Carlos Nieto Palma, autor en Runrun

Carlos Nieto Palma

Cerrar cárceles ¿solución o problema?, por Carlos Nieto Palma

@cnietopalma    

Nelson Mandela, el conocido líder sudafricano que pasó 27 años en prisión, siempre comentaba “Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada, a los presos”. Mandela no se equivocaba. Una gran muestra la tenemos en Venezuela, tristemente para los que aquí vivimos.

Nunca imaginábamos que el caos y la destrucción que estamos viendo en nuestra patria sería de la magnitud que muestra actualmente.

Y aunque soy optimista y no tengo dudas de que saldremos de esto, jamás supusimos en que llegara al deplorable estado que hoy vivimos. Las cárceles no se escapan de esto: hoy en día tenemos un aproximado de 110.000 privados de libertad, de los cuales el 7 % aproximadamente son mujeres. De este número, 65.000 aproximadamente están en centros de detención preventiva, que son espacios transitorios donde los reclusos no deberían estar por más de 48 horas, pero que lamentablemente se han convertido en cárceles permanentes. Y los 45.000 restantes en las cárceles tradicionales, que la ministra penitenciaria Iris Varela llama “las mejores del mundo”.

Mucho he escrito sobre la grave situación penitenciaria que vive Venezuela y la ausencia total de políticas públicas serias, para buscar soluciones y tener un sistema penitenciario donde los derechos humanos de los hombres y mujeres privados de libertad sean garantizados como lo dice la Constitución nacional y otras normas internacionales.

Aunque mucha gente crea que los presos no tienen derechos por ser delincuentes, gozan de ellos al igual que cualquier ciudadano común y el Estado está en la obligación de hacer respetar los mismos porque, al contrario de los que no estamos presos, los reclusos están bajo la tutela absoluta del Estado.

Lamentablemente, las autoridades penitenciarias venezolanas conocen poco o nada del tema, cada día manifiestan su ignorancia de la manera más abrupta, con “soluciones” que lo que hacen es agravar la situación cada vez más. Por momentos pienso (y ojalá me equivoque) que lo hacen como mecanismo de torturas, hechos con total premeditación y alevosía.

Actuaciones irracionales como esas que la Ministra Penitenciaria nos tiene acostumbrados, la vimos hace una semana cuando, a raíz de la masacre ocurrida en el Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella) el pasado 1 de mayo donde fueron asesinados 47 presos y 75 resultaron heridos, la Sra. Varela buscó una de sus soluciones absurdas y ordenó el cierre del Cepella, enviando a los presos a otras cárceles del país con un hacinamiento extremo.

Es importante destacar que desde que fue creado el Ministerio para el Servicio Penitenciario, el 26 de julio de 2011, esta es la décima cárcel que clausura por problemas similares al ocurrido en el Cepella.

Para que lo recuerden, se los refresco cronológicamente: Internado Judicial La Planta (Caracas): mayo 2012; Internado Judicial de Coro: octubre 2012; Centro Penitenciario Sabaneta (Zulia): septiembre 2013; Internado Judicial Los Teques (Miranda): enero 2014; Internado Judicial de la Región Insular de San Antonio (Nueva Esparta). Febrero 2016; Penitenciaria General de Venezuela. San Juan de los Morros (Guárico), septiembre 2016; Internado Judicial Los Pinos. San Juan de los Morros (Guárico), septiembre 2016; Internado Judicial de San Fernando (Apure), abril 2018; Centro de Detención Judicial de Amazonas (CEDJA) en Puerto Ayacucho (Amazonas), agosto 2018 y Centro Penitenciario de los Llanos (CEPELLA). Guanare (Portuguesa), mayo 2020.

Yo no me opongo a que se cierren cárceles y más si están en tan malas condiciones como las venezolanas, pero eso requiere planificación y la construcción de nuevos recintos donde se lleven a los reclusos de la cárcel a ser cerrada.

Nosotros tuvimos una experiencia interesante en 1996 cuando el presidente de la época, Rafael Caldera, decidió implosionar el Retén de Catia, en Caracas. Fue una especie de exorcismo medieval, a ver si de esta forma salíamos de la crisis penitenciaria, cosa que nunca ocurrió. Pero en esa época hubo planificación y tenía construidas las cárceles del Rodeo II y Yare II a donde fueron llevados los reclusos sin que esto ocasionara graves problemas. En la Venezuela actual las cárceles se cierran sin ninguna planificación y solo se trata de traspasar los problemas de un lugar a otro.

