Maria Josefa Maya, autor en Runrun

María Josefa Maya

Nuevas restricciones a la migración venezolana dejó la Cumbre de las Américas
Se esperara que aumenten las medidas restrictivas para disminuir el desplazamiento de la migración que está en situación vulnerable

Tras la celebración de la novena Cumbre de Las Américas, realizada en Los Ángeles California entre el 6 y el 10 de junio, Estados Unidos prometió ampliar hasta 20.000 su cuota de refugiados de las Américas para 2023 y 2024, con especial prioridad a los procedentes de Haití, mientras que los demás países se comprometieron a facilitar vías legales para recibir a inmigrantes, reseñó la BBC.  

Las medidas incluyen que Estados Unidos y Canadá acojan a más trabajadores temporales y proporcionen vías para que las personas de los países más pobres trabajen en los más ricos.

Sin embargo, expertos coinciden en que lejos de ofrecer beneficios a la migración venezolana, el pacto migratorio firmado puede traer más restricciones que dificulten la salida del país.

Madison González, geógrafa con énfasis en migraciones internacionales, considera que es posible que se restrinjan las posibilidades de los venezolanos para emigrar. Ya que esta busca una migración que se movilice de forma segura, ordenada y regular.

“Es una incoherencia. Se quiere garantizar una migración segura, ordenada y regular pero no se reconoce el grupo de migrantes irregulares,  un grueso de personas que están en una situación que no entra en ese conjunto, que necesitan protección. Tampoco se dan mecanismos para darle celeridad y rapidez a esa protección”, dijo. 

Mariano de Alba, abogado especializado en derecho internacional y diplomacia, señala que la declaración sobre migración fue el tema más tangible y concreto que tuvo la Cumbre

Ayuda financiera y asistencia

De acuerdo con de Alba, el pacto migratorio que dio fin a la reunión en California busca dar ayuda financiera y asistencia para que haya más oportunidades en las comunidades y países de los que estas personas se están yendo. 

También tiene el objetivo de expandir mecanismos legales para que los migrantes puedan integrarse en otras sociedades de América Latina. 

“Como el caso de México. Otra promesa que hizo EE.UU. fue acceder a recibir más ciudadanos de Haití, eso es una expansión para que haya una migración más segura”, explicó. 

Según de Alba, el otro punto del pacto es la intención de humanizar el proceso migratorio

Las personas son sumamente vulnerables, llegan y son cooptadas por organizaciones criminales o son detenidas y metidas en sitios sin condiciones por mucho tiempo. Se busca humanizar más eso”, reiteró el abogado. 

Más restricciones para los venezolanos

González señaló que según la declaración sobre migración de la Cumbre, se puede esperar que aumenten las medidas restrictivas para disminuir el desplazamiento del grupo grande de migrantes que estén en situación vulnerable.

En el caso de la migración venezolana, González indicó que, probablemente, se empezará a solicitar más visados para entrar en los países americanos

“Estas medidas restringirán las posibilidades de los venezolanos para emigrar”, expresó.

Además, González señaló que parte del objetivo de esta declaración es financiar proyectos de integración para que los migrantes se queden en el país en el que están, evitar que usen estos países como trampolín a otros como Estados Unidos y España.

De acuerdo con la geógrafa, desde comienzos de año, España no concede la residencia humanitaria a venezolanos que provengan de un tercer país, es decir, otro que no sea Venezuela. 

“Hasta el año pasado, era fácil tramitar la regularización de los venezolanos en España.  Llegaban pedían asilo por diferentes motivos. Como eran venezolanos les daban residencia por razones humanitarias”, dijo la geógrafa.

Menor asistencia que a la Cumbre de Lima 

Los días previos a la reunión que se celebra cada tres años para acercar a los países de América y el Caribe, jefes de estado como Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Nayib Bukele, presidente de El Salvador, decidieron no asistir a la Cumbre en Los Ángeles.

“…No voy a asistir a la Cumbre, va en mi representación y en la del Gobierno, (el canciller) Marcelo Ebrard. No voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América…Creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, no respetar la soberanía de los países…”, enfatizó López Obrador.

Los presidentes de Bolivia, Luis Arce, y Honduras, Xiomara Castro, adoptaron la misma actitud.

Además, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, faltó por problemas «de agenda», según su portavoz. Y su homólogo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, suspendió su participación porque contrajo COVID-19.

En la cumbre anterior, celebrada en Lima, 34 jefes de estados asistieron. A Los Ángeles solo acudieron 23 países. 

Para González, la inasistencia de varios países a la reunión en California demostró la pérdida de influencia que enfrenta Estados Unidos, ya que la Cumbre de Las Américas es uno de los eventos con mayor repercusión a nivel americano. 

Ambos expertos coincidieron en que la ausencia de México se debió a motivos políticos por no invitar a Nicaragua, Cuba y Venezuela.

Sin embargo, de Alba aseguró que México no participó con su presidente pero sí asistió su canciller.

“Entre los acuerdos que se conocen, México es uno de los que se ha comprometido a hacer más cosas”, indicó. 

El abogado señaló que el Gobierno de México expandirá la cantidad de permisos de trabajo. Inicialmente eran 10 mil permisos, luego, aumentaron a 20 mil para aquellas personas provenientes de Centroamérica, y 20 mil adicionales para personas que son refugiados en México. “Esta es una manera de integrarlos a la fuerza laboral”, dijo. 

De Alba reiteró que esta es una declaración de intenciones, por lo tanto no están claros los plazos ni cuando lo van a hacer.

A pesar de la falta de asistencia de algunos invitados, González consideró relevante la asistencia de España, por ser el sexto país en el mundo en recibir mayor cantidad de  venezolanos.

Cada país tomará sus medidas

El paso a seguir que puede esperarse tras la declaración sobre migración de la Cumbre de Las Américas es hacer el monitoreo de lo que haga cada país. De acuerdo con de Alba hay que ver qué medidas toma en específico en cada país. 

“Va a ser algo muy complicado, la implementación depende de la región, no de Estados Unidos”, aseveró de Alba. 

El abogado señaló que EE.UU. se ha comprometido a aumentar instituciones financieras de la región como el Banco Interamericano de Desarrollo para otorgar préstamos. “Eso sí depende de Estados Unidos, por ser el único país del hemisferio que tiene capacidad de aumentar el financiamiento de esas ayudas”, dijo. 

Por su parte, Gonzaléz reiteró que hay que observar cuáles son las implicaciones que tendrá la declaración. 

