Carlos Nieto Palma, autor en Runrun

Carlos Nieto Palma

Asistencia al preso liberado, por Carlos Nieto Palma
A los reclusos liberados por la comisión de la ‘Revolución judicial’ se les debe brindar una asistencia pospenitenciaria, establecida en el artículo 272 de nuestra Constitución

 

@cnietopalma

El trabajo de la Comisión para la Revolución Judicial, creada el pasado 21 de junio por Nicolás Maduro con el fin de resolver el hacinamiento de los centros de detención preventiva en Venezuela, ha ocasionado la liberación de un buen número de reclusos de los diferentes calabozos policiales y cárceles del país.

Hoy quiero hablar de la asistencia que se les debe brindar a los reclusos liberados, establecida en el artículo 272 de nuestra Constitución nacional como asistencia pospenitenciaria. Esta se les debe dar a los privados de libertad excarcelados para evitar que vuelvan a delinquir y lograr su reinserción completa a la sociedad. Es ayudar en el paso de la cárcel a la calle.

Sobre este tema Elio Gómez Grillo, padre del penitenciarismo contemporáneo venezolano, manifestó en su obra postrera Prosa de prisa para presos lo siguiente: “No debe olvidarse que el preso recién liberado sufre la llamada “crisis de la liberación”, que comprende las siguientes 4 fases:

Fase explosiva y eufórica

Un preso liberado la ha considerado así: “Es el placer de volver a ser niño y aprender a usar los instrumentos habituales para comer: el tenedor, la cuchara, la servilleta y también aprender, lentamente, a caminar libremente por la calle y atravesar las avenidas y con toda naturalidad ver que el policía, en vez de caminar atrás, puede caminar adelante”.

Fase depresiva de adaptabilidad

Un preso liberado lo dice: “Todos me dan la espalda”. Ocurre que el medio le es hostil, que es rechazado por todos y en todas partes.

Fase alternativa

El sujeto se debate entre permanecer en la sociedad que le está rechazando o volver a delinquir. En la cárcel no es rechazado, porque es igual a los demás presos. En la calle es rechazado, porque es inferior a las demás personas. Además, la cárcel le ofrece techo y comida. El rechazo en la calle le niega la posibilidad de trabajar honradamente para tener ese techo y esa comida. El sujeto sufre crisis de angustia, cambios de humor y síntomas de agresividad ante la necesidad de tomar una decisión: la calle con sus rechazos o el delito con la terrible posibilidad de ser otra vez un preso más.

Fase de fijación

Es la salida definitiva. El sujeto fija esa salida. O se adapta definitivamente a la vida en sociedad con todos sus inconvenientes o delinque de nuevo”.

Por otra parte, el Código Orgánico Penitenciario en sus artículos 165 al 170, le otorga al Ministerio para el Servicio Penitenciario la facultad de brindar esa atención a los presos liberados. Por lo tanto es a ellos a quienes les corresponde dar asistencia a los reclusos que han sido beneficiados con la libertad por la Comisión para la Revolución Judicial.

La falta de planificación en el trabajo que realiza la mencionada comisión, no la llevó a prever la asistencia a los reclusos liberados. Y lamentablemente estamos viendo casos de reincidencia en nuevos delitos de algunos presos liberados.

Sabemos que el sistema penitenciario venezolano no cumple su función de reeducar a los privados de libertad para reinsertarlos a la sociedad una vez son liberados. Contrario a esto, nuestras cárceles y centros de detención preventiva son verdaderas universidades del delito. El hacinamiento, la falta de clasificación de los reclusos y el ocio, son algunas de las causas por las que la reinserción social de los hombres y mujeres privadas de libertad no tiene éxito en Venezuela.

Por eso, si a este grupo importante de reclusos que está siendo liberado por la llamada revolución judicial, no se le hace un seguimiento a lo que hace en su nueva vida en libertad, muy pronto volveremos a ver las cárceles y centros de detención preventiva abarrotados de gente.

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Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

A 60 días de revolución judicial, por Carlos Nieto Palma
El gobierno no tiene idea de la crisis de los calabozos policiales, por eso la ‘Revolución Judicial’ poco logró al concluir este 21/8 el temerario plazo de 2 meses que dio Maduro para resolverla

 

@cnietopalma

El pasado 21 de agosto se cumplieron 60 días desde que Nicolás Maduro, en una reunión del Consejo de Estado realizada en el Palacio de Miraflores, creara la Comisión para la Revolución Judicial. Entonces fueron designados los diputados de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello y Cilia Flores, en calidad de presidente y vicepresidenta, así como por la presidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Lourdes Suárez Anderson, como secretaria.