A veces creo que la Ministra Iris Varela se enteró de que en Suecia, Holanda y otros países del norte de Europa se estaban cerrando cárceles y quiere aplicar lo mismo en Venezuela, pero no supo que allá las están cerrando por falta de presos y una gran disminución de los niveles de criminalidad, mientras que de este lado del mundo ocurre todo lo contrario.

[email protected] / @VentanaLibertad

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Presos hambrientos, por Carlos Nieto Palma

@cnietopalma   

Hoy nuevamente voy a hablar sobre el hambre que están pasando los presos que se encuentran en cárceles dependientes de Ministerio para el Servicio Penitenciario y en los Centros de Detención Preventiva (CDP) de Venezuela. La hambruna en estos recintos de ha convertido en el principal de los muchos problemas que sufre la población penitenciaria de nuestro país.

Solo para tocar dos temas recientes, el pasado 1 de mayo ocurrió una masacre en el Centro Penitenciario de los Llanos (Cepella), en Guanare estado Portuguesa, donde fallecieron 47 reclusos y 75 resultaron heridos en la primera gran protesta ocurrida en Venezuela motivada por el hambre de los presos. Podemos decir que, con esta, debutábamos en protestar por la hambruna existente en nuestras cárceles.

Tan solo unos días después, el sábado 9 de mayo pasado, los reclusos del Centro Penitenciario de la Región Andina (Cepra) en San Juan de Lagunillas del estado Mérida, secuestraron a dos custodios en protesta por la misma razón: no les dan comida; esta protesta, al momento de escribir esta nota, se mantiene aún.

Es importante aclarar que ambos recintos dependen del Ministerio para el Servicio Penitenciario, cuya titular, María Iris Varela, pregona diariamente, con total desfachatez, que Venezuela tiene las mejores cárceles del mundo y que ella diariamente es consultada por países extranjeros para que los asesore sobre cómo logró este gran cambio en el sistema penitenciario venezolano.

La hambruna en las cárceles y CDP de Venezuela no es algo nuevo. Desde hace varios años hemos denunciado esta situación infinidades de veces desde la organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad.

En nuestro informe anual del año 2019, presentado a inicios de este año 2020, pudimos determinar: “Un hallazgo que nos merece una consideración especial, en relación con la salud de las personas detenidas, es la alta frecuencia reportada en el segundo semestre de 2019 de casos de desnutrición, aun cuando no pudimos conocer su género. Si bien no son enfermos por alguna infección como el resto, sí hace a las 289 personas desnutridas más frágiles y propensas a contraer cualquiera enfermedad presente en su entorno”. Lo anterior significa que no será la desnutrición la causa de muerte por lo general, sino la enfermedad que los afecte al final. Probablemente la desnutrición no aparecerá en la partida de defunción y, por ende, en las estadísticas.

Lo más grave de esta situación estriba en que estas personas dependen del Estado, pues están detenidas y su dieta alimentaria y de medicamentos debería ser prioridad del ministerio responsable de estos calabozos.

Una fuente consultada nos indica que se calcula una prevalencia de un 10 % de enfermos desnutridos, aumentando hasta el 60 – 85 % en caso de personas institucionalizadas. Veamos algunos casos en el estado Nueva Esparta, en donde casi todos los CDP tienen carencia alimentaria. El ejemplo que vamos a citar pertenece a dos CDP, uno de ellos para mujeres.

Los privados de libertad no consumen una dieta apropiada, por lo que se podría decir que la mayoría está mal nutrida… Si esto sucede en hospitales no sorprende lo que vemos en los calabozos, particularmente en el caso de una población recluida que depende de que su familia le lleve los alimentos para poder ingerir la dieta necesaria, más aun cuando están enfermos.

