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Autonomía Universitaria: Terror de dictaduras, por Antonio José Monagas

ES POSIBLE QUE EN VENEZUELA LA SOBERBIA, la prepotencia y la indecencia se hayan juntado para actuar en búsqueda de criterios a partir de los cuales puedan articularse procedimientos que favorezcan la acción de gobernantes tiranos en contra del conocimiento. Pero no de cualquier conocimiento. Sólo de aquel que procura fundamentar la verdad que aviva la conciencia del hombre que con su trabajo reivindica los derechos que avalan su dignidad, su libertad y su calidad de vida. Estas realidades, anudan condiciones que exhortan la democracia como sistema político de una nación. En consecuencia, amordazan la discusión de ideas sobre las cuales descansan los valores morales que requiere el hombre en su defensa ante las contingencias que le rodean.

Mucho más que la incidencia de intereses que puedan resistirse a la adopción de enfoques claros y novedosos. Sin embargo en medio de tan persistentes contradicciones, la universidad venezolana no ha dejado de valerse de su autonomía para al menos mantenerse en el sitial que por ley le corresponde.

Justamente, es cuando ante el rescate que a diario le plantea el concepto de autonomía universitaria, la universidad moviliza sus mayores y mejores esfuerzos para equilibrarse en medio del zarandeo que le propina cada decisión gubernamental. Más, cuando la autonomía se observa como el requisito indispensable para la realización plena tanto de los derechos del hombre en medio de la sociedad civil, como de los objetivos de la Universidad. Es precisamente la razón por la que la condición autonómica de la universidad, se torna incomoda a los ojos del régimen. Y así ha sido siempre. Sólo que ahora, la situación se ha intensificado ampliamente.

Así que el régimen, apoyándose en la fuerza que le concede leyes amañadas o resoluciones giradas desde un Poder Judicial sumiso, incluso mediante decretos emitidos por el Ministerio de Educación Superior, hace gala de su superioridad y verticalidad. Es decir, de la intolerancia y la negación del pluralismo político para atropellar el estoicismo que caracteriza a la universidad autónoma.

A decir del sentido y dirección de buena parte de las medidas a manera de argucias tomadas por el gobernante empeñado en maltratar a la Universidad, pareciera que lo que las mismas encubren tiene que ver con la reducción de la educación superior a un simple mecanismo de reproducción de desigualdades. Además, la tendencia a ver en la labor académica un “complot” contra la autoridad ejecutiva nacional. Es lo que incita el miedo que caracteriza todo aquello que tiene pleno conocimiento de estar actuando con ojeriza y resentimiento.

Esta situación ha facilitado un comportamiento institucional manejado por el temor de intervención que como amenaza, anuncian instancias del mundo gubernamental educacional sobre la universidad autónoma. Aunque también, parte de dicha actitud se halla relacionada con la manera con la cual el Estado venezolano ha venido introduciéndose en los más variados niveles de la estructura social y económica nacional.

Por consiguiente, la postura de controlador que ejerce el Estado provoca decisiones que en poco o nada se ajustan al ordenamiento jurídico. De hecho, este estatismo, por demás desproporcionado, ha devenido en caras y negativas consecuencias encabezadas por la sustitución y anulación de la iniciativa de la sociedad por adecentar las instituciones del Estado. A ello, naturalmente, se pliega la universidad toda vez que se ve confinada desde la menguada asignación de su presupuesto anual.

Sin embargo, no todo puede determinarse según esquemas de reactiva negatividad. O de radical pesimismo. La Universidad autónoma nacional ha hecho ver al país que bien sus años de historia le han permitido demostrar la pujanza de las ideas de su comunidad al momento de darle forma y voz al debate universitario a fin de uniformar una protesta que de seguro será punta de lanza para validar y valorar acciones que sacudan la sordera y ceguera del autoritarismo hegemónico convertido en gobierno.

Deberá reconocerse que el proyecto revolucionario endilgado a través de engañosas ofertas propias del más rancio populismo, le quedaron pequeñas a la sociedad venezolana. El enorme tamaño del aparato estatal, pese al esfuerzo hecho en dicha dirección, no ha podido seguir controlando la creciente complejidad de la sociedad y de sus instituciones. La Universidad autónoma así lo entendió, razón por la cual vio la necesidad de arreciar en su llamado a concienciar la libertad como razón de ser de una Venezuela democrática, capaz de motivar sus capacidades en aras de un futuro cierto y promisorio.

