Carlos Nieto Palma, autor en Runrun

Carlos Nieto Palma

Retén de Cabimas: el horror penitenciario de Venezuela, por Carlos Nieto Palma

Lágrimas de sangre. Obra del pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín (1919 – 1999).

@cnietopalma

Apenas faltaban unas pocas horas para finalizar el año 2019, estaba disfrutando de unos días de descanso familiar, en mi amada isla de Margarita; cuando mi teléfono comenzó a recibir llamadas y mensajes de una grave situación que se desarrollaba en el Centro de Arresto y Detenciones Preventivas de Cabimas, mejor conocido como Retén de Cabimas. Se encuentra ubicado en el sector La Misión, parroquia Ambrosio del municipio Cabimas, en el estado Zulia de la República Bolivariana de Venezuela.

Durante todo ese año 2019, desde la organización que dirijo Una Ventana a la Libertad (UVL), habíamos denunciado, gracias al trabajo de monitoreo hecho por nuestra investigadora en esa zona del país, de la grave situación que se vivía en ese centro de detención preventiva venezolano. Fugas, motines, enfermos en situación de gravedad, en su mayoría tuberculosos, nos había hecho desde UVL ponerle atención especial a este centro.

Según los registros de UVL, lo que conocemos es que “un mes después de que el CONAS desalojara la entrada del penal, el 22 de diciembre de 2019, se inició una guerra entre los pranes”.

Las investigaciones confirman que el ataque lo comenzó el líder del pabellón “B”. Durante la refriega le arrancaron parte de la cabeza a uno de sus líderes del pabellón “C” de un disparo. En esa ocasión los cadáveres permanecieron por más de 12 horas a la intemperie en el patio del recinto.

En respuesta a ese ataque, los pranes del Pabellón “C” organizaron, cercano a las 5:00 de la tarde del 30 de diciembre de 2019, su contraataque. Primero estallaron las granadas, luego las ráfagas de tiros y posteriormente se llevaron a los caídos para la parte posterior del penal. Desde allí intentaron incendiar todo el Pabellón “B”, donde están recluidos unos 200 internos.

“Las detonaciones hicieron correr a los oficiales de la garita”, detalló un interno. A los 40 minutos empezaron a circular por las redes los videos de los oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ) refugiados en la pared frontal del penal. Uno de los que grababa decía mientras sostenía su móvil: “Plomo parejo. Tomaron el control. Tiraron cuatro granadas”.

Pocos minutos después se divulga una turba en medio de una humareda. Quien filmaba aseguraba: “Te quemé el pabellón”. Unas 20 horas más tarde arribó al penal una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Subdelegación Cabimas, y otra del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Los primeros retirarían los cadáveres y los segundos una granada que no estalló”.

Esto era parte del horror que se vivía en el Reten de Cabimas. De allí tomamos la decisión, en UVL, de solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de protección a los reclusos de este recinto y el nuevo año 2020 nos puso de carreras para preparar esta solicitud, la cual materializamos el 8 de enero de este año.

El 6 de febrero de este año, la CIDH, otorgó las medidas que habíamos solicitado y exigió al Estado venezolano lo siguiente:

a) adopte de forma inmediata las medidas que resulten necesarias para proteger la vida e integridad personal de las personas beneficiarias. Estas medidas deben ser adoptadas por el Estado atendiendo a las condiciones diferenciadas de las personas que se encuentran privadas de su libertad, en especial, las mujeres embarazadas y aquellas que sean madres;

b) adopte las medidas pertinentes para adecuar la situación descrita a las normas internacionales aplicables en materia de tratamiento de personas privadas de libertad, las cuales pueden incluir decomisar las armas que se encuentren en poder de los internos, reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de detención; brindar atención médica a las personas que lo requieran, proveer personal capacitado y en número suficiente para asegurar el adecuado y efectivo control, custodia y vigilancia del centro, separar a las personas condenadas de las que aquellas que no lo están, entre otras medidas;

c) concierte las medidas a adoptarse con la representación de la presente medida cautelar;

d) informe sobre las medidas adoptadas tendentes a la investigación de los hechos alegados que dieron origen a la presente resolución, para así evitar su repetición”.