Este es un tema sumamente delicado en cuanto a la salud de las personas detenidas cuando la dieta alimenticia depende de sus familiares y no de la institución responsable. No podemos calificar la situación de menos que patética, pues de los 233 (97 %) CDP que respondieron este indicador, 219 (94 %) afirmó que la alimentación de las personas detenidas depende de que sus familiares les lleven productos o comida preparada. Todas las otras fuentes de donaciones, comida no perecedera, etc., son esporádicas.

Pero, sumado a esto, 201 (84 %) CDP reportan que el acceso a medicamentos y/o tratamientos dependen en un 94 % (189) de los familiares. Surge una pregunta: ¿cuántas personas detenidas se encuentran fuera de su región de origen, lo cual impide que algunas de las mujeres de su familia puedan acceder, de manera permanente, a proveerles alimentación y medicamentos? ¿Cuántos reclusos no tienen familiares que puedan ayudarles?”

El artículo 15, numeral 11 del Código Orgánico Penitenciario establece que los privados de libertad tienen derecho a una “Alimentación suficiente, balanceada, variada, consistente en tres comidas diarias, preparada de acuerdo a lo establecido por el órgano rector en materia de nutrición y respetando los regímenes dietéticos”. Esto evidentemente no ocurre en Venezuela y son sus familias las que tienen que costear la alimentación de nuestros presos.

No podemos olvidar que al menos el 95 % de nuestros presos provienen de familias de pobreza extrema y estas, por lo general madres, esposas, parejas, etc., hacen esfuerzos extremos en alimentar a sus familiares privados de libertad, aunado a la falta de transporte para trasladarse y la matraca y robo de alimentos por parte de las autoridades encargadas de su custodia en los recintos donde se encuentran. Sí, la comida es otra de las muchas formas de corrupción existentes en estos recintos.

Solo queda concluir que en Venezuela los presos se están muriendo de hambre, ante la total indiferencia de las autoridades encargadas de su custodia y mientras las autoridades penitenciarias insisten en que aquí no pasa nada.

[email protected]

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Venezuela: ¿el mejor sistema penitenciario del mundo?, por Carlos Nieto Palma

@cnietopalma   

La masacre del pasado viernes 1 de mayo, en el Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella), en Guanare, estado Portuguesa, donde fallecieron 47 reclusos y hay un aproximado de 75 heridos, algunos de extrema gravedad, puso al descubierto la verdad del sistema penitenciario venezolano y las mentiras constantes de Iris Varela.

La ministra para el Servicio Penitenciario ha hecho creer que nuestras cárceles funcionan a la perfección.

Realmente no me asombra la indiferencia de las autoridades ante los hechos ocurridos en Guanare. Al Fiscal General y al Defensor del Pueblo, designados por la Asamblea Nacional Constituyente, solo les importan los derechos humanos para defender la dictadura, eso ya lo tenemos claro todos. Por otra parte, a la Ministra Penitenciaria lo que le afecta es que el “régimen penitenciario perfecto”, que solo su imaginación se creía, se vio descubierto y se cayeron las caretas.

Lo ocurrido en el Cepella tiene que ser visto con la gravedad y la magnitud que representa. Se trata de la primera masacre ocurrida en Venezuela en toda la historia penitenciaria cuya causa es el hambre de los presos, que protestaron al ver que las autoridades carcelarias retenían la entrada de la comida que les llevaban los familiares que estaban desde temprano en las afueras del recinto.

Porque “el mejor sistema penitenciario del mundo”, según Varela, no les da comida a los reclusos como lo establece el artículo 15, numeral 11 del Código Orgánico Penitenciario. El mismo consagra que los privados de libertad tienen derecho “A una alimentación suficiente, balanceada, variada, consistente en tres comidas diarias, preparada de acuerdo a lo establecido por el órgano rector en materia de nutrición y respetando los regímenes dietéticos”.

La reconocida nutricionista y defensora de los derechos humanos Susana Rafalli dijo el pasado 2 de mayo desde su cuenta en Twitter que “Quien sea que mire las imágenes de la masacre en el centro penitenciario de Guanare encontrará razones para un motín. Medicina Forense tiene en sus manos la última oportunidad de justicia para esos venezolanos: que la emaciación quede registrada en cada acta de defunción”.