Deberá también saberse que la sociedad venezolana no está inerme, así como tampoco es indiferente a los cambios que la actual crisis pone de manifiesto. Asimismo, la Universidad cuya capacidad de adaptación comenzó a evidenciarse. Sobre todo, cuando hay conciencia del temor que vive todo régimen dictatorial cuando encarna el despotismo. O como bien puede inferirse al destacar tan directa realidad cuando da cuenta de una consideración históricamente corroborada: autonomía universitaria, terror de dictaduras.

TSJ declaró

 

 

EL PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Juan José Mendoza, declaró la “nulidad absoluta” de la “Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia” aprobada el martes por la Asamblea Nacional (AN).

El Poder Judicial remitió copia del documento al Ministerio Público y a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Durante una rueda de prensa, Mendoza dijo que el referido estatuto -que señala el restablecimiento de la vigencia de la Constitución- no cuenta con la jerarquía para derogar la Carta Magna.
Asimismo, el TSJ pidió a la ANC  investigar la designación de diplomáticos venezolanos en el exterior por parte de la AN.
Al reiterar que el Parlamento se encuentra en desacato, el magistrado aseveró que existe “una flagrante infracción del artículo 233 de la Constitución porque no hay falta absoluta que produzca la vacante del presidente” de la República.
Cinco magistrados del TSJ designados por la AN están en Colombia tras asedio del gobierno venezolano

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Cinco magistrados venezolanos, que fueron designados por el Parlamento de mayoría opositora, huyeron hacia Colombia en condición de turistas, señaló uno de los jueces en declaraciones divulgadas este lunes en Bogotá.

Pedro José Troconis reveló al diario El Tiempo de Bogotá que debió cruzar la frontera ante el “asedio” del gobierno de Nicolás Maduro, que desconoció la elección de la corte suprema por la mayoría opositora y ordenó el arresto de los 33 magistrados nombrados el 21 de julio por supuesta “usurpación de funciones”.

“En Colombia ya hay cinco magistrados en la misma situación. Todos ya tenemos sello en el pasaporte en condición de turista y no como refugiados ni asilados, como les ha tocado a otros”, afirmó Troconis.

Chile ha dado acogida a seis opositores venezolanos en su embajada en Caracas, incluidos cinco jueces de la corte paralela, mientras Panamá otorgó asilo a otros dos jueces.

Otros tres están bajo arresto en su país.

Según Troconis, que también forma parte de la ONG Foro Penal Venezolano, el grupo de magistrados que llegó a Colombia ha recibido “opciones laborales mientras se supera la crisis”.

El juez, que no reveló los nombres de los demás magistrados que están en Colombia, dijo que en los próximos días viajará a Estados Unidos para reunirse con el secretario de la OEA, Luis Almagro, la voz más crítica de Maduro en los organismos internacionales.

Sin embargo, tampoco anticipó si pedirán algún tipo de protección en Bogotá o en Estados Unidos.

El viernes, el oficialismo instaló una Asamblea Constituyente que fue elegida en medio de duros cuestionamientos internacionales, y que dentro de sus primeras acciones resolvió destituir a la fiscal general Luis Ortega, una figura del chavismo que está en contra de Maduro.

El órgano está dotado de suprapoderes y legislará por dos años años, en los que redactará una nueva Constitución en medio de la ola de protestas opositoras que han dejado 125 muertos en cuatro meses.

TSJ difiere audiencia de Ramón Muchacho para el 3 de agosto

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El Tribunal Supremo de Justicia difirió la audiencia del alcalde del municipio Chacao Ramón Muchacho para el próximo 3 de agosto y le prohibió la salida del país.

La Sala Constitucional inició la deliberación y escuchó al burgomaestre a través de su apoderado, pero optó por postergar la comparecencia para el mes entrante.

Muchacho fue citado por supuesto incumplimiento de una sentencia del Poder Judicial referente a la existencia de barricadas en esa jurisdicción.

Este martes, se realizó la audiencia del alcalde del municipio Diego Bautista Urbaneja (Lechería), Gustavo Marcano, quien tampoco acudió a la cita. A la postre el TSJ ordenó la destitución de su cargo, condena de 15 meses de prisión, detención inmediata y prohibición de salir del país.

