Carlos Nieto Palma, autor en Runrun

Carlos Nieto Palma

Audiencias de la CIDH en Montevideo, por Carlos Nieto Palma

@cnietopalma

HOY ESCRIBO MI ARTÍCULO de esta semana desde la ciudad de Montevideo, en la República de Uruguay, donde se está celebrando el 165° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y donde estoy asistiendo en representación de la organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad.

El martes pasado se efectuaron tres audiencias para tratar la situación de Venezuela, una solicitada por el Estado venezolano para tratar el “Derecho a la educación en Venezuela”; en esta audiencia estuvo presente por la sociedad civil Aula Abierta y el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA. Igualmente, la CIDH convocó dos audiencias de oficio, una para discutir sobre la “Situación de la institucionalidad democrática en Venezuela”, en la que representando a la sociedad civil estuvieron el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, Provea; Centro de Justicia y Paz, Cepaz, y la Comisión Internacional de Juristas, CIJ; la segunda audiencia convocada de oficio fue para tratar el tema de “Violencia, seguridad ciudadana y libertad de expresión en Venezuela” y donde participaron Una Ventana a la Libertad, UVL; Foro Penal Venezolano, FPV; Espacio Público; Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, CHD-UCAB, y Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, OVCS.

El Estado venezolano asistió con una extensa delegación encabezada por el director del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, y un grupo de altos funcionarios del régimen con la misión de defender lo indefendible y proclamarse como los más grandes respetuosos de los derechos humanos de los venezolanos.

Realmente, las exposiciones del Estado venezolano fueron insólitas, con unas cifras que ni ellos mismos se las creían; mintieron de manera descarada, sin ningún tipo de pudor. Parecía que la representación del Estado estaba sentada allí con un grupo de extraterrestres que desconocían la realidad de lo que se vive en Venezuela; no se percataron de que junto a ellos estábamos los representantes de varias organizaciones de derechos humanos que hacemos vida activa y permanente en el país, conocemos lo que aquí pasa al detalle y tenemos las cifras que ellos callan.

Me tocó participar en nombre de Una Ventana a la Libertad en la audiencia sobre violencia, seguridad ciudadana y libertad de expresión en Venezuela junto a mis compañeros Marco Antonio Ponce, del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social; Carlos Correa, de Espacio Público, y Gonzalo Himiob, del Foro Penal.

Expuse la situación penitenciaria venezolana, la que califiqué como la más grave que se haya vivido en la historia, con una población actual de aproximadamente 100.000 reclusos, 45.000 de ellos en calabozos policiales no aptos para tener privados de libertad por un lapso mayor de 48 horas, con hacinamiento que ronda el orden de 350%, con graves problemas de alimentación y salud, que en lo que va de este año han ocasionado la muerte de, al menos, 8 reclusos por desnutrición.

La representación del régimen, con total descaro y sin ningún tipo de pudor, expuso los supuestos avances del sistema penitenciario en Venezuela que, según ellos, alcanzan a 98%, y al que siguen calificando como el mejor del mundo.

Según la dictadura, en las cárceles de Venezuela no hay hacinamiento, dicen que hay 53.754 privados de libertad en las cárceles dependientes del Ministerio para el Servicio Penitenciario y la capacidad es para 83.000 plazas, lo que significa que hay 29.246 cupos de más en nuestros recintos carcelarios; sin embargo, reconocen el grave problema en los calabozos policiales donde, según sus cifras, hay 24.000 reclusos.

Es sorprendente la capacidad de mentir de estos funcionarios del régimen, se imaginaban que los que estábamos sentados en la sala de audiencias éramos marcianos y que simplemente aceptaríamos su información y avalaríamos semejante mentira.

No hay que ser un experto en el tema penitenciario para desmontar la vulgar mentira que los funcionarios del régimen expusieron en la audiencia de Montevideo, desde la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario se han cerrado 5 cárceles (Internado Judicial de Coro, Sabaneta, Margarita, Internado Judicial de Los Teques y La Planta) y se han abierto solo 3 nuevas (Fénix, 26 de Julio y Centro Penitenciario Carabobo). Es imposible con tales datos que en Venezuela tengamos 29.246 cupos sobrantes en nuestros recintos, si cuando se creó el Ministerio Penitenciario solo había 25.000 plazas en nuestras cárceles.

Creo que fue importante que la representación del régimen de Maduro aceptara que había una situación complicada en los centros de detención preventiva y que era un reto a futuro; también fue importante que reconocieran que existe retardo procesal, según ellos de 53%, aunque en esa cuenta no sumaron los presos que están en retenes policiales que, como siempre, tratan de esconderlos como si no fuera responsabilidad de ellos.

