Carlos Herrera, padre de Juan Herrera, quien estaba privado de libertad y habría sido asesinado durante el motín y toma de rehenes en el Cuartel de Prisiones de Politáchira, exigió que al menos le entregaran los restos de su hijo para sepultarlo. Contó que fue extorsionado por uno de los cabecillas de la toma, identificado como Juan Gabalzón, que le exigió la entrega de un vehículo para que volviera a hablar con su hijo que estaba preso por robo de carros. El hombre se negó a hacerlo.
“Dejé de escuchar la voz de mi hijo el viernes a las 11:30 pm y lo que me dijeron es que el sábado, empezando a la 1:00 am, arremetieron contra él más de 40 presos. Lo apuñalaron, lo colgaron para que se desangrara y llamaron a este señor Dorángel (llamado Comegente) para que comenzara a descuartizarlo y así lo hicieron con el otro joven. El dolor que más me da es que no voy a tener nada para hacerle un funeral”, contó el hombre en medio del llanto.
Mientras ocurría el motín, sucedieron varios hechos. “Hablé con uno de los que salieron en libertad (rehenes) y estaba al lado de mi hijo cuando comenzaron a hacer esto. Los picaron en pedazos y se los dieron a los detenidos para que se los comieran”, señaló Herrera.
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En la actualidad tres adolescentes esperan en los calabozos de Polisalias por un cupo a un centro especializado para jóvenes en conflicto con la ley. Autoridades de la Policía Municipal de Los Salias, ubicada en San Antonio de Los Altos, estado Miranda, manifestaron su preocupación pues argumentan que en esa sede policial no tienen capacidad para que permanezcan menores de edad.
Uno de los casos que más preocupa a funcionarios de Polisalias es el estatus de un adolescente de 16 años de edad que está detenido desde hace siete meses por el delito de robo. Al joven lo tuvieron que aislar en un pasillo, para evitar que los otros presos lo ataquen, pues es homosexual. «A los reclusos con estas condiciones sexuales no los podemos tener en los calabozos porque los otros reos los pueden atacar, y debemos evitar eso», precisó una de las fuentes consultadas.
Autoridades de Polisalias también mantienen aislado a un preso que fue detenido hace un mes y medio por estar involucrado en casos de abuso sexual a menores de edad.
«A estos presos tampoco los podemos tener en un calabozo, porque los reclusos que son detenidos por este delito pueden ser asesinados por el resto de los privados de libertad», explicó un funcionario policial.
Actualmente 21 presos permanecen en la sede de Polisalias que solo tiene capacidad para albergar a 8 detenidos por un lapso de 48 horas.
Desde el pasado 08 de septiembre, en los calabozos de la Policía del Estado Táchira en la ciudad de San Cristóbal, los reclusos mantienen secuestradas a 11 personas, 2 de los cuales son funcionarios de ese cuerpo policial que prestan servicios de custodia y el resto familiares de reclusos que se encontraban de visita en ese momento.
Al momento de escribir estas líneas habían transcurrido 20 días desde que se inició el secuestro y no ha habido ninguna solución por parte de las autoridades encargadas. Al parecer nadie es responsable y todos escuren el bulto, el Gobernador del Estado acusa a la oposición de esta situación, el Ministerio Penitenciario se hace el loco, solo ha habido pronunciamientos por parte del Defensor del Pueblo donde dice estar mediando, hasta ahora sin resultado favorable.
Desde hace tiempo en este espacio semanal he venido denunciando el grave problema que se está viviendo en los Centros de Detención Preventiva en Venezuela, son alarmantes los niveles de hacinamiento en estos recintos que agrupan un aproximado de 33 mil privados de libertad y con una capacidad real inferior a los 5 mil reclusos. No hay que olvidar que estos recintos son creados para albergar a detenidos por un lapso que no debería superar las 48 horas, hoy en día hay reclusos ya condenados recluidos en estos sitios, se han convertido en mini cárceles.
La Policía del Estado Táchira tiene una capacidad en sus calabozos para 120 personas y en la actualidad tiene 350, estamos hablando de un hacinamiento de 292%, cifra alarmante si tomamos en cuenta que en materia penitenciaria cuando la sobrepoblación excede de un 30% ya se considera crítica, la situación de este cuerpo policial no es diferente a la que se vive en los calabozos de todos los cuerpos policiales del país: Policías Estatales, Policías Municipales, Policía Nacional, CICPC, SEBIN, DIM y Guardia Nacional Bolivariana, ninguna se escapa de este caos.
