Maria Josefa Maya, autor en Runrun

María Josefa Maya

20 senadores de EE.UU alertan las amenazas que enfrentan las primarias
Los senadores insisten en que las inhabilitaciones políticas deben ser levantadas y que se debe permitir que las primarias se lleven a cabo según lo planeado

Este jueves 31 de agosto, 20 senadores, demócratas y republicanos, enviaron una carta al Secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, alertando las amenazas que enfrentan los comicios presidenciales que se celebrarán en 2024 en Venezuela y las elecciones primarias, que se realizarán el 22 de octubre de 2023.

En el comunicado, los senadores expresaron su preocupación por el continuo deterioro de los principios democráticos y el estado de derecho en Venezuela.

«El pueblo venezolano no puede permitirse el lujo de presenciar otras elecciones fraudulentas, lo que sólo traerá más sufrimiento a su nación y fomentará una mayor inestabilidad en la región», indicó el documento.

Los senadores reiteraron que con una elección presidencial programada para 2024, el gobierno de Maduro ya está haciendo todo lo posible para socavar las perspectivas de una votación creíble:

El 14 de junio, el Estado venezolano exigió la renuncia de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE). Seguidamente, se nombró un nuevo consejo mediante un proceso encabezado por la esposa de Maduro, Cilia Flores, quien está sancionada por el gobierno de Estados Unidos.

Durante varios años, el gobierno de Maduro ha prohibido preventivamente que varios candidatos de la oposición se postulen para cargos públicos, tal es el caso de Henrique Capriles, María Corina Machado y Freddy Superlano.

Adicionalmente, el Estado venezolano anunció que no se permitirá la entrada al país de observadores electorales internacionales para las elecciones presidenciales de 2024.

Los senadores que firman el comunicado son: Richard J. Durbin, Bill Cassidy, Robert Menendez, Joni K. Ernst, Tim Kaine, Marco Rubio, Dianne Feinstein, Rick Scott, Michael F. Bennet, John Cornyn, Benjamin L. Cardin, Jeffrey A. Merkley, Alex Padilla, Cory A. Booker, Peter Welch, Christopher S. Murphy, Marsha Blackburn y Catherine Cortez Masto.

Amenazas que enfrentan las primarias

Ante los diversos desafíos que enfrenta la oposición venezolana, la agrupación tomó la decisión de gestionar su propio proceso de primarias.

Ante ello, los senadores enfazitan lo siguiente:

  1. Se debe permitir que las primarias se lleven a cabo según lo planeado, según lo diseñado por la Comisión Nacional de Primarias, sin interferencia del gobierno de Maduro.
  2. Se debe permitir la participación de todos los candidatos y la administración de Maduro no puede elegir a sus propios oponentes (la práctica del gobierno de emitir arbitrariamente prohibiciones administrativas a los candidatos de su elección es inaceptable).
  3. El candidato ganador de las primarias debe poder postularse en las elecciones presidenciales de 2024, en una elección legítima que observadores electorales internacionales creíbles confirmen que representa la voluntad del pueblo venezolano.
Venezolanos esperan con incertidumbre fallo del juicio contra parole humanitario
La demanda contra el parole humanitario fue impuesta el 24 de enero por los gobiernos de 20 estados contra la administración Biden ante el Tribunal Federal de Texas, al que piden que detenga el programa bajo los argumentos de que el presidente Biden no está facultado por la ley para crear un programa de visados que debería tener la anuencia del Congreso
Si el fallo es a favor de los demandantes, los beneficios que ofrece el parole humanitario podrían llegar a su fin
La decisión de un juez federal de aplazar el juicio contra el parole humanitario, significó un alivio para miles de aspirantes al beneficio de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela

Luego de ser retrasado dos veces, el 24 de agosto inició el proceso judicial contra el parole humanitario, programa de la administración de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, para estimular la migración legal de migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.

Los migrantes venezolanos deberán esperar con incertidumbre el fallo del juicio contra el parole humanitario por unos meses. El juez Drew B. Tipton no se pronunció sobre la legalidad del programa. 

Inicialmente, el proceso había sido agendado para abril y luego para el 13 de junio. Este retraso permitió más tiempo para que familias y patrocinadores en EE.UU. pudieran presentar solicitudes de parole a sus allegados y un alivio de algunos unos meses a quienes esperan respuesta de sus casos.

De acuerdo con la Voz de América, la demanda contra el programa migratorio fue impuesta el 24 de enero por los gobiernos de 20 estados contra la administración Biden ante el Tribunal Federal de Texas, al que piden que detenga el programa bajo los argumentos de que el presidente Biden no está facultado por la ley para crear un programa de visados que debería tener la anuencia del Congreso.

