Gitanjali Wolfermann, autor en Runrun

Gitanjali Wolfermann

Georg Eickhoff: “Los chavistas no van a terminar nunca la guerra contra los venezolanos”
El analista político Georg Eickhoff publicó recientemente en su cuenta de Twitter un hilo que no dejó indiferentes a quienes lo leyeron. A través de una serie de reflexiones con las lecciones aprendidas de su experiencia en Ucrania, le advierte a los venezolanos que despierten pues su país está inmerso en una guerra de un tipo que nadie sabe definir muy bien, llamada guerra híbrida. Runrunes lo entrevistó para ahondar en sus declaraciones

 

Por @GitiW 

 

“¿No sabías que Venezuela está en guerra?, pues despierta”, advirtió el analista político Georg Eickhoff en un hilo que publicó en su cuenta de Twitter. “¿Cuál es la guerra en Venezuela? La guerra del gobierno contra su población”, afirmó Eickhoff sin ambages. 

“Excelente análisis”, “un hilo esclarecedor”, “por fin alguien habla sin eufemismos” y una catarata de “recomiendo este hilo” siguieron a la publicación hecha el 21 de marzo, la cual le valió a Eickhoff no solo loas sino un considerable número de nuevos seguidores. Hubo quienes calificaron sus afirmaciones de temerarias y belicistas, pero más allá del debate sobre si en Venezuela se vive o no una guerra híbrida como lo afirmó Eickhoff, lo irrebatible es que lo dicho por el doctor en Historia Moderna y Filología Española tocó una fibra sensible.   

Eickhoff no es ajeno a la realidad del país y tanto le apasiona el drama de la nación suramericana, que lo confiesa sin pudor en su perfil de Twitter. Actualmente es relator y analista político para Ucrania de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, pero entre 2008-2013 vivió en Venezuela como parte de la delegación de la Fundación Konrad-Adenauer. De su experiencia viviendo y trabajando en ambos países extrajo las reflexiones que compartió en su hilo. 

“Cuando acepté trabajar en Ucrania — en su zona de guerra — francamente no sabía lo que iba a poder aprender allí. Iba, hace dos años, con muchas inseguridades pero también con la certeza de que algo iba a aprender lo cual podría servir para entender mejor el enigma venezolano que tanto me apasiona y desvela”, dijo Eickhoff en la introducción de su hilo. Runrunes entrevistó al analista político para ahondar en sus declaraciones. 

Usted comienza el hilo trazando un paralelismo entre lo que vio y aprendió de su trabajo en Ucrania y la situación de Venezuela. ¿Qué es lo que vio en Ucrania que le resonó tanto con la situación venezolana?  

– Para hacer mi trabajo a veces me tengo que poner casco y chaleco antibalas cuando el recorrido pasa cerca del frente de la guerra en el este de Ucrania. Gracias a Dios, durante la mayor parte del tiempo lo que vemos no nos dice que estamos en guerra. No están disparando todo el tiempo, pero nadie duda de que la guerra sigue. Luego, mi trabajo más específico es precisamente el análisis político de todos los aspectos invisibles pero reales de esta guerra. Quizás es de allí que he desarrollado un radar un poco más afinado para ciertas complejidades de las guerras. Una parte de la guerra en Venezuela es visible, gran parte es invisible.

¿Cuáles son los aspectos de esa guerra que no ven los venezolanos, o incluso la comunidad internacional?

– Un ejemplo: muchos se hacen los locos con las operaciones especiales. En mi país, Alemania, cuando hubo las primeras elecciones democráticas en la parte oriental después de la caída del Muro de Berlín, descubrimos sobre la marcha que los dos candidatos principales eran infiltrados de la seguridad del estado. Si se gastan millones en la defensa de Saab ¿cómo no se van a gastar dinero en infiltrar a la oposición y países amigos de la paz en Venezuela?

Usted afirmó en su hilo que la guerra en Venezuela es “la guerra del gobierno contra su población”. En la escasa literatura sobre las guerras híbridas se advierte que las mismas “están diseñadas para aprovechar las vulnerabilidades nacionales en todo el espectro político, militar, económico, social, informativo y de infraestructura”. ¿En qué medida considera que el país que tenemos hoy, sin ninguna institución democrática en pie y con una infraestructura de servicios públicos colapsada, es el resultado de esa guerra híbrida?

– Hugo Chávez irrumpió en el escenario político venezolano disparando y matando. La operación militar lleva ya casi treinta años. Las elecciones fueron solamente episodios. En el momento en que las elecciones dejaron de darles los resultados deseados las suprimieron como los revocatorios, o las falsificaron como todo el resto. Hay toda una librería de documentos oficiales chavistas que trazan los planes de la gran transformación. Y en ningún momento han dejado una duda de que son los militares quienes ejecutan estos planes con criterio militar. Su mantra es la llamada “unión cívico-militar”. Es el mantra de la guerra híbrida.

Si esto es así, ¿cómo quedan todos los que esperan que se produzca un quiebre en el estamento militar?

– Ese quiebre va a venir en algún momento. No sabemos cuándo y no sabemos si van a prevalecer los menos peores.

Los textos que describen cómo se desarrollan este tipo de guerras modernas, dicen que “la guerra híbrida, llevada a cabo por actores estatales o no estatales, generalmente se adapta para permanecer por debajo de los umbrales obvios de detección y respuesta”. ¿Cree que esta capacidad para volar bajo el radar fue la razón por la que las acciones del régimen venezolano en contra de la población no fueron denunciadas por la comunidad internacional desde un principio?

– En su vuelo debajo del radar tienen a muchos partidarios internacionales que admiran sus habilidades de pilotar cualquier aparato en esta guerra híbrida. Compraron la complicidad con el petróleo y además saben muy bien aprovechar los mitos, narcisismos y romanticismos de la izquierda que tiene ganas de vacacionar bajo las palmeras de alguna revolución tropical.

El informe de la Misión Independiente de la ONU deja claro que los crímenes y violaciones de derechos humanos se conocen, ya no hay duda acerca de las características del régimen de Maduro. ¿Cómo evalúa, por ejemplo, la búsqueda de justicia a través de instancias como la Corte Penal Internacional?

– La Corte Penal Internacional es un gran logro de la comunidad internacional pero por definición siempre actúa cuando es demasiado tarde. No es su falta. Es la naturaleza del derecho. Pensar en la guerra es pensar en la prevención de crímenes.

Los análisis de este tipo de guerra destacan que “es posible que una campaña de guerra híbrida no se vea hasta que ya esté en marcha, con efectos dañinos que ya han comenzado a manifestarse y degradan la capacidad de un objetivo para defenderse”. En su hilo usted llamó a los venezolanos a “despertarse”, ¿Considera que los venezolanos se están dando cuenta muy tarde de que el problema que enfrentan va más allá del tema electoral? 

– Es una tarea fundamental en las guerras híbridas asegurar que las víctimas se sientan culpables de su miseria. Te voy a dar un ejemplo histórico muy duro y triste. Los nazis colocaron como jefe del gueto judío de Lodz, en Polonia, al director judío de un orfanato que ya tenía fama en la comunidad judía de abusar de los niños del orfanato. Al parecer seguía con eso desde su poder otorgado por los nazis en el gueto. Un investigador preguntó a una de sus víctimas, después de décadas, por qué nadie se había quejado. Ella dijo: “Había tanto antisemitismo”. 

¿Eso de “sentirse culpables de su miseria” podría leerse como: culpables de haber votado por Chávez en 1999, y luego culpables de creer en las estrategias opositoras? 

