Maria Josefa Maya, autor en Runrun

María Josefa Maya

Boleíta Norte, el vecindario “tranquilo” de la DGCIM
Las instalaciones de la DGCIM de Boleíta han sido testigos de maltratos, torturas, presiones y muertes. Después del fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo el pasado 29 de junio, por presuntas torturas dentro de esas paredes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la Dgcim

 

@fefamaya

RODEADA POR DOS CAFÉS, UN INVERNADERO, decenas de industrias a media máquina, una productora de proyectos audiovisuales y la sede de un canal de televisión del Estado se encuentra una de las instituciones que es conocida como uno de los centros de tortura a militares del gobierno de Nicolás Maduro.

El Cuartel General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Boleíta Norte está ubicada en la calle Vargas, la vía perpendicular que conecta la televisora Telesur (Transversal 2) y la Universidad Monteávila (calle Buen Pastor). Enfrente está, desde hace cinco años, el invernadero del restaurante Casa Bistró. Boleíta Norte es, eminentemente, una zona industrial al este de Caracas.

Una de las formas para acceder a la Dirección de Contrainteligencia es por la calle Buen Pastor, bajando de la Cota Mil. Al final de esa calle está la Universidad Monteávila. Esta entrada está cerrada por una barricada de sacos terreros negros, con cuatro o cinco filas de altura. Delante de ellos hay dos barricadas de alambres de púas que están sostenidos por barrotes de hierro. En la esquina derecha hay entre uno o dos funcionarios de Contrainteligencia. En otros accesos, como el cercano al canal Telesur, también hay barricadas y funcionarios. 

El anodino edificio, que bien podría pasar por una industria más, alberga historias de maltratos, torturas, presiones y muertes. Tantas, que después del fallecimiento del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo por presuntas torturas dentro de esas paredes, el pasado 29 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la Dgcim. “El arresto por motivos políticos y la muerte trágica del capitán Rafael Acosta fueron injustificadas e inaceptables”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, a través de un comunicado difundido por el Departamento del Tesoro.

 Pero afuera, la cotidianidad transcurre al ritmo pasivo del miedo. Las calles que la rodean están perennemente custodiadas y los vecinos han tenido que adaptarse a transitar en el radio de acción de un cuerpo de seguridad en el que coinciden militares, espías, agentes e investigadores, algunos de los cuales han usado una “máscara de la muerte” en los operativos de la OLP. La zona, dicen varios lugareños consultados, es segura para quien no luzca problemático para la DGCIM.

“Son unos vecinos muy particulares. Para mí lo que más ha cambiado es el libre tránsito que solía tener la calle. Tienes que indicar a dónde vas sino no pasas”, aseguró Abenante. El chef ganador del Tenedor de Oro en 2009 explicó que la calle tiene dos accesos y que el superior es cerrado por funcionarios de la DGCIM a las 6:00 de la tarde. “El acceso de la Cota mil no se puede utilizar. Siempre tiene una barrera que limita el paso”, indicó el cocinero venezolano.

Abenante relató que el único inconveniente que ha tenido con sus vecinos fue durante una grabación del huerto -en el techo de un edificio- de Casa Bistró. “Estábamos realizando un video del huerto para una presentación gastronómica. La camarógrafa fue detenida, mientras que al resto del grupo le quitaron los equipos. Los oficiales indicaron que en esa zona no podían tomarse fotos. Queríamos hacer unas tomas de la parte de arriba del invernadero con un dron, pero no nos dieron permiso”, señaló el chef.

A pesar de eso, Abenante tiene su propia percepción de seguridad: “Personalmente, me siento más seguro con su presencia en la zona”.

Este no fue el caso de un estudiante de la Universidad Monteávila, quien pidió no revelar su identidad. El joven fue detenido durante las protestas de 2017 por tomar una foto de una protesta en la Cota Mil.

“Tuvimos una actividad de calle en la Cota Mil. No recuerdo la fecha exacta, fue a finales de mayo de 2017. En ese momento era parte del Movimiento Estudiantil. La DGCIM cerró las adyacencias a su sede. Yo tenía examen parcial ese día. Cuando estaba camino a la universidad, vi la Cota Mil trancada, tomé una foto desde el carro y la envié por un grupo de WhatsApp. Los oficiales me vieron y me detuvieron”, afirmó el alumno de la UMA.