El régimen, como siempre, sigue mintiéndole al mundo sobre la situación penitenciaria venezolana, aunque el mundo cada vez está más claro sobre la realidad de nuestras cárceles.

 

El Nacional 

¿Presos con derechos? por Carlos Nieto Palma

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Mucho se ha discutido acerca de la situación de los derechos humanos de los hombres y mujeres privados de libertad que viven en condiciones infrahumanas en las cárceles venezolanas. Pareciera que, para todos, son sujetos excluidos del mundo, sin ningún tipo de derechos, sin derechos humanos.

Vamos a comenzar por darnos una idea general de qué son derechos humanos. Para el autor Salvador Vergés, se pueden definir los derechos humanos como “aquellas exigencias que brotan de la propia condición natural de la persona humana, y que, por ende, reclaman su reconocimiento, su respeto e incluso su tutela y promoción por parte de todos, pero especialmente de quienes estén constituidos en autoridad”; de igual manera José Gregorio Guarenas y Elvira Morcillo los definen como “atributos de toda persona humana, inherentes a su dignidad, que todo hombre y mujer tiene que conocer y respetar, y que el Estado tiene que respetar también y garantizar, organizando su acción para satisfacer la plena realización de los mismos”. Como se ve en ambos conceptos, el término derechos humanos está relacionado con la totalidad de los seres humanos sin importar a qué grupo o sector de la población pertenezcan.

Cuando hablamos de hombres y mujeres privadas de libertad y su condición de sujeto de derecho, es importante lo que nos dice la experta penitenciaria María Gracia Moráis: “El condenado no es un aliene juris, no está fuera del derecho, se halla en una relación de derechos público con el Estado y descontados los derechos perdidos o limitados por la condena, su condición jurídica es igual a la de las personas no condenadas”, con esto coincide el español Iñaki Rivera: “La persona privada de libertad, a consecuencia de una sanción penal condenatoria, posee un estatus jurídico particular: es sujeto titular de derechos fundamentales, pero el ejercicio de estos encuentra su límite en el fallo condenatorio, en el sentido de la pena, y en la propia situación de reclusión en que se halla. No obstante, la regla ha de ser el pleno reconocimiento, ejercicio y tutela de sus derechos fundamentales y garantías. La restricción de algunos de ellos, será la excepción”.

Podemos entonces inferir que el hombre o mujer que se encuentra privado de su libertad es un sujeto de derechos en las mismas condiciones en que están los que se encuentran en libertad, y que más allá de los que la propia sentencia condenatoria les priva (libertad de tránsito fuera del establecimiento en que se encuentre, derechos políticos, inhabilitación civil, etc.) estos se encuentran en el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales y el Estado, por el mismo hecho de encontrarse bajo su tutela jurídica, por su condición de privado de libertad, está en la obligación de satisfacer y garantizar su respeto.

Es claro que como todos los ciudadanos al igual que se tienen derechos también tienen obligaciones que cumplir en pro de la realización de estos derechos, por lo tanto, la exigencia del respeto de los derechos humanos de los hombres y mujeres privados de libertad no puede entenderse como paraguas para encubrir pretensiones personales de ningún tipo, la exigencia de derechos implica necesariamente las obligaciones que de estas exigencias derivan.

Los presos tienen derechos que les deben ser respetados en los lugares que se encuentran privados de libertad, y las autoridades encargadas de su custodia están obligadas a garantizarlos, independientemente del delito que hayan cometido; el castigo es la privación de libertad y no puede haber penas accesorias por esto.

@cnietopalma

El Nacional 

Desastre carcelario, por Carlos Nieto Palma

Carcel Amazonas

 

Cuando en días recientes escuché a la ex ministra para el servicio penitenciario y ahora miembro de la ilegal asamblea nacional constituyente, todo en minúsculas, Iris Varela en una sesión televisada de esa caricatura de asamblea, con el lenguaje vulgar y escatológico que siempre la ha caracterizado, mentarle la madre a todos los que criticaran al sistema penitenciario venezolano, sentí pena ajena y ratifiqué lo que siempre he dicho: tenemos el peor sistema penitenciario del continente y este oscuro personaje que ahora nos menta la madre a los que lo criticamos es una de las grandes responsables del desastre carcelario que hoy vivimos.

