Carlos Nieto Palma, autor en Runrun

Carlos Nieto Palma

Vacunas para los presos, por Carlos Nieto Palma

@cnietopalma

Realmente el tema de las vacunas para prevenir la transmisión de la covid-19, y las diferentes cepas que han surgido con el tiempo, se ha convertido en el principal tema de preocupación de los venezolanos hoy en día, mucho más cuando vemos que nuestro país va detrás del autobús en lo que respecta a la adquisición de las vacunas requeridas para inmunizar a la población.

Sin ser un conocedor del tema, he visto los conflictos entre las organizaciones que agrupan a los verdaderos expertos en el área de salud y el régimen de Nicolás Maduro que, como lo ha hecho desde que se inició la pandemia, busca politizar la situación, dejando de lado la emergencia que vivimos los venezolanos.

En un excelente material informativo publicado en el portal Prodavinci, llamado ¿Cómo atender a pacientes con covid-19?, la Sociedad Venezolana de Infectología dice: “Hasta diciembre de 2020 la OMS reporta 3 vacunas aprobadas y 5 vacunas con autorización de uso de emergencia para prevenir la enfermedad covid-19. Apartando las vacunas, no existe ningún medicamento aprobado que prevenga la infección”.

Hoy quiero hablar sobre la posibilidad de que entre los grupos a los cuales piensa el régimen vacunar, estén los privados de libertad en las cárceles y centros de detención preventiva en Venezuela, que en total suman un aproximado de ciento diez mil (110.000) personas.

Debemos tener claro, en primer lugar, que los presos en Venezuela no están incluidos en ninguno de los planes activados para tratar la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela. Ni la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), ni otros organismos de cooperación internacional los incluyen. Únicamente la Cruz Roja Internacional (CICR) ha prestado alguna ayuda a esta población vulnerable; aunque de manera particular creo que ha sido muy poca en virtud de la magnitud de la crisis que ellos viven.

A pesar de las graves condiciones de insalubridad en que vive la población reclusa venezolana, aunado a las terribles condiciones de hacinamiento, desnutrición y enfermedades como la tuberculosis, la verdadera pandemia de nuestros recintos carcelarios y centros de detención preventiva, los presos no existen. Ni para el régimen, ni para la oposición, ni para la población en general.

Son más de cien mil personas que viven en Venezuela completamente marginadas de todo y de todos. Son, como decía Eduardo Galeano, “Los nadie: los hijos de nadie, los dueños de nada”. Aunque la legislación nacional e internacional les garantiza sus derechos humanos inalienables, son tal vez la población más marginada e invisibilizada del país.

Estas razones nos hacen presumir que los presos ni están incluidos, ni nunca nadie los incluirá en la lista de personas a ser vacunadas contra la covid-19. Ello, a pesar de la gravedad que implica que en las cárceles y centros de detención preventiva se llegara a desatar esta terrible pandemia que azota al mundo entero, y la gran ola de contagios que esto acarreará y que afectará no solo a los reclusos, sino al personal de custodia y eventualmente a los familiares.

Ojalá me equivoque y se incluyan a los presos entre la población a ser vacunada, si es que realmente la vacunación de los venezolanos contra la covid-19 logra concretarse en algún momento.

Creo que sería importante que los organismos encargados de los planes de vacunación tomaran conciencia de la situación de vulnerabilidad de los privados de libertad. Al igual que el resto de la población, estos hombres y mujeres  también merecen ser protegidos de esta terrible pandemia que nos azota.

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Megarrumba de presos en cárcel de Puente Ayala, por Carlos Nieto Palma

Imagen: capturas de pantalla del video de la megarrumba del penal de Puente Ayala el 6 de marzo pasado, difundido por las RRSS; foto de sede de la cárcel (sup.): archivo El Mercurio Web.

@cnietopalma

Una muestra del gran desastre que se vive en las cárceles de Venezuela son las grandes rumbas o fiestas que organizan los pranes de estos recintos, ante la complicidad absoluta del Ministerio para el Servicio Penitenciario y la Guardia Nacional Bolivariana.

Desde hace muchos años hemos visto la celebración de matrimonios, quince años, además de la existencia de discotecas en pleno funcionamiento en varias cárceles del país, organizadas y controladas por los pranes y sus equipos.

Esto, sin duda alguna, es una muestra de lo que desde hace años vengo denunciando: las cárceles venezolanas están en control de las mafias penitenciarias, integradas por presos, funcionarios del Ministerio Penitenciario y la Guardia Nacional.