Los demandantes han argumentado que el estado está gastando millones de dólares en atención médica y educación pública, debido a la afluencia de inmigrantes bajo el amparo del parole humanitario anunciado el pasado 5 de enero por la administración de Biden que beneficia a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Los demandantes son los estados: Texas, Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Sur Carolina, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wyoming.

Lo que ha ocurrido en el juicio

A continuación algunas claves de lo que ha ocurrido durante el proceso judicial en contra del parole humanitario:

La decisión de un juez federal de aplazar el juicio contra el parole humanitario, significó un alivio para miles de aspirantes al beneficio de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela.

El juicio busca detener los nuevos permisos humanitarios.

El proceso judicial comenzó el jueves 24 de agosto y sólo un testigo ha rendido testimonio, un estadounidense que patrocina a un migrante nicaragüense que vive en Estados Unidos gracias al programa. La mayor parte del juicio se ha dedicado a los alegatos finales y a las preguntas del juez Drew B. Tipton a los abogados.

La demanda no se ha opuesto al uso del permiso humanitario para decenas de miles de ucranianos que llegaron tras la invasión rusa.

Para la especialista en temas migratorios, María Herrera Mellado, consultada por Diario Las Américas, este cuestionamiento es importante ya que Texas, el principal afectado por el flujo de inmigrantes, tendría que demostrar que ha sufrido una pérdida económica para tener legitimación activa en el caso.

La especialista destaca que el juez hizo una pregunta fundamental: ¿El hecho de que alguien viva en la pobreza se considera una necesidad humanitaria urgente? “Creo que no,” fue la respuesta de Elissa Fudim, una abogada del Departamento de Justicia que defiende al gobierno federal en la demanda.

Por otra parte, Tipton cuestionó los argumentos de los demandantes cuando preguntó repetidamente a los abogados de Texas cómo el estado podría reclamar pérdidas financieras si los datos muestran que ese programa de libertad condicional, en realidad, ha reducido la cantidad de inmigrantes que ingresan a los Estados Unidos.

«En los últimos seis meses se ha erogado menos en personas de esos países», dijo el juez. 

Sin embargo, los demandantes han precisado que se están gastando millones de dólares en atención médica y educación pública debido a la afluencia de inmigrantes en libertad condicional, explicó Herrera Mellado.

Los partidarios del programa argumentan que este no aprueba a todos los que lo solicitan y que cada caso se revisa individualmente.

Una vez concluidos los alegatos finales, Tipton no se pronunció sobre la legalidad del programa. El fallo podría llegar dentro de unos meses.

El juez dijo que no se sentía cómodo emitiendo una orden temporal que suspendiera el programa de permiso humanitario en todo el país porque hay estados que señalan que la iniciativa los ha beneficiado.

Lo que hace el parole humanitario 

El programa permite la entrada al país de hasta 30,000 personas al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. 

De acuerdo con Telemundo, a fines de julio de este año, más de 72.000 haitianos, 63.000 venezolanos, 41.000 cubanos y 34.000 nicaragüenses habían sido evaluados y autorizados para ir a Estados Unidos mediante el programa.

Expertos de la ONU: condena a sindicalistas venezolanos es un abuso de leyes antiterroristas
Los expertos instan a los tribunales venezolanos a revisar urgentemente las condenas, aplicando estándares internacionales conformes a los derechos humanos en materia de adjudicación y revisión
También alientan al Estado venezolano a «implementar de manera cabal los compromisos asumidos con la Organización Internacional del Trabajo»
Los relatores especiales consideran que condenas de prisión tan elevadas son un intento de sacar de circulación a los actores de la sociedad civil y dañar el espacio cívico en Venezuela

El 11 de agosto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas emitió un comunicado en el que los expertos Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, y Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, advirtieron que condenar a sindicalistas y dirigentes sindicales por cargos de terrorismo es un «abuso crónico» de las leyes antiterroristas de Venezuela. 

El 1 de agosto de 2023, seis sindicalistas, detenidos entre el 4 y el 7 de julio 2022, fueron condenados a 16 años de prisión por conspiración y asociación para delinquir. 

«Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín acaban de ser condenados a 16 años de prisión por los delitos de conspiración y asociación para delinquir», anunció la ONG Acceso a la Justicia en su cuenta en Twitter. 

La organización insistió en que estos seis sindicalistas son «luchadores sociales, y que esta condena representa «el recrudecimiento de la persecución política en Venezuela».

«En un proceso judicial marcado por irregularidades y excepcionalidades, tal abuso de medidas antiterroristas es totalmente contrario al derecho internacional», afirmaron los relatores especiales.

Los expertos instan a los tribunales venezolanos a revisar urgentemente las condenas, aplicando estándares internacionales conformes a los derechos humanos en materia de adjudicación y revisión. También, alientan al Estado venezolano a «implementar de manera cabal los compromisos asumidos con la Organización Internacional del Trabajo».

