Carlos Nieto Palma, autor en Runrun

Carlos Nieto Palma

Presos con covid-19, por Carlos Nieto Palma

Presos hacinados en un calabozo de Polisalias, en Altos Mirandinos, estado Miranda. Foto en el pódcast Voces del desamparo.

@cnietopalma 

Después de 4 meses de que la covid-19 llegara a Venezuela sin que se hubiesen reportado casos de privados de libertad con esta terrible enfermedad, comenzamos a ver la aparición de esta pandemia en centros de reclusión en Venezuela.

Habíamos advertido muchas veces, desde este espacio, de los peligros que representa la llegada del coronavirus tanto a las cárceles como a los centros de detención preventiva. Era imposible cumplir con las medidas básicas para evitar la propagación de la enfermedad por el grave hacinamiento que existe en estos sitios. A esta situación se suma la falta de higiene y enfermedades preexistentes como la tuberculosis y la desnutrición, que ya ocurre desde hace varios años.

Riesgo de contagio masivo

Igualmente, a pesar de las innumerables recomendaciones que se han hecho desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la única medida que ha tomado el Estado venezolano, es suspender las visitas de familiares y el otorgamiento de unas cuantas medidas sustitutivas a la prisión. Algunas bajo una medida algo turbia que existe en el Código Orgánico Penitenciario llamada Régimen de Confianza Tutelado, a la que,  en mi opinión, le están dando una aplicación diferente a la estipulada en la norma.

Dijimos en artículos anteriores que la llegada de la covid-19 a nuestras cárceles sería una gran tragedia porque las posibilidades de contagiar en forma masiva a los demás presos eran evidentes. Principalmente por el hacinamiento extremo que vivimos en las cárceles y centros de detención preventiva, que impide que las medidas de prevención como el distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia y el uso del tapabocas sean imposibles de cumplir.

Lamentablemente, y con gran dolor, hoy debo de decir que ya el coronavirus llego a la población penitenciaria de Venezuela.

42 casos de presos con covid-19

Al momento de escribir estas líneas tenemos 42 casos confirmados por autoridades regionales de los estados Miranda, Lara y Nueva Esparta.

El primer caso de un preso contagiado con coronavirus en la entidad larense se detectó el 22 de junio en un comando vial de la Policía de Lara que se ubica en Tintorero, municipio Jiménez. Específicamente en el kilómetro 22 de la carretera Panamericana que comunica a Lara con los estados Zulia y Trujillo. Dicho caso fue anunciado por la gobernadora del estado, Carmen Meléndez. El segundo caso lo dio a conocer Meléndez el pasado 30 de junio en un programa radial que tiene. Se encuentra en un CDP de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en el peaje Jacinto Lara del municipio Torres, frontera con Zulia.

El día 15 de julio, la alcaldesa del municipio Guaicaipuro, Wisely Álvarez, indicó que hay 4 reclusos contagiados en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ubicada en Los Teques, capital del estado Miranda. Mientras que en la cárcel de Ramo Verde hay uno. En ese recinto se encuentran privados de libertad un número importante de los presos políticos de Venezuela. Esto nos da una cifra de 5 reclusos con covid-19 en el estado Miranda.

Los últimos casos de covid-19 de reclusos en Venezuela las dio a conocer el representante del régimen de Nicolás Maduro en Nueva Esparta, Dante Rivas. El vocero informó el pasado sábado 25 de julio, a través de sus redes sociales, que 35 reclusos dieron positivos a COVID-19 en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicado en el sector Sabanamar de Porlamar, municipio Mariño.

Síntomas sin despistaje

Aun y cuando en los reportes que dan diariamente diversos representantes del régimen, nunca han hablado de esto. Estas cifras, sin embargo, se basan en declaraciones de voceros autorizados.

Como siempre ocurre, la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, guarda silencio o miente en casos como estos. Algo que no debe extrañarnos.

Quiero finalizar expresando mi preocupación por esto: en los últimos días en las cárceles de Lara, Carabobo y Miranda han ocurrido varias muertes causadas por tuberculosis y desnutrición. Igualmente, en diferentes centros de detención preventiva del país se han reportado cuadros febriles y problemas respiratorios. Sin embargo, a muy pocos se les ha practicado la prueba para determinar si hay más presos con covid-19.