Después de dos horas y de firmar un documento donde negaba haber sufrido algún daño, el estudiante fue liberado.

El ahora egresado de la universidad indicó que la presencia de alcabalas de la DGCIM comenzó a ser más evidente cuando iniciaron las protestas en 2017. “Yo empecé a estudiar en la Monteávila en 2014. Las alcabalas y el amedrentamiento en contra de los estudiantes empezó en 2017, en época de protestas”, afirmó.

El estudiante, al igual que Abenante, señaló en que la zona es bastante segura. Ambos opinan que es por la presencia del cuerpo de seguridad en la zona. 

 No hay registro exacto desde cuando la DGCIM empezó a operar en Boleíta Norte. Según un ex jefe de la sede, la DGCIM fue inaugurada durante el primer periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez en 1974. Para el momento era conocida como Dirección de Inteligencia Militar (DIM)

Durante 2018, la organización Provea registró 100 casos de torturas realizadas por cuerpos de seguridad del Estado. 75 de los casos fueron ejecutados por la DGCIM. Con un total de 12 casos, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fue el segundo organismo del Estado en aplicar torturas dentro de sus centros de reclusión.

El caso del capitán Rafael Acosta Arévalo fue uno de los casos más recientes.  El periodista Nelson Bocaranda Sardi afirmó en un artículo de Los Runrunes de Bocaranda, que el día de su presentación en tribunales militares el Capitán presentaba incapacidad motora, no podía mover las manos, ni los pies. “Observaron muchas excoriaciones en los brazos, poca sensibilidad en las manos, los pies estaban extremadamente inflamados y las uñas con rastros de sangre y lesiones por golpes en el torso”, indicó.

Todo eso ocurrió a unos metros de un peculiar negocio que resume la frágil tranquilidad de la zona, puertas afuera del Cuartel General. Cada sábado, desde antes de las 6 de la mañana en una solitaria Boleíta Norte, clientes de un taller mecánico improvisado hacen cola para ser atendidos en plena calle, al aire libre. Una clienta relata la rutina inesperada: “Cada sábado van cerca de 20 carros. Los dueños se sientan en las aceras, algunos traen banquitos, todos custodiados a lo lejos por la DGCIM. Si uno llega antes de las 7 de la mañana la entrada directa a la calle está cerrada con barricadas. Después de que pasó lo del capitán Acosta Arévalo le pregunté al mecánico si estaban haciendo alcabalas, porque me daba miedo ser detenida por una de esas en las que revisan los teléfonos, pero él me dijo que no había ninguna y que allí nunca ha tenido problemas”. 

Colaborador de Odebrecht hunde al expresidente ecuatoriano

EL EX SUPERINTENDENTE DE ODEBRECHT EN ECUADOR,  en Ecuador, José Concienciao Santos Filho, confirmó ayer que la constructora brasileña canalizó US$ 5.4 millones a Alianza País, el entonces partido de Rafael Correa, exmandatario de Ecuador. El monto de dinero habría sido entregado mediante el exvicepresidente Jorge Glas y la exasesora de Correa, Pamela Martínez Loaiza. Según el exejecutivo brasileño, el exgobernante ecuatoriano tenía pleno conocimiento de los aportes. La declaración de Santos Filho está relacionada al llamado caso Arroz Verde, investigado por el portal ecuatoriano Mil Hojas, que integra el proyecto Investiga Lava Jato —coordinado por Convoca.pe—, que evidencia presuntos aportes entregados por Odebrecht a campañas del partido de Rafael Correa.

La Corte Nacional de Justicia del Ecuador permitió que el ex superintendente de Odebrecht, José Concienciao Santos Filho, rinda su testimonio anticipado en el juicio penal que impulsa la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y crimen organizado contra el ex presidente Rafael Correa y toda su cúpula.

El juicio busca probar los aportes ilícitos que decenas de empresas constructoras realizaron a la campaña electoral de 2013 por 14.1 millones de dólares.

