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Delcy Rodríguez pide a los curas que quieran hacer política que se quiten la sotana
«Yo solamente le traigo los recuerdos del comandante Hugo Chávez, a la iglesia venezolana le queda mucho trayecto de diálogo con las autoridades venezolanas electas por el pueblo venezolano y (…) decía que los curas que quieran hacer política se quitan la sotana y vienen a hacer política», expresó

 

La vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, pidió «a los curas que quieran hacer política» que se quiten la sotana, luego de que el obispo auxiliar de Caracas, Ricardo Barreto, leyera una carta del secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, pidiendo impulsar el diálogo en el país.

«Yo solamente le traigo los recuerdos del comandante Hugo Chávez, a la iglesia venezolana le queda mucho trayecto de diálogo con las autoridades venezolanas electas por el pueblo venezolano y (…) decía que los curas que quieran hacer política se quitan la sotana y vienen a hacer política», le dijo a Barreto en la asamblea de Fedecámaras.

Asimismo, los invitó «al diálogo o a la política», pues, consideró, están abiertos «los caminos».

«En la democracia siempre están los caminos», espetó Rodríguez a Barreto.

Poco antes de su intervención, el obispo auxiliar de Caracas tomó la palabra para leer una misiva enviada por Parolin dirigida a Fedecámaras en la que sostuvo que «es importante que la sociedad civil sea también protagonista de la solución de la crisis actual» que se vive en Venezuela.

La solución a la misma «solo se dará si los venezolanos y, especialmente, los que tienen algún tipo de responsabilidad política, están dispuestos a sentarse y a negociar de un modo serio», consideró en la misiva.

Para llegar a acuerdos que abran la puerta a soluciones, Parolin aseguró que es necesaria la «voluntad política por parte de los involucrados», así como la disponibilidad para «dejar que el bien común prevalezca sobre intereses particulares y el apoyo responsable de la sociedad civil y de la comunidad internacional».

Finalmente, el secretario de Estado vaticano aseguró en la misiva leída por Barreto que si una negociación tiene éxito «será necesaria una gran generosidad y paciencia».

Pedro Castillo es proclamado presidente electo de Perú
El izquierdista obtuvo el 50,12 % de los votos válidos, un estrecho triunfo por apenas 44.263 votos de ventaja sobre Keiko Fujimori

 

El izquierdista Pedro Castillo fue proclamado este lunes presidente electo de Perú, mes y medio después de los comicios que ganó a la derechista Keiko Fujimori, quien retrasó su nombramiento con más de un millar de impugnaciones en las que denuncia sin pruebas fehacientes un supuesto «fraude».

Después de declarar infundados los últimos recursos legales presentados por Fujimori, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) refrendó los resultados de la votación del 6 de junio, donde Castillo obtuvo el 50,12 % de los votos válidos, un estrecho triunfo por apenas 44.263 votos de ventaja sobre Fujimori.

La proclamación de Castillo se dio a ocho días del cambio presidencial previsto para el 28 de julio, día en que Perú celebrará los 200 años de su independencia y el actual presidente interino, Francisco Sagasti, cederá la jefatura del Estado a Castillo, un profesor rural, originario de la norteña región andina de Cajamarca.

Boluarte vicepresidenta  

En la sesión del pleno del JNE celebrada a través de una videoconferencia también fue proclamada vicepresidente la funcionaria Dina Boluarte.

A diferencia de sus predecesores, Castillo comenzará su mandato con solo una vicepresidenta, pues Vladimir Cerrón, el líder y fundador del partido marxista Perú Libre, fue invalidado como candidato al tener una condena firme por corrupción, producto de su gestión como gobernador de la céntrica región andina de Junín.

Entre los invitados a la breve sesión estuvo el propio Castillo, así como la primera ministra, Violeta Bermúdez; el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto; y la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde.

También asistieron los jefes de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), organismos que han refrendado la legitimidad de los comicios peruanos juntos a gobiernos como los de Estados Unidos y Canadá, entre otros países.

«Ilegítimo» para Fujimori 

Antes de la proclamación, Keiko Fujimori anticipó, en un pronunciamiento público donde no admitió preguntas, que respetará la proclamación del JNE pese a que la calificó de «ilegítima» por seguir considerando que hubo un fraude el día de la elección.

La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) continúa insistiendo en ese supuesto «fraude sistemático» desde el día posterior a la elección, cuando veía irreversible su tercera derrota consecutiva tras haberse quedado también a las puertas en 2011 contra Ollanta Humala y en 2016 frente a Pedro Pablo Kuczynski.

