandemia.

Maduro pidió a los ciudadanos participar “masivamente” el 6 de diciembre, en una cita que ya ha sido calificada como una “farsa” por la mayoría de la oposición que lidera Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países.

Si bien el CNE y el Ejecutivo aseguran que 86 organizaciones políticas participarán en los comicios anunciados, los cuatro principales partidos opositores no tendrán derecho a postular candidatos.

El mandatario subrayó que otros países, como Rusia, han celebrado votaciones en medio de la pandemia y “Venezuela no se queda atrás” pues, dijo, la Constitución “obliga” a escoger nuevos diputados este año, cuando vence el período de los legisladores que fueron elegidos en diciembre de 2015.

“Va a ser una competencia buena (…) Venezuela necesita una nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento), legítima”, expresó en alusión al estatus de “desacato” en que se encuentra la Cámara desde 2016, cuando la oposición se hizo con la mayoría de los escaños, según dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El mandatario, que se dijo “feliz” por la convocatoria a las urnas, pidió a los ciudadanos difundir el anuncio del CNE y organizarse para tal contienda a través de todas las formas posibles, entre ellas con el uso de la plataforma de mensajería instantánea Whatsapp.

Bachelet denuncia violaciones a la libertad de expresión y detención de políticos en Venezuela
En su informe actualizado sobre la situación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, denunció asimismo los arrestos de periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaron por los servicios públicos

Las violaciones a la libertad de expresión y la detención de líderes políticos y otros críticos persisten en Venezuela, destacó hoy la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aunque también valoró avances en la cooperación entre su oficina y las autoridades de ese país.

En su informe actualizado sobre la situación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, la expresidenta chilena denunció asimismo los arrestos de periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaron por los servicios públicos.

Además, “continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional”, señaló Bachelet, quien lamentó que los actores políticos en el país no logren encontrar una solución negociada “que resuelva la profunda crisis política”.

A este respecto subrayó que recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que nombraron nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas, “disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”.

Por otro lado, Bachelet subrayó que el trabajo de la oficina de su alto comisionado en Venezuela se ha facilitado desde el acuerdo firmado entre ambas partes en septiembre de 2019, lo que de materializó en recientes visitas a los estados de Zulia, Bolívar y Lara, así como a once centros penitenciarios.

En ese sentido subrayó “la disminución de los niveles de violencia en los centros de detención administrados por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, aunque persisten retos en el acceso a alimentos, salud, agua y saneamiento”.

También destacó que la crisis en Venezuela se ha exacerbado con el incremento de las “sanciones sectoriales” (en alusión a las medidas coercitivas impuestas por países como EE. UU., aunque no nombró a gobiernos concretos) y por la pandemia de la COVID-19.

La población venezolana “sigue padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos o las persistentes carencias de los servicios públicos”, añadió.

El embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra, Jorge Valero, respondió que el informe “incorpora información de fuentes de escasa credibilidad sin haber sido debidamente contrastadas con las autoridades venezolanas”.

“Excluye los importantes progresos alcanzados en la mesa de dialogo nacional entre el Gobierno venezolano y los diversos partidos de la oposición”, añadió.

Valero también declaró que “si se condenaran la politización y los dobles raseros de este consejo hoy no se estaría hablando de Venezuela sino de las graves violaciones que se están cometiendo en países donde la discriminación racial y la violencia contra minorías y grupos vulnerables campean a sus anchas, como ocurre en Estados Unidos”.

El embajador aprovechó un nuevo turno en el Consejo para condenar la reciente decisión de la Unión Europea (UE) de sancionar a 11 diputados de la Asamblea Nacional venezolana por intentar tomar el control del órgano legislativo el pasado mes de enero, para así arrebatarle el cargo al líder opositor Juan Guaidó.

“La pretensión de imponer una suerte de supervisión al funcionamiento de las instituciones democráticas venezolanas demuestra la soberbia y la nostalgia colonialista, intervencionista y supremacista que aún pervive en la agenda corporativa de las elites dominantes del Viejo Continente”, aseveró.

“Sorprende la flagrante subordinación de la UE a la Administración de (el presidente estadounidense) Donald Trump”, concluyó.