El comunicado resaltó varias irregularidades que se presentan en este caso de los detenidos. A continuación algunas de ellas: 

En una comunicación anterior al Gobierno de Venezuela, los expertos destacaron la falta de protección del debido proceso, la falta de acceso a la defensa legal para los activistas y lideres sindicales, la inadecuación de las pruebas a las acusaciones formuladas y el hecho de que informantes clave no testificaran en el juicio.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los órganos de derechos humanos han sostenido sistemáticamente que la legislación y la práctica antiterroristas deben implementarse de manera respetuosa de los derechos humanos.

«Denunciamos el uso indebido de las leyes antiterroristas contra quienes han abogado por la protección de los derechos sociales y económicos y la libertad de asociación. Este tipo de uso indebido es un intento de sofocar y asfixiar a la sociedad civil organizada», reiteró el comunicado.

Los expertos se mostraron profundamente preocupados por el hecho de que todos los sindicalistas fueron condenados a penas de prisión excepcionalmente largas.

Los relatores especiales consideran que condenas de prisión tan elevadas son un intento de sacar de circulación a los actores de la sociedad civil y dañar el espacio cívico en Venezuela.

«La dureza de las condenas sirve de advertencia a otras personas que podrían participar en actividades disidentes o asociativas, contrarias a las opiniones del gobierno», señalaron los expertos.

Los expertos reiteraron en el comunicado que las autoridades venezolanas están utilizando la lucha contra el terrorismo para excluir y socavar la labor legítima en favor de los derechos humanos.

«El uso de la legislación antiterrorista contra actores de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos debe cesar de inmediato», afirmaron los expertos.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de DDHH de la ONU.

Los trabajadores de este órgano, aclaran en el texto,  trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

Clima21: Trujillo y Portuguesa comienzan a ser afectados por derrames petroleros
Enero fue el mes con mayor cantidad de derrames petroleros, registrando 15. Le siguen abril y mayo con siete en cada mes. 

En un reporte sobre derrames petroleros en Venezuela durante 2023, Clima21 señaló que por primera vez, en comparación a periodos anteriores, se registraron derrames de hidrocarburos en Portuguesa y Trujillo. 

Según la organización, entre enero y junio de 2023, ocurrieron alrededor de 44 derrames petroleros.

«Esta situación pone en peligro los ecosistemas y vulnera los derechos humanos de un gran número de personas que ven afectadas sus vidas, trabajos y culturas», reiteró Clima21.

La información fue recopilada por la organización a través de redes sociales, artículos de prensa e informantes locales.

A continuación, nueve claves relevantes del informe: 

Entre enero y junio de 2023, Clima21 registró 44 derrames de hidrocarburos en siete estados del país.

Enero fue el mes con mayor cantidad de derrames, con  15. Le siguen abril y mayo, con siete en cada mes. 

Las entidades con mayor frecuencia de derrames son Zulia, Falcón y Anzoátegui. Los tres estados suman 88,6% de los eventos registrados durante el periodo en estudio. En 2022, esta cifra era 90,7%. 

Zulia es el estado en el que hubo más derrames, con 23 eventos de este tipo en lo que va de 2023. Le sigue Falcón con 13 y Anzoátegui con tres. 

Se registraron algunos derrames petroleros en Trujillo y Portuguesa, estados que no habían sido afectados en períodos anteriores.

La mayor cantidad de derrames registrados se localizaron en los estados donde están concentradas la mayor parte de las operaciones e instalaciones de la industria petrolera venezolana.

En mayo se registró un derrame en la costa oriental del Lago de Maracaibo, en Bachaquero, que tuvo una extensión de 185 km2 .

De acuerdo con la organización, los derrames petroleros persistieron por varios meses antes de  que la situación fuese subsanada. En algunos oleoductos se observaron varias fugas ocurriendo en simultáneo.

Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) no emitió comunicados u otra información sobre los derrames ocurridos. Por ello, se desconoce la cantidad real de derrames, sus características, ni sobre las acciones que pudo haber realizado esta empresa para atender las contingencias.

La pesca, agricultura y ganadería fueron las actividades económicas más afectadas por los derrames. Debido a que la mayor parte se registró en aguas marinas, se produjeron protestas por parte de pescadores, que denunciaron pérdidas de sus equipos de trabajo, períodos de trabajo, pérdida de volúmenes de pesca, así como la diversidad de especies de las que depende su trabajo. También, las noticias reseñaron que fueron 
afectadas empresas turísticas por los derrames, lo que implicó pérdidas de puestos de trabajo.