Según palabras del propio Maduro en esa oportunidad, “En un plazo de 60 días la Comisión Especial deberá solucionar el hacinamiento y retardo procesal en centros de prisión preventiva del país”. 

Ya los 60 días de plazo acordado transcurrieron. Por eso hoy quiero hacer un breve análisis del trabajo que, en líneas generales y según nuestra apreciación, ha efectuado esta comisión.

En primer lugar, tal y como lo dijimos cuando fue creada, el lapso de 60 días dado por Maduro para descongestionar los centros de detención preventiva del país, así como para solucionar el retardo procesal, era muy corto para la magnitud del problema. 60 días después vemos que no se ha logrado el objetivo planteado.

Si bien es importante que al fin el gobierno asumiera la grave situación que se vive en los centros de detención preventiva o calabozos policiales y se hayan tomado medidas al respecto, considero que no se tenía una verdadera idea de la grave situación de estos recintos. Esto impidió una planificación detallada del trabajo a realizar, así como la confección de un manual de procedimientos a ser aplicado por todos los que participan de esta comisión, una de las más grandes debilidades que tiene.

Como lo he denunciado en muchas oportunidades, los calabozos policiales se han convertido en las nuevas cárceles de estos tiempos, a pesar de que son recintos para alojar a privados de libertad por lapsos no mayores a 48 horas. Por su misma naturaleza temporal o de tránsito, no reúnen condiciones ni de infraestructura, ni higiénicas, ni de seguridad para tener a presos de manera permanente, como viene ocurriendo desde hace varios años.

La crisis de los calabozos se llama Iris Varela

No podemos olvidar que la situación de los centros de detención preventiva es consecuencia de una decisión arbitraria de la exministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela. Hace unos cuantos años, el 3 de agosto de 2011 para ser exactos, decidió prohibir el ingreso de nuevos reclusos a las cárceles dependientes de ese ministerio, si ella no lo autorizaba. Esta y ninguna otra es la causa de que estos recintos se hayan convertido en las nuevas cárceles de la revolución.

A esto hay que agregarle que el retraso procesal en Venezuela afecta aproximadamente al 70 % de la población penitenciaria, una cifra verdaderamente alarmante y considerada como la más alta del continente.

El trabajo de la comisión va a continuar. Los 60 días anunciados quedaron cortos para cumplir con el trabajo asignado. Como recomendación para que se pueda lograr el cometido propuesto de descongestionar los centros de detención preventiva o calabozos policiales, es necesario la construcción de nuevos recintos carcelarios. Hay estructuras prefabricadas que en otros países han dado buenos resultados y su construcción se hace en corto tiempo. Otra opción puede ser rehabilitar los recintos carcelarios que fueron cerrados por el Ministerio Penitenciario y ponerlos nuevamente en uso.

Como reflexión final, me viene a la memoria que cuando se creó el Ministerio para el Servicio Penitenciario en julio de 2011, hace ya 10 años, una de las primeras promesas de la para entonces titular de ese despacho, Iris Varela, fue la construcción de un recinto carcelario en cada estado del país para reclusos procesados. Hasta el presidente Hugo Chávez emitió en el momento un decreto emergencia en materia de infraestructura penitenciaria, pero nada de esto se cumplió. Ningún recinto se construyó y por eso el caos que vive nuestro sistema penitenciario en la actualidad.

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Calabozos policiales: un semestre de enfermedades, por Carlos Nieto Palma

Ana llora a su hijo Jorvi Escalona, joven de 29 años que murió de tuberculosis y desnutrición extrema en un calabozo de Barquisimeto, en 2018. En lo que va de 2021 han muerto por las mismas causas otros 47 reclusos. Foto del episodio 7 del pódcast Voces del desamparo

Los presos venezolanos ya no tienen ni fuerzas para pelear. La mayoría muere de hambre y enfermedades

 

@cnietopalma

La pasada semana la organización Una Ventana a la Libertad (UVL), que desde hace 23 años se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, presentó su informe del primer semestre del año 2021. El mismo recoge el monitoreo que durante los últimos cinco años hace la organización en los centros de detención preventiva o calabozos policiales de Venezuela.