El IGTF aumenta 12% el precio final del producto
Tiziana Polesel, presidenta de Consecomercio, aseguró que los estados que mejor se han adaptado al impuesto son Carabobo y Trujillo
Frente a un impuesto irracional, que es difícil de aplicar y no se comprende, la salida de los comercios ha sido la informalidad
A diferencia del Impuesto al Valor Añadido (IVA), este impuesto no se puede cruzar, por ende, no se neutraliza, si no que se suma a cada factura

 

El 25 de febrero de 2022, fue publicada la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras en la Gaceta Oficial Nº 6.687. A tres meses de su imposición, continúan las dudas en cuanto a su aplicación

A pesar de indicar que sería un impuesto de 3% adicional para aquellos que pagaran en divisas, Tiziana Polesel, presidenta de Consecomercio, indicó que se habla de un incremento de 12% en el costo final del producto.

«Todo impuesto afecta el precio final del producto. El impuesto de grandes transacciones financieras va en cascada hasta el consumidor. Dependiendo del número de niveles de canales, se habla de 12%, cada paso debe incorporar el impuesto a su factura final», explicó Polesel.

Para la presidenta de Consecomercio, el aumento de 12% es significativo. «Desde el punto de vista numérico, la gente puede pensar que este impuesto no impacta, pero sí impacta, y mucho», afirmó. 

A diferencia del Impuesto al Valor Añadido (IVA), este impuesto no se puede cruzar, por ende, no se neutraliza, si no que se suma a cada factura. 

De acuerdo con Polesel, el fabricante, el distribuidor, el mayoristahay canales que tienen hasta tres y cuatro mayoristas– y el detallista deben cobrar el impuesto de grandes transacciones financieras, hasta que finalmente llega al consumidor.

«Si se empieza a sumar ese porcentaje, se va cargando de canal en canal y ahí ocurre el aumento de precio», reiteró Polesel.

Esta ley no es nueva, Polesel indicó que este impuesto ya existía para compras canceladas en bolívares, y era de 2%. «Si se paga en bolívares, también se paga el impuesto. Lo que pasa es que pesa más en el consumo de moneda extranjera», señaló.

Legislador pretende incentivar el bolívar

Según Polesel, el gobierno venezolano pretende incentivar el uso del bolívar y regresar la confianza a la moneda venezolana a través del impuesto a las Grandes Transacciones Financieras.

«Consecomercio no comparte esta afirmación porque la utilización de una moneda no depende de un impuesto. La confianza se devuelve tomando otro tipo de medidas, como las macroeconómicas», aseguró Polesel.

La presidenta de Consecomercio indicó que el uso del dólar y del euro es, precisamente, por la desconfianza que tiene la población en el bolívar.

Contribuyentes especiales deben cobrarlo

Las empresas que son contribuyentes especiales están obligadas a cobrar este impuesto. Polesel señaló que estos son ciertos negocios que por su característica de volumen, exigencia de volumen y representatividad tienen exigencias diferentes para los consumidores. 

«Los contribuyentes especiales son empresas que, para el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), son suficientemente organizadas y ordenadas para cobrar y pagar a tiempo este impuesto», explicó Polesel.

Según Polesel, en principio, este grupo fue seleccionado con una muestra representativa de comercios, en el que se incluyeron los más «famosos» y representativos con gran volumen y gran organización.

Hoy en día son casi todos, hasta kioscos, porque sus montos de ventas se dispararon durante la hiperinflación, sin embargo, no valían nada por este mismo fenómeno.

Sin dinero para ajustarse al impuesto

Además de las confusiones que trajo consigo la imposición del impuesto las Grandes Transacciones Financieras, la incorporación a las máquinas fiscales de los comercios no fue posible por temas tecnológicos. Al no ajustarse, algunos negocios debieron comprar nuevas máquinas. 

Polesel indicó que, primero, el impuesto debe incorporarse como un nuevo concepto a la factura, eso implica modificaciones en máquinas fiscales que tienen los negocios.

De acuerdo con Polesel, esa máquina tiene que comunicarse con el sistema operativo de la empresa. Cuando se impuso el IGTF, las máquinas que se tenían no tenían esta posibilidad. Al hacer esta adaptación, se afectan muchas operaciones internas de la empresa. 

«Las máquinas no se ajustaron. Los comerciantes tuvieron que comprar nuevas máquinas fiscales, cada una cuesta alrededor de $1.200, es muchísimo», aseguró la presidenta de Consecomercio. 

«Una cadena comercial que tenga 20 sucursales en Venezuela y tres cajas por cada sucursal, debe invertir $1.200 por cada máquina nueva, más la programación y ajustes.  La cadena está enfrentando costos no planificados y en un momento altamente complejo como este«, reiteró Polesel.

«No es solo la imposibilidad de comprar nuevas máquinas fiscales, es comprarlas de manera descontada», explicó. 

Ante esta problemática, el Ministerio de Finanzas diseñó un crédito a 12 meses en el Banco de Venezuela para que los comerciantes pudieran adquirir nuevas máquinas fiscales. «En el camino nos dimos cuenta que era un crédito de solo seis meses», indicó la presidenta de Consecomercio. 

Si la empresa no tiene cuenta en el Banco de Venezuela, no tiene acceso al crédito. Según Polesel, la mayoría de los comercios tienen cuenta bancaria en el Banco Bicentenario.

De acuerdo con cifras de Consecomercio, solo 5% de las empresas a escala nacional han obtenido el crédito al 5%. 

Polesel aseguró que los estados que mejor se han adaptado son Carabobo y Trujillo, en un porcentaje aproximado de 50%. En el resto de los estados es, como mucho, de 5%.

Consumidor no solo es afectado por el IGTF

A pesar de haber salido de la hiperinflación, los venezolanos siguen enfrentándose a un alza constante de precios.

Polesel destaca que el IGTF no es lo único que afecta al consumidor venezolano. Tras la llegada de la pandemia de COVID-19, se esperaba que 2022 fuese un año altamente inflacionario en el mundo por la etapa poscovid.  

«Está siendo víctima de una inflación en el mundo, de China y de Estados Unidos. La pandemia de COVID-19 causó que los gobiernos tuvieran que pagar costos, no es gratis, eso debe pagarlo el consumidor», explicó.

Según Polesel, se debe suma al IGTF los impuestos, los costos generados por deficiencia en servicios públicos e infraestructura, el uso de planta eléctrica y gasoil, cisternas, conectividad, entre otros. «Si a eso le sumas los impuestos de los municipios, que han aumentado 2.000%, más el aseo urbano, que incrementó 3.000% o 4.000%, todo se traduce en un costo muy alto», indicó.