Mientras no se atienda a los reclusos en Venezuela y se les practique la prueba de despistaje será muy difícil determinar cuántos tienen la enfermedad o no. Lo cierto es que ya llegó y lamentablemente creo que para quedarse.

Es responsabilidad del régimen garantizar el respeto a los derechos humanos de los reclusos y la salud es uno de estos. En las manos de sus funcionarios está la solución.

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Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Plan Cayapa carcelario ¿solución o estafa?, por Carlos Nieto Palma

La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, durante una jornada del Plan Cayapa en la Penitenciaría de Barquisimeto, Lara. Foto Jesús Pernía / Mppsp, octubre de 2019.

 

@cnietopalma 

El llamado “Plan cayapa” fue creado por Iris Varela, ministra para el Servicio Penitenciario, en enero de 2012, hace 9 años y unos meses. Su objetivo era disminuir el retardo procesal y darles celeridad a los juicios de las personas privadas de libertad.

Según una nota publicada en la página web de este ministerio el 16 de octubre de 2019, “Varela señaló que se iba a dar una continuidad permanente al Plan Cayapa para dar respuesta al problema procesal de las privadas y de los privados de libertad”.

Entonces dijo: “Numerosos son los factores que se interponen para darle curso a los casos de los internos, como problemas de traslado, múltiples causas acumuladas en los juzgados, entre otros”. Y agregó “que se preveía extender este plan hacia los retenes de las policías estadales, a fin de atender a toda la población penitenciaria y agilizar la resolución de los casos”.

Lo cierto es que en los actuales momentos tenemos una población penitenciaria de 110.000 privados de libertad. La cifra es aproximada, pues no existen datos oficiales desde hace muchos años. De estos, un 7 % son mujeres y 65.000 se encuentran en centros de detención preventiva o calabozos policiales, que Varela ha convertido en las nuevas cárceles de Venezuela.

Es importante destacar que estos son espacios donde los privados de libertad deberían estar por un lapso no mayor de 48 horas, porque no reúnen las condiciones estructurales necesarias.

Aunado a esto, vigilar las condiciones de vida y el respeto a los derechos humanos de los hombres y mujeres privados de libertad es responsabilidad del Ministerio para el Servicio Penitenciario. Un mandato que establece el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación de este ministerio de fecha 26 de julio de 2011. Los cuerpos policiales, convertidos en cuidadores de presos, solo son responsables de cuidar a la ciudadanía. En la actualidad al menos un 30 % de nuestros policías están en sus lugares de trabajo cuidando presos. En vez de estar en la calle cuidando a la gente.

Para darnos una idea del éxito o fracaso del “Plan Cayapa carcelario” es que a nueve años y unos meses más de su creación, aun y cuando no hay datos oficiales, como antes dije, el retardo procesal de los presos venezolanos llega aproximadamente al 70 %.

Esta cifra, la más alta del continente americano, nos demuestra que los procesos judiciales siguen paralizados y que este plan ha sido un fracaso rotundo.

El fracaso del “Plan Cayapa” es tan evidente, que a solicitud del fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Sabb, Nicolás Maduro ordenó en octubre del 2019 la instalación de una mesa de consulta de alto nivel para organizar un plan de descongestionamiento nacional de los calabozos policiales. Con resultados nada favorables hasta la fecha, por cierto.

No puedo negar que se han realizado varias jornadas del “Plan cayapa” en el país. Sin embargo, las mismas arrojan muy pocos resultados positivos. Ello, debido a que la alta movilidad de personas privadas de libertad de los sitios donde se encuentran sus procesos a lugares distantes imposibilita el seguimiento de los mismos y ocasiona por consecuencia un gran retardo procesal.

Por dar un ejemplo, hace poco tiempo se cerró la cárcel de Guanare en el estado Portuguesa, y sus reclusos fueron trasladados a sitios remotos como los estados Bolívar, Monagas, Sucre y otros.

