Gitanjali Wolfermann

Así como el COVID-19 puede dejar secuelas físicas de larga duración, el personal de salud que ha trabajado incansablemente desde que se decretó la pandemia en Venezuela también evidencia secuelas emocionales. Cargan a cuestas vivencias muy difíciles de sobrellevar del pico de la primera ola, como pacientes que se desplomaron en las emergencias de los hospitales y colegas que murieron uno detrás de otro. El miedo a ser el próximo profesional de la salud en morir, o de ser el vector que contagie a su familia, es el mayor de sus temores

Por @GitiW

No había terminado la primera semana de enero de 2021, cuando el recuento no oficial que lleva la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) asentó el hito de 300 miembros del sector salud fallecidos con sintomatología de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. 

Los reportes semanales o quincenales de MUV, publicados a través de su cuenta de Twitter desde junio de 2020, han sido la única forma de superar la censura de la gestión de Nicolás Maduro y de dar a conocer los nombres de los 230 médicos, 54 enfermeros, 7 odontólogos y 18 miembros del personal técnico, administrativo y obrero que han perdido su vida a causa del COVID-19. En total, son 309 profesionales de la salud fallecidos hasta el 12 de enero de 2021.  

Una encuesta realizada por MUV en octubre de 2020 evidenció que más de 70% del personal de salud venezolano presentaba síntomas de ansiedad y depresión, como consecuencia de los retos y riesgos que impuso el virus en la rutina de los centros de salud. Numerosos estudios internacionales dan cuenta del enorme costo emocional que ha dejado la pandemia en el personal de salud, como el publicado esta semana en el Reino Unido según el cual la mitad del personal de cuidados intensivos sufre de estrés post-traumático tras lidiar con la primera ola de la pandemia. 

Runrunes contactó a seis médicos y a una enfermera de los estados con más personal fallecido, a saber: Zulia (70), Distrito Capital (28), Carabobo (26), Bolívar (21), Anzoátegui (21) y Mérida (13), para hacerles una sola pregunta: ¿Cómo te sientes? 

“Nos estamos desangrando” 

Todos los médicos y todo el personal de salud tenemos miedo. Miedo no sólo a enfermarnos sino, peor aún, a enfermar a nuestros familiares, a nuestros padres, tíos, hermanos e hijos. Hay un miedo muy grande al laborar con este riesgo de enfermarse o de enfermar a los demás. Yo personalmente he tenido pánico de enfermarme o de enfermar a alguien porque sabemos que después de que estemos enfermos, la forma en la que vayamos a evolucionar solamente la sabe Dios. Realmente no podemos decir que hemos encontrado el tratamiento adecuado, incluso si se hace a tiempo. 

Después de un año de pandemia, yo puedo decir que en Venezuela estamos igual que al inicio. Estamos absolutamente paralizados, tenemos un país que no arranca, donde la cuarentena mantiene al país en un paro total, lo que hace que haya más hambre, pobreza y miseria. 

En el área de la salud, en el estado Zulia hemos sido afectados tan fuertemente con la pérdida de valiosos y preparados especialistas, que puedo asegurar que hay áreas de especialidades que van quedando prácticamente desiertas, y en aquellas en las que no hay una falta absoluta de especialistas, hemos perdido a las personas más capacitadas debido a su gran experiencia. 

En el estado Zulia, en el área de las especialidades hay una hemorragia, nos estamos desangrando. Estamos perdiendo algo tan valioso como el consejo de aquellos maestros que siempre se necesita para los casos más complejos. 

Freddy Pachano, cirujano pediatra

Estado Zulia | 70 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19 

“¿Cuándo nos va a tocar a cada uno de nosotros?”

Como parte del personal de enfermería al que le ha correspondido ser parte de la primera línea de atención de los casos de COVID-19, puedo decir que nos encontramos con una sensación de profunda indefensión. Por un lado tenemos que lidiar con la grave crisis económica que nos está afectando, producto de la desaparición total de nuestro salario que no tiene ningún poder adquisitivo. 

Por otro lado, muchas enfermeras tienen el dilema de ir o no a trabajar pues sólo en pasaje gastan 1.300.000 Bs., y cuando llegamos a los hospitales tenemos que lidiar con el temor a contagiarnos pues cada día se incrementan los casos, y encontramos que no tenemos las medidas de bioseguridad para minimizar el riesgo. Tampoco tenemos previsión social: si un profesional de enfermería se contagia, tiene que asumir el costo del tratamiento y eso ha generado una suerte de paranoia, de terror por no tener los insumos de bioseguridad requeridos. 

Cuando vemos las cifras del personal de salud fallecido por COVID-19 nos preguntamos ¿cuándo nos va a tocar a cada uno de nosotros? Esa pregunta es como una espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Trabajar con personas enfermas requiere que los profesionales de la salud mantengamos la serenidad y la calma, pero cuando vemos la catástrofe humanitaria en la cual estamos enfrentando esta pandemia caemos en la desesperanza. 

Nos sentimos angustiados, desesperanzados e impotentes porque estamos tratando de garantizar a los pacientes el derecho a la salud, pero no tenemos los insumos que se requieren para asumir con responsabilidad nuestras buenas prácticas profesionales. 

En el personal de enfermería vemos como la depresión ha cobrado campo y la desesperanza es muy generalizada. Cuando sumamos estas dos, la decisión de abandonar la profesión para la cual nos formamos es inminente y esto acarrea una arista más al problema de salud que es el déficit de personal. En el caso de enfermería, la ausencia del personal incide directamente en la recuperación del paciente. De hecho, hay estudios que concluyen que cuando en un hospital disminuye el número de enfermeras, exponencialmente aumenta el riesgo de morir de los pacientes pues no hay quien los cuide.  

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital

A nivel nacional | 54 enfermeras y enfermeros fallecidos por COVID-19 

“En cualquier momento yo puedo adquirir la enfermedad”

Me siento angustiado porque sé que en cualquier momento yo puedo adquirir la enfermedad por cualquier circunstancia, desde el uso inadecuado del equipo, por cansancio, o por el descuido al atender a un paciente asintomático. Ese estado de alerta permanente ha significado cansancio y agotamiento. 

El problema es que no solamente se puede enfermar el médico sino su familia. Yo tengo a mi madre de 94 años, la posibilidad de que yo sea el culpable de que se infecte es altísima, por suerte ella no vive conmigo. La cadena de enfermedad en nosotros es una angustia que la gente no ve. Esa doble angustia no la tienen otras profesiones. Saber que cada día puede ser el momento en el que adquieras la enfermedad es una angustia constante. 

¿Qué me motiva a seguir? Lo que soy: médico. Esa es mi gran motivación, eso y ver a la que manda en mi casa que tiene 13 años, por ver su futuro.

Jaime Lorenzo, cirujano general y especialista en Salud Pública

Distrito Capital | 28 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19 

“No somos superhéroes”

Debo decir que nos sentimos agotados, no sólo físicamente por el esfuerzo realizado en nuestros hospitales y en nuestras charlas a la ciudadanía, sino también emocionalmente. Hemos tenido que dedicar mucho de nuestro tiempo para tratar de frenar la propagación del virus. Hemos abandonado muchas veces nuestras familias, nuestro quehacer cotidiano, nuestra rutina y recreación, por lo que muchas veces también nos sentimos dolidos. Dolidos porque creemos que estamos arando en el mar. 

Los médicos, especialmente el gremio que represento, tenemos temor de contagiarnos. En nuestros hospitales no nos equipan con los equipos de protección personal, no hay insumos, no hay medicinas, y nos duele ver cómo muchas veces no tenemos cómo tratar a los pacientes que acuden a nosotros. 

Nos enfrentamos a un Estado indolente al que parece no importarle la salud del personal médico y sanitario. Ya tenemos más de 300 médicos fallecidos en Venezuela con sintomatología COVID-19, ¿y cuántos de ellos están reflejados en la estadística oficial? Parece que no les importa la vida de todo este personal valioso que se nos está yendo sin poder despedirse de sus queridos, y sin poder ser despedidos como ellos se merecen. 

También vemos cómo nos enfrentamos a la indiferencia de muchos de los ciudadanos que no acatan las medidas de prevención, parece que subestiman el virus y que no les importa contagiar a sus familiares. Es insólito ver cómo todavía hay gente que no practica las medidas de protección. 

Quiero cerrar con esta frase: nosotros no somos superhéroes, somos seres humanos con una familia que nos espera y que requiere no solamente de nuestro aporte económico, sino de nuestro aporte afectivo, tenemos metas y sueños por cumplir. No queremos aplausos, queremos que nos doten de los equipos de protección personal y que existan medicinas para que cada paciente pueda cumplir su tratamiento. Nos duele ver cómo el personal de salud, cuando está hospitalizado, tiene que recurrir a las redes para solicitar colaboración ya que es demasiado elevado el costo del tratamiento para el COVID-19. 

Jorge Pérez, obstetra ginecólogo

Estado Carabobo | 26 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19 

“Colegas psiquiatras me ayudan a sobrellevar mis emociones”

Es una mezcla de sentimientos: miedo porque siento que puedo contagiarme y no se si estaré en el porcentaje que se complica y requiere de terapia intensiva, y sin saber que pueda contar con los medicamentos que requiera. Frustración porque el material de protección es limitado y su reposición en los centros de salud es irregular, tanto así, que muchas veces no disponemos ni siquiera de un tapaboca N95. Frustrado también porque muchas personas no toman las medidas preventivas en serio, sobre todo en San Félix, donde podemos ver que la gran mayoría ya ni el tapaboca usa.

Siento dolor al ver cómo han muerto tantas personas que conforman el equipo de salud a causa del COVID-19. Indignado al ver cómo, de forma descarada, el gobierno oculta la verdad, haciendo un subregistro de los casos positivos y las muertes reales. Esto lo logran limitando el número de pruebas PCR en tiempo real. No pueden tomarse las medidas adecuadas sin un diagnóstico acertado.

La situación económica del venezolano no permite cumplir una cuarentena como se debe, ya que debemos salir a diario para poder conseguir el dinero que nos permita cubrir nuestras necesidades básicas de alimentación. He llegado a sentirme tan deprimido ante esta situación que he tenido que recurrir a colegas psiquiatras para que me ayuden a sobrellevar mis emociones.

José Chavero, pediatra neonatólogo

Estado Bolívar | 21 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19 

“Rezábamos todas las noches para que sobrevivieran”

Me tocó muy personalmente esta gran tragedia; esta gran pandemia que aún padecemos. Desde principios del 2020 veía con mucha preocupación cómo en el mundo entero se reportaban los casos de este terrible virus, porque sabía en qué situación estaba el sector salud en toda Venezuela y en particular en el estado Anzoátegui. Me preocupaba que no se estaban realizando planes ni programas por parte de los entes gubernamentales para prepararnos para afrontar la pandemia. 