 

Maduro apelará el dictamen que le impide acceder al oro venezolano
El despacho jurídico que confirmó la información sobre la apelación señala que, al decidir que es la Junta “ad hoc” designada por Juan Guaidó la que tiene acceso al oro, el tribunal ha ignorado “la realidad sobre el terreno” de que es el gobierno de Maduro el que “controla” las instituciones del Estado en Venezuela

La junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por el presidente Nicolás Maduro planea recurrir el dictamen emitido este jueves por el Tribunal Superior de Londres que le impide acceder a las reservas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra, ha confirmado el bufete de abogados Zaiwalla & Co.

En un comunicado, el despacho jurídico señala que, al decidir que es la Junta “ad hoc” designada por el líder opositor Juan Guaidó la que tiene acceso al oro, el tribunal ha ignorado “la realidad sobre el terreno” de que es el Gobierno de Maduro el que “controla” las instituciones del Estado en Venezuela.

Fuentes de Zaiwalla & Co han indicado a Efe que, una vez se presente el recurso, el juez Nigel Teare de la división Comercial y de la Propiedad del Superior decidirá si lo admite o no trámite, lo que debería hacer en un plazo relativamente corto de tiempo porque “parece consciente de la urgencia del caso”.

Los abogados de la Junta de Maduro cuestionan que un fallo de “tanta importancia legal internacional” como el anunciado hoy por el propio Teare se haya decidido en base a puntos legales, sin entrar a examinar “los hechos”, y que la Corte haya aceptado la posición del bufete rival, Arnold & Porter, de que debía pronunciarse “como le dice el Gobierno británico”.

Zawailla & Co señala que los cargos del banco emisor de Venezuela y el procurador general, José Ignacio Hernández, designados por Guaidó, residen fuera de Venezuela y es solo el Gobierno de Maduro el que puede asegurar, tal como se ha comprometido, que el oro se usará para paliar la crisis por la pandemia de COVID-19 en el país sudamericano.

El bufete también ve “insatisfactorio” que el juez haya dado por buenos los nombramientos de Guaidó sin tener en cuenta que fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo venezolano, algo que el juez Teare juzgó como “no justiciable” (que no se puede someter a examen), como le pedían los abogados rivales.

En otro comunicado, el equipo de Arnold & Porter se congratula por su éxito y manifiesta que “el derecho de Guaidó a actuar como presidente interino de Venezuela ha sido reconocido como legítimo por unos 60 países, incluido el Reino Unido”.

Teare dictaminó hoy que la Administración “ad hoc” de Guaidó, no la del presidente Nicolás Maduro, puede acceder a las reservas de oro de Venezuela guardadas en el Banco de Inglaterra, unas 31 toneladas de lingotes con un valor total de unos 1.300 millones de dólares.

Tras escuchar a las partes, el magistrado ha concluido que el Gobierno del Reino Unido ha reconocido “inequívocamente” a Guaidó como “presidente interino constitucional” del país latinoamericano y es por tanto la junta del Banco Central de Venezuala nombrada por él la que tiene autoridad sobre las reservas.

El gobierno interino de Guaidó puede acceder al oro de Venezuela en Londres
El Banco de Inglaterra puede recibir instrucciones de la junta designada por Guaidó, encabezada por Ricardo Villasmil, y no de la nombrada por Maduro, presidida por Calixto Ortega

El Tribunal Superior británico dictó este jueves que la Administración “ad hoc” del líder opositor venezolano Juan Guaidó, y no la del presidente Nicolás Maduro, puede acceder legalmente a las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra (BoE).

Tras escuchar a las partes, el juez Nigel Teare ha concluido que el Gobierno del Reino Unido ha reconocido “inequívocamente” a Guaidó como “presidente interino constitucional” del país latinoamericano y es por tanto la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por él la que tiene autoridad sobre las reservas.

El magistrado también ha decidido que “no es justiciable” -es decir, que la Corte no puede someter a examen- la legalidad en base al derecho venezolano de los nombramientos a la junta del BCV realizados por Guaidó, que fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo de Caracas.