Es evidente que sus causas quedarán paralizadas porque al no permanecer en los sitios donde están sus procesos, sumado a la falta de capacidad operativa para efectuar los traslados a tribunales, se genera un grave retardo procesal que el “Plan cayapa” no puede solucionar. Simplemente porque los miembros del poder judicial que asisten a estos operativos no son los jueces naturales de los reclusos, es decir los que llevan sus juicios, y no pueden tomar ninguna decisión.

Por eso pienso que el “Plan Cayapa” es otra de las muchas estafas que el Ministerio para el Servicio Penitenciario ha cometido contra la población reclusa en Venezuela y sus familiares. Les hacen creer que les darán la libertad con esta supuesta atención que les brindan y al final nada pasa, todo sigue igual. Mientras el retardo procesal sigue en aumento.

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Justicia en cuarentena, por Carlos Nieto Palma

“No se imaginan el sufrimiento de los presos y sus familias por el retardo procesal”. En la imagen, recluso en uno de los atestados calabozos policiales del país. Foto en Voces del Desamparo.

@cnietopalma 

Cuatro meses tiene la justicia venezolana paralizada al día que escribo estas líneas. El Tribunal Supremo de Justicia mediante la Resolución N°005-2020 decidió prorrogar esta suspensión de las actividades judiciales en todo el país hasta el próximo 12 de agosto 2020, lo que ya sumaría 5 meses de paralización por la covid-19. A esto debemos sumarle que el 15 de agosto comienzan las vacaciones judiciales, que finalizan el 16 de septiembre. Serían entonces 6 meses con la justicia en cuarentena.

Cuando comenzaba a escribir esta pequeña opinión, leí un tweet de quien considero uno de los abogados penalistas más brillantes que tenemos en este país, a quien admiro profundamente. Y quien además siempre ha manifestado su preocupación por la lentitud de la justicia venezolana, o lo que todos conocemos como retardo procesal.

Me refiero al reconocido jurista Dr. Alberto Arteaga Sánchez; él escribía: “La justicia penal venezolana siempre ha estado en cuarentena, paralizada y al margen de su verdadero cauce”.

Esto me inspiró a escribir hoy de este tema, aunado a que comparto plenamente estas palabras de este sabio del Derecho.

El tema de la paralización de la justicia afecta a muchas personas. A colegas abogados, a usuarios del sistema de justicia y a quienes me referiré hoy de manera especial: los hombres y mujeres privados de libertad y sus familiares, que es el tema que siempre he trabajado y por el que estoy muy sensibilizado. A pesar de las críticas y comentarios de los que piensan diferente.

No se imaginan los que me leen el sufrimiento que este grupo de personas vive por lo que está ocurriendo con el retardo procesal. Diariamente recibo, o recibimos desde “Una Ventana a la Libertad”, organización que dirijo, llamadas, correos, mensajes por las redes sociales pidiendo ayuda por esta situación.

Lamentablemente es poco lo que podemos hacer, mas allá de denunciar y que el mundo sepa lo que ocurre en el sistema penitenciario venezolano. Pero igual nos da una de impotencia muy grande, porque somos una organización no gubernamental. Y el otorgar libertades, realizar planes para disminuir el retardo procesal, ayudar a hombres y mujeres privados de libertad por las constantes violaciones a los derechos humanos que se cometen en nuestras cárceles y centros de detención preventiva es responsabilidad del Estado a través de sus diferentes instituciones.

Sin embargo, ya tenemos claro es un tema que les importa poco o nada esa situación y cundo les importa es para formar parte del show mediático, nada más. Igualmente, siempre hemos demostrado nuestro deseo de apoyar, si nos dejan hacerlo.

Casi para finalizar quiero informar a los que no saben que, en la actualidad, aun y cuando no existen cifras oficiales, tenemos un aproximado de 110.000 personas privadas de libertad, de las cuales al menos un 70% de ellos están procesados. 45.000 de ellas en cárceles tradicionales y 65.000 en centros de detención preventiva, sin condiciones para mantener detenidos por más de 48 horas, pero que se han convertido en las nuevas cárceles venezolanas.