– Esto y mil otras cosas. Votar por Rosales, votar por fulano y mengano, ponerse tal y tal gorra, todas las cosas que tantos hicieron de buena fe. Yo los entiendo.

“Venezuela está en guerra y la mejor prueba es su número de refugiados. Si tanta gente se va, sabes que hay una guerra. No se sabe qué es, pero tanto refugiado significa que es guerra”, dice usted en su hilo. En este punto vuelve a hacer la comparación con Ucrania, cuya diáspora también es enorme. ¿Creería que esta hemorragia de capital humano es un efecto no previsto de la guerra híbrida, o por el contrario sea el resultado de un proyecto deliberado? 

– “Guerra híbrida” es un concepto muy bien adaptado a la mentalidad de los venezolanos: es la guerra del “como vaya viniendo vamos viendo”. No todo lo que pasa está cien por cien planificado, pero todo lo que pasa es evaluado y aprovechado con criterio de guerra.

¿Y los ciudadanos no juegan?, ¿la oposición no juega ¿Es esta una guerra con un solo bando?

– Claro que los ciudadanos juegan. Por ejemplo, los seis millones que se fueron jugaron su jugada. Los que se quedan también se la juegan. Hay que entender a cada uno en su juego y ver cómo se pueden alinear fuerzas para dejar de jugar el juego del enemigo. Sí, esto marea a cualquiera. Liderazgo es ver más allá de este mareo al cual nos quieren someter.

“¿Quieres negociar? Pues, dale, pero empieza por entender que lo de Venezuela no es política, es guerra. Quien quiere mediar en Venezuela tiene que saber que va a la guerra”, afirmó en su hilo. ¿Qué pueden hacer los venezolanos para ganar esta guerra? 

– El primer paso para cambiar la realidad es reconocerla, afrontarla. Vuelvo a lo de Ucrania. El gran maestro de la estrategia, Lawrence Freedman en su libro “Ucrania y el arte de la estrategia”, concluye que hay guerras que no se pueden ni resolver ni terminar, ni mucho menos ganar. Hay que “manejarlas”. Usa el verbo en inglés “to manage”. Los chavistas no van a terminar nunca la guerra contra los venezolanos. Esta guerra se instaló en Venezuela para quedarse por generaciones. Es más, ahora se está mezclando cada vez más con la guerra de Colombia que también ya tiene décadas y faltan otras más.

La gran mayoría de los comentarios que recibió su hilo alaban su claridad. Es llamativo que para tanta gente haya sido casi reivindicativa la afirmación de que el gobierno está en guerra contra la población. Sin embargo hay otro grupo, uno que dice que la política no se agota mientras existan ciudadanos dispuestos a hacerle frente a la tiranía. ¿En su opinión, es ingenua esa posición?  

– Lo que quiero decir es que la política nunca se acaba y que esta guerra nunca se acaba. Lo que está claro, para decirlo en criollo, es que al chavismo hay que caerle con todo. Quizás fue solamente eso que dije y lo que la gente entendió.

Mi año virtual: niños y jóvenes cuentan cómo ha sido el año más frustrante de sus vidas
Al cumplirse el aniversario de la llegada de la pandemia de COVID-19, el recuento no puede reducirse al número de contagios y fallecidos, también debe incluir el enorme número de personas para quienes este parón ha sido emocionalmente devastador. La frustración es un sentimiento que prevalece en niños y jóvenes al describir su experiencia
Psicólogos expertos en la atención de niños, adolescentes y universitarios coinciden en que hay un impacto visible en la salud mental de ese grupo etario a partir de la pandemia, el cual se expresa en alteraciones del estado de ánimo como ansiedad y depresión, que en algunos casos deriva en ideaciones suicidas
El Estado venezolano ha dejado desasistidos a los niños y jóvenes que requieren atención psicológica. Sin políticas públicas para la prevención y tratamiento de la salud mental, son las familias y organizaciones de la sociedad civil las que han tenido que hacerle frente a este problema

 

Por @GitiW

 

“Estoy mucho tiempo encerrada en la casa, extraño a mis amigos y a mi maestra, pero al menos me puedo quedar en mi casita. Estoy con mis hermanitos, con mi mami y también con mis primos. Puedo jugar, ver televisión y hacer mis cosas”, contó una niña de 6 años de edad, la más joven de quienes compartieron su testimonio tras un año de confinamiento.

Su rutina cambió de manera abrupta cuando el 16 de marzo de 2020, su escuela cerró y debió quedarse en su casa junto a sus padres y hermanos. La niñez no la blindó de las emociones que muchos adultos han reportado a lo largo de un año de confinamiento: ella también se siente encerrada y añora la vida social que conocía. 

Una niña de 11 años describió así su experiencia: “Durante este año de pandemia y confinamiento me he sentido bastante diferente. Distanciarme tanto de mis compañeros, amigos, incluso de algunos familiares, es algo que me ha costado manejar. Algo bueno es que he mejorado en temas de personas, he hecho nuevos amigos, aunque me cuesta un poco. No puedo decir que me he aburrido, he visitado a varios de mis amigos y amigas y he disfrutado estar con ellos. En el tema de las clases online, la verdad es que he perdido un poco la cabeza, me ha costado mucho el tema de acostumbrarme a pararme a las 7 a.m. a ver una pantalla a prestar atención, en vez de tener la oportunidad de ver a mis compañeros y profesores”. 

Además del tema social, el testimonio de la niña de 11 años menciona la mayor fuente de ansiedad en todos los entrevistados: el cambio de la educación presencial a las clases a distancia. 

“Me he sentido encerrada y muy estresada porque ahora las tareas las mandan todas para un mismo día, no veo contenido, las matemáticas son mucho más difíciles de entender al igual que todas las demás materias. Me costó mucho entender las actividades sin ver contenido, estar encerrada con mis tres hermanos es frustrante por el escándalo. Ha sido frustrante”, compartió una adolescente de 13 años. 

Otro adolescente de 14 años hizo referencia a la dificultad de aprender a distancia: “Durante el año de pandemia me sentí bastante raro, ya que era algo desconocido para mí. Por suerte me pude adaptar rápido al uso del tapabocas y las medidas de bioseguridad. Pero las clases virtuales son otra historia, me parece un modelo inútil y poco efectivo. Creo que no estoy aprendiendo nada y veo la necesidad de regresar a las clases presenciales con las medidas de bioseguridad necesarias”.

Entrevistada al principio de la pandemia, Griselda Sánchez, secretaria del Sindicato de Maestros del Distrito Capital, contó a Runrunes que el plan de Nicolás Maduro de mutar la educación presencial a digital era imposible en un país con un servicio de internet deficiente. “Es una mentira más, en la educación pública eso no es viable”, dijo Sánchez. La sindicalista también indicó que ni alumnos ni maestros poseían las herramientas para llevar a cabo la pretensión oficial. 

La frustración por sentir que están aprendiendo poco o nada encuentra soporte en indicadores detallados en un informe del Banco Mundial. Juan Maragall, quien por casi una década fue secretario de educación del estado Miranda, dijo que “el impacto del COVID-19 en los aprendizajes de nuestros niños es dramático y tiene que movilizarnos para encontrar rutas de regreso a las escuelas y al aprendizaje”. 

Prisioneros de Internet

 

“Este año de cuarentena ha sido de mucho estrés a pesar de que he estado en la casa sin ir al colegio. Las clases online han sido bien estresantes por la cantidad exagerada de trabajos que han enviado y porque hay que cumplir con un horario que a veces resulta difícil porque se va la luz o el internet. Eso sin contar cuando hay un exámen online, es lo más estresante de todo.  Afortunadamente, el haber empezado a practicar fútbol otra vez me ha ayudado bastante a distraerme y a liberar un poco ese estrés. Espero que esto pase pronto y podamos volver a la normalidad”, contó un adolescente de 15 años. 