Este monitoreo fue realizado en 21 estados del país por el equipo de investigación de UVL, formado por 23 investigadores y coordinados por la doctora Magaly Huggins. Bajo una metodología de trabajo con objetivos definidos previamente, el equipo logró levantar la información de 289 centros de detención preventiva del país.

Con este, Una Ventana a la Libertad suma 15 informes, entre semestrales, anuales y especiales, dando a conocer la grave situación de los reclusos que se encuentran en estos recintos. Estos espacios teóricamente transitorios, donde legalmente los detenidos deben permanecer por lapsos no mayores de 48 horas, lamentablemente se han convertido en las nuevas cárceles venezolanas, creando un sistema penitenciario paralelo al que tradicionalmente conocemos y que depende del Ministerio para el Servicio Penitenciario.

Como dato importante de este informe, destaca la grave situación de salud que se vive en estos recintos.

De los 95 reclusos fallecidos en el primer semestre de este año, según el informe de UVL, 72 murieron por enfermedades.

La tuberculosis es la principal causa de muerte con más del 65 % de los casos, 47 para ser exactos. El resto de las muertes se distribuye en cinco causas principales: infarto, desnutrición, enfermedades respiratorias como neumonía, y síntomas de covid-19; Otras patologías importantes fueron cirrosis, hemorragia pulmonar, amibiasis y VIH. Hubo tres defunciones cuyas enfermedades no se especificaron.

La segunda causa de muerte en los centros monitoreados por UVL fue la de supuestos enfrentamientos entre funcionarios y reclusos fugados. Así, 15 reclusos fugados murieron en “procedimientos de recaptura”, mientras que otras ocho defunciones se dividen de la siguiente manera: tres en riñas, tres por abusos de funcionarios y dos en motines.

Es importante destacar que desde hace más de un año las muertes por enfermedades, tanto en cárceles como en calabozos policiales, ha desplazado por completo a las ocurridas por enfrentamientos entre reclusos o motines, que anteriormente era la causa principal de muertes en el sistema penitenciario venezolano.

En materia de enfermedades reportadas en los centros de detención preventiva monitoreados por UVL, la escabiosis (sarna) es la principal enfermedad detectada, con 1522 presos afectados; luego la desnutrición con 1468 casos; tuberculosis con 1095; gripe con 437; enfermedades respiratorias con 419; fiebre con 117; diarrea con 84; covid-19 con 43; y VIH 19 casos.

Son cifras verdaderamente alarmantes. Lllama la atención que aunque las cifras por covid-19 no son altas, queda la duda de si los casos de gripe, enfermedades respiratorias y fiebre podrían estar relacionados con la pandemia.

Otro de los graves problemas detectados en el informe de Una Ventana a la Libertad es el grave hacinamiento que se vive en estos recintos. Los 289 recintos monitoreados tienen una capacidad para 8634 personas y se encontraban ellos 25.186, lo que representa un 292 % de hacinamiento.

Falta esperar los resultados del trabajo de la Comisión de Revolución Judicial, creada por Nicolás Maduro el 21 de junio de este año, casi terminando el semestre monitoreado por UVL. Esperamos que este sirva para cambiar la dramática situación que se vive en los centros de detención preventiva o calabozos policiales, que es el mandato principal de esta comisión.

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A un mes de la revolución judicial, por Carlos Nieto Palma
A más de un mes de creada la comisión de revolución judicial, sobresale la opacidad oficial, la falta de planificación y diputados convertidos en jueces de facto

 

@cnietopalma

El pasado 21 de julio cumplió un mes la Comisión para la Revolución Judicial, creada por Nicolás Maduro con el fin de eliminar el retardo procesal que viven los privados de libertad en Venezuela. Así como para descongestionar los centros de detención preventiva o calabozos policiales. Para esto se dio un lapso de 60 días.

Desde la creación de esta comisión he visto con buenos ojos que finalmente se volteara la mirada a la grave situación que viven los presos venezolanos, de los cuales aproximadamente el 70 % no tienen aún una sentencia definitiva, a pesar de los muchos años encarcelados. Con ello se violan derechos constitucionales como el debido proceso y la presunción de inocencia.

Aunado a eso, es importante que finalmente se reconozca la grave situación que se vive en los centros de detención preventiva o calabozos policiales, espacios para tener a reclusos por lapsos no mayores de 48 horas, pero que se han convertido en las nuevas cárceles venezolanas. Esto es un avance.

La organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad, tiene 5 años denunciando esta situación, tiempo en el que ha elaborado más de una docena de informes alertando de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en estos recintos; y es solo ahora que se decide tomar alguna acción para solucionar el problema.

Opacidad oficial, improvisación e intromisiones

Hoy, a más de un mes de creada la comisión de revolución judicial, considero importante hacer un balance de lo que han realizado en todo el país, a pesar de que una de las características principales que hasta ahora tiene el trabajo hecho es la falta de información oficial con datos claros.

Considero también que falta una planificación detallada del trabajo que se debe realizar, así como manuales de procedimientos que unifiquen la labor de las diversas comisiones creadas en los diferentes estados del país. Esto ha creado una disparidad de criterios a la hora de revisar los expedientes de la población presidiaria.

Vemos con preocupación que en muchos casos los diputados que integran esta comisión asumen la potestad de otorgar libertades o no, lo que es una intromisión en el trabajo y las decisiones que deben tomar los jueces, que es a quienes les compete estas medidas.

Falsas expectativas

Otra de las críticas que considero oportuno señalar, que además califico como la más grave, es sobre las expectativas que han creado entre la población privada de libertad y sus familiares. Ante la opacidad de información, estos se han imaginado que todos los presos van a salir en libertad, cosa que no es así. Pero al no haber reglas claras, todo queda a la libre imaginación, más dentro de un grupo de la población que ha tenido que sufrir las consecuencias de un sistema penitenciario cuya característica principal son las violaciones reiteradas de los derechos humanos. El mismo que, lejos de cumplir con la función de reeducar a la población privada de libertad, convirtió las cárceles y centros de detención preventiva en depósitos de seres humanos.

Por último, quiero referirme al plazo de 60 días que Nicolás Maduro dio a esta comisión para descongestionar los centros de detención preventiva del país, asunto que desde el primer momento consideré imposible de cumplir y que ahora, a casi 40 días de haberse dado esta orden, puedo decir con absoluta responsabilidad que no podrá ser realizado.

Aún quedan muchos centros de detención preventiva que atender. Tomemos en cuenta que son más de 500 espacios en todo el país convertidos en pequeñas cárceles, con una población aproximada de 65.000 reclusos, cifras registradas por Una Ventana a la Libertad antes del inicio de la llamada revolución judicial.

En lo personal, apuesto por que sea posible la descongestión de los centros de detención preventiva y vuelvan a ser espacios transitorios solo para las primeras 48 horas de detención y no en las nuevas cárceles venezolanas.

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Día de Nelson Mandela, por Carlos Nieto Palma

«Una nación no debe ser juzgada por cómo trata a sus ciudadanos más distinguidos, sino a los que menos lo son, los presos». Nelson Mandela

 

@cnietopalma

El próximo domingo 18 de julio se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela en homenaje al expresidente sudafricano, luchador por la libertad y la paz en el mundo entero. La celebración que lo honra fue proclamada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 10 de noviembre del año 2009, fecha del aniversario de su nacimiento.

En la mencionada resolución se estableció que se proclamaba este día como homenaje a Nelson Mandela “como reconocimiento de su dedicación al servicio de la humanidad a través de su labor humanitaria en los ámbitos de la solución de conflictos, las relaciones interraciales, la promoción y protección de los derechos humanos, la reconciliación, la igualdad entre los géneros, los derechos de los niños y otros grupos vulnerables, y la defensa de las comunidades pobres y subdesarrolladas; además de su contribución a la lucha por la democracia a nivel internacional y a la promoción de una cultura de paz en todo el mundo”.

Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Mvezo, un poblado cerca de Umtata, provincia del Cabo Oriental en Sudáfrica. En 1942, a los 24 años de edad, se graduó de abogado en la Universidad de Witwatersrand. En 1964 lo condenan a cadena perpetua por sus ideales y activismo político en la lucha por la igualdad de razas; y fue encarcelado en la prisión de Robben Island, frente a la Ciudad del Cabo. Allí pasó 17 años en precarias condiciones.

Más tarde estuvo en otras dos cárceles durante 10 años más, sumando una pena total de 27 años. Tras 27 años de reclusión, Nelson Mandela fue liberado en 1990 y comenzó rápidamente a dirigir negociaciones que permitieron la transición, sin guerra civil, hacia la democracia multirracial.