Anzoátegui fue uno de los estados donde el personal de salud se expuso más y eso se tradujo en pérdidas muy valiosas para sus núcleos familiares, para la sociedad y para la comunidad médica. Agosto fue el mes en el que perdimos diez colegas. Perdí muchos amigos, en especial a una querida amiga de la infancia y la universidad, la Dra. Luz Marina Farías, médico ocupacional que trabajaba en la Clínica de los Trabajadores de Saludanz. 

Ese mes fue el más terrible para todos porque veías cómo cada colega se complicaba y caía en gravedad. Ya no quedaban camas para entubar, no había material farmacológico, no había cupos en terapia intensiva. Rezábamos todas las noches para que sobrevivieran y en la madrugada fallecía uno y al día siguiente otro. El que estaba atendiendo también caía grave. Recuerdo la historia de un camillero del Hospital Razetti de Barcelona (Pablo Márquez, 22 años), quien se ofreció para trasladar los cadáveres de terapia intensiva y de la sala de cuidados intermedios hasta la morgue, ese joven también murió. Tres emergenciólogos también fallecieron. 

El personal médico está preparado para afrontar situaciones de vida o muerte, pero lo que vivimos fue muy duro. Aquel mes de agosto los pacientes caían desplomados en la entrada de la emergencia y no daba tiempo de que el médico de guardia los atendiera. Fue un tiempo muy desesperante y agobiante. 

Belkis Rodríguez Salázar, cirujana general y cirujana vascular periférico

Estado Anzoátegui | 21 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19 

“¿Y si soy yo el sigue? ¿Y si me toca a mí?”

La situación es bastante difícil porque uno comienza su día con una dicotomía: o voy a cumplir con mi deber en mi hospital de cuidar a las personas, o cumplo con mi deber moral de cuidar a mi familia y quedarme en la casa para no correr el riesgo de ser el portador de la enfermedad.

Cuando vemos que nuestros compañeros se enferman, y nos ponemos a recordar que en una guardia no se tuvo el material adecuado, o que tuvo que entrar al área restringida con un traje roto, o que ya tenía mucho tiempo usando el mismo tapaboca, empezamos a pensar que esas muertes se pudieron haber evitado y nos queda un sentimiento de culpa porque no pudimos hacer algo más para evitarlo. 

Nosotros vemos en nuestros compañeros algo que tal vez la gente no ve: que el médico es un ser humano más, que es papá, es hijo, es esposo, hermano, primo, y que al morir deja una familia vacía, huérfana, y que entendemos que la pandemia es difícil y que en todas partes del mundo se ha muerto mucho personal de salud, pero hay muchas muertes que sentimos que se pudieron haber evitado con adecuada protección y tratamiento. 

¿Cuántos médicos han muerto porque no tuvieron el tratamiento necesario? No sabemos, pero son bastante. Eso nos llena de mucho pesar porque allí en esa persona había deseos, anhelos, un plan de futuro y, particularmente en los profesionales de la salud venezolanos, no solamente se pierde al médico o a la enfermera, sino que en la misma persona se pierde a un investigador, a un profesor, un desarrollador de políticas sanitarias, una persona que brindaba algo más a la comunidad. 

Todo esto lo analizamos con un miedo: ¿y si soy yo el sigue? ¿Y si me toca a mí? Capaz mañana otro dé la entrevista porque los que están aquí se murieron. Es bastante difícil esta situación y lo peor de todo es la incertidumbre, pues lo único seguro es que la incertidumbre va a seguir. 

Pedro Javier Fernández, urólogo

Estado Mérida | 13 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19 

En 2020, la gestión de Nicolás Maduro comenzó su arremetida contra los derechos humanos tan pronto como en enero. Aunque en teoría el Estado es el principal responsable de adoptar las medidas necesarias para lograr el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, en la praxis venezolana, las violaciones de los derechos humanos se repiten a diario como consecuencia de la acción deliberada del poder Ejecutivo

@GitiW

Los venezolanos no habían terminado de darse el feliz año cuando Nicolás Maduro y sus funcionarios estaban tramando cómo conculcar los derechos de los ciudadanos. La justicia en Venezuela entró en cuarentena mucho antes de que llegara el COVID-19 y en esta nota repasamos doce violaciones de derechos humanos que marcaron el paso del 2020. El arco de transgresiones abarca todos los ámbitos de la vida: desde el ejercicio de los derechos políticos, el derecho a la justicia, a la educación, a la salud, a la identidad y el derecho mismo a la vida.

1) 05 DE ENERO: Dos presidentes y una Asamblea Nacional

Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, intentó saltar la reja que bordea el Palacio Legislativo para participar en la votación que renovaría su mandato como presidente del poder Legislativo y, en consecuencia, como presidente interino de la República. Esta ratificación se dio finalmente en un acto paralelo, mientras que en el Hemiciclo se juramentaba para el mismo cargo el diputado Luis Parra, impuesto por el poder Ejecutivo sin el aval de los votos requeridos. Serrucharle el cargo a Guaidó significó violar el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”. 

2) 13 DE MARZO: Sin derecho a documentos de identidad

Con el anuncio del inicio de la pandemia, la gestión de Nicolás Maduro cerró todas las oficinas públicas, incluidas las del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Este cierre negó el derecho de millones de venezolanos, dentro y fuera del país, a obtener y renovar sus documentos de identidad, lo cual violó un derecho humano básico. El organismo esgrimió razones de bioseguridad tras la decisión que se extendió durante meses, privando durante todo ese tiempo a los venezolanos de contar con sus debidos documentos de identidad.  

3) 16 DE MARZO: Sin escuelas, los niños fueron puestos a trabajar

Con el inicio de la pandemia en Venezuela, el 16 marzo se anunció la suspensión de clases presenciales. Para una reducida minoría de estudiantes quedó la opción de la educación a distancia, pero organizaciones como Fundaredes estiman que alrededor de 80% de los estudiantes desertó del sistema escolar. La ONG World Vision denunció que el trabajo infantil en Venezuela se había incrementado un 20 % durante la pandemia. Los niños no escolarizados asumen labores del hogar, trabajo fuera de casa junto a sus padres o cuidadores y también la venta o distribución de drogas ilícitas, dijo la ONG. Los artículos 7 y 9 de la Declaración de los Derechos del Niño declaran que ellos tienen derecho a la educación, al esparcimiento y a la protección de la explotación laboral. 

4) 18 DE MARZO: Tras las rejas y sin derecho a la vida (Parte I)

El miércoles 18 de marzo más de 80 presos escaparon del penal de San Carlos, en el estado Zulia. La ONG Provea denunció el asesinato de 35 de los 80 presos que se fugaron. “El estado de alarma no es para producir graves violaciones a los derechos humanos”, denunció Provea. El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos declara que: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. 

5) 1ero DE MAYO: Tras las rejas y sin derecho a la vida (Parte II)

El viernes 1ero de mayo ocurrió un motín en el Centro Penitenciario de Los Llanos, en el estado Portuguesa, tras el cual se reportó la cifra de 17 presos muertos y 9 heridos. Las autoridades señalaron que se trató de un intento de fuga. Nuevamente, el Estado venezolano violó el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagra que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.  

6) 08 DE MAYO: En libertad tampoco se respeta el derecho a la vida

El viernes 08 de mayo, una semana después del motín en el que murieron 17 privados de libertad, se denunció la presunta comisión de ejecuciones extrajudiciales durante un operativo policial implementado en el barrio José Félix Ribas de Petare, en el estado Miranda. En dicho operativo, implementado por el Ministerio de Interior Justicia y Paz, murieron al menos 8 personas. El informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU denunció que entre el 1ero de enero y el 31 de mayo de 2020, habrían muerto 1.324 personas en el marco de operaciones de seguridad, siendo las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) el principal responsable. Una vez más se violó el derecho a la vida y a la privación de ésta de manera sumaria, establecido en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

7) 22 DE MAYO: Derecho a no ser llamado “arma biológica” por tener COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha sido el marco para la violación en combo de varios derechos humanos por parte de la gestión de Maduro. El regreso forzado de miles de venezolanos que habían migrado a países de la región, sirvió para que el gobierno los criminalizara y acusara de ser usados como “armas biológicas”, violando el derecho que tiene cualquier persona de regresar a su país cuando lo desee (Art. 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). El traslado obligatorio de personas sospechosas de tener COVID-19 a sitios bajo vigilancia estricta del Estado, como CDI, hoteles e instalaciones abandonadas, fue una acción recurrente por parte de las autoridades sanitarias venezolanas desde el inicio de la pandemia. Muchas de esas instalaciones carecían de las condiciones mínimas, como el acceso al agua corriente y la alimentación, para garantizar la recuperación de los enfermos, violando el derecho a la salud y al trato digno.  

8) 05 DE JUNIO: Sin derecho a jueces independientes (Parte I)

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos magistrados fueron elegidos violando la Constitución Nacional, se tomó para sí la atribución de la Asamblea Nacional de elegir a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. La Sala Constitucional del TSJ adujo que la Asamblea Nacional estaba en omisión legislativa y procedió a hacer las designaciones. Ese CNE electo a dedo por un poder Judicial al servicio del Ejecutivo fue el que convocó y organizó las elecciones parlamentarias que se realizaron el 6 de diciembre. El artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra el derecho de toda persona a contar con tribunales independientes e imparciales. 

9) 17 DE JUNIO: Sin derecho a jueces independientes (Parte II)

Las consecuencia de tener un poder Judicial parcializado se hicieron evidentes otra vez, cuando el TSJ intervino arbitrariamente las directivas de los partidos políticos opositores Primero Justicia y Acción Democrática. Sus sedes y símbolos fueron cedidos a actores no reconocidos como líderes legítimos por los miembros de dichos partidos. Menos de un mes después, el 7 de julio, el TSJ designó la directiva del partido Voluntad Popular. Nuevamente se violó el derecho de toda persona a contar con un poder Judicial justo, imparcial e independiente. 

