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La historia no se repite como solía

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La historia política rara vez se comporta como una ciencia exacta. Tratar de sumergir, empotrar o someter la transición venezolana en un modelo prêt-à-porter [a la medida] de otros eventos, es falaz como también es ilusorio seguir una receta.

Sin duda habrá desenlaces similares a otros procesos. Pero a solas, a lo interno, no podremos. Los Walesa, Mandela, Suárez, Geisel, Neves, Sarney o Sanguinetti fueron líderes que correspondieron a otros tiempos, otras circunstancias, un orden internacional menos interconectado.

La captura del Estado no son cuentos

Los grandes procesos de transición entre regímenes autoritarios y democracias no responden a fórmulas lineales. La tentación de muchos historiadores, politólogos o actores políticos ha sido interpretar cada crisis contemporánea a la luz de precedentes históricos conocidos: la transición española después de Franco, la caída del bloque soviético, el plebiscito chileno contra Pinochet, la democratización brasileña, la derrota de las juntas militares argentinas o la salida negociada del Apartheid sudafricano.

Uno de los errores más frecuentes del análisis político consiste en asumir que la historia opera por analogías automáticas. Cada transición ocurre bajo condiciones culturales, geopolíticas, económicas y sociales distintas.

Los actores cambian, las estructuras internacionales mutan y las sociedades producen respuestas inéditas frente a contextos inéditos.

Autores como Samuel Huntington, en The Third Wave, intentaron identificar patrones generales de democratización durante el siglo XX. Huntington observó ciclos históricos donde las democracias emergían en “olas” impulsadas por factores económicos, crisis de legitimidad, presión internacional y fracturas internas dentro de las élites autoritarias.

No obstante, Huntington advertía que las transiciones no podían entenderse como modelos exportables mecánicamente. Las democracias nacen de contextos específicos. De hecho, la insistencia en comparar procesos distintos conduce a diagnósticos equivocados.

A fin de cuentas, no es difícil diferenciar el caso venezolano. Un Estado penetrado no solo por sables y boinas, sino por grupos criminales que se apoderaron de una gran riqueza y del territorio. Alianzas policiales y corsarias saquearon al país. La represión llegó acompañada de miseria, tortura y hambruna. Y la retórica diplomática —expectante pero inocua a la vez— demostró que el crimen paga mientras no sea castigado con una fuerza superior a la de ellos. Debutó entonces la legítima defensa internacional, extracción incluida.

Nuestra historia aún no termina. La transición está por verse. Y la tendencia a producir paralelismos genera una dificultad interpretativa que nos atrapa en expectativas no cumplidas.

Las dictaduras militares del Cono Sur durante las décadas de 1970 y 1980 respondían a una lógica distinta de los regímenes populistas-autoritarios del siglo XXI. Las juntas militares de Argentina, Chile, Uruguay, Perú o Brasil mantenían estructuras relativamente institucionales, jerarquías verticales y una relación más clásica con las FF. AA.

En otra dirección, regímenes contemporáneos como el venezolano mezclan elementos de militarización, redes criminales transnacionales, control social asistencialista, hegemonía comunicacional, inteligencia cubana y captura estructural del Estado por élites híbridas político-económicas. Esto hace que las categorías tradicionales de dictadura militar o autoritarismo clásico resulten insuficientes.

El caso chileno suele citarse como paradigma exitoso de transición democrática negociada. La derrota de Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988 permitió una apertura progresiva respaldada por acuerdos institucionales, presión internacional y una oposición cohesionada. Sin embargo, Chile conservaba instituciones relativamente funcionales, una economía estable y unas FF. AA. que —aun siendo represivas— mantenían una racionalidad institucional. El propio Pinochet buscaba garantías para preservar ciertos intereses militares y económicos. Existía además una sociedad civil robusta y una élite empresarial interesada en la normalización democrática.

Venezuela: diferencias radicales y la purga cultural

El aparato estatal no solo administra el poder político, sino también economías ilícitas, minería irregular, narcotráfico, estructuras paraestatales y alianzas geopolíticas con actores extrahemisféricos.

El régimen venezolano no se agota en una disputa electoral. Enfrenta un problema existencial. Para el régimen abandonar el control del Estado podría significar cárcel, pérdida patrimonial o incluso riesgos personales. Esta variable altera completamente los incentivos de transición.

Pertinente recordar la teoría de Guillermo O’Donnell sobre los “autoritarismos burocráticos” y las “transiciones pactadas”. O’Donnell sostenía que muchas aperturas democráticas surgen cuando sectores moderados del régimen concluyen que el costo de permanecer en el poder supera el costo de negociar una salida. Pero en casos donde el poder está profundamente asociado a redes de protección criminal o geopolítica, el cálculo racional y diacrónico cambia drásticamente. La permanencia deja de ser únicamente ideológica: es supervivencia.

Esto lo comprende Washington, por lo que acertadamente prioriza estabilización vs. democratización. Invertir esta ecuación es una fantasía. El costo del Delcy et all de no obedecer sería salir de inmediato del poder. Por eso acepta su autodepuración. Sin control sobre las redes criminales, de las estructuras básicas del Estado [FF. AA., policiales, justicia, forasteros] no existe transición sostenible. La propia María Corina sabe que un evento electoral supone tanto actos preparatorios y orgánicos, como un proceso depurado y vigilado, que permita cobrar.