El retardo procesal en las causas penales es muy grave y la cuarentena por la covid-19 lo aumenta, con consecuencias nefastas para los presos.

Finalizo denunciando de manera directa a la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, como única responsable de esta situación. La gran culpable de que los policías se hayan convertido en cuidadores de presos, y no de los ciudadanos, es ella.

Y en algún momento de la vida le tocará responder por eso. No podemos olvidar que los delitos violaciones a los derechos humanos no prescriben. Cuando esto acabe, que estoy seguro acabará pronto, esta señora deberá responder por los delitos que ha cometido ¡no saben cuánto espero por ese momento!

No es venganza, es simple justicia.

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Barbarie en las cárceles venezolanas, por Carlos Nieto Palma

Una típica cárcel venezolana. Foto del pódcast Voces del desamparo, episodio Murió de hambre y olvido, documentado y narrado por Johanna Osorio.

@cnietopalma 

Sin lugar a dudas las cárceles venezolanas, esas que la ministra Iris Varela llama “las mejores del mundo”, se han convertido en uno de los actos de barbarie más inhumanos y repulsivos que existen en nuestro país.

Ni el peor delincuente del mundo mereciera estar en una de ellas, convertidas en vulgares depósitos de seres humanos. Son esas mismas cárceles que, según Varela –en sus delirios nocturnos–, sirven de ejemplo al mundo. Y por las cuales las autoridades penitenciarias del resto de los países del orbe la llaman para pedirle recomendaciones.

Mi maestro Gómez Grillo las llamaría infrazoofílicas, con todo y que no vivió todo esto que se vive ahora. Aunque presumía lo que venía y siempre me lo decía.

Presos desnutridos porque no les dan comida. Otros que se mueren de enfermedades como tuberculosis y VIH/SIDA sin que ningún médico les preste atención, ni se les dé los tratamientos para ayudarlos con su recuperación. Otros con enfermedades de la piel como la escabiosis o sarna, como la llamaban mis abuelos, o enfermedades de la vista como conjuntivitis. Y muchas infecciones intestinales. Esto debido a las terribles condiciones de higiene y salud que hay en estos sitios. Así es una cárcel venezolana.

En mayo de 2020 la organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad, levantó un informe sobre la situación de los Centros de Detención Preventiva en los estados Distrito Capital, Vargas y Miranda. Monitoreamos 57, con 4589 reclusos, de los cuales 327 eran mujeres. Se determinó lo siguiente:

* 941 padecen desnutrición grave

* 188 presentaban tuberculosis

* 10 tenían VIH/SIDA.

Esto nos da una idea de la grave situación que estamos viviendo. Lo terrible es que se trata de un tema que a nadie le interesa. Nunca los presos le han importado a nadie. Las encuestas globales hablan de que debemos aumentar las penas e imponer la pena de muerte, esto haría que todo el mundo se encuentre mejor. Como decía Galeano “Los presos eran los nadie”.

Pocas veces he oído a soñadores y organizaciones en el mundo, como la nuestra, decir que podemos recuperar a los presos y hacerlos hombres y mujeres de bien. De eso puedo contar varias historias.

Tal vez los narcotraficantes y los corruptos tienen un gran valor dentro del mundo de la delincuencia porque de ellos se nutren muchos políticos y gente con poder. Pero del delincuente común nadie.

Del hijo de Petra o María, el que está en El Rodeo, Yare, la zona de Boleíta de la Policía Nacional, de ellos nadie habla.

Son esos cuyas madres o parejas se levantan a las 5 de la mañana para ver si logran que, al mediodía y tras pagar la poca plata que tienen, un guardia piadoso -que aún los hay-, o un policía malandro -que los hay también y en multitud-, les hagan llegar a sus hijos o esposos la comida que logran prepararles para evitar que mueran de desnutrición.

Para completar la fiesta (una ironía mía), ya la señora Iris Varela anunció esta semana que tiene 40.000 presos listos para que la defiendan a ella y su revolución, por si alguien intentaba tumbarlos.

Ya hace unos meses había pedido los fusiles, supongo que se los dieron. Y ahora, violando toda norma jurídica nacional e internacional, amenaza con sacar a los presos a la calle a matar gente, su misma gente.