En un reportaje publicado en el diario El Nacional el pasado domingo se hizo un excelente trabajo de investigación sobre la situación de las cárceles en el continente y allí se demostró que Venezuela tiene el peor sistema penitenciario de la región, esto igualmente lo han dicho organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que desde hace años ha denunciado la grave situación que se vive en nuestros recintos carcelarios.

La caótica situación de las cárceles no es nueva. En la llamada cuarta república era muy grave, no quiero que mis lectores crean que antes era buena, era igualmente mala, solo que en la actualidad llegó a niveles extremos de gravedad. Nunca en la historia contemporánea de Venezuela el sistema penitenciario había funcionado tan mal como ahora.

Tenemos un aproximado de 55.000 reclusos en cárceles del Ministerio para el Servicio Penitenciario y 45.000 en comisarías policiales para un aproximado de 100.000 presos en Venezuela actualmente. La capacidad real de las cárceles venezolanas es para un poco más de 20.000 reclusos y 5.000 en comisarías, con la alarmante cifra de más de 250% de hacinamiento, aunque hay casos que quintuplican esta cifra. Nunca en la historia, el país había tenido una población privada de libertad tan grande y unas cifras de hacinamiento de esa magnitud.

El hacinamiento carcelario va completamente relacionado con la incapacidad del Estado venezolano a través del Ministerio para el Servicio Penitenciario de solucionar este grave problema con la construcción de nuevos recintos carcelarios, a pesar de los muchos ofrecimientos que se han hecho al respecto y que no han sido más que promesas incumplidas. Cuando se creó el Ministerio para el Servicio Penitenciario en julio de 2011, la titular de este despacho, Iris Varela, anunció que en el lapso de 2 años construiría 24 cárceles. Esto nunca se cumplió.

El ministerio solo ha inaugurado 3 recintos carcelarios: la Comunidad Penitenciaria de Lara, que estaba en construcción desde la época del Plan Nacional de Humanización Penitenciaria; la Cárcel 26 de Julio en el estado Guárico, que eran unos galpones que fueron expropiados a una empresa de alimentos y los convirtieron en cárcel; y la Comunidad Penitenciaria de Carabobo, que tardó 8 años en construirse. Igualmente, ha cerrado el Internado Judicial de Los Teques, la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal La Planta en Caracas, el Internado Judicial de Coro, la Cárcel de Sabaneta en el Zulia, la Cárcel de San Antonio en Nueva Esparta y la Penitenciaría General de Venezuela en Guárico.El cierre de recintos sin tomar las previsiones necesarias, como el tener un sitio acondicionado adonde llevar a los reclusos de la cárcel clausurada, ha aumentado el hacinamiento en otros centros, así como en los calabozos policiales.

A esto le agregamos que el retardo procesal es alarmante, solo 30% de nuestros presos tiene una sentencia definitiva, la gran mayoría está en la espera del inicio de un juicio, en algunos casos desde hace varios años. A pesar de que el Ministerio para el Servicio Penitenciario creó hace años el Plan Cayapa con el fin de eliminar el retardo procesal, es claro que ha sido otro de los grandes fracasos de este ente rector de las políticas penitenciarias del país. El retardo procesal sigue siendo el mismo que cuando se inició este plan.

La guinda de la torta la tenemos con la grave situación que se vive en los centros de detención preventiva del país, ocasionada no solo por la falta de construcción de nuevos recintos carcelarios y el retardo procesal, sino porque el ministerio que rige las políticas penitenciarias del país y debe garantizar los derechos humanos de todos los privados de libertad del país, según el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación de ese ministerio, no se ocupa de los que se encuentran en estos calabozos y le ha endosado la responsabilidad a las autoridades policiales que no tienen ninguna competencia en este sentido, pues su función termina cuando el detenido es presentado ante los tribunales, en las 48 horas siguientes a su captura.

Con estas pequeñas anormalidades que he descrito de lo que se vive en las cárceles venezolanas, es difícil que no te menten la madre por decir que tenemos el peor sistema penitenciario del continente.

@cnietopalma

El Nacional 

Venezuela bajo tortura, por Carlos Nieto Palma

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Todos los que vivimos en Venezuela, desde hace muchos años estamos sometidos a un sistema permanente de tortura; la grave situación a la que la dictadura nos ha llevado a vivir en este país no solo son graves violaciones de los derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos, sino que además es un mecanismo permanente de tortura a todos; el régimen nos ha convertido en un país de habitantes torturados.

En el artículo 1° de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se da la definición de la tortura acordada a escala internacional: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas”.