El dictamen de hoy, que sienta precedente, significa que el Banco de Inglaterra, que se declaró “en medio de las partes” en disputa en este proceso, puede recibir instrucciones de la junta designada por Guaidó, encabezada por Ricardo Villasmil, y no de la nombrada por Maduro, presidida por Calixto Ortega.

Habiendo establecido qué junta es, a su entender, la legítima, el Tribunal podrá avanzar en la demanda presentada en mayo contra el Banco de Inglaterra por Ortega, que le acusó de incumplimiento de contrato al no cumplir su petición de transferir 930 millones de euros de las reservas de oro a un fondo de la ONU para que sean usados en la lucha contra la COVID-19 en Venezuela.

El dictamen de hoy servirá también para resolver un pleito planteado por Deutsche Bank en 2019, sobre cuál de los dos bandos puede reclamar 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de permuta de oro.

Durante el proceso, el abogado de la junta de Maduro, Nick Vineall, argumentó que, aunque el Gobierno británico declaró en un comunicado en 2019 que reconoce a Guaidó como “presidente interino constitucional hasta que se celebren elecciones”, en la práctica “mantiene lazos diplomáticos” con el Ejecutivo de Maduro, aunque no lo apruebe.

Andrew Fulton, por parte de la junta de Guaidó, sostuvo que el Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, reconoce claramente al opositor como cabeza del Estado de Venezuela y por tanto la Corte debe hacer lo mismo en base a la doctrina de “una sola voz” aplicable en el Reino Unido, que obliga a las instituciones del Estado a mantener una posición unificada en política exterior.

Este abogado también arguyó, de nuevo con éxito, que el tribunal británico debe dar por buenos los actos de Guaidó en Venezuela sin someterlos a escrutinio, debido, sostuvo, a que “no son justiciables” en jurisdicción británica.

Borrell condena la expulsión de Caracas de la embajadora de la UE
“Condenamos y rechazamos la expulsión de nuestra embajadora en Caracas”, manifestó en un tuit el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior 

El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, condenó este martes la expulsión de la embajadora de la Unión Europea (UE) en Venezuela, Isabel Brilhante y aseguró que se tomarán “las medidas necesarias habituales de reciprocidad”.

Brilhante deberá abandonar el país sudamericano en las próximas 72 horas por orden del presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Condenamos y rechazamos la expulsión de nuestra embajadora en Caracas”, manifestó Borrell en un tuit esta mañana, en el que subrayó que habrá una respuesta recíproca.

En palabras del alto representante, “sólo una solución negociada entre venezolanos permitirá al país salir de su profunda crisis”.

Con esta expulsión, Maduro respondió a las sanciones impuestas este lunes por la UE a once funcionarios venezolanos por su papel en lo que considera actos y decisiones contra la democracia y el Estado de derecho en el país americano.

Las personas agregadas a la lista de sanciones de la UE son responsables, en particular, de actuar contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, retirando la inmunidad parlamentaria a varios de sus miembros, entre ellos a su presidente, Juan Guaidó.

Otras acciones que se les achacan incluyen el inicio de procesos por motivos políticos, crear obstáculos a una solución política y democrática a la crisis en Venezuela, así como graves violaciones de los derechos humanos y restricciones a las libertades fundamentales, como la libertad de prensa y expresión.

Actualmente son 36 las personas sujetas a sanciones, entre las que se incluyen la prohibición de viajar a la UE y un congelamiento de activos.

Maduro da 72 horas a la embajadora de la Unión Europea para que deje Venezuela
Así respondió así a las sanciones que impuso este lunes la UE a 11 funcionarios venezolanos por su papel en los que considera actos y decisiones contra la democracia y el Estado de derecho en el país 

Nicolás Maduro anunció este 29 de junio su decisión de expulsar del país a la embajadora de la Unión Europea (UE), Isabel Brilhante Pedrosa, en las próximas 72 horas.

He decidido “darle 72 horas a la embajadora de la UE en Caracas para que abandone nuestro país”, dijo el durante un acto de entrega de reconocimiento a periodistas venezolanos.

Maduro respondió así a las sanciones que impuso este lunes la UE a 11 funcionarios venezolanos por su papel en los que considera actos y decisiones contra la democracia y el Estado de derecho en el país.