Es repugnante que individuos de esta calaña lleven las riendas del país en materia penitenciaria. Siento una profunda vergüenza cada vez que escucho a la ministra Valera, como si fuera dueña de los presos.

Ella nunca se enteró de que las cárceles son para reeducar reclusos y no para hacerlos peores. Además de que la función de la cárcel no es la que ella, en su ignorancia, pretende darle.

Por último Sra. Varela, ni las cárceles son cuarteles, ni los presos son soldados. Estudie que le falta mucho por aprender. También es corrupción tomar un cargo para el que no sabe nada, el mal se paga y esté segura que su día, no muy lejano está cerca. Y no sabe lo felices que estaremos.

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Descentralización carcelaria en Venezuela, por Carlos Nieto Palma

Mi maestro y padre del penitenciarismo contemporáneo venezolano, Elio Gómez Grillo, dio sólidos argumentos para la descentralización carcelaria en el país.

 

@cnietopalma 

El artículo 272 de nuestra Constitución nacional establece que los recintos carcelarios “Se regirán por una administración descentralizada a cargo de los gobiernos estatales o municipales”. Este artículo, en su conjunto, es tal vez uno de los más avanzados en Latinoamérica y de los pocos del mundo que le da rango constitucional al tema penitenciario, tan olvidado por todos.

La descentralización penitenciaria, desde hace más de veinte (20) años con rango constitucional, no es un tema nuevo en nuestra legislación. El día 7/10/1993, el decreto presidencial N° 3188 crea el Reglamento N° 8 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencia del Poder Público sobre encomiendas a los Gobernadores de Estado de las Atribuciones en Materia de Administración de las Cárceles Nacionales.

Con eso se dio el primer paso para una futura descentralización penitenciaria, creando la figura de la encomienda. Esta otorgaba a los gobernadores de estado competencia y determinadas atribuciones en materia penitenciaria. La propuesta fue presentada por el entonces ministro de Justicia, comisario Fermín Mármol León, durante la presidencia del Dr. Ramón J. Velásquez.

El inicio de las encomiendas se dio el 17 de enero de 1994, con la gobernación del estado Zulia a cargo de la criminóloga Lolita Aniyar de Castro. Resultó en un éxito bastante palpable mientras ella estuvo al frente del Ejecutivo regional.

El padre del penitenciarismo contemporáneo venezolano, Elio Gómez Grillo, al comentar las razones de la descentralización del sistema penitenciario, señalaba las siguientes:

1. Serían más de veinte autoridades regionales responsabilizadas por la situación carcelaria. Es fácil que fracase uno, es difícil que fracasen todos.

2. Las decisiones y soluciones ante cada diseño carcelario son diferentes en cada estado; como son diferentes sus prisiones, esto es, su población penal, su personal y su idiosincrasia colectiva. Ante estas especificidades, el poder regional tiene respuestas más precisas y acertadas que el poder central.

3. Al convertirse cada problema penitenciario como problema local, se ensayarían veinte y tantas soluciones distintas lo que exigiría un aporte responsable y calificado en cada entidad.

4. La cercanía de la autoridad haría más controlable el régimen administrativo del penal y dificultaría las prácticas oficiales corruptas.

5. El mejor conocimiento de la población penal y del personal penitenciario por parte de la población local y su participación en la escogencia de ese personal, favorecería la gestión carcelaria.

6. Se crearía entre las diversas gobernaciones una sana emulación de eficiencia técnica penitenciaria, lo que estimularía a cada una de ellas”.

En cumplimiento de nuestra carta magna, se hace necesaria la entrega por parte del Ejecutivo nacional de los centros penitenciarios a las respectivas gobernaciones de estado, tomando en cuenta que la Constitución es categórica al afirmar que son las gobernaciones o alcaldías a las que le corresponde el manejo de nuestras cárceles.

Casi 21 años después de aprobada nuestra Constitución, la descentralización carcelaria sigue esperando su cumplimiento.

Y el desastre penitenciario va en aumento.