Otro error común de historiadores y analistas consiste en creer que los pueblos reaccionan siempre igual ante la opresión. La experiencia latinoamericana demuestra exactamente lo contrario. La Revolución cubana produjo una narrativa continental donde la lucha armada se convirtió en símbolo romántico de emancipación. Décadas después, las dictaduras militares del Cono Sur generaron sociedades exhaustas que privilegiaron pactos civiles y reconstrucción institucional. Más tarde, el ascenso del chavismo en Venezuela ocurrió no mediante un golpe clásico sino a través de elecciones democráticas y una narrativa populista basada en exclusión social, resentimiento histórico y redistribución petrolera.

Esto demuestra que las transiciones dependen profundamente de marcos culturales específicos. Antonio Gramsci entendía el poder no solo como coerción, sino como hegemonía cultural. Los regímenes sobreviven mientras logren construir narrativas legitimadoras capaces de penetrar emocionalmente a sectores sociales.

En Venezuela, el chavismo no se sostuvo únicamente por represión; también desarrolló una identidad política simbólica vinculada al antiimperialismo, al militarismo bolivariano y a la idea de redención popular. Aunque esa hegemonía tuvo su parteaguas el 3E-26, su secuela impide un salto inmediato a un proceso electoral. La depuración también es cultural, ideológica y pragmática.

Disrupción a la venezolana. La diplomacia de la fuerza

La misma historia demuestra que muchas transformaciones políticas consideradas “imposibles” terminaron ocurriendo mediante eventos disruptivos no previstos por los modelos académicos tradicionales.

La caída del Muro de Berlín tomó por sorpresa a numerosos especialistas soviéticos y occidentales. Pocos anticiparon la velocidad del colapso de la Unión Soviética. Del mismo modo las revoluciones árabes [primaveras de Twitter] mostraron cómo nuevas tecnologías de comunicación alteran repentinamente el equilibrio político regional. Sin embargo, también revelaron que la caída de un dictador no garantiza automáticamente una democracia funcional.

El caso venezolano representa una transición atípica e inédita dentro de América Latina. No existe un precedente exacto de un Estado petrolero profundamente militarizado, con colapso económico masivo, migración superior a ocho millones de personas, injerencia de actores extranjeros y coexistencia simultánea de mecanismos electorales con autoritarismo estructural.

Aquí emerge otro elemento central: el papel de los actores externos. Numerosas teorías clásicas de democratización subestimaron la influencia decisiva de factores internacionales en tiempos de mayor integración internacional. La historia demuestra que pocas transiciones relevantes ocurrieron completamente aisladas del contexto geopolítico.

La democratización europea posterior a la II Guerra Mundial fue inseparable de la influencia estadounidense y del Plan Marshall. La caída de las dictaduras latinoamericanas coincidió con cambios en la política exterior norteamericana y europea respecto a los DD. HH. Incluso el fin del Apartheid sudafricano estuvo condicionado por sanciones internacionales, aislamiento diplomático y presión económica global. En cada caso precedió una guerra [externa o interna]. Nada en Venezuela —incluso la confrontación civil— ha sido convencional.

El concepto de “diplomacia de la fuerza” resulta particularmente relevante para comprender ciertos procesos contemporáneos. Henry Kissinger sostenía que el orden internacional se fundamenta tanto en legitimidad como en equilibrio de poder. Cuando un régimen autoritario logra neutralizar costos internacionales las posibilidades de transición disminuyen considerablemente.

La experiencia venezolana parece confirmar esta premisa. Durante años, amplios sectores opositores apostaron casi exclusivamente por salidas electorales o negociaciones internas mientras el régimen fortalecía alianzas con Rusia, China, Irán y Cuba. Estas alianzas no fueron meramente diplomáticas. Constituyeron redes de soporte financiero, militar, tecnológico e inteligencia estratégica. En consecuencia, el conflicto venezolano dejó de ser exclusivamente doméstico para convertirse en un asunto geopolítico regional. Y llegó el 3 de enero 2026.

La retórica paga. Soberanía y propaganda vs. modernidad

En Panamá, la caída de Manuel Noriega no ocurrió únicamente por protestas domésticas, sino por la causa justa estadounidense. En República Dominicana la crisis de 1965 desembocó en intervención internacional. En Haití distintos procesos políticos estuvieron condicionados por presencia extranjera. Experiencias controvertidas que evidencian una realidad histórica incómoda: ciertos regímenes no abandonan el poder por persuasión moral o competencia electoral, sino por la fuerza.

Esto no implica justificar intervenciones indiscriminadas ni desconocer el principio de soberanía. Significa reconocer que algunos sistemas autoritarios contemporáneos se estructuran para impedir cualquier transición democrática autónoma. La diplomacia clásica pierde eficacia cuando el régimen considera que la retórica paga.

El politólogo Juan Linz diferenciaba entre regímenes autoritarios y totalitarios. Los totalitarismos buscan controlar no solo las instituciones políticas, sino también la vida cultural, simbólica y psicológica de la sociedad. Venezuela probablemente no constituye un totalitarismo clásico como Corea del Norte, pero sí desarrolla elementos híbridos de control social integral: dependencia económica, propaganda ideológica, persecución selectiva, fragmentación opositora y colonización institucional.

