Maria Josefa Maya, autor en Runrun

María Josefa Maya

La voz de Saab solo se escuchó una vez durante su audiencia de presentación en Miami
El empresario colombiano está siendo acusado de lavado de dinero y siete cargos para instrumento de lavado de dinero

 

Desde las 11 de la mañana, aproximadamente, alrededor de 30 personas ya esperaban por acceder a una conferencia de Zoom programada para las 1:00 p.m.: la primera audiencia de presentación de Álex Naím Saab Morán, el presunto testaferro de Nicolás Maduro. 

A pesar de estar en el edificio de al lado, Saab no se presentó personalmente en la sala de la corte. 

A la 1:37 pm del 18 octubre, apareció la imagen de Saab, vestido de anaranjado con un tapabocas debajo de la barbilla, en una sala con dos oficiales penitenciarias estadounidenses mientras sostenía el teléfono que lo comunicaba con la intérprete, Consuelo Burranca. Para ese momento, la conferencia de Zoom había alcanzado el número máximo de participantes, 345.

La voz del empresario colombiano se escuchó únicamente unos minutos antes, cuando se identificó como “Álex Saab”. 

Dos minutos después de que apareciera la imagen de Saab, llegó John J. O’Sullivan, juez del tribunal federal de Estados Unidos para el distrito sur de Florida. 

Dentro de la lista de los participantes se encontraba el abogado de Saab, Henry P. Bell. Bell forma parte del bufete Bell, Rosquete, Reyes y Esteban (BRRE). El abogado reiteró que es un abogado temporal, y que sería el que lo acompañaría en esta presentación inicial. 

Además, estaban Kurt Lunkenheimer, defensor del Estado, y Alex Kramer, miembro del Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

Seguidamente, O’Sullivan prosiguió a leer los derechos y los cargos acusados a Saab.

El empresario colombiano está siendo acusado de lavado de dinero y siete cargos para instrumento de lavado de dinero. Estos delitos le son imputados por irregularidades en las que estuvo involucrado entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015 por “enriquecerse ilícitamente mediante el pago de sobornos a funcionarios extranjeros”. 

El l activista y periodista Jesús Urbina recordó que el caso también es contra Álvaro Pulido Vargas, quien es un prófugo de la justicia de EE.UU y Colombia.

«Son 20 años de prisión, con o sin multa», aseguró Urbina.

Apelación pendiente

Durante la corta audiencia de presentación, Henry Bell solicitó más tiempo para prepararse para el próximo encuentro de Saab y la corte. 

Bell indicó que tenían que conversar varios temas con el empresario colombiano, por ello, requerían más tiempo. 

El abogado reiteró que existe una apelación pendiente sobre la posible inmunidad política de Saab, luego de que Nicolás Maduro lo nombrara «enviado diplomático especial del gobierno bolivariano». 

De no haber sido por esta petición, la segunda audiencia podía realizarse este jueves 21 de octubre. 

Otra de las peticiones que solicitó la defensa fue una llamada del acusado con su equipo defensor. 

Tras la solicitud de más tiempo para la preparación, los representantes del Estado aceptaron que la próxima audiencia se realizara el lunes 1 de noviembre.

No se solicitó fianza

El equipo defensor de Saab no solicitó que se permitiera su salida de la cárcel bajo fianza. 

Los representantes del gobierno estadounidense aseguraron que temían que esta medida contribuyera a que Saab saliera de Estados Unidos, ya que su extradición fue un proceso que tardó alrededor de 400 días. 

Por ello, pidieron que Saab no tuviera derecho a fianza.

Huella digital | Baduel: el restaurador de Chávez que murió como su preso político
La cercanía entre Baduel y Chávez llegó a su fin en 2007. Esto se debió al rechazo de Baduel hacia la reforma constitucional que planteaba Chávez en 2007.

La muerte del exministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel sigue repleta de incógnitas. Tan enigmática como ciertos pasajes de su vida y algunas posiciones que asumió como personaje público. El anuncio de su deceso a causa del COVID-19, bajo la custodia del Estado venezolano, fue hecho por el fiscal general, Tarek William Saab.

El cauteloso

Su carrera militar tuvo un antes y un después del 17 de diciembre de 1982, cuando creó junto a otros cuatro miembros el Movimiento Bolivariano Revolucionario. Hugo Chávez, Jesús Urdaneta, Felipe Acosta, Francisco Arias Cárdenas, Yoel Acosta Chirinos, Nicolás Maduro, Cilia Flores y Diosdado Cabello eran algunos de los miembros principales del movimiento. 