Hasta ahora el horror que se vive en el Reten de Cabimas continua, igual o peor que antes. Hemos visto protestas de presos en la calle, solicitando atención, como lanzar el cadáver de un preso muerto por tuberculosis a la calle. Y no dudo que seguiremos viendo cosas similares.

Los presos venezolanos no son prioridad de este régimen, tampoco de muchos ciudadanos que celebran esta situación. Estamos ante un sistema penitenciario fracasado, donde los presos es lo que menos importa. El objetivo es mentirle al mundo diciendo que tenemos el mejor sistema penitenciario del mundo.

Después de esto, en el Macondo venezolano cualquier cosa es posible.

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Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

En Zulia: Presos salen a la calle a protestar, por Carlos Nieto Palma

Desnutridos y enfermos, los presos salen a la calle a clamar por agua, comida y medicinas. Sucedió en el retén de Cabimas, Zulia. Foto captura del video de @ventanalibertad / Twitter 28/9/2020.

@cnietopalma

La situación penitenciaria de Venezuela cada día empeora más. Todos sufrimos del desastre económico que vive el país. Nunca imaginamos que viviríamos este caos colectivo del cual nadie se salva.

Hoy me voy a referir a algo que me tiene asombrado: realmente el realismo mágico con el que nos maravilló el Gabo se quedó corto frente a lo que aconteció en el Reten de Cabimas en el estado Zulia, el pasado lunes 28 de septiembre.

Un grupo, de aproximadamente 150 reclusos de este centro de detención preventiva, salió a la calle a protestar por la falta de agua, comida, medicinas y las condiciones infrahumanas que se viven allí. La mayoría de los reclusos que prorrumpieron a la calle, eran los enfermos de tuberculosis, desnutrición, VIH y otras enfermedades.

Supongo que mis lectores se preguntarán ¿cómo los presos salieron a protestar a la calle, si están presos? Realmente solo puedo decir que esto tiene que ver con el descontrol y la falta de autoridad de los encargados de su custodia. Como muchas veces lo he dicho, en las cárceles de Venezuela mandan los presos.

Para entenderlo mejor, les cito la nota que la investigadora de la organización Una Ventana a la Libertad en el estado Zulia, Jessika Ferrer, escribió en nuestro sitio web: “La situación amaneció tensa. Al mediodía, exactamente a las 12:22 p. m., y aprovechando que los funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (CPBEZ), responsable de la custodia externa del penal, abandonaron la garita, unos 150 internos, entre ellos cuatro reclusas, empezaron la protesta. Con pancartas, algunos con tapabocas y otros sin camisa se apostaron en la avenida Andrés Bello del sector La Misión”.

Ferrer recogió el testimonio de uno de los manifestantes: “Antes de salir se acordó con los líderes de cada patio que no habría disparos. Una detonación y nos mataban a todos. Otra cosa, es que debíamos estar en grupo para evitar que los funcionarios dispararan creyendo que había fuga”.

Segundos después, se divulgó el primer video. Para no alarmar a los vecinos, el recluso que grababa aclaró que no se trataba de una fuga masiva.

Se les estaban violando sus derechos, su posibilidad de sobrevivir y salían a exigirlos.

El primer grupo proclamó a gritos su primera petición: “Dejen pasar la comida, el agua y la medicina y nosotros nos guardamos”, recordó otro interno.

Los guardias, según recordaron los privados de libertad, accedieron a las demandas. Habilitarían una carretilla para que todos los familiares depositaran ahí sus insumos y la dejarían en la entrada del penal. “Eso iba a generar que nos matáramos unos con otros. Aquí para que no se pierda la comida ni nada, el familiar debe acercarse al portón y que su preso vea qué entrega. Por eso no se aceptó”.

Antes de la 1:00 de la tarde, salió otro grupo mayor. Sacaron en hombros a los presos en condiciones más críticas. Hacía más de 24 horas que al retén no entraba ni un litro de agua potable; del pozo artesanal en el frente del recinto emana agua salobre, por eso no se bebe, explicó un interno.