Esta definición contiene tres criterios acumulativos: 1) La imposición, de forma intencionada, de dolor o sufrimiento grave, ya sea física o mentalmente; 2) que sea efectuada por un funcionario público que esté directa o indirectamente involucrado y 3) con un propósito específico.

La grave situación que vivimos en Venezuela de carencia de alimentos, medicinas, falta de atención médica a la población en el sistema de salud del Estado, inseguridad extrema, claramente encajan en la definición de tortura que antes señalamos; en Venezuela se tortura de manera masiva a la población y más aún si son críticos a la dictadura o difieren de su forma de actuar.

Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, afirmó esta semana en la Convención de Fiscales y Procuradores en Lima, Perú, que la tortura se ha convertido en una práctica en Venezuela. Señaló que los venezolanos tienen menos derechos y que el régimen pretende convertirlos en reos del delito. “Las personas cada vez tienen menos derechos y pretender ejercer cualquiera de ellos los puede convertir en reos del delito. Ya sean delitos inventados con pruebas sembradas y sin el debido proceso. El encarcelamiento, la incomunicación y la tortura se han convertido en una práctica en Venezuela”, expresó.

En Venezuela se vive en un sistema de tortura permanente, gente buscando comida en la basura, presos muertos por desnutrición, mujeres pariendo en sillas de un hospital, niños sin ir a la escuela por no poder comprar útiles y uniformes escolares, son algunas de las muchas formas de tortura a las que la dictadura tiene sometida a la población permanentemente, un macabro mecanismo que el régimen usa como su arma principal para someter a la población.

La tortura dejó de ser un mecanismo empleado solo para maltratar a nuestros presos y más aún si son políticos, un mecanismo que todos conocíamos porque lo usaban los funcionarios policiales para lograr la confesión de algún delincuente, ahora la tortura se ha convertido en una práctica común para mantener a la población arrodillada y sometida a sus designios.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, en su cuarto informe sobre Venezuela presentado ante el Consejo Permanente de la OEA el pasado 25 de septiembre, es claro al señalar: “El menosprecio de los derechos humanos es más que profundo. El gobierno ha restringido el acceso a derechos básicos como la salud, la alimentación y la seguridad. La grave crisis humanitaria y económica advertida desde el primer informe en marzo de 2016 continúa y empeora cada día. La economía se ha desplomado a causa de acciones deliberadas y por negligencia gubernamental. Mientras la gente sufre –por la falta de medicinas, la elevada desnutrición y la hambruna, los altos índices de crimen y violencia– el gobierno lo niega y pregona una realidad alternativa. Las prácticas de monopolio estatal sobre los medios, la prensa cautiva del gobierno para ejercer una propaganda favorable al régimen, controlada en su totalidad y dirigida en sus contenidos, el ejercicio del adoctrinamiento de masas, son acciones propias de los regímenes totalitarios y represivos”.

La dictadura sigue oprimiendo al pueblo, los venezolanos seguimos viviendo en un régimen de tortura que estoy seguro que más temprano que tarde terminará, y en ese momento que esta pesadilla se termine, no podemos olvidar que las violaciones de los derechos humanos no prescriben;, quienes hoy violan los derechos humanos de la ciudadanía tendrán que responder por esto.

@cnietopalma

El Nacional 

Presos pasando hambre, por Carlos Nieto Palma

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Muchas veces he escrito sobre la situación de hambre que pasan nuestros privados de libertad. La ausencia de comida se ha apoderado de nuestros recintos carcelarios tanto en las cárceles tradicionales como en los centros de detención preventiva; en estos sitios con mayor gravedad que en los otros, pero, en general, la situación de hambruna que se vive en Venezuela no escapa del sistema penitenciario venezolano.

Para los que estamos libres y no privados de libertad en uno de estos sitios, es menos complicado proveernos de alimentos porque tenemos la opción de salir a buscarlos y, en casos extremos, hurgar en la basura a ver qué conseguimos, pero quien está en un recinto carcelario no tiene otra opción que morirse de hambre.

Recientemente, la organización Una Ventana a la Libertad, la cual dirijo desde su fundación, con ocasión de la celebración del día de Nuestra Señora de Las Mercedes presento un pequeño informe sobre la situación que se vive en los centros de detención preventiva de la Gran Caracas y de los estados Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Táchira y Zulia, que constituyen las regiones que reúnen la mayor población penal del país.