10 años más tarde, el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, no formó parte de los golpes de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, por lo que sus compañeros lo marginaron. “Se mantuvo en la reserva”, señaló Chávez durante una transmisión en vivo con VTV.

Según El Universo, en 2002, luego de que Hugo Chávez recibiera un golpe de Estado a su mandato y dimitiera de su puesto, Baduel encabezó desde Maracay —donde está uno de los principales centros militares del país— la operación Restitución de la Dignidad Nacional, que llevó de nuevo al poder a Chávez y desconoció a cualquier nuevo Gobierno. En una entrevista concedida a Milagros Socorro, poco después de esos acontecimientos declaró lo siguiente:

“Yo afirmo que lo que sucedió es que en estos eventos del 11 al 14 de abril, un grupo de oficiales de alta graduación, en su mayoría generales y almirantes, se apartaron de su deber constitucional, dando un mal ejemplo al resto de los compañeros; y la prueba más palmaria de que eso no permeó hacia otros niveles de la institución es el hecho de que aproximadamente un 80 por ciento de los mandos directos de la FAN se reportaron a nuestros puestos de comando para adherirse a nuestra posición, porque todos manifestaron estar en apego a la Constitución y a las leyes, que si acaso había que producir algún cambio en Venezuela, éste debía hacerse de acuerdo a los mecanismos constitucionales. Esa era la posición de prácticamente todos los comandantes que nos llamaron a nuestro puesto de comando el día 13 de abril”, sostuvo.

Este acto de lealtad lo acercó aún más a Chávez, de quien incluso era compadre y el 24 de junio de 2006, Baduel ascendió a general en jefe y fue nombrado ministro de la Defensa.

Su cargo como ministro duró solo un año, ya que se retiró en 2007. 

La amistad no era a prueba de reformas

La cercanía entre Baduel y Chávez llegó a su fin en 2007. Esto se debió al rechazo de Baduel hacia la reforma constitucional que planteaba Chávez en 2007.

“La magnitud de los cambios que se están proponiendo no corresponden con un proceso de reforma sino que es un planteamiento en su contra. En este momento, el poder ejecutivo y el poder legislativo le están quitando poder al pueblo, alterando los valores, principios y estructura del Estado sin estar facultado para ello. Alerto al pueblo venezolano para que no se dejen quitar lo que le corresponde. Ese poder es de todo el pueblo venezolano. No se dejen engañar”, dijo Baduel en su discurso el 5 de noviembre de 2007. 

Chávez catalogó como un acto de traición el discurso de Baduel. Después de eso, no existió más la amistad. 

“Él mismo ha desfigurado una imagen que se vino formando en el imaginario colectivo, sin duda, hay un acto de traición allí. Se traicionó a sí mismo”, indicó Chávez tras las declaraciones de Baduel.

“Yo siempre he criticado a Baduel por su posición. No tenía una actitud firme”, dijo Diosdado Cabello el 13 de abril de 2015, mientras recordaba los hechos de abril de 2002.

Cambiar de opinión se paga con cárcel

El 2 de abril de 2009, Baduel fue detenido por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). En ese momento, las autoridades informaron que el exministro de Defensa sería trasladado a un tribunal militar.

Baduel informó que previamente había acudido a la Fiscalía Militar para aclarar cualquier situación en su contra y que las autoridades no le notificaron sobre ningún cargo o acusación, por lo que calificó de violatoria su detención.

En mayo de 2010, Baduel fue condenado a siete años y 11 meses de prisión, acusado de corrupción por hechos vinculados con su gestión en el Ministerio de Defensa, concretamente relacionados con la adquisición de equipamiento militar.

Según El Pitazo, esta acusación fue rechazada por Baduel, quien advirtió que era un preso del expresidente venezolano tras oponerse a su propuesta de reforma constitucional en 2007. Las opiniones de Baduel sobre el tema quedaron expresadas en un libro de su autoría llamado Brevario del socialismo del siglo XXI

Estuvo recluido en la cárcel de Ramo Verde hasta 2015. El 12 de agosto de ese año, obtuvo libertad condicional. Sin embargo, su libertad duró poco.

Ese año, se creó un cuenta de Twitter, @RaulBaduel. También, tiene un perfil en Facebook. 

A pocos meses de cumplir su condena de siete años y 11 meses, Baduel fue llevado de nuevo a prisión. EFE indicó que el 12 de enero de 2017 fue detenido tras revocarle una medida sustitutiva de libertad, por incumplir las condiciones del régimen cautelar.