Liza Guilbert, psicóloga clínica y directora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano (CADH) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), describió el tránsito emocional que ha visto en gran parte de los estudiantes: “Al principio del confinamiento los afectó mucho la tristeza, la desesperanza y la apatía. Aunque se ha relajado un poco, el nivel de interacción social aún no se compara con el que tenían hace unos años. Los jóvenes están en una etapa en la cual socializar es muy importante. Por ejemplo, hay muchas destrezas sociales que se aprenden al formar equipos para hacer trabajos y exposiciones”. 

Tras el impacto inicial, el siguiente reto fue adaptarse a estudiar a distancia no sólo por un tema de disciplina y metodología, sino por circunstancias y carencias materiales, explicó Guilbert. “Una gran fuente de ansiedad ha sido la carencia de equipos y recursos para estudiar en línea. Si tienen o no computadora o teléfono inteligente; si deben compartir esos equipos con sus padres o hermanos; si tienen internet, megas o luz. Incluso compartir el mismo espacio los abruma. Los problemas asociados a los servicios públicos los siguen afectando mucho: si se va la luz en medio de la clase, pierden la clase o el examen; si no tienen datos para ver un video, no pueden completar un trabajo; si no hay agua por varios días, deben dejar de estudiar tan pronto llegue. También hay que pensar en los que han tenido que trabajar para apoyar en su casa. Todo esto incide en el rendimiento académico”. 

Los jóvenes venezolanos no son los únicos que manifiestan afectación psicológica producto de la pandemia. “A nivel individual, los niños y jóvenes han perdido repentinamente muchas de las actividades que proporcionan estructura, significado y ritmo diario, como la escuela, las actividades extracurriculares, las interacciones sociales y la actividad física. Durante un período prolongado, estas pérdidas pueden empeorar los síntomas depresivos y pueden afianzar aún más el aislamiento social, la anhedonia y la desesperanza”, reseñó una revista canadiense de la sociedad de psiquiatría

Igualmente en Alemania, un estudio nacional sobre el impacto de la pandemia en los jóvenes encontró que dos tercios de los niños y adolescentes informaron estar muy afectados por la pandemia de COVID-19. “Experimentaron más problemas de salud mental y niveles de ansiedad más altos que antes de la pandemia. Los niños con un nivel socioeconómico bajo, antecedentes migratorios y espacio de vida limitado se vieron significativamente más afectados”.

“Uno está dispuesto a seguir adelante, pero la situación no te lo permite”

 

Un estudio realizado a principios de la pandemia por las profesoras Luisa Angelucci y Yolanda Cañoto, publicado en la revista Analogías del Comportamiento de la UCAB, halló que los cambios en la dinámica familiar, la hiperconectividad, dificultades en el acceso a internet, sobrecarga de trabajo, preocupación por la salud de sus padres y abuelos, y la inseguridad económica y política, incidieron en el incremento de casos de ansiedad y depresión en los jóvenes. 

“Los estudiantes de las universidades públicas presentan posiblemente mayor ansiedad por tener aún la incertidumbre sobre lo que pasará con su carrera y por haber perdido un año académico completo, lo que los pone en desventaja con respecto a estudiantes de universidades privadas. Sin embargo, vale acotar que los jóvenes universitarios, por su nivel educativo y de información, tienen factores protectores que hacen que su ansiedad o depresión no sea muy alta, comparado con jóvenes con menos nivel educativo y en condiciones socioeconómicas de riesgo”, explicó Angelucci, quien es doctora en psicología y directora del Centro de Investigación y Evaluación Institucional de la UCAB. 

“Los síntomas de ansiedad, depresión o falta de bienestar son multicausados y, aunque se pueda establecer en forma general que los niveles de ansiedad y disfunción social pueden ser moderados y la depresión más bien baja, no se puede descartar un porcentaje bajo (de entre 10 y 20%), que presentan algunos síntomas como alteraciones del sueño, angustia, dolores de cabeza, tristeza y hasta ideas suicidas. Ese porcentaje representa una población de riesgo y debe localizarse e intervenirse para que no se llegue a consecuencias fatales desde el punto de vista psicológico y físico. Se debe estar muy pendiente de cualquier señal que indique un cambio desfavorable para tratar a la persona lo más rápido y, si es posible, con ayuda de profesionales en salud mental”, dijo Angelucci. 

Un adolescente de 17 años de edad describió así su experiencia tras este parón de un año que dejó sus planes en suspenso: “Aunque en muchos aspectos la pandemia no afectó mi vida social, puesto que la mayor parte de mis interacciones sociales ya eran online (menos clases) me destruyó gran parte de mis planes de futuro puesto que primero perdí mi graduación de quinto año, se paralizaron mis trámites migratorios, y por ende mis planes de estudiar la universidad en el exterior, mientras que a la vez sentía que mis clases extra quedaban inutilizadas y el esfuerzo que tuve a lo largo del año quedaba inutilizado. El comienzo de la universidad a distancia afectó no solo mi autoestima, sino también mi estado anímico, y la libertad de la que gozaba tanto en privacidad como en el control de mi vida en general se vio completamente reducida por el confinamiento. Y siendo que gran parte de mis interacciones eran online, y ahora el ancho de banda estaba ocupado por mi familia 24/7, también redujo la calidad y frecuencia de mis conversaciones, perdí el apetito y terminé comiendo una sola vez al día, empecé con pensamientos suicidas debido al estrés universitario y eventualmente me desconecté por completo de redes sociales y amistades por una semana. Aunque ahora me recuperé de ese estado, no niego que en personas que la hayan pasado peor, que no son pocas, la situación interna ha debido de ser mucho peor”.

Abel Saraiba, psicólogo y coordinador del servicio de atención psicológica (SAP) de Cecodap, una ONG venezolana encargada de la defensa y protección de los derechos de los niños y adolescentes, afirmó que la cara no evidente de la pandemia ha sido justamente el impacto en la salud mental. “Estamos hablando de una realidad que tiene un impacto muy notable en la vida de niños y adolescentes, y que sobre todo se vive de manera muy dura en un país que carece de una infraestructura adecuada en materia de salud mental”. 

Ese impacto emocional tiene métricas concretas en el SAP: mientras que en 2019 realizaron 1.115 consultas psicológicas, en 2020 realizaron 4.282 en las que atendieron a 3.419 personas, 70% de los cuales son niños. “Fue como una hemorragia de personas que estaban buscando atención psicológica, pues no son muchos los servicios gratuitos que hay en el país. Conforme pasaban los meses veíamos que cada día llegaban más y más casos y comenzamos a alarmarnos”, contó Saraiba. 

Los psicólogos del SAP notaron que el fenómeno de las alteraciones del estado de ánimo ganaba cada vez más terreno. En el primer semestre de 2020 representaron el 31% de los casos, y durante el segundo semestre llegó a 44%. De ese porcentaje, 21% presentó algún grado de ideación suicida. “Esto es muchísimo porque hace tres años esta cifra no llegaba a pasar del 10%. Hoy podemos decir que hay un impacto claramente visible en la salud mental en niños y adolescentes a partir de la pandemia, que se expresa en alteraciones del estado de ánimo que, dicho de manera más llana, se refiere a ansiedad y depresión”, explicó Saraiba. 