Santos, que guarda prisión domiciliaria en Salvador de Bahía, Brasil, acudió ayer con resguardo policial al consulado de Ecuador en Sao Paulo, para rendir su declaración bajo juramento. En la audiencia penal fue claro al asegurar que Jorge Glas, ex vicepresidente, junto a Pamela Martínez Loaiza, ex asesora de Rafael Correa, canalizaron 5.4 millones de dólares de la constructora Odebrecht a favor del partido de gobierno, Alianza PAIS. 

De estos recursos, dijo Santos, tenía pleno conocimiento Rafael Correa. El ex superintendente, bajo el principio de contradicción procesal, fue sometido a preguntas del abogado defensor de Rafael Correa, que al final salió mal parado del interrogatorio; al consultarle si entregó dinero directamente al ex mandatario, Santos dijo: “Le he dicho que pagamos a Correa a través de Martínez y el ex vicepresidente Jorge Glas”.

La declaración de Santos se enmarcó en las investigaciones del escándalo llamado Arroz Verde, un trabajo del portal periodismodeinvestigación.com, que integra Mil Hojas (miembro de la red colaborativa ‘Investiga Lava Jato’). La investigación periodística reveló en mayo pasado, un sofisticado sistema de fondeo del partido de gobierno a cambio de contratos de infraestructura. El trabajo periodístico provocó órdenes de prisión de Correa, su círculo íntimo y 25 altos ejecutivos de empresas constructoras en las que sobresalen Odebrecht, la poderosa empresa china Sinohidro, la surcoreana SK, la ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo.

Santos Filho también ratificó declaraciones Luiz Mameri, ex superintendente de Odebrecht en Ecuador y ex gerente del departamento de operaciones estructuradas de esa empresa, sobre el pedido de tres millones de dólares que hizo el ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, el hombre mas poderoso después de Rafael Correa.

La lapidaria declaración de Santos, que marca una ruta inexorable para sentenciar a Correa, se complementó a otras dos que se rindieron hace pocos días. La de Pamela Martínez, ex asesora de Correa y principal implicada en el caso Arroz Verde. En su declaración jurada ante la jueza Daniella Camacho, pidió perdón al país, a su secretaria, Laura Terán, también presa, y aseguró que Rafael Correa se benefició de su inexperiencia política. Sostuvo que el presentante de una empresa le dijo que no tenía el dinero de la coima porque no existía acuerdo en el porcentaje. Este hecho Martínez se lo contó a Rafael Correa en su despacho y la respuesta del mandatario fue: “tranquila, tranquila, ha de ser una confusión”.

La otra testigo, Laura Terán, la secretaria de Martínez, que se encargó de consolidar la contabilidad, ingresos y egresos, para las campañas del partido de Correa dibujó, en su comparecencia, un esquema para explicar cómo funcionaba la estructura de sobornos. Como beneficiarios mencionó a Galo Mora, ex secretario particular de Correa. María de los Ángeles Duarte, exministra de obras públicas; Viviana Bonilla, ex candidata a la alcaldía de Guayaquil y Vinicio Alvarado, hombre duro de la propaganda que además asesoró a Gustavo Petro en su campaña para la  presidencia en Colombia. En la lista señaló a Rommy Vallejo, el ex jefe de inteligencia.

El caso Arroz Verde provocó la captura del abogado Alexis Mera y la confiscación de su teléfono celular, equipo del que la fiscalía recuperó todos sus mensajes de chat con Rafael Correa y el resto del gabinete. Esa información reposa en al menos 5 mil páginas e identifica con claridad temas no solo relacionados al manejo ilícito de recursos, también a la manipulación de la justicia y su influencia en casos donde grandes cantidades de recursos estaban en juego, la persecución a opositores y periodistas.  

El caso Arroz Verde también involucra a la campaña electoral del actual presidente Lenín Moreno, el delfín político que traicionó a Correa. Hasta el momento la fiscalía no investiga ese período electoral, el portal periodismodeinvestigación.com señaló que existen registros por al menos 7.7 millones de dólares en favor de esa campaña electoral. 

Banesco habilitó sistema de Pago Móvil en su plataforma web

Banesco Banco Universal habilitó el sistema de Pago Móvil Interbancario en su banca de internet. Hasta ahora solo funcionaba desde un teléfono móvil.