La responsabilidad, como muchas veces lo hemos señalado, es exclusivamente del Ministerio para el Servicio Penitenciario, quien violando el propio decreto de su creación así como el Código Orgánico Penitenciario donde se le atribuye la custodia única de los privados de libertad del país, y no como pretenden hacer creer que es competencia de gobernadores, alcaldes y a todo aquel que se les ocurra, para eludir sus compromisos.
El artículo 8 del Código Orgánico Penitenciario establece: “El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia penitenciaria debe garantizar a las personas privadas de libertad condiciones de vida que coadyuven a minimizar los efectos negativos de la privación de libertad y a incrementar las posibilidades de transformación, a través de la creación de programas y actividades tendientes a la inclusión educativa, laboral, deportiva, artística, cultural y recreativa, entre otras”.
Por otra parte, el artículo 6 del mismo instrumento legal dice “El Estado garantiza la construcción, adecuación, mantenimiento y dotación de sedes penitenciarias, aptas en cantidad y calidad, que cuenten con espacios apropiados para el alojamiento y la convivencia de las personas privadas de libertad, así como para la recreación, educación, formación, expresión artística, práctica deportiva, el trabajo, la atención médica y sanitaria, aplicando los avances científicos y tecnológicos existentes en cada una de estas áreas”.
Es claro que la culpa de todo lo que sucede es del Ministerio Penitenciario. En los dos artículos citados anteriormente se establece el derecho de los privados de libertad a vivir dignamente y con las condiciones adecuadas e igualmente el Estado garantiza la construcción de nuevas cárceles. Evidentemente esto no ocurre.
El problema que actualmente se vive en Politáchira es consecuencia directa no solo del cierre de más de seis cárceles en el país desde la creación del Ministerio Penitenciario sino que tampoco se han construido nuevas cárceles a pesar de las muchas promesas de nuevos recintos, incumplidas en su totalidad, no podemos olvidar que cuando este ministerio fue creado, su titular ofreció la construcción de 24 nuevos recintos para procesados, uno en cada estado del país.
Si esta promesa de construcción de 24 nuevas cárceles se hubiese cumplido en los más de cinco años de creado el Ministerio Penitenciario y hecho el ofrecimiento, la historia podría ser diferente y este tipo de situaciones como la que se vive en Politáchira no ocurrirían. Las autoridades tiene que entender de una vez por todas que los policías son para cuidar a la ciudadanía en la calle y no para andar cuidando presos en sus calabozos.
Mientras el Ministerio para el Servicio Penitenciario no cumpla con sus responsabilidades y enfrente la dramática situación que se vive en los Centros de Detención Preventiva, situaciones como la que se vive en la Policía del Táchira seguirán ocurriendo y me atrevo a decir que con mayor frecuencia cada día.
En menos de una semana cuatro sucesos registrados en en los calabozos policiales volvieron a poner en la agenda de la opinión pública el tema de la crisis en los centros de detención preventiva. En Politáchira 12 personas, entre ellas 2 funcionarios, cumplieron más de una semana en situación de rehenes; en Poliguacara 40 detenidos se fugaron por un túnel que abrieron; en Polilara dos presos fueron desmembrados y decapitados; y el jueves en la tarde un detenido de Polichacao murió por tuberculosis y desnutrición
CUATRO SUCESOS ESCANDALOSOS REGISTRADOS EN UNA SEMANA en distintos calabozos policiales recuerdan cuál es la crisis actual en los centros de detención preventiva. Aunque estos espacios son lugares acondicionados para albergar a detenidos por un lapso no mayor de 48 horas, la realidad es otra. Desde la creación del Ministerio de Servicio Penitenciario, en julio de 2011, ha habido retrasos en la asignación de cupos para cárceles, situación que sin duda ha trasladado el conflicto carcelario a las sedes policiales.
12 rehenes cumplieron una semana secuestrados en Politáchira
Este jueves detenidos de Politáchira cumplieron una semana liderando una situación de rehenes en la que mantienen secuestradas a 10 personas, entre ellas a 2 funcionarios, para exigir traslados a centros penitenciarios. La ONG Una Ventana a la Libertad denunció que pese a que los calabozos de esa policía del estado Táchira tienen capacidad para albergar a 120 personas, en la actualidad 350 detenidos se encuentran hacinados allí.