 

Defensa Pública venezolana, entre lagunas informativas y burocracia

ACCESO A LA JUSTICIA hizo una investigación sobre el desempeño de la Defensa Pública de 2001 a 2015 a partir de la información oficial. Los resultados son dependencia presupuestaria del Poder Judicial hasta 2015, fragmentación de la información, datos parciales y discontinuidad en años de publicaciones, todo lo cual dificulta un diagnóstico completo y claro de su desempeño a la luz de la garantía expresa de este servicio al ciudadano en la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999.

La página web de la Defensa Pública destaca 15 años de servicio, a lo largo de los cuales se crearon 61 sedes regionales, pero no contiene informes anuales de gestión que aporten estadísticas tales como: la relación entre causas ingresadas al organismo y causas atendidas para evaluar su productividad, evolución en número de defensores públicos según la demanda ciudadana, ni información presupuestaria.

La principal fuente disponible de información estadística sobre el servicio de Defensa Pública es el Informe Anual del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), poder del que dependió, en teoría, hasta la promulgación de la Ley Orgánica de Defensa Pública, en enero de 2007. Aunque, como ya anunciamos, esa “independencia legal” del TSJ, no fue tal en materia presupuestaria, ya que los recursos del organismo siguieron siendo manejados a través de la cabeza del poder judicial hasta el año 2014.

Esta dependencia prolongada del Poder Judicial cobra relevancia, porque ha implicado la subordinación de este organismo hacia uno de los sujetos del proceso penal, los jueces.

Sin duda, la Defensa Pública es parte del sistema de justicia pero debe estar separada del TSJ, porque se requiere que los tres sujetos del proceso penal (el fiscal que acusa, el defensor público que defiende al acusado y el juez que juzga) sean independientes y autónomos. Por tanto, la tardanza en darle autonomía no puede desvincularse de las dificultades que ha tenido la instauración del sistema de defensa en el país y de un eficiente e imparcial sistema de justicia a partir de la entrada en vigencia de la Constitución.

Aunado a lo anterior, se observa en los informes anuales del alto Tribunal que la Defensa Pública aparece como un breve capítulo final, en el que se presentan indicadores muy generales y no siempre se mantiene la misma información año tras año.

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A todas estas los venezolanos se preguntan, si la Defensa Pública es eficiente y a partir de la escasa información disponible se verificó que entre 2009 y 2015 hubo un incremento en el número de defensores al pasar de 776 a 1.500 para una tasa de casi 5 funcionarios por cada 100.000 habitantes, similar a la disponibilidad de jueces en el país (6 por cada 100.000 personas). No obstante, es considerado un valor bajo en comparación con el resto de América Latina.

Adicionalmente cabe preguntarse si este aumento en el número de defensores públicos se traduce en calidad. En cuanto al volumen de casos manejados, entre 2003 y 2008 aumentan los asuntos ingresados, pasando de 62.822 en 2003 a 290.000 en 2009, pero el nivel no se sostiene y llega a 187.000 en 2013. La tasa de causas atendidas creció entre 2003 y 2007. El promedio es de 150 por defensor, con un máximo de casi 200 en 2007. En 2009 es de 379, pero a partir de entonces al no haber cifras oficiales, es imposible determinar si ha habido un incremento equivalente en la productividad.

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Con información de Acceso a la Justicia 

La revolución sí, pero no así, por Asdrúbal Aguiar

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Soy un simple profesor y desde tiempo inmemorial – medio siglo que recuerde – un columnista de opinión, ajeno a las ciencias ocultas. No sé, pues, qué se nos viene encima a los venezolanos al final de esta dura lucha contra la represión más desalmada que conozcan nuestros anales patrios. De nada ya sirven las reglas de la política o la historia, pues la lógica de la dictadura transita mejor por los predios de lo policial.

Algo me tranquiliza, a saber, que la mayoría determinante, macerada en el dolor y en las carencias que nos son comunes desde que se instalará la mal llamada revolución, ha alcanzado el territorio de lo transcendente. Todos a uno hemos abandonado el miasma de la cotidianidad que nos mantiene bajo secuestro y quizás tapándonos las narices por su aún cercanía miramos finalmente hacia el horizonte, con nombre de libertad.

Venezuela renace de sus cenizas y – no exagero al decirlo – observa éstas para hacer memoria de un sentir propio que se hizo subterráneo sin perderse y da razones suficientes para rescatar una identidad germinal que han silenciado las espadas y sus cuarteles; que nos permite avanzar hacia una obra de recreación democrática con las seguridades de su éxito.