A principios del mes de marzo, con música en vivo, lujosa decoración y extrema seguridad se celebraron los 15 años de la hija de Junior Yeguez, alias Pata de Queso, pran del Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, en Barcelona, estado Anzoátegui.

La organización Una Ventana a la Libertad informaba en su sitio web y redes sociales que “Familiares de algunos privados de libertad, quienes prefirieron reservar sus nombres por seguridad, contaron que la celebración inició en horas de la noche del sábado 6 de marzo y culminó al día siguiente en horas de la tarde.

El evento, efectuado en el área de talleres de la cárcel capitalina, contó con la asistencia de allegados y familiares de la cumpleañera, quienes eran custodiados por el grupo que lidera Pata de Queso en el penal.

La celebración se hizo pública luego de viralizarse en redes sociales tres videos donde se puede detallar parte del evento. Entre ellos, el momento en el que Junior abraza a su hija mientras se dejaban escuchar al fondo las palabras dedicadas para la quinceañera.

En otra de las imágenes también se observan algunos de los custodios del pran, quienes portaban armas largas y bordeaban el área para garantizar la seguridad dentro de la celebración e impedir el paso de quienes no estaban invitados”.

Esto es una clara muestra de que son las mafias carcelarias las que controlan el sistema penitenciario venezolano; y que la erradicación del pranato, bajo “un nuevo régimen penitenciario”, es otra farsa de las autoridades.

Una rumba carcelaria como esta nos recuerda la protagonizada en octubre del 2015 por el pran Jean Pier Arenas y Angélica Morales, cuando decidieron celebrar su matrimonio dentro de las instalaciones del Internado Judicial de Barinas (Injuba) en el estado Barinas. Fue una fiesta digna de la gente con dinero y poder, en la cual no faltó el escocés, el banquete y pasapalos, invitados especiales, agencia de festejos y cuanto lujo pueda rodear la boda de una celebridad; incluyendo reseña social en el principal periódico de la ciudad a página completa y a todo color.

Como estas rumbas, hay una lista enorme de celebraciones dentro de nuestras cárceles, con la total complicidad de las autoridades de estos recintos. Cabría preguntarse ¿dónde estaban las autoridades del Ministerio Penitenciario y la Guardia Nacional del Internado Judicial José Antonio Anzoátegui el pasado sábado 6 de marzo, durante la fiesta de celebración de los 15 años de la hija del pran? ¿Ellos dieron el permiso para la fiesta o asistieron como invitados?

Son respuestas que nos gustaría conocer. ¿Qué opina la ministra para el Servicio Penitenciario y el fiscal general designado por la Asamblea Constituyente de esto? Sería importante conocer su opinión. Tal vez es un buen momento para que la nueva ministra salga del silencio absoluto que mantiene desde su designación y ofrezca una explicación al país.

Este tipo de cosas, apartando lo absurdo que puedan parecernos, desvela el caos que se vive en nuestras cárceles. Para muestra, un botón.

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Alimentos y seguridad por sexo, el drama de las presas venezolanas, por Carlos Nieto Palma

Foto: captura de pantalla del video Presas venezolanas detenidas en comisarías hacinadas y olvidadas, de HispanoPost

@cnietopalma

La semana pasada escribí sobre la grave situación que viven las mujeres presas en cárceles y centros de detención preventiva de Venezuela. Hoy, el asesinato de Daniela Geraldine Figueredo Salazar me hace retomar el drama de las presas venezolanas. La joven de 19 años, quien se encontraba recluida en los calabozos la Policía Municipal de Zamora, en Guatire, estado Miranda, fue asesinada por Daniel Alexander Galarraga Ortega, oficial de este cuerpo policial.

Daniela falleció el pasado sábado 13 de marzo, en horas de la noche, de un disparo que supuestamente que se le “escapó” al oficial Galarraga Ortega. La bala le causó una herida fatal con entrada en la región nasal y salida por la región occipital derecha.

Según la información recogida por la investigadora de Una Ventana a la Libertad (UVL), Lidk Rodelo y publicada en el sitio web de la organización el día domingo, “el suceso ocurrió dentro del calabozo femenino, donde hasta el sábado había siete mujeres detenidas. Tras suscitarse el hecho, las privadas de libertad denunciaron a UVL que son hostigadas y obligadas a mantener relaciones sexuales con funcionarios activos y un funcionario privado de libertad”.