Estas características producen una resistencia distinta —idealista e insuficiente— en comparación a las transiciones tradicionales.

Otro aspecto fundamental es el fenómeno migratorio. La diáspora venezolana constituye uno de los desplazamientos humanos más grandes de la historia contemporánea latinoamericana. Este hecho altera profundamente las dinámicas políticas internas.

En otros procesos históricos, las clases medias opositoras permanecían dentro del país presionando por cambios institucionales. En Venezuela millones de ciudadanos emigraron, reduciendo capacidad organizativa interna. La diáspora se convierte así en actor político transnacional.

La historia latinoamericana no es suficiente para anticipar como será la ruptura definitiva de la coalición dominante en Venezuela. El PRI mexicano cayó por erosión progresiva de consensos internos. En Brasil la apertura militar ocurrió por sectores empresariales y tecnocráticos. En Argentina, la derrota en la guerra de las Malvinas destruyó legitimidad militar. ¿Y Venezuela? Decantación estratégica por un agente externo, tutela, obediencia, estabilización (…) elecciones vigiladas, justicia transicional y salida del hegemón de fachada revolucionaria.

¿Cuál podría ser entonces el detonante venezolano?

Precisamente allí radica la dificultad de los historiadores para interpretar procesos inéditos. La transición no ocurrirá mediante elecciones convencionales inmediatas ni levantamientos populares clásicos. De hecho, ya se intentó y no pasó.

La filósofa y teórica política Hannah Arendt sostenía que los regímenes excesivamente dependientes de coerción terminan revelando su fragilidad estructural. Fragilidad que no garantiza colapso inmediato. Algunos sistemas sobreviven gracias al control de aparatos represivos y apoyo externo, hasta que un agente, interno o externo, les voltea la tortilla. Y llegó Trump a barrer la casa.

En este contexto, la diplomacia de la fuerza adquiere relevancia estratégica: miedo creíble a otras olas de extracción y captura; el costo de resistir vs. el costo de desobedecer al Estado tutor; la fragmentación forzada, el quiebre y la purga inevitable de la coalición dominante y el “sálvese quien pueda”.

La lección central es que la historia no ofrece moldes exactos. Cada transición redefine las categorías con las cuales intentamos comprenderla. Los actores políticos que insisten en repetir recetas históricas sin entender singularidades culturales y geopolíticas terminan atrapados en diagnósticos obsoletos e inaplicables.

Comprender Venezuela exige abandonar analogías fáciles y aceptar que nuestra transición a la democracia requiere de un fuerte patrocinio internacional [hoy lo es EE. UU.] para hacer sostenible un proceso real de reconstrucción institucional y cultural profunda.

No seremos el estado 51. El reto es otro: es volver a ser un Estado libre y soberano. Así de simple y complejo a la vez. Y EE. UU. sabe que él representa “el otro espanto” a quien el leviatán le teme, por lo que deberá irse, como no solía…

La historia tampoco será escrita por un actor, ni por un mesías. El salto a la democratización viene unido a un nuevo concepto de ciudadanía donde se funden gremios, ONG, sindicatos, vecinos, artistas y universidades. Esos serán los nuevos Mandela, Walesa o Václav Havel. La historia dejó de ser de quijotes, superhéroes o de Cid campeadores. La historia ya no es de nombres y apellidos. Es de prosa libre y colectiva. Cambia el tiempo y cambian las voluntades, y cambia el ser y cambia la confianza, decía el poeta.

La historia no se reedita. Es genuina, es auténtica y verdadera por legítima y honesta. Actores, pueblos y circunstancias cuyas historias no se repiten, se hacen, y a más de cambiarse cada día —sentenció Luis de Camões en sus sonetos— otro cambio hace de mayor espanto, que no cambia ya como solía…

@ovierablanco – vierablanco@gmail.com | Abogado / Exembajador en Canadá.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El aterrizaje forzoso de Zapatero, el “campeón de la paz” de los Rodríguez

El panorama judicial y político en España se encuentra bajo una intensa sacudida tras las últimas ramificaciones del “caso Plus Ultra”, una investigación que ha alcanzado su punto álgido con la imputación del expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero.

Lo que comenzó en el año 2021 como una controvertida ayuda financiera pública a una aerolínea de escasa relevancia ha derivado en una causa penal de gran envergadura en la Audiencia Nacional. Las pesquisas del magistrado José Luis Calama apuntan ahora a la existencia de una supuesta red organizada que, bajo el presunto liderazgo del exjefe del Ejecutivo español, habría utilizado fondos públicos y conexiones internacionales para fines ilícitos. El magistrado también reveló que Washington participó en la investigación y que le suministró la información que contenía el teléfono móvil de exdueño venezolano de Plus Ultra, Rodolfo Reyes Rojas.

Según las tesis que manejan los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Unidad Central Operativa (UCO) de España, la aerolínea Plus Ultra pudo haber sido utilizada presuntamente como un vehículo financiero para conectar los intereses económicos de altos funcionarios del gobierno con entramados empresariales en España.

En ese contexto, la Audiencia Nacional investiga al expresidente del Gobierno, quien era el mediador “estrella” del chavismo en distintos procesos de diálogo, por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental y posibles conexiones con blanqueo de capitales. Calama decidió citar como investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para el próximo 2 de junio.