Releo a El Publicista de Venezuela, que circula en 1811, nuestra hora inaugural. En sus páginas consta que el Congreso General de Venezuela, en su sesión legislativa establecida para la provincia de Caracas, declara que el olvido y desprecio de los Derechos del pueblo, ha sido hasta ahora la causa de nuestros males; por lo que se declara convencido que, antes de formar una Constitución, debe prescribirse: (1) la residencia imprescriptible, inenajenable e indivisible de la soberanía en el pueblo, en su conjunto, no en sus partes; (2) la voluntad del pueblo como única que otorga legitimidad y legalidad a los gobiernos, que han de ser temporales; y (3) la igualdad fundada en la ley y en la compatibilidad de los actos del gobierno y los magistrados con el respeto, ora de la soberanía, ora de los mismos derechos del hombre.

A guisa de dicha lectura me encuentro con el debate de competencias en el que se cruzan nuestros primeros poderes en sus fases de transición, a cuyo respecto la claridad de miras de nuestros Padres Fundadores es proverbial: “Si el Poder Legislativo dictase una ley, y el Poder Ejecutivo no administrase y gobernase por ella, no negaría el Poder Judicial, que éste se excede”. Mas a pesar de esa independencia con que efectivamente deben obrar los tres Poderes en sus respectivos ramos – rezan las actas de entonces – “están recíprocamente sujetos a la observación de sus operaciones, para que ninguno traspase la línea de su autoridad; y si como quiere el Poder Judicial, no pudiesen los demás censurarle sus juicios, y contenerle, sería el más déspota de los tres”.

La preeminencia actual del irrespeto a la Constitución y la ley por el gobierno y los jueces ha llegado a límites, por lo visto, hoy irreconocibles para nuestra auténtica tradición republicana, incluidos los tiempos en los que los militares hacen valen la ley de la fuerza, pero cuidan de las fórmulas sacramentales. Esta vez los corifeos togados, antes bien, elaboran panfletos que mejor hablan de culto a la mentira, de la impudicia desembozada desde el poder que ya no encubre sus felonías, ora contra el soberano, ora contra los derechos esenciales del ser humano.

En este punto, por mirar u otear el bosque, no el árbol que tapa nuestra vista, considero de valor extraordinario el comportamiento republicano que en la circunstancia agonal del país despliega la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Ha dejado los odres del narcisismo y la enajenación revolucionaria para casi decir, cambiando lo cambiable, lo que diría el ex presidente Álvaro Uribe: ¡La revolución sí, pero no así!

De modo que, al pedirle al procónsul Maduro suspender su adefesio de “constituyente comunal”, acepte se pronuncie la soberanía popular de un modo cabal, y aceptar un diálogo que asegure la paz y tranquilidad en Venezuela, acaso hace lo que le corresponde hacer – sin que concite admiración – a cualquier titular del Ministerio Público en una democracia. ¡Que lo haga bajo la dictadura, traicionándola, en medio de la violencia sin Constitución ni respeto por la vida que secuestra al país, reclama reconocimiento, pues lo relevante es que salva con su hacer el catecismo raizal de la patria.

Una corrección o precisión si exige su invitación al diálogo, que es una mala palabra en Venezuela.

Vaclav Havel, quien sabe y conoce a cabalidad de transiciones hacia la democracia desde el comunismo, distingue bien al efecto: “Si la humanidad ha de sobrevivir… el orden… debe ir acompañado por un respeto mutuo y sincero… de buscar y encontrar aquellos valores o imperativos morales básicos que tienen en común [las distintas culturas, naciones, o personas]”; pero, asimismo, se debe confrontar el mal desde su seno, de lo contrario debe eliminarse por la fuerza”.

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Diputados es hora del pueblo en Asamblea, por Armando Martini Pietri

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A los diputados de la Asamblea Nacional por quienes voté en diciembre de 2015, demando que me representen y consideren en la sesión ordinaria de este jueves 25 de mayo temas de importancia para la nación. Exijo que no piensen en sus propias imágenes, sino en la de ese pueblo que se les está yendo de las manos, al cual pueden convocar, pero no controlar. El poder de los parlamentarios es el capital que su dueño, el pueblo, les confió para administrarlo, desafortunadamente lo realizan con limitaciones y falta de percepción que a estas alturas, son pecados mortales.