El problema de la alimentación de los reclusos es uno de los temas que destaca este informe, donde se establece: “Al menos ocho privados de libertad que se encontraban recluidos en centros de detención preventiva del país han fallecido, por cuadros de desnutrición, en lo que va del año 2017. El caso más reciente fue el de Adolfo Iván Martínez Canino, de 25 años de edad, quien estaba preso desde el 13 de septiembre de 2016, en la Policía Municipal de Guaicaipuro, en Los Teques, estado Miranda y murió el 20 de septiembre de 2017 por desnutrición severa.

“La escasez generalizada de alimentos, que se registra en el país, así como los altos costos de los insumos, dificulta que parientes y amigos de privados de libertad puedan llevarles alimentos a diario.

“La reclusión de los privados de libertad en ciudades alejadas de sus pueblos de origen constituye otro obstáculo para que familiares puedan acudir diariamente a llevarles alimentos.

“En algunos centros de detención los familiares deben pagar a funcionarios policiales para que permitan el ingreso de alimentos a los detenidos. También se han registrado casos en los que privados de libertad usan la extorsión como mecanismo para tener acceso a la comida.

“Los centros de detención preventiva no cuentan con infraestructura (cocinas ni comedores) ni con presupuesto para proveer alimentos a los privados de libertad, por cuanto estos espacios no fueron concebidos para albergar reclusos por largos plazos. Están diseñados para mantener a los detenidos por un período máximo de 48 horas, hasta que sean presentados ante los tribunales y sean liberados o les sea asignado su centro de reclusión definitivo. En la actualidad los reclusos permanecen en estos centros por tiempo indefinido”.

Aunado esta grave situación de hambruna en los centros de detención preventiva, Una Ventana a la Libertad, en el diagnóstico que realizó a partir de testimonios recabados en entrevistas con privados de libertad, familiares, funcionarios policiales, expertos locales, observación directa por parte de nuestros investigadores y datos oficiales, constató presencia de enfermedades contagiosas como tuberculosis (en Miranda, Apure, Falcón, Mérida, Monagas, Nueva Esparta y Zulia), escabiosis (en Falcón, Mérida, Nueva Esparta y Zulia). También la organización conoció de casos de privados de libertad que padecen de sida (Apure, Nueva Esparta y Zulia) y no reciben el tratamiento requerido. También se constató la presencia de privadas de libertad en estado de gestación en centros de detención preventiva de los estados Miranda y Zulia que no tienen acceso a los controles médicos prenatales. Debido a los altos porcentajes de hacinamiento, algunos centros de detención han dispuesto de espacios comunes como pasillos, oficinas e incluso de patrullas que son usadas como calabozos, para poder acoger a toda la población de privados de libertad.

Garantizar los derechos humanos de la población privada de libertad es responsabilidad exclusiva del Ministerio para el Servicio Penitenciario, esto lo establece el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación de este ministerio; su responsabilidad es los privados de libertad, independientemente de dónde están recluidos y su condición procesal; lamentablemente esto nunca lo entendió la antigua ministra Iris Varela, y la actual sigue sus mismos pasos.

Es imposible hablar de tener el mejor sistema penitenciario del mundo y que en Venezuela se le garantizan los derechos humanos de los privados de libertad, cuando vemos estas situaciones con nuestros presos; es una simple burla a la población.

 

@cnietopalma

El Nacional

Venezuela forajida en derechos humanos, por Carlos Nieto Palma

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Desde hace muchos años Venezuela se ha convertido en un país forajido en materia de derechos humanos, vive violando todas las normativas nacionales e internacionales en la materia e irrespetando cualquier decisión u opinión que da un organismo internacional sobre la grave situación que aquí vivimos.

Aun y cuando desde hace muchos años se viene dando esta situación, ya es un hecho público y notorio para el mundo entero que la dictadura venezolana decidió ponerse al margen de la ley y convertirse en un país donde los derechos humanos se violan de manera descarada y reiterada a todos los ciudadanos que aquí vivimos.

Los recientes pronunciamientos de los más importantes organismos internacionales en relación con las constantes violaciones de derechos humanos en Venezuela, se han convertido en parte de la cotidianidad, ya el régimen no puede ocultar la gravedad de lo que aquí ocurre y ya la comunidad internacional ve a Venezuela como un país dictatorial, sumido en una grave y perversa situación económica, donde sus ciudadanos viven una constante violación de sus derechos humanos.