“Ellos (los policías) reciben órdenes de un polipreso, al que respetan porque es de rango, que se llama Pedro García. Él es el que nos obliga a tener relaciones sexuales tanto con él y como con los demás funcionarios activos. Anoche entraron varios, uno de ellos le mostró la pistola a Daniela y cuando la apuntó, se le escapó el tiro”, declaró una de ellas a UVL.

Este abuso sexual por parte de los encargados de la custodia de las mujeres detenidas lo venimos denunciando en UVL desde el informe Situación de las mujeres privadas de libertad en Venezuela” (Una narrativa desde las vivencias), presentado en marzo del año 2019 y de donde quiero resaltar este texto:

“Los frecuentes embarazos no siempre son consensuales aun cuando no haya violencia. Esta es otra reclusa que nos explica que, el tercer hijo, es fruto de su relación con un Guardia Nacional dentro del penal. Su historia es conocida por los funcionarios de la defensa pública del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Pero todos argumentan que fue un romance aceptado por ella… XXX no alega violación, asegura que su hijo es producto de una relación sostenida con un guardia nacional, quien le intercambiaba comida y seguridad a cargo de favores sexuales. Al quedar embarazada, el convenio se rompió. Pero XXX decidió tener al niño. Desde entonces ya han pasado más de dos años. Espera ser beneficiada con una medida de libertad y no tener que separarse de su bebé…”

Sigue el informe: “… Intercambio de comida y seguridad a cambio de favores sexuales, ¿cómo llamaríamos este tipo de relaciones sexuales? ¿Estrategia de sobrevivencia? ¿Abuso de poder?”. Violencia de género pues solo por el poder de él, ella podía tener seguridad dentro de la prisión; lo cual es deber del Estado proveerla sin nada a cambio. Y este caso no es una excepción”.

Video Presas venezolanas detenidas en comisarías: hacinadas y olvidadas. En el canal Youtube de HispanoPost

Igualmente, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet, en su informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, presentado el 4 de julio 2020 tras su visita a Venezuela, manifestó: “Los guardias, así como otros reclusos ejercían presión sobre las mujeres para que intercambien sexo por “privilegios” y/o protección”

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela en su informe presentado en septiembre del 2020 menciona esta situación en los siguientes términos: “Mujeres bajo custodia también enfrentaron riesgos adicionales de explotación sexual y sexo transaccional coercitivo. La Misión considera tales actos como violencia sexual precisamente por su carácter coercitivo. No se proporcionó protección adecuada contra estos actos, ni se pusieron bienes o productos básicos sin costo a disposición de todas las personas detenidas para evitar la necesidad de relaciones sexuales transaccionales”.

El informe de la Misión ONU especifica que “El contacto sexual entre custodios y personas detenidas está prohibido tanto por el derecho nacional e internacional. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prohíbe a los funcionarios públicos sostener relaciones sexuales con personas detenidas bajo su custodia; aun en ausencia de violencia o amenazas. En virtud del derecho internacional, se ha determinado que el entorno intrínsecamente coercitivo creado por la detención vicia la posibilidad de un consentimiento genuino para actos sexuales entre los funcionarios o custodios y la persona detenida”

La muerte de Daniela Geraldine Figueredo Salazar, el pasado sábado, demuestra que esta situación sigue practicándose en los diferentes centros de detención donde hay mujeres. Ninguna autoridad del Estado ha hecho caso alguno a estas denuncias; veremos en qué queda esta nueva muerte. Si los cuerpos policiales toman acciones efectivas para erradicar esta situación, o simplemente será un rato más de pan y circo.

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Mujeres presas en Venezuela: marginadas y olvidadas, por Carlos Nieto Palma

Foto en el diario El Correo del Orinoco.

@cnietopalma

Con motivo de haberse celebrado el pasado lunes 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, hoy quiero referirme a las mujeres presas en Venezuela, las cuales siempre he considerado que se encuentran marginadas y olvidadas por todos.

A pesar de que las mujeres representan un grupo bastante minoritario de los privados de libertad en Venezuela, según cifras extraoficiales no son más del 8 % de la población penitenciaria en general, su situación siempre me ha preocupado. Sobre todo por la situación de desventaja frente a los hombres presos.