10) 26 DE OCTUBRE: Sin derecho a jueces independientes (Parte III)

La lista de presos políticos en Venezuela sumó un nuevo nombre el lunes 26 de octubre, cuando órganos de seguridad del Estado detuvieron arbitrariamente al periodista Roland Carreño. Con el comunicador social y activista político son más de 300 los presos en Venezuela por razones políticas. El Tribunal Estadal Cuarto de Primera Instancia de Caracas, con competencia en casos de terrorismo, decretó la privación de libertad contra Carreño y lo acusó de “financiamiento al terrorismo, conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra”. “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”, declara el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

11) 06 DE DICIEMBRE: Los venezolanos votan pero no eligen

El evento antidemocrático del 6D de 2020 dejó todos los poderes públicos bajo el control de Nicolás Maduro. Tras unas elecciones parlamentarias organizadas por un CNE parcializado, Venezuela pasó a tener, formalmente, instituciones sin balances, frenos, contrapesos ni legitimidad de origen. Esta situación pone en pico e´zamuro el respeto a todos los derechos de los ciudadanos en Venezuela, pues la nueva Asamblea Nacional podrá redactar leyes que, si bien pueden ser condenadas y denunciadas por la comunidad internacional, puertas adentro, quienes viven en Venezuela tendrán poco margen de maniobra para eludir su cumplimiento. 

12) 12 DE DICIEMBRE: Huir de un país sin derechos y naufragar en el intento

Un naufragio en las aguas entre Venezuela y Trinidad y Tobago, ocurrido entre el 6 y el 12 de diciembre, dejó como consecuencia al menos 33 hombres, mujeres y niños muertos y sus cuerpos arrastrados por la corriente de vuelta a las costas de Güiria, de donde habían zarpado hacia el territorio trinitense en busca de una mejor vida. Los derechos humanos de esas 28 personas fueron vulnerados doblemente: primero por su propio país que no les brindó protección y resguardo del hambre, enfermedad y violencia que dominan la zona, sino también por un tercer país -Trinidad y Tobago-, cuyas autoridades se presume los devolvieron al mar en condiciones inseguras cuando ya habían alcanzado tierra firme. Los venezolanos cierran 2020 viendo cómo sus derechos humanos son violados reiteradamente por quienes usurpan el poder político, y también siendo testigos de cómo esos derechos pueden ser conculcados por los países limítrofes, afines al régimen de Maduro, si intentan huir. 

Activistas consideran que la nueva Asamblea Nacional tendrá como objetivo criminalizar a las organizaciones a través de instrumentos jurídicos 

Amnistía Internacional identificó 50 países, entre ellos Rusia, Nicaragua y el Reino Unido, que han aprobado leyes en la última década que someten a las ONG a una vigilancia extrema y obstaculizan de diversas maneras el trabajo que realizan

@franzambranor y @GITIW

El chavismo ha tenido en la mira a las organizaciones no gubernamentales desde que el fallecido Luis Miquilena soltó aquello de “¿Sociedad civil, cómo se come eso?”, en el marco de la Constituyente de 1999. En 2006, la Asamblea Nacional controlada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional para posteriormente desempolvarla en 2010. Con ese recurso, la AN pretendía reducir el acceso al financiamiento de las organizaciones.

De acuerdo con un informe elaborado por el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), el Centro para los Defensores y la Justicia, la Organización Mundial contra la Tortura y la Vicaría Apostólica de Derechos Humanos de Caracas, entre 2018 y 2019 se registraron 121 ataques contra organizaciones civiles.

“La intención es dificultar el trabajo de las ONG y obligar a salir del país a quienes las dirigen, ya que la amenaza directa es la cárcel”, sostuvo Génesis Dávila, directora de Defiende Venezuela.

El pasado 27 de octubre de 2020 fue publicada en la Gaceta Oficial número 41.994 una resolución en la que se establece que las agrupaciones internacionales que operan el país deben inscribirse en el Registro Especial Automatizado de Organizaciones Gubernamentales No Domiciliadas, el cual tendrá vigencia de un año y deberá en consecuencia ser renovado.

Aunado a esto, la gestión de Nicolás Maduro ordenó a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) vigilar las transacciones financieras de las organizaciones. En la circular SIB-DSB-CJ-OD-06524 del 20 de noviembre, Sudeban instó a los bancos y otras instituciones financieras a “ïmplementar medidas que fortalezcan los procedimientos, mecanismos y sistemas tecnológicos que permitan monitorear las operaciones de negocios llevadas a cabo por parte de las ONG”. 

De acuerdo con el boletín, Sudeban hará un seguimiento a las ONG nacionales e internacionales en función de detectar posibles actividades de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. 

Apenas cinco días después de emitida la circular de Sudeban, las cuentas de las ONG Caracas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad fueron congeladas y la Policía Nacional contra la Corrupción allanó las oficinas y la residencia de los padres de Roberto Patiño, directivo de ambas organizaciones.

“Es una medida que no se justifica porque Alimenta la Solidaridad trabaja conjuntamente con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en el marco del plan para la emergencia humanitaria, algo que fue aprobado por el gobierno”, dijo Laura Louza, directora de la ONG, Acceso a la Justicia. 

Louza aseveró que de nada sirve tener los documentos en regla a la hora de una fiscalización, si no se respetan las leyes. “La realidad es que hay una persecución. El problema es que no hay estado de derecho y hay una intención de disuadir, castigar y criminalizar a las organizaciones, como pasó con Alimenta La Solidaridad”.

“A nosotros nos acaba de citar del Seniat, no sabemos de qué se trata”, dijo Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). “Tenemos una área de administración que cumple escrupulosamente con todo lo legal, pero en el último año algo que ha dado mucho trabajo es el sobrecumplimiento del tema sanciones. Los bancos locales y foráneos nos piden información sobre cada transacción, de dónde viene y hacia dónde va”.

“El problema ha sido en los registros para levantar actas y cambios o inscribir nuevas ONG”, añadió Laura Louza. 

Louza indicó también que este año Acceso a la Justicia fue denunciada por supuesto plagio. “No sabemos de dónde provino, pero son nombres y paginas web inventadas. Organizaciones como Espacio Público, Front Line Defenders, Instituto de Prensa y Sociedad y Amnistía Internacional nos apoyaron”.   

Nueva AN como verdugo

Para Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, una Asamblea Nacional dominada por el oficialismo a partir 2021 tendrá como uno de sus objetivos amedrentar a cualquier sector que haga oposición en el país y eso incluye a las ONG.

“En la evaluación de escenarios que hacemos para el año próximo, creemos que el Parlamento se va a convertir en el centro de la ofensiva contra la disidencia venezolana mediante la posible aprobación de leyes regresivas en materia de derechos humanos”, manifestó Uzcategui. 

“Esto es algo grave que se ha venido anunciando desde hace tiempo y el vocero ha sido Diosdado Cabello”, añadió Génesis Dávila. 

De acuerdo con Uzcátegui, los diputados de la Asamblea Nacional que comenzarán a legislar a partir de enero de 2021 tendrán varias funciones. “Además de perseguir a los parlamentarios de la AN saliente, quieren redactar una ley para impedir o regular el financiamiento de las organizaciones civiles en Venezuela”.

Para el coordinador general de Provea, la AN se convertirá en un centro de simulación de participación de la sociedad civil, donde se aprobarán leyes regresivas con nombres políticamente correctos. “Desde la nueva AN se harán nuevas convocatorias para tener espacios de diálogo y eso le servirá al gobierno para decir que hay entendimiento entre varios sectores”.    

En su informe de 2017 sobre la situación de derechos humanos en Latinoamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aclaró que las organizaciones civiles tienen derecho a recibir financiamiento de entes nacionales e internacionales y que el Estado debe respetar este mandato.

“Los Estados deben abstenerse de crear obstáculos o mantener cualquier impedimento o restricción desproporcionada al registro, establecimiento, financiamiento y operación de organizaciones de derechos humanos”. 

El acoso a las ONG es ley en 50 países

En el informe Leyes concebidas para silenciar: Ataque mundial a las organizaciones de la sociedad civil, publicado por la organización Amnistía Internacional en 2018, se identificaron 50 países que han aprobado leyes en la última década que someten a las ONG a una vigilancia extrema y obstaculizan de diversas maneras el trabajo que realizan. 

El informe detalló múltiples tácticas jurídicas que buscan intimidar, y en última instancia asfixiar, la labor de las agrupaciones de la sociedad civil. “Hemos documentado como cada vez hay más gobiernos que someten a las ONG a obstáculos y restricciones irrazonables, impidiendoles llevar a cabo su esencial labor”, dijo Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional.

“En muchos países se acosa hasta sumir en el silencio a las organizaciones que se atreven a alzar la voz en favor de los derechos humanos. Las personas que se agrupan para defender y exigir derechos humanos se enfrentan a obstáculos cada vez mayores para trabajar con libertad y seguridad”, explicó Naidoo. 

De acuerdo con este informe, en los últimos 10 años se han aprobado 40 instrumentos legales en 50 países, que van desde los sospechosos habituales en materia de violación de derechos humanos como Cuba, Rusia, Bielorrusia y  Nicaragua, hasta democracias consolidadas como los Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. 

Las razones que esgrimen los gobiernos para aprobar estas leyes suelen incluir la preocupación por la seguridad nacional, evitar las injerencias extranjeras, la necesidad de proteger la identidad nacional, los valores y la moral tradicionales, las creencias religiosas, el desarrollo económico u otros imperativos.

Los obstáculos más comunes que imponen estas leyes a las ONG incluyen la obligatoriedad de reunir incontables recaudos a fin de inscribirse en un registro oficial, la presentación periódica de informes de gestión, y el monitoreo estricto por parte del Estado de la actividad bancaria de las organizaciones. 

Las restricciones en materia financiera han tenido un impacto considerable en el funcionamiento de las ONG, pues como consecuencia de la vigilancia, la fuentes de financiamiento que provienen del exterior se han reducido o cerrado del todo, impidiendoles continuar con su labor.

Esto ha afectado a organizaciones pequeñas y anónimas -como a una ONG en Rusia que ayudaba a personas con diabetes, la cual fue multada y debió cerrar-, tanto a organizaciones de la talla de Greenpeace, que recibió una multa de 30.000 libras esterlinas por parte del gobierno británico, que argumentó que la campaña ambientalista de la ONG tenía tintes políticos. 

En octubre de 2020, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la cual proporciona al Estado un mayor control sobre las organizaciones de la sociedad civil. La oposición nicaragüense se ha referido a este instrumento legal como la “ley Putin”, ya que se asemeja a la ley homónima aprobada en Rusia en 2012, con la cual las ONG que reciben financiación extranjera son catalogadas como “agentes extranjeros” si llevan a cabo lo que de manera imprecisa definen como “actividad política”. En 2016, el gobierno ruso amplió esa definición para incluir casi cualquier forma de participación de la sociedad. 