Tanto la Organización de Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Unión Europea, Mercosur y otros organismos representativos de los países del mundo entero, han abiertamente manifestado su rechazo a lo que ocurre en el país y han presentado informes y anunciado presentar denuncias para buscar una solución a nuestra grave situación.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos creó un equipo para documentar e informar sobre las violaciones de los derechos humanos, en el contexto de las protestas masivas en Venezuela ocurridas entre el 1° de abril y el 31 de julio de 2017, este informe detalla el uso de fuerza excesiva y letal por parte de las fuerzas armadas y otros cuerpos de seguridad, posibles ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas temporales, allanamientos ilegales y violentos de viviendas, juicios militares contra civiles, ataques contra periodistas, y ataques y restricciones contra opositores.

Desde el mes de julio, el ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, trabaja con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en investigar la actuación de las autoridades venezolanas, y un panel de expertos independientes dirimirá en octubre si hay base para llevar el caso a la Corte Penal Internacional.

Hace pocos días se designó este panel de expertos independientes que lo integran Santiago Cantón, de Argentina, ex secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Manuel Ventura, de Costa Rica, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el profesor Irwin Cotler, de Canadá, presidente del Centro de Derechos Humanos Raúl Wallenberg y previamente ministro de Justicia y fiscal general de Canadá. Los gobiernos de Argentina, Canadá y Costa Rica dieron su beneplácito al nombramiento de sus reconocidos ciudadanos como expertos del panel.

Ya en la sede de la OEA se han efectuado dos audiencias donde han sido escuchadas víctimas y expertos sobre lo que ha ocurrido en Venezuela y para octubre se realizarán dos más, para finalmente decidir el panel de expertos designados si los casos presentados ameritan ser llevados a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidas por la dictadura venezolana.

Moreno Ocampo, quien fue el primer fiscal jefe de la CPI (2003-2012) declaró a los medios de comunicación: “Estamos combinando víctimas venezolanas, Estado venezolano, OEA, la corte de La Haya, esto es único, nunca pasó”, enfatiza el letrado. “Y la consecuencia de eso puede ser que de pronto haya 10 o 20 Estados de las Américas que decidan que efectivamente hay que abrir una investigación en La Haya y ellos lo pueden hacer, un Estado que manda el caso a La Haya abre la investigación, por eso esto es histórico”, explica, recordando que nunca antes un Estado ha denunciado a otro ante esa corte.

Ya la grave situación de Venezuela está ante los ojos de la comunidad internacional; es muy probable que siga habiendo sanciones y pronunciamientos de los países del mundo y que a los responsables de las violaciones de los derechos humanos, así como los crímenes de lesa humanidad que pudiera haber cometido la dictadura venezolana les tocará pagar por ello, la justicia siempre llega.

 

@cnietopalma

El Nacional

 

El gran legado de Elio Gómez Grillo, por Carlos Nieto Palma

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Hoy, 15 de septiembre, se están cumpliendo tres años de la ausencia física de mi amado maestro Elio Gómez Grillo, padre del penitenciarismo contemporáneo en Venezuela y quien, a pesar de no tenerlo con nosotros presencialmente, nos dejó un importante legado que, de cumplirse como él lo diseñó, nuestro sistema penitenciario sería diferente y no el gran desastre que hoy se vive en nuestras cárceles. Hoy dedico mis líneas a la figura de este gran venezolano.

Tres grandes penitenciaristas ha tenido Venezuela a lo largo de su historia; el primero, Francisco de Miranda, y aunque pocos conocen esta faceta del generalísimo, fue el que diseñó el sistema penitenciario de países europeos como Dinamarca, aún vigente es ese país; Tulio Chiossone siguió los pasos de Miranda y fue el encargado de diseñar el sistema penitenciario venezolano en la era posgomecista, y gran parte de su obra sigue aún vigente; por último, Elio Gómez Grillo, que transformó y le dio el valor que merece a ser penitenciarista y lograr que el funcionamiento del sistema penitenciario tuviera rango constitucional.

Elio Gómez Grillo nació en Maracaibo el de octubre de 1924, aunque su infancia transcurre en su amada Maiquetía, en el estado Vargas; fue abogado, criminólogo, penitenciarista y profesor universitario. En 1949 egresó como profesor de educación secundaria y normal del Instituto Pedagógico de Caracas, mención Filosofía, Castellano y Literatura, formando parte de la promoción Juan Vicente González. Estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela, donde se graduó en 1954 como miembro de la promoción Rafael Pizani; hizo posgrados en Ciencias Penales y Criminológicas en la Universidad Católica Andrés Bello y posteriormente estudió en la Sorbona de París y en la Universidad Degli Studi di Roma, y obtuvo la mención summa cum laude, en la misma especialidad.