OVP: Casas de paz en calabozos policiales violaría derechos de los detenidos
Según el director de OVP, el policía municipal, estadal y funcionario de la PNB están formados para la seguridad pública, no para cuidar y velar por los derechos humanos de los presos
Una de las principales preocupaciones de Prado ante el anuncio de Tarek William Saab es la coacción y presión a la que puede exponerse un recluso si el plan de casas de paz se lleva a cabo
Se debe hacer inventario de personas procesadas, penadas, con medidas cautelares y que poseen medidas alternativas de cumplimiento de pena para sacar la cuenta de  cuánto personal se necesita para que el servicio a los detenidos no viole el debido proceso, ni caiga en el retardo procesal

 

Entre el 17 y 19 de julio, 107 personas que se encontraban detenidas en el centro de detención preventiva de La Morita II del estado Aragua iniciaron un motín para denunciar el atropello y abusos que recibían por parte de las autoridades del calabozo policial, el retardo procesal en sus causas y supuestos hechos de corrupción en tribunales de Aragua.

Durante el hecho, cuatro funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron secuestrados por más de 24 horas en el centro de detención. Katerin Vargas, Rubén Rojas, Darwin Alvarado y el oficial Saulo Kiñones fueron liberados luego de que el conflicto culminara al trasladar a 38 privados de libertad al Internado Judicial de Aragua, mejor conocido como Tocorón.

Un día después, y a raíz del hecho, el fiscal general Tarek William Saab, anunció la puesta en marcha de un plan para reducir el número de personas recluidas en las estaciones policiales, consideradas centros de detención preventiva, que actualmente albergan a 25.000 internos en todo el país, reseñó la Agencia EFE.

La Fiscalía, el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se comprometieron «a convertir los centros preventivos» en «casas de paz», de modo que puedan celebrarse en esos calabozos las audiencias de juicio para combatir el retardo procesal que mantiene a miles de detenidos durante años en estos lugares, originalmente concebidos para 48 horas de detención.

“¿Cómo traerás casas de paz cuando no hay espacio para calabozos?. Esto no se resuelve con buenas intenciones, se resuelve con experticia, gerencia y disposición para hacerlo”, opinó Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en conversación con Runrun.es.

Para el director del OVP, en los calabozos policiales se excede el tiempo establecido por el artículo 44 de la Constitución venezolana y el Código Orgánico Procesal Penal al dejar más de 48 horas a personas detenidas en sus instalaciones. Adicionalmente, en un espacio diseñado para 20 personas, detienen a 100 o 200 detenidos. 

“Los funcionarios de cuerpos policiales no están formados para lo que les ponen a hacer. Los policías carecen de presupuesto para brindar desayuno, almuerzo y cena a los reclusos en sus calabozos”, aseguró Prado.

Según el director de OVP, el policía municipal, estadal y funcionario de la PNB son formados para la seguridad pública, no para cuidar presos. “No están formados para velar por los derechos humanos de los presos, o para registrar comida y personas que visitan a su ser querido que está detenido preventivamente.

“En ningún comando policial existe un área de atención médica para los detenidos, ni siquiera para los policías”, indicó Prado.

Coacción y presión a los reclusos

Una de las principales preocupaciones de Prado ante el anuncio de William Saab es la coacción y presión a la que puede exponerse un recluso si el plan de casas de paz se lleva a cabo. 

El director del Observatorio explicó que un detenido es trasladado al tribunal para que esté libre de coacción y presión. “No es que no esté de acuerdo en poner unos salones para algunas diligencias que se puedan hacer, pero esas diligencias no pueden estar vinculadas con el proceso”, afirmó.

“Si un muchacho fue detenido por policías, ¿cómo lo vas a poner dentro de la misma sede de la policía a declarar contra los policías?. No tiene sentido”, señaló Prado.

Según el director de OVP, el cambio de abogado de un detenido es una de las diligencias que se puede ejecutar, pero en el proceso no se puede hacer mucho porque el traslado al tribunal garantiza que la persona que esté presuntamente involucrado en determinado tema esté libre de presión y coacción, si no se cumple, se viola ese aspecto por saltar encima de la norma.

Prado explicó que las irregularidades que se han dado en el sector carcelario han intentado ser solventadas a través de actividades que son espasmódicas, pues no atacan el problema estructural. 

La reestructuración es la solución del problema

De acuerdo con Prado, la solución al problema de retardo procesal y todas las irregularidades que implica pasa por establecer un sistema gradual para otorgar medidas cautelares y medidas alternativas de cumplimiento de pena para que no haya impunidad. 

Una vez que se inicie esa reestructuración, el problema puede solucionarse en un año de trabajo continuo y sostenido. 

El director del OVP reiteró que, para ello, hay que tener una visión de cómo resolver el problema estructural a corto, mediano y largo plazo.  Sugirió las siguientes acciones:

Devolver la autonomía e independencia del Poder Judicial. “Cuando un juez dicta una medida preventiva y ordena el traslado de una persona al centro penitenciario, tiene que ser trasladado de inmediato, no tiene que estar un año en un calabozo policial”, dijo.

