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OVP: Casas de paz en calabozos policiales violaría derechos de los detenidos

detenidos
Maria Josefa Maya
Hace 2 años
Según el director de OVP, el policía municipal, estadal y funcionario de la PNB están formados para la seguridad pública, no para cuidar y velar por los derechos humanos de los presos
Una de las principales preocupaciones de Prado ante el anuncio de Tarek William Saab es la coacción y presión a la que puede exponerse un recluso si el plan de casas de paz se lleva a cabo
Se debe hacer inventario de personas procesadas, penadas, con medidas cautelares y que poseen medidas alternativas de cumplimiento de pena para sacar la cuenta de  cuánto personal se necesita para que el servicio a los detenidos no viole el debido proceso, ni caiga en el retardo procesal

 

Entre el 17 y 19 de julio, 107 personas que se encontraban detenidas en el centro de detención preventiva de La Morita II del estado Aragua iniciaron un motín para denunciar el atropello y abusos que recibían por parte de las autoridades del calabozo policial, el retardo procesal en sus causas y supuestos hechos de corrupción en tribunales de Aragua.

Durante el hecho, cuatro funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron secuestrados por más de 24 horas en el centro de detención. Katerin Vargas, Rubén Rojas, Darwin Alvarado y el oficial Saulo Kiñones fueron liberados luego de que el conflicto culminara al trasladar a 38 privados de libertad al Internado Judicial de Aragua, mejor conocido como Tocorón.

Un día después, y a raíz del hecho, el fiscal general Tarek William Saab, anunció la puesta en marcha de un plan para reducir el número de personas recluidas en las estaciones policiales, consideradas centros de detención preventiva, que actualmente albergan a 25.000 internos en todo el país, reseñó la Agencia EFE.

La Fiscalía, el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se comprometieron “a convertir los centros preventivos” en “casas de paz”, de modo que puedan celebrarse en esos calabozos las audiencias de juicio para combatir el retardo procesal que mantiene a miles de detenidos durante años en estos lugares, originalmente concebidos para 48 horas de detención.

“¿Cómo traerás casas de paz cuando no hay espacio para calabozos?. Esto no se resuelve con buenas intenciones, se resuelve con experticia, gerencia y disposición para hacerlo”, opinó Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en conversación con Runrun.es.

Para el director del OVP, en los calabozos policiales se excede el tiempo establecido por el artículo 44 de la Constitución venezolana y el Código Orgánico Procesal Penal al dejar más de 48 horas a personas detenidas en sus instalaciones. Adicionalmente, en un espacio diseñado para 20 personas, detienen a 100 o 200 detenidos. 

“Los funcionarios de cuerpos policiales no están formados para lo que les ponen a hacer. Los policías carecen de presupuesto para brindar desayuno, almuerzo y cena a los reclusos en sus calabozos”, aseguró Prado.

Según el director de OVP, el policía municipal, estadal y funcionario de la PNB son formados para la seguridad pública, no para cuidar presos. “No están formados para velar por los derechos humanos de los presos, o para registrar comida y personas que visitan a su ser querido que está detenido preventivamente.

“En ningún comando policial existe un área de atención médica para los detenidos, ni siquiera para los policías”, indicó Prado.

Coacción y presión a los reclusos

Una de las principales preocupaciones de Prado ante el anuncio de William Saab es la coacción y presión a la que puede exponerse un recluso si el plan de casas de paz se lleva a cabo. 

El director del Observatorio explicó que un detenido es trasladado al tribunal para que esté libre de coacción y presión. “No es que no esté de acuerdo en poner unos salones para algunas diligencias que se puedan hacer, pero esas diligencias no pueden estar vinculadas con el proceso”, afirmó.

“Si un muchacho fue detenido por policías, ¿cómo lo vas a poner dentro de la misma sede de la policía a declarar contra los policías?. No tiene sentido”, señaló Prado.

Según el director de OVP, el cambio de abogado de un detenido es una de las diligencias que se puede ejecutar, pero en el proceso no se puede hacer mucho porque el traslado al tribunal garantiza que la persona que esté presuntamente involucrado en determinado tema esté libre de presión y coacción, si no se cumple, se viola ese aspecto por saltar encima de la norma.

Prado explicó que las irregularidades que se han dado en el sector carcelario han intentado ser solventadas a través de actividades que son espasmódicas, pues no atacan el problema estructural. 

La reestructuración es la solución del problema

De acuerdo con Prado, la solución al problema de retardo procesal y todas las irregularidades que implica pasa por establecer un sistema gradual para otorgar medidas cautelares y medidas alternativas de cumplimiento de pena para que no haya impunidad. 

Una vez que se inicie esa reestructuración, el problema puede solucionarse en un año de trabajo continuo y sostenido. 

El director del OVP reiteró que, para ello, hay que tener una visión de cómo resolver el problema estructural a corto, mediano y largo plazo.  Sugirió las siguientes acciones:

Devolver la autonomía e independencia del Poder Judicial. “Cuando un juez dicta una medida preventiva y ordena el traslado de una persona al centro penitenciario, tiene que ser trasladado de inmediato, no tiene que estar un año en un calabozo policial”, dijo.

Se debe hacer inventario de personas procesadas, penadas, con medidas cautelares y que poseen medidas alternativas de cumplimiento de pena para sacar la cuenta de  cuánto personal se necesita para que el servicio a los detenidos no viole el debido proceso, ni caiga en el retardo procesal. 

Nombrar más jueces, fiscales y  defensores públicos, según el número de personas que se encuentren privadas de libertad y tengan sentencia firme o un proceso abierto. 

Hacer un concurso de credenciales, entrenarlos y después “soltarlos al ruedo”. “Independientemente de que es un proceso que tomará tiempo, estas personas solucionarán el problema estructural, porque van a nivelar la situación del proceso de cada persona”, señaló Prado.

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