Desde los 20 años se dedicó a la docencia, iniciándose en los institutos educativos caraqueños como el Liceo Santa María, el Colegio Las Acacias, el Santa Cecilia, el Fermín Toro, el Alcázar, el Instituto San Pablo, también en Mérida en la Unidad Educativa Libertador, para alternar sus estudios de Derecho en la Universidad de los Andes. También durante muchos años ejerció la Jefatura del Departamento de Pedagogía del Instituto Pedagógico de Caracas. En la Universidad Central de Venezuela, de 1958 a 1980 ejerció la cátedra de Derecho Penal Especial, egresó como profesor titular y fue durante casi 20 años su director de Cultura.

El 3 de febrero de 1992 fundó, acompañado de grandes figuras del mundo académico venezolano y otros grandes conocedores del mundo penitenciario, el único instituto universitario de Latinoamérica y de los pocos del mundo, para esa época, en formar a profesionales universitarios en el área del penitenciarismo de naturaleza civil, el Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios (Iunep) su gran obra, hoy cerrado por los destructores de su obra.

En el año 1999 fue designado miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, encargada de la elaboración de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.

Gómez Grillo nos deja dos importantes obras, la primera es la profesionalización del personal de prisiones, darles a los penitenciaristas rango universitario con una debida formación como educadores para poder trabajar en la reeducación y reinserción social de los seres humanos que se encuentran en prisión, alejándose del criterio de policías represores de presos, que siempre han imperado en nuestro país. Su otra gran obra la incorporación en la Constitución Nacional de un artículo, el 272, donde se fijan las bases de cómo debe funcionar y ser el sistema penitenciario venezolano.

Lamentablemente, el legado del maestro Gómez Grillo no ha sido tomado en cuenta, su adorado Iunep fue cerrado y absorbido por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) dejando de lado la formación de educadores que puedan redimir a los encarcelados, para convertirlo en un simple formador de policías de cárceles. Una gran prueba del fracaso de la formación de penitenciaristas en la UNES es la cantidad de denuncias por tratos crueles, inhumanos y degradantes a los privados de libertad por parte de estos cabos de presos inspirados en la época gomecista. Gómez Grillo siempre pensó que la formación de penitenciaristas, en caso de no existir el Iunep, era en el Pedagógico, pues lo que se busca es formar educadores y no policías de presos.

Igualmente, lo que logró que quedara plasmado en la Constitución Nacional sobre el sistema penitenciario, uno de los más importantes avances en la materia, que sería la solución al caos que se vive en las cárceles, cuestión que ha quedado en el olvido y podemos decir con propiedad que el artículo 272 de nuestra carta magna es letra muerta; a pesar de que nos quieran hacer creer que se cumple plenamente, no es más que mentiras.

Quiero terminar este pequeño homenaje a mi maestro con unas líneas de su último libro Prosa de prisa para presos, donde deja claramente expresado lo que es ser un penitenciarista: “El penitenciarismo es, sencillamente, una alianza de filosofía y de ciencia y también de humanidad y misericordia. No es un oficio de salón, no disfruta de tribunas ni de escenarios para exhibiciones frívolas, no sirve para cautivar amistades exquisitas ni para obtener riquezas materiales. Se ejerce en rincones oscuros y humildes y se trabaja con hombres oscuros y humildes. Los penitenciaristas somos los albaceas de los vencidos en un mundo de triunfadores (…) A los penitenciaristas se nos dice una y otra vez que somos cultores de una causa perdida. Tenemos que responder que, después de todo, somos caballeros, y que el no llegar nunca es justamente lo que nos hace más grandes”.