La instrucción judicial sospecha que el expresidente Zapatero pudo haber aprovechado sus contactos personales y su capacidad de acceso a la Administración española para favorecer intereses privados y para servir supuestamente a la estructura para el desvío y blanqueo de capitales a gran escala.

La presunta implicación de Zapatero: Una estructura bajo investigación

Según el auto judicial de 85 páginas, la investigación apunta a que la supuesta organización a la que se le vincula a Zapatero tendría como fin obtener beneficios económicos mediante la intermediación ante instancias públicas a favor de terceros, situando a Plus Ultra como el principal beneficiario.

La línea de investigación sostiene la hipótesis de que Zapatero pudo poner sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración española al servicio de intereses privados. Para ello, según las pesquisas, la red se habría servido de un presunto reparto funcional de tareas que incluiría a su secretaria, María Gertrudis Alcázar Jiménez, a Manuel Aaron Fajardo García, y al empresario Julio Martínez, quien presuntamente actuaba como intermediario directo con los clientes.

El rescate de Plus Ultra: Crónica de una irregularidad financiera

La polémica central se remonta a marzo de 2021, cuando el Gobierno de España aprobó una inyección de 53 millones de euros públicos a Plus Ultra, tras alegar que era una “empresa estratégica” afectada por la pandemia. Sin embargo, los indicios y los informes sectoriales cuestionan esta premisa.

Desde el año 2015, diversos informes financieros señalaban que la aerolínea presentaba una situación de quiebra técnica: su flota se había reducido de seis aviones a solo uno.

Asimismo, Plus Ultra apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español, lo que generó dudas en el Parlamento Europeo sobre su real carácter estratégico.

También, investigaciones incorporadas a la causa apuntan a que presuntamente no existía justificación para el rescate, bajo la sospecha de que la empresa presentaba un “agujero en la caja” de 42 millones de euros antes de la pandemia y estaba al borde del concurso de acreedores.

La respuesta de Zapatero: Negativa rotunda y defensa de la legalidad

Tras recibir la notificación de la Audiencia Nacional, Rodríguez Zapatero negó cualquier participación en hechos ilícitos. El expresidente garantizó a través de un video remitido a los medios que «jamás» ha realizado gestiones ante ninguna administración o sector público para favorecer el rescate de la aerolínea.

Zapatero afirma que toda su actividad, tanto pública como privada, se ha desarrollado con “absoluto respeto a la legalidad” y subrayó que no posee ninguna sociedad mercantil, ni en España ni en el extranjero, ya sea de forma directa o a través de terceros.

Sin embargo, la investigación judicial maneja la sospecha de que los beneficios económicos habrían sido presuntamente canalizados hacia su entorno más próximo, específicamente a la sociedad Whathefav SL, propiedad de sus hijas, la cual ha sido objeto de registro por la UDEF en busca de indicios.

El presunto ciclo de blanqueo de capitales y sus nexos con Caracas

El juez Calama identifica a Julio Martínez Martínez como el presunto testaferro de Zapatero y pieza clave en la conexión con Venezuela. Martínez, que era directivo de la aerolínea y broker aéreo, utilizaba supuestamente teléfonos de alta seguridad restringidos para comunicarse con el expresidente.

Las investigaciones de la UCO apuntan a la sospecha de que Zapatero y Martínez viajaban anualmente a Caracas en aviones presuntamente proporcionados por la administración de Maduro entre 2020 y 2025.

Estos viajes tendrían supuestamente como fin cerrar acuerdos comerciales que luego habrían derivado en pagos de Plus Ultra a las sociedades de Martínez, como Análisis Relevante, la cual habría transferido presuntamente cerca de medio millón de euros a Zapatero y más de 230.000 euros a la empresa de sus hijas.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) también está en el foco judicial. Se investiga la presunta existencia de un pacto secreto y una cláusula de confidencialidad que el Gobierno español habría intentado mantener oculta incluso ante el Tribunal Supremo.

A pesar de que el expediente del rescate prohibía indiciariamente a los accionistas venezolanos abandonar la compañía sin devolver el dinero, la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, habría autorizado supuestamente su salida del capital justo antes de que se produjeran las detenciones de la cúpula de la aerolínea, en diciembre de 2025.

Esta maniobra bajo sospecha habría permitido a los accionistas vinculados al chavismo recuperar su inversión y salir de España en plena investigación policial, rastreándose una posible filtración.

Gobierno y funcionarios de Venezuela mencionados

Figuras clave del madurismo han sido mencionadas en esta trama. Según sospechas de La Red de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN), Plus Ultra habría realizado una transferencia de más de 519 000 dólares a una red financiera presuntamente vinculada al empresario colombiano Alex Saab, señalado como supuesto operador financiero de Maduro y recientemente extraditado a suelo estadounidense. Esta transferencia se habría realizado a través de un banco suizo bajo investigación por blanqueo a gran escala.

Además, el accionariado de la empresa revela conexiones bajo sospecha con el poder en Caracas. El 47,2% del capital de Plus Ultra estaba en manos de Snip Aviation, cuyo consejo incluía a directivos venezolanos presuntamente vinculados a Camilo Ibrahim (señalado como cercano a Delcy Rodríguez) y al exministro de Petróleo Tareck El Aissami, actualmente en proceso de juicio por la trama de corrupción Pdvsa-Cripto.