Hasta ahora ni Fujimori ni sus aliados han presentado una prueba fehaciente de las irregularidades que denuncian, basadas esencialmente en presuntas firmas falsas cuyos supuestos afectados han salido públicamente en numerosos casos a denunciar las acusaciones y reafirmar que las firmas de las actas son suyas.

En estas elecciones, Fujimori postuló mientras afronta una acusación de más de 30 años de prisión por presunto lavado de dinero en la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales.

Castillo asumirá la Presidencia para el periodo 2021-2026 con un discurso profundamente reformista que incluye una nueva Constitución al considerar que la vigente, surgida del «autogolpe» de Estado de Fujimori en 1992, ha impulsado una economía neoliberal cuyo progreso económico no ha solucionado las profundas desigualdades.

Tribunal Supremo británico reanudará el caso del oro venezolano este #19Jul

El Tribunal Supremo del Reino Unido, la máxima instancia judicial del país, analizará a partir de este lunes el caso sobre el oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra, que reclaman tanto la administración de Nicolás Maduro, como el equipo de Juan Guaidó.

La junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Maduro, presidida por Calixto Ortega, quiere vender cerca de 1.000 millones de euros de esos activos para transferirlos a la ONU a fin de adquirir equipamiento contra la pandemia, lo que trata de impedir la junta paralela nombrada por Guaidó.

Para que la Justicia británica pueda determinar quién tiene autoridad sobre los 31 lingotes de oro, valorados en unos 1.600 millones de euros, debe dirimir primero a quién reconoce el Gobierno de Londres como jefe de Estado en Venezuela, si a Maduro, que controla las instituciones venezolanas y con quien mantiene relaciones diplomáticas, o al líder opositor, al que, como otros países, reconoce como presidente interino.

 

El Supremo examinará entre el lunes y el miércoles un recurso elevado por la junta del BCV nombrada por Guaidó, que pide que se anule un fallo desfavorable emitido el pasado 5 de octubre por el Tribunal de Apelaciones.

Este tribunal rechazó que el Gobierno británico reconociera al líder opositor de forma «inequívoca» como presidente de Venezuela a todos los efectos en una declaración del 4 de febrero de 2019, donde lo reconocía como «presidente constitucional interino» hasta que se celebraran elecciones legítimas.

La corte de Apelaciones invalidó así un dictamen del 2 de julio de 2020 del Tribunal Superior, que otorgaba a la junta «ad hoc» de Juan Guaidó la autoridad sobre los activos depositados en Inglaterra.

Se espera que el Supremo, ante el cual comparecerán, por primera vez en este caso, abogados del Ejecutivo británico, emita su fallo varios días después de las audiencias, tras lo cual el proceso regresaría a la División Comercial del Tribunal Superior.

Entre el 19 y el 21 de julio presentarán sus alegatos los abogados de la junta del BCV de Maduro, del bufete Zaiwalla & Co; los representantes de la junta «ad hoc» nombrada por Guaidó, del despacho Arnold & Porter; y los letrados del ministerio de Exteriores británico.

Voluntad Popular anuncia liberación de 3 familiares del activista Javier González
«Tras más de 24 horas de secuestro, el régimen ha liberado a los familiares de nuestro hermano Javier González (conocido como) ‘El Gocho’. Rechazamos el amedrentamiento y la persecución a los integrantes de nuestro partido», escribió el partido en su cuenta de Twitter

 

El partido Voluntad Popular (VP) informó este 14 de julio que tres familiares de un dirigente de su organización fueron liberados, cerca de 24 horas después de haber sido arrestados.

«Tras más de 24 horas de secuestro, el régimen ha liberado a los familiares de nuestro hermano Javier González (conocido como) ‘El Gocho’. Rechazamos el amedrentamiento y la persecución a los integrantes de nuestro partido», escribió VP en su cuenta de Twitter.

La exdiputada Adriana Pichardo también informó que «fueron liberados los familiares de González, tras casi 24 horas arbitrariamente retenidos violando todos sus derechos humanos».

La también exparlamentaria Olivia Lozano había denunciado horas antes que tres parientes de González fueron «secuestrados» sin orden de arresto, sin cumplir «ningún procedimiento» y violando «todos sus derechos».