«Ese empresario que es emprendedor no se termina de formalizar, y la formalidad quiere informalidad, porque no puede cubrir todos los gastos», dijo Polesel.

Frente a un impuesto irracional, que es difícil de aplicar y no se comprende, la salida de los comercios ha sido la informalidad. 

«La informalidad le hace un daño inmenso al fisco y a quienes estamos dentro de la formalidad», reiteró Polesel.

EEUU muestra intención de aliviar sanciones para que el gobierno vuelva a negociar
El politólogo Benigno Alarcón dijo además de ser el incentivo para retomar la mesa de diálogo en México, las sanciones son el único instrumento clave que la oposición tiene para negociar
El experto consideró que, hasta el momento, no existe una declaración que sugiera que se busque aliviar las sanciones sectoriales hacia Venezuela sin que el Estado venezolano de una condición a cambio
 El economista Omar Zambrano asegura que, antes de la imposición de las primeras sanciones sectoriales, ya los niveles de productos básicos de alimentos y medicinas había caído profundamente

Por: @FefaMaya

 

El anuncio el pasado 17 de mayo de que el gobierno de Joe Biden estaba tomando «algunas medidas» para aliviar algunas sanciones económicas a Venezuela, procura incentivar la mesa de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. 

A pesar de que el gobierno estadounidense haya autorizado a Chevron para negociar directamente con el gobierno de Maduro, Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, explicó que si esa posibilidad de negociar no se traduce en ventas, explotación o exportación de petróleo, la situación de la mesa de diálogo no cambiará mucho.

Alarcón aseguró que, hasta el momento, no existe una declaración que sugiera que se busque aliviar las sanciones sectoriales hacia Venezuela sin que el Estado venezolano de una condición a cambio. 

«Se está dando más incentivo al gobierno venezolano para ir a las negociaciones en México, y allí negociar algunas condiciones que, de alguna manera, justifiquen cierto alivio en las sanciones», explicó el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB.

 

La vicepresidenta del madurismo, Delcy Rodríguez,  celebró el primer paso de Estados Unidos, pero insistió en un trino en Twitter que la aspiración del régimen de Maduro es todo o nada: «El levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas que afectan a todo nuestro pueblo».

Instrumento de negociación de la oposición

Según Alarcón, además de ser el incentivo para retomar la mesa de diálogo en México, las sanciones son el único instrumento clave que la oposición tiene para negociar

«El punto de apalancamiento de la oposición en el diálogo son las sanciones», reiteró Alarcón.

Además, explicó que, por ser básicamente el único instrumento que tiene la oposición para negociar, implica la necesidad coordinarse muy bien en esa mesa de negociación.

Alarcón señaló que si el gobierno accede a cierta concesión, y no se modifica o alivia alguna sanción, la oposición pierde cualquier capacidad de negociar.

«Dependiendo de los acuerdos a los que se llegue en EE.UU, y pagan el costo de esa concesión, eso fortalece la posición de oposición en la mesa de negociación», dijo.

Sanciones personales no afectan a la población

Entre las versiones que circularon en los medios se difundió que Estados Unidos estaría considerando eliminar a Carlos Erik Malpica Flores, extesorero de la nación, de su lista de sanciones personales. 

El denominado «sobrino favorito» de  Cilia Flores, hijo de su hermana Eloísa, ya había sido protagonista de una investigación que Runrunes sacó a la luz junto con los equipos de investigación de Armando Info, El Pitazo y Poderopedia en 2015. En ese entonces, Malpica Flores era tesorero de la República y administrador de las finanzas de Pdvsa y su familia registró 16 empresas en #Panamá desde la llegada de Nicolás Maduro al poder, en 2013.

El economista Luis Oliveros sostuvo que las sanciones personales son contra funcionarios, y que estas no afectan a la población venezolana. 

A diferencia de ellas, las sanciones sectoriales están impuestas hacia la industria petrolera venezolana, Pdvsa, y el Banco Central de Venezuela (BCV), y son las que podrían tener cierto impacto sobre el país. 

«Las sectoriales afectan directamente al país, a empresas privadas con el tema de compliance financierocumplimiento normativotanto en Estados Unidos como a escala internacional», indicó el economista.

Presión para levantamiento de sanciones

Además de incentivar el regreso a las negociaciones, también se ha solicitado que las sanciones sean levantadas por presuntamente “exacerbar la situación humanitaria”.

Uno de los casos más recientes, es la carta que dirigieron 18 congresistas demócratas al presidente Biden para exigir el levantamiento de sanciones. 

Tal Cual Digital reseñó que a pesar del reconocimiento de Maduro y sus aliados como los principales responsables de la crisis humanitaria y política del país, los congresistas norteamericanos aseguran que las sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump “no solo fallaron para mejorar la situación en Venezuela, también la exacerbaron significativamente”.

La misiva, difundida por el reportero Joshua Goodman, fue firmada por los congresistas Alexandra Ocasio-Cortez, Raúl Grijalva, Jesús García, Jan Schakowsky, Juan Vargas, Ayanna Pressley, Ilhan Omar, James McGovern, Jared Huffman, Pramila Jayapal, Eleanor Holmes, Earl Blumenauer, Henry Johnson, Donald Payne, Rashida Tlaib, Andy Levin, Jamaal Bowman y Bonnie Watson, considerados como el ala de izquierda radical del partido demócrata.

Benigno Alarcón aseguró que hay un lobby importante de parte del gobierno venezolano, diferentes actores en Venezuela distintos al gobierno, y de parte de las empresas petroleras norteamericanas para que se levanten las sanciones .

«Todo esto influye de cierta manera. La pregunta es si Biden encontrará un punto medio entre las presiones a las que está sometido para levantar sanciones y en lo que puede o debe hacer en el sentido de un levantamiento incondicional de sanciones. Esto podría dejarlo sin herramientas para negociar», aseguró Alarcón. 

Solo una correlación temporal

En medio del debate sobre si las sanciones sectoriales han agravado o no la situación económica-social de Venezuela, el economista, Omar Zambrano aseguró que existe una correlación temporal entre el alivio de restricciones de importación y la imposición de las primeras sanciones sectoriales.

«Eso no es evidencia de que una cosa sea consecuencia de la otra. Simplemente están relacionadas en el tiempo», reiteró Zambrano.

Según el economista, cuando se impusieron las primeras sanciones sectoriales, que impactan la posibilidad de Pdvsa de pagarle a proveedores, recibir créditos de ellos y, además, restringieron sus finanzas y las del Banco Central, el gobierno venezolano cambió radicalmente su manera de aproximarse al sector privado en Venezuela.