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Mafias carcelarias en Venezuela, por Carlos Nieto Palma

@cnietopalma 

Siempre he pensado que las cárceles venezolanas se han convertido en un problema que pareciera no tener solución. Esto, sin dudas, guarda relación con el gran negocio económico que representan.

Mi maestro Elio Gómez Grillo solía decir que “las cárceles eran un negocio tan productivo como PDVSA (industria petrolera nacional)”. Por supuesto que lo comentaba hace muchos años, cuando era una de las principales industrias petroleras del mundo y no una empresa en quiebra, como lo es en la actualidad.

Aunque muchos no lo crean, las cárceles, y todas las actividades ilícitas que en ellas se producen, no solo es un asunto de pranes (nombre que se les da a los líderes negativos de la población reclusa). Se trata de un negocio en el que participa mucha gente inescrupulosa. Y que integra a funcionarios de todos los niveles del Ministerio para el Servicio Penitenciario y de la Guardia Nacional Bolivariana, entes encargados de la custodia interna y externa de las cárceles, respectivamente.

Para que un negocio de esta magnitud funcione, es necesaria la confluencia de todos los actores que lo integran. Están los presos a través de los pranes, los funcionarios que allí trabajaban y que se encargan de la custodia interna y externa de las cárceles. Y algunos agentes externos, que son de gran apoyo.

Esta trilogía, que yo llamo mafia carcelaria, es necesaria para que el negocio funcione de manera perfecta.

Todos reciben su tajada por los hechos ilícitos que en las cárceles se cometen. Una gran mafia que ha hecho y sigue haciendo millonarios a muchos sujetos que se lucran delinquiendo a través del servicio penitenciario venezolano.

En mi época de estudiante universitario, hace casi cuarenta años atrás, comencé a conocer el sistema penitenciario venezolano. Entonces el negocio era más discreto. Pero igualmente lo había. En ese tiempo me llamaba la atención ver a directores de cárceles, que ganaban unos sueldos miserables, con unos carros que ni con 2 años de su sueldo ahorrados hubieran podido tenerlos. El negocio era otro, estaba más relacionado con la comida, privilegios especiales a algunos presos y otros más sencillos, aunque igual de repugnantes.

Los negocios de las mafias carcelarias cada día van en aumento. Mientras peor funciona un recinto carcelario o un centro de detención preventiva, que son las nuevas cárceles de esta época, más lucrativo resulta el negocio.

Hoy son más lucrativos y realizados sin ningún tipo de escrúpulos. Ni disimulo. La comida sigue siendo un negocio, pero también las drogas, el ingreso de armas, de teléfonos celulares, visitas, prostitución, secuestros y extorsiones planificadas desde las cárceles y pare usted de contar. Todo, con absoluta impunidad y con la conchupancia de todos los integrantes de las mafias.

Las mafias carcelarias han destruido el sistema penitenciario venezolano. Cuando se decida solucionar el grave problema carcelario que vivimos en Venezuela, combatir estos grupos delincuenciales, unos con uniforme y otros sin ellos, será otra de las muchas tareas pendientes a solucionar.

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Construcción de nuevas cárceles, asunto urgente en Venezuela, por Carlos Nieto Palma

@cnietopalma

Definitivamente Venezuela no es Suiza, Suecia u Holanda, que están cerrando cárceles por falta de presos y la disminución de la delincuencia. En Venezuela la situación es muy grave. Y el hacinamiento es más grave aun.

Los calabozos policiales, espacios transitorios donde los reclusos no deberían estar por más de 48 horas, se han convertido en cárceles permanentes donde los presos permanecen hacinados y viviendo en condiciones infrahumanas. Esto no le importa a nadie, incluyendo los representantes del Estado con la obligación expresa de velar por los derechos humanos de este grupo excluido de la sociedad.

¿Acaso han visto ustedes al Defensor del Pueblo velar por los derechos de los presos? Sí, esa es una de sus responsabilidades.

Me atrevo a decir que los presos no les importan al Gobierno, pero tampoco a la oposición. Unos y otros solo buscan un rato de publicidad, como recientemente ocurrió en la cárcel Cepella de Guanare, donde masacraron a 47 presos y hubo más de 67 heridos graves. Un mes después estos siguen pidiendo ayuda, sin que los políticos se volvieran a ocupar de ellos. Unos días de show y nada más.