Desde que hace más de tres décadas inicié mi trabajo en el área penitenciaria, de la mano de mi gran maestro, el Dr. Elio Gómez Grillo, no deja de impresionarme la situación de las mujeres presas. En mis muchas visitas al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), que en esos tiempos era la única cárcel de mujeres que había en Venezuela, lo primero que me llamó la atención fue la soledad en que vivían; en muchos casos por tratarse de reclusas extranjeras, en su mayoría usadas como mulas del narcotráfico. Y el resto porque sus familias las olvidaban por completo.

Entonces la proporción de delitos cometidos por mujeres era de un 80 % aproximadamente en actividades vinculadas al tráfico de drogas y un 20% en delitos comunes. Hoy día esta proporción ha cambiado considerablemente. Vemos con mucha más frecuencia a mujeres presas por delitos comunes, por pertenecer a bandas criminales y otros tipos de delitos no vinculados con las drogas.

Siempre hacía comparaciones de las enormes colas de familiares que se armaban los días de visita en las cárceles de hombres, mientras que en la cárcel de mujeres la visita era muy poca. Era y sigue siendo una proporción bastante significativa. Matemáticamente hablando, por cada 100 personas que hay en la visita a los hombres, solo se ven 5 en las cárceles de mujeres.

Para la sociedad dejan de ser seres humanos, por “pecadoras”

También las mujeres han sido marginadas en lo relacionado al tener una vida sexual sana dentro de los recintos carcelarios, lo cual varía mucho respecto a los hombres. A los hombres no se les hace ningún tipo de exigencia respecto a las llamadas “visitas conyugales”; pueden entrar a ellas quien quiera, inclusive mujeres que ejercen la prostitución. En las cárceles de mujeres las exigencias para esta misma visita incluye una lista enorme de requisitos que van desde la demostración real de matrimonio o un acta que conste que su pareja vive en un concubinato real, hasta exámenes médicos a la pareja, etc.

Quiero citar un texto del Informe sobre la Situación de las Mujeres Privadas de Libertad, presentado por Una Ventana a la Libertad en el 2019, que resume claramente la situación de las mujeres encarceladas en Venezuela:

“En el caso de las mujeres prisioneras o encarceladas, ellas han sido históricamente invisibles para la justicia, la cual las percibe como las malas entre las malas mujeres, es decir las peores. Pero no solo para la justicia sino para toda la sociedad. Cuando hablamos de prisiones o cárceles inmediatamente pensamos en hombres, desde la edad adolescente hasta ya entrada la tercera edad. Aun para los movimientos de mujeres ellas no existen; muy poco hablamos de ellas. Parece que, el haber cometido un delito las hace desaparecer por ser «mujeres malas», dejan de ser seres humanos portadoras de derechos: pecadoras.”

En lo único que las mujeres presas en Venezuela se igualan a los presidiarios es en la falta de atención médica, sobre todo la que es propia a su condición de mujer, la desnutrición y el retardo procesal. De resto, el ser mujeres marginadas y olvidadas es lo recurrente.

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Enfermedades y hambre, el balance carcelario del 2020, por Carlos Nieto Palma

@cnietopalma

Una Ventana a la Libertad (UVL), organización que dirijo desde su creación, presentó ayer jueves 25 de febrero su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en los Centros de Detención Preventiva (CDP) de Venezuela durante el año 2020.

UVL tiene ya más de cinco años monitoreando la situación de los CDP en 19 estados del país por la inquietud que tenía, desde hace varios años, de la grave situación en que se vive en estos sitios. Reductos no aptos para tener a hombres y mujeres privados de libertad por lapsos mayores de 48 horas, pero que lamentablemente en nuestro país se han convertido en las nuevas cárceles del siglo XXI. De hecho, albergan a más de la mitad de los presos venezolanos.

El balance del año 2020 de esta organización, y del cual hoy les daré algunas cifras realmente alarmantes, podemos resumirlo en dos palabras: enfermedades y hambre. Pero que yo le añadiría hacinamiento, retardo procesal y corrupción, para terminar de describir al terrible drama que vive el sistema penitenciario venezolano, ante la indiferencia total de las autoridades, los políticos, del bando que sean. Y, y lo más lamentable, de la comunidad en general.

El horror de los presos venezolanos es tan grande que, ante la emergencia humanitaria compleja que vive el país, ninguna agencia de cooperación nacional e internacional los incluye en sus grupos a ser atendidos. Simplemente no existen.