Una vez más, privado de libertad

Un día antes de quedar en libertad tras cumplir su condena, el 2 de marzo de 2017, el Tribunal Primero de Ejecución de Caracas dictó una nueva privativa de libertad e imputó nuevos delitos al exministro de Defensa.

EFE reseñó que la solicitud de la Fiscalía de imponerle una medida de privación judicial preventiva de libertad fue por estar “presuntamente incurso» en delitos contra la «integridad, independencia e integridad de la nación».

Según la Agencia, Baduel fue trasladado ese mismo día a tribunales. Una vez más, fue trasladado a la fuerza por funcionarios del DGCIM. 

Estuvo recluido en Ramo Verde nuevamente hasta que fue trasladado a la cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicada en Plaza Venezuela, conocida como “La Tumba”.  Su segunda detención se caracterizó por falta de acceso a sus familiares y abogados, quienes denunciaron constantemente que su padre fue sometido a torturas.

El caso de Baduel está incluido en diversos informes de la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y de la Misión de Determinación de los Hechos que resaltó en su informe, presentado a mediados de septiembre, las irregularidades por el encarcelamiento del general retirado, sin un juicio en más de tres años.

Décimo preso político que muere bajo custodia del Estado

El Foro Penal de Venezuela denuncia que Baduel fue el décimo preso político que falleció bajo custodia del Estado venezolano 

A finales de la tarde del 12 de octubre, el fiscal del gobierno de Maduro, Tarek William Isaab, informó que el exministro de la Defensa y preso político del régimen desde el año 2009, Raúl Isaías Baduel, había fallecido tras un paro cardiorrespiratorio causado por el COVID-19.

Sin embargo, su esposa, Cruz Zambrano de Baduel, y su hija, Andreína Baduel, aseguraron que Raúl Isaías Baduel no tenía COVID-19.

“Ni siquiera he recibido una llamada de ningún personaje del gobierno. No me han llamado por piedad a decirme que mi esposo falleció, o qué pasó. Sé que sus hijas lo vieron el día sábado y que él estaba bien. Yo estaba preparando todo para ir esta semana para allá, independientemente de que me dejaran horas y horas parada en la calle, como siempre. Yo iba a ir a ver a mi esposo esta semana, estaba reuniendo sus alimentos”, relató en una conversación con EVTV Miami. 

“Él no tenía COVID-19, no es verdad, a él cuando lo sacaron de La Tumba no tenía COVID-19 y lo vacunaron siete días antes”, recalcó Zambrano de Baduel.

Su hija Andreína corroboró lo que indicó Cruz Zambrano. “Recientemente, tuvimos la fe de vida de él, es falso que tenía COVID-19. Él nos reiteró una y otra vez que no se iba a prestar para bufonadas de la tiranía y que su único propósito era dejarnos un legado de dignidad y fe”, señaló en su cuenta de Twitter. 

Durante ambas detenciones de Baduel, su familia fue muy activa en las redes sociales, especialmente, para denunciar las violaciones de derechos humanos que sufrió Baduel. 

No fue el único Baduel encarcelado

Raúl Isaías Baduel no fue el único miembro de su familia que estuvo encarcelado. Su hijo, Raúl Emilio, fue detenido durante las protestas de 2014, y su hijo Josnars Adolfo fue privado de libertad, junto a un grupo de personas involucradas, tras el supuesto desembarco en Venezuela en la llamada «Operación Gedeón».

Raúl Emilio fue detenido durante una manifestación pacífica en el estado Aragua junto a Alexander Tirado, durante la oleada de protestas de 2014. Fue condenado en 2015 a 8 años de cárcel por haber «instigado a desobediencia de las leyes». Fue excarcelado el 2 de junio de 2018.

Tal Cual Digital reseñó que Josnars Adolfo fue detenido el 4 de mayo de 2020, en las costas del estado Aragua, durante la llamada «Operación Gedeón», luego que en la víspera se registrara la muerte de ocho personas incluida la del capitán Robert Colina, alias «Pantera». Aún continúa detenido. 

Ambos han sido víctimas de torturas y tratos crueles durante su tiempo en la cárcel.

Andreina Baduel se ha encargado de denunciar las violaciones de derechos humanos que han sufrido su padre y sus hermanos en reiteradas ocasiones. 

Borrell ignoró el consejo de su personal al anunciar la misión de observación para elecciones del #21N
La misión podría retirarse si se rompe el acuerdo de permitir que los observadores electorales trabajen de acuerdo a la metodología de la UE y cuenten con el respaldo de los grupos de oposición

El máximo diplomático de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, ignoró el consejo de su propio personal al decidir enviar observadores a las elecciones en Venezuela del 21 de noviembre.