«Hubo un relajamiento de controles de precios y de controles de cambio. Además, empezó una política de libre comercio por las aduanas de Pdvsa, de importación de consumo final por las aduanas», aseguró Zambrano.

El economista explicó que las importaciones que estaban en un mínimo histórico en 2017 habían caído profundamente en años anteriores.

De acuerdo con Zambrano, antes de la imposición de las primeras sanciones sectoriales, ya los niveles de productos básicos de alimentos y medicinas había caído profundamente. En ese periodo se gestó la terrible crisis humanitaria compleja de Venezuela, donde la población vivió una escasez profunda de productos.

El economista aseveró que es un fenómeno difícil de explicar. «Si bien, las sanciones pusieron restricciones sobre la posibilidad del gobierno para hacer negocios con Pdvsa y transferir dinero. No se sabe si por convicción o por obligación esto causó que el gobierno cambiara completamente su política económica con respecto en dejar operar al sector privado. El efecto negativo es positivo hay preguntas abiertas porque no se conoce qué es consecuencia de las sanciones y que no lo es», señaló. 

Beneficiarios de la acción humanitaria serán los más afectados por la ley de cooperación internacional
Van Berkel aseguró que el alcance de esta Ley no solo afecta a las ONG, sino que también afectará a medios de comunicación, universidades, centros académicos, entre otros

El Observatorio Social Humanitario (OSH) discutió en un foro junto a expertos que si el anteproyecto de la ley de cooperación internacional, planteado por la Asamblea Nacional, se lleva a cabo, afectará principalmente a los beneficiarios de la acción de defensa de derechos humanos.

El foro «Venezuela en Emergencia Ley de Cooperación Internacional: una amenaza a la respuesta humanitaria en Venezuela» se realizó el 13 de mayo de 2021 y contó con la participación de Marianna Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia, Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, y Deborah Van Berkel, presidenta de la Red Sinergia.

Romero indicó que cuando se afecta el trabajo de la sociedad, más allá del impacto directo que tiene en las organizaciones, es una violación más a los derechos de las víctimas que ya se encuentran en desprotección.

«La cooperación internacional es un derecho establecido en la normativa internacional, más allá de un tema de recursos económicos, permite interactuar con organismos internacionales, «, explicó Romero.

Según Romero, este instrumento busca ir en contra de ese derecho

Daniels señaló que los principales afectados, en caso de que esta Ley se implemente, serían los cientos de miles de beneficiarios de la acción de defensa de derechos humanos como de la acción humanitaria.

Por su parte, Van Berkel, reiteró que la Ley de Cooperación Internacional busca quitarle a la sociedad la capacidad de generar los mecanismos de solidaridad nacional e internacional a la que tiene derecho. 

Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, la respuesta humanitaria en Venezuela alcanzó en 2021 a 4,5 millones de personas.

Los expositores alertaron que esta ley amenaza la atención de venezolanos en estado de vulnerabilidad.

Obstáculos y limitaciones 

Alí Daniels mencionó que el obstáculo principal que genera este anteproyecto de ley es la confusión terminológica y falta de coherencia interna que hay en él.

En cuanto a las limitaciones concretas que establece la Ley contra las ONG, Daniels mencionó las siguientes:

La instauración de un registro. Se somete a las organizaciones a tener que inscribirse en ese registro porque si no no responde a tener cooperación internacional.

La cooperación del Estado. Según Daniels, la mención en varios artículos sobre la cooperación del Estado preocupa, porque da a entender, que toda la cooperación es pública. De acuerdo con Daniels, esto podría implicar que la cooperación solo pueda ser a través del manejo del dinero por el gobierno venezolano. «Sería terrible, porque no se rinden cuentas», dijo. 

«Aunque venga de agentes privados del exterior, al entrar en Venezuela debe ser público. Es muy peligroso porque se trataría de estatización de la cooperación internacional», reiteró el director de Acceso a la Justicia.

El derecho a información. Daniels explicó que, con esta Ley, cualquiera podría pedir información de estatutos y actividades que realizan las organizaciones. Por lo que sería algo arbitrario.

Estas preocupaciones le llevan a afirmar que la ley criminaliza la acción humanitaria y la defensa de los derechos humanos: «Se pretende la instauración de un registro para las organizaciones para que estas tengan acceso a la cooperación internacional además que ahora cualquier ciudadano puede preguntar por los estatus de las organizaciones, no solo el Estado, y esto es absolutamente arbitrario, es peor que la Providencia contra el terrorismo, porque (…) yo con esto pienso en un colectivo que va a preguntar de dónde sacan el dinero, quiénes los financia, para qué».

«Una violación más a los derechos de las víctimas»

Romero señaló que además de los obstáculos y limitaciones que causa la ley a las organizaciones, este tipo de controles también afecta el trabajo de la sociedad civil, y principalmente, a los beneficiarios de sus programas.

«Más allá del impacto directo que tiene en las ONG, es una violación más a los derechos de las víctimas», reiteró.

Van Berkel aseguró que el alcance de esta Ley no solo afecta a las ONG, sino que también afectará a medios de comunicación, universidades, organizaciones religiosas y de atención social de iglesias, centros académicos, organizaciones que trabajan con formación política, y redes de organizaciones de base comunitarias que no están registradas formalmente pero que actúan en trabajo social verán limitadas sus funciones de llegarse a aprobar.

Según la presidenta de la red Sinergia, desde el punto de vista las organizaciones, no solo hay preocupación, hay acción y una acción que siempre ha sido justamente el registro de denuncia y exigencia de derechos humanos. 

«Hay más 600 organizaciones que están con una acción de atención de necesidades fundamentales de los venezolanos en una diversidad de proyectos y lo que busca la solidaridad entre los pueblos», explicó Van Berkel.

«La Ley de Cooperación Internacional es una ley para quitarle a la sociedad la capacidad de generar los mecanismos de la solidaridad nacional e internacional a la que tiene derecho», afirmó Van Berkel.

Apagones persisten por falta de funcionamiento de termoeléctricas
Ninguna de las dos formas de generación de energía eléctrica, termoeléctrica e hidroeléctrica, puede trabajar por sí solas en el Sistema Eléctrico Nacional. Para satisfacer la necesidad de la población deben trabajar ambas
 La mayoría de plantas termoeléctricas están fuera de servicio. Alrededor de 70% de ellas tienen fallas, no tienen suministro de combustible para operar, no cuentan con el suministro de gas adecuado, o simplemente, dejaron de funcionar
Al fallar las plantas térmicas que compensaban la demanda, los estados alejados del sur del país han sido los primeros en afrontar las consecuencias

 

Desde marzo de 2022, en los estados de occidente del país se han registrado cortes eléctricos de hasta nueve horas diarias. Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Portuguesa, Apure y Lara han sido los estados más afectados durante estos meses. 