Se debe hacer inventario de personas procesadas, penadas, con medidas cautelares y que poseen medidas alternativas de cumplimiento de pena para sacar la cuenta de  cuánto personal se necesita para que el servicio a los detenidos no viole el debido proceso, ni caiga en el retardo procesal. 

Nombrar más jueces, fiscales y  defensores públicos, según el número de personas que se encuentren privadas de libertad y tengan sentencia firme o un proceso abierto. 

Hacer un concurso de credenciales, entrenarlos y después “soltarlos al ruedo”. “Independientemente de que es un proceso que tomará tiempo, estas personas solucionarán el problema estructural, porque van a nivelar la situación del proceso de cada persona”, señaló Prado.

Hum Venezuela: Emergencia Humanitaria compleja persiste y tiene efectos devastadores
De acuerdo con la organización, la emergencia humanitaria compleja en Venezuela no ha mejorado. Los factores que ocasionaron el colapso estructural de las capacidades del país continúan presentes
Según el documento, la EHC ha tenido impactos devastadores en la vida de las personas. Para mayoría no es posible cubrir un nivel mínimo de necesidades vitales y el tamaño y duración de las privaciones «han traspasado los umbrales de deterioro resistibles» y se hace muy difícil
Las comunidades con privación social son más vulnerables para afrontar riesgos de daño, incluyendo abusos y violencias

 

Hum Venezuela aseguró que la caída de las capacidades institucionales, económicas y sociales del país ha seguido profundizándose, generando brechas de privación social de gran tamaño.

A través de un informe publicado en julio de 2023, la organización explicó que la emergencia humanitaria compleja (EHC) en Venezuela no ha mejorado. “Los factores que ocasionaron el colapso estructural de las capacidades del país continúan presentes”, indicó la investigación.

Hum Venezuela condujo la realización del estudio para hacer una evaluación del profundo colapso de las capacidades internas del país para garantizar derechos de acceso de la población venezolana a condiciones de vida dignas y a estar libre de riesgos de amenaza a sus vidas, integridad, seguridad, subsistencia y libertad de acción para procurar soluciones a las extremas problemáticas individuales o colectivas que enfrentan. 

Este trabajo tuvo como base una evaluación que ejecutaron las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la comunidad de HumVenezuela entre noviembre de 2022 y junio de 2023. A través de sesiones de intercambio con integrantes de comunidades, miembros de 87 comunidades de 20 estados del país participaron en una evaluación cualitativa y testimonial de sus privaciones sociales.

Las comunidades se escogieron por sus vulnerabilidades sociales, económicas, físicas o ambientales. De las evaluadas 81,6% se encontraba en zonas urbanas, 11,5% en zonas rurales o semiurbanas y 6,9% en asentamientos indígenas.

Además, el informe construyó una breve retrospectiva del colapso de las capacidades internas del país, a través del rastreo de sus causas más significativas dos décadas atrás.

 

A continuación 15 claves relevantes del informe: 

La emergencia humanitaria compleja en Venezuela es producto de la confluencia de varias crisis simultáneas, cuyas fuerzas combinadas han devastado las condiciones de vida de la población venezolana. 

Los hallazgos de este trabajo muestran que la EHC en Venezuela no ha mejorado. Los factores que ocasionaron el colapso estructural de las capacidades del país continúan presentes.

Estas crisis fueron consecuencia de largos y sostenidos procesos de deterioro de las capacidades institucionales, económicas y sociales internas que desembocaron en un colapso estructural y una emergencia humanitaria a gran escala, con origen en una variedad de factores que tienen en común su relación con la inestabilidad política y la desestructuración del Estado.

El declive de las capacidades del país fue de evolución lenta. Los principales signos de esta política fueron el control de las divisas, la intervención estatal de la economía, un alto endeudamiento externo, la exacerbación de las importaciones y el uso de estructuras paralelas y discrecionales de gestión estatal, fuera del escrutinio público y al margen de las funciones rectoras y regulatorias de las propias instituciones del Estado.

Venezuela entró en insostenibilidad económica, acentuada con la caída de los precios del petróleo entre 2013-2016.

Estas medidas ocasionaron una alta escasez de alimentos, medicinas, insumos médicos y otros productos básicos que, con una inflación creciente y sostenida, elevaron la pobreza de 48,4% a 81,8% entre 2014-2016 y generaron protestas de carácter social y político, duramente reprimidas. 

Antes de estas sanciones, el Producto Interno Bruto de Venezuela había caído 48% y las exportaciones petroleras en 62%. En 2018, Venezuela aparecía entre los países con uno de los colapsos políticos, económicos y sociales más profundos y prolongados del mundo.

Entre 2018-2019, la inestabilidad política se profundizó con una elección presidencial cuestionada y un gobierno interino de oposición. Las exportaciones petroleras se redujeron más por un mayor colapso de la industria y la aplicación de sanciones económicas adicionales.