Motivados por las restricciones de movilidad por la COVID-19, muchos familiares desistieron, no esperaron más y volvieron a sus casas con sus viandas. A las 3:30 de la tarde, dejaron entregar algunos alimentos. Tal como lo prometieron quienes lideraban la protesta, todos los privados volvieron al recinto”.

Como ya contamos, los presos salieron, protestaron y volvieron a su centro de reclusión. Es algo inexplicable, pero pasa en Venezuela.

Finalizo diciendo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó el 6 de febrero de este año medidas cautelares al Retén de Cabimas, cuyos peticionarios somos Una Ventana a la Libertad. El organismo de la OEA ordenó:

a) adopte de forma inmediata las medidas que resulten necesarias para proteger la vida e integridad personal de las personas beneficiarias. Estas medidas deben ser adoptadas por el Estado atendiendo a las condiciones diferenciadas de las personas que se encuentran privadas de su libertad, en especial, las mujeres embarazadas y aquellas que sean madres;

b) adopte las medidas pertinentes para adecuar la situación descrita a las normas internacionales aplicables en materia de tratamiento de personas privadas de libertad, las cuales pueden incluir decomisar las armas que se encuentren en poder de los internos, reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de detención, brindar atención médica a las personas que lo requieran, proveer personal capacitado y en número suficiente para asegurar el adecuado y efectivo control, custodia y vigilancia del centro, separar a las personas condenadas de las que aquellas que no lo están, entre otras medidas;

c) concierte las medidas a adoptarse con la representación de la presente medida cautelar;

d) informe sobre las medidas adoptadas tendentes a la investigación de los hechos alegados que dieron origen a la presente resolución, para así evitar su repetición.”

El régimen sigue indiferente a todo esto y los presos muriendo cada día más.

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El informe que descontroló al régimen, por Carlos Nieto Palma

@cnietopalma

Hoy voy a referirme al informe que presentó el pasado 14 de septiembre la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, creada el 27 de septiembre de 2019, por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El propósito: “que investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

El Consejo de Derechos Humanos pidió a la Misión que presentara un informe sobre sus conclusiones durante un diálogo interactivo en su 45º período de sesiones, en septiembre de 2020. Al momento de escribir mi artículo se está efectuando la primera parte de este dialogo interactivo, por lo que podrán surgir cosas nuevas que aquí no podré reflejar. Igualmente, en este artículo, haré citas textuales del informe in comento.

“El 2 de diciembre de 2019, el presidente del Consejo de Derechos Humanos nombró a Marta Valiñas de Portugal, Paul Seils del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Francisco Cox de Chile como miembros de la Misión de determinación de los hechos. La Sra. Valiñas fue designada como presidenta. La Misión contó con el apoyo de una secretaría de 13 funcionarios con sede en la Ciudad de Panamá; integrada por un coordinador, investigadores de derechos humanos, asesores legales y de género, expertos militares y en tecnología digital y funcionarios de seguridad, administrativos y de presentación de informes”.

Este informe ha causado un gran revuelo dentro de los aliados al régimen de Maduro por lo claro, contundente y grave de su contenido.

Me atrevo a decir que marca un hito histórico en comparación con informes anteriores, presentados por organismos internacionales. Porque este da nombres de responsables directos de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro. Desde su presentación, todos los jerarcas del régimen han tenido su espacio en televisión, en cadena nacional, para defender lo indefendible.

Que Venezuela sea un país forajido en materia de derechos humanos no es una noticia nueva. Desde hace mucho tiempo el régimen venezolano, ante las denuncias de violaciones a los derechos humanos, ha optado por hacerse la vista gorda. Y cuando la cosa se le complica, se retira de los organismos internacionales, como hizo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y con la Organización de Estados Americanos.

Con este informe se caen las caretas, como cuando al final de una fiesta de disfraces los participantes del sarao se las quitan y cada quien sabe quién es. El régimen y sus secuaces han quedado al descubierto; ahora no saben cómo enderezar el entuerto.