A finales de marzo de este año, el ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Néstor Reverol, anunció un nuevo plan de racionamiento eléctrico para los estados mencionados anteriormente. 

El Plan de Administración de Carga comprende suspensiones del servicio durante dos tandas al día, con cortes que pueden durar hasta tres y cuatro horas.

Los cortes eléctricos y fallas eléctricas en Venezuela no son materia nueva para sus ciudadanos. Los ingenieros civiles José María de Viana, expresidente de Hidrocapital, y Julio César Gutierrez, vicepresidente del Centro de Ingenieros y Arquitectos del Estado Lara, explicaron que desde 2015 se ha reducido considerablemente el funcionamiento de las plantas termoeléctricas del país

Según De Viana, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es un sistema mixto por tener un gran potencial hidroeléctrico y un complemento termoeléctrico importante que tenía en todas las regiones alguna capacidad.

El Sistema Eléctrico Nacional depende de ambas plantas para funcionar de manera estable. De acuerdo con Gutiérrez, los demandantes del servicio eléctrico sobrepasan la oferta que tiene la corporación eléctrica nacional.

Gutierrez explicó que Venezuela tiene capacidad instalada para producir 30.980 megavatios. De ellos, 16.080 megavatios ó 51,9% son generados por las termoeléctricas, y 14.900 megavatios (48,1%), por las hidroeléctricas.

“Actualmente, las termoeléctricas venezolanas producen solo 8-10% de su capacidad total. Mientras que las hidroeléctricas están trabajando a 50-55% de su capacidad total”, aseguró Gutierrez. 

Unas funcionan con agua, otras con combustible y gas

Ninguna de las dos formas de generación de energía eléctrica, termoeléctrica e hidroeléctrica, puede trabajar por sí solas en el Sistema Eléctrico Nacional. Para satisfacer la necesidad de la población deben trabajar ambas.

“Al fallar alguna de las dos formas, ocurre lo que se llama inestabilidad en el sistema eléctrico. Desde 2015, existe este fenómeno en el SEN”, indicó Julio César Gutierrez.

La generación de energía eléctrica a través de las hidroeléctricas se produce al agarrar la fuerza del agua de los ríos caudalosos, como el Caroní y el Caruao, ambos están en el sur del país, en el estado Bolívar.

“Esa fuerza pasa por las turbinas y después el agua vuelve al cauce del río aguas abajo. De la turbina va a un generador y en el generador se produce energía eléctrica” explicó Gutierrez. 

“El sistema hidroeléctrico que está en el estado Bolívar es el tercer desarrollo hidroeléctrico más importante del mundo”, indicó De Viana. 

Las termoeléctricas funcionan de una forma distinta. En este caso, la generación de energía eléctrica se produce por altas temperaturas y dependen de fueloil o gas para funcionar. 

Según Gutiérrez, en estas plantas, cuando se crea vapor, ocurre la generación de energía por calentamiento y producción de vapor. Unas turbinas son las encargadas de realizar este fenómeno.

Las plantas del fueloil o de gas son como un motor de carro o una planta eléctrica a la que se le pone combustible, y a través del movimiento de una turbina, se genera electricidad. En este caso, se produce CO2, por ende, este proceso es más contaminante que el de las hidroeléctricas. 

De acuerdo con De Viana, las termoeléctricas tienen presencia en las regiones, mientras que las hidroeléctricas están ubicadas, en su mayoría, en el sur del país y en el litoral.

Los estados más alejados de la producción del Río Caroní tienen sus plantas térmicas que compensaban la demanda.

Ambas están conectadas a través de 20.000 km de líneas de transmisión, aproximadamente, cuatro líneas de diferentes tipos de capacidad. 

Una de 765 kilovoltios que sale del Embalse de Guri, otra de 400 kilovoltios que sale de la Represa de Las Mataguas, conocida como Matagua I y II, de la Represa de Caruachi y de la Central Hidroeléctrica “Manuel Piar”, en Tocoma. Las otras líneas son de 230 kilovoltios y la menor de 115 kilovoltios.

“Van por todo el país desde el sur distribuyendo por el centro, los llanos occidentales, llanos centrales, en subestaciones”, señaló Gutierrez. 

Sin mantenimiento y combustible para funcionar

Al fallar las plantas térmicas que compensaban la demanda, los estados alejados del sur del país han sido los primeros en afrontar las consecuencias.

De Viana señaló que la mayoría de plantas termoeléctricas están fuera de servicio. Alrededor de 70% de ellas tienen fallas, no tienen suministro de combustible para operar, no cuentan con el suministro de gas adecuado, o simplemente, dejaron de funcionar. 

De acuerdo con ambos expertos, las plantas termoeléctricas han sido muy afectadas por la escasez de productos derivados del petróleo, como gasolina, fueloil y gas. 

Los especialistas reiteraron que sin estos productos, las termoeléctricas no pueden funcionar. 

Además de ello, los expertos explicaron que tampoco se ha realizado el mantenimiento necesario a sus maquinarias para prevenir que dejen de funcionar.

Según Gutiérrez, las plantas termoeléctricas tienen capacidad instalada para generar 16.080 megavatios, 51,9% de la energía eléctrica que consume el país.

«Actualmente, las termoeléctricas solo llegan a producir entre 1.500 – 2.000 megavatios. Solo están operando a 8% – 10% de su capacidad total», indicó.

«Toda la generación de energía eléctrica del país está siendo completada a través de las hidroeléctricas, que están funcionando solo a 50%-55% de su capacidad total», enfatizó Gutierrez.

El colapso existe por falta de mantenimiento

De acuerdo con De Viana, para que todo elemento funcione hay que mantenerlo y repararlo. El sistema eléctrico venezolano  ha sufrido un deterioro progresivo de casi todas sus partes: de las máquinas de producción eléctrica, del sistema de transmisión y de las redes locales.

«El sistema es intermitente. Una gran parte de las ciudades de occidente tienen entre cuatro y seis horas de interrupciones eléctricas todos los días. Eso genera el infierno del que la gente habla», señaló De Viana.

El expresidente de Hidrocapital explicó que cuando las cosas no funcionan, se dañan cada vez más. «Siempre hay que reparar y realizar mantenimiento. Al no hacerse, las fallas serán peores, especialmente en Los Andes y en el Zulia«, reiteró De Viana.

