La Sala Plena del TSJ y los magistrados de las salas Constitucional, Política Administrativa y Electoral son los principales alcahuetes de la dictadura, al reformar leyes y producir sentencias aberrantes
En el pasado hemos tenido jueces y fiscales honestos, pero también algunos corruptos. Desde que la Asamblea Constituyente de 1999 se tomó la atribución inconstitucional de destituir a quienes le venía en gana y designar a una mayoría sin méritos y alineados con el proyecto chavista, los ciudadanos quedamos desamparados. La reciente sentencia redactada por la magistrada Lourdes Suárez Anderson dejando fija la arbitraria multa en contra del diario El Nacional, así como el ciclo de conferencias organizado por el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN) sobre las violaciones a los derechos humanos, motivan volver sobre este tema.
Represalias y advertencias a los correctos
Cabe recordar que hay casos de jueces y fiscales que renunciaron o que fueron destituidos por no plegarse a las órdenes de Chávez-Maduro. Son la excepción que confirma la regla. No podemos olvidar el caso de la jueza Afiuni, presa y torturada por conceder la libertad a un preso porque el Ministerio Público no presentó la imputación dentro del lapso legal. Los jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Ana María Ruggieri, Apitz y Rocha, fueron destituidos porque al Ejecutivo no le agradó una sentencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de los destituidos. Estos y otros casos fueron una señal para el resto de los jueces y fiscales. ¡O aceptas órdenes o te encarcelamos y torturamos y, en el mejor de los casos, te destituimos! Hoy hay varios funcionarios en el exilio.
Algunos casos de Chávez
Por la masacre propiciada por Hugo Chávez el 11 de abril del 2002, la fiscal Haifa El Aissami imputó sin pruebas a tres comisarios y a varios efectivos de la Policía Metropolitana que intentaron impedir que los paramilitares rojos asesinaran a ciudadanos que marchaban pacíficamente a solicitar la renuncia del presidente. La jueza Marjorie Calderón los sentenció a varios años de prisión.
A Haifa la premiaron con la embajada en los Países Bajos, después como representante ante la Corte Penal Internacional y hoy ante la FAO. Marjorie fue designada, como recompensa, magistrada de la Sala de Casación Penal. En una de las etapas de este juicio participó el juez Maikel Moreno, hoy presidente del TSJ, y la fiscal Luisa Ortega Díaz, posteriormente designada fiscal general.
El asesinato del fiscal cuarto, Danilo Anderson en el 2004, permanece sin esclarecer. El entonces fiscal general Isaías Rodríguez buscó lo que llamó un “testigo estrella”, de nombre Giovanni Vásquez, quien acusó a Otoniel, Rolando y Juan Bautista Guevara de ser los autores materiales; además de involucrar como autores intelectuales a una periodista, un general y un banquero. Tiempo después ese testigo confesó que había recibido dinero del gobierno para hacer la acusación y la Sala Constitucional del TSJ prohibió que la prensa informara sobre la vida de Vásquez y sobre el expediente. Los Guevara permanecen presos a pesar de que legalmente ya tienen derecho a la libertad. El fiscal acusador fue Gilberto Landaeta.
A Maritza Ron la asesinaron, en agosto de 2004, los paramilitares rojos Henry Parra, John Jiménez y Pedro Ramos, quienes fueron sentenciados a entre siete y ocho años de prisión. Dos semanas después el juez Nicol Catalano Campesi les rebajó la pena en atención a “actividades laborales y académicas”. Y a las tres semanas fueron puestos en libertad bajo régimen abierto.
José Manuel Vilas, de Gente del Petróleo, fue asesinado por motorizados rojos cuando se retiraba de una manifestación en marzo del 2004, delante de un grupo de guardias nacionales. Por tener doble nacionalidad, el agregado del interior de la embajada de España comprobó en el CICPC de Los Teques que estaba identificado el mayor de la Guardia Nacional responsable del operativo, y uno de los motorizados. Sin embargo, paralizaron la investigación. Los pocos casos señalados se mencionan solo para recordar que las violaciones a los derechos humanos se iniciaron en el 2002. Los trabajadores petroleros despedidos ilegalmente que acudieron a los tribunales recibieron sentencias desfavorables.
Un caso atípico
Tal es el de Luisa Ortega Díaz. Ella entró a la fiscalía en el 2002, y entre el 2007 y el 2017 fue fiscal general. Durante su período se cometieron muchos atropellos que ella no investigó, inclusive asesinatos. A partir del 2014 se negó a imputar sin base a ciudadanos opositores. Ello obligó al régimen a someter a civiles a la jurisdicción militar, revirtiendo esta decisión cuando destituyó a Ortega y asumió la fiscalía el intelectualmente deshonesto Tarek William Saab. Hoy ella ha denunciado las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos, pero debe aclarar su actuación anterior.
Algunos casos de Maduro
En los últimos años asesinaron a Geraldine Moreno, Oscar Pérez y compañeros, a Fernando Albán, a Acosta Arévalo y a muchos otros. Numerosos presos han sido torturados. Según el Foro Penal, al 21 de julio de este año permanecen en las mazmorras 276 presos políticos (260 hombres y 16 mujeres), de los cuales hay 147 civiles y 129 militares; además, 9410 tienen medidas cautelares.
Responsables principales
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los magistrados de las salas Constitucional, Política Administrativa y Electoral son los principales alcahuetes de la dictadura, al reformar leyes y producir sentencias aberrantes, contrarias a derecho. En el TSJ hay unos pocos magistrados que tenían una aceptable trayectoria profesional, pero la mayoría no tiene méritos. ¿Por qué abogados con buena formación profesional se arrodillan ante el régimen y, además, aceptan como colegas a otros que son más que mediocres? La pudrición del Poder Judicial es tal que limpiarlo requerirá más de un Hércules y un caudal más grande que el de los ríos Alfeo y Pereo.
Como (había) en botica
√ Los venezolanos perdimos el 49 por ciento que teníamos en la refinería de República Dominicana. Nos pagaron menos de lo que nos costó y con bonos de la deuda.
√ Votar en las regionales es la opción menos mala, a pesar del ventajismo y de las trampas del régimen. Ojalá en México se consigan mejores condiciones. Los partidos de la Plataforma Unitaria deben escoger los mejores candidatos, respetar lo que desean las regiones y presentar uno solo para cada cargo. ¿Lo harán?
√ Lamentamos los fallecimientos de Argenis Fuenmayor y Francisco Pernía, de Gente del Petróleo y Unapetrol.
√ ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
24/8/21
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