Este informe es una demostración clara de que el trabajo conjunto, desprendido de egos y protagonismos absurdos, da buenos resultados. A pesar de que el régimen no dejó entrar a Venezuela a los miembros de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos, por diferentes formas lograron hablar con víctimas y sus familiares; así como con periodistas, abogados y organizaciones de derechos humanos con un trabajo reconocido en Venezuela. Y elaborar estas contundentes 444 páginas que todo el mundo debe conocer.

La gran conclusión del informe es que lo que muchos venezolanos sin miedo hemos venido denunciando desde hace tiempo: que en nuestro país se cometen violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Era mucho más lo que quería escribir, pero el espacio no me lo permite. Cierro ratificando lo que ya otras veces he dicho y me da un respiro de satisfacción: las violaciones a los derechos humanos no prescriben. Y en algún momento los responsables de esto tendrán que rendir cuentas; la justicia a veces tarda, pero siempre llega y esta no es la excepción.

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Tuberculosis y desnutrición, la pandemia de los presos venezolanos, por Carlos Nieto Palma

La tuberculosis y la desnutrición se han convertido en la causa principal de la muerte de los presos en Venezuela. Imagen: fragmento de la obra Ríos de sangre, de Oswaldo Guayasamín

@cnietopalma

Ahora que la covid-19 azota al mundo entero, de lo cual no escapa Venezuela, quiero referirme a otra pandemia: la de tuberculosis y desnutrición que padecen los presos en el país. Sin ningún tipo de apoyo, los privados de libertad en las cárceles y centros de detención preventiva mueren víctimas de ella, ante la total indiferencia del Ministerio para el Servicio Penitenciario y demás autoridades del régimen.

La tuberculosis es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “una enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. Es curable y prevenible. La tuberculosis se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos tuberculosos al aire. Basta con que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada.

La misma organización define a la desnutrición como “el retraso del crecimiento (estatura inferior a la que corresponde a la edad), la emaciación (peso inferior al que corresponde a la estatura), la insuficiencia ponderal (peso inferior al que corresponde a la edad) y las carencias o insuficiencias de micronutrientes (falta de vitaminas y minerales importantes)”.

Ambas enfermedades, la tuberculosis y la desnutrición, se han convertido en la actualidad en la causa principal de muerte de gran cantidad de presos en Venezuela.

Esta afirmación la damos en base a estudios que hemos realizado desde la organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad (UVL), que desde hace varios años viene estudiando este tema.

Para 2017, UVL en su informe anual reportaba la muerte de 8 reclusos por tuberculosis y 9 por desnutrición, lo que representaba para esa fecha, solo en los centros monitoreados por ellos, el 26.16 % del total de presos muertos para ese año.

Para el año 2018, ya UVL, reportaba 117 muertos por tuberculosis y 17 por desnutrición; lo que ya representaba 134 reclusos de los 305 que durante ese año se reportaron como fallecidos.

Es importante destacar que estas son cifras aproximadas, ya que en UVL no monitoreamos los aproximadamente 500 centros de detención preventiva que hay en Venezuela. Así que es de suponer que son muchos más los fallecidos por estas causas; donde tampoco están incluidos los recintos carcelarios dependientes del Ministerio para el Servicio Penitenciario. Entre ambos suman un aproximado de 110.000 privados de libertad.

En el año 2019 logramos constatar la muerte de más de 50 presos, entre ambas enfermedades. Y lo que nos parece realmente alarmante es que la investigación determinó que en los centros monitoreados encontramos 224 reclusos con tuberculosis y 289 con desnutrición, lo cual nos da un total de 513 presos con estas enfermedades. De estos muy pocos han recibido atención médica o se les ha dado algún tipo de tratamiento; en su mayoría, los cuidados médicos corren a cuenta  de sus familiares, pues en los centros donde se encuentran detenidos no hay ningún tipo de medicamento.