En 1991 asumió la presidencia del Congreso Nacional Africano (CNA), fundado en 1912 con el fin de defender los derechos de la mayoría negra. En 1993, Mandela recibió el Premio Nobel de la Paz por su mensaje de reconciliación y convivencia entre razas, que propició la transición hacia una Sudáfrica democrática.

Nelson Mandela presidió Sudáfrica del 10 de mayo de 1994 al 16 de junio de 1999. Hizo su última aparición pública en 2012, en el Mundial de Fútbol organizado por su país. Murió el 5 de diciembre de 2013 tras 6 meses críticos de problemas pulmonares.

El 17 de diciembre de 2015, cuando se aprueba la reforma a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, se les da el nombre de Reglas Mandela en homenaje a este luchador social. Con ello la Asamblea General de la ONU amplía el alcance del Día Internacional de Nelson Mandela, que se celebra cada año el 18 de julio, para que también se utilice a fin de promover condiciones de encarcelamiento dignas, sensibilizar acerca del hecho de que los reclusos son parte integrante de la sociedad y valorar la labor del personal penitenciario como servicio social de particular importancia. Y, con ese propósito, además invitó «a los Estados miembros, las organizaciones regionales y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a celebrar esa ocasión de manera apropiada».

Ojalá en Venezuela, en un futuro, logremos tener condiciones dignas de encarcelamiento; podamos entender que las personas privadas de libertad tienen derechos humanos, que el Estado debe garantizar y respetar; así como tener un personal penitenciario con credenciales académicas universitarias, como lo establece el artículo 272 de nuestra Constitución Nacional. Así podríamos celebrar el Día Internacional de Nelson Mandela como a él le gustaría.

Termino mi artículo de hoy citando una frase de Nelson Mandela propicia para la ocasión: “Una nación no debe ser juzgada por cómo trata a sus ciudadanos más distinguidos, sino a los que menos lo son, los presos”.

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Vivir entre balas, por Carlos Nieto Palma
En los últimos meses uno se ha convertido en un espectador, al menos auditivo, de los diferentes armamentos que  utilizan las bandas, que lejos de ser el simples disparos de revólver, son de armamento de guerra

 

@cnietopalma

Desde hace unos cuantos años vivo en la zona de El Paraíso en Caracas. Realmente siempre ha sido un sitio tranquilo, con los problemas de delincuencia, agua y otros servicios públicos como se vive en todo el país y afecta a todos los que vivimos en Venezuela.

Desde hace un tiempo para acá, la tranquilidad a la que estábamos acostumbrados los vecinos de El Paraíso, La Paz, Montalbán y otras zonas cercanas, se ha visto afectada por los enfrentamientos de las bandas delictivas que hacen vida en zonas aledañas, como la Cota 905 y más recientemente La Vega, que nos han obligado a vivir entre disparos de armas de fuego de todo tipo a toda hora.

Aun y cuando confieso que soy un completo desconocedor del tema de armamentos, en los últimos meses uno se ha convertido en un espectador, al menos auditivo, de los diferentes armamentos que se utilizan; estos están muy lejos de ser simples disparos de revólver, suenan más bien como de armamento de guerra, cuyo uso solo está permitido a las Fuerzas Armadas Nacionales.

Estos enfrentamientos han convertido, al menos las cercanías de mi casa, en una zona de guerra. Vive uno un estado de zozobra general.

Los disparos, explosiones y la incertidumbre de todos va en aumento cada día; los disparos no cesan ni de noche, ni de día, lo que genera un gran temor a los que habitamos en la zona.

Aunado a esto, no hay información oficial de lo que sucede y las medidas que se están tomando para darle solución a esta situación las desconocemos. Nuestro único medio de comunicación son ahora las redes sociales que nos mantienen informados de lo que pasa.

La situación general ha empeorado de una manera importante en estos últimos días y los enfrentamientos, según las informaciones que uno medio tiene, llegan hasta la parroquia El Valle y El Cementerio, así como los disparos llegan a la zona de Quinta Crespo y San Agustín, una guerra en el suroeste de Caracas.

Algunas personas muertas y varias heridas es el saldo que reportan algunos medios de comunicación de los enfrentamientos ocurridos los días miércoles 7 y jueves 8 en la zona, además de balas de armas de fuego que entran a diferentes apartamentos ubicados en las cercanías de los enfrentamientos, que mantienen en estado de alarma a todos los que estamos cerca de la zona y en absoluto resguardo, no sea que una bala perdida nos alcance.