Según Gutiérrez, el mantenimiento del Sistema Nacional Eléctrico dejó de hacerse periódicamente cuando se nacionalizó el 8 de enero de 2007. 

«Al nivel que no se debería llegar es al mantenimiento de tipo correctivo, que es justamente el que hace el Estado ahora», dijo Gutierrez.

Estados de occidente son los más afectados por fallas de termoeléctricas

Ojalá no fallen porque esas son las que nos mantienen”, dijo Gutiérrez al referirse a la sala 1 y la sala 2 del Embalse de Guri. Cada sala contiene 20 turbinas, actualmente, solo hay ocho operativas. 

Gutiérrez explicó que Zulia ha sido uno de los estados que más ha pagado las consecuencias de las fallas de las termoeléctricas porque es el que recibe la cola del Sistema Eléctrico Nacional en cuanto a la generación hidroeléctrica. Esto se debe a la distancia entre este estado y Bolívar.

“Zulia es un estado petrolero, su generación de energía eléctrica provenía de gas y fueloil, por eso es que ahí había plantas termoeléctricas y no hidroeléctricas”, señaló Gutierrez. 

De acuerdo con el ingeniero civil, Zulia tenía una demanda de entre 2000-2100 megavatios y tenían capacidad para producir más de 2500 megavatios

“Cuando empezaron a fallar las termoeléctricas por la falta de mantenimiento, comenzó a intensificarse el problema eléctrico en Zulia”, explicó Gutiérrez. 

A FINALES DE ABRIL

No terminaron los racionamientos eléctricos, por el contrario ahora son mas y hasta dos veces en un mismo día, el primero a las 11am a 3pm y ahora a las 11:30pm. Los chamos fueron al colegio con sueño. Es inhumano esto de los apagones.#Venezuela #Zulia

— Lenin Danieri D (@LDanieri) May 3, 2022

En Zulia está el Complejo Termoeléctrico Rafael Urdaneta, que podía generar 2200 megavatios, solo está generando 230 megavatios.

Una situación similar ocurre en varios estados del país, como Lara, Mérida, Táchira y Carabobo.

La demanda del estado Lara era de 725 megavatios. De ellos, 300 megavatios se producían en termoeléctricas del estado. El resto era brindado por la energía de las hidroeléctricas. La Planta Termoeléctrica Argimiro Gabaldón está fuera de servicio. 

“Hasta 2015, Lara dependía 67% del sistema nacional, ahora depende 95%, porque las termoeléctricas salieron de producción por falta de mantenimiento”, dijo Gutiérrez. 

En Carabobo, está Planta Centro, una termoeléctrica en la zona de El Palito. Gutiérrez señaló que esta tenía capacidad instalada de producir 2000 megavatios. Actualmente, está fuera de servicio

En Mérida, está la Planta Termoeléctrica de El Vigía, con una capacidad para producir 800 megavatios. Actualmente, tampoco funciona.  

En Táchira, está la Termoeléctrica de La Fría, que tiene capacidad de producir 150 megavatios. Actualmente, produce cero megavatiosTáchira ha sido el estado más afectado por apagones y fluctuaciones eléctricas entre enero y abril de 2022.

“Estas cifras son un estimado, ya que la información sobre el tema eléctrico está en una caja de Pandora”, dijo Gutierrez. 

La minería ilegal afecta las hidroeléctricas

Gutiérrez explicó que sobre los embalses, donde funcionan las hidroeléctricas, impactan dos cosas: la temporada de sequía y la explotación del Arco Minero. 

Durante los periodos de sequía, los niveles de agua de los ríos pueden bajar. En el Embalse de Guri se manejan los niveles de la siguiente forma: amarillo, naranja y rojo. Gutiérrez explicó que si se llega al nivel rojo se pueden dañar las turbinas.

Más allá de la sequía,  el experto afirmó que hay un problema con el Arco Minero.

En esta zona se está deforestando y talando indiscriminadamente. Cabe destacar que en este lugar están los afluentes principales del Embalse de Guri, el Río Caroní y el Río Caruao, los cuales están siendo afectados por esta actividad.

«No veremos el impacto ahorita, pero puede que nuestros nietos vean la sequía del Guri si eso continúa. Este impacto es consecuencia directa de la explotación del Arco Minero», ratificó.

La orquestación del silencio: Opacidad y miedo atentan contra la libertad de expresión en Venezuela
58,2% de los consultados por el IPYS manifestaron no denunciar ante organismos estatales o instancias no gubernamentales cuando padecieron alguna restricción en su ejercicio profesional durante 2021
El acceso a la información pública se presentó como la categoría más erosionada a la hora de ejercer el periodismo en Venezuela
Según la percepción de los 534 periodistas encuestados, el acceso a la información pública y la seguridad fueron las categorías que llevaron la batuta en cuanto a restricciones

 

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) publicó una investigación titulada “La orquestación del silencio”  en la que determinó que la libertad de expresión en Venezuela fue calificada con 62 puntos en una escala que va de 0 a 100 puntos, que se ubica en la categoría de  una realidad con «algo de libertad de expresión».

Según la investigación, el acceso a la información pública se presentó como la categoría más erosionada a la hora de ejercer el periodismo en Venezuela.

La consulta evaluó la percepción de 534 trabajadores de la prensa de todo el territorio nacional sobre las condiciones del ejercicio periodístico entre enero y diciembre del año pasado.

El estudio de IPYS Venezuela, presentado por sexta ocasión, constató que en 2021 la opacidad y el miedo fueron los mayores riesgos que atentaron en contra de la libertad de expresión en el país.

«Los resultados revelaron una calificación general de 62 puntos que dan cuenta de unos niveles moderadamente graves para el ejercicio periodístico venezolano», señaló la investigación.

Según la percepción de los 534 periodistas encuestados, el acceso a la información pública y la seguridad fueron las categorías que llevaron la batuta en cuanto a restricciones y obtuvieron los promedios más bajos y preocupantes al ser valoradas con 37 y 54 puntos, respectivamente.

La denuncia ha quedado fuera de tono. 58,2% de los consultados manifestaron no denunciar ante organismos estatales o instancias no gubernamentales cuando padecieron alguna restricción en su ejercicio profesional durante 2021. Asimismo, el 53,7% de los consultados afirmaron haber omitido informaciones de interés público por temor a represalias.

Concierto privado al que pocos tienen acceso

De acuerdo con la investigación, el acceso a la información pública se presentó como la categoría más erosionada a la hora de ejercer el periodismo en Venezuela.