Para el primer semestre de este año 2020, se lograron determinar 36 muertos por tuberculosis y 7 por desnutrición. A esto le debemos sumar que se logró determinar que existían 397 reclusos enfermos por tuberculosis y 517 por desnutrición en los calabozos policiales monitoreados.

Con las cifras dadas anteriormente, aunado a los altos niveles de hacinamiento, 247 % en este periodo, no hay dudas de que la tuberculosis y la desnutrición es la verdadera pandemia que viven los presos venezolanos, ante la indiferencia total de las autoridades encargadas de su custodia.

Con cifras de este tipo y ya sabiendo que la covid-19 llegó a los recintos carcelarios, no es de extrañar que, en un futuro no muy lejano, lamentablemente esta pandemia mundial cause grandes estragos y muertes en nuestras cárceles.

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Ya van 109 presos con covid-19 en Venezuela, por Carlos Nieto Palma

“Lo que advertimos desde marzo se está cumpliendo: ya van 109 presos con covid-19”. Foto Pixabay, comp. Runrunes.

@cnietopalma

Lo que hasta hace poco tiempo presumíamos que podía pasar, ya está pasando: la covid-19 se esparce entre la población privada de libertad en Venezuela. Aunque las autoridades del Ministerio Penitenciario, que está estrenando nueva ministra, vociferan que todo está perfecto, la situación no es así.

Al momento de escribir esta nota tenemos confirmados, por diferentes autoridades regionales, la cantidad de ciento nueve (109) privados de libertad que han dado positivos a las pruebas de coronavirus practicadas; esto en 6 estados del país.

88 en Nueva Esparta

La cifra mayor la dio a conocer el “protector” del estado Nueva Esparta, Dante Rivas, quien a la fecha reporta ochenta y ocho (88) reclusos víctimas de la pandemia. Los números de casos por centros de reclusión neoespartanos son lo siguientes: 36 en los centros de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana; 17 en el CONAS; 10 en la sede de la Guardia; 24 en la Policía del estado Nueva Esparta (lapolebne), en La Asunción; y 1 en un sitio no especificado.

9 en Táchira

En el estado Táchira nueve (9) detenidos del Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de la delegación Táchira, resultaron positivos para Covid-19. La información fue confirmada por la doctora Amelia Fressel, autoridad única de salud de la región.

5 en Barinas

Cinco privados de libertad recluidos en los calabozos del Cicpc de Barinas, capital del estado Barinas, dieron positivo por contagio de covid-19, de acuerdo al anuncio hecho por el gobernador Argenis Chávez a través de sus redes sociales.

4 en Miranda

Cuatro privados de libertad en los calabozos de la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ubicada en Los Teques capital del estado Miranda, dieron positivo en la prueba diagnóstica PCR para covid-19. Ello activó las alarmas de las autoridades del cuerpo de seguridad, según lo indicó la alcaldesa del municipio Guaicaipuro, Wisely Álvarez, en su cuenta twitter. Al igual que uno en la cárcel de Ramo Verde.

2 en Lara

Dos (2) privados de libertad que se encuentran en distintos Centros de Detención Preventiva (CDP) del estado Lara resultaron positivos a Covid-19, confirmaron la gobernadora de la región Carmen Meléndez y la policía del estado Lara (Polilara).

El primer caso de un preso contagiado con coronavirus en ese estado se detectó en un comando vial de Polilara, ubicado en Tintorero, municipio Jiménez, específicamente en el kilómetro 22 de la carretera Panamericana que comunica a Lara con los estados Zulia y Trujillo. El segundo caso encuentra en un CDP de la Guardia Nacional Bolivariana asentado en el peaje Jacinto Lara del municipio Torres, fronterizo con Zulia.

1 en Sucre

La alcaldesa de Carúpano, Nircia Villegas, confirmó la muerte de un preso por contagio de covid-19 en el municipio Bermúdez, estado Sucre. El anuncio fue hecho a través de un programa de radio local, donde especificó que el privado de libertad tenía 29 años y padecía de tuberculosis. Este se encontraba recluido en el Centro de Formación Hombres Nuevos Carúpano.