“Que Medicina Forense dé a los reclusos masacrados en Guanare esa mirada que al fin les escuche y deje impresa la memoria pegada a sus huesos. Las prisiones están bajo tutela del Estado. La emaciación de esos cuerpos es asunto de Estado. Paz a sus familias, honramos su duelo”. Susana Rafalli

Según Wikipedia “La emaciación (del latín emaciare) se trata de un adelgazamiento patológico. El síndrome de emaciación, también conocido como síndrome consuntivo, es la pérdida involuntaria de más del 10 % del peso corporal (particularmente de masa muscular) y de por lo menos 30 días ya sean de diarrea o de debilidad, y fiebre”.

El martes 7 de abril la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, a través de un contacto telefónico con el canal del Estado VTV declaró que “En Venezuela existe uno de los mejores sistemas penitenciarios del mundo porque en el país no han habido (sic) protestas de la población carcelaria respecto al covid-19 (sic), mientras que sí se ha visto en otros países. Eso denota que en ningún país tienen el control como el que nosotros podemos tener en los recintos penitenciarios”.

Solo unos días después la masacre del Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella), en Guanare, estado Portuguesa, se encargaría de desmentirla con estos lamentables hechos. Algo que desde hace años vengo denunciando: el mejor sistema penitenciario del mundo solo existe en la imaginación de la ministra para el Servicio Penitenciario.

Lamentablemente la justicia venezolana no va a actuar en este caso, como no lo ha hecho en otros casos similares como el de Policarabobo, Retén de Cabimas y otros recientes, pero como las violaciones a los derechos humanos no prescriben, en algún momento los responsables de estos hechos tendrán que responder ante una justicia imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita.

[email protected]

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Derechos Humanos en el Sebin y Dgcim, por Carlos Nieto Palma

Foto original: Infobae.com 

@cnietopalma 

El pasado miércoles 22 de abril de 2020, Una Ventana a la Libertad (UVL), organización que dirijo, presentó el informe “Situación de los derechos humanos en los centros de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección de General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)” el cual es una actualización condensada de dos documentos presentados por UVL en junio y en noviembre de 2017.

El primero de ellos referido a la situación de los derechos humanos de los privados de libertad en celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y el otro relativo a los centros de reclusión a cargo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). En esta oportunidad, sin embargo, el foco fue puesto específicamente en los centros de detención a cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Ambas instituciones ejercen funciones que se podría denominar de policía política del régimen venezolano. Este informe se llevó a cabo en un lapso de tres meses. En ese periodo se llevaron a cabo 21 entrevistas en profundidad, que abarcaron tanto a abogados litigantes, defensores de derechos humanos, familiares, allegados e incluso a personas que todavía permanecen detenidas. En oportunidades la comunicación se dio mediante mensajes directos o llamadas a través de sistemas de mensajería. 

Uno de los hallazgos de esta investigación según información suministrada por UVL en nota de prensa fue que “los agentes del Sebin fueron alejándose paulatinamente del ejercicio de torturas contra sus detenidos, presumiblemente por efecto de los cambios implantados durante la gestión del general Manuel Christopher Figuera, quien luego se unió al alzamiento militar del 30 de abril de 2019”.

Aunque para mayo de ese año había vuelto a la institución el mismo equipo liderado por el general Gustavo González López, hasta el momento de la investigación no se habían recibido denuncias sobre nuevos hechos de torturas.

Los agentes de la Dgcim, en cambio, no solo continuaron con estas prácticas, sino que las sistematizaron e incorporaron nuevas modalidades, que son descritas en el informe. “Producto de tales acciones, no solo fue reportada la muerte en custodia del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. También hubo un intento de suicidio de un sargento que era objeto de investigación, y una mujer sufrió lesiones severas en su vientre que, según lo alegado por ella misma durante una audiencia de juicio, ocasionaron el cese de su embarazo”.

Entre las conclusiones importantes que resalta este informe están que: “Continuaron los señalamientos sobre torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos en la Dgcim Boleíta. Durante el lapso cubierto por este informe, las denuncias se incrementaban en la medida en que subía la urgencia impuesta por las investigaciones en casos determinados. En oportunidades, las torturas parecían guiadas más por el afán de lograr confesiones que ‘resolvieran’ los casos, mediante la implicación pública de líderes políticos opositores, que por el interés de obtener información precisa y útil para la identificación plena de los responsables de los delitos investigados”.