A propósito del Día de los Derechos Humanos, Runrunes analizó siete casos emblemáticos de prisión política que dejan al descubierto que el poder Judicial siempre repite la misma secuencia violatoria de derechos fundamentales, lo cual podría constituir un delito de lesa humanidad

@GitiW  y  @ValeriaPedicini

Entre el 1ero de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019, la ONG Foro Penal documentó 15.250 detenciones arbitrarias por razones políticas, cuyos períodos de privación de libertad oscilaron entre dos días y más de 3 años.

Los procesos judiciales que abre el Gobierno venezolano a los presos políticos siguen el mismo patrón, que comienza con la desaparición forzada y termina casi siempre con una prisión preventiva indefinida o, como en nueve casos, con la muerte del detenido en custodia del Estado.

Los invitamos a leer este trabajo especial siguiendo este enlace. 

La gestión de Nicolás Maduro se ha empeñado en mostrar un manejo perfecto de la pandemia de SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa, COVID-19. Sin embargo, en su afán de control dejaron un cabo suelto: que la curva de decesos evoluciona en paralelo con la de casos positivos, es decir, si aumentan los contagios, aumentan las muertes

Desafiando la lógica epidemiológica, los decesos en Venezuela repiten un patrón constante que se expresa en una franja recta imposible de justificar a menos que se trate de cifras manipuladas. Las muertes oficiales no llegan a 1.000 pero las estimaciones más prudentes las ubican alrededor de los 9.000 casos

Texto @GitiW | Gráficos @Monkda92

Las muertes por COVID-19 en Venezuela tienen una peculiaridad: desde el inicio de la pandemia, el número diario de muertes reportadas por la gestión de Nicolás Maduro ha oscilado invariablemente entre cero y doce fallecidos. Nunca más de 12 y, curiosamente, jamás 11. Este patrón se repite independientemente del número de casos positivos que anuncien. Tras siete meses de pandemia siguiendo a rajatabla esa lógica, las muertes oficiales para el 15 de octubre sumaron 720 personas.  

4/5 A la fecha, en Venezuela se contabilizan 85.469 casos de #COVID19, de los cuales 7.060 se encuentran activos, 77.689 recuperados (91%), 4.655 están en Hospitales, 2.260 en CDI, 145 en Clínicas Privadas y la lamentable cifra de 720 fallecidos. pic.twitter.com/E80gp7mJMA

— Delcy Rodríguez (@drodriven2) October 16, 2020

Entre el 13 de marzo y el 15 de octubre transcurrieron 217 días con reportes oficiales de casos y fallecimientos en el país, ofrecidos por la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la Covid-19. En ese período, fueron más las veces que el gobierno venezolano reportó cero decesos (37,33%). En segundo lugar está el reporte de ocho fallecimientos (8,76%), y en tercero está el reporte de seis muertes por COVID-19 (7,83%).

En contraste a cómo se comporta la COVID-19 en el resto del mundo, en la pandemia que controla el chavismo aunque aumenten los casos positivos, los fallecimientos nunca varían. 

Tabla con cálculos propios de la frecuencia de aparición del número de muertes oficiales por COVID-19 en Venezuela

Este particular fenómeno epidemiológico no es sólo sospechoso, es imposible. “Al hacer un análisis de frecuencia de los números de fallecidos que reporta el gobierno venezolano notas cómo se repite el número 6, el 8 o el 9. Es absolutamente imposible que eso sea efecto del azar. ¿Qué significa que aparezcan 16 veces los números 3 y 4? Que los datos no tienen la distribución armónica de la curva de Gauss que es una distribución normal, en forma de campana. Cuando ves la distribución de cualquier fenómeno natural o biológico siempre tienen esa distribución que es la curva gaussiana”, explicó José Félix Oletta, epidemiólogo y ministro de Sanidad entre 1997 y 1999.

Si bien ningún país puede aspirar a una vigilancia epidemiológica perfecta, esa distribución gaussiana de la curva sí se observa en los países vecinos de Venezuela. El 02 de agosto de 2020, en pleno pico de su pandemia, Colombia notificó 11.470 casos positivos para COVID-19. Veinte días después, el país registró un pico de 400 decesos a causa de la enfermedad. 

El 29 de julio, también en el pico de su pandemia, Brasil reportó 70.869 casos positivos y, en correspondencia, tres semanas después notificó 1.365 fallecimientos. 

El 15 de agosto, el gobierno venezolano reportó 1.226 casos, la cifra más alta de contagios de COVID-19 en el país, sin embargo, las muertes reportadas tres semanas después promediaron 6 decesos. Mientras que en las fotos epidemiológicas de los países limítrofes, el aumento de casos generó una elevación en la curva de decesos, en la gráfica venezolana se mantuvo una franja recta sin apenas variaciones. En otras palabras, en Venezuela nunca hubo un pico de muertes. 

Como ya lo ha hecho con la malaria y el dengue, Oletta también le ha seguido el paso a las inconsistencias epidemiológicas de la pandemia de COVID-19 en Venezuela. “Esas cifras de decesos son artificiales. De repente hay huecos, picos y valles que no guardan relación con los casos”, argumentó el médico. 

El experto en Salud Pública explicó que si bien los anuncios de decesos no los hacen con la fecha real de muerte sino cuando la Comisión Presidencial lo decide, y que además los casos de contagio los reportan de manera diferida, la falla en el reporte de las cifras se debe a la pérdida del profesionalismo. “Si esos números estuvieran procesados por la Dirección de Epidemiología del Ministerio del Poder Popular para la Salud, donde todavía existen técnicos profesionales, le hubieran dicho a los hermanos Rodríguez que tuvieran más cuidado”, dijo Oletta. 

La lógica epidemiológica demuestra que las muertes por COVID-19 que anuncia la administración de Maduro no cuadran, pero además, las inconsistencias en las cifras se cuelan a través de las grietas comunicacionales, toda vez que aunque en la plataforma Patria no hay registrada ninguna muerte por COVID-19 en el estado Portuguesa, el gobernador de la entidad, Rafael Calles -afecto al chavismo-, informó el 14 de octubre que los casos positivos llevan tres semanas consecutivas en aumento y que en ese lapso se produjeron 15 fallecimientos a causa de COVID-19. 

El segundo informe sobre el estado actual de la epidemia, publicado en agosto por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman), destacó la discrepancia entre el reporte oficial y la realidad: “Las cifras oficiales sólo dan cuenta de menos de 10 muertes por día, por lo que estimamos que existe también un subregistro significativo en el número de decesos atribuidos a la COVID-19”.  

“Desde el principio de la pandemia, las muertes han sido manipuladas ex profeso”, afirmó una epidemióloga que ha hecho un seguimiento riguroso a la pandemia en Venezuela y que pide mantener su nombre en reserva por ser empleada del Estado. 

La experta en enfermedades infecciosas confirmó un dato relevante: “El reporte diario de casos sí corresponde con lo que encuentra el Instituto Nacional de Higiene (INH). Esa fue una sorpresa, por supuesto hay que tomar en cuenta el enorme subregistro y el desfase de los casos. No obstante, esa no ha sido la situación con el reporte de las muertes. Ahí sí se ve que esconder las cifras fue una política desde el principio para dar la impresión de que estaban manejando bien la epidemia”. 

Que la cifra de casos positivos que reporta la Comisión Presidencial sea la que realmente emana del INH delata la manipulación de la data oficial de decesos. “La curva de muertes es una curva parecida al número de casos diarios. La lógica que están siguiendo no responde al comportamiento epidemiológico. Es evidente que siguen un patrón para nunca anunciar más de 10 casos”, dijo la epidemióloga. 

“Cuando se comete un delito y se pretende cubrir todos los detalles, hasta el criminal más detallista comete errores. ¿Cuál es la motivación? Mantener la tasa de casos letales en un valor estable de 0,84%. Este fenómeno viene desde hace meses y es imposible mantenerlo así de forma natural. En un análisis comparativo de los patrones de cualquier país del mundo, de las 213 naciones que tienen casos registrados, no se encuentra nunca el índice de letalidad estable durante meses como lo ha estado en Venezuela desde mayo, eso es imposible. Parece que ellos para poder ajustarse al valor del 0,84% hacen el proceso al revés: no modifican el índice de letalidad y calculan el número de muertes en relación con el número de casos confirmados. Tienen una limitación y es que no quieren pasar de 10 fallecidos y, en consecuencia, hacen una operación imposible desde el punto de vista epidemiológico”, explicó Oletta. 

Muertes por COVID-19 oscilarían entre 2.500 y 9.000

Precisar la verdadera dimensión de la pandemia en Venezuela es como intentar armar un rompecabezas al que le faltan las piezas que ocultó la gestión de Maduro. Sin embargo, hay una premisa sin discusión entre los epidemiólogos consultados: han muerto más personas de las reportadas oficialmente. En su segundo reporte, la Acfiman confirmó esa apreciación: “De acuerdo con las cifras estimadas de nuevas infecciones diarias y los porcentajes de fatalidad reportados en otros países de la región, inferimos un subregistro importante en los reportes oficiales de decesos a causa de la COVID-19”. 

¿Qué tan grande es el subregistro de muertes? He ahí la cuestión. El método para determinar cuántas personas han muerto por COVID-19 en muchos países, entre ellos el Reino Unido, se basa en calcular el exceso de mortalidad, esto es, cuando las muertes en un determinado período sobrepasan el promedio de decesos en ese mismo período en años anteriores. Esa diferencia entre las muertes esperadas y las ocurridas es el exceso de mortalidad. Emplear este método requiere de dos condiciones: que se lleve un registro preciso de las muertes en el período a analizar y que se tenga el registro histórico de defunciones en el país. 

“En Venezuela no tenemos una línea basal que nos permita estimar el exceso de mortalidad”, lamentó la epidemióloga pues la imposibilidad de acceder al histórico de muertes implica que no se puede emplear este método.

Ante la imposibilidad de emplear el método por exceso de mortalidad, otro epidemiólogo consultado por Runrunes para esta nota, quien por temor a la persecución oficial prefirió mantener su nombre en resguardo, apuntó dos alternativas para estimar el número de fallecidos por COVID-19 en Venezuela a partir de las propias inconsistencias de los datos oficiales.

Hipótesis 1: Aplicar el índice de letalidad mundial a los casos oficiales

El índice de letalidad “es el cociente entre el número de fallecimientos a causa de una determinada enfermedad en un período de tiempo, y el número de afectados por esa misma enfermedad en ese mismo período”. El patrón de muertes oficiales dejó en evidencia que el índice de letalidad en la pandemia venezolana “se estancó” en 0,84%, pero en el resto del mundo el promedio para el 15 de octubre era 2,91%, esto es, que del total de personas reportadas como positivo para COVID-19 mueren el 2,91%.