Las autoridades investigan si la aerolínea pudo ser utilizada para transportar oro supuestamente proveniente de la minería ilegal en el estado Bolívar y fondos presuntamente desviados de los programas de alimentos CLAP, los cuales son imposibles de bancarizar por vías legales debido a las sanciones internacionales.

Flores entre Rodríguez desde hace una década

Desde el año 2016, Rodríguez Zapatero ha ejercido como el principal mediador en los diversos procesos de diálogo entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, una labor que, si bien en su momento fue presentada como estrictamente humanitaria y diplomática, ha sido objeto de intensos debates políticos.

A lo largo de estos años, la figura de Zapatero ha contado con el respaldo incondicional y público de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, dos de los pilares civiles más poderosos del chavismo. Mientras que la oposición venezolana y diversos analistas internacionales han cuestionado con frecuencia su neutralidad, los hermanos Rodríguez siempre han elogiado su papel de interlocutor y han sostenido una estrecha vía de comunicación con el exmandatario socialista.

Justo hace una década, la ahora presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, se despedía calurosamente de Rodríguez Zapatero tras una de esas reuniones en las que él era mediador de diálogo. Al despedirse frente a la prensa, Delcy Rodríguez le dio dos besos a José Luis Rodríguez Zapatero y le lanzó el afectuoso: “Ciao, mi príncipe”.

Más recientemente, en marzo de 2026, el expresidente del gobierno español viajó a Caracas para participar en una sesión de la Comisión de la Ley de Amnistía. Cuando se le preguntó por su rol en el proceso de amnistía, aseguró que solo quería “ayudar a Venezuela”. Segundos antes, Jorge Rodríguez se había anticipado en responder y validó su presencia en el país al calificarlo el “campeón de la paz”.

“Rodríguez Zapatero es el campeón de la paz en Venezuela, no es un asesor. Se ha ganado interpelaciones en el Congreso de su país, insultos e incomprensiones y nunca lo hemos visto presa de desaliento. Espero ser yo quien cuente todos los desvelos de José Luis Rodríguez Zapatero para abonar a la paz en Venezuela. Es algo natural y más que merecido”, dijo Rodríguez.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La FMV pide activar protocolos de Minnesota y Estambul tras el fallecimiento de Carmen Navas

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A tres días del fallecimiento de la señora Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero -preso político fallecido bajo la custodia del Estado- la Federación Médica Venezolana (FMV) exigió al Gobierno activar los protocolos de Minnesota y Estambul.

Ambos protocolos son manuales jurídicos y forenses internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Constituyen instrumentos clave para la investigación de violaciones graves a los derechos humanos y la protección del derecho a la vida y a la integridad personal. Mientras que el Protocolo de Minnesota se centra en las ejecuciones extralegales, el Protocolo de Estambul aborda la tortura y los tratos inhumanos.

En nota de prensa Douglas León Natera, presidente de la FMV, aseguró que el caso de Víctor Quero y su madre Carmen Navas configuran “severas violaciones a los derechos humanos”.

Víctor Hugo Quero, de 50 años, era un trabajador informal que fue detenido a inicios de enero de 2025. Stefanía Migliorini, coordinadora jurídica del Foro Penal, reveló que el motivo de la captura de Quero fue su apariencia física: “Una persona alta, con características extranjeras”. Tras su arresto, su madre denunció que nunca le informaron sobre su paradero. La señora Carmen pasó más de un año buscando información en tribunales y centros de reclusión sin obtener respuesta.

Una madre cuya razón de vivir murió al perder a su hijo 

Según la FMV, la madre de Quero no resistió el impacto físico de la pérdida de su hijo y falleció diez días después de recibir la confirmación de su muerte, emitida por un comunicado del Servicio Penitenciario el pasado 7 de mayo, en el que se justificó el silencio alegando que Quero no presentó vínculos filiatorios y que ningún familiar se presentó para solicitar una visita formal.

León Natera calificó el hecho como un “trato inhumano que vulnera el derecho a la verdad” y recordó que el Estado es el garante constitucional de la vida y la salud de toda persona privada de libertad.

Según el Acta de Defunción del Servicio Penitenciario, Quero Navas falleció tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo. Desde la perspectiva forense, la FMV exige aclarar de inmediato si existió un historial clínico en el centro de reclusión; la identificación del médico que certificó la muerte, así como precisar el lugar y la fecha reales del deceso.

Brindar respuestas claras es una obligación

León Natera afirmó que el Estado está obligado a brindar respuestas claras ante este tipo de tragedias que enlutan al país. El representante gremial señaló que la gravedad del caso requiere activar el Protocolo de Minnesota para investigar muertes bajo custodia estatal, así como el Protocolo de Estambul, en caso de que se detecten indicios de tortura.

Este martes tuvo lugar el último adiós a Carmen Teresa Navas en el Cementerio del Este. Una madre quebrantada emocionalmente por la pérdida de su hijo, cuyo motivo de vida se agotó con la confirmación de su muerte.

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Falleció uno de los trabajadores heridos tras explosión en planta de gas operada por Pdvsa

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Uno de los 6 trabajadores petroleros heridos en la explosión de la Planta de Compresión Lamargas, ubicada en el bloque 5 del Lago de Maracaibo, murió este martes 19 de mayo en el Hospital Coromoto de Maracaibo, donde estuvo hospitalizado desde el accidente.