“Llama la atención que durante el proceso de pesquisa del llamado ‘magnicidio frustrado’, tanto los agentes del Sebin (previo a la llegada de Christopher) como los de la Dgcim exigieran a las personas bajo torturas que grabasen confesiones según las pautas dictadas por un libreto”.

Igualmente “Los agentes de la Dgcim continúan manejándose como si fuesen parte de un suprapoder, capaces de inducir las decisiones de jueces y fiscales, tanto civiles como militares. Sus acciones no se enmarcan dentro de las limitaciones impuestas por las leyes procesales ni de policía de investigación. Esto los hace incurrir en prácticas tales como erigirse en investigadores y únicos testigos de las imputaciones, todo al mismo tiempo”. 

De igual manera el informe de UVL concluye:

“No existen evidencias que permitan vaticinar el cese de tales prácticas por parte de los líderes y agentes de la Dgcim, ni que los del Sebin se mantendrán al margen de las torturas, como habría sido desde octubre de 2018. No obstante, este informe no puede finalizar sin observar el surgimiento de un nuevo actor dentro de los esquemas de represión selectiva: la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES)”.

“Durante la realización de este informe, los agentes de la FAES han privado de libertad a los diputados a la Asamblea Nacional Gilbert Caro y Renzo Prieto. Igualmente, hicieron lo propio con un periodista que dio cifras sobre afectados por COVID-19 distintas a las que divulgaban los voceros del régimen venezolano en ese momento. Estas acciones eran ejecutadas anteriormente por efectivos del Sebin”.

“En su corta existencia (fue activada en 2017) la FAES ha acumulado numerosas denuncias sobre violación de los derechos fundamentales, que llevaron a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a solicitar al Gobierno la inmediata disolución de esta unidad. La decisión del presidente Nicolás Maduro en cuanto a no escuchar esta petición indica que posiblemente el régimen los considera necesarios para llevar a cabo y sin retardos todos sus propósitos de represión”.

Informe disponible en la web de Una Ventana a la Libertad

[email protected]

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

COVID-19 y liberación de presos, por Carlos Nieto Palma

@cnietopalma 

La COVID-19 se ha convertido en un grave problema mundial y una de las grandes preocupaciones de la comunidad internacional. De esto no escapan los hombres y mujeres que se encuentran privados de libertad en cualquier rincón del planeta y de los cuales organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han solicitado a los gobiernos del mundo se tomen medidas especiales para estas personas, por la gravedad que resultaría un brote de esta pandemia en los recintos donde se encuentran.

En declaraciones dadas el pasado 25 de marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó: “Ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”.

Igualmente la CIDH, en un comunicado de prensa de fecha 31 de marzo, exhortó a los Estados a “Evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas”.

Muchos países del mundo han acogido estas recomendaciones y han visto en la liberación de personas privadas de libertad, con méritos de tenerla, una forma de detener la propagación de la COVID-19 en los sitios de reclusión, han entendido que, de desatarse una propagación de esta pandemia en las cárceles o centros de detención preventiva, las consecuencias serían una verdadera catástrofe pues su expansión sería inmediata e incontrolable.

Este temor lo tenemos también en Venezuela los que trabajamos en la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Lamentablemente las condiciones de los recintos carcelarios, así como de los calabozos policiales son deplorables y la llegada de esta pandemia a estos espacios sería una gran tragedia, gracias a Dios no ha llegado y esperamos que no ocurra.

En Venezuela pocas cosas se han hecho en la búsqueda de obtener la liberación de personas encarceladas a pesar de las diligencias que varias organizaciones de derechos humanos hemos intentado ante organismos nacionales e internacionales para la liberación de los presos políticos o por delitos menores, y lograr de alguna forma descongestionar las cárceles y calabozos policiales, pero hasta ahora poco se ha logrado.

Sin embargo, entre el 4 y el 5 de abril la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, otorgó 284 libertades a reclusos de las cárceles Rodeo 2 y 3 y Yare 1, 2 y 3 mediante el otorgamiento de una facultad que le da el Código Orgánico Penitenciario en sus artículos 161 al 164, como es el otorgamiento de un Régimen de Confianza Tutelado a reclusos o reclusas que tengan sentencia definitiva y hayan cumplido con los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal para obtener una fórmula alterna de cumplimiento de pena, como son haber cumplido la mitad de la pena, mantener buena conducta dentro del recinto que se encuentren, un pronóstico favorable emitido por el equipo técnico, entre otros.