En 2020, Venezuela fue situada como la cuarta crisis alimentaria del mundo. La pandemia de COVID-19 acentuó la EHC, a pesar de las medidas económicas adoptadas por el gobierno ante la hiperinflación, que consistieron en hacer fuertes recortes del gasto público y permitir las transacciones en dólares, además de dar incentivos a las importaciones del sector privado y a la inversión extranjera, así como privatizar activos del Estado, para reducir la escasez de alimentos y productos básicos. 

Los datos de Hum Venezuela indican que, entre 2020-2021, la población con necesidades humanitarias creció de 59% a 65%. Los 21 meses de confinamiento social ampliaron las brechas de privación y agotaron los medios y estrategias de sobrevivencia de la población. Tras el confinamiento, en 2022 la escala de la EHC experimentó un alza de 66% en las personas con necesidades humanitarias; al menos 55% con necesidades severas. 

Entre 2020-2022, la población desplazada aumentó de 16% a 25%.

En 2022, Venezuela fue el segundo país de origen con mayor movilidad humana a nivel mundial.

Entre 2013-2022, la economía disminuyó 72% por la contracción del PIB. El empleo formal se redujo 41,7% y el salario de los trabajadores perdió 95,5% de su capacidad adquisitiva. 

Hasta 2022, 65,2% de las personas había sufrido la falta o pérdida irreversible de sus medios de vida, haciéndose más amplias y crecientes las desigualdades económicas, sociales y territoriales.

El lento declive de capacidades en Venezuela no permitió ver la fuerza de los factores de desestructuración que provocaron su colapso en el país.

Factores y profundidad del colapso 

Durante 9 años el país perdió alrededor de 68% de sus capacidades económicas y sociales, como consecuencia de una inestabilidad política prolongada y un Estado en desestructuración general, que se expresa en los siguientes factores: 

  • Políticos: socavamiento de la legitimidad y gobernabilidad democrática en las estructuras, funciones y desempeño de los poderes e instituciones del Estado, desfigurándose y fragmentándose en ejercicios de poder que responden a intereses particulares. 
  • Institucionales: por ausencia de Estado de Derecho y de garantías de justicia, derechos humanos, libertades civiles y políticas, seguridad, información pública y rendición de cuentas, que generan violencia en todas sus formas. 
  • Económicos: abandono de la inversión y escasa producción, una economía controlada con gestión discrecional de recursos, volatilidad de ingresos y sostenida inflación, concentración económica urbana, empobrecimiento multidimensional y amplias desigualdades.
  • Ambientales: degradación ambiental a gran escala por depredación ilícita de recursos, deterioro de cuencas y ecosistemas, desprotección ante fenómenos meteorológicos extremos y efectos del cambio climático. 
  • Sociales: desfinanciamiento y desinstitucionalización de los sistemas de bienestar social y su descomposición por el uso de estructuras paralelas de dependencia social, utilizadas para fines políticos. 

Brechas de privación

Hum Venezuela identificó en 87 comunidades privaciones múltiples en medios de vida y alimentos, servicios de salud públicos, agua potable, educación básica, protección y seguridad, y servicios básicos como electricidad, gas doméstico, transporte público, aseo urbano y comunicaciones.

«En períodos menores a los 10 años, se identificaron privaciones relacionadas con los servicios de protección, seguridad; el acceso de NNA a las escuelas de educación básica; y los servicios de electricidad, gas doméstico, transporte público, aseo urbano y comunicaciones, por fallas agudas más recientes en el tiempo», señaló el informe. 

De acuerdo con el informe las brechas están asociadas a la ausencia de Estado en sus estructuras institucionales y el desempeño de funciones básicas, sumergiendo a las comunidades en dinámicas de control por el acceso a recursos escasos, un estado generalizado de desamparo ante la denegación, restricción e inequidad en el goce y ejercicio de derechos, amplias desigualdades, el asedio de múltiples amenazas: pobreza, hambre y desnutrición, alto deterioro de la salud y exposición a muertes por falta de atención, abandono de la educación, distintas formas de violencia y desastres.

Por ende la organización concluyó que:

  1. Las evaluaciones a nivel comunitario describen un panorama desolador de inseguridad humana en la que las brechas de privación han excedido los límites de soporte de las personas para mitigarlas y evitar daños.
  2. La mayoría de las comunidades que participaron en las evaluaciones no tienen acceso a la asistencia y protección de la respuesta humanitaria implementada en el país. 
  3. Recuperar las capacidades de medios de vida y alimentos, de agua potable y de la salud pública requiere los mayores esfuerzos en las prioridades.
  4. El conjunto de las privaciones, vulnerabilidades y riesgos crean un cuadro de extenuación e inseguridad humana, en ausencia de Estado con graves violaciones de derechos.
Claves | Plan económico de Machado apuesta por la privatización de la industria petrolera
Dentro de sus pilares del plan económico, Machado aspira a transformar Venezuela en una potencia energética de la región

Durante la tarde del 18 de julio, la candidata a las primarias del 22 de octubre, María Corina Machado presentó por primera vez, en un evento de la Americas Society y el Council of the Americas, su plan económico y medidas para enfrentar la deuda de Venezuela. 