“Se le presta un avión para que se vaya (…) Vamos a ordenar nuestras cosas con la UE (…) Si no nos quieren que se vayan, si no respetan a Venezuela, que se vayan. A Venezuela hay que respetarla en su integridad, como nación, como institución”, prosiguió.

Sanciones

Las personas agregadas a la lista de sanciones de la UE son responsables en particular de actuar contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, retirando la inmunidad parlamentaria a varios de sus miembros, entre ellos a su presidente, Juan Guaidó, según un comunicado del Consejo.

Otras de las acciones que se les achacan incluyen el inicio de procesos por motivos políticos, crear obstáculos a una solución política y democrática a la crisis en Venezuela, así como graves violaciones de los derechos humanos y restricciones a las libertades fundamentales, como la libertad de prensa y expresión.

La decisión lleva a 36 el número total de personas sujetas a sanciones, que incluyen una prohibición de viajar a la UE y un congelamiento de activos.

Maduro consideró este lunes que las nuevas sanciones revelan la “posición arrogante” del grupo europeo, al que también acusó de actuar con “supremacismo” y “racismo”.

“La Unión Europea termina en la cola de (el presidente de Estados Unidos) Donald Trump. ¿Qué vergüenza, verdad? 27 países (…) de rodillas a Donald Trump y sus políticas de agresión y erráticas sobre Venezuela”, agregó.

España

Maduro volvió a referirse a un artículo de prensa según el cual, dijo, “en la Embajada de España (en Venezuela) se preparó el (su) asesinato”.

El mandatario acusó al embajador español en Venezuela, Jesús Silva, de apoyar los planes opositores liderados por Leopoldo López, quien está como huésped en la residencia diplomática desde el 1 de mayo de 2019, después de romper el arresto domiciliario en el que permanecía desde 2017.

El presidente venezolano dijo que el Gobierno se reserva acciones diplomáticas sobre el embajador por su supuesta complicidad con la oposición para derrocar la revolución bolivariana. “Esperen noticias en las próximas horas”, añadió.

Silva es embajador de España en Venezuela desde marzo de 2017 y ya fue expulsado del país en enero de 2018 luego de que Maduro lo declarase persona no grata. Tres meses después, el diplomático retomó el puesto en medio de una normalización de las relaciones entre ambos países.

Irán se mantiene firme junto a Venezuela contra las sanciones de EE. UU.
La nueva decisión estadounidense contra los capitanes de los barco iraníes coincide con la llegada de otra embarcación persa a Venezuela cargada con alimentos

 

Este jueves 25 de junio,  la República Islámica de Irán afirmó que se mantiene firme junto a Venezuela frente a las sanciones de Estados Unidos (EE. UU), que ha penalizado a los cinco capitanes de barco iraníes que entregaron 1,5 millones de barriles de petróleo al país sudamericano.

“Pese a las presiones de EE. UU., Irán y Venezuela permanecerán firmes para contrarrestar las sanciones ilegales estadounidenses”, dijo en un mensaje de Twitter el portavoz del Ministerio de Exteriores, Abás Musaví.

Musaví también subrayó que esas sanciones son “movimientos desesperados de EE. UU.” y “una señal del fracaso de la llamada ‘presión máxima” de Washington contra Teherán.

Esta decisión de EE. UU. coincide con la llegada de un nuevo barco iraní a Venezuela, aunque esta vez cargado, según las autoridades persas, de alimentos.

En este contexto, el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, anunció este miércoles sanciones contra los cinco capitanes iraníes, cuyos activos quedan bloqueados en territorio estadounidense y que no podrán operar en aguas de ese país.

Son los capitanes de los barcos Clavel, Petunia, Fortuna, Bosque y Faxon, que trabajan para las Líneas Navieras de la República de Irán o para la Compañía Nacional Iraní de Petroleros (Nitc).

Estas son las últimas sanciones de la larga lista impuestas por Washington. a Teherán desde que EE. UU. abandonó de modo unilateral el acuerdo nuclear de 2015 firmado con Irán y otras cinco potencias.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, defendió el pasado mayo su derecho a comerciar libremente con otros países y agradeció a Irán «su solidaridad, su apoyo, su valentía, su decisión».