Yo realmente desconozco a qué personas se les otorgó ese régimen de confianza tutelado o si cumplían los requisitos o no para obtenerlos. Lo cierto es que es una facultad que le da la ley a la titular del despacho de prisiones, cuando los presos condenados cumplan los requisitos para una fórmula alterna de cumplimiento de pena y el tribunal de ejecución de su causa no la haya otorgado y ella lo aplicó. Realmente esperamos que ese mismo tipo de medidas u otras similares se sigan otorgando a personas privadas de libertad, siempre y cuando reúnan los requisitos para obtenerlas. Ojalá los próximos liberados sean los más de 300 presos políticos que tenemos en Venezuela, cuyo único delito es pensar diferente.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Propuestas penitenciarias, por Carlos Nieto Palma

@cnietopalma 

Estos días de cuarentena y de resguardo preventivo en casa por la COVID-19, me han servido para revisar las propuestas que desde la organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad, y muchas también a título personal, hemos presentado al país para dar solución a la grave crisis penitenciaria que vive Venezuela desde hace muchos años. En los actuales momentos esta ha llegado a su nivel más alto debido a la ignorancia manifiesta de los encargados de dirigir del tema carcelario, marcado por una serie de constantes desaciertos e improvisaciones. Ahora no los voy a enumerar, pero podemos resumir diciendo que, en toda la historia de nuestro país, nunca habíamos tenido un sistema penitenciario tan colapsado y deficiente.

Antes de entrar en el tema quiero aclarar que, en los actuales momentos, aun y cuando desde hace muchos años no existen cifras oficiales, tenemos un aproximado de 110.000 reclusos, unos 45.000 en las cárceles tradicionales y 65.000 en Centros de Detención Preventiva o Calabozos Policiales, que son espacios para albergar a privados de libertad por lapsos no mayores de 48 horas. Pero que por los desaciertos de que hablaba al comienzo del artículo, se han convertido en cárceles permanentes. De este número, aproximadamente el 8 % son mujeres.

Comienzo por decir que el caos penitenciario que se vive en Venezuela, tiene solución. Si bien es cierto que es mucho lo que hay que hacer y que se tardará un tiempo en tener unos recintos carcelarios adaptados a los estándares internacionales, el enfermo terminal aún respira y le late el corazón, por lo que salvarlo es posible. Para esto se requiere del consenso de los mejores, de los que conocen de cárceles, que no son muchos, pero los hay; es necesario desprenderse de egos, ideologías políticas, religiosas y de cualquier otro tipo y sentarse a buscar soluciones que sean realizables a corto, mediano y largo plazo, sin caer en fantasías o cosas irrealizables.

Hay normativas importantes que ya recogen parte de las propuestas que hemos hecho a lo largo de los años y que están consagradas tanto en el artículo 272 de la Constitución Nacional, como en el Código Orgánico Penitenciario, que aun y cuando creo que requiere unas reformas importantes, ya contiene avances clave que solo hay que poner en práctica, porque hasta ahora ninguno se aplica. Igual la Asamblea Nacional actual ha sancionado la ley que prohíbe el uso de celulares e internet en los recintos carcelarios, que es la única ley promulgada por el régimen de Nicolás Maduro, y la ley de calabozos policiales que regulariza la función de estos recintos. Solo falta promulgarla, esto ya es un avance importante, al menos en materia legislativa. Falta ponerlo en práctica.

Teniendo a los mejores y cumpliendo con lo que dice la Constitución Nacional, de que las cárceles serán dirigidas por penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, al igual que contar con un soporte legislativo de base, hay que solucionar la grave situación que tenemos con los centros de detención preventiva o calabozos policiales, que es para mí es el más grave problema que se vive actualmente en nuestro sistema penitenciario.

No podemos tener estos recintos convertidos en pequeñas cárceles regadas por todo el país y a los policías convertidos en cuidadores de presos en vez de estar cumpliendo con su función de cuidar a la ciudadanía.