Banesco Banco Universal activó este 3 de septiembre la aplicación Pago Móvil en su banca de internet. Con este sistema sus clientes podrán recibir y enviar pagos a terceros afiliados al sistema de Pago Móvil Interbancario, de forma segura e inmediata. El sistema en la web  permite realizar pagos a terceros hasta por 10 millones de bolívares.

Para registrarse al servicio de Pago Móvil, el cliente debe ingresar con su usuario y clave a BanescOnline y buscar la opción “PagoMóvil”, tildar la opción “Afiliación/Desafiliación”, aceptar los Términos y Condiciones del Servicio, marcar la opción “Aplicación web” y señalar sus límites diarios de montos y número de transacciones. El sistema solicitará la clave de operaciones especiales para confirmar la activación exitosa del servicio. El cliente que utilice PagoMóvil a través de su dispositivo celular está automáticamente afiliado a la versión web.

Los datos necesarios para realizar un pago son: el monto a enviar, el concepto de la transacción, la cédula de identidad o el RIF, el número de teléfono y el banco receptor. PagoMóvil solo podrá ser utilizado si ambos clientes estén afiliados al Sistema de Pago Móvil Interbancario.

“Al igual que la aplicación móvil, el aplicativo web permite la afiliación de beneficiarios en la opción de Pagos Frecuentes. Todos los beneficiarios que el cliente tiene en Pagos Frecuentes en la aplicación móvil los podrá visualizar por medio de la opción Pagos frecuentes habilitado para el canal aplicación web (BanescOnline) y viceversa, pues ambos canales se actualizan automáticamente”, indicó el banco en un comunicado.

 

Cuarto cargamento de ayuda humanitaria ingresa a Venezuela

ESTE VIERNES 9 DE AGOSTO ingresó a Venezuela un cargamento de ayuda humanitaria proveniente de Panamá. Este lote de 11 toneladas de medicamentos fue descargado en el puerto La Guaira, estado Vargas, según informó la Cruz Roja Venezolana.

El envío proveniente de Panamá sería el cuarto cargamento de ayuda humanitaria en ingresar al país en lo que va de 2019. Con este se logró alcanzar un total de 100 toneladas de ayuda humanitaria hasta el momento.

“El envío de 11 toneladas cuenta con antibióticos, antiinflamatorios, antihipertensivisos, material intrahospitalario, mosquiteros anti-malaria y sistemas automáticos para los generadores eléctricos”, aseguró el director de Comunicaciones de la Cruz Roja Venezolana, Luis Farias.

Farias indicó que estos medicamentos básicos serán utilizados únicamente en las jornadas humanitarias que se realizan entre cinco y siete veces por semana en todo el territorio nacional. “Este envío y el anterior nos dan rango para ampliar el alcance de esas jornadas”, aseguró el director de Comunicaciones.

El 31 de julio, la Cruz Roja Italiana, con apoyo del Ministerio de Exteriores y donantes privados, envió una carga de 34 toneladas de ayuda humanitaria  para la población venezolana.

Según Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana, las donaciones de medicamentos provenientes de Italia contaban con antibióticos, antiinflamatorios, productos sanitarios desechables y una serie de equipos médicos como desfibriladores.

La primera entrega de ayuda humanitaria a Venezuela realizada por el comité internacional de la Cruz Roja fue el 16 de abril de 2019. La entrega contaba con suministros médicos, plantas eléctricas y medicinas que fueron distribuidas en distintos hospitales del país. A través de las distribuciones la Cruz Roja ha beneficiado a 16 estados del país, 24 centros de salud. 

 

 

 

 

 

Suiza agrega seis funcionarios públicos de Venezuela a su lista de sancionados

EL 28 DE MARZO DE 2018, el Consejo Federal de Suiza se unió a las sanciones impuestas por la Unión Europea a Venezuela el 13 de noviembre de 2017 y el 22 de enero de 2018. El 5 de agosto de 2019, Suiza actualizó la lista de funcionarios del Gobierno venezolano sancionados, sumando un total de 18 autoridades del Estado sancionadas.

Néstor Reverol, ministro de Interior, Gustavo González López, director del Sebin, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Antonio Benavides Torres, ex comandante de la Guardia Nacional, Maikel Moreno, presidente de la Corte Suprema de Justicia (TSJ) y Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela,  son los funcionarios que fueron sancionados este lunes. 