“La relación entre ambos índices es de 3,27 y eso quiere decir que en el mundo mueren por COVID-19 el triple de personas que en Venezuela, dicho de otro modo, un enfermo de COVID-19 en Venezuela tiene tres veces más probabilidades de recuperarse que en el resto del planeta, lo que es totalmente ilógico para un país como el nuestro en el que se invierte menos del 2% del PIB en salud, muy por debajo del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud”, argumentó el epidemiólogo.  

“Trabajando exclusivamente sobre los casos reportados de manera oficial es posible obtener un total de muertes distinto al presentado por Maduro. Si a los 85.469 casos acumulados reportados hasta el 15 de octubre le aplicamos el índice de letalidad promedio mundial, en lugar de 720 muertes estaríamos frente a 2.487 decesos. Tomando por buenas las cifras del INH tendríamos una diferencia de 1.767 decesos respecto al número de muertes oficiales”, explicó el epidemiólogo. 

Hipótesis 2: Usar el promedio nacional de la tasa de contagio (R0) sobre los casos oficiales

El valor R0 de una enfermedad es el número de casos que, en promedio, van a ser causados por una persona infectada durante el período de contagio. Dado que entre los métodos de Maduro para “aplanar la curva” están bajar el número de contagios que se reportan -bien sea por la escasez de pruebas, el colapso del INH o por falta de voluntad-, una vía para corregir esa reducción es usar el promedio del valor R0 durante los días que lleva la pandemia.

“El promedio nacional de este índice hasta el 15 de octubre es de 1,06. ¿Qué se hace entonces? Se eleva 1,06 a la 217 (por los días transcurridos de la pandemia hasta el 15 de octubre) y en lugar de los 85.469 casos oficiales hasta ese momento tendríamos un acumulado de 310.007 casos. Al usar esta modalidad de cálculo, la curva de los casos estimados se empareja con la de los casos oficiales para el 18 de septiembre y a partir de esa fecha los estimados comienzan a ser más que los reportados”, explicó el epidemiólogo. 

Si a ese nuevo total de casos acumulados (310.007) se le aplica el índice de letalidad promedio mundial (2,91%), las muertes por COVID-19 en Venezuela llegarían a 9.021. 

Con base en ambas hipótesis, que usan los datos oficiales que de por sí tienen un subregistro importante, las muertes por COVID-19 en Venezuela oscilarían entre 2.487 como límite inferior y 9.021 como límite superior. 

El canario en la mina: personal de salud fallecido por COVID-19

En una investigación global, la ONG Amnistía Internacional reveló que más de 7.000 trabajadores del área de la salud han muerto en el mundo a causa de la pandemia. De ese total, la Organización Panamericana de la Salud señaló que 2.506 muertes por COVID-19 corresponden a profesionales del sector salud en el continente americano. 

México y Estados Unidos encabezan la lista en la región, el primero con 1.744 fallecidos y el segundo con 1.293. Brasil ha reportado 685 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19. Perú, que con 33 millones de habitantes tiene una población parecida a la venezolana, reportó 200 decesos entre su personal de salud hasta el 6 de octubre. 

Desde el 16 de junio, fecha en la que falleció el primer médico venezolano en el estado Zulia, la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) comenzó a llevar una estadística para reflejar las muertes por COVID-19 del gremio de la salud, las cuales no estaban siendo incluidas en los reportes oficiales.

Para el 19 de octubre, la cifra no reconocida por el gobierno de Maduro del personal de salud fallecido en Venezuela era de 231 profesionales, lo cual representa el 31,17% del total de muertes en el país. Con ese porcentaje, el personal de salud venezolano sería por mucho el más afectado por la pandemia en la región. 

En contraste con el manejo de la información oficial sobre los fallecidos en todos el país, Médicos Unidos de Venezuela ha presentado sus datos de manera abierta y transparente, ofreciendo los nombres, fechas de defunción y estado de residencia del personal. “En la curva de casos de fallecidos por COVID-19 del personal de salud vemos que sigue una trayectoria con ascenso, pico y bajada. Así debería ser la de todo el país”, explicó la experta en enfermedades infecciosas. 

Que en Venezuela hayan fallecido 231 miembros del personal de salud no hace sino reforzar las hipótesis presentadas sobre las inconsistencias de los datos oficiales. La sobrerrepresentación del personal de salud en las muertes por COVID-19 en Venezuela podría verse como el canario en lo profundo de la mina, cuya muerte alerta sobre la existencia de una situación peligrosa. 

Los 1.744 fallecimientos del personal de salud en México -de un total de 84.898 decesos por COVID-19 para el 14 de octubre-, representan 2,05%. Asimismo, los 200 miembros del sector salud fallecidos en Perú representan 0,59% del total de muertes (33.820 para el 20 de octubre). Si en Venezuela se diera una relación similar a la de estos dos países, las muertes totales podrían oscilar entre 11.268 (equivalente al 2,05% de México) y 39.152 (equivalente al 0,59% de Perú). 

La curva se aplana haciendo menos pruebas

El 21 de septiembre, Maduro dijo: “Podríamos lograr una situación de control, de equilibrio favorable, es lo que estamos buscando en este mes de septiembre para avanzar en el último trimestre en una situación de efectivo control de la pandemia en octubre, noviembre y diciembre”. 

Dicho y hecho: el número de casos positivos reportados diariamente comenzó a descender. Aquel 21 de septiembre cuando Maduro habló del “control efectivo de la pandemia” se reportaron 787 casos y en menos de un mes, el 16 de octubre, se reportaron sólo 289 casos. 

La proeza de controlar la pandemia en cuestión de un mes puede explicarse por la confluencia de varias circunstancias. La primera es la dramática reducción en el número de pruebas PCR que realiza el Estado, que de por sí era el país de la región que menos pruebas realizaba según consta en el segundo informe de la Acfiman. 

“El régimen informa menos casos pero ahora hace menos pruebas. El número de pruebas se redujo 64,4% entre mayo y septiembre. Si no hacen pruebas no tienen diagnóstico. Así no puede hacerse un seguimiento de la evolución de la epidemia”, dijo Oletta. 

La segunda es la escasez de virocults para realizar el hisopado faríngeo nasal. “El método elegido por el régimen para reducir los casos de COVID-19 es el subregistro y subnotificación de casos confirmados. Para eso se valen de una limitación en el número de pruebas diagnósticas pero además no disponen de suficientes virocults para tomar las muestras nasofaríngeas”, explicó Oletta. 

El experto en Salud Pública señaló que el inventario de virocults al 7 de octubre reveló que estados como Aragua y Táchira no tienen existencia y que otros con gran densidad de población, como Distrito Capital y Miranda, disponen de un máximo de 500 unidades. 10 entidades federales disponen de menos de 50 unidades. Oletta afirmó que la disponibilidad total de virocults es insuficiente para el número de muestras que deberían ser procesadas diariamente para la vigilancia epidemiológica de la pandemia. 

La experta en enfermedades infecciosas explicó que la tercera circunstancia que incide en la reducción de casos es que el principal laboratorio del país para procesar las pruebas sufrió un problema operativo y un procedimiento que se hacía de manera automatizada ahora se hace manual. En consecuencia, en lugar de procesar unas 2.500 pruebas diarias hacen menos. “No tienen para tomar la muestra y además la capacidad de procesar pruebas está limitada. Si el interés es hacer desaparecer la pandemia por razones políticas no buscarán superar estas limitaciones. Es evidente que comenzaron a bajar los casos a propósito porque les conviene que haya un ambiente de normalidad porque hay que ir a votar”, argumentó. 

La epidemióloga dijo que hay otro elemento que quizás sí esté contribuyendo a reducir realmente los casos: la escasez de gasolina. “Podría ser que ahorita vuelva a pasar lo que pasó entre marzo y abril, que la falta de gasolina genere una interrupción en la propagación del virus, es decir, que se rompan las cadenas de transmisión. Al principio de la pandemia este país estaba totalmente inmovilizado, la gente no salía a las carreteras porque no había gasolina. Eso ha vuelto a ocurrir. Si tienes un país fragmentado y con poca entrada externa del virus, es lógico que la pandemia presente un crecimiento más lento”. 

Esconder la pandemia debajo del arbolito

Para confirmar su intención de regresar a la normalidad, el gobierno adelantó el inicio de la temporada navideña para el 15 de octubre. Sin embargo, la época decembrina que describe el segundo informe de la Acfiman pone en duda las pretensiones del chavismo. “Anticipamos un aumento significativo en la demanda de servicios hospitalarios y camas con soporte ventilatorio en los próximos meses (…). En Venezuela, la epidemia de la COVID-19 aún se encuentra en su fase expansiva con un potencial de crecimiento exponencial alto”, dice el informe. 

Oletta lamentó que Venezuela fuera el único país de América del Sur que no consulta a sus Academias científicas. “Cuando el gobierno reportó 46.728 casos el 31 de agosto, la proyección más moderada de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales era de 280.368 casos; para diciembre estimaron un incremento a 14.000 casos por día. La estimación de casos acumulados para diciembre, si no hay cambios en el patrón de crecimiento, estaría en torno a 1.399.000 casos”. 

“Creo que nunca vamos a saber con certeza el número real de muertes por COVID-19 en Venezuela, esa es mi impresión, primero por la dificultad implícita en el problema y segundo porque no hay la voluntad ni la transparencia de los órganos del Estado para hacerlo. Eso no es nuevo con esta pandemia, este gobierno tiene una política de ocultamiento de la información que por ley le corresponde a los ciudadanos. A mí me ha tocado durante los últimos 12 o 13 años poner en evidencia muchas de esas acciones de ocultamiento”, dijo Oletta. 

El ex ministro de Sanidad aseguró que muchas de las muertes por COVID-19 no se dan en los centros de salud sino en la comunidad, y que aunque los médicos tengan la sospecha del virus no pueden anotarlo en los certificados de defunción pues carecen de la prueba confirmatoria. “Lo que están haciendo muchos médicos es colocar entre los factores contribuyentes ´sospecha de COVID-19´ y así no pueden decir nada. En un futuro, cuando tengamos que rescatar muchos de esos casos ocultos podremos recurrir a revisar las actas de muertes y buscar esa información”, explicó. 

La experta en enfermedades infecciosas ofreció una segunda vía para, en un futuro, estimar los casos reales de muertes por COVID-19. “Lo único que nos va a ayudar es hacer estudios de seroprevalencia. Se realiza un muestreo epidemiológico para saber cuál es el porcentaje de la población que tiene anticuerpos para el virus. Eso identifica la tasa de ataque, en otras palabras, permite saber cómo fue la infección en la población. A partir de ese número se puede extrapolar cuántos casos debe haber habido y cuántas muertes. Es un análisis a posteriori. Eso se podrá hacer independientemente del gobierno, posiblemente el próximo año”. 