Las estadísticas del SAP indican que la pandemia emocional no conoce de burbujas socioeconómicas, ya que la afectación de la salud mental de niños y adolescentes ocurre sin distingo del estrato social en el que se encuentren, aunque los psicólogos advierten que aquellos que viven en situaciones de pobreza son aún más vulnerables, porque tienen menos acceso a recursos que permitan mitigar los efectos de la precaria situación que están viviendo los venezolanos. 

Con 21 años de edad, un estudiante universitario de primer año contó su experiencia:   “Cuando empezó la cuarentena obviamente no sabía que iba a durar tanto. Pensé que iba a ser cuestión de algunos meses. Realmente no había caído en cuenta de la magnitud de la pandemia. Ya una vez que tomé conciencia de que iba para rato, evidentemente me sentí frustrado porque me faltaban sólo dos semanas para terminar el año y gracias a la pandemia esas dos semanas se transformaron en un año más. Es frustrante porque uno está dispuesto a seguir adelante, pero la situación no te lo permite y simplemente las clases online no son lo mismo que presencial. En conclusión, para mí la pandemia ha sido muy frustrante”.

Guilbert advierte que las situaciones de crisis, que en Venezuela significa tener que lidiar con una pandemia en medio de una emergencia humanitaria severa, es normal ver signos de estrés postraumático, como gente con miedo a socializar o de acercarse a otros, de retomar la cotidianidad, de salir a la calle. Por ejemplo, quien no tuvo que ir durante todo un año a la universidad, quizás le angustie tener que trasladarse al salón de clases si debe usar un transporte público atestado y sin medidas de bioseguridad.

Salud mental a la deriva

 

“El drama de esta situación no es sólo decir que esto le está pasando a tantos niños y adolescentes, sino que no tenemos a dónde remitirlos. Son pocos los servicios de psiquiatría operativos y mucho menos para la atención de niños, lo que prácticamente significa que los niños y adolescentes que experimentan síntomas de ansiedad y depresión se encuentran a la deriva, sin asistencia, pudiendo esto costarles la vida. Es una realidad preocupante y requiere de la acción del Estado, por más que desde la sociedad civil nos propongamos atenderlos, no hay forma de que nosotros podamos cubrir lo que debería estar haciendo el Estado porque el alcance necesita ser mayor”, argumentó Saraiba. 

Una vez más, la sociedad civil ha tenido que asumir un rol que le corresponde al Estado venezolano, el cual debe ocuparse de dotar hospitales y formar profesionales capaces de atender a la población, donde sea que se encuentre en el país, no sólo en las grandes ciudades. 

“¿Qué debería hacer el Estado? Lo primero es que en el país debería haber una política pública clara y definida, con recursos materiales y humanos en materia de niñez y adolescencia, y no la hay. Esto ya marca un problema estructural. No hay en el país una política pública para atender la salud mental de los ciudadanos. El Estado tiene la obligación de diseñar un esquema preventivo para evitar que los niños y adolescentes desarrollen condiciones que impacten su salud mental, que alerten de manera temprana sobre problemas de salud mental para identificar posibles riesgos. Cuando lo preventivo falla, es necesario contar con servicios clínicos especializados que sean capaces de brindar respuesta a los niños y a sus familias”, dijo el coordinador del SAP de Cecodap. 

La negligencia del Estado venezolano en materia de atención a la salud mental de niños y adolescentes ha tenido una clara repercusión, tal y como lo reveló una investigación de Cecodap sobre suicidios en la niñez y adolescencia en Venezuela. Según ese estudio, de 11 suicidios ocurridos en 2014, pasaron a registrar 88 en 2019. Por su parte, el Observatorio Venezolano de Violencia encontró que entre enero y junio de 2020, 19 niños y adolescentes sufrieron muertes  autoinfligidas. El incremento es de 800% en un período de cinco años.

Saraiba sostuvo que la salud mental no está siendo manejada como una prioridad por las autoridades y que eso pasa una factura muy alta, pues los niños y adolescentes que están afectados por esta situación ven comprometida su capacidad de continuar en la escuela, de desarrollarse, e inclusive ven amenazada su propia vida. “Esto tiene que llamar nuestra atención sobre el país en el que estamos viviendo. Estas cifras son una postal del país que nos hemos vuelto”. 

Buscar ayuda

 

Aunque el desarrollo e incipiente distribución mundial de la vacuna contra el COVID-19 ha sido una luz al final del túnel, al menos en Venezuela la perspectiva más realista es que la pandemia siga su curso por unos meses más. El repunte de casos producto de las flexibilizaciones arbitrarias del gobierno y de la llegada de variantes de más fácil contagio, llevan a pensar que el uso de la mascarilla y la dependencia de las clases a distancia seguirán marcando la pauta durante buena parte de 2021. 

“La vida continúa y esto va a durar unos cuantos meses más. Hay que enfocarse en adaptarse a una realidad que cambia constantemente. No vamos a regresar al 2019, esto causó un cambio y hay que aprender a adaptarse, a desarrollar flexibilidad psicológica”, apuntó Guilbert. 

Aprender a adaptarse significa tener planes realistas a corto, mediano y largo plazo, explicó Guilbert. “No ponerse metas imposibles de lograr y tampoco perder la esperanza. No importa que suene un poco cursi pero hemos visto que quienes tienen conexión con su espiritualidad, independientemente de las creencias religiosas de cada quien, logran adaptarse mejor a la adversidad. Para unos esa espiritualidad se manifiesta orando, practicando yoga, meditación, escribiendo, tocando algún instrumento”, dijo la directora del CADH. 

Tras un año de confinamiento, Guilbert es enfática sobre la importancia de no aislarse. “Nos dimos cuenta de que los estudiantes que hicieron trabajo voluntario durante este período se llenaron de tal manera que animaba a los demás. Esos estudiantes que se enfocaron en ayudar a otros se sintieron mejor, eran más positivos. La variable de ser solidarios y de ayudar a otros es importante para sentirse bien, da un sentido de pertenencia, de saberse parte de algo”. 

Con la experiencia que le dejó las más de 4.000 consultas psicológicas realizadas durante 2020, el coordinador del SAP de Cecodap indica que el recurso más importante para mejorar la salud mental es poner en palabras lo que sentimos. “Creemos que eso que sentimos se nos va a pasar solo y lamentablemente no es así, los cambios en nuestra salud mental, como cualquier alteración de la salud en general, pueden requerir de ayuda. Es importante buscar apoyo cuando sentimos que alguna situación nos sobrepasa. El tema está en atrevernos a buscar ayuda. Ese es el paso más difícil que nos toca dar. Cuando logramos obtener esa ayuda no viene un proceso mágico ni rápido, pero es un paso que definitivamente nos conduce a estar mejor. No estamos condenados a vivir con sufrimiento, podemos salir adelante si buscamos ayuda”. 

Suicidios en niños y adolescentes en Venezuela se incrementaron 800% entre 2014 y 2019
Mientras que en 2014 la ONG Cecodap registró 11 suicidios en este grupo etario, en 2019 la organización obtuvo reportes de 88 casos. El Observatorio Venezolano de la Violencia encontró que entre enero y junio de 2020, 19 niños, niñas y adolescentes sufrieron muertes  autoinfligidas
El análisis de las estadísticas de 2020 del Servicio de Atención Psicológica de Cecodap, evidencia un incremento de las alteraciones del estado de ánimo y el riesgo suicida en adolescentes en el contexto pandémico

 

@GitiW

 

En mayo de 2020, a pocos meses de comenzar el confinamiento por la llegada de la pandemia de COVID-19 a Venezuela, y de la suspensión de las actividades académicas presenciales, al menos cuatro niños, niñas y adolescentes se quitaron la vida. Uno de ellos fue Miguel, a quien su madre encontró sin vida en su cuarto. El niño sólo tenía 10 años.