Reverol, González López y Benavides Torres fueron sancionados por ser autores de violaciones a los derechos humanos, represión contra la sociedad civil y  la oposición venezolana. Mientras que Lucena fue penada por socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela.

“Sus acciones y políticas han socavado la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, incluso facilitando el establecimiento de la asamblea nacional constituyente al fallar para garantizar que el CNE siga siendo una institución imparcial e independiente como lo establece la Constitución venezolana”, indicó el documento del Consejo Federal de Suiza sobre la sanción a Tibisay Lucena. 

Hasta el 15 de noviembre de 2018, la lista de sancionados estaba conformada por: Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, Sergio Rivero Marcano, Jesús Suárez Chourio, Iván Hernández Dala, Delcy Rodríguez, Elías Jaua, Sandra Oblitas, Freddy Bernal, Katherine Harrington, Socorro Hernández y Xavier Moreno.  

Cabello, presidente de la ANC, fue sancionado por socavar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, mediante el uso de los medios de comunicación para atacar y amenazar públicamente a la oposición, otros medios y sociedad civil.

Las medidas restrictivas contra los funcionarios del Gobierno de Maduro se han decretado debido a la violación de los derechos humanos, la falta de estado de derecho y la pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas.

Entre las sanciones impuestas por Suizas se encuentran: sanciones relativas a la propiedad que incluyen prohibición de proporcionar equipo militar y bienes que puedan ser utilizados para la represión interna. La prohibición de proporcionar equipos para su uso de espionaje. Sanciones financieras que involucran la congelación de activos y recursos económicos junto con la obligación de declarar bienes y recursos económicos.

Embajadora de Guaidó en República Checa renuncia al cargo

LA DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS y representante de Venezuela en República Checa, Tamara Suju, anunció este jueves la renuncia a su cargo por conflictos de interés en su trabajo y responsabilidades. 

Suju compartió a través de su cuenta de Twitter su carta de renuncia enviada a Guaidó. En ella, agradeció al presidente interino por la confianza al nombrarla como embajadora en República Checa. 

En el comunicado, la abogada defensora de DD.HH indicó que la justicia debe ser independiente de la política para que sea justa e imparcial. 

Por ello, Suju destacó que su lucha por la justicia debe ser independiente de la política y consideró que es importante mantener su independencia para continuar con las responsabilidades de la diplomacia.

“Le pido no cesar en sus tres pasos: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, señaló la ex representante de Venezuela en la carta dirigida a Juan Guaidó.

Hasta el momento, Guaidó no ha respondido al comunicado de la renuncia de Suju a su cargo. 

Cepal estimó retroceso en la economía venezolana de 23% para 2019

LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA y el Caribe (Cepal) proyectó un retroceso de la economía venezolana de -23% para 2019, de acuerdo a un informe presentado este miércoles en Santiago de Chile, refiere EFE.

La Comisión indicó que Argentina y Nicaragua, al igual que Venezuela, saldarán el 2019 con números negativos. La economía argentina se contraerá 1,8% mientras que la de Nicaragua -5%. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la economía venezolana se contraerá 35% durante 2019, a diferencia de 23% como indicó la organización para América Latina y el Caribe.

Venezuela experimenta el mayor colapso económico conocido en un país sin guerra en al menos 45 años. “Cuesta pensar en una tragedia humana de esta magnitud que no sea producto de una guerra civil”, comentó a The New York Times Kenneth Rogoff, profesor de la Universidad de Harvard y economista en jefe del FMI. “Este puede ser el ejemplo más sobresaliente de políticas desastrosas en décadas”.

Rogoff aseguró que ni el colapso de Zimbabue con Robert Mugabe, la caída de la Unión Soviética y la desastrosa crisis de Cuba en la década de los noventa supera el desplome de la economía de Venezuela. El profesor de Harvard indicó que además de ello, el mal gobierno, la corrupción y las políticas erróneas del presidente Nicolás Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, desataron una inflación desenfrenada que clausuró empresas y destruyó al país.

Por otra parte, Cepal señaló que la economía de América Latina y el Caribe crecería 0,5% en 2019, muy por debajo de la estimación anterior, afectada por débiles desempeños de Brasil y México.