El plan consta de cuatro pilares esenciales para atender y solventar la crisis económica del país. 

A través de una conferencia de zoom, Machado señaló que su estrategia para recuperar el sector económico y el energético venezolano incluye:

Programa de estabilización económica

 A través de esta iniciativa el equipo de Machado propone detener la hiperinflación, reducir el gasto público, privatizar empresas estatales, las cuales están generando pérdidas; reestructurar los proyectos del sector público, establecer un fisco dirigido a un nivel sostenible de deuda pública, restaurar la independencia del Banco Central de Venezuela (BCV), eliminar las diferentes restricciones en los sistemas de pagos y promover créditos para el sector privado.

Programa de expansión económica

En este punto se apuesta a impulsar el potencial económico de Venezuela a través de inversiones para servicios del sector público y un programa extenso de privatización.

Los sectores prioritarios para el plan de privatización son: energía, agua, gas, telecomunicaciones, vías, aeropuertos y puertos marítimos. También incluye la recuperación y reconstrucción de hospitales públicos, escuelas y universidades. Esto abordará dos dimensiones de la crisis humanitaria, el colapso del sistema sanitario, el aumento de salarios en el sector y pensiones. 

Reestructuración de la deuda venezolana

Se centraría en recuperar la estabilidad económica y financiera del país en medio y largo plazo. Para esto se requerirá el apoyo multilateral y bilateral de instituciones financieras. Antes de ello, Machado aseguró que se debe atender la deuda externa del país.

«Debemos ganar la confianza de posibles inversionistas de la comunidad internacional antes de entrar en la reestructuración de la deuda. Queremos restablecer la relación entre Venezuela y fondos monetarios internacionales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, y agencias de cooperación internacional de cada país con el que Venezuela está adeudado», indicó la candidata de Vente Venezuela. 

Transformar Venezuela en una potencia energética de la región

Esto supone la reforma de la ley de hidrocarburos existente en Venezuela, para asegurar que se eliminen las restricciones de propiedad, aumentar la inversión extranjera en el sector, y así, poder explotar el potencial energético que posee el país. 

“Mi plan es privatizar toda la extracción de petróleo, y actividades relacionadas, que puedan ser asumidas por el sector privado internacional”, señaló Machado. 

Personajes detrás del plan económico

Al concluir su presentación, Machado presentó al equipo con el que diseñó el plan económico: 

  • Carlos Blanco: Consultor internacional. Ha trabajado en la Unión Europea, Banco de Desarrollo de América Latina
    (CAF), Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y actualmente consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en la Presidencia de Colombia.
  • Gustavo García: Economista fiscal,  líder técnico principal de la División de Gestión Fiscal y Municipal del BID (2008-2020).
  • Rafael de la Cruz: Economista senior del Banco Mundial del BID y director del programa de descentralización de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE).
  • Evanan Romero: Ingeniero de petróleo, graduado de la Universidad del Zulia en 1962. Fundador del Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo (Intevep). Fue director de Petróleos de Venezuela, S.A.
  • Miguel Lara: Ingeniero eléctrico especialista en planificación y operaciones del sistema eléctrico venezolano.
  • Lino Carrillo: Senior Manager, especialista industrias manufactureras de petróleo y gas.
  • Oswaldo Lairet: Ingeniero aeronáutico con experiencia en bancos globales, en tesorería y deudas de mercado.
Instan al Estado venezolano a cumplir nuevas recomendaciones en DDHH del Alto Comisionado de la ONU
CEPAZ señaló que las recomendaciones del Alto Comisionado hacen un llamado al Estado a poner fin a estos actos sistemáticos y violatorios de los derechos humanos

El 4 de julio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU, dirigida por Volker Türk, presentó un informe actualizado sobre la violación de derechos humanos en Venezuela.

El informe se centra en los últimos acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, el Estado de derecho y el espacio cívico, así como en el grado de aplicación de las correspondientes recomendaciones formuladas en informes anteriores.

El documento abarca el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023. 

Ante ello, el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) resaltó que el Estado venezolano incumplió las 19 recomendaciones previas del Alto Comisionado, las cuales exigen justicia, reparación y garantías en el ejercicio de los derechos humanos de los venezolanos. 

«Estas recomendaciones se encuentran enmarcadas en las garantías de los derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales y políticos de la población venezolana, protegiendo especialmente a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, personas campesinas, trabajadoras rurales, dirigentes sindicales, laborales y personas vinculadas con la política que son constantemente perseguidas y criminalizadas por parte del Estado», indicó CEPAZ en un comunicado.