Desde que en 2014 el gobierno de Nicolás Maduro prohibiera la publicación del Anuario de Mortalidad, en Venezuela no hay registro público de cuántas personas mueren por suicidio.

Son organizaciones de la sociedad civil como Cecodap -una ONG venezolana fundada en 1984, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia-, y el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), las que se han dado a la tarea de recopilar datos e informar sobre un fenómeno que, además de ser un problema de salud pública, también puede considerarse como un flagelo de carácter social. 

“La precarización de las condiciones de vida no sólo ha incrementado la violencia directa y estructural, sino también la violencia de los individuos hacia ellos mismos”, concluyó el OVV en su informe de 2020 sobre la tendencia suicida en el país. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es una de las principales causas de mortalidad en la población más joven en todo el mundo. De acuerdo con los datos de la organización, cerca de 800 mil  personas se suicidan cada año. Se trata de la segunda causa de muerte en la población entre 15 a 29 años de edad. Se sabe, además, que el 79% de los suicidios que ocurren en el mundo tienen lugar en países de ingresos bajos y medianos. 

En su informe sobre el suicidio infantil 2021, presentado el 9 marzo de 2021, Cecodap evidenció un incremento significativo de estos sucesos: en 2014 se reportaron 11 casos de suicidio de niños, niñas y adolescentes; en 2015 fueron 14; en 2016 se elevó a 17 casos, y en 2017 el informe señaló que habían ocurrido, al menos, 34. No se ofrecen estadísticas del 2018, pero en 2019 la organización obtuvo reportes de 88 casos. 

De esos datos se desprende que el incremento de los suicidios en la niñez y adolescencia en Venezuela es de 800% en cinco años. Por su parte, el OVV encontró que entre enero y junio de 2020, 19 niños, niñas y adolescentes sufrieron muertes  autoinfligidas. 

Las dos ONG realizaron una investigación hemerográfica sobre los reportes de suicidios de niños, niñas y adolescentes, y hallaron que en promedio se reportó un suicidio infantil y adolescente al mes durante 2019 y el primer semestre de 2020. 

 

Estos datos contrastan con el registro propio de ambas organizaciones, por lo que suponen que hay un importante subregistro de estos casos en la prensa nacional, bien por falta de acceso a la información, o debido a la autocensura a la hora de informar sobre estos hechos. Cecodap advierte que la falta de reportes periodísticos puede estar jugando un papel en la invisibilización de los suicidios de niños, niñas y  adolescentes.  

Entre 13 y 15 años es la mayor incidencia

 

El informe 2021 de Cecodap y el OVV revela que la edad de las víctimas osciló entre los 10 y 17 años, y que la mayor incidencia estuvo entre los 13 y los 15 años. 46,2% de los casos corresponden a niñas, mientras que los varones representan 53,9%. “La población de mayor riesgo es la de los varones de 13 años de edad y las mujeres de 14 años”, apuntó el estudio. 

 

Miguel, un niño de tan sólo 10 años, es el caso de menor edad del que se tiene registro. Notas de prensa que reseñaron el suceso indicaron que el detonante de la acción suicida sería un conflicto familiar. 

Justamente, Cecodap halló que el conflicto familiar aparecía como la principal causa de la acción suicida. Las alteraciones del estado de ánimo, entre ellas la depresión y la ansiedad, aparecen también como causas en las reseñas periodísticas. 

Estos hallazgos coinciden con lo observado por el Servicio de Atención Psicológica (SAP) de Cecodap, llamado Crecer Sin Violencia. Las estadísticas de 2020 son abrumadoras: entre enero y junio del año pasado, 31% de las personas que acudieron a consulta lo hicieron por alteraciones del estado de ánimo y, de ese total, 20% presentó ideación y riesgo suicida.  

76% de los casos que atendió el SAP fueron de niños, niñas y adolescentes, siendo 52% de niños y 24% de adolescentes. El resto, 24% de los casos, fueron adultos cuidadores o familiares de los niños. 

Desde el inicio de la pandemia, la OMS ha alertado sobre los graves efectos del confinamiento en la salud mental de las personas. Especialistas en el área han advertido que las secuelas emocionales de la pandemia han creado “una tormenta perfecta para que aumente el riesgo de suicidio”. 

En el contexto venezolano, hay varios instrumentos legales que establecen el derecho a la salud mental, entre ellos están la Convención de los Derechos del Niño, y la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna). Pero más allá del negro sobre blanco, ambas ONG cuestionan en su informe la ausencia de acciones del Estado venezolano para garantizar el derecho a los niños, niñas y adolescentes al disfrute de la salud mental. 

Destaca el informe que, en dos de los casos reportados, la presunta causa del suicidio fue la depresión asociada con el cambio de rutina que trajo el confinamiento impuesto por la pandemia de COVID-19. “El dato coincide con el análisis de las estadísticas del SAP, en las que se aprecia un incremento de las alteraciones del estado de ánimo y el riesgo suicida en adolescentes en el contexto pandémico”, señaló el estudio. 

Falcón con 19,2% y Guárico con 15,4% fueron los estados venezolanos con mayor reporte de suicidios entre 2019 y el primer semestre de 2020. Otros  estados que tuvieron una alta incidencia fueron Lara (11,5%), Distrito Capital, Anzoátegui, Mérida, Miranda y Nueva Esparta  (7,7%). 

Los objetos para producir asfixia mecánica fueron los que con más frecuencia niños, niñas y adolescentes emplearon para el suicidio, pues son herramientas que se elaboran con objetos comunes y que están a su alcance dentro del hogar. De acuerdo con los datos recogidos por las ONG, el lugar con mayor incidencia de suicidios es el hogar donde residen las víctimas (61,54%). 

Lo que no dicen los reportes de prensa

 

La revisión hemerográfica de Cecodap halló que la fuente empleada por los periodistas para la publicación de la noticia de un suicidio en la niñez o adolescencia, suelen ser fuentes policiales que declaran de forma extraoficial. Sólo en seis de los registros periodísticos, el reportero hizo mención a otra fuente de información. La familia apareció como referente en el 23% de los casos. 

Los medios regionales publican con mayor frecuencia notas sobre suicidios infantiles, mientras que los medios con cobertura nacional hacen poco seguimiento a estos sucesos. Todos los casos que formaron parte de la muestra fueron publicados por medios nativos digitales, o que migraron al ámbito digital. 

Un aspecto que llamó la atención de los investigadores fue que las notas periodísticas carecían de detalles clave que respondieran las interrogantes básicas de toda noticia. 

“Si bien es cierto que la Lopnna establece determinadas prohibiciones con relación a la identificación de un niño, niña o adolescente víctima, se halló que con frecuencia faltan datos como: nombre de la víctima, grado de instrucción y tipo de institución educativa a la que asistía; ausencia de los padres (por  ejemplo, por migración); antecedentes de violencia; registro de indicios para la investigación policial y tratamiento o  acompañamiento médico. Estos datos son relevantes porque permiten caracterizar el contexto familiar y social y, en  consecuencia, permite tener mejores insumos para el desarrollo de políticas públicas”, afirmó Cecodap en su informe. 

La ONG destacó asimismo que en las notas de prensa no hubo ningún dato relacionado con el tratamiento o acompañamiento psicosocial de las víctimas, pese a que en seis ocasiones se mencionó que había indicios de riesgo suicida como, por ejemplo, intentos previos, cambios de estado de ánimo y cambios de comportamiento. 