“Lo anterior, evidencia el deterioro generalizado que sufren las economías de la región. Sin embargo, esta muestra una gran heterogeneidad al evaluar el desempeño específico de los países”, denotó el informe de la Comisión.

En abril, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proyectó una expansión económica regional de 1,3%. Cepal estima que Colombia alcance una expansión de 3,1%, Perú de 3,1% y Chile de 2,8%. 

De acuerdo al informe, se espera que el Producto Interior Bruto (PIB) de América del Sur crezca este año 0,2%, mientras que las economías de Centroamérica se expandirán 2,9%, dato que desciende hasta 1,4% si se contempla a México junto a las economías de América Central. En tanto, para el Caribe se espera un crecimiento del 2,1%. El Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil, la principal economía del bloque, anotaría un alza de 0,8% en 2019, mientras que el de México subiría 1%.

Cepal señaló en su informe que Dominica liderará el crecimiento de la región con 9,9%, seguida por Antigua y Barbuda (5,9%) y República Dominicana (5,5%). La economía de Panamá crecerá al 4,9%, la de Guyana al 4,6% y la de Bolivia al 4%. 

 

*Con información de Tal Cual Digital. 

 

EE.UU. cerca a Maduro y a Cilia a través de Saab y

ALEX NAÍN SAAB MORÁN, empresario colombiano, representante legal del Fondo Global de Construcciones y de un entramado de empresas dedicadas a la importación y exportación, es probablemente un hombre clave para la pareja presidencial formada entre Nicolás Maduro y Cilia Flores: las sanciones del Departamento del Tesoro de EE UU dejan en evidencia este vínculo al agrupar a Saab y sus socios con los hijos del primer matrimonio de Flores en un mismo lote.

Este 25 de julio la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó al colombiano Saab Morán, sus socios, hijos y empresas así como los hijos de Flores y el exfuncionario psuvista Walter Gavidia.

Las empresas de Saab Morán y su socio Álvaro Pulido Vargas son las principales beneficiarias del programa de alimentos subsidiados conocido como Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). El empresario colombiano posee varios contratos  con el gobierno de Nicolás Maduro y ha sido señalado como su testaferro, por supuesta financiación al grupo terrorista Hezbollah.

El perfil que de él hace el Departamento del Tesoro de EE UU dice: es un colombiano que, junto con su socio comercial, Pulido, supervisa una sofisticada red de compañías fantasmas que solían adquirir, ensamblar y enviar alimentos a Venezuela para respaldar los contratos CLAP, todo a la tasa más rentable para ellos mismos. Saab utilizó las ganancias generadas de las cajas de alimentos CLAP para sobornar a los funcionarios del Gobierno y mantener su acceso a los contratos públicos. Saab sobornó a varias personas, entre ellas a José Vielma Mora -exmilitar, exgobernador chavista, exdirector del SENIAT y exministro de Comercio Exterior- y Rodolfo Marco Torres -exministro de Alimentación y gobernador de Aragua-. Saab también proporcionó sobornos a los hijastros de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, conocidos en el entorno judicial estadounidense como “Los Chamos”.

“Alex Saab se involucró con miembros del entorno de Maduro para dirigir una red de corrupción a gran escala que utilizaron cruelmente para explotar a la población hambrienta de Venezuela. El Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona a los que están detrás de los esquemas sofisticados de corrupción de Maduro, así como a la red global de compañías fantasmas que se benefician del programa de distribución de alimentos controlado por el ejército del ex régimen”, dijo el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin.

“La red de corrupción que opera el programa CLAP ha permitido a Maduro y sus familiares robar a los venezolanos. Utilizan los alimentos como una forma de control social, para recompensar a los partidarios políticos y castigar a los opositores, mientras se embolsan cientos de millones de dólares a través de una serie de planes fraudulentos “, expresó Mnuchin.

El portal venezolano de investigación Armando.info develó hace varios años quiénes estaban detrás del negocio de los CLAP. Por estos reportajes cuatro de sus periodistas debieron abandonar del país después de una demanda. Según el periodista de Armando.info, Roberto Deniz -que hoy vive en Colombia-, Saab no era un empresario relevante hasta que logró hacer negocios con el gobierno de Maduro a través de Piedad Córdoba, exsenadora colombiana muy cercana a Hugo Chávez.