Financial Times reseñó que Borrell también pasó por alto las advertencias de que la misión legitimará el gobierno de Nicolás Maduro y empañará la reputación de las misiones de observación electoral del bloque.

Borrell señaló el 29 de septiembre que enviaría observadores a las urnas regionales y municipales de Venezuela en noviembre, por primera vez en 15 años.

Según el portavoz del SEAE, Peter Stano, la decisión de Borrell se tomó después de que el Consejo Nacional Electoral prometiera permitir que los observadores electorales trabajaran de acuerdo a la metodología de la UE y contara con el respaldo de los grupos de oposición.

«La misión podría retirarse si se rompe ese acuerdo», indicó Stano.

Financial Times aseguró que esa decisión se produjo a pesar de que un informe interno, en el que un equipo de funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), enviado al país en julio para evaluar la viabilidad de desplegar monitores electorales, advirtió que tal medida puede ser contraria a la línea política de la UE.

«Es probable que el despliegue de una misión de la UE tenga un impacto adverso en la reputación y credibilidad de los observadores de la UE y legitime indirectamente el proceso electoral de Venezuela», señaló el informe.

El informe del SEAE citó numerosas violaciones de derechos humanos y restricciones a las libertades, por ello, concluyó que en este momento no se cumplen las condiciones mínimas para la observación electoral en Venezuela. 

Sin embargo, el informe agregó que las autoridades venezolanas han insinuado que esto podría cambiar a través de la negociación política.

Financial Times reiteró que Maduro ha sido condenado internacionalmente por «abusos generalizados de derechos humanos y represión política» desde que asumió la presidencia de Venezuela en 2013.

La polémica tras las declaraciones de Borrell 

Borrell, quien ha solicitado que la UE se interese más en la crisis venezolana, señaló que la legitimidad de las elecciones regionales de noviembre dependerá del informe de la misión de observadores del bloque. Además, dijo que la misión de observación de la UE podría constituir una contribución importante y un camino hacia la credibilidad, la inclusión y elecciones transparentes en Venezuela.

“Lo que le legitimará o deslegitimará es el informe de la misión”, reiteró el jefe de la diplomacia europea.

Tras las declaraciones, rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el canciller del régimen de Nicolás Maduro reaccionaron al comentario.

«Han pasado más de 48 horas de esa infausta declaración y hasta la fecha no hay ninguna respuesta, por lo tanto, acabo de instruir que se solicite que públicamente haya una explicación, no solo una explicación, sino que haya una disculpa al pueblo de Venezuela«, dijo Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Mientras que el canciller, Félix Plasencia, aseguró que la misión pretende socavar el proceso electoral que se llevará a cabo el 21 de noviembre. “Una vez más la Unión Europea parece no entender bien su papel en el marco del proceso político venezolano, perdiendo la oportunidad de situarse como un actor respetable, imparcial e independiente, para posicionarse como una pieza política subordinada a la política exterior estadounidense y de algunos sectores de la extrema derecha que pretenden socavar el proceso electoral y democrático venezolano”, señaló en un comunicado.

“Si no es capaz de respetar mínimamente y con algo de decencia el acuerdo que usted mismo firmó con el Poder Electoral, la verdad es que mejor y no vengan”, indicó Jorge Rodríguez, jefe de la delegación que representa al gobierno de Maduro las negociaciones en México.

El portavoz del SEAE, Peter Stano, explicó al Financial Times que el despliegue de una misión observadora electoral de ninguna manera representa una legitimación de una elección. «Esta decisión política es totalmente coherente con la posición de la UE sobre Venezuela”, afirmó.

La pandemia presionó el aumento de la deserción escolar en Venezuela
La población con una asistencia escolar irregular cuenta con edades comprendidas entre los 3 y los 17 años
A la asistencia irregular se le suma el abandono del sistema. En 2021, se estima que el abandono en niños haya subido de 13% a 21,4% y que el acumulado en el abandono de maestros se elevara a 83%

La organizaciónHum Venezuelaaseguró que la llegada de la pandemia de COVID-19 ocasionó efectos «extremadamente» graves en la educación de la población infantil en Venezuela.

«Se estima que la asistencia educativa bajó a 3,6 millones de niños, niñas y adolescentes entre 2020 y 2021 debido a la migración forzada y al abandono escolar», aseguró la organización.

Según Hum Venezuela, 2,4 millones de niños, niñas y adolescentes, 67% de la población total de NNA, asistieron irregularmente a las actividades escolares realizadas bajo modalidades a distancia por la suspensión de clases en las escuelas. 