Finalmente, el informe alertó sobre la falta de seguimiento por parte de los medios de comunicación a los casos de suicidio en la niñez y adolescencia, a diferencia de lo que ocurre con los homicidios, pues no se encontraron historias que visibilizaran el impacto del suicidio en la familia, amigos de la víctima y en la comunidad.

Déficit de enfermeros de entre 85% y 100% suma otra arista a la destrucción del sistema de salud venezolano
A la depauperada infraestructura hospitalaria y la escasa dotación de equipos e insumos, se suma que cada día renuncian a sus cargos decenas de enfermeros en todo el país

 

Enfermeros citan el salario y la insuficiente dotación de equipos de protección personal como las principales razones para renunciar. El miedo al contagio también es un factor que motiva su salida, ya que 58 enfermeros han fallecido con síntomas de COVID-19 desde el inicio de la pandemia

 

Las renuncias masivas del personal de enfermería ya representan un problema de salud pública para el país, confirman expertos. Numerosos estudios demuestran que el riesgo de morir de los pacientes se incrementa con la falta de este personal clave

 

@GitiW

 

“Flor, no te vayas, no nos dejes”, le imploran los pequeños pacientes a Flor Pérez, enfermera del servicio de medicina 3 del Hospital de Niños J.M. de los Ríos. Ese servicio pasó de tener ocho enfermeras, a sólo tres profesionales que trabajan sin días libres y por un salario que no supera los siete dólares al mes. 

“Es horrible. Los servicios se están quedando solos después de las 3 de la mañana. La supervisora nos deja ir mientras no haya pacientes de cuidado, pero imagínate, ¡en un hospital todos los pacientes son de cuidado! Hay días en los que me toca a mí sola y mi conciencia me dice que no me debo ir en la madrugada”, contó Pérez, a quien sus propios niños esperan en casa. 

La enfermera confirmó que la situación del servicio de medicina 3 se ve en todos los servicios del que fuera el hospital pediátrico bandera del país. En diciembre, el servicio de neurología cerró del todo.  

Como en las noches no hay enfermeras, quienes “reciben” la guardia nocturna son las madres. “Hay mamás que nos dicen que ellas mismas han tenido que montarle los tratamientos a sus hijos, en lugar de ir a Dirección a exigir que el personal lo haga. Las mamás siempre están cabizbajas, no tienen guantes ni sábanas descartables. Ellas no deberían estar haciendo el trabajo del personal de enfermería, lo hacen porque no hay alternativa”, explicó Pérez. 

“Muchas veces ni siquiera podemos tomar un momento para ir al baño pues no hay quien nos cubra. En estos días tuve que ir al baño de otro servicio pues el del mío estaba inmundo y cuando regresé, a una paciente se la habían llevado a emergencia por una reacción adversa al tratamiento. ¡Ni siquiera nos podemos mover para ir al baño!”, lamentó Pérez. 

El servicio de medicina 3 solía atender a 17 pacientes y actualmente atiende a 9. Aún con esa reducción de pacientes, el déficit de personal de enfermería representa un problema. Como mínimo, se necesitan seis enfermeras por guardia, tres para cada turno.  

“He pensado en salir corriendo y renunciar. Muchos colegas regresaron en diciembre sólo para meter la renuncia y nos preguntaban cómo hemos aguantado tanto. En mi caso es más fuerte el apego que le tengo a mi carrera. Este trabajo es estresante pero también libero estrés. Los niños con quienes trabajo necesitan de mí, ellos mismos me dicen que no me vaya. Ese es un apego que te mueve el piso. Para los que quieren su carrera por vocación, no es fácil dejarla”, dijo Pérez. 

La licenciada forma parte del cada vez más menguado número de profesionales de enfermería que aún ejercen en el país. En 2018, la última cifra oficial reportada por el Estado a la Organización Mundial de la Salud, daba cuenta de 27.200 enfermeros en Venezuela para un déficit superior a 75%. La llegada de la pandemia de COVID-19 a Venezuela aceleró el proceso de deserción a niveles críticos. 

“Estamos viendo la destrucción del sistema de salud”

 

“Desde noviembre de 2020 comenzamos a detectar una masiva migración interna del personal de salud, que renuncia o pide su jubilación para salirse del sector público buscando otras fuentes de ingreso, no necesariamente en el sector salud. Las renuncias en el gremio de enfermería son altísimas. Lo que estamos viendo es la destrucción del sistema de salud exclusivamente desde el punto de vista del recurso humano. Ni hablar del equipamiento y la infraestructura”, aseguró Jaime Lorenzo, especialista en Salud Pública y actual director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. 

Del equipamiento y la infraestructura de los 47 hospitales públicos designados como centinelas para atender a pacientes con COVID-19, se supo gracias a una investigación de la Alianza Rebelde Investiga que los mismos carecen de los insumos más básicos, como agua, camas hospitalarias, respiradores y rayos X, desmintiendo así la supuesta preparación de la gestión de Nicolás Maduro para hacer frente a la pandemia. 

“¿Cuándo la renuncia del personal se convierte en un problema de salud pública? Cuando empiece a haber una mortalidad que pudo haberse evitado si hubiese estado el personal preparado y adecuado para atender la emergencia en los hospitales”, explicó Lorenzo, quien agregó que muchos hospitales del país ya están enfrentando esa situación. 

Lorenzo citó el caso del Hospital Central de San Cristóbal, estado Táchira, en el que por cada 30 pacientes hay una sola enfermera, y el Hospital Centinela de Mérida, donde cinco enfermeras debían atender 50 pacientes. 

“Eso es un cierre técnico de un servicio. Imagina el daño y los errores que pueden suceder en el cumplimiento del tratamiento cuando no hay personal suficiente. Todo el sistema de salud está colapsando desde el punto de vista de atención y vigilancia de los pacientes, sin hablar de la situación de las emergencias. Hay hospitales que sólo tienen dos o tres enfermeras en la guardia del turno nocturno”, describió el especialista en Salud Pública.  

Déficit de enfermeros aumenta riesgo de muerte en hospitales

 

Una investigación en el servicio estatal de salud del Reino Unido demostró que un personal de enfermería por debajo de lo que normalmente se requería, aumentaba el riesgo de muerte entre 3 y 4 por ciento. Cuando este déficit del personal se daba en la atención a pacientes de alto riesgo, como en una unidad de cuidados intensivos, el riesgo de muerte se incrementaba. 

De acuerdo con estándares internacionales, una enfermera en una terapia intensiva debe atender a un solo paciente. En un área de cuidados intermedios es una enfermera para dos pacientes, y en áreas generales es una enfermera para cuatro pacientes. 

“Hoy vemos como el personal que labora en el piso 5 del Hospital Pérez Carreño, que dispone de 60 camas para pacientes con COVID-19 (30 para casos sospechosos y 30 para casos confirmados), hay seis enfermeras por turno, es decir, que una enfermera debe atender a 10 pacientes. Eso en el mejor de los casos”, dijo Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital. 

Contreras explicó que si la situación en Caracas es crítica, en el resto del país es aún más grave. “Tomemos como muestra la situación del Hospital Oncológico Luis Razetti en Caracas, donde de 800 enfermeras que trabajaban, hoy laboran solamente 180, de las cuales no todas van pues unas están de permiso, tienen patologías o cumplieron sus años de servicio”. Ese déficit es casi del 80%. 

La labor gremial de Contreras la ha llevado a recorrer los hospitales de todo el país. Destacó que la situación en el Hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho es grave pues hay guardias en las que trabaja una sola enfermera y en consecuencia el personal ha protestado y amenazado con renunciar. 