La información recolectada para el informe presentado por UVL fue obra de 21 investigadores. El equipo, dirigido por la reconocida criminóloga y profesora universitaria Dra. Magaly Huggins, estuvo en 19 estados del país: Amazonas, Apure, Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital y Área Metropolitana de Caracas, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas y Zulia. El estado Miranda está dividido en 3 sectores debido a la importancia del número de CDP en el mismo: Valles del Tuy, eje Guarenas – Guatire y los Altos Mirandinos.

Uno de los datos importantes que nos trae el referido informe es que 208 reclusos murieron en calabozos policiales ubicados en 19 estados de Venezuela durante 2020. Y la principal causa de muerte de la población reclusa detenida en los CDP fueron las enfermedades, con un total de 143 muertes.

En segundo lugar, encontramos las muertes por fugas, 42 o el 20,19 % del total. Estas muertes están básicamente relacionadas al proceso de recaptura, que los funcionarios siempre refieren como enfrentamiento

Según UVL “Las cinco enfermedades que causaron el 87 por ciento de las muertes en los CDP fueron la tuberculosis, con 86 casos, la desnutrición, con 13 defunciones, problemas respiratorios con 12 muertes, problemas cardiacos, con ocho fallecidos y tuberculosis y desnutrición juntas, con cinco casos.

Los datos nos hablan de que en realidad hubo 91 casos de tuberculosis al sumar los cinco que también presentaron desnutrición. La tuberculosis es la verdadera pandemia en los CDP”.

Igualmente determino que “Para finales de año, de acuerdo con cifras extraoficiales confirmadas por Una Ventana a la Libertad en los 19 estados donde tiene investigadores, se confirmó que en estos espacios estaban detenidos 22.469 hombres (92,78 %) y 1.749 mujeres (7,22 %) detenidas, para un total de 24.218 detenidos, cuando el cupo total disponible en los CDP era de 7.457”.

Esto implica un hacinamiento del 325% que es verdaderamente grave. Debo destacar que, en materia penitenciaria, se considera que existe un hacinamiento crítico cuando la cifra supera el 30 %, en Venezuela es de 1000 % más.

Según UVL la falta de agua potable en los calabozos es crónica y duradera desde hace mucho tiempo; en realidad no tienen agua potable y la poca que tienen es proporcionada por los familiares, al igual que los alimentos y medicamentos.

Quiero finalizar invitándolos a leer el informe anual 2020, presentado por Una Ventana a la Libertad. Y descubrir en qué se ha convertido el sistema penitenciario venezolano. Verdaderos campos de concentración o exterminio, donde todos los derechos humanos se les violan a los hombres y mujeres allí recluidos, de manera reiterativa y constante.

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La visita de la relatora de la ONU, por Carlos Nieto Palma

Alena Douhan, relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos. 

@cnietopalma

El pasado viernes 12 de febrero, en una conferencia de prensa sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, culminó la visita que por doce días efectuó a nuestro país, con el objeto de constatar la situación que vivimos en Venezuela.

Días antes de su llegada, un grupo de organizaciones de derechos humanos venezolanas había suscrito un comunicado público dirigido a la relatora donde se le decía: “Desde agosto de 2017 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe al Consejo de Derechos Humanos, había solicitado al Estado venezolano permitir el acceso al país a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y a los mecanismos regionales de derechos humanos. En este sentido, su visita es un paso positivo, pero, por sí solo, insuficiente ante la emergencia humanitaria compleja y la grave situación de derechos humanos del país”.

Continúa el mismo comunicado aclarando lo siguiente: “Es importante destacar que la mayoría de los 44 mecanismos temáticos del Consejo de Derechos Humanos, compuestos por relatores, expertos independientes y grupos de trabajo, pueden asesorar e investigar sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Pese a ello, desde que el gobierno de facto se comprometió con la señora Michelle Bachelet, durante su visita de junio de 2019, a invitar por lo menos 10 mecanismos en el término de dos años, solamente se ha concretado su actual visita. Ese compromiso fue refrendado por el Consejo de Derechos Humanos en su Resolución 42/L4, en septiembre de 2019, proponiendo que por los menos se invitara a los siguientes mecanismos temáticos:

Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias;

el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados;

la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias;

el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria;

la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación;

el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental;

el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y

la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Ninguno de ellos ha visitado el país, ni existen informaciones de que hayan sido formalmente invitados por el gobierno de facto”.