Llegó la hora de la verdad. Elegimos un Poder Legislativo. Pero el Poder Ejecutivo autoritario ordenó al Poder Judicial integrado por jueces sin orgullo de su propia dignidad ni de su responsabilidad con la Constitución, y bloquearon nuestra elección. Arbitrariamente la anularon. Fuimos traicionados, dejados de lado. ¡Es momento del pueblo en Asamblea!

Para evitar malos entendidos en lo que se plantea, la campaña de tomar las calles es de importancia significativa. Debe continuar con más impulso y energía en todo el país cada día más, algo importante se está mostrando: no es sólo la oposición organizada reclamando, son los vecinos levantando banderas de rebelión contra la tiranía. En cada reunión, en cada sesión como diputados, deben tenerlo muy en cuenta. Porque ellos y sus partidos no son nada sin el pueblo, ese que a diario sale a tomar las calles. Son suyas, no del Gobierno ni de los diputados.  

¿Dónde está el Oeste, por qué no se expresa salvo El Paraíso de clase media? ¿Qué pasa con el 23 de Enero, Caricuao, Catia, el Cementerio, Sarría? Están despertando con cautela, allí los colectivos irregulares deben considerarse con cuidado por seguridad y peligrosidad. No son sólo empleados nefastos de un oficialismo cruel que aparecen en manadas, son una realidad vecina puerta a puerta, todos los días y noches.

Los líderes acompañan hombro a hombro a los ciudadanos. Pero la Asamblea Nacional no es la calle, es el poder confiado por el pueblo, y esa responsabilidad es mucho más que marchar -sin irrespetar el comprobado coraje.

La Asamblea Nacional como cuerpo electo por todos los ciudadanos que están arriesgando la vida en el asfalto, pero también por los que están en sus casas, trabajos, hospitales, en sus angustias y esperanzas. Confían en el Parlamento que prometió democracia, libertad, renovación, unidad. Son varios los líderes, que ponen cara y pecho, muchos aquellos por los cuales se lucha. Así lo hicieron los libertadores, también los fundadores y consolidadores de nuestra democracia. Por eso fueron y siguen siendo líderes, próceres.

El Poder Legislativo debe considerar que los sancionados magistrados lo enfrentarán con más ahínco, le recordarán su desacato y el oficialismo los acusarán de lo que se les ocurra. Pero los votos que cada parlamentario recibió no pueden ser inhabilitados, ni desacatados por los diputados electos, sólo por cada ciudadano registrado y en nuevas elecciones. Eso es el Poder Legislativo, su fuerza y firme autoridad nacional e internacional, el que frena ambiciones anticonstitucionales del Ejecutivo, mandato que no viene de sus partidos, sino del pueblo mismo donde está el poder originario. 

Es vital para la República -aunque el régimen lo desconozca- considerar una moción de urgencia para reiterar de manera formal que Venezuela no tiene Presidente, pues se decretó en enero de este mismo año su falta absoluta por abandono de sus deberes constitucionales. Es hora de que la Asamblea Nacional demuestre que no habla por hablar, sino que, con la Constitución en la mano, actúa con derecho y en defensa de los intereses de sus representados. ¡Porque es el verdadero poder popular!

Previa consulta con los factores nacionales, nombrar una Comisión Negociadora de respetables y respetados, venezolanos de prestigio, para que definan con el régimen -aunque legitimo de origen, ilegitimo en el desempeño- los términos de una transición. Con concesiones razonables, pero sin impunidad, ceder principios ni exigencias. Es cuestión de estadistas. 

Designar Comisiones acreditadas por el Parlamento para acudir a los organismos económicos y políticos nacionales e internacionales para demandar, con el pueblo siempre presente en la mente, las medidas que bloqueen las acciones de un gobierno usurpador y sin autoridad. Se ha venido haciendo a título personal, sin embargo, es momento de establecer la formalidad constitucional para los representantes del Poder Popular. No el de la propaganda oficial.

La Comisión de Defensa y Seguridad deberá dirigirse -todos en uno- al despacho del Ministro de la Defensa, y participarle a la Fuerza Armada las serias implicaciones de obedecer a un régimen deslegitimado, y las consecuencias inevitables de la complicidad criminal de lesa humanidad. Si el Ministro no los recibe, se ata su propia soga al cuello ante el país y el mundo. Una reseña de los asambleístas frenados a las puertas del despacho, es políticamente devastadora para la dirigencia militar del país.