Tal vez soy duro en mis apreciaciones, pero como no soy político sino defensor de derechos humanos y no busco un cargo público, me atrevo a decirlo sin miedo, porque es la realidad.

Para dar unas cifras aproximadas, porque aquí eso de cifras oficiales no existe, nuestras investigaciones de Una Ventana a la Libertad dicen que tenemos 110 000 presos. 45 000 en cárceles comunes y 65 000 en calabozos policiales.

La ministra Iris Varela ha cerrado 10 cárceles desde que fue creado el Ministerio para el Servicio Penitenciario, el 26 de julio de 2011, y les ha mandado el problema a los policías, que no tienen la función de cuidar presos. Esta responsabilidad le toca a ella, así no quiera asumirla.

Afirmo sin ninguna duda que la ministra Iris Varela es la responsable del terrible caos que vivimos en el sistema penitenciario del país.

Decir que “se van a construir nuevas cárceles en Venezuela” son solo discursos vacíos que no llegan a nada. Es necesario recordar el Plan Nacional de Humanización Penitenciaria presentado por el exministro de Interior y Justicia Tareck el Aissami, quien manejaba el tema carcelario antes de la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario.

Este plan contemplaba en su ejecución, a materializarse entre los años 2006 y 2011, la construcción de 10 comunidades penitenciarias, 5 ampliaciones de cárceles existentes, 5 centros penitenciarios de producción socialista y 5 centros de producción socialista de máxima seguridad, para un total de 25 nuevas obras. De estas, menos del 15 % se hicieron.

Con la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, en julio de 2011, las promesas de construcción de nuevas cárceles continuaron. La titular de este despacho, Iris Varela, en entrevista concedida al periodista Eligio Rojas en el diario Últimas Noticias el 15/6/2012, anunciaba que en el lapso de 2 años construiría 24 cárceles, promesa que hasta la fecha tampoco ha cumplido.

En Venezuela hay actualmente 5 estados sin ninguna cárcel: Vargas, Cojedes, Apure, Amazonas y Delta Amacuro. Y 3 que funcionan a media máquina: La Planta en Caracas que solo funciona lo que era el Centro de Tratamiento Comunitario Francisco Canestri, un sitio pequeño al lado de la antigua Planta; la Cárcel de San Antonio en Nueva Esparta, con muy pocos reclusos en la actualidad; y el Retén del Marite en Zulia, funcionando al 30 % se su capacidad.

Venezuela vive la situación penitenciaria más grave de toda su historia, y si no se trabaja entre todos los actores involucrados en buscar una solución, todo irá a peor.

De manera personal creo que cada estado del país debería tener un establecimiento cerrado para procesados y uno para penados o condenados, y que funcionen de manera descentralizada como establece la Constitución.

Este sería el comienzo de una solución si es que acaso quieren buscar alguna, porque pareciera que no. Y a la vez una sanación a nuestra maltratada población penitenciaria que, aunque no lo crean muchos y la excluyan por ser delincuentes, tiene derecho a ser reinsertada en la sociedad.

Razón tenía mi maestro Elio Gómez Grillo cuando decía que las cárceles eran un negocio tan productivo como Pdvsa (la de otros tiempos), que producía mucho dinero ilícito y que, mientras esto ocurriera, las cárceles no las iban a arreglar.

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Cerrar cárceles ¿solución o problema?, por Carlos Nieto Palma

@cnietopalma    

Nelson Mandela, el conocido líder sudafricano que pasó 27 años en prisión, siempre comentaba “Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada, a los presos”. Mandela no se equivocaba. Una gran muestra la tenemos en Venezuela, tristemente para los que aquí vivimos.

Nunca imaginábamos que el caos y la destrucción que estamos viendo en nuestra patria sería de la magnitud que muestra actualmente.