Al cumplirse una semana del conflicto, los detenidos que lideran el secuestro liberaron a la primera rehén. Se trata de Yesenia Ortiz, de 25 años de edad. Autoridades informaron de manera extraoficial que la mujer, que está embarazada, se encuentra estable.
Dos presos desmembrados en Polilara por conflicto de droga
Tres días después, el domingo 11 de septiembre, dos presos fueron desmembrados y decapitados en el interior del pabellón 1 de Polilara, que también es conocido como Artesanía. Los privados de libertad fueron identificados como Edison José Chirinos Chirinos, de 25 años de edad, quien estaba imputado por robo agravado desde el 2010 y Miguel Ángel Catarí Gutiérrez, de 20 años de edad, quien estaba privado de libertad por homicidio. La versión extraoficial que se maneja de este doble crimen es que fue por un conflicto de control de drogas.
El criminólogo y ex funcionario del Cicpc, comisario Javier Gorriño, considera que los últimos eventos que se han registrado en calabozos demuestran la desesperación de la población reclusa que está en estos espacios a la espera de un traslado para un centro carcelario: «Los detenidos en calabozos policiales, que tienen meses y hasta años presos en estos espacios, tienen desesperación por el hacinamiento y la infraestructura inadecuada para mantenerlos allí por más de 48 horas. En las celdas policiales hay condiciones infrahumanas, los presos tienen que hacer turnos para poder dormir, porque sencillamente no hay espacios y cuando los presos cometen este tipo de crímenes o lideran otras situaciones irregulares, lo hacen para llamar la atención».
40 reclusos fugados de Poliguacara
El miércoles 14 de septiembre los calabozos policiales volvieron a ser noticia con la fuga de 40 detenidos de Poliguacara, en el estado Carabobo. El alcalde del municipio Guacara, Gerardo Sánchez, informó que los 40 reclusos se fugaron por un túnel. Horas después de la fuga 10 detenidos fueron recuperados:“La fuga tiene que ver con la socavación que se originó en las adyacencias de la sede de la policía por la crecida del Río Guacara la semana pasada, lo que nos trajo como consecuencia la construcción de un túnel por parte de los presos que permitió la fuga desde el calabozo hasta el río que queda muy cerca”.
Detenido de Polichacao muere por tuberculosis y desnutrición
Carlos Enrique Hernández, de 30 años de edad, murió este jueves 15 de septiembre a las 6 de la tarde en los calabozos de Polichacao por desnutrición y tuberculosis. El delincuente, que estaba detenido en esa sede desde el 10 de octubre de 2015, se complicó desde hace aproximadamente un mes, refirieron fuentes policiales.
Hernández estaba detenido por el delito de abuso sexual. Funcionarios de Polichacao lo apresaron al tener conocimiento que estaba solicitado por el Tribunal Quinto de Control de Los Teques, en el estado Miranda. El director de seguridad integral de la alcaldía de Chacao, Gustavo Duque, dijo que hace dos semanas funcionarios de Polichacao notificaron al Tribunal Quinto de Control de Los Teques, a la Fiscalía 14 en materia de Derechos Fundamentales y a la Defensoría del Pueblo, que el estado de salud del detenido se había deteriorado: “Se les había pedido el traslado a un centro de salud, pues desde 2015 no habíamos ubicado a ningún familiar. Nosotros tenemos la capacidad de prestarle el servicio de salud a los detenidos con Salud Chacao, pero cuando se presenta un cuadro de tuberculosis lo ideal sería que fuera recluido en un centro asistencial que pudiera atender situaciones de esa envergadura”.
A juicio del director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, el derecho a la vida es inviolable: “Eso lo contiene nuestro texto constitucional y si esa persona que murió bajo la responsabilidad de ese cuerpo policial, esa policía debe responder ante los organismos públicos por ese señor que falleció. El Observatorio Venezolano de Prisiones está solicitando a la fiscal Luis Ortega Díaz una investigación sobre ese fallecimiento. Ningún cuerpo policial que tenga a su cargo la vida de un ser humano, es que se le muera en sus calabozos porque no le den permiso. Por encima de cualquier excusa, está el derecho a la vida”.
El coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, reiteró que la crisis en los centros de detención preventiva es alarmante: «Estamos viendo cómo en los recintos de detención preventiva se están trasladando los mismos problemas que estamos acostumbrados a ver en las cárceles. Lo que acaba de ocurrir en Polilara es alarmante, pero que nos permite saber la verdadera situación que se está viviendo en los calabozos policiales. No hay custodia, no hay policías, ni personal con capacidad para custodiar presos y el hacinamiento está desbordado en estos retenes».
A principios del mes de septiembre el defensor del pueblo, Tarek William Saab admitió las condiciones de hacinamiento que hay en calabozos policiales. Dijo que algunos centros de detención preventiva superan hasta diez veces su capacidad y precisó que aproximadamente 33.000 detenidos están en estaciones de policía «con hacinamientos realmente brutales». De acuerdo con información oficial, la cifra de detenidos en retenes se incrementó casi en 11.000, pues el propio defensor del pueblo dijo en el mes de mayo que en los calabozos policiales había 22.759 detenidos.
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EN LOS CALABOZOS DE LA COMISARÍA de la Policía del estado Lara (Polilara) aparecieron este domingo 12 de septiembre dos detenidos decapitados y desmembrados. Los cuerpos fueron sacados aproximadamente a las 4:00 de la tarde por las autoridades del lugar.
Las víctimas fueron: Edison José Chirinos Chirinos, de 25 años de edad, quien se encontraba imputado desde el 2010 por robo agravado; y Miguel Ángel Catarí Gutiérrez, de 20 años, solicitado por homicidio agravado. Ambos reos permanecían en el pabellón 1, también conocido como Artesanía.
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Los cuerpos quedaron en partes, ambos sin cabeza. A uno de ellos también le faltaba un brazo. Se maneja como motivo del motín en la comisaría, ubicada en la calle 30 de Barquisimeto, estado Lara, fue que un grupo de detenidos estaban endeudados por drogas.
Se pudo conocer, a través de la información de familiares y fuentes policiales, que los funcionarios de Polilara no pasan a debido a la peligrosidad de los detenidos, quienes permanecen allí a la espera de ser trasladados, puesto que este lugar es provisional para mantener a los reclusos.
Para este lunes está previsto el pronunciamiento oficial por parte de las autoridades acerca del hecho ocurrido.
El sábado 16 de abril, pasadas las 10:00 pm, los reclusos que están detenidos en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana, ubicados en la Avenida Sucre de Catia, se rindieron luego que las autoridades les cumplieran su principal petición: asignación de cupos para centros penitenciarios
La historia se volvió a repetir el sábado 16 de abril en el interior de los calabozos policiales de la sede de la Policía Nacional Bolivariana, ubicados en la Avenida Sucre de Catia. Los presos, que están hacinados en celdas que no tienen capacidad para albergar a personas por un lapso mayor a 48 horas, iniciaron un motín poco después de las 10:00 am cuando funcionarios de ese cuerpo policial realizaban una requisa. Pero, al igual que el 18 de agosto de 2015, los detenidos tomaron el control de la sede y secuestraron al Oficial Fernando Plaza, para que sus peticiones fuesen escuchadas.
La situación irregular se originó cuando los reclusos de una celda rompieron los barrotes y se escaparon hasta la parte superior de esa sede de la PNB, según información extraoficial. Desde esa área los internos se hicieron escuchar: pidieron traslados a cárceles, que les permitieran ingreso de alimentos y rechazaron las condiciones de hacinamiento. Ciudadanos y familiares de los presos hicieron videos y fotografías que se hicieron virales en las redes sociales, lo que permitió que se conocieran detalles del motín.
El conflicto culminó pasadas las 10:00 pm cuando las autoridades cumplieron con traslados de algunos detenidos.
En el motín que detenidos de esa sede de la PNB lideraron el 18 de agosto de 2015, los presos mantuvieron como rehén a un Oficial que fue identificado como Jaime Bracamonte. En esa oportunidad los funcionarios de la PNB cumplieron con las exigencias de los presos: les compraron cigarrillos, hablaron por teléfono con ellos y también con los familiares que desde temprano estaban en la avenida Intercomunal de Antímano.
La madrugada de este miércoles, nueve privados de libertad que se encontraban recluidos en los calabozos del Centro de Coordinación Policial Coliseo de La Urbina de Polisucre, se evadieron de la sede policial luego de violentar una reja y abrir un boquete que desde un patio les dio acceso a la calle.