Para descongestionar los calabozos policiales hay que comenzar por atacar uno de los más grandes flagelos que sufre nuestro sistema penitenciario, el retardo procesal. Aproximadamente el 70 % de los presos venezolanos están actualmente en proceso y no tienen una sentencia condenatoria, teóricamente son inocentes. Para esto hay que crear algún mecanismo de emergencia que permita eliminar, o al menos disminuir de una manera importante, el retardo de los procesos; se tendría que habilitar todo el aparato judicial para esto y así descongestionar tanto las cárceles como los calabozos policiales.

Igualmente, entre esas primeras medidas tendrían que establecerse, está la construcción de nuevas cárceles, así como ampliación y remodelación de las existentes. Aunque no soy de los que piensan que la solución es la construcción de nuevas cárceles, sí creo que actualmente Venezuela lo necesita. La meta debería ser que cada estado del país tuviera al menos un recinto para procesados y otro para penados. Hay que explorar la posibilidad de construir cárceles prefabricadas en muy corto tiempo, hay algunas experiencias en otros países de este tipo de construcciones que sería importante revisar para aplicarlas aquí.

Estos puntos serían, a mi parecer, un buen comienzo para el rescate del sistema penitenciario en Venezuela. Es mucho lo que hay que hacer y para esto se necesita gente comprometida en trabajar y no en figurar y robar.

Hacinamiento carcelario y COVID–19, por Carlos Nieto Palma

@cnietopalma

Esta grave pandemia mundial de Covid-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, está generando estragos en el mundo entero y nos tiene a todos nosotros en Venezuela en una cuarentena absoluta y con gran preocupación por sus consecuencias. Por ahora sobra la incertidumbre sobre el futuro de todos. Estoy convencido de que después de que la Covid-19 pase, nuestro país y el mundo no serán los mismos.

Como defensor de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, tengo que seguir manifestando mi gran preocupación por lo que podría pasar en las cárceles venezolanas y centros de detención preventiva o calabozos policiales si el coronavirus llegara a estos recintos. Hasta la fecha no ha habido ningún tipo de acciones de prevención por parte del Estado, más allá de la suspensión de las visitas a los reclusos.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Dra. Michelle Bachelet, en un comunicado publicado el pasado miércoles 25, pidió a los gobiernos que tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o privadas de libertad, como parte de los esfuerzos generales que se llevan a cabo para frenar la pandemia de la COVID-19.

En su comunicado la Dra. Bachelet expresó: “En muchos países, los centros de reclusión están atestados y en algunos casos lo están de manera peligrosa. A menudo los internos se encuentran en condiciones higiénicas deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes. En esas condiciones, el distanciamiento físico y el autoaislamiento resultan prácticamente imposibles”.

La situación de las cárceles y calabozos policiales de Venezuela no escapan de esta realidad. En la organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad (UVL), logramos documentar en los 238 centros de detención preventiva que monitoreamos en 15 estados de Venezuela, que existe un hacinamiento del 205 %, la cifra se extiende a los más de 500 que hay en todo el país. Estos centros monitoreados tienen una capacidad para 19.091 privados de libertad, siendo su capacidad real para 6448 personas. Aun y cuando no existen cifras oficiales desde hace muchos años, Venezuela tiene en la actualidad un aproximado de 110.000 presos, de los cuales 45.000 están en cárceles dependientes directamente del Ministerio Penitenciario y 65.000 en calabozos policiales.

Con estas cifras es realmente preocupante lo que se está viviendo y creo que es más grave en los calabozos policiales, pues son espacios diseñados para albergar a reclusos de manera transitoria, por lapsos no mayores de 48 horas y que por negligencia e irresponsabilidad de las autoridades penitenciarias se han convertido en cárceles permanentes. Esto hace que el hacinamiento sea mayor y el cumplimiento de las recomendaciones principales para evitar el contagio o transmisión de la Covid-19 sea realmente imposible de cumplir.

En un calabozo policial los presos se turnan para dormir porque no pueden todos acostarse al mismo tiempo, ni a la misma hora, pues todos no caben acostados por falta de espacio, lo cual hace imposible el distanciamiento físico recomendado de 1,50 a 2 metros entre personas. Esto sin sumar las carencias de agua para lavarse las manos, jabón, enfermedades como la tuberculosis, etc., a las cuales no me referiré en esta oportunidad.