En marzo de 2020, solo 40% de los niños, niñas y adolescentes tenía asistencia irregular a clases. 

La población con una asistencia escolar irregular cuenta con edades comprendidas entre los 3 y los 17 años. Los niños de 0 a 2 años no se han incorporado a la etapa maternal que requieren de algún tipo de asistencia por los altos niveles de pobreza en sus hogares.

Indica el reporte que, a los niños con asistencia irregular, se suman los menores de 3 a 17 años que abandonaron la escuela básica y los de 0 a 2 años, la mayoría no incorporados a la etapa maternal que requieren de algún tipo de asistencia por los altos niveles de pobreza en sus hogares.

«Estos NNA que se encuentran privados del derecho a la educación presentan una gran vulnerabilidad a los daños más graves que puede ocasionar la emergencia
humanitaria en sus condiciones de salud y alimentación. En 2021, se estima que el abandono haya subido de 13% a 21,4% y que los NN pequeños en pobreza multidimensional representaron 64,3% del total de 0 a 2 años, sumando 2,4 millones de NNA con necesidades de asistencia a través del sistema educativo», detallan. 

Hum Venezuela señaló que la pandemia incrementó los procesos de desestructuración en el sistema educativo. Esto causó que existan políticas incompatibles con los objetivos y estándares del derecho a la educación.

Agregaron que en 2021, aumentó el número de docentes que se retiraron de sus labores de enseñanza, lo que elevó a 83% el déficit acumulado desde 2015.

«Los docentes ganaron salarios por debajo del umbral internacional de pobreza, ocasionando una caída del salario real de 98,6%. Debido a este alto déficit, se estima que 2,3 millones de NNA (64,3%) no contaron con suficientes docentes para cumplir la currícula educativa», aseguró la organización.

El cierre temporal de las instituciones académicas para evitar la propagación de COVID-19, llevó a los niños a quedarse en sus hogares. 94,8% de ellos tiene fallas del servicio eléctrico, agua e internet.

La suspensión de clases presenciales también interrumpió el acceso de esta población a la alimentación ofrecida por las escuelas, ocasionando que 95,7% no la recibiera todos los días.

«40% de las escuelas sufrieron un deterioro físico mayor al que ya tenían y 85% no fueron dotadas de alimentos», reiteró Hum Venezuela.

Hum Venezuela: 14,3 millones de personas están en inseguridad alimentaria
La organización indicó que la inaccesibilidad de los alimentos durante la pandemia se debió a la caída de 80% de la producción nacional, los costos inalcanzables de productos importados y la severa reducción de las fuentes de ingresos

La organización Hum Venezuela señaló que para finales de 2019, la población venezolana había afrontado la emergencia humanitaria durante cuatro años, 26 meses de hiperinflación y agudos períodos de desabastecimiento de alimentos.

Para junio de 2021, en medio de restricciones de movilidad a causa de la pandemia y 44 meses de hiperinflación, hubo una caída de 95,6% en el poder del salario mínimo para adquirir alimentos.

Según Hum Venezuela, la inseguridad alimentaria aumentó a 14,3 millones durante la pandemia. Pasando de 32,6% en marzo de 2020 a 50% en junio de 2021. 41,1% de las personas debió combinar varias estrategias de sobrevivencia afectando severamente sus medios de vida y/o privándose de alimentos. «Al menos 9,2% llegó al extremo de pasar hambre de forma permanente», afirmó la organización.

«18,5 millones de personas adoptaron estrategias en las que perdieron medios de vida de forma irreversible: 17,7% agotó sus estrategias y 46,7% llegó a quedarse sin fuentes de ingresos», aseguró Hum Venezuela.

La organización indicó que la inaccesibilidad de los alimentos durante la pandemia se debió a la caída de 80% de la producción nacional, los costos inalcanzables de productos importados y la severa reducción de las fuentes de ingresos.

A pesar de que 58% de los hogares venezolanos siguió comprando alimentos del programa de subsidio estatal, la cantidad de alimentos recibidos cayó en 51% y más de 60% no los recibió de forma regular.

Tras la llegada de la pandemia, 94% de la población desmejoró la calidad de su dieta y 63% debió reducir la cantidad de los alimentos consumidos.

«La falta de apoyo a la producción nacional agropecuaria y la escasez de combustible mermaron aun más las capacidades de autoabastecimiento», reiteró Hum Venezuela.

Como consecuencia de esto, la reducción del consumo de carne subió a 93,6%, de leche y sus derivados a 85%, de arroz a 89,5% y de hortalizas a 89%.