Los evadidos fueron identificados como Héctor Luis Marimon Alcalá, indocumentado; Jesús Anthony Pérez Mora; Ronny Alberto Carpintero; Franklin Jesús Pichardo Bastidas; Antony José Pava Domínguez; Keider Alexis Guzmán Rodríguez; Edwim Daniel Nieves Márquez, Félix Alberto Mederico Álvarez y Angelo Gregorio Morales.
El periodista Javier Mayorca informó en Twitter que los cuatro de los nueve antisociales fueron recapturados y responden a los nombres de: José Rivero, Luis Miguel Flores, Jonathan Rojas, Enrique Cisneros y Carlos Alberto González.
El día de ayer, miércoles 20 de enero, debido a mi doble condición de Concejal y Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos del Concejo Municipal de Chacao, pude ser testigo de excepción de una requisa en los calabozos de nuestra Policía Municipal. Una actividad normal y rutinaria en cualquier sede de todo cuerpo policial dotada de algún calabozo, cuyo objetivo fundamental es garantizar la seguridad tanto de las personas privadas de libertad como de los propios funcionarios policiales, evitando así la existencia dentro de esos espacios de cualquier tipo de arma o de elemento no permitido que pudiera significar algún tipo de peligro, así como también chequeando el estado estructural del recinto carcelario para garantizar que se cumplan las condiciones mínimas de salubridad y de respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, debo admitir que me llevé una muy desagradable impresión al constatar el deplorable estado de los calabozos de nuestra policía.
Lo primero que salta a la vista es el alarmante estado de hacinamiento. Hoy se encuentran apiñadas 150 personas en un espacio que fue diseñado para albergar máximo a 35. Es decir, hay una sobrepoblación de más del 300%. Para que tengamos una mejor dimensión de este drama: hablamos de un pequeño espacio de no más de 70 metros cuadrados dividido en cuatro celdas; de las cuales solamente una tiene baño con cierta privacidad, que es monopolizado además por las mujeres privadas de libertad (9 en total). Mientras que de las otras tres celdas se componen dos de ellas por unos espacios enrejados en la mitad del pasillo destinados a albergar a los menores de edad detenidos, y la última está formada por un espacio más grande (de unos 45 metros cuadrados más o menos), con dos baños a la intemperie, donde cohabitan la mayoría de los detenidos, de entre los cuales hay 11 que ya han sido penados por la justicia venezolana y que por lo tanto deberían estar recluidos en algún recinto penitenciario de rango nacional.
Esta situación es una bomba de tiempo que no solo perjudica a las personas que se encuentran allí recluidas, sino que repercute negativamente en la calidad de vida de todos los chacaoences, ya que nuestros funcionarios policiales se han visto en la necesidad de aumentar los esfuerzos de custodia para una población absolutamente sobredimensionada, lo cual conlleva a una necesaria disminución en el número de funcionarios destinados a patrullar nuestras calles y garantizar nuestra seguridad.
El año que recién culminó, en el Concejo Municipal, aprobamos recursos para lograr una ampliación y adecuación de los calabazos de nuestra policía municipal. Lamentablemente la inflación y la burocracia torpedearon la obra. En aquel momento, desde la cámara municipal, dijimos lo mismo que hoy decimos con aún más fuerza: este proyecto merece un carácter de urgencia y debe ser atendido con prioridad. En Chacao debemos cumplir con los estándares internacionales destinados a garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, y debemos tener unas instalaciones idóneas que sean capaces de separar a los detenidos según la clasificación de sus delitos.
No podemos obviar la realidad nacional en la que estamos inmersos. En Venezuela hemos visto como se cierran y demuelen centros penitenciarios, al tiempo que la delincuencia aumenta, y esto a pesar de los más de 20 planes de Seguridad Ciudadana llevados a cabo por el Gobierno Nacional que, como es sabido por todos, han terminado en un fracaso rotundo.
Es por esta complejidad del problema que necesitamos coordinar esfuerzos para encontrar una pronta y definitiva solución a esta situación. De allí que, a través de la Comisión de Enlace que hemos propuesto entre nuestro Concejo Municipal de Chacao y la Asamblea Nacional de Venezuela, le hacemos un llamado a nuestros diputados para que abordemos juntos problemas como éste, para que juntos revisemos a fondo el ordenamiento jurídico sobre la materia e interpelemos a los responsables directos.