Cuando ese tipo de análisis se realizó en España y en el Reino Unido, se pudo determinar la presencia de anticuerpos en 5,2% y 6% de la población respectivamente. Actualmente Colombia está realizando un estudio de seroprevalencia a nivel nacional. 

El diputado Olivares, quien funge como comisionado presidencial para Emergencia en Salud y Atención Sanitaria al Migrante, presentó el 8 de octubre en conjunto con la Universidad de Miami, una plataforma para realizar una “autopsia verbal” con el objetivo de “luchar por la verdad del COVID-19 en Venezuela. La autopsia verbal permitirá generar cifras reales sobre la pandemia en el país”, dijo el diputado. 

Lanzamiento de la Autopsia Verbal con la Universidad de Miami, VAMA, la lucha por la verdad del Covid-19 en Venezuela https://t.co/SmIFG4d95k

— Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) October 8, 2020

Olivares explicó que el registro de la información se hará a través de una plataforma a la que se podrá ingresar desde un teléfono y el usuario no tendrá que colocar datos personales. 

Mientras se materializan estas vías alternativas para conocer el verdadero alcance de la pandemia de COVID-19 en Venezuela, la única certeza es que sin las medidas de control adecuadas, los casos seguirán en aumento. Quedará por verse si la que debería ser una curva de fallecimientos normal seguirá manteniendo una línea recta que desafía la lógica epidemiológica, la vigilancia sanitaria internacional y, además, indigna a tantas familias enlutadas cuyos muertos ni siquiera son incluidos en la estadística oficial. 

En su intento por desautorizar el informe de la Misión Independiente de la Organización de las Naciones Unidas y zafarse de los señalamientos de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, el gobierno venezolano recurre a tácticas habituales: afirmar que el informe tiene fines políticos, invalidar técnicas forenses de análisis de datos, malinterpretar leyes internacionales y demostrar su incapacidad para respetar los pasos del debido proceso de justicia

@GitiW

Dos días después de la publicación del informe de la Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela, derivado de un mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el gobierno venezolano puso en marcha la “misión verdad”, táctica con la que intentan desacreditar los hallazgos de la investigación que identificó a Nicolás Maduro, y a otros 45 funcionarios de su administración, como responsables de crímenes de lesa humanidad.  

El informe de casi 500 páginas detalla la metodología que siguió el equipo de investigadores liderado por tres abogados penalistas con amplia experiencia en casos de violaciones de derechos humanos: Marta Valiñas (Portugal), especialista en justicia penal internacional que trabajó en la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Francisco Cox (Chile), quien representó ante la Corte Penal Internacional a 2.605 víctimas del conflicto armado en Uganda, y Paul Seils (Reino Unido), quien entre 2004 y 2008 fue jefe de Análisis de Situación en la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional.

Pese a la trayectoria de los investigadores, voceros del gobierno venezolano calificaron el informe como un documento plagado de errores técnicos y realizado con fines políticos. “Esta nueva misión supuestamente independiente se ha convertido en un nuevo mecanismo de agresión que pretende esbozar y publicitar una serie de apreciaciones sesgadas y unilaterales sobre la situación de los derechos humanos en el país”, dijo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno. 

También el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, y el canciller Jorge Arreaza, criticaron el informe por considerarlo “un reporte con un marcado sesgo político que tiene la intención de atacar a las instituciones venezolanas”.

Pareciera que los voceros oficiales activaron paralelamente a la “misión verdad” la “misión amnesia selectiva”, pues en contraste con el sesgo político que hoy le endosan a su trabajo, la labor de Cox fue alabada por aliados del régimen venezolano cuando integró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el cual investigó y demostró la falsedad de la llamada “verdad histórica” sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ofrecida originalmente por el gobierno del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. 

Calificar a quien discrepe del gobierno como un “actor político del antichavismo” es la técnica más socorrida del gobierno venezolano, pero no es la única que empleó la “misión verdad” en su intento por desautorizar las conclusiones del informe de la ONU, también objetaron que la Misión no viniera a Venezuela y que usara fuentes anónimas para obtener información. 

La Misión no vino a Venezuela porque no lo permitió el Estado

“Que la Misión de la ONU no viniera a Venezuela para elaborar el informe fue una falla terrible”, sentenció Saab. Nada dijo el fiscal acerca de las seis peticiones que hizo el equipo de investigación para entrar al país. Saab tampoco dijo que la Misión ofreció al Estado enviarle el informe antes de ser publicado para que pudieran revisarlo y contestar los aspectos que creyeran necesario. 

“Hay que partir de la idea de que cuando un gobierno niega la entrada a investigadores de derechos humanos, es porque no quiere que vean lo que pasa adentro. Negarle la entrada a una misión de investigación manifiesta una intención premeditada de ocultar la verdad”, dijo Carolina Jiménez, directora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. 

Jiménez explicó que tanto en las investigaciones académicas, como en las periodísticas y en las de derechos humanos, lo ideal es ir al terreno y en un buen número de casos se puede hacer. “¿Cuándo no se puede? Hay dos limitaciones típicas: cuando hay amenazas graves a la seguridad que lo impiden, por ejemplo, ante la inseguridad extrema que representa un conflicto armado; y la segunda razón es la negación de un Estado a dejarte entrar”.

El propio informe de la Misión reconoce que tuvo varias limitaciones en la investigación, entre ellas la falta de acceso a Venezuela pese a solicitarlo en seis ocasiones. Confirman que pese a ese obstáculo, “la Misión pudo reunir la información necesaria para establecer los hechos y llegar a conclusiones de conformidad con su mandato”. 

Como es costumbre, el gobierno venezolano le cierra las puertas a unos y se las abre a quien les conviene. La abogada e investigadora de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, comparó el trato dado a la Misión Independiente con el ofrecido al experto de la ONU Alfred de Zayas en 2017, a quien se le permitió visitar el país pues el experto es crítico de las sanciones internacionales impuestas a Venezuela. 

“Venezuela es muy selectiva respecto de los mecanismos internacionales con los que coopera. Entre los criterios objetivos que justifican esta investigación está precisamente la falta de apertura del Estado al escrutinio internacional. El gobierno de Nicolás Maduro ha intentado por distintos medios excluirse de ese escrutinio, por ejemplo, a través de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de la Organización de Estados Americanos”, dijo Ballesta. 

No haber hecho la investigación en el terreno ha sido el principal motivo de descrédito oficial de los hallazgos del informe. Sin embargo, Jiménez apuntó que al chavismo se le olvida que en 2005, el entonces presidente Hugo Chávez usó una investigación del Washington Post sobre los centros clandestinos de la CIA en Europa, para acusar inmediatamente al expresidente George Bush Jr. de “genocida, asesino, terrorista y secuestrador”. 

En aquella investigación, el Washington Post usó únicamente fuentes confidenciales y los reporteros no pudieron ir a Polonia y Rumania para verificar lo dicho por los informantes. La organización Human Rights Watch -hoy otro “actor político” denostado por el gobierno chavista-, confirmó el hallazgo del medio pues de manera remota y usando herramientas tecnológicas, logró precisar los patrones de vuelos entre Afganistán y los dos países del este europeo. 

“¿Quién fue a Rumania y a Polonia y entró en los centros clandestinos para afirmar que existían? Nadie, pero a las semanas salió Hugo Chávez Frías a decir que eso era un escándalo internacional. No recuerdo que haya puesto como objeción que los reporteros o la ONG no habían estado en el terreno. Cuando la metodología de investigación se usa para mostrar cómo viola derechos humanos tu enemigo, entonces la metodología es aceptable, pero cuando se usa para mostrar lo que tu gobierno le hace a su propia población, la metodología se cuestiona”, argumentó la directora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. 

La prohibición de entrada a Venezuela tampoco impidió que la Misión revisara documentos oficiales como los expedientes legales. “Los expedientes los arma el sistema de justicia venezolano. Es muy difícil conseguirlos, se los niegan a los abogados, pero existen y se consiguen. Lo que reposa en los expedientes lo escribe el propio Ministerio Público así que como fuente de información es muy importante. En el informe, la Misión cita parte del expediente del capitán Acosta Arévalo y eso dio una cantidad de información que no podían obtener de otra fuente, por ejemplo, permitió conocer que él no murió en el hospital sino frente al juez en el tribunal. El análisis del expediente es muy importante porque demuestra muchas inconsistencias”, explicó Jiménez. 

Investigación digital forense: la técnica que no deja piedra sin levantar 

“¿Cómo se cumple con el mandato de investigar violaciones de derechos humanos cuando no te dejan entrar en un país? Estamos en el siglo 21 y se recurre a metodologías de investigación propias para los países cerrados, aquellos que no dejan que nadie entre a hacer monitoreo y escrutinio. Esas metodologías consisten en utilizar fuentes de información que te permitan corroborar los hechos denunciados”, explicó Jiménez. 

La negativa del gobierno de Maduro a permitir la entrada a Venezuela a la Misión de la ONU no impidió que los investigadores analizaran 223 casos, 48 de los cuales describen en detalle, y realizaran 274 entrevistas a víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios del Estado, abogados, ONG y personal internacional. Los tres abogados penalistas que lideraron la Misión contaron con un equipo de expertos apostado en Panamá, dedicado a la investigación digital forense.

El uso de pruebas digitales está ampliamente descrito en el informe así como la metodología de investigación digital forense que se le aplicó a cada material. “La Misión evaluó la fiabilidad de la fuente mediante información objetivamente verificable, la corroboración de fechas y horas, la comparación visual, la comparación de las características de los objetos, las personas y/o los lugares, la geolocalización, la cronolocalización y la integridad de la misma, por lo que se analizó si la fuente captaba la información en su totalidad y en su contexto circundante”, describe el informe de la ONU.  

Venezuela no es una excepción como caso de país cerrado. “Otros mandatos han tenido la misma restricción de acceso y eso no deslegitima su trabajo ni la seriedad con la que se corroboran las evidencias. Las autoridades de Myanmar, Yemen, Burundi, Siria y Corea del Norte tampoco permitieron el acceso y las investigaciones se llevaron a cabo de manera remota”, explicó Ballesta. 

La abogada e investigadora de Amnistía Internacional explicó que las metodologías de investigación aplicadas “son las mismas que pudieron haber aplicado de haber estado en el terreno. La no entrada a Venezuela no les quitó la posibilidad de tener acceso a las víctimas, a las organizaciones de derechos humanos, a todas las fuentes abiertas de información y a informantes del gobierno como funcionarios actuales y retirados. El trabajo de investigación permitió excluir denuncias sin respaldo y corroborar los datos mediante la triangulación de fuentes”. 