El fallecido fue identificado como Jorge Rivera, quien trabajaba como operador de generación en la planta de gas operada por Petróleos de Venezuela (Pdvsa), según confirmaron a El Pitazo fuentes ligadas con el caso.

Rivera estuvo internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del área de Caumatología del Hospital Coromoto desde que resultó herido con quemaduras graves el pasado viernes 15 de mayo.

Era uno de los dos trabajadores que se tiraron al lago para apagar las llamas en su cuerpo y fueron rescatados por empleados de embarcaciones cercanas, según videos del siniestro que circularon en redes sociales.

En dos minutas del siniestro conocidas por El Pitazo, los heridos fueron identificados como Jaime Cárdenas, Luis Cárdenas, Alexander Acevedo y William Romero, todos operadores de producción; Jorge Rivera, hoy fallecido y quien trabajaba como operador de generación, y Yorvi Mosquera, armador y fabricador.

El siniestro 

La Planta Compresora de Gas Lamargas, ubicada en el Lago y cerca de las costas del municipio Lagunillas del estado Zulia, explotó y se incendió pasada las 7.30 am de este viernes 15 de mayo.

En el evento, 6 trabajadores resultaron heridos, según confirmó Pdvsa, que no precisó las causas del siniestro y aseguró que estaba en investigación.  “Un comité técnico investigará sus causas, que no inciden en la continuidad de las operaciones petroleras y gasíferas de occidente”, aseguró la estatal en un comunicado.

Pdvsa informó que fueron activados los protocolos establecidos para el control del evento, la evacuación preventiva del personal y el resguardo de las operaciones en esta instalación lacustre. 

El incendio dejó graves daños en la infraestructura que se prendió en fuego, según los vídeos que se viralizaron en redes sociales.

Sistema de salud pública enfrenta una reducción de hasta 80 % en sus capacidades operativas

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El derecho a la salud en Venezuela siguió siendo vulnerado en 2025. El más reciente informe anual de la organización Provea titulado “Informe Provea 2025: El eclipse de la Constitución, Venezuela exige justicia y democracia”, explica que el sistema sanitario público enfrenta una reducción de hasta el 80% en sus capacidades operativas. Esta situación responde a factores estructurales de desinstitucionalización, desestructuración y desfinanciamiento económico que viene arrastrando el país.

La investigación resalta que el declive de las infraestructuras hospitalarias y asistenciales coincide con las asignaciones de los recursos del Estado, es decir, de acuerdo con los datos recopilados por la organización Transparencia Venezuela, durante el año 2025 se destinó al sector salud apenas un 4,24 % del presupuesto público nacional, el cual es equivalente a 38 702 millones de bolívares (806 millones de dólares al tipo de cambio oficial 47,7 Bs).

Este monto representó un drástico recorte presupuestario del 28,03 % en comparación con los fondos asignados para el año 2024, lo que trae consigo tres años consecutivos de caída en el financiamiento público.

Como consecuencia de las limitaciones del Estado, el volumen de quejas por vulneraciones por las fallas logísticas y los bajos ingresos del personal médico se mantuvo en niveles críticos. Provea registró en el año 2025 un total de 94 056 denuncias de usuarios del sistema de salud debido a la pérdida de garantías y pasa a ser el quinto año seguido en que los reclamos sociales alcanzan cifras históricas.

El motivo principal de estas protestas (51,5 %) se debió a la falta de personal calificado, la ausencia de insumos básicos o quirúrgicos, al igual que de la inoperatividad de equipos médicos esenciales y el segundo motivo (27,6 %) fueron las denuncuias por la falla en la accesibilidad a los servicios por cobro a las personas, falta de agua y electricidad.

Gasto del bolsillo ciudadano

El reporte anual advierte que la dependencia de los venezolanos a los centros de salud pública ha escalado junto al agravamiento de la crisis económica.

Basado en los datos de HumVenezuela, el porcentaje de la población cuyas necesidades sanitarias dependen, casi que exclusivamente, del sistema público incrementó de un 87,1 % a 94,6 % entre los años 2024 y 2025. Las cifras explican que el 97,4 % de los venezolanos carece de seguros médicos privados o públicos para cubrir emergencias o maternidad, mientras que un 52,9 % no posee los recursos suficientes para recurrir a consulta privada.

Aunque hay un aumento de pacientes en las instituciones del Estado, las probabilidades de recibir atención son muy bajas. El informe destaca que el grado de desatención se eleva cada vez más con que el 45,6 % de los ciudadanos no recibió asistencias en hospitales, un 64,1 % de las personas reportó no recibir atención en ambulatorios, el 60,5 % en las llamadas clínicas populares, un 72,4 % en las misiones Barrio Adentro y el 64,8 % dentro de los Centros de Diagnóstico Integral (CDI).

La experiencia de los pacientes que asisten a los centros públicos está marcada por carencias de servicios, insumos de primera necesidad y situaciones no muy agradables. El 88,5 % de los usuarios encuestados manifestó la falta de insumos médicos y el 89,8 % denunció el desabastecimiento de medicamentos básicos.