VP afirmó que, durante «la arremetida» a la residencia de González, los funcionarios policiales no encontraron al dirigente, por lo que se llevaron a su madre, María González, su hermano Michael González y su primo Michel González.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo el martes que a «Javier, ‘El Gocho'», lo están «buscando» por, presuntamente, ser «uno de los activadores» en la popular barriada caraqueña de La Vega «de acciones terroristas».

El oficialista mostró unas supuestas conversaciones por WhatsApp entre «Gocho Javier» y el opositor Leopoldo López, además de otras, entre los dirigentes Luis Somaza, Emilio Graterón, Gilber Caro, Hasler Iglesias y Freddy Guevara, todos del partido político Voluntad Popular.

En dichas conversaciones, según la versión de Rodríguez, los opositores dialogaban en un lenguaje cifrado acerca de preparar los tiroteos de la semana pasada junto a las bandas criminales de la zona suroccidental de Caracas.

EFE Jul 14, 2021 | Actualizado hace 1 semana
Sebin detuvo a la madre de Javier Tarazona
«Efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Sebin se llevaron a la señora Teresa Sánchez, madre de Javier Tarazona, mientras realizaban allanamiento de su hogar», escribió Fundaredes en su cuenta de Twitter

 

Varios activistas venezolanos denunciaron el 14 de julio la detención de Teresa Sánchez, madre del director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, quien se encuentra preso desde el pasado 2 de julio junto a otras dos personas de esa organización.

«Efectivos del (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) Sebin se llevaron a la señora Teresa Sánchez, madre de Javier Tarazona, mientras realizaban allanamiento de su hogar», escribió Fundaredes en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la también activista de esa organización Clara Ramírez escribió en la misma red social que Sánchez «es beneficiaria, al igual que Tarazona, de una medida cautelar otorgada» por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Dicha decisión la tomó la CIDH el 1 de julio de 2020 «tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».

El abogado Orlando González, miembro de la ONG Foro penal en la ciudad de San Cristóbal, capital del estado fronterizo Táchira, donde reside Tarazona, afirmó que los funcionarios del Sebin se llevaron a Sánchez con «rumbo desconocido» junto a un menor de edad.

En un video difundido en Twitter por el director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, González explicó que en el allanamiento del domicilio de Tarazona no estuvo presente su abogado ni permitieron el acceso de testigos.

Tarazona fue detenido junto a su hermano Rafael y Omar García, ambos miembros de Fundaredes, y los tres fueron imputados este sábado por «incitación al odio» y otros delitos.

«Javier Tarazona, defensores de DDHH de Fundaredes, quedan privados de la libertad. Les imputan supuesta traición a la patria, terrorismo e incitación al odio», indicó el director Himiob el pasado 3 de julio.

Tarazona fue una voz fundamental para informar acerca del conflicto que comenzó en marzo pasado entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC en el estado Apure (fronterizo con Colombia) y que se prolongó por aproximadamente dos meses con un saldó indeterminado de fallecidos.

Al frente de Fundaredes, se convirtió en una fuente clave para conocer lo que sucedía en la zona ante la falta de datos oficiales.

Maduro: Vamos a solicitar a España la extradición de Leopoldo López
«Le he dicho al canciller Jorge Arreaza que se comunique con el nuevo canciller (español), recién nombrado, canciller Albares, y le muestre todas las pruebas y le solicite en extradición al señor Leopoldo López, principal propiciador de golpes de Estado, violencia terrorista y ahora esta violencia delincuencial»   

 

Nicolás Maduro aseguró este 14 de julio que le pidió al canciller Jorge Arreaza que se comunique con el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, para que «solicite en extradición» al opositor Leopoldo López.

«Le he dicho al canciller Jorge Arreaza que se comunique con el nuevo canciller (español), recién nombrado, canciller Albares, y le muestre todas las pruebas y le solicite en extradición al señor Leopoldo López, principal propiciador de golpes de Estado, violencia terrorista y ahora esta violencia delincuencial», dijo Maduro en un acto de Gobierno transmitido VTV.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó en mayo pasado que había solicitado a España la extradición de López, quien abandonó su país a finales de octubre pasado de forma clandestina, a través de la frontera con Colombia, y se instaló en España.

«La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró procedente solicitar al Reino de España, la extradición activa del ciudadano Leopoldo Eduardo López Mendoza, para el fiel cumplimiento del resto de su condena en territorio venezolano», dijo la corte en un comunicado.