Y aunque soy optimista y no tengo dudas de que saldremos de esto, jamás supusimos en que llegara al deplorable estado que hoy vivimos. Las cárceles no se escapan de esto: hoy en día tenemos un aproximado de 110.000 privados de libertad, de los cuales el 7 % aproximadamente son mujeres. De este número, 65.000 aproximadamente están en centros de detención preventiva, que son espacios transitorios donde los reclusos no deberían estar por más de 48 horas, pero que lamentablemente se han convertido en cárceles permanentes. Y los 45.000 restantes en las cárceles tradicionales, que la ministra penitenciaria Iris Varela llama “las mejores del mundo”.

Mucho he escrito sobre la grave situación penitenciaria que vive Venezuela y la ausencia total de políticas públicas serias, para buscar soluciones y tener un sistema penitenciario donde los derechos humanos de los hombres y mujeres privados de libertad sean garantizados como lo dice la Constitución nacional y otras normas internacionales.

Aunque mucha gente crea que los presos no tienen derechos por ser delincuentes, gozan de ellos al igual que cualquier ciudadano común y el Estado está en la obligación de hacer respetar los mismos porque, al contrario de los que no estamos presos, los reclusos están bajo la tutela absoluta del Estado.

Lamentablemente, las autoridades penitenciarias venezolanas conocen poco o nada del tema, cada día manifiestan su ignorancia de la manera más abrupta, con “soluciones” que lo que hacen es agravar la situación cada vez más. Por momentos pienso (y ojalá me equivoque) que lo hacen como mecanismo de torturas, hechos con total premeditación y alevosía.

Actuaciones irracionales como esas que la Ministra Penitenciaria nos tiene acostumbrados, la vimos hace una semana cuando, a raíz de la masacre ocurrida en el Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella) el pasado 1 de mayo donde fueron asesinados 47 presos y 75 resultaron heridos, la Sra. Varela buscó una de sus soluciones absurdas y ordenó el cierre del Cepella, enviando a los presos a otras cárceles del país con un hacinamiento extremo.

Es importante destacar que desde que fue creado el Ministerio para el Servicio Penitenciario, el 26 de julio de 2011, esta es la décima cárcel que clausura por problemas similares al ocurrido en el Cepella.

Para que lo recuerden, se los refresco cronológicamente: Internado Judicial La Planta (Caracas): mayo 2012; Internado Judicial de Coro: octubre 2012; Centro Penitenciario Sabaneta (Zulia): septiembre 2013; Internado Judicial Los Teques (Miranda): enero 2014; Internado Judicial de la Región Insular de San Antonio (Nueva Esparta). Febrero 2016; Penitenciaria General de Venezuela. San Juan de los Morros (Guárico), septiembre 2016; Internado Judicial Los Pinos. San Juan de los Morros (Guárico), septiembre 2016; Internado Judicial de San Fernando (Apure), abril 2018; Centro de Detención Judicial de Amazonas (CEDJA) en Puerto Ayacucho (Amazonas), agosto 2018 y Centro Penitenciario de los Llanos (CEPELLA). Guanare (Portuguesa), mayo 2020.

Yo no me opongo a que se cierren cárceles y más si están en tan malas condiciones como las venezolanas, pero eso requiere planificación y la construcción de nuevos recintos donde se lleven a los reclusos de la cárcel a ser cerrada.

Nosotros tuvimos una experiencia interesante en 1996 cuando el presidente de la época, Rafael Caldera, decidió implosionar el Retén de Catia, en Caracas. Fue una especie de exorcismo medieval, a ver si de esta forma salíamos de la crisis penitenciaria, cosa que nunca ocurrió. Pero en esa época hubo planificación y tenía construidas las cárceles del Rodeo II y Yare II a donde fueron llevados los reclusos sin que esto ocasionara graves problemas. En la Venezuela actual las cárceles se cierran sin ninguna planificación y solo se trata de traspasar los problemas de un lugar a otro.

A veces creo que la Ministra Iris Varela se enteró de que en Suecia, Holanda y otros países del norte de Europa se estaban cerrando cárceles y quiere aplicar lo mismo en Venezuela, pero no supo que allá las están cerrando por falta de presos y una gran disminución de los niveles de criminalidad, mientras que de este lado del mundo ocurre todo lo contrario.

[email protected] / @VentanaLibertad

 

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