Igualmente es alarmante el silencio absoluto de las autoridades respecto a lo que está pasando. Ante esto es bueno recordarles que, según lo establecido en la Constitución nacional, los representantes del Estado están obligados a garantizar la seguridad de todos, tal como lo establece el artículo 55 que señala: “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”.

Los habitantes en las cercanías donde ocurren estos enfrentamientos, entre los que me incluyo, exigimos a la vicepresidenta de Seguridad Ciudadana y ministra de Interiores, Justicia y Paz, almiranta Carmen Meléndez, informe sobre lo que está pasando y las medidas que los diferentes organismos de seguridad ciudadana realizan para que vuelva la paz a nuestros sectores.

La seguridad ciudadana es un derecho humano y es obligación del Estado garantizárselas a los ciudadanos. Ya basta de vivir entre balas, en el medio de una guerra que mantiene a gran parte de la población caraqueña en completo estado de indefensión.

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¿Revolución judicial?, por Carlos Nieto Palma

@cnietopalma

El pasado lunes 21 de junio Nicolás Maduro, en una reunión del Consejo de Estado en la que participaron todos los poderes públicos, informo de la creación de una comisión especial de “revolución judicial“, que deberá reformar el sistema de justicia venezolano. Impuso como primera tarea resolver el hacinamiento en los centros de detención preventiva.

Para dirigir esta comisión designó a los diputados Diosdado Cabello como su presidente, Cilia Flores como vicepresidenta y como secretaria ejecutiva a Lourdes Suarez Anderson, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia.

Esta comisión, creo, es la quinta desde que la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 estableciera la Comisión de Reforma Judicial. Y tiene hasta ahora, como tarea principal según dijo Maduro, un plazo de 60 días para resolver el hacinamiento carcelario y el retardo procesal en centros de detención preventiva en el país.

El caso de los centros de detención preventiva es un tema que la organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad (UVL), ha monitoreado en los últimos 5 años por la grave situación desatada en estos centros tras decisión de la para entonces ministra para el Servicio Penitenciario y ahora diputada Iris Varela, de prohibir el ingreso de nuevos reclusos a las cárceles adscritas a ese ministerio, independientemente de donde viniera la orden de traslado, si ellos no daban la autorización. Con esta decisión se inicia el caos de los centros de detención preventiva.

Una Ventana a la Libertad ha presentado a la fecha 8 informes de monitoreo de la dramática situación que se vive en los centros de detención preventiva, entre anuales y semestrales; así como 5 especiales que han tratado temas específicos como el retardo procesal. Tenemos investigadores en todos los estados del país que le dan seguimiento específico y monitorean la situación de estos centros. Diariamente y desde el equipo de investigación de UVL se producen alertas informativos de lo que ocurre en estos recintos, que son publicadas en nuestro sitio web, así como en nuestras redes sociales.

Que no se convierta en propaganda electoral

La decisión de Maduro de crear esta comisión que aparentemente tiene como tarea principal resolver el hacinamiento carcelario y el retardo procesal de los centros de detención preventiva, la vemos, decimos los abogados, como una admisión de hechos de las denuncias reiteradas durante 5 años y que en muchas oportunidades han resonado en organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Como UVL y mi persona lo hemos dicho, desde el mismo momento en que se anunció la creación de la comisión y lo seguimos diciendo, es nuestro deseo que cumplan lo prometido y no se convierta en propaganda electoral.

Hasta ahora es muy reciente la creación de la comisión como para tener un criterio si está funcionando o no, por eso les otorgamos el beneficio de la duda. Creemos es importante que se estén ocupando de los presos en los centros de detención preventiva.

Es bueno aclarar a nuestros lectores que los centros de detención preventiva son espacios diseñados para albergar a privados de libertad por lapsos no mayores de 48 horas. Y que carecen de condiciones, tanto estructurales como de sanidad, para ser lo que son ahora: las nuevas cárceles venezolanas.

Igualmente consideramos que el plazo de 60 días que dio Nicolás Maduro a esta comisión para cumplir el cometido de «eliminar el hacinamiento y el retardo procesal» es muy corto. Cuando la comisión inicie su trabajo, se dará cuenta del monstruo de mil cabezas al que se enfrentan. Un aproximado de 65.00 presos, según nuestras cifras, viviendo en condiciones inhumanas y degradantes y con un retardo procesal que ronda el 70 %.