Según explicó entonces la corte, la condena que debe cumplir López es de «ocho años, seis meses, 25 días y 12 horas» por los delitos de «determinador en el delito de incendio, determinador en el delito de daño, autor en el delito de instigación pública y el de asociación».

Días después, López se puso disposición de la Justicia española «ante la persecución de la dictadura de Maduro» que consideró que se reflejaba «en una solicitud ilegal de extradición».

Posteriormente, el juez de la Audiencia Nacional de España Santiago Pedraz recibió el escrito del opositor venezolano en el que se ponía a disposición de la Justicia española.

El escrito ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 1, del que es responsable Pedraz, por encontrarse esa semana de guardia, si bien aún estaban a la espera de que llegase a la Audiencia Nacional la anunciada solicitud de extradición de López, explicaron entonces a Efe fuentes jurídicas.

Al respecto, Maduro aseguró que la Fiscalía «ha encontrado que buena parte» de los tiroteos entre bandas y policías vividos en Caracas la semana pasada «se prepararon con tiempo, se financiaron y se dirigieron por vías telemáticas desde Madrid».

«Desde Madrid se dirigen ataques terroristas con grupos delincuenciales en Venezuela y lo debe saber el Gobierno de España», subrayó.

«Vamos a solicitar en extradición (a López) y a afincarnos en que el Gobierno de España respete el derecho internacional, no sea cómplice del terrorismo y de la violencia contra la paz de los venezolanos», agregó.

Finalmente, sostuvo que puede tener «muchas diferencias con el Gobierno de España» pero «otra cosa es que ellos amparen que, desde Madrid, se conduzca y se financie directamente acciones de violencia, de muerte, de terrorismo, comprobadas».

«Tenemos las pruebas en las manos, la Fiscalía tiene las pruebas en las manos, el fiscal ha sido contundente y claro, los equipos científicos de investigación de la Fiscalía, así lo han comprobado, lo han corroborado y el Estado venezolano está actuando con base a la ley», concluyó.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, mostró el pasado martes unas supuestas conversaciones por WhatsApp entre López y otros opositores que forman parte del partido político Voluntad Popular.

En dichas conversaciones, según la versión de Rodríguez, los opositores dialogaban en un lenguaje cifrado acerca de cómo preparar junto a bandas criminales los tiroteos de la semana pasada en la zona suroccidental de Caracas.

Cabello dice que el gobierno tiene información de amenazas contra Maduro
«Desde hace días teníamos información de amenazas, que llevó incluso al presidente Nicolás Maduro a no estar presente en los actos del 24 de junio y del 5 de julio», señaló Cabello en una rueda de prensa, aunque no mostró ninguna evidencia al respecto

 

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, denunció que el gobierno tenía información de «amenazas» en contra de Nicolás Maduro desde hace varios días.

«Desde hace días teníamos información de amenazas, que llevó incluso al presidente Nicolás Maduro a no estar presente en los actos del 24 de junio y del 5 de julio», señaló Cabello en una rueda de prensa, aunque no mostró ninguna evidencia al respecto.

El también diputado de la Asamblea Nacional mencionó que hubo críticas por la ausencia de Maduro en ambos desfiles militares «sin conocer la información» que ellos estaban «manejando».

Cabello afirmó que los tiroteos que se registraron en la barriada de la Cota 905 de Caracas desde el miércoles en la tarde hasta el viernes entre bandas armadas y funcionarios policiales no fueron un «hecho aislado» y que fue preparado por dirigentes políticos de la oposición venezolana.

«Cuando estaba eso en plena ejecución (los enfrentamientos) Freddy Guevara sacó un tuit donde mencionaba que tenía que ver el acuerdo de salvación nacional con los hechos de Apure, de la Cota 905, con los hechos de violencia y al final concluía para que cese la violencia debe haber un acuerdo. Es una confesión de este señor», agregó.

«¿Qué tiene que ver el Acuerdo de Salvación Nacional con este mega drama que se vive en Caracas con las bandas armadas, Apure y el Arco Minero? Todo: solo con un acuerdo político avalado por la comunidad internacional el Estado podrá recuperar el control territorial del país», publicó el exlegislador opositor Freddy Guevara.

«La Fiscalía ha emitido una orden de aprehensión (contra Guevara) que incluye traición a la patria, ataque al orden constitucional, concierto para delinquir, terrorismo», añadió.

Además dijo que los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), espera que se «actúe impunemente en Venezuela y las autoridades no puedan tener respuesta».