Estos son los datos oficiales que ha logrado monitorear la organización Una Ventana a la Libertad. Igualmente no debemos dejar pasar que en otros estados han ocurrido numerosas muertes por tuberculosis, enfermedades respiratorias y desnutrición.

Esta situación ocurre tanto en los centros de detención preventiva como en las diferentes cárceles del país, con mayor gravedad en los recintos penitenciarios de Carabobo, Lara, Falcón, Zulia y Bolívar; solo por citar los estados donde consideramos que la situación es más preocupante.

Desde el inicio de la cuarentena, el pasado mes de marzo, advertimos lo grave que resultaría que la covid-19 llegara a las cárceles y CDP del país, por la insalubridad y hacinamiento que presentan. Condiciones que imposibilitan cumplir con las medidas básicas recomendadas para prevenir el contagio, como el distanciamiento social, lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón, así como el uso de mascarillas de protección.

Ojalá la recién designada ministra para el Servicio Penitenciario cumpla con su trabajo y garantice las condiciones de vida y el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad del país.

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Calabozos policiales: un semestre de caos, por Carlos Nieto Palma

En los 273 calabozos policiales monitoreados caben 7191 reclusos, pero han metido a 22.664. En la gráfica, un centro de Lara. Foto Edgar Zambrano / El Impulso, 2017.

@cnietopalma

Una Ventana a la Libertad (UVL), organización de la cual soy su fundador y coordinador general, presentó su informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en los centros de detención preventiva de Venezuela, durante el primer semestre del año 2020.

Este es el decimotercer informe que se presenta en los últimos 4 años, de los 23 que tiene de fundada UVL, sobre la grave crisis que se vive en los centros de detención preventiva o calabozos policiales de Venezuela. Convertidos estos en las nuevas cárceles del país.

El informe lo elaboró un equipo de investigación coordinado por la Dra. Magaly Huggins. Nuestro  grupo de investigadores está formado por 21 profesionales de la Comunicación Social que monitorean 19 estados del país. Todo esto bajo una rigurosa metodología en la búsqueda de cifras reales, tomando en cuenta la opacidad informativa del Estado venezolano, que no da cifras oficiales de nada de lo que aquí ocurre.

Se trata de un informe atípico con respecto a los que normalmente presentamos, por la situación de covid-19 que vivimos hoy. El semestre lo dividimos en 2 partes: la primera de enero a marzo, y la segunda de marzo a junio, ya en plena pandemia. Indudablemente la investigación en la segunda parte se complicó por la cuarentena. Sin embargo, hay que reconocer el gran trabajo realizado por nuestro equipo de investigación para recolectar la información necesaria.

La investigación se realizó en 273 centros de detención preventiva o calabozos policiales, de los aproximadamente 500 que existen en todo el país. Estos centros monitoreados tienen una capacidad para 7191 reclusos, pero al momento de la investigación había 22.664. Lo que representa un hacinamiento del 248 %. De este grupo, 1757 son mujeres; es decir un 7.75 % de la población, porcentaje que se ha mantenido constante en los últimos años.

Como dato importante de esta investigación, está la muerte de 118 reclusos. 65 de ellos por enfermedades, en donde la tuberculosis es la causa principal con 38 muertes; igualmente 11 reclusos fallecieron por problemas respiratorios, 7 por desnutrición y 41 fueron ajusticiados en intentos de fuga o supuestos enfrentamientos con los cuerpos policiales en su recaptura.

Hay que destacar que se mantiene la tendencia del pasado año 2019, cuando las enfermedades y la desnutrición fueron las causas principales de fallecidos en estos centros; a diferencia de años anteriores, donde las riñas y enfrentamientos entre reclusos ocupaban el primer lugar.

Es realmente alarmante la crisis de salud que se vive en los centros de detención preventiva o calabozos policiales. Aclarando que esta no guarda relación con la covid-19. Ya el caos preexistía. Incluso, Una Ventana a la Libertad tiene varios años denunciando la crisis de salud que se vive en estos sitios, ante la indiferencia absoluta del Estado venezolano.