Del mismo modo, el 72,4 % de los consultados apuntó que los establecimientos no tienen un suministro regular de agua potable y el 61,9 % sufre por fallas recurrentes de energía eléctrica en las instalaciones de salud. En concordancia con estas cifras, la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) expuso que a comienzos de 2025 los quirófanos inoperativos se ubicaron en 50 % , mientras que la escasez crítica de insumos promedió el 36 %. 

Garantías constitucionales

La investigación de Provea concluye con que el Estado venezolano tiene una omisión de 26 años en la promulgación de una Ley Orgánica de Salud indispensable para adecuar las normativas y los presupuestos públicos a los estándares de los profesionales de la salud.

Por último, el estudio advierte que el modelo actual ha desconfigurado las competencias presupuestarias y regulatorias de las principales instituciones médicas civiles ya que no se ha consolidado un mecanismo de bienestar eficiente que ayude a encaminar hacia una verdadera recuperación del sector médico, piden que el gobierno respete la dignidad del salario del personal sanitario, detener la criminalización de los gremios y sindicatos, y devolver la calidad de atención que exigen los venezolanos.

Lea el informe aquí.

Elevaron quejas ante de la defensa

A propósito del colapso estructural documentado por el informe de Provea, el pasado viernes 15 de mayo representantes de la Intergremial Sindical de la Salud acudieron ante la sede de la Defensoría del Pueblo para sostener un encuentro directo con la titular del cargo, Eglée González Lobato, con el propósito de consignar denuncias formales sobre la crisis hospitalaria y exigir la adopción de medidas estatales urgentes. 

Durante la sesión, los portavoces alertaron que los salarios bajos y la migración laboral mantienen a los hospitales y ambulatorios del territorio bajo un severo déficit de personal técnico y profesional.

De la misma forma, denunciaron la pesada sobrecarga física y emocional que recae sobre el personal sanitario que permanece activo en los centros, los cuales están obligados a sostener las instituciones en condiciones cada vez más precarias.

Las organizaciones de la salud también reclamaron una reciente medida administrativa: la exclusión de aquellos trabajadores que poseen doble cargo o doble jubilación del pago del beneficio “ingreso integral”. El gremio pidió reflexionar sobre la urgencia de diseñar soluciones reales que protejan los derechos tanto de los pacientes como de las condiciones de vida de los trabajadores. 


*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Transparencia Venezuela exige investigar a quienes favorecieron a Alex Saab

La ONG Transparencia Venezuela exigió una investigación oportuna, real y sin opacidad a quienes otorgaron poder y protección al empresario colombiano Alex Saab, deportado por el gobierno de Delcy Rodrtíguez a los Estados Unidos y presentado este lunes 18 de mayo ante una corte federal de Miami por presunto lavado de dinero.

De acuerdo a la organización, Saab recibió contratos millonarios, nacionalidad venezolana, pasaporte diplomático y el ministerio de Industrias y Producción Nacional, mientras enfrentaba acusaciones en varios países por corrupción y lavado de dinero.

¿Quiénes les aprobaron contratos millonarios, quiénes aprobaron su nacionalización, quiénes avalaron su designación como ministro y quién ocultó o ignoró las acusaciones en su contra? Esas son las preguntas que se hace la organización, al tiempo que cuestionó a las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro por darle poder a Saab.  

La ONG expuso que en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no hay sentencia pública de extradición, tampoco información oficial sobre la revocatoria de su nacionalidad venezolana.

Transparencia Venezuela también denunció que se usaron instituciones del Estado para proteger a Saab políticamente y blindarlo judicialmente, además de presentarlo como “diplomático”, “enviado especial” y “héroe”.

“Los ilícitos e irregularidades que se cometieron para protegerlo tienen consecuencias y no pueden quedar impunes”, escribió Transparencia Venezuela en X.

Casi tres meses sin que se tuvieran noticias de Saab, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), informó que el exministro y exjefe del Centro Internacional de Inversión Productiva, “ciudadano de nacionalidad colombiana”, fue objeto de una “deportación, por estar “incurso en la comisión de diversos delitos” en Estados Unidos.

La organización expone que la versión gubernamental contradice documentos oficiales, en los cuales se aprecia que el empresario nacido en la ciudad de Barranquilla había adquirido la nacionalidad venezolana con cédula de identidad n ° 21.495.350.

Transparencia Venezuela aclaró que el artículo 35 de la Constitución establece que “la nacionalidad venezolana por naturalización solo podrá ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley”. Sentenciaron también que el término “deportación” está mal empleado.

“La deportación es un proceso legal mediante el cual un Gobierno expulsa a un ciudadano extranjero de su territorio hacia su país de origen o residencia”, aclaró la organización, al tiempo que agregó que, en todo caso, Saab debió ser enviado a Colombia. 

De acuerdo con Transparencia Venezuela, desde 2011 Saab obtuvo del Estado venezolano contratos para la construcción de 25 000 viviendas, para la importación de millones de cajas con alimentos para los CLAP, venta de oro y petróleo.

Audiencia para junio

El deportado a Estados Unidos por el gobierno de Venezuela, Alex Saab, compareció este lunes 18 de mayo ante una corte federal de Miami. 