«Lo ha dicho nuestro presidente no va a haber ningún tipo de condescendencia, debilidad y la justicia está actuando», apuntó.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, denunció poco antes que hubo un intento fallido para asesinar al mandatario Nicolás Maduro «con drones» el pasado 22 de junio, cuando inauguró un monumento por el bicentenario de la Batalla de Carabobo, clave en la Guerra de Independencia.

«Tenían un plan para asesinar al presidente de la República con drones. Cuatro drones fueron lanzados el pasado 22 de junio contra la actividad que estaba realizando el presidente Maduro, de inauguración del nuevo monumento por el bicentenario de Carabobo en el campo de (la batalla de) Carabobo», denunció en una rueda de prensa.

Rodríguez hizo estas declaraciones, del que no mostró pruebas, un día después de la detención del exdiputado Freddy Guevara, estrecho colaborador de Juan Guaidó, que también denunció ese mismo día «amenazas» y «hostigamiento».

Guevara fue detenido el lunes por el Servicio de Inteligencia (Sebin) cuando se encontraba en una autopista de Caracas, y es señalado por la Fiscalía por una «vinculación con grupos extremistas y paramilitares asociados al Gobierno colombiano».

Justicia europea mantiene las sanciones a Delcy Rodríguez
El Tribunal desestimó también los recursos interpuestos por otras ocho personas próximas al gobierno de Nicolás Maduro, incluido el vicepresidente de Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desestimó este 14 de julio el recurso de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, contra las sanciones que le impuso la UE en 2018, al considerar que socavó la democracia y el Estado de Derecho en ese país.

El Tribunal con sede en Luxemburgo desestimó también los recursos interpuestos por otras ocho personas próximas al gobierno de Nicolás Maduro, incluido el vicepresidente de Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello.

Pero sí aceptó el recurso del secretario general del Consejo Nacional Electoral (CNE), Xavier Antonio Moreno Reyes, al considerar que la decisión de la UE de incluirle en la lista de sancionados no estuvo suficientemente fundada.

Rodríguez alegó ante el Tribunal que el Consejo de la Unión Europea incurrió en «errores manifiestos de apreciación» a la hora de examinar las funciones que desempeñó como vicepresidenta de Venezuela, así como la «falta de indicios precisos y concordantes o bien de pruebas concordantes» a la hora de sancionarla.

Argumentó también que la UE vulneró su derecho de propiedad.

Las sanciones impuestas contra las doce personas próximas a Maduro implicaban la prohibición de entrar en territorio comunitario y la congelación de los bienes y activos que tengan en la UE.

Cabello, por su parte, argumentó que el Consejo de la UE «incumplió» su obligación de motivar las sanciones, que «violó» el principio de buena administración y «vulneró» sus derechos de defensa, en concreto a una tutela judicial efectiva, y su derecho a la libertad de expresión.

Sin embargo, el TJUE, tras «proceder a un examen pormenorizado de la situación específica de los recurrentes», decidió desestimar sus recursos.

Las otras siete personas a las que se les desestimó sus recursos son Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del CNE; Antonio José Benavides Torres, jefe de Gobierno del Distrito Capital; Maikel José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo; y Tarek William Saab Halab, Fiscal General.

En la lista están también Sandra Oblitas Ruzza, vicepresidente del CNE; Katherine Nayarith Harrington Padrón, vicefiscal general; y Socorro Elizabeth Hernández, miembro del CNE.

No obstante, los jueces sí aceptaron el de Moreno Reyes, al considerar que el Consejo de la UE «no ha podido probar que fuera él» quien aprobara las leyes del CNE de Venezuela, que según la UE habían menoscabado la democracia en ese país y, «en particular», de contribuir a la institución de la Asamblea Constituyente de 2017 que los países europeos consideraron ilegítima.

«La firma del secretario general que se coloca, sin margen de apreciación, en las decisiones del CNE no tiene otro fin que el de controlar su fidelidad a las conclusiones adoptadas por los miembros de dicha institución y el respeto de las exigencias jurídicas formales en el momento de su adopción», dijo el TJUE.

«Por otra parte, el secretario general no participa en la elaboración de las posiciones del CNE ni tiene influencia alguna sobre el contenido de las decisiones de este», continuaron los jueces de la corte con sede en Luxemburgo.

Por tanto, Moreno Reyes «no puede ser considerado responsable de las decisiones del CNE que, según el Consejo, menoscabaron la democracia en Venezuela».