El informe de UVL determinó que en los centros de detención preventiva monitoreados existen: 185 reclusos con enfermedades infectocontagiosas, 397 con tuberculosis, 1177 con enfermedades de la piel y respiratorias y 517 con desnutrición. Las cifras realmente alarmantes del informe nos demuestran las violaciones masivas que se cometen contra los hombres y mujeres privados de libertad en Venezuela.

No hay dudas que Venezuela es un Estado forajido en todo lo referente al respeto de los derechos humanos de su población. Aquí nadie se salva.

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Flor Isava Fonseca, la penitenciarista, por Carlos Nieto Palma

Flor Isava Fonseca, “la eterna dama del olimpismo” también fue campeona en la solidaridad con los presos de Venezuela. Foto: olympic.org 

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Hoy mi columna semanal se la dedico a una gran dama, gran amiga y gran luchadora por la humanización del sistema penitenciario venezolano. Y quien a los 99 años, después de una extensa siembra por la vida, partió a encontrarse con papá Dios en la eternidad.

Escribo de mi amistad y relación con Flor Izava, a quien conocí a mediados de los años 90 en mi búsqueda de gente interesada en mejorar el sistema penitenciario en Venezuela. Hay datos que no recuerdo bien, solo que mi maestro Elio Gómez Grillo me la presentó y desde allí comenzó una bonita y sincera amistad.

Confieso que no tenía idea de quién era esta señora, así que mi mamá me ayudó a conocer el personaje. La gran humildad que la caracterizaba no hacía suponer su estatus como mujer de la alta sociedad caraqueña, ni sus méritos deportivos. Para mí ella era un enigma que poco a poco fui conociendo.

Poco tiempo antes de conocerla, Flor Izava había creado en 1991 una fundación con su nombre para llevar el deporte a las zonas populares del país. La institución fundaba en las barriadas clubes deportivos donde se instruía a los padres cómo organizar competencias y se les dotaba de material deportivo.

Revisando parte de su vida en Internet, me encontré con esta anécdota narrada por ella misma: “En una oportunidad que estaba visitando uno de los Clubes Deportivos Familiares (así se llamaban) en Ciudad Bolívar, recibí un papelito muy estrujado que decía ‘Nosotros queremos conocerte, somos los presos de la cárcel’”. Y es así como comenzó lo que ella considera lo más importante que ha hecho en su vida: los Clubes Deportivos en las Cárceles.

Sin duda, el trabajo de Flor Isava en las cárceles venezolanas es poco conocido, a pesar de que los clubes deportivos que fundó en las penitenciarías eran “su gran pasión”.

Acompañada siempre de su fiel asistente Rolando, creo que recorrió todas las cárceles del país con una serie de talleres en los que involucraba de una manera especial el crecimiento personal con el deporte, y que tuvieron un gran éxito entre los presos.

Tuve la dicha de acompañarla en varias de estas actividades y el gran honor de que nos apoyara en la creación de Una Ventana a la Libertad, la cual en sus inicios era una especie de colectivo que agrupaba a varias organizaciones que trabajaban en el tema penitenciario. Después se convirtió en una organización autónoma, pero siempre ligada a las organizaciones y personas que ayudaron a fundarla.

Flor siempre se preocupó de la situación de las cárceles del país. Frecuentemente nos reuníamos o hablábamos por teléfono o por correo electrónico por la gran inquietud que compartíamos ante el acelerado deterioro del sistema penitenciario venezolano. Y, sobre todo, cómo podíamos contribuir a solucionarlo.

Recuerdo que un día, en plenas protestas del 2017, me sugirió que convocáramos una rueda de prensa para defender a los miles de jóvenes que estaban siendo detenidos en ese momento. Entonces me dijo “Carlos, vamos a ayudar a esos muchachos, yo me voy con mi silla de ruedas cargando y vemos qué hacemos”.

Sin dudas Flor Isava era una figura extraordinaria. Aparte del gran legado deportivo que nos deja, también está este, que la mayoría de las personas desconoce. Pero es bueno que sepan que allí, apoyando a los presos, también trataba de dar lo mejor de sí.

