La Comisión de Justicia y Reparación tendrá un plazo de vigencia de dos años, prorrogables y estará integrada por siete comisionados
La organización Control Ciudadano indicó que este 7 de enero circuló la Gaceta Oficial que contiene la Ley que crea la Comisión para la garantía de Justicia y Reparación de las víctimas de delitos contra los Derechos Humanos (Comisión de Justicia y Reparación).
La Gaceta Oficial, N° 6.678 Extraordinario del 27 de diciembre de 2021, fue aprobada recientemente por la Asamblea Nacional.
“La creación de una Comisión de Justicia y Reparación es el reconocimiento del fracaso de las instituciones existentes, en la efectiva investigación y sanción de los delitos contra los derechos humanos”, afirmó Control Ciudadano.
Según la organización, la Comisión de Justicia y Reparación tendrá un plazo de vigencia de dos años, prorrogables y estará integrada por siete comisionados, designados por la Asamblea Nacional.
Dos de ellos deben ser parte de organizaciones y movimientos de defensa de los derechos humanos, con amplia trayectoria en la materia. Otros dos comisionados deben ser diputados de la Asamblea Nacional.
“La Ley ha previsto que tres comisionados sean designados por su destacada trayectoria en materia de derechos humanos y su acreditada capacidad profesional, ética e integridad”, señaló Control Ciudadano.
La ONG reiteró que esta Comisión solo será legítima, en su funcionamiento, si sus comisionados son auténticamente independientes, de lo contrario, “será un apéndice más del Ejecutivo Nacional, tal como sucede actualmente con la Defensoría del Pueblo”.
De acuerdo a la organización, la ley también ha previsto que este órgano colegiado, cuente con una Secretaria Ejecutiva, con auténticas supercompetencias, entre las que destacan:
Acceder a las actuaciones desarrolladas por los órganos policiales o de seguridad, del Ministerio Público, del Poder Judicial o del sistema de justicia, incluyendo aquellas que sean confidenciales o secretos.
Realizar visitas e inspecciones en cualquier lugar.
Requerir y acceder, sin reservas, a cualquier información que la Comisión estime necesaria para el cumplimiento sus fines.
Además, la organización explicó que sus funciones solapan competencias de otros órganos constitucionales de Estado, pudiendo convertirse en un espacio más de burocracia y propaganda gubernamental, al depender presupuestariamente del ejecutivo nacional, frustrando nuevamente la justicia, verdad y reparación de las víctimas de violaciones a los DDHH.