Táchira, Mérida, Bolívar, Barinas, Apure, Nueva Esparta y Falcón son los estados que Contreras identificó como los más críticos en cuanto al déficit del personal, el cual llega a 100% en algunos turnos nocturnos. La presidenta del Colegio de Enfermería de Distrito Capital contó que en el Hospital Centinela de Coro, Dr. Alfredo Van Grieken, como no hay personal de enfermería en la madrugada, los pacientes reúnen dinero entre todos y pagan la guardia directamente a la enfermera para que los atienda. 

“Vemos con mucha angustia el dilema en nuestras enfermeras: quedarnos a hacer lo que amamos, para lo cual nos formamos académicamente, o buscar otros escenarios de vida a través de los cuales no vamos a realizar la labor para la cual nos formamos, pero quizás con otros emprendimientos vamos a tener seguridad de no estar contagiadas y contar con ingresos que nos permitan tener calidad de vida, dentro de lo que cabe en Venezuela”, dijo Contreras. 

 

“No voy a seguir subsidiando al Estado”

 

Cuando Rebeca Echezuría ingresó a trabajar al Hospital Universitario de Caracas había 18 salas de quirófano operativas. A diario había planes de cirugías selectivas de las doce especialidades disponibles, incluyendo cirugía plástica y robótica, laparoscópica. 

“Todos los días era un continuo aprendizaje, salíamos de una cirugía y entrabamos a otra. Una dinámica que, para quien ama la profesión, se disfruta un montón. Con el pasar del tiempo se fueron dañando los equipos y la infraestructura y así fueron quedando seis, luego 4, hasta el punto de que actualmente sólo hay 1 o 2 quirófanos funcionando. De ser un equipo de más de 45 enfermeros en turno matutino, hoy son poco más de 20. Nada más en diciembre renunciamos seis compañeros y todos por las mismas razones: encontramos un mejor ingreso y concluimos que ir al hospital no sólo no daba ganancia, sino que además traía pérdidas porque uno termina gastando dinero de otras fuentes para poder ir todos los días”, contó Echezuría, enfermera especializada en el área quirúrgica con once años de experiencia. 

“Me daba mucha tristeza dejar el hospital, dejar de hacer lo que amaba y disfrutaba. Yo tengo una especialidad docente y el compromiso de formar a la generación de relevo me amarraba a la idea de seguir yendo. He sido de las que contribuye al entrenamiento del personal nuevo ingreso, pero ya últimamente ni eso porque los nuevos no duran mucho”, dijo Echezuría.

El gasto diario en transporte público, sumado a las peripecias para conseguir efectivo, es una de las razones más citadas entre los profesionales de enfermería entrevistados para dejar su puesto de trabajo. 

Con ocho años de experiencia a cuestas, Francis Guillén también renunció a su cargo en el Hospital Pérez Carreño. “Me dolió mucho irme pero cuando puse en una balanza lo que ganaba y lo que gastaba, prácticamente le estaba pagando yo al Estado para ejercer. La mayoría de los enfermeros en Caracas viven fuera de la ciudad y gastan una fortuna para llegar al trabajo. Si gano seis dólares y gasto cuatro en pasaje, ¿qué se supone que haga con dos dólares?”.

Guillén contó que la mayoría del personal redondea su quincena vendiendo algo u ofreciendo otros servicios. “Yo pertenezco a una familia de enfermeros, mis padres, mis tías, mi abuela, mi cuñada y mi hermano somos colegas. Nosotros tenemos un puesto en Catia donde vendemos gel fijador para el cabello, champú, cremas corporales, gel antibacterial y fabricamos jabón líquido. De ese dinero es que vivimos”, apuntó. 

Sólo en el Hospital Pérez Carreño renuncian seis o siete trabajadores cada día, afirmó Guillén. El servicio de nefrología cerró y sólo está abierta una de las dos alas de pediatría. “Ese déficit de 85% genera que los que se quedan se sobrecarguen de trabajo. Nosotros somos esclavos del siglo XXI. Encima de que es imposible ofrecer un servicio de calidad, tampoco cobramos nada. Por el tipo de hospital, en el Pérez Carreño debería haber entre 6.000 y 8.000 enfermeros, ahorita hay entre 1.000 y 1.200 cuando mucho. Lo que vivimos es tétrico”, denunció. 

Echezuría explicó por qué es tan grave que un hospital, y particularmente un quirófano, se quede sin enfermeras: “Llega un herido y hay que operarlo lo más pronto posible, pero si el equipo que está de guardia está en una cirugía, hay que esperar a que terminen para poder atender al que viene llegando. Ese tiempo de espera es crucial”.  

Otro aspecto es la responsabilidad de enfermería en la prevención de infecciones y riesgo de los pacientes durante el proceso quirúrgico. “Somos quienes realizan los procedimientos que garantizan la esterilidad en el área y en cada acto quirúrgico, somos quienes conocemos y preparamos de manera anticipada y oportuna todos los elementos para que una cirugía se lleve a cabo con éxito y sin contratiempos”, argumentó Echezuría.

“La realidad es que hay 20, 30 o 40 pacientes por cada enfermera y ahorita no da ni chance de tomarle los signos vitales a cada paciente como es debido”, lamentó Guillén.

La pandemia aceleró la decisión de renunciar de muchos profesionales, aseguró Guillén, quien relató que al personal le dan una mascarilla N95 mensual, cuando la dotación debería ser diaria. Desde junio de 2020 se ha registrado el fallecimiento de 58 enfermeros con síntomas de COVID-19

“El personal asume un riesgo enorme de contagiarse dentro del hospital. La responsabilidad de salvarle la vida a una persona cuando no tienes los recursos mínimos para ello es agobiante. Todos los días sientes que luchas en contra del sistema”, dijo Guillén. 

La experiencia docente en la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja lleva a Echezuría a ver con alarma el futuro de la profesión. “Me preparé para dar lo mejor de mí, para ser excelente no sólo en el área asistencial sino también en el área docente, de investigación y gerencia. Siento que me estoy poniendo vieja sin ver el fruto de mi esfuerzo. Cada vez se notará más la ausencia de las que cuidamos, porque enfermería no sólo administra tratamientos, también cuida el hospital, al paciente, a los médicos y a los familiares. Es lamentable decirlo, pero si esto sigue así se notará también en la calidad de los profesionales que están en formación, en las pasantías cuando los estudiantes busquen orientación y no la encuentren, y en la eficiencia y altura profesional que ha caracterizado a la enfermería venezolana hasta ahora”. 

“¿Y si soy yo el que sigue?” Miedo y desesperanza en el personal de salud venezolano al llegar a 309 colegas fallecidos por COVID-19
Así como el COVID-19 puede dejar secuelas físicas de larga duración, el personal de salud que ha trabajado incansablemente desde que se decretó la pandemia en Venezuela también evidencia secuelas emocionales. Cargan a cuestas vivencias muy difíciles de sobrellevar del pico de la primera ola, como pacientes que se desplomaron en las emergencias de los hospitales y colegas que murieron uno detrás de otro. El miedo a ser el próximo profesional de la salud en morir, o de ser el vector que contagie a su familia, es el mayor de sus temores

 

Por @GitiW

 

No había terminado la primera semana de enero de 2021, cuando el recuento no oficial que lleva la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) asentó el hito de 300 miembros del sector salud fallecidos con sintomatología de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. 