Según la organización, las recomendaciones del Alto Comisionado hacen un llamado al Estado a poner fin a estos actos sistemáticos y violatorios de los derechos humanos, pero además a la adopción de medidas que permitan sin demora investigaciones independientes e imparciales, rendición de cuentas de los perpetradores y la reparación de las víctimas o de sus familiares.

Lo que recomienda el nuevo informe

Las recomendaciones que cita el informe son las siguientes: 

Reactivar el proceso de demarcación de las tierras de los pueblos indígenas, respetando la participación plena, significativa y el consentimiento informado de los pueblos indígenas. 

Elaborar y adoptar un protocolo sobre la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, personas campesinas, trabajadoras rurales, dirigentes sindicales y laborales en situación de riesgo. Tomar las medidas adecuadas para poner fin a los actos de estigmatización por parte de personas funcionarias públicas y adoptar las medidas de rendición de cuentas correspondientes.

Aplicar plenamente los compromisos adoptados en el plan de acción del Foro de Diálogo Social de febrero de 2023; llevando a cabo investigaciones rápidas, independientes, imparciales y efectivas de todas las alegaciones de violaciones de los derechos a la libertad de asociación, incluido el derecho a sindicarse, y de reunión pacífica, y lleve a todas las personas responsables ante la justicia; adopte medidas concretas para abordar las causas de fondo de las protestas de trabajadores, trabajadoras y personas jubiladas, incluidos los salarios y las condiciones laborales.

Adoptar medidas para garantizar el disfrute del derecho a la salud, incluido el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y la despenalización del aborto, prestando especial atención a las necesidades diferenciadas de las mujeres.

Acelerar la adopción del proyecto de ley sobre igualdad de género, actualmente pendiente en la Asamblea Nacional, y elaborar un plan de acción nacional para abordar la violencia de género en consonancia con las observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

Adoptar medidas para garantizar el goce de los derechos humanos, libres de discriminación, incluyendo una ley que garantice el derecho de las personas transgénero a su identidad de género autopercibida, además de la implementación del artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil.

Desarrollar una política integral y unas directrices sobre la ejecución oportuna de las órdenes de liberación, los programas de redención de penas y su cómputo, garantizando al mismo tiempo el pleno acceso y la transparencia de los procedimientos que se establezcan.

Garantizar investigaciones y procedimientos judiciales rápidos, independientes, efectivos, imparciales, transparentes, exhaustivos y creíbles en los casos de muertes en el contexto de operaciones de seguridad y protestas, denuncias de tortura u otras formas de malos tratos y desapariciones en alta mar. Detener, procesar y castigar a los responsables, incluidos los superiores jerárquicos, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos; y proporcione a las víctimas plena reparación.

Garantizar el cumplimiento efectivo de las reformas al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) destinadas a reducir la detención preventiva, incluyendo el examen oportuno de las solicitudes presentadas y de los casos que calificarían para la aplicación del artículo 230 del COPP.

Promover consultas públicas transparentes, amplias, inclusivas y significativas antes de la adopción de leyes, políticas o proyectos públicos.

Garantizar que la aplicación de la legislación sobre delitos motivados por el odio e incitación al odio cumple el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se adhiere al Plan de Acción de Rabat.

Revisar la legislación sobre interceptación de comunicaciones, recopilación y uso de datos personales para garantizar el cumplimiento del derecho a la intimidad.

Establecer un plan de regularización que permita a las emisoras de radio acceder al uso del espectro radioeléctrico en condiciones que garanticen la pluralidad informativa y la seguridad jurídica, incluso mediante la participación efectiva de representantes del sector, organizaciones dedicadas a la promoción de la libertad de expresión y otros actores interesados.

Establecer mecanismos para garantizar respuestas oportunas a las solicitudes de información pública de la sociedad civil.

Garantizar el debido proceso y la transparencia en los procedimientos administrativos llevados a cabo por la Contraloría General de la República con respecto a las inhabilitaciones de candidatos a cargos públicos.

Ampliar la cooperación con el ACNUDH con vistas a aplicar las recomendaciones basadas en los derechos humanos, incluidas las derivadas de mecanismos internacionales, como los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Instar a las autoridades venezolanas a que, en virtud del principio de complementariedad, sigan cooperando con el OTP y demuestren su voluntad y capacidad para emprender las investigaciones y enjuiciamientos nacionales pertinentes de alcance suficiente, con miras a garantizar la debida rendición de cuentas de conformidad con las normas internacionales.

Aprovechar la cooperación preexistente con el sistema de las Naciones Unidas, incluida la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a la comunidad internacional, fomentar el apoyo al proceso de diálogo nacional y la aplicación de los acuerdos alcanzados, y levantar las sanciones sectoriales que agravan los problemas preexistentes y repercuten negativamente en el disfrute de los derechos humanos de la población.