Las autoridades estadounidenses presentaron una nueva acusación por lavado de dinero y conspiración financiera contra el empresario, quien permanecerá detenido sin posibilidad de fianza mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo a las agencias internacionales, la jueza Marty Fulgueira Elfenbein ordenó que permanezca bajo custodia al menos hasta una próxima audiencia fijada para el 24 de junio.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

El Mañanero del 19 de mayo: Estudiantes fueron agredidos por funcionarios policiales

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 19 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

“Me partieron la cabeza, me partieron los dedos y aquí están todos estos chamos respaldando. Aquí no hay miedo, no nos calamos más esta vaina”, dijo un estudiante que fue golpeado por funcionarios policiales cerca de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Plaza Venezuela.

La agresión se produjo en el marco de una concentracion convocada por la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV) este lunes, 18 de mayo, debido al fallecimiento de la señora Carmen Teresa Navas, madre del preso político muerto bajo custodia del Estado, Víctor Hugo Quero Navas.

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La culpa es de los otros

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La historia de la humanidad tiene innumerables ejemplos de fracasos o delitos cometidos por personas, grupos, o incluso naciones, que se atribuyen a otros para no asumir la responsabilidad propia. Es el popular chivo expiatorio, mecanismo relatado en la Biblia para descargar los pecados en un animal que era expulsado al desierto. En política es frecuente usar chivos expiatorios, también en la actividad social.

Los chivos expiatorios del régimen

Chávez, Maduro y sus palafreneros achacaron la culpa de sus fracasos a las iguanas, a los opositores y al “imperio estadounidense”. Delcy también los culpó, pero desde el 3 de enero excluyó al imperio, con todo su FBI, CIA y DEA. Muchos demócratas también endosan sus descalabros o frustraciones a chivos expiatorios.

Los chivos expiatorios de los demócratas

Casualmente, tal día como ayer 18 de mayo de 1993, la Corte Suprema de Justicia aprobó el antejuicio de mérito en contra del presidente Carlos Andrés Pérez. Pocos días después, el Congreso allanó su inmunidad y fue expulsado de su organización política. En todas esas instancias había mayoría de miembros y simpatizantes de su partido Acción Democrática.

Fue un juicio político, quizá para intentar solucionar la crisis y evitar la posibilidad de un nuevo intento de golpe de Estado como el de 1992, pero con el peligro de que podía ser exitoso. CAP fue un chivo expiatorio, aunque no estaba libre de culpa.

Al final, por acatar el juicio y la sentencia, fue reivindicado como un gran demócrata. Para no asumir sus responsabilidades, muchos endosaron la culpa del desprestigio del sistema de partidos y la consecuente defenestración de CAP a una supuesta conspiración de los llamados Notables.

¿Quiénes eran los Notables y qué hicieron?: ese grupo estuvo integrado por distinguidos venezolanos que habían hecho importantes aportes al país, entre ellos cabe citar a Arturo Uslar Pietri, Juan Pablo Pérez Alfonzo, Alfredo Boulton, Arnoldo Gabaldón, Carlos Rangel, Jacinto Convit, Pedro Palma, Tulio Chiossone, Marcel Granier, Miguel Ángel Burelli y Domingo Maza Zavala. La única oveja negra era José Vicente Rangel. Enrique Aristiguieta Gramcko no formó parte del grupo original, pero según ChatGPT sí participó en algunos de los pronunciamientos.

Nadie en su sano juicio puede pensar que ese grupo conspiraba contra la democracia. Solo advirtieron la necesidad de cambiar el rumbo. La carta de presentación del grupo, publicada el 10 de agosto de 1990, alertaba que “Venezuela atraviesa una difícil y peligrosa situación política, económica y social…” y planteaba, entre otros puntos, la necesidad de reformar el sistema electoral con elección uninominal, democratización interna de los partidos, independencia del Poder Judicial, y nuevas leyes contra la corrupción administrativa. Sin embargo, todavía algunos los satanizan.

Los nuevos chivos expiatorios

Las frustraciones por los fracasos en salir del régimen han multiplicado los chivos expiatorios del sector político. Pocos asumen su responsabilidad. Sin duda han cometido errores y proliferan las acusaciones de corrupción, algunas sin base. Un punto a tomar en cuenta es que los partidos requieren financiamiento para operar. En algunos países, el Estado realiza aportes y el sector privado puede contribuir hasta cierto monto, pero debe declararlo.

En Venezuela, el Estado no contribuye y el gobierno de turno acosa a cualquier privado que contribuya a un partido de oposición. Por eso, los aportes son por debajo de la mesa, y cuando están en el gobierno otorgan contratos a simpatizantes que deben dar un porcentaje de sus ganancias. Del lado de las organizaciones de la sociedad civil y de individualidades también hay francotiradores que disparan por mampuesto contra cualquiera que piense diferente.

Conclusión

En todos los sectores hay organizaciones e individuos que, por diferentes razones, muchas de ellas injustas, buscan chivos expiatorios en lugar de unir esfuerzos para salir de este nefasto interregno. Sin embargo, también hay una mayoría que con mucho esfuerzo contribuye para lograr una mejor Venezuela. Instamos a los partidos políticos de la Plataforma Unitaria y las ONG a pronunciarse conjuntamente sobre un programa mínimo de gobierno. Nuestra líder María Corina podría tomar la iniciativa.

Como (había) en botica

  • Excelentes declaraciones y denuncias de los valiosos Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha.
  • Lamentamos el fallecimiento de Jesús Caraguiche, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol, activo luchador contra el régimen.
  • ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

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