Ante la preocupación de la Misión por la seguridad de las fuentes entrevistadas, muchos testimonios se dieron a conocer de manera anónima, mientras que otros, como el del General Christopher Figuera, se citan con nombre y apellido. 

En su intento por invalidar los hallazgos del informe de la ONU, la “misión verdad” objetó que el uso de fuentes anónimas para denunciar torturas en organismos como el SEBIN y el GDCIM era “inaceptable por ser imposibles de contrastar”. Nuevamente aparece la amnesia selectiva pues al chavismo se le olvida el uso que le ha dado el Ministerio Público venezolano a la figura del patriota cooperante, personas carentes de identidad cuyas “denuncias” son tomadas al pie de la letra para arrestar y procesar a ciudadanos inocentes. 

Ajá, ¿dónde están las pruebas? 

Otro de los aspectos que el gobierno parece no entender es el alcance de la investigación presentada por la Misión Independiente de la ONU. A la “misión verdad” le pareció incongruente que el estándar de prueba utilizado por los investigadores haya sido inferior al que se requiere a nivel penal. “Esta inconsistencia muestra claramente que el informe intenta sesgar la opinión pública venezolana y mundial a favor de los objetivos de la Misión [de la ONU]”, dicen en su argumentación. 

En efecto, en el informe se explica que “en consonancia con otras misiones de determinación de los hechos establecidas por el Consejo de Derechos Humanos, la Misión utilizó como estándar de prueba los «motivos razonables para creer» (…). Este estándar de prueba es inferior al que se requiere en los procedimientos penales para sostener una acusación, pero es suficientemente alto para indicar que se justifica la realización de ulteriores investigaciones”. 

Ballesta insistió en la necesidad de entender “que hay diferencias entre los alcances de un mecanismo de investigación independiente y el proceso que sigue una fiscalía. No hay ninguna expectativa de que el informe de la Misión sirva como una especie de sentencia pues para eso se necesita un juicio justo con personas acusadas formalmente, donde se presenten pruebas y los acusados se defiendan”. 

La abogada e investigadora de Amnistía Internacional puntualizó que el mandato y alcance de la Misión es recoger la información. No se trata de un estándar menor en sentido de ineficiencia, sino de que ese es el tratamiento que corresponde para esta fase del proceso de establecimiento de responsabilidades. 

“Se trata de un paso antes de llegar al umbral de presunción de inocencia y motivos suficientes para creer. Con este estándar dicen que existen suficientes evidencias creíbles de crímenes de lesa humanidad y que las personas señaladas tienen responsabilidad. No se está juzgando ni condenando a nadie”, dijo Ballesta. 

Entender y respetar los pasos del debido proceso de justicia debe ser todo un reto para el chavismo. Basta recordarle a la “misión amnesia selectiva” el caso de la juez Lourdes Afuini, en el cual el fallecido presidente Hugo Chávez, acusó, juzgó y sentenció a la letrada en cuestión de minutos ante una audiencia que lo apoyó y aplaudió. 

Si bien los señalamientos del informe no constituyen una acusación formal para Maduro ni para los 45 funcionarios identificados, la Misión mantendrá preservados todos los materiales recabados para cuando llegue el momento de rendir cuentas, pues desde ya, terceros países pueden apoyarse en el principio de jurisdicción universal para juzgar los crímenes descritos, y organismos como la Corte Penal Internacional pueden avanzar en la investigación abierta en 2017 a solicitud de seis países del Grupo de Lima. 

Sin intención de exterminar

El último aspecto que el gobierno de Maduro cuestionó del informe de la Misión Independiente de la ONU fue el referido al concepto de crimen de lesa humanidad, alegando que “está mal empleado desde el principio, configurando un error metodológico que, además de debilitar la credibilidad técnica del informe, muestra toda su intencionalidad política”. 

No se trata de una objeción menor toda vez que los crímenes cuya responsabilidad recae sobre Nicolás Maduro y otros 45 funcionarios son de dicha naturaleza. De acuerdo con la argumentación de la “misión verdad”, “el concepto clave [para calificar un crimen como de lesa humanidad] (…) es el «exterminio», entendido como acciones intencionadas que buscan eliminar progresivamente a una población por su afiliación política, étnica o religiosa. Es falaz concebir que en Venezuela existen prácticas generalizadas para exterminar sectores políticos o sociales”. 

El Estatuto de Roma, en vigencia desde 2002 y ratificado por Venezuela, describe en su artículo siete que constituye un crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático, contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Estos son los crímenes de lesa humanidad: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

La abogada de Amnistía Internacional señaló que no está en el Estatuto de Roma la exigencia de que un crimen de lesa humanidad busque exterminar a una población. “Crimen de lesa humanidad no es igual a genocidio pues el exterminio es en sí un tipo de crimen. El artículo siete habla de exterminio como uno de los delitos, pero no es el único”. 

En su lectura, la “misión verdad” parte de la premisa de que todo crimen de lesa humanidad tiene como finalidad el exterminio de un grupo. “Hay un error de interpretación. Como crimen de lesa humanidad hay varias conductas tipificadas y ninguna requiere la intención de exterminio como motivación para las acciones. La condición es que sean cometidas de manera sistemática o generalizada, dirigidas hacia una población civil como parte de una política”, explicó Ballesta. 

En sus conclusiones, la Misión Independiente de la ONU confirmó la existencia de todas las características que definen los crímenes de lesa humanidad: “Hay motivos razonables para creer que la mayoría de las violaciones y los crímenes documentados en el presente informe se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, con conocimiento del ataque, de conformidad con una política estatal o en apoyo de ella. En relación con estos crímenes, la Misión tiene motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad en el período examinado”. 

En defensa de Maduro, la “misión verdad” negó que la motivación del gobierno haya sido el exterminio de parte de la población. ¿Cuál ha sido entonces el trasfondo de sus acciones? 

Con base en los casos analizados entre el 2014 y 2017, el informe pudo identificar no una, sino dos políticas estatales distintas en torno a las cuales se aglutinan delitos como la tortura, persecución política, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas: a. Una política para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno del Presidente Maduro; y b. Una política para combatir la delincuencia, incluida la eliminación de las personas percibidas como “delincuentes” mediante la ejecución extrajudicial.

La Misión de la ONU sólo estudió un período concreto del chavismo en el poder pero las conclusiones del informe quizás sirvan para atizar el debate sobre si dichas políticas de dominación y control social, han guiado al gobierno a lo largo de los veintiún años que lleva en el poder y son las responsables de la destrucción de todas las instituciones democráticas venezolanas. 

Yessica Vidal, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería del estado Aragua, denunció que el personal de salud de la entidad carece de los equipos básicos de protección para COVID-19 y tampoco tienen un salario que les permita mantener a sus familias

@GitiW

“Hoy día no nos va a matar solamente el COVID-19, hoy también nos mata el hambre”, denunció la licenciada Vidal. “Quiero hacer un llamado a las autoridades de salud competentes en el estado Aragua para que garanticen los equipos de protección para todo el personal de enfermería que labora en cada centro de salud del estado, tanto en ambulatorios como en hospitales”, dijo. 

Destacó que el gremio al que representa, integrado por 9500 profesionales, está en primera línea de contagio y se expone diariamente al nuevo coronavirus en el cumplimiento de su labor profesional. La ONG Médicos Unidos Venezuela informó que desde que comenzó la pandemia en el país, han muerto 195 profesionales de la salud, de los cuales 9 son de Aragua: 6 médicos y 3 enfermeras. Entre las razones están la falta de material de protección para el personal, así como las carencias crónicas de los centros de salud. 

“No conforme con esto, hoy vemos cómo se terminó de pulverizar el poder adquisitivo de todos los que hacemos vida en este país cuando el dólar se ubica en 410 Bs, lo que hace que nuestro salario sea de 0,98 centavos de dólar. ¿Cómo sobrevivimos así, cómo alimentamos a nuestros hijos cuando el salario mínimo se terminó de extinguir? Hoy llegamos a la pobreza extrema”, dijo Vidal. 

A propósito de las numerosas violaciones a los derechos humanos enumeradas en el informe de la Misión independiente de la ONU, la licenciada señaló que “el peor crimen de lesa humanidad que comete el régimen es matarnos de hambre”. 

Vidal aseguró que “con mucha tristeza, vemos que no podemos seguir subsistiendo con las migajas de un régimen al que no le importa para nada que el pueblo se esté muriendo de hambre”. 

La Corte Penal Internacional tiene desde 2018 un expediente consignado por seis países miembros del Grupo de Lima sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano durante las protestas de 2014 y 2017. Expertos estiman que el reciente informe de la Misión independiente de las Naciones Unidas podría servir para fortalecer dicho expediente y acelerar los tiempos de respuesta del organismo, así como también para que terceros países juzguen a los señalados con base en el principio de jurisdicción universal

@GitiW

A Nicolás Maduro le están siguiendo los pasos. Eso queda claro al leer las casi 500 páginas del informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela publicado en septiembre de 2020. En ese documento se detallan prácticas sistemáticas como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad. 

Maduro es el primer presidente en ejercicio de la región en ser señalado de cometer crímenes de lesa humanidad, mas no está solo. En el informe identifican a 45 funcionarios que en alguna medida también son responsables personales de los delitos descritos. El énfasis, no obstante, recae sobre tres personas: el presidente de la República, el  ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; y el ministro de la Defensa. 

“Este es un informe que determina patrones de conductas, responsabilidades, cadenas de mando y que deja muy en claro la vinculación de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López y Néstor Reverol en la violación de derechos humanos, bien sea por acción o por omisión”, dice el informe de la Misión cuyo mandato expreso era describir las violaciones contra los derechos humanos y determinar quién o quiénes eran los responsables de esos hechos. 

El texto afirmó que la Misión tiene fundamentos razonables para creer que tanto el Presidente de Venezuela como los ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados. Acto seguido explican que: “Los autores directos de los delitos documentados en este informe son responsables de sus actos y deben ser debidamente investigados”. 

“El carácter de Presidente o de alto funcionario no le quita la responsabilidad individual por los crímenes de lesa humanidad que perpetró. El propio Estatuto de Roma prevé que no se puede oponer el cargo de un funcionario público para evitar que responda por estos crímenes internacionales”, explicó la directora de la ONG Cepaz, Beatriz Borges. 

Marino Alvarado, abogado y miembro de Amnistía Internacional sección Venezuela, destacó dos aspectos clave que atañe a los 45 funcionarios identificados: que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que cualquier país, amparado en el principio de jurisdicción universal, puede activar un juicio en contra de las personas señaladas. 

