Durante la presentación del informe anual 2015 de la situación carcelaria en el país, el Observatorio Venezolano de Prisiones concluyó que en las cárceles venezolanas hay 125% de hacinamiento y 57 % de la población penitenciaria aún es procesada. Los representantes de la organización no gubernamental advirtieron que la crisis penitenciaria se ha trasladado a los calabozos policiales. Los retrasos en la autorización de traslados de presos que están en centros de detención preventiva han generado conflictos que, en 2015 se resumieron en: 14 intentos de fuga, 15 fugas, 5 secuestros de funcionarios, 5 enfrentamientos, 12 motines y 5 huelgas de hambres. Esos sucesos sumaron 171 fugas de presos, 14 fallecidos y 42 heridos
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LO DETENIDOS EN LOS CALABOZOS POLICIALES duermen en «aéreos», así le dicen los presos a las «hamacas» improvisadas con sábanas que cuelgan en las diminutas celdas donde permanecen recluidos. Estos espacios tienen capacidad para 10 personas, pero albergan a más de 30 reclusos. Allí no llega la luz del sol, no cuentan con limpieza permanente, ni mucho menos con baños para los presos. Botellas de jugos y refrescos incrustadas en las rejas, e incluso envases de comida, son utilizadas por los reclusos para hacer sus necesidades. Estas irregularidades revelan la situación de insalubridad y hacinamiento que hay en la actualidad en los calabozos de sedes policiales municipales, estadales y nacionales que, de acuerdo con proyecciones del Observatorio Venezolano de Prisiones, albergan a 22.000 detenidos en todo el país.
Mariana Romero, coordinadora del área internacional del Observatorio Venezolano de Prisiones, viene realizando un trabajo de campo en las comisarías desde 2015. «El OVP ha podido visitar ocho centros de coordinaciones policiales en Caracas y en el Área Metropolitana de Caracas. En 2016 se extendió y ahora estamos haciendo las visitas en calabozos policiales por todo el país. El problema de hacinamiento, insalubridad, violencia, alimentación y régimen de visitas se ha visto agravado. Ya esta situación no sólo se da en los centros penitenciarios, sino también en las coordinaciones policiales. Hemos visto cómo en algunas policías donde hay capacidad para 40 personas hay entre 200 y 300 detenidos. Son celdas que tienen capacidad para 7 o a lo sumo 10 personas, y vemos 20 ó 30 presos que tienen que dormir en lo que ellos denominan los aéreos, que son una especie de hamacas que ellos amarran y que hacen con las propias sábanas y duermen unos sobre otros. Esto ha llevado incluso a dejar heridos porque al romperse uno de estos aéreos caen algunos de los privados de libertad sobre otros», explica.
Romero advirtió que, además del hacinamiento que hay en algunos calabozos policiales que sobrepasan el 400 % de su capacidad, hay detenidos que tienen enfermedades en la piel: «Hemos constatado cómo las cucarachas están dentro de las celdas. Estas situaciones han agravado la condición de salud porque las personas tienen problemas dermatológicos como la escabiosis, que es una especie de sarna. Tienen úlceras en la piel que ellos los denominan nacidos, donde se les van abriendo ampollas en distintos sitios de la piel. También hay enfermedades gastrointestinales por la mala alimentación, por la falta de agua (…) Ellos por lo general son sacados para bañarse durante 15 minutos, pero son 15 minutos para que todos se bañen y hay muchos problemas con el agua. No todos los días hay agua, por lo que no todos los días salen a bañarse. En cuanto a la alimentación, en las coordinaciones policiales no tienen la capacidad para proveerle el alimento a estas personas y son los mismos familiares que diariamente tienen que acercarse a llevarles la alimentación. Sin embargo, sólo son recibidos una sola vez al día para entregar todo el alimento».
Durante la presentación del informe anual de la situación carcelaria en Venezuela, correspondiente al año 2015, los representantes del OVP hicieron énfasis en que la crisis carcelaria se ha trasladado a los calabozos policiales, que son centros de detención preventiva que fueron diseñados para albergar a detenidos por un lapso de 48 horas. Sin embargo, los retrasos de la asignación de cupos por parte del Ministerio de Servicio Penitenciario ha generado conflictos en varias comisarías del país. De acuerdo con el registro de la organización, en el año anterior 171 presos se fugaron de calabozos policiales y en esos sucesos 72 resultaron heridos y 14 murieron.
Disminuyen muertes en cárceles y se incrementa la violencia en comisarías
Desde 1999 hasta el 2015 el OVP ha hecho seguimiento a los homicidios registrados en centros penitenciarios de Venezuela. De acuerdo con las cifras que maneja la ONG, en los conflictos que ocurrieron durante esos 16 años, murieron 6.663 personas y 16.442 resultaron heridas.