Como era de esperarse la visita de la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alena Douhan, culminó sin pena ni gloria; sin ningún aporte importante para solucionar la grave situación que vivimos los venezolanos ante una emergencia humanitaria compleja, que cada día tiende a agravarse más, aunado a la pandemia de covid-19 que azota al mundo entero.

A pesar de la solicitud expresa, no solo de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, sino de otras del mundo académico nacional donde se le pedía que dentro de la información que debería solicitar la relatora hiciera énfasis en toda aquella relacionada con las consecuencias de la corrupción estructural y su impunidad vivimos en Venezuela, la relatora Douhan hizo caso omiso a las mismas en la presentación de su informe preliminar.

Quiero finalizar transcribiendo una solicitud hecha por el Bloque Constitucional de Venezuela que me parece propicio sea tomado en cuenta por la relatora: “Para la imparcialidad e independencia de la Relatora y para la objetividad de la rendición de su Informe Final planificado para septiembre de 2021, no puede desconocer que los graves problemas y causas relacionados con los derechos humanos son previos a las sanciones, debido a que en Venezuela existe una crisis humanitaria por causa de la inestabilidad política del país, como lo reconoció el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, en el 2016. Y tampoco puede dejar de señalar que la devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, como lo afirmó la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en su Informe de actualización de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de marzo del 2019. Por lo que desde el punto de vista metodológico y científico tales reconocimientos deben ser expresamente reconocidos en el Informe próximo”.

De lo contrario, esta visita no tendrá ningún sentido, como desde ya estamos viendo.

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Presos armados, por Carlos Nieto Palma

@cnietopalma

El problema de los presos armados en las cárceles y centros de detención preventiva de Venezuela no es asunto nuevo. Basta con recordar el homenaje que los reclusos del Internado Judicial de San Antonio en la isla de Margarita le rindieron al que por muchos años fue su pran, Teófilo Rodríguez Cazorla, alias el Conejo, cuando fue asesinado a finales de enero de 2016.

Podemos considerar la exhibición de armas de todo tipo, calibre y modelo en la azotea del mencionado penal, acompañadas de ráfagas de disparos por un buen tiempo, como la muestra más grande del poderío armamentista de los presos venezolanos en la historia penitenciaria venezolana.

Presos armados, por Carlos Nieto Palma
Captura de pantalla del video donde los presos del Internado Judicial de San Antonio, en la isla de Margarita, le rinden tributo a su pran, El Conejo, abatido en enero de 2016.

Los presos venezolanos siempre han estado armados. Anteriormente solo usaban armas de fabricación casera, como los chuzos y chopos. A finales del siglo pasado, de 1998 en adelante, se comenzaron a ver armas de otro tipo, cada vez más sofisticadas y modernas. Ello, sumado al surgimiento de los pranes, aproximadamente desde el 2005 en adelante, hizo que los presos estuvieran, en muchas ocasiones, mejor armados que los funcionarios encargados de su custodia.

Para no irnos muy lejos, el pasado fin de semana un motín arrojó un saldo de un recluso muerto y al menos once heridos en el Centro de Detención Preventiva, CDP, de la Coordinación Policial de la Policía del estado Mérida, ubicado en la población de El Vigía, municipio Alberto Adriani de esta entidad andina. En este motín algunos de los reclusos fueron heridos con armas de fuego. Igualmente, un muerto y 16 reclusos heridos, tres de ellos graves, fue el saldo que dejó la explosión de una granada en el calabozo C del centro de detención preventiva de la Policía del estado Monagas, al oriente de Venezuela. El hecho ocurrió la madrugada de este domingo, 7 de febrero. Y también dejó daños en la infraestructura del calabozo.

Como vemos, los reclusos de Venezuela siguen armados. Los eventos antes narrados son una prueba de ello; de hecho, lo ocurrido en la Policía del estado Monagas fue producto de la explosión de una granada, un arma de guerra que debería únicamente estar en poder de las Fuerzas Armadas Nacionales, pero que aquí son usadas por los privados de libertad como si se tratara de juguetes de uso personal.

Podría narrar en este artículo infinidad de eventos similares que han ocurrido en nuestras cárceles y ahora en los centros de detención preventiva, las nuevas cárceles venezolanas. Acontecimientos donde los presos han demostrado el gran poderío armamentista que poseen. Lo que sí me costaría mucho recordar es en cuál de estos múltiples eventos las autoridades nacionales abrieron una investigación para determinar cómo ingresaron estas armas a los recintos carcelarios.