La Comisión de Política Interior debe trasladarse con refrendación oficial, al Poder Moral y Tribunal Supremo de Justicia, a fin de notificar sus decisiones, exigir su cumplimiento y revalidar su carácter legítimo de representación ciudadana, reclamar órdenes de libertad para todos los presos políticos, y el regreso de los exiliados, con las garantías debidas. Que ellos lo hagan o no, es problema de ellos, la Asamblea Nacional cumplirá su deber con quienes la eligieron. 

Convocar a insignes mujeres y hombres, expertos en diferentes áreas y especialidades, a fin de concebir y diseñar un nuevo país democrático, de futuro y oportunidades, que a la brevedad sea sometido al veredicto popular en votación universal y secreta, una Constituyente creíble y legal, anunciarle al país un cronograma concreto de acciones que culminen en elecciones generales en tiempo perentorio. 

Decretar Estado de Emergencia y establecer la apertura inmediata del canal humanitario para medicinas y alimentos; la necesidad es evidente lo reconozca o no el régimen.

Los diputados tienen potestad, autoridad y responsabilidad constitucional de nombrar a los integrantes de los poderes públicos. No lo adviertan más, háganlo. Escojan y nombren a venezolanos dignos, como pueden y deben hacerlo. No más largas. Enfrenten a los ilegítimos con la legitimidad del pueblo. Que el país y el mundo observen dos poderes públicos al mismo tiempo, uno dócil y sumiso a la dictadura y otro respaldado por la fuerza del pueblo y la Constitución. ¿Qué harán los gobiernos democráticos, la banca internacional, los organismos multilaterales, la OEA, ONU, CELAC, UNASUR y otros? 

No es su competencia convocar elecciones, pero sí exigirlas al juramentar al nuevo e imparcial Poder Electoral. Sólo así recuperaremos la paz, evitaremos más mortandad y una inevitable confrontación o, peor, la guerra. De esa manera, Venezuela retomara la senda de la libertad y la democracia. Se dice fácil, el sistema de libertades no lo es.

En caso de que las autoridades ilegitimas, obstaculicen o desconozcan, dejando sin alternativas, al Poder del pueblo, la Asamblea Nacional está en el deber y la obligación de invocar formalmente el artículo 350 de la Constitución, será su hora. 

Proceder sin más dilación, pasan los días en las calles demostrando gallardía, convicción libertaria admirables con demasiados jóvenes asesinados, cientos de heridos y casi miles de apresados arbitrariamente. Cada día es peor, la agresión es inhumana, la proeza heroica.  

El único poder público legítimo actual es la Asamblea Nacional, representante directa del poder originario de toda democracia: el pueblo. Llegó el momento de asumir ese compromiso y adeudo, enfrentar la historia con luminiscencia. ¡Es la hora del verdadero poder popular!

 

@ArmandoMartini

Maikel Moreno: Sanciones de EEUU intentan coaccionar e intimidar la función de los magistrados del TSJ

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El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, rechazó este viernes las sanciones impuestas por el Gobierno norteamericano contra magistrados del máximo tribunal del país.

En una rueda de prensa, Moreno señaló que las sanciones del Departamento del Tesoro EE. UU. intentan “coaccionar e intimidar la función de los Magistrados”.

“El gobierno de EEUU intenta coaccionar la conciencia de los magistrados del TSJ”, declaró.

 

 

Moreno expresó que el Gobierno de EE.UU. “en su intento de imponer su poder imperial, la medida quedará intranscendente, ya que cada uno de los integrantes de este tribunal solo se deben al cumplimiento estricto de la Constitución”.

“No aceptamos la imposición ni intervención de gobierno alguno en las competencias y facultades exclusivas del TSJ”.

Agregó que “los propósitos imperiales movidos por intereses oscuros pretenden mellar la independencia del Poder Judicial para tomar control de la administración de justicia”.

El magistrado pidió a las instancias legales del mundo a que rechacen “estas acciones que no cumplen con los requisitos jurídicos de tratados internacionales”.

Además hizo un llamado “al diálogo y unión de todos los venezolanos para procurar la paz en nuestro país”.

Vale recordar que el Departamento del Tesoro EEUU impuso sanciones económicas este jueves al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, y a siete magistrados de la Sala Constitucional por “usurpar la autoridad” de la Asamblea Nacional.