@cnietopalma

El Nacional

Lorent y Gabriel, 3 años presos de conciencia, por Carlos Nieto Palma

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El pasado lunes 04 de septiembre se cumplieron 3 años desde que fueran entregados por el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos a la dictadura venezolana los jóvenes Lorent Saleh y Gabriel Valles, ambos miembros de la organización Operación Libertad y luchadores incansables por el rescate a la democracia en Venezuela.
Lorent Saleh, actualmente con 29 años, fundador de la organización Operación Libertad, desde el año 2007 se ha dedicado activamente a denunciar las violaciones de Derechos Humanos en Venezuela ante medios de comunicación y organismos nacionales e internacionales. De igual manera, ha emprendido una importante lucha pacífica por la liberación de los presos políticos en Venezuela, logrando en el año 2011, a través de una huelga de hambre de 23 días ante la sede de la OEA en Caracas, una mediación efectiva que resultó en la liberación de 7 presos políticos venezolanos, y la atención médica y beneficio para muchos otros. A causa de su activismo, fue fuertemente perseguido por el gobierno venezolano, sufriendo en reiteradas ocasiones de agresiones, detenciones arbitrarias, amenazas y torturas físicas por parte de funcionarios de seguridad y gobernantes del Estado venezolano. Por este motivo, decide salir del país en mayo del año 2013. Desde ese momento, se radicó entre Costa Rica y Colombia, países desde los cuales continuó denunciando la situación de Derechos Humanos en Venezuela ante organismos internacionales y medios de comunicación.
Gabriel Valles tiene actualmente 30 años, es ingeniero de sistemas y arranco su activismo en Operación Libertad en el año 2014, ha sido gran apoyo en la lucha de esta organización por los derechos humanos y el retorno a la democracia en Venezuela, vivía también en Colombia junto a Lorent Saleh y estando allá le toco participar en el Foro Nacional de Victimas de la FARC que se realizó en el año 2014 en la ciudad de Cali – Colombia, allí denuncio a las victimas venezolanas de las FARC, estas denuncias también las presento en el Congreso Nacional Colombiano.
Lorent, fue detenido el 4 de septiembre de 2014, en Bogotá, Colombia, y Gabriel en Cúcuta, Colombia, por funcionarios del servicio de inteligencia colombiano de manera ilegal y arbitraria, al ser detenidos sin orden de captura, sin ser informados en ningún momento de las razones de su detención, ni el lugar al cual serían trasladado. El gobierno de Juan Manuel Santos violó vilmente el artículo 3 de la Convención Contra la Tortura, según el cual “Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura”.
Desde su detención Lorent y Gabriel, se encuentran detenidos a la orden del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) primero en la tristemente célebre “Tumba” donde permanecieron por 26 meses y actualmente en “El Helicoide” desde hace 10.
En “La Tumba”, Lorent y Gabriel permanecieron en el sótano 5 de la sede principal del SEBIN en Plaza Venezuela – Caracas, en celdas de 2x3mts, de piso negro, paredes completamente blancas y luces blancas intensas, sin ventanas, ventilación completamente artificial, todo el lugar está equipado con cámaras de seguridad y micrófonos. Durante los primeros ocho meses de su permanencia en ese sitio, fueron sometido a un confinamiento en solitario permanente en el que no podían salir de su celda en ningún momento, a excepción de las pocas veces que iban al baño; no podían tener contacto con los otros dos reclusos del lugar; fueron privados de toda estimulación sensorial normal, ya que no se les permitía poseer ningún objeto personal; no podían tener reloj, y por ello no sabía la hora; era sometido las 24 horas a temperaturas extremas (8°C aproximadamente), lo que en ocasiones le causaba dolor y reducía su movilidad corporal; no tenían acceso a salidas al sol, a ningún tipo de información del exterior a través de periódicos, o acceso a radio o televisión; tampoco tenían acceso a llamadas telefónicas, sólo se le permitió visita de su madre y abuela dos veces a la semana durante 4 horas. Fueron víctimas de chantajes por parte de la entonces Fiscal °20 Nacional (hoy en día Vice Fiscal General, ilegítimamente designada), Katherine Harrington, quien le ofrecía el cese de las torturas y beneficios en el lugar de reclusión, a cambio de que firmara una declaración falsa en la que se declarara culpable de las acusaciones mediáticas e incriminara a líderes políticos de oposición en planes ficticios de violencia y terrorismo en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Ni Lorent, ni Gabriel en ningún momento accedieron a estos chantajes, ni han levantado falsos testimonios.
Han trascurrido tres años desde el inicio de esta historia de horror que les ha tocado vivir a Lorent y Gabriel sin que hasta ahora hayan tenido la audiencia preliminar, casi 40 diferimientos por parte del Tribunal 6to de Control del Área Metropolitana de Caracas a cargo del juez Edecio Velasquez, por razones desconocidas, sin dudas una grave violación al debido proceso, esta audiencia debió de efectuarse en los primeros 2 meses de su detención.
Mientras, desde su encarcelamiento, Lorent y Gabriel luchan por el regreso a la democracia en Venezuela, apoyan enseñando a otros compañeros allí recluidos con clase de diferentes áreas. Gabriel se ha convertido en un gran dibujante reflejando en muchas de sus pinturas la realidad carcelaria que le ha tocado vivir. Cuando este horror se termine, que espero sea muy pronto, y cuando Venezuela vuelva a ser un país libre de dictadura, los veremos de nuevo en las calles como siempre lo han hecho, luchando por la libertad.

@cnietopalma

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