El Espectador de Colombia publicó que la base de las operaciones ilegales del clan Saab es una empresa llamada Shatex S.A., dedicada a la exportación de textiles y materiales de construcción.

Lee también: El dúo cercano a Piedad Córdoba que hizo fortuna con el Gobierno venezolano.

Saab ha sido investigado por los gobiernos de Estados Unidos, Israel y Colombia. Las autoridades judiciales colombianas iniciaron una investigación en contra del empresario por el lavado de miles de millones de pesos por medio de exportaciones e importaciones ficticias. 

Transparencia Venezuela recopiló en su informe de corrupción de 2018 que el monto total del lavado de dinero en el caso investigado por las autoridades colombianas fue de $6.471.375.000.

Runrun.es reseñó que las autoridades determinaron que entre las empresas del clan Saab se movieron cerca de 135 millones de dólares en supuestas mercancías que salían e ingresaban a Colombia, lo que les permitía obtener beneficios tributarios y no reportar recursos que sacaban irregularmente a cuentas del exterior.

 

El comienzo de una relación corrupta

De acuerdo con el texto del Departamento del Tesoro, desde 2009, Saab explotó sus lazos corruptos con los miembros del régimen de Maduro, con frecuencia pagando sobornos a funcionarios del Gobierno de Venezuela para obtener contratos gubernamentales sobrevaluados. Saab y su socio comercial, Álvaro Enrique Pulido Vargas, crearon una empresa en 2009 para presentar una oferta por un contrato de vivienda del Gobierno de Venezuela. Después de un año de cabildeo, el gobierno de Venezuela otorgó un contrato de vivienda a la compañía de Saab y Pulido para construir 25.000 casas en Venezuela. El contrato pagó a Saab y Pulido de tres a cuatro veces el costo real de construir cada vivienda de bajos ingresos, que estaba destinada a las poblaciones más vulnerables de Venezuela.

 
Saab se reúne con “Los Chamos”

El gobierno de Estados Unidos revela que en 2011, Saab le dio a los tres hijos de Cilia Flores de Maduro, Walter, Yosser y Yoswal, también conocidos como “Los Chamos”, y a su primo, Carlos Erick Malpica Flores -extesorero de la Nación y exdirector de Finanzas de PDVSA- un contrato para despejar el terreno para la construcción de viviendas en el estado venezolano de Vargas. La relación de Saab con Flores, Los Chamos y Malpica fue clave para el acceso de Saab y Pulido a los funcionarios del Gobierno de Venezuela, permitiéndoles pagar los sobornos necesarios para obtener contratos gubernamentales. 

Los Chamos también recibieron sobornos de las compañías de Saab a cambio de contratos gubernamentales, según la OFAC. Los Chamos tuvieron acceso frecuente a Maduro y Tareck El Aissami, quien fue sancionado el 13 de febrero de 2017 de conformidad con la Ley de Designación de Números Extranjeros por su importancia en el tráfico internacional de narcóticos. El Aissami es el actual Ministro de Industrias y Producción Nacional y ex Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela. Como resultado, Los Chamos pudieron manipular a los beneficiarios de los contratos gubernamentales, y Saab tuvo la oportunidad de trabajar con los niveles más altos del gobierno venezolano.

 

Aprovechando el hambre

Dice el documento de las sanciones, que el antiguo régimen de Maduro -previo al interinato del diputado Juan Guaidó- creó el programa CLAP en 2016 con el propósito declarado de proporcionar cajas de raciones de alimentos subsidiados a los venezolanos pobres. En lugar de garantizar que esta población vulnerable reciba la comida que necesita desesperadamente, el régimen utiliza el programa CLAP como una herramienta política para recompensar el apoyo y castigar las críticas políticas. Al ofrecer alimentos a través de este programa, el régimen anterior puede mantener su influencia porque muchos ciudadanos venezolanos no tienen suficiente dinero para comprar alimentos y, por lo tanto, dependen de las raciones que CLAP proporciona para sobrevivir.