Los periodistas consultados indicaron que este derecho obtuvo una calificación promedio de 37, lo que revela una agudización de la opacidad en el manejo de los datos relevantes para la ciudadanía, con respecto a los años anteriores.

Al desagregar este indicador se evidencia que durante 2021, el cierre o restricciones de las fuentes de información pública en instancias estatales y no estatales obtuvo una puntuación de 30 (poca libertad de expresión) en la escala.

Esto indica que la verdad oficial sobre hechos noticiosos de relevancia nacional ha sido la gran ausente. Sobre este ítem, el 43,26% de los consultados mencionó que se trataba de una situación muy frecuente y el 29,96% afirmó que era un incidente algo frecuente.

«Estos resultados han puesto de manifiesto que la información pública en el país es considerada más bien como un concierto privado, al que pocos tienen permitido el ingreso», aseguró IPYS.

Obstáculos para consultar datos públicos son muy frecuentes

El estudio reiteró que los obstáculos para consultar documentos o datos públicos en instituciones o plataformas digitales promediaron 36 puntos.  Los datos suministrados por los encuestados arrojaron que estas limitaciones eran muy frecuentes (37,45%) y algo frecuentes (28,28%).

«Esto se debe no solo a la inexistencia de reportes y cifras, sino también a la creciente y a la deliberada desactualización de páginas web oficiales de los entes estatales», explicó la investigación.

El estudio tomó como ejemplo al El Banco Central de Venezuela (BCV), ente que sigue sin suministrar los reportes de los principales indicadores macroeconómicos de la nación. Tampoco hay boletines epidemiológicos.

«Cuando se publican algunos números, esto acarrea retrasos significativos. Por ejemplo, en marzo de 2022, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) difundió los datos del sector de telecomunicaciones del país relativos al IV trimestre de 2020. Dos años después del período correspondiente», indicó el estudio de IPYS.

Continúa la censura

Los resultados del estudio determinaron que la censura sigue resonando con fuerza en el país. De acuerdo con los datos, las instrucciones para restringir la labor informativa de los reporteros emitidas por sus supervisores alcanzaron una puntuación de 62, cuatro puntos por debajo que en 2018 cuando se situó en 66.

Según la investigación, la práctica censora se ha establecido como motivo para que los comunicadores abandonen sus espacios laborales. El despido arbitrario o renuncia forzada por razones informativas obtuvo una valoración de 81, un descenso de cinco puntos en oposición a 2018 cuando puntuó 86.

La involución en este indicador también quedó al descubierto en otras subcategorías como las presiones de los accionistas de los medios de comunicación, que puntuaron 74, un número menos que en la última medición del estudio. Un retroceso similar se observó en el tema de las presiones de los anunciantes publicitarios, una subcategoría que descendió de 87 en 2018 a 81 en 2021.

A pesar de que los hallazgos revelaron ligeras mejoras en cuanto a tópicos como los exhortos e investigaciones de instituciones estatales, que sumaron 62, y en las órdenes expresas que prohíban buscar, recibir o difundir información sobre situaciones de interés público, las vulneraciones informativas en términos de censura han tomado la batuta.

Riesgos sobre integridad física y psicológica no han disminuido

Los riesgos sobre la integridad física y psicológica de los reporteros no han disminuido en Venezuela. Por el contrario, las tendencias de este análisis reflejan que siguen siendo parte de la composición las acciones constantes de hostigamiento que ejercen los diversos actores del oficialismo y las autoridades gubernamentales hacia los trabajadores de la prensa.

De acuerdo con los consultados, en 2021 su libertad e integridad durante el cumplimiento de sus labores informativas estuvieron bajo restricciones recurrentes, y ponderaron el indicador de seguridad con 54 puntos. De igual forma, estas percepciones demostraron que las agresiones y amenazas con fines intimidatorios contra periodistas obtuvieron un promedio de 63, al igual que en 2018.Los registros del sistema de monitoreo de IPYS Venezuela constataron que a lo largo de 2021 ocurrieron un total de 140 violaciones bajo la categoría de agresiones y ataques, que comprendieron 54 hechos para infundir temor, 19 incidentes de destrucción, revisión, o confiscación de equipos y registros relacionados con el trabajo periodístico, 16 eventos de amenazas de agresión física, 15 de robos a herramientas de trabajo, y 12 de ciberagresiones a periodistas y portales de noticias.

«Bajo este marco, una tendencia preocupante y que ha cobrado fuerza en la labor del periodismo venezolano es la no denuncia luego de sufrir intimidaciones o amenazas», señaló la investigación de IPYS.

*Puedes leer el informe La Orquestación del Silencio: Estudio de Libertades Informativas completo aquí.

Venezuela registró un fallecido y 66 casos nuevos de COVID-19 #15Abr
Este 15 de abril, Venezuela llegó a 521.946 casos de COVID-19 confirmados desde la llegada de la pandemia de COVID-19

El viernes 15 de abril, Venezuela registró una muerte más y 66 nuevos casos positivos de COVID-19. El anuncio fue realizado por el ministro de Comunicación e Información de la administración de Nicolás Maduro, Freddy Ñáñez. 

Un hombre de 69 años falleció en el estado Trujillo. Con esta muerte, el país llegó a 5.700 fallecidos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. 

De los 66 casos, 65 son de transmisión comunitaria y uno corresponde a una mujer proveniente de Turquía que ingresó al país por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. 

Caracas lidera los contagios

Caracas registró la mayor cantidad de casos confirmados, registrando 20 en seis de sus 22 parroquias: seis en San José, cinco en Sucre, cinco en El Recreo, dos en El Valle, uno en La Pastora y uno en el 23 de enero. 

Vargas también registró 19 casos. Le siguen Carabobo (8), Mérida (6), Aragua (4), Yaracuy (3), Miranda (2) y Monagas, Anzoátegui y Falcón (1 caso cada uno).

521.946 casos confirmados  

Este 15 de abril, Venezuela llegó a 521.946 casos de COVID-19 confirmados desde la llegada de la pandemia de COVID-19 al país. De ellos 514.608 se recuperaron y 1.638 están activos.

300 de los casos activos son pacientes asintomáticos, 843 tienen insuficiencia respiratoria aguda leve, 377 permanecen con insuficiencia respiratoria aguda moderada y 118 están internados en unidades de cuidados intensivos.

576 de los casos buscaron atención en hospitales, 533 acudieron a centros de diagnóstico integral (CDI), 199 fueron a clínicas privadas y 330 permanecen bajo «atención comunitaria supervisada».