Para Una Ventana a la Libertad y para mi persona es una gran pérdida, pero su recuerdo y enseñanzas las tendremos siempre en nuestro corazón.

Vuela alto querida Flor. Danos desde allá donde te encuentres mucha fuerza para seguir luchando por los presos venezolanos. Y para humanizar nuestro sistema penitenciario.

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Privatización carcelaria en Venezuela, por Carlos Nieto Palma

@cnietopalma

La privatización de las cárceles  ha sido un tema de muchas discusiones en el mundo entero, algunos a favor y otros en contra. El artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fija las reglas de cómo debería ser el sistema penitenciario de nuestro país. Allí establece que se pueden implementar modalidades de privatización.

La Constitución no lo impone, pero deja la posibilidad de que exista la privatización carcelaria en Venezuela.

El padre del penitenciarismo moderno en Venezuela, mi maestro Elio Gómez Grillo, en la última obra que publicó en vida, Prosa de prisa para presos, decía: “Los establecimientos penitenciarios pueden (…) ser sometidos a modalidades de privatización”. O sea, que “se prevé y se desea la intervención de particulares en ofertas de trabajo, de deporte, de asistencia médica y de recreación para los reclusos. Y queda abierta, igualmente, la posibilidad de intentar, a manera de ensayo piloto, la organización de todo un establecimiento privado.” (Gómez Grillo, 2009, pág. 59).

En un artículo sobre la privatización de cárceles, publicado en la página web de la organización colombiana amiga Dejusticia, Ana Margarita González Vásquez escribe: “La política de privatización de las prisiones que comenzó hace 30 años en Estados Unidos se ha expandido a varios países de América Latina como Chile, Costa Rica, Perú, Argentina, Brasil; y otras regiones del mundo como Sudáfrica o Nigeria”.

Tuve el honor de participar en las discusiones del artículo 272 de la Constitución venezolana de 1999, en la cuales la privatización de la cárceles fue uno de los temas más álgidos.

Sobre todo porque a algunos participantes les costaba mucho entender que, en primer lugar, el planteamiento no era obligatorio; como sí lo era la descentralización de las cárceles, también contenido en ese artículo. Pero que podría darse el caso que quedaran en manos de empresas privadas algunos servicios de la cárcel como los de alimentación, educación y otros que cita el maestro Gómez Grillo en el párrafo aludido.

Finalmente hubo consenso entre los que participaron en las discusiones, donde, por cierto, estaba la hoy ministra para el Servicio Penitenciario Iris Varela. Un consenso que está consagrado hoy en nuestra Carta Magna. Realmente no sabemos cómo podría resultar la privatización de las cárceles en nuestro país. Pienso que, para aplicar sus modalidades, debemos comenzar por solucionar los graves problemas de hacinamiento, retardo procesal o “criminal” -nombre que le acaba de dar el gran jurista Alberto Arteaga Sánchez-, y muchos otros problemas que vive nuestro sistema penitenciario.

Estoy convencido de que la aplicación del artículo 272 de la Constitución ayudaría a solucionar el caos penitenciario que hoy vivimos. Agregándole por supuesto algunos problemas que en 1999 no existían.

Igualmente sería necesaria una reforma importante al Código Orgánico Penitenciario. Ello, porque entre las muchas fallas que tiene se les pasó incluir el contenido de la citada norma constitucional.

Pensando en voz alta, se me ocurre que, dándoles a los amigos de Fe y Alegría la educación de los reclusos sería un importante avance, por sus éxitos en esa área; y esta es una modalidad de privatización. Tal vez crear cooperativas con los familiares para que se encarguen de la alimentación de los presos podría ser otra de las modalidades a tomar en cuenta. En fin, son muchas las ideas que puedan surgir.

Cuando la democracia retorne a Venezuela, que estoy seguro va a pasar, el sistema penitenciario y el respeto a los derechos humanos de los hombres y mujeres privados de libertad debe ser un tema a tomar en cuenta. Porque, en la historia de nuestro país, siempre han estado de últimos en la fila.

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