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La participación de Saab en el programa CLAP comenzó en 2016 cuando él y Pulido idearon una estructura corporativa para adquirir los alimentos de un distribuidor extranjero, ensamblarlos en un país extranjero y enviarlos a Venezuela, todo al precio más rentable para ellos. Bajo la vigilancia de Maduro, Saab cosechó ganancias sustanciales e importó solo una fracción de los alimentos necesarios para el programa CLAP.

 La “precuela” de los CLAP también fue negocio para Saab y Pulido 

Según la OFAC, en el esquema de corrupción Saab y Pulido utilizaron negocios en México, confiando en compañías que ya controlaban, como Group Grand Limited (que tiene su sede en Hong Kong y también está registrada en México para operar en la industria alimentaria). En México, Group Grand Limited, S.A. es propiedad o está controlada por el hijo de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González.Para maximizar las ganancias, Saab intentó utilizar una empresa estatal venezolana ubicada en el estado de Táchira, Venezuela, que estaba exenta de impuestos de importación.

El Departamento del Tesoro aseguró que Saab utilizó algunas de sus ganancias de los contratos corruptos de alimentos para pagar sobornos a funcionarios del Gobierno para realizar la importación de alimentos a través del estado de Táchira. Dentro de los sobornados estaban José Gregorio Vielma Mora, quien era el gobernador del estado Táchira en el Tiempo, ya Rodolfo Clemente Marco Torres, quien fue el Ministro de Alimentos en Venezuela. Vielma Mora y Marco Torres ayudaron a Saab y Pulido a obtener ofertas ganadoras para los contratos de alimentos CLAP. 

Varias empresas de Saab y Pulido de propiedad o control fueron utilizadas en el esquema de corrupción de alimentos de Saab y Pulido, incluyendo Asasi Food FZE, Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi (Mulberry) y las compañías del Grupo Grand Limited. Desde 2016, cuando Saab se reunió con Los Chamos y Maduro para hablar sobre la importación de alimentos en nombre del Gobierno de Venezuela, Saab y Pulido han recaudado cientos de millones de dólares de los beneficios de este esquema corrupto.

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En muchos casos, las compañías de fachada recibían un prepago del gobierno de Venezuela, luego de lo cual distribuían los fondos como sobornos a los funcionarios del gobierno que eran parte en el esquema corrupto. Para hacer esto, las compañías fantasmas contratadas por CLAP desviaban los fondos de sobornos y restaban las comisiones a cuentas corporativas que controlaban a través de su propiedad y el control de otras compañías fantasmas.

Para ocultar aún más el origen del dinero, estas compañías enviaron una parte del dinero robado a las cuentas comerciales de empresas relacionadas cuya actividad financiera no estaba relacionada con el suministro de alimentos o la logística. Finalmente, utilizando estas cuentas, los co-conspiradores enviaron una parte del dinero robado para corromper a las figuras políticas de alto rango de Venezuela, a los miembros de su familia o asociados.

 

Operaciones ilícitas en el sector del oro venezolano

Desde principios de 2018, a medida que la escasez de divisas del gobierno de Venezuela se hizo cada vez más aguda, el Gobierno comenzó a utilizar recursos de oro para pagar algunos contratos, para incluir contratos de alimentos CLAP, y Saab comenzó a trabajar con Simón Alejandro Zerpa Delgado, ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas para ayudar al gobierno a liquidar el oro extraído en Venezuela y convertirlo en moneda extranjera. Saab, a su vez, trabajó con miembros del gobierno venezolano, incluido El Aissami, el actual ministro de Industrias y Producción Nacional y ex vicepresidente Ejecutivo, para crear una estructura para que el gobierno de Venezuela venda oro a Turquía. Como resultado de las operaciones corruptas del gobierno de Venezuela en el sector del oro, y para evitar que Maduro y sus asociados corruptos exploten aún más a las personas y los recursos de Venezuela, el sector del oro de la economía venezolana fue identificado como sujeto a sanciones por el Secretario Mnuchin en noviembre de 2018.

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Las empresas Salva Food y Mezedes Holdings, a través de las cuales se crearon las Tiendas CLAP -una opción de lujo que lleva el mismo nombre que el sistema de comida subsidiada- quedaron fuera de sanciones por esta vez.

 

*Con información del Departamento del Tesoro de EE.UU.