El grupo de los infames

Si bien no se trata de una acusación formal, el señalamiento de la Misión ubica a Maduro entre un grupo de mandatarios y funcionarios que han sido identificados y están siendo investigados por violaciones masivas a los derechos humanos. 

“Es particularmente grave pensar que ahora el régimen de Maduro entra en el selecto grupo de jefes de Estado y altos funcionarios que están individualizados por perpetrar crímenes de lesa humanidad, no por opinión de distintos factores de la sociedad civil, sino como resultado de una investigación exhaustiva realizada por un mecanismo independiente”, argumentó Borges. 

Ese grupo al que se unen Maduro, Padrino y Reverol tiene al actual presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, investigado por la Corte Penal Internacional (CPI) por los crímenes cometidos desde 2006 en el marco de su guerra contra las drogas. También está Omar Al Bashir, quien era presidente de Sudán cuando recibió la acusación formal de la CPI por los crímenes perpetrados en Darfur desde 2003. 

Filipinas era un país signatario del Estatuto de Roma, razón por la cual la CPI tenía jurisdicción para juzgar los delitos, sin embargo, tras recibir el señalamiento en su contra Duterte tramitó la salida del país de la vigilancia de la Corte, situación que se materializó en 2019. Al Bashir ha sido prófugo de la justicia internacional por más de 10 años, en parte porque Sudán nunca ratificó el Estatuto de Roma y también gracias al apoyo de otras naciones africanas que le permiten el libre tránsito por sus fronteras. 

Kim Jong-il presidió Corea del Norte desde 1994 y también fue señalado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por violaciones masivas a los derechos fundamentales. Falleció antes de que la investigación terminara. Saddam Hussein, quien presidió Irak desde 1979, también fue señalado por crímenes de lesa humanidad y fue juzgado y sentenciado a muerte por un tribunal en su propio país. Muammar Gaddafi, mandatario de Libia desde 1979, fue acusado formalmente de crímenes de lesa humanidad en 2011 y falleció de manera violenta un mes después a manos de una turba. 

La CPI tiene actualmente 28 casos abiertos contra individuos acusados de cometer crímenes de lesa humanidad y ha emitido 25 órdenes de captura internacional para llevarlos a juicio. Hay otros 10 países, entre ellos Colombia, Bolivia y Venezuela, que tienen expedientes abiertos en fase de investigación preliminar. 

Al más puro estilo de las marchas y contramarchas que ha obligado de manera recurrente a opositores y oficialistas a ejercer el derecho a la protesta de manera paralela, Venezuela tiene dos investigaciones abiertas en la CPI, ambas en la misma fase preliminar. 

La primera se denomina “Venezuela I” y se refiere a la acción que realizaron en septiembre de 2018 seis Estados signatarios del Estatuto de Roma, a saber, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, para que se investigaran los crímenes cometidos por el Estado venezolano entre 2014 y 2017. El segundo es “Venezuela II” y fue introducido por el propio Estado venezolano en febrero de 2020 para pedir una investigación por los supuestos delitos de lesa humanidad que “han resultado de la aplicación de medidas ilegales y coercitivas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela desde 2014”. 

Borges explicó que Venezuela II es la forma “del gobierno de Nicolás Maduro de enviar un contramensaje de manipulación sobre cuáles son los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo. Lo vemos como una forma de tratar de desviar la atención sobre la verdadera responsabilidad. Sin embargo, eso está siendo tramitado por separado y por lo que sabemos no va a tener influencia en el avance del examen I”. 

¿Qué puede pasarle a los 45 funcionarios identificados?

El informe de la Misión de la ONU establece que la primera responsabilidad para investigar y sancionar los crímenes la tienen las instituciones venezolanas. Alvarado destacó que si bien es poco probable que la administración de Maduro vaya a investigar crímenes que los incriminan a ellos de manera directa, no es descartable que la investigación se abra si hay un cambio de gobierno. “Si no muestran interés en hacerlo le da más fundamento a la Corte Penal Internacional para avanzar en su investigación porque uno de los elementos clave en la Corte es la complementariedad, lo cual implica que ellos actúan si consideran que en un Estado no hay voluntad o posibilidad de hacer justicia”, explicó el activista de derechos humanos. 

Borges puntualizó que “uno de los aspectos que comenzó a valorar el informe es que es posible que los crímenes de lesa humanidad identificados hayan sido tolerados por los fiscales y jueces de la República como parte del patrón de comisión de estos delitos. La conclusión evidente es que no se puede contar con la justicia venezolana. Se abre así no solo la puerta de la Corte Penal Internacional, sino la posibilidad de que otros Estados juzguen a estos responsables. Se restringe así la libertad de todas las personas nombradas en el informe como responsables pues no podrán circular libremente por el mundo sin el temor de que en cualquier espacio pudieran ser apresados para ser juzgados”. 

La directora de CEPAZ explicó que “la calificación de hechos como delitos de lesa humanidad abre una cantidad amplia de posibilidades para la determinación de responsabilidades. La Misión de Determinación de Hechos expresamente hace un llamado no sólo a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, sino también llama a los poderes judiciales de los Estados para que identifiquen a los responsables y los juzguen bajo las leyes de sus propios países, similar a lo que hizo el juez Baltazar Garzón respecto a Pinochet”. 

Las declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, a pocos días de la publicación del informe de la Misión independiente de la ONU, podría ser un indicio de la intención de avanzar en el camino de la jurisdicción universal. “Las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura [de Maduro], las que denunciamos en nuestro país y en distintos foros internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional, han sido confirmadas recientemente por la Organización de las Naciones Unidas (…). Lo que se busca en Venezuela con los crímenes de lesa humanidad es perpetuar la tiranía y todos en la comunidad internacional tenemos que rechazar esa situación”, dijo el mandatario.

Como naciones debemos defender las democracias en la región, por las amenazas que afrontan. El régimen de Venezuela requiere que hagamos un llamado enérgico para que haya elecciones libres y no como la que se orquesta para diciembre, que solo busca legitimar al dictador. #UNGA pic.twitter.com/V8R6SDUQLv

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) September 22, 2020

Borges consideró que debido a que la Fiscalía de la CPI ya lleva una investigación bastante avanzada sobre el caso venezolano, el informe de la Misión debería impulsar a ese organismo a presentar la acusación en contra de las autoridades identificadas en el informe en los próximos meses. 

Otra posibilidad que se abre es prorrogar el mandato de la Misión de Determinación de Hechos a fin de que siga investigando los delitos, como los cometidos en el marco del proyecto Arco Minero,  y amplíe el listado de presuntos responsables. “Hay una solicitud de varios países para que se prorrogue el mandato por uno o dos años”, afirmó Alvarado. 

Mientras tanto, Maduro sigue en Miraflores

“Lo que percibo es que el informe no solo eleva ad infinitum los costos de salida, sino que hace tóxico e imposible cualquier tipo de negociación. Quizás haya para quien tal panorama sea motivo de alegría. En lo personal, difiero. Más veo a Siria y Sudán que a Chile o Bielorrusia (…). Sudán en el sentido de que luego de la acusación de la CPI, Al Bashir se mantuvo por otros 10 años y lo tumbó un golpe cuyo desenlace aún está en veremos, mientras que parte de su oposición -para esos momentos- se independizó en Sudán del Sur para luego caer en guerra civil entre ellos”, argumentó en su cuenta de Twitter el historiador y profesor asistente de la Universidad de Nueva York, Alejandro Velasco. 

En una entrevista con Runrunes, Velasco se apoyó en un tweet del también historiador y autor Fernando Mires para ahondar en la preocupación que ronda la mente de muchos venezolanos: “Que después de digerir los horrores del reporte, lo que queda por digerir es el horror de que nada ha cambiado en el ámbito real. Para mí esa es la cuestión, ¿cómo cambia este informe el panorama político para poder lograr un cambio?”, dijo. 

Velasco argumentó que si bien el informe representa un hito, también complica cualquier escenario de transición. “Lo digo pues Venezuela, al ser signataria del Estatuto de Roma, está bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y eso implica que si la Corte procede hacia una acusación formal a Maduro y los demás mencionados, dificultará cualquier proceso de salida justamente porque los crímenes no prescriben. Es en ese sentido específico que comparé el caso de Venezuela con el de Sudán, pues para Al Bashir significó que ya no había salida posible y se atornilló en el poder. Atrapados ellos, mantienen atrapados a todo un pueblo”, argumentó el historiador.  

Los miembros del Grupo Internacional de Contacto (ICG) que lidera la Unión Europea, publicaron un comunicado conjunto un día después de la presentación del informe de la Misión de la ONU. En el documento reconocieron la gravedad de los señalamientos y reiteraron que “la única solución sostenible a la crisis venezolana será una política inclusiva, pacífica y democrática, a través de elecciones legislativas y presidenciales libres, creíbles, transparentes y justas”. 

Tal vez la cara más visible de que aún existe la esperanza de alcanzar una solución negociada en Venezuela, pese al informe de la ONU o justamente debido a su gravedad, es la de Joseph Borrell, Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, quien difundió el comunicado del ICG a través de un tweet y agregó que los ministros del grupo seguirán trabajando “por una salida política negociada a la crisis de Venezuela”.

Strong support from Ministers of the ICG to continue working for a negotiated political solution to #Venezuela crisis. The holding of free & fair elections is key. Only important changes to conditions and time-frame could allow deployment of an EU Electoral Observation Mission

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 17, 2020

No obstante, el profesor universitario se apoyó en los desenlaces de las acusaciones a Hussein y Gaddafi para apuntar que, sin caer en analogías simplistas, hay pocas garantías de transiciones democráticas pacíficas y duraderas tras señalamientos de delitos de lesa humanidad. “Por mi formación profesional tiendo a ver patrones y ciclos recurrentes. Hay voces a lo interno del chavismo que quizás vean la transición como una salida, no obstante, las movidas de Maduro hasta ahora nunca han apuntado hacia algún tipo de negociación sino más bien cada oportunidad ha servido para aferrarse más al poder. Si siguen los patrones, dudo que haya algún cambio en el mediano plazo”, dijo.  

Que el informe haya dejado en blanco y negro las violaciones a los derechos humanos cometidas por altos funcionarios del gobierno venezolano no disipa necesariamente la incertidumbre política. “Escucho a gente diciendo que tras el informe no hay negociación posible con quienes cometen crímenes de lesa humanidad, y si eso fuera así entonces qué hacemos, en qué nos deja esto, cómo este informe cambia la realidad que denuncia. Lo que digo no significa que el informe no ayude o que no debería haber sido publicado sino más bien que hay que pensar en función de qué hacer para impulsar un cambio a partir de este documento”, concluyó Velasco.