Las armas que ingresan a las cárceles y centros de detención preventiva no entran volando, alguien debe meterlas.

Y realmente dificulto que sean los familiares quienes lo hacen. No solo porque los visitantes, en su mayoría mujeres, son sometidas a fuertes requisas para su ingreso a estos recintos; sino que porque es imposible que estos puedan ingresar armas del calibre que poseen los reclusos.

Realmente el ingreso de armas a los recintos carcelarios y centros de detención preventiva que se encuentran en poder de los reclusos es otra de las tareas pendientes para darle una solución al problema penitenciario venezolano.

Es necesario que se investigue quiénes y cómo ingresan estas armas a los centros de reclusión. Y que se sancione a los responsables de estos delitos. Cuando eso ocurra podremos decir que hay algún interés de las autoridades en solucionar este grave problema.

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Vicepresidencia para la Seguridad Ciudadana, por Carlos Nieto Palma

@cnietopalma

El pasado 26 de enero, Nicolás Maduro designó a la almiranta Carmen Meléndez como vicepresidenta de Gobierno Sectorial para la Seguridad Ciudadana.

En este nuevo cargo, la también ministra de Interiores Justicia y Paz, según palabras del propio Maduro, tendrá entre sus funciones “la seguridad ciudadana, la paz, el combate al delito, el sistema penitenciario, la justicia y la verdad”.

Es la primera vez, en los 22 años del régimen chavista, que se crea una vicepresidencia para la seguridad ciudadana, a pesar de ser este uno de los más graves problemas que vivimos en Venezuela.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal de México reveló en su reporte de 2018 que Caracas, Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar se encontraban entre las 10 ciudades más peligrosas del planeta. Esta organización elabora un informe anual con las 50 ciudades más peligrosas del mundo para dar un toque de atención a sus gobiernos sobre la violencia urbana.

El inquietante puesto de estas tres ciudades venezolanas se da a pesar de que el 13 de febrero de 2009 se conformó la Comisión Nacional para la Reforma Policial, Conarepol, para construir un “nuevo modelo policial” más eficiente y mejor formado que incluyera las propuestas del pueblo. Teóricamente logró grandes avances de papel. Sin embargo, los mismos nunca fueron implementados y los que se lograron aplicar han sido un fracaso absoluto. Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela, es uno de ellos.

Igualmente, para dar respuesta a la problemática penitenciaria, en diciembre de 2008 se creó el Consejo Superior Penitenciario. El objetivo de la entidad sería “diseñar y formular políticas integrales que atiendan de forma estructural la transformación del sistema penitenciario”. Pero esta instancia tampoco tuvo los éxitos esperados, a pesar de haber hecho una serie importante de propuestas. Como en el caso Coranepol, las ambiciosas propuestas se quedaron en papel y el olvido.

Gran trabajo le toca a la almiranta Meléndez. Con este nuevo cargo tendrá que enfrentar al gran desastre que se vive en la seguridad ciudadana del país, en todos sus componentes: prevención al delito, policías, sistema judicial y cárceles.

Es difícil establecer qué área de la seguridad ciudadana del país funciona o medio funciona; me atrevo a decir que ninguna. No hay prevención de ningún tipo, las policías son un completo desastre, el sistema judicial no trabaja y las cárceles son depósitos de seres humanos.

Ojalá la recién nombrada vicepresidenta de seguridad ciudadana le eche una ojeada a las propuestas olvidadas de la Conarepol y el Consejo Superior Penitenciario y trate de aplicarlas en su gestión. Que se reúna con los mejores, los que de verdad conozcan del tema, dejando la política de lado. Solo se le pide que haga su trabajo, que ayude a darle solución a la crisis.

Le pediría que ponga el ojo en la situación penitenciaria del país. Y, sobre todo, en los centros de detención preventiva o calabozos policiales, que se han convertido en las nuevas cárceles de esta época.

Igualmente, que atienda a los hombres y mujeres privados de libertad, que, entre la tuberculosis, desnutrición y retardo procesal ven sus derechos humanos vulnerados, sin que ninguna autoridad del Estado les preste ayuda ni a ellos, ni a sus familiares.

La seguridad ciudadana es un problema de Estado y como tal debe ser tratado.

Esperamos que esta recién creada vicepresidencia lo haga. De lo contrario, será otro organismo más de la burocracia venezolana ineficiente y corrupta.

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