Fallas eléctricas causan 6 de cada 10 caídas de conectividad a Internet en Venezuela
De acuerdo al informe de VE Sin Filtro, Venezuela tiene la segunda conexión a internet más lenta de la región y una de las más lentas del mundo

La organización VE Sin Filtro publicó un informe en el que aseguró que durante 2021 se reportaron 50 incidentes vinculados a problemas de conectividad a internet. 

«Las fallas eléctricas son causa de desconexión en todo el país, en especial en los estados andinos y en Táchira de manera muy particular», reiteró el informe.

VE Sin Filtro realizó un monitoreo al desempeño de seis empresas de internet: la estatal CANTV y las operadoras privadas Inter, Movistar, Digitel, NetUno y Supercable.

Según el informe, este monitoreo permitió identificar incidentes en los que se presenta un decaimiento de los valores usuales de conectividad a nivel nacional y regional.

Durante 2021, VE Sin Filtro reportó 47 incidentes de caída de conectividad a Internet, siendo febrero el mes con mayor número de casos con un total de 9 incidentes reportados.

Los 47 incidentes de caída de conectividad a nivel nacional tuvieron efecto en uno o más estados de forma simultánea.

Los incidentes de 2021, evaluados por su impacto en todo el país, significaron 454 eventos regionales. 32 de estos eventos afectaron al estado Táchira, mientras que los estados Mérida, Aragua y Distrito Capital presentaron 26 eventos cada uno, el estado Guárico 25 eventos, el resto de los estados se vieron afectados por entre dos y 24 eventos.

Táchira, estado con mayor cantidad de eventos críticos

La organización señaló que el decaimiento de los niveles de conectividad en comparación a los niveles usuales se categorizó según su magnitud, identificando eventos críticos, serios y leves. 

Táchira es el estado con mayor número de eventos críticos con un total de 12, también tiene el mayor número de eventos serios que fueron 16 y leves cuatro.

Le siguen Mérida con nueve críticos, Barinas, Cojedes, Portuguesa, Trujillo y Aragua con siete eventos críticos cada uno. El resto de los estados presentaron entre 6 y 2 eventos críticos.

«La mayoría de los eventos fueron serios con un total de 166, siguen los leves con 156 eventos y los críticos tiene un total de 132 eventos a nivel nacional», aseguró el informe.

60% de las fallas fueron causadas por fallas eléctricas

VE Sin Filtro explicó que estas fallas se han originado por diferentes factores, entre ellos destacan las fallas eléctricas.

Del total de incidentes identificados en 2021, 60% fueron ocasionados por fallas eléctricas.

A nivel regional ocurrieron 293 eventos, Táchira es el estado con mayor número de eventos a causa de fallas eléctricas con un total de 23.

Le sigue Miranda con 18 y Carabobo, Mérida y Trujillo con 17. Los demás estados presentaron entre 16 y dos eventos durante el año.

Uno de los incidentes reportados por fallas eléctricas ocurrió el 14 de febrero.

Un apagón ocasionó el descenso de los niveles de conectividad en 23 estados durante 19 horas y 20 minutos, el incidente inició a las 12:50 am.

A nivel nacional el porcentaje más bajo registrado fue de 37% con respecto a los niveles normales.

«Esta caída de conectividad califica como crítica y los 23 eventos también presentaron un nivel de conectividad entre 0% y 50% en comparación a los niveles normales», aseguró VE Sin Filtro.

A finales de 2021, el 17 de diciembre, ocurrió un corte del servicio eléctrico a nivel nacional del que oficialmente se dijo que había sido un “ataque al sistema eléctrico”.

20 estados del país quedaron sin luz. Los más afectados fueron Cojedes, Mérida, Barinas, Táchira y Portuguesa con niveles de conectividad de entre 5% y 11%, a partir de las 1:00 am y con una duración de 8 horas. Nacionalmente los niveles de conectividad llegaron a 26%.

13 días y dos horas de incidentes  

Con respecto a la duración de los incidentes totales presentados dentro del territorio nacional, fue de 13 días y dos horas en total.

Regionalmente, se pudo identificar que el estado Táchira, de nuevo, es el estado con mayor tiempo de fallas de conectividad con nueve días, ocho horas y 20 minutos.

Le sigue Mérida con seis días y 22 horas, de tercer lugar el estado Trujillo con seis días, 19 horas y 50 minutos.

Los estados con mayor tiempo de afectación de fallas de conectividad son de la región andina. Mientras que los demás estados se vieron afectados dentro de un rango de duración de entre 13 horas y seis días.

15,8% de la población no tiene servicio de internet

El informe señaló que al menos 15,8% de la población no cuenta con servicio de internet. Dentro de este porcentaje no se incluyen las personas que están suscritas al servicio, pero éste se encuentra inactivo.

De acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, en febrero de 2021, solo 34,2% de la población tenía servicio de internet fijo, mientras que 73% contaba con el servicio de Internet móvil.

En febrero de 2022 la misma organización reportó una variación, ubicando el Internet fijo en 36.1% y el Internet móvil en 83,7%.

Según DataReportal en su reporte digital anual, para enero de 2021 habían 20,57 millones de usuarios de Internet en Venezuela, y para enero de 2022 habían 20,87 millones de usuarios.

«Estas cifras representan alrededor de 72,3% y un 73,4% de la población venezolana», afirmó VE Sin Filtro.

Con respecto a la distribución de los usuarios, el reporte de Conatel correspondiente al último trimestre del año 2020 evidencia un precario y desigual acceso a Internet en el país, lo que significa también una vulneración a los derechos humanos (asociación, salud, identidad, información, educación, entre otros) de la población.

Los 10 estados con menor acceso a internet son: Amazonas, Apure, Sucre, Delta Amacuro, Guárico, Falcón, Trujillo, Yaracuy, Zulia y Portuguesa.

Segunda conexión a internet más lenta de la región

De acuerdo con el informe de VE Sin Filtro, Venezuela tiene la segunda conexión a internet más lenta de la región y una de las más lentas del mundo.

«Esto ocurre a pesar del aumento en la velocidad de conexión por la oferta de nuevos servicios de internet a un precio “premium” en algunos mercados», reiteró la organización.

La velocidad de la conexión a internet, junto con otros factores de desempeño, determinan si ciertos usos de internet son viables.

«Una conexión lenta o inestable seriamente limita el ejercicio del derecho al trabajo, educación, comunicación y expresión al hacer imposible que se pueda colaborar, compartir contenidos, interactuar en tiempo real, entre otros usos», explicó el informe.