«Con una caída de la ingesta de proteínas de 79,8% y de energía calórica en 35,6%, se estima que 13,6 millones, 47,4%, de personas se encuentren subalimentadas o con hambre crónica«, señaló la organización.

En la pandemia los niveles de desnutrición presentaron una tendencia a incrementarse, afectando al menos a 3,1 millones de personas, entre niños y niñas menores de 10 años, embarazadas, personas mayores y otros grupos vulnerables.

De acuerdo a Hum Venezuela, en la mitad de los estados más poblados del país, las evaluaciones encontraron riesgos de déficit nutricional en 60% de niños y niñas menores de 5 años. 33% de estos niños y niñas pueden estar sufriendo retrasos del crecimiento o desnutrición crónica.

[insert page=’miguel-pizarro-1-de-cada-3-venezolanos-necesita-asistencia-alimentaria-en-este-momento’ display=’template-parts/post-relationship.php’]

El alto costo de la vida sigue siendo la primera causa del éxodo de los venezolanos
A pesar de la compleja crisis multidimensional que afronta el país, 79% de las personas encuestadas aseguraron que no tienen intenciones de irse de Venezuela de forma permanente en 2022 

El Centro de Desarrollo Económico, Equilibrium, publicó una Encuesta Regional sobre la población migrante venezolana en la que reveló que solo 10% de los encuestados tiene intención de moverse de forma permanente de su país de residencia en el próximo año.

Según el estudio, que consultó a migrantes en Ecuador, Perú y Colombia, durante la pandemia de COVID-19 se observó el fenómeno del retorno a Venezuela. De la población encuestada por el CenDE, 37% tiene un miembro de su familia o un conocido cercano que ha regresado a Venezuela en el último año.

Los principales motivos de desplazamiento de los venezolanos siguen siendo el alto costo de vida en Venezuela, la búsqueda de oportunidades laborales, la falta de alimentos, la búsqueda de medicinas y servicios de salud en otros países y la situación de inseguridad y violencia.

Intenciones de quedarse en Venezuela

 «En un contexto de cierre de fronteras, preocupan las condiciones en las que regresa la población a su país de origen», indicó el reporte.

62% de los encuestados aseguró que no conoce a una persona cercana que haya regresado a Venezuela.

Por otro lado, 79% de las personas aseguraron que no tienen intenciones de irse de su país de forma permanente en 2022.

Las razones que motivarían a los venezolanos a dejar su país de residencia actual serían la búsqueda de calidad de vida, la reunificación familiar y la búsqueda de un trabajo en su profesión. 

La Encuesta Regional concluyó que 80% de los migrantes no ha logrado conseguir un trabajo relacionado a su profesión. «Esto puede derivar en situaciones de pérdida de capital humano y subempleo significativas», reiteró.

Puedes leer la Encuesta Regional del Centro de Desarrollo Económico, Equilibrium, aquí.

Migrantes venezolanos tienen alto nivel educativo pero se les dificulta convalidar sus títulos
64% de los migrantes venezolanos que son padres emigran con sus hijos
48% de los encuestados cuenta con al menos un niño, niña o adolescente en edad escolar

 

El Centro para el Desarrollo Económico, Equilibrium, presentó una encuesta el pasado  23 de septiembre, en la que se resaltó que el nivel educativo de la población migrante venezolana en la región andina es superior a los promedios de la población local en los países receptores, como Ecuador, Perú y Colombia.

Según el informe, 46% de los migrantes venezolanos ha completado estudios superiores universitarios o técnicos.

«Esto invita a comprender la migración como una oportunidad y a aprovechar el capital humano para el desarrollo socio-económico de los países de acogida», indicó el informe.

Sin embargo, 92% de la población venezolana no ha podido convalidar sus títulos profesionales en los países de acogida, a pesar de los esfuerzos para facilitar los procesos de convalidación de profesionales de la salud extranjeros durante la pandemia.

El estudio también determinó que la mayoría de la población migrante y refugiada en Colombia, Perú y Ecuador , (80%) aún no logra conseguir un empleo relacionado a su profesión. 

Según el estudio, los principales motivos de desplazamiento se deben al alto costo de vida en Venezuela (69%), seguido de la búsqueda de oportunidades laborales (62%) y la falta de alimentos (58%). A esto le siguen la búsqueda de medicinas y servicios de salud en otros países (40%) y la situación de inseguridad y violencia (32%).

«Estos resultados reflejan el escenario complejo de la crisis multidimensional en Venezuela, que requiere de un enfoque regional de asistencia humanitaria y para el desarrollo», explicó el Centro para el Desarrollo Económico.