Sin embargo, desde 2011 cuando fue creado el Ministerio de Servicio Penitenciario, los asesinatos en cárceles han disminuido. El director del OVP, Humberto Prado, considera que la aplicación del Nuevo Régimen Penitenciario, que es un plan que obliga a los presos a hacer orden cerrado, utilizar uniformes, cantar el himno nacional y recibir una sola visita al mes, y los retrasos para asignar cupos de traslados de reclusos a centros carcelarios, ha beneficiado al despacho que dirige la ministra Iris Varela.
«Lamentablemente el Ministerio de Servicio Penitenciario no hace como anteriormente, que con la designación de un juez llevaban a la persona detenida, pues ahora es el despacho de la ministra Iris Varela que da el cupo de traslado para la cárcel y eso ha traído como consecuencia que como no dan el cupo necesario, se traslada el problema de la situación de violencia, de ocio, a las comisarías y allí es donde precisamente nosotros hacemos ese llamado a las autoridades, pues no pueden justificar que hubo una disminución de la violencia en los centros penitenciarios porque en la actualidad se le impone una represión a la población reclusa, con el Nuevo Régimen Penitenciario, porque es una forma como de justificar de que lamentablemente afectando un derecho, se violentan otros y lamentablemente los funcionarios públicos tienen que respetarlo como tal. Tampoco se puede justificar que ha disminuido la violencia o los conflictos en las cárceles, cuando en la actualidad los índices de violencia se han trasladado a los calabozos policiales.
Hacinamiento de 125 % en prisiones
El informe anual 2015 del OVP también refiere que en los centros penitenciarios de Venezuela hay 125 % de hacinamiento. De acuerdo con los registros de la ONG, en el país hay una población reclusa de 46.691 que está distribuida en cárceles con una capacidad para 20.766 presos. Humberto Prado dijo que La Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de Los Morros, fue construida para albergar a 500 personas y en la actualidad hay más de 1.800. También se refirió a la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, que fue diseñada para 750 reclusos y en la actualidad hay más de 8.000 presos. «Esto representa un hacinamiento aproximado del 750 %. En estos centros carcelarios el régimen lo mantienen grupos que lideran bandas y que tienen un autogobierno con la complicidad con el Estado», aseguró.
El informe detalla que «El Ministerio de Servicio Penitenciario ha conducido el cierre de varias cárceles importantes del país como la Cárcel de Santa Ana, el Internado Judicial de Los Teques, la cárcel de Cumaná, la cárcel de La Planta, en Caracas, y la cárcel de Coro. La problemática de hacinamiento se agudiza, ya que, efectuándose el cierre de establecimientos penitenciarios sin que se cuente con nueva infraestructura para albergar a las personas de libertad que hacían de vida en los centros que fueron clausurados».
57 % de la población penitenciaria es procesada
En la presentación del informe anual del Observatorio Venezolano de Prisiones también destacaron que, a cuatro años del Plan Cayapa, que es un proyecto del Ministerio de Servicio Penitenciario que tiene el objetivo de acelerar los procesos judiciales para otorgar libertades condicionales o definitivas, la mayor parte de la población reclusa sigue siendo procesada, pues el 57 por ciento de los presos no han recibido condena.
En el último apartado del informe anual del OVP, la organización presentó algunas recomendaciones que, de acuerdo con los especialistas en el área, pueden servir para atacar los problemas planteados en el estudio. Los representantes del observatorio consideran que el Estado debe descentralizar el sistema penitenciario y someterlo a una exhaustiva revisión. «También debe tomar en consideración propuestas y recomendaciones realizadas por organizaciones nacionales y organismos internacionales para el mejoramiento de la problemática penitenciaria que se presenta en el país (…) El Estado debe reformar el Código Orgánico Procesal Penal, para limitar la aplicación de las medidas cautelares privativas de libertad durante el proceso, atendiendo estrictamente a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad».
Los representantes del Observatorio Venezolano de Prisiones también destacan que es necesario que se aumente el número de funcionarios de custodia y vigilancia destinados a realizar los traslados a tribunales: «Se debe capacitar periódicamente al personal penitenciario encargado de efectuar los traslados de los reclusos a los tribunales para que ejerzan sus funciones apegados a los estándares mínimos de seguridad y respetando los derechos humanos de las personas sometidas a su custodia (…) Impulsar las políticas y planes de cooperación y comunicación permanente entre los distintos órganos que integran el Sistema de Administración de Justicia, para acelerar el proceso judicial».