Gracias a Dios, hasta ahora no se ha detectado ningún caso de Covid-19 en las cárceles o calabozos policiales de Venezuela. Realmente espero que no suceda, pero, sin necesidad de ser clarividente, las consecuencias que esto tendría en nuestro abarrotado sistema penitenciario serían catastróficas.

Finalizo con algo dicho por la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU: “En relación con las personas detenidas, el Estado tiene el deber específico de proteger la salud física y mental y el bienestar de los reclusos, de conformidad con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (también conocidas como Reglas Nelson Mandela). Las medidas que se tomen en medio de una crisis sanitaria no deberían vulnerar los derechos fundamentales de los reclusos, que comprenden su derecho a la alimentación y el agua potable. También deberían respetarse plenamente las normas que impiden maltratar a los detenidos y que garantizan su acceso a la atención médica y la asistencia letrada”.

[email protected]

COVID-19 y presos en Venezuela, por Carlos Nieto Palma

@cnietopalma 

 

Realmente esta pandemia mundial como es el coronavirus o COVID-19 tiene preocupado al mundo entero y Venezuela no escapa de esto, cuando ya para el momento de escribir mi columna hay, según cifras oficiales, 36 personas detectadas con la enfermedad.

Como defensor de derechos humanos de personas que están privadas de libertad, siento gran preocupación que dentro de toda la información que surge para prevenir el COVID-19 y las acciones tomadas por el Estado venezolano, en ninguna se hace referencia a los hombres y mujeres privadas de libertad. Da la sensación de que no existieran, que no importan.

Yo no soy médico para saber si el COVID-19 puede llegar a las cárceles y centros de detención preventiva de Venezuela, espero que no. De lo que sí estoy seguro es que, de llegar, sería una catástrofe de grandes magnitudes por las terribles condiciones en que viven las personas que están en esos sitios.

Desde la organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad (UVL), hemos reportado las graves condiciones en que viven los presos de los 238 centros de detención preventiva o calabozos policiales que monitoreamos en 15 estados del país.

Solamente en estos sitios, según nuestro informe del 2019, hay 19 091 detenidos y su capacidad es para 6448 personas, lo que representa un 205 % de hacinamiento. Solo con este dato nos basta para saber que lo del aislamiento social es imposible de cumplir en espacios donde los presos tienen que turnarse para estar acostados porque es imposible que todos lo estén al mismo tiempo.

Igualmente, según nuestro informe del 2019, fallecieron 192 reclusos de los cuales 46 fue por enfermedades, en su mayoría tuberculosis. Aunado a este hecho, que ya de por sí es muy grave, la investigación determinó que se encontraron 1103 reclusos enfermos, de los cuales 224 tenían tuberculosis, 96 enfermedades respiratorias y 289 desnutrición, el resto presentó otro tipo de enfermedades.

También UVL reportó la falta de saneamiento en el 93 % de los centros de detención monitoreados: poco o ningún acceso al agua potable y la comida, medicamentos, así como otros útiles de primera necesidad, son suministrados por los familiares, ya que las instalaciones policiales no cuentan con esos servicios, ni siquiera para su propio personal.

Con estas condiciones, no es difícil imaginar lo que podría pasar de llegar el COVID-19 a estos centros de reclusión. No se necesita ser experto en el área de la medicina para saber que la propagación del virus traería consecuencias catastróficas y lo más grave es que, hasta el momento, no conocemos de planes de prevención por parte del Estado, lo cual consideramos urgente y necesario.

Hemos visto protestas de reclusos en cárceles de Italia, una fuga de más de mil presos en Sao Paulo, Brasil, así como la liberación de un buen número de reclusos en cárceles de Irán, sobre todo con penas inferiores a los 5 años, pero en Venezuela solo hay un gran silencio por parte de las autoridades en lo referente a los privados de libertad.

Independientemente de las razones por las cuales se encuentren presos y del delito que hayan cometido, es necesario crear planes urgentes en caso de que el COVID-19 llegara a las prisiones venezolanas.

[email protected]