Niños y adolescente migrantes tienen edad escolar

De acuerdo al Centro para el Desarrollo Económico, 64% de los migrantes venezolanos que son padres emigran con sus hijos. «Esto coincide con la tendencia de que la migración de personas venezolanas a los países vecinos de la región ha pasado de ser una experiencia individual a ser una experiencia familiar y colectiva», reiteró el informe.

48% de los encuestados tiene al menos un niño, niña o adolescente en edad escolar (6 a 17 años de edad), lo que supone un gran reto para el sector educativo de garantizar el derecho a la educación de esta población.

«La cobertura educativa ha avanzado de manera significativa en la región, 86% tiene al menos un niño o adolescente en edad escolar matriculado en la escuela», dijo el estudio.

La educación a distancia durante el contexto de la pandemia ha puesto en riesgo la permanencia educativa de esta población.

66% tiene los equipos tecnológicos inadecuados o insuficientes, 65% cuenta con una conexión a internet insuficiente y 25% aseguró que tiene excesivas responsabilidades y carga en el proceso educativo.

Discriminación y violencia hacia migrantes

Según el estudio, la convivencia de los migrantes venezolanos con los ciudadanos de los países receptores parece ser principalmente positiva y los episodios de discriminación y violencia no parecen ser frecuentes.

Sin embargo, 23% de los encuestados declaró que en su vida diaria le hacen sentir o miran de manera incómoda siempre o casi siempre, seguido de 18% que siente en su vida diaria rechazo o exclusión de actividades siempre o casi siempre y 16% que siente que es tratado con menos respeto que otras personas en su vida diaria siempre o casi siempre.

Al preguntar sobre los motivos de estos episodios, 92% de los encuestados percibe que es debido a su nacionalidad, seguido de su manera de hablar (20%) y su condición económica (18%). 

«Esto indica la importancia de adoptar un enfoque de interseccionalidad en los esfuerzos de identificación y prevención de discriminación», reiteró el Centro para el Desarrollo Económico.

71% de estos episodios se llevan a cabo en espacios públicos, 43% en el espacio laboral y 17% en el establecimiento de salud.

Confianza en instituciones del país receptor

Debido a la crisis institucional en Venezuela, existe un alto riesgo de desconfianza de la población migrante hacia las instituciones en el país receptor.

Las instituciones en los países receptores que menor confianza generan en la población migrante y refugiada venezolana son la prensa nacional y la Policía: 49% tiene poca confianza en la prensa nacional y 40% no confía en la Policía.

Todavía quedan retos para garantizar la plena confianza de la población migrante y refugiada en las organizaciones no gubernamentales que prestan asistencia y protección: 33% no confía nada o confía poco en las ONGs lideradas por personas venezolanas y 30% no confía nada o confía poco en las ONGs locales e internacionales.

Puedes leer los resultados de la Encuesta Regional del Centro de Desarrollo Económico aquí.

CLAVES | El robo es el principal móvil de las muertes violentas en adultos mayores
44% de las muertes fueron clasificadas como muertes violentas por causas específicas, ocurridas en hechos atribuibles al crimen.

La asociación civil Convite señaló en su informe «Vejez en riesgo», presentado este 1 de octubre, que 46% de las 102 personas mayores que fallecieron por causas violentas durante el primer semestre de 2021, fueron asesinadas para robarles sus pertenencias.

«La mayoría de ellas se encontraban en sus propias viviendas cuando ocurrieron los hechos delictivos que le provocaron la muerte», aseguró la organización.

Durante el mes de marzo se registró la mayor cantidad de muertes violentas de adultos mayores, 22 personas fallecieron. Le sigue enero con 19 muertes. El mes que registró la menor cifra de muertes fue junio, con 10.

El total de las muertes violentas de personas mayores documentadas durante los seis primeros meses del año 2021 se distribuyeron en 19 entidades federales más el Área Metropolitana de Caracas.

26,5% se concentró en el Área Metropolitana de Caracas, 17, y en los estados Aragua, 15, y Lara, 10. En Zulia, se registraron ocho muertes, en Carabobo, Táchira y Trujillo ocurrieron 6 muertes violentas en cada uno. Además, se contabilizaron cinco fallecimientos en Bolívar y cinco en Anzoátegui.

«Los únicos estados en los que no se registró ninguna muerte violenta de un adulto mayor son: Amazonas, Delta Amacuro, Guárico y Sucre», indicó el informe.