Les recomendaría que hicieran una visita a los recintos carcelarios cerrados durante la gestión de Iris Varela, a ver si con algunos arreglos pueden ser reactivados y llevar allí a presos de los centros de detención preventiva. Que revisen además los proyectos de construcción de nuevas cárceles y si han avanzado para culminarlos.

También el tema del retardo procesal es importante atacarlo desde el principio. Con una buena revisión de los casos de muchos de los privados de libertad tal vez se pueda otorgarles  una medida sustitutiva o tengan ya la pena cumplida.

Por último, solo esperamos que cumplan bien con la misión encomendada; estaremos dando un seguimiento en tiempo real y objetivo al trabajo que realizan.

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El recule de Iris Varela, por Carlos Nieto Palma

@cnietopalma

No dejan de sorprendernos las recientes declaraciones de Iris Varela, exministra para el Servicio Penitenciario y ahora primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional que instaló el régimen el 5 de enero del presente año.

En la sesión del pasado jueves 10 de junio en esa Asamblea Nacional chavista tuvo un recule completo de todo lo que dijo mientras fue titular del Ministerio para el Servicio Penitenciario, cargo que ejerció desde la creación del mismo, el 26 de julio de 2011, hasta casi su lanzamiento como candidata a la Asamblea Nacional, con un pequeño intervalo de tiempo en que fue miembro de la ilegal Asamblea Nacional Constituyente convocada por la dictadura de Nicolás Maduro.

En los últimos años mucho he escrito y declarado públicamente del caos que vive el sistema penitenciario venezolano y la irresponsabilidad absoluta del Ministerio para el Servicio Penitenciario en este desastre. Porque según el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación de este ministerio, es a este ministerio al que le corresponde velar por los derechos humanos y garantizar las condiciones de vida de todos los privados de libertad, sin importar si están procesados o penados, ni el lugar donde se encuentren.

Una de las características principales de la señora Varela como ministra del MSP durante años, fue alardear de que el sistema penitenciario venezolano era «perfecto”, que no había hacinamiento ni retardo procesal. hasta se atrevió a decir que “Venezuela tenía el mejor sistema penitenciario del mundo”. Y que desde otros países la llamaban a solicitarle consejos para hacer mejoras.

Diputados de la Comisión de Política Interior, entre los que ella estaba, estuvieron recientemente en tres centros de detención en Carora, estado Lara, donde hay privados de libertad pese a no cumplir con las condiciones para mantenerlos allí de manera permanente. Y resulta que la diputada Varela, en su intervención en la Asamblea Nacional, precisó que en esas sedes de los destacamentos de la Guardia Nacional (GN) y en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) “hay privados de libertad, en reducidos espacios y en condiciones críticas y alarmantes”.

Igualmente habló del retardo procesal existente, donde hay presos que tienen hasta 6 años esperando por la audiencia preliminar; debo aclarar que esta audiencia debería realizarse en los primeros 3 meses de detención aproximadamente, según establece nuestra legislación.

Que arregle el desastre que ella creó

Realmente resultaron asombrosas las declaraciones de la señora Varela sobre esta situación. Pareciera que olvidó por completo que, en los últimos 10 años, era ella la responsable de velar por las condiciones de vida y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela.

No recuerda la ahora diputada que ante las graves denuncias que hacían las organizaciones no gubernamentales, entre ellas Una Ventana a la Libertad, de la cual soy su coordinador general, así como familiares, ella guardó silencio y escurrió el bulto, como decimos en criollo, diciendo que eso “no era su responsabilidad”.

Se le olvida a la exministra de Asuntos Penitenciarios que el desastre que se vive en los centros de detención preventiva o calabozos policiales lo causó ella cuando prohibió el ingreso de reclusos a las cárceles, a menos que el ministerio que dirigía lo autorizara previamente.

Ello trajo como consecuencia que estos sitios se convirtieran en las nuevas cárceles venezolanas, como ella misma lo definió, «en condiciones críticas y alarmantes».

Ojala que este recule de la diputada Iris Varela sirva para mejorar las condiciones de vida de los privados de libertad. Que se busque eliminar el retardo procesal tan “alarmante” que se vive en Venezuela; aunque no hay cifras oficiales desde hace muchos años, la población penitenciaria sin sentencia definitiva ronda el 70 %. Y que los calabozos policiales o centros de detención preventiva recuperen su función de tener reclusos solo por lapsos de 48 horas.

Es el momento de que arregle el desastre que ella creó.

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