Robos, accidentes y falta de atención

Durante el primer semestre del año 2021, se registraron 102 muertes violentas de personas mayores.

La causa de muerte violenta más común fue el robo, ocupando 46% de los casos. Según el informe de Convite, 24 personas mayores fueron asesinadas para robarles sus pertenencias, la mayoría de ellas estaba en sus hogares cuando ocurrieron los hechos delictivos que le provocaron la muerte. De estas, 15 muertes fueron de hombres mayores.

44% de las muertes fueron clasificadas como muertes violentas por causas específicas, ocurridas en hechos atribuibles al crimen. 24% de las causas específicas fueron accidentes: 11 adultos mayores fallecieron en accidentes vehiculares, cuatro en accidentes domésticos, cuatro por inmersión, y dos quemados.

Adicionalmente, 20 personas perdieron la vida a causa de un ataque con un arma blanca. Seis de ellas eran mujeres.

Por otro lado, 10 hombres mayores fallecieron a causa de golpizas, nueve hombres y cuatro mujeres por arrollamientos, siete hombres por suicidio, seis personas por falta de atención, cinco por disparos de arma de fuego y cuatro por asfixia mecánica, es decir, estrangulamiento perpetrado por terceros en situaciones de robo o riñas.

Entre otras causas de muertes violentas se encuentra el descuido, la negligencia y la impericia. 14 adultos mayores fallecieron por estas causas.

Convite denuncia que el Estado venezolano es directamente responsable de la muertes de ocho adultos mayores que fallecieron a causa de inanición, tortura y tratos crueles, o por falta de atención. 

«La edad promedio de las personas mayores que fallecieron fue 68 años. Hubo 61 hombres y 29 mujeres, entre 60 y 80 años, que perdieron la vida de forma violenta», afirmó Convite.

Los victimarios tenían alguna relación con las víctimas

El informe de Convite afirmó que solo en 26% de los casos registrados se identificaron, capturaron e imputaron a los victimarios. Entre los identificados, la mayoría tenían algún tipo de relación directa o parentesco con las víctimas. Eran familiares directos, vecinos, amigos, conocidos o parejas.

«20 de los responsables de estas muertes tenían alguna conexión, relación o parentesco directo con las víctimas. La gran mayoría de estos homicidios permanecen impunes. De esta forma, se profundiza la situación de violencia y se viola el derecho a la justicia para las familias de las víctimas», señaló la organización.

Según el informe, en tres casos, las víctimas fueron asesinadas por sus propios hijos y en cuatro por sus nietos. En tres oportunidades, los victimarios fueron hermanos, sobrinos y otros familiares. En nueve casos los victimarios fueron vecinos, amigos y conocidos y un solo caso, el agresor fue la pareja de la víctima.

Convite explicó que en estos crímenes el móvil principal fue el robo y otros sucedieron en medio de discusiones y riñas.

«Estas muertes violentas ponen en evidencia el deterioro del tejido familiar, social y de convivencia que se exacerba en una situación de crisis económica aguda y de privaciones de todo tipo y el confinamiento producto de la pandemia intensifica esta situación», indicó Convite.

1.353 personas mayores fallecieron por COVID-19

El informe de Convite reveló que 1.353  personas mayores murieron por COVID-19 o por causas asociadas a este durante el primer semestre del año. 

49% (659) eran mujeres mayores y 51% (694) eran hombres mayores. 47% (635) de las personas mayores que perdieron su vida por causa del COVID-19, tenía entre 60 y 70 años.

Seguida de las muertes de las personas mayores que pertenecen al rango de edad comprendido entre 71 y 80 años (33%) y 14% de personas mayores con 81 y más años.

«La edad promedio  de fallecimiento de las personas mayores por esta causa es de 71 años», concluyó la organización.

Según Convite, en todos los estados del país hubo personas mayores que fallecieron por causa del coronavirus. En cuatro entidades federales se registraron más de 100 muertes por esta causa, siendo el Área Metropolitana de Caracas la que registró el número más alto de los fallecimientos (218).

Miranda es el segundo estado con más muertes de adultos mayores por esta causa, con 159, Sucre y Lara con 119 y 105 muertes respectivamente. Siete estados registraron entre 99 y 50 fallecidos (Aragua 87, Anzoátegui 78, Yaracuy 77, Nueva Esparta 75, Apure 74, Zulia 68 y Trujillo 51). Los 13 estados restantes registraron entre 49 y tres fallecidos por esta causa.

Los estados con la cifra más baja de fallecimientos de adultos mayores por COVID-19, fueron Amazonas y Monagas con tres muertes cada uno.