Los reportes semanales o quincenales de MUV, publicados a través de su cuenta de Twitter desde junio de 2020, han sido la única forma de superar la censura de la gestión de Nicolás Maduro y de dar a conocer los nombres de los 230 médicos, 54 enfermeros, 7 odontólogos y 18 miembros del personal técnico, administrativo y obrero que han perdido su vida a causa del COVID-19. En total, son 309 profesionales de la salud fallecidos hasta el 12 de enero de 2021.  

Una encuesta realizada por MUV en octubre de 2020 evidenció que más de 70% del personal de salud venezolano presentaba síntomas de ansiedad y depresión, como consecuencia de los retos y riesgos que impuso el virus en la rutina de los centros de salud. Numerosos estudios internacionales dan cuenta del enorme costo emocional que ha dejado la pandemia en el personal de salud, como el publicado esta semana en el Reino Unido según el cual la mitad del personal de cuidados intensivos sufre de estrés post-traumático tras lidiar con la primera ola de la pandemia. 

 

Runrunes contactó a seis médicos y a una enfermera de los estados con más personal fallecido, a saber: Zulia (70), Distrito Capital (28), Carabobo (26), Bolívar (21), Anzoátegui (21) y Mérida (13), para hacerles una sola pregunta: ¿Cómo te sientes? 

 

“Nos estamos desangrando” 

 

Todos los médicos y todo el personal de salud tenemos miedo. Miedo no sólo a enfermarnos sino, peor aún, a enfermar a nuestros familiares, a nuestros padres, tíos, hermanos e hijos. Hay un miedo muy grande al laborar con este riesgo de enfermarse o de enfermar a los demás. Yo personalmente he tenido pánico de enfermarme o de enfermar a alguien porque sabemos que después de que estemos enfermos, la forma en la que vayamos a evolucionar solamente la sabe Dios. Realmente no podemos decir que hemos encontrado el tratamiento adecuado, incluso si se hace a tiempo. 

Después de un año de pandemia, yo puedo decir que en Venezuela estamos igual que al inicio. Estamos absolutamente paralizados, tenemos un país que no arranca, donde la cuarentena mantiene al país en un paro total, lo que hace que haya más hambre, pobreza y miseria. 

En el área de la salud, en el estado Zulia hemos sido afectados tan fuertemente con la pérdida de valiosos y preparados especialistas, que puedo asegurar que hay áreas de especialidades que van quedando prácticamente desiertas, y en aquellas en las que no hay una falta absoluta de especialistas, hemos perdido a las personas más capacitadas debido a su gran experiencia. 

En el estado Zulia, en el área de las especialidades hay una hemorragia, nos estamos desangrando. Estamos perdiendo algo tan valioso como el consejo de aquellos maestros que siempre se necesita para los casos más complejos. 

Freddy Pachano, cirujano pediatra

Estado Zulia | 70 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19 

 

“¿Cuándo nos va a tocar a cada uno de nosotros?”

 

Como parte del personal de enfermería al que le ha correspondido ser parte de la primera línea de atención de los casos de COVID-19, puedo decir que nos encontramos con una sensación de profunda indefensión. Por un lado tenemos que lidiar con la grave crisis económica que nos está afectando, producto de la desaparición total de nuestro salario que no tiene ningún poder adquisitivo. 

Por otro lado, muchas enfermeras tienen el dilema de ir o no a trabajar pues sólo en pasaje gastan 1.300.000 Bs., y cuando llegamos a los hospitales tenemos que lidiar con el temor a contagiarnos pues cada día se incrementan los casos, y encontramos que no tenemos las medidas de bioseguridad para minimizar el riesgo. Tampoco tenemos previsión social: si un profesional de enfermería se contagia, tiene que asumir el costo del tratamiento y eso ha generado una suerte de paranoia, de terror por no tener los insumos de bioseguridad requeridos. 

Cuando vemos las cifras del personal de salud fallecido por COVID-19 nos preguntamos ¿cuándo nos va a tocar a cada uno de nosotros? Esa pregunta es como una espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Trabajar con personas enfermas requiere que los profesionales de la salud mantengamos la serenidad y la calma, pero cuando vemos la catástrofe humanitaria en la cual estamos enfrentando esta pandemia caemos en la desesperanza. 

Nos sentimos angustiados, desesperanzados e impotentes porque estamos tratando de garantizar a los pacientes el derecho a la salud, pero no tenemos los insumos que se requieren para asumir con responsabilidad nuestras buenas prácticas profesionales. 

En el personal de enfermería vemos como la depresión ha cobrado campo y la desesperanza es muy generalizada. Cuando sumamos estas dos, la decisión de abandonar la profesión para la cual nos formamos es inminente y esto acarrea una arista más al problema de salud que es el déficit de personal. En el caso de enfermería, la ausencia del personal incide directamente en la recuperación del paciente. De hecho, hay estudios que concluyen que cuando en un hospital disminuye el número de enfermeras, exponencialmente aumenta el riesgo de morir de los pacientes pues no hay quien los cuide.  

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital

A nivel nacional | 54 enfermeras y enfermeros fallecidos por COVID-19 

 

“En cualquier momento yo puedo adquirir la enfermedad”

 

Me siento angustiado porque sé que en cualquier momento yo puedo adquirir la enfermedad por cualquier circunstancia, desde el uso inadecuado del equipo, por cansancio, o por el descuido al atender a un paciente asintomático. Ese estado de alerta permanente ha significado cansancio y agotamiento. 

El problema es que no solamente se puede enfermar el médico sino su familia. Yo tengo a mi madre de 94 años, la posibilidad de que yo sea el culpable de que se infecte es altísima, por suerte ella no vive conmigo. La cadena de enfermedad en nosotros es una angustia que la gente no ve. Esa doble angustia no la tienen otras profesiones. Saber que cada día puede ser el momento en el que adquieras la enfermedad es una angustia constante. 

¿Qué me motiva a seguir? Lo que soy: médico. Esa es mi gran motivación, eso y ver a la que manda en mi casa que tiene 13 años, por ver su futuro.

Jaime Lorenzo, cirujano general y especialista en Salud Pública

Distrito Capital | 28 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19 

 

“No somos superhéroes”

 

Debo decir que nos sentimos agotados, no sólo físicamente por el esfuerzo realizado en nuestros hospitales y en nuestras charlas a la ciudadanía, sino también emocionalmente. Hemos tenido que dedicar mucho de nuestro tiempo para tratar de frenar la propagación del virus. Hemos abandonado muchas veces nuestras familias, nuestro quehacer cotidiano, nuestra rutina y recreación, por lo que muchas veces también nos sentimos dolidos. Dolidos porque creemos que estamos arando en el mar. 

Los médicos, especialmente el gremio que represento, tenemos temor de contagiarnos. En nuestros hospitales no nos equipan con los equipos de protección personal, no hay insumos, no hay medicinas, y nos duele ver cómo muchas veces no tenemos cómo tratar a los pacientes que acuden a nosotros. 

Nos enfrentamos a un Estado indolente al que parece no importarle la salud del personal médico y sanitario. Ya tenemos más de 300 médicos fallecidos en Venezuela con sintomatología COVID-19, ¿y cuántos de ellos están reflejados en la estadística oficial? Parece que no les importa la vida de todo este personal valioso que se nos está yendo sin poder despedirse de sus queridos, y sin poder ser despedidos como ellos se merecen. 

También vemos cómo nos enfrentamos a la indiferencia de muchos de los ciudadanos que no acatan las medidas de prevención, parece que subestiman el virus y que no les importa contagiar a sus familiares. Es insólito ver cómo todavía hay gente que no practica las medidas de protección. 

Quiero cerrar con esta frase: nosotros no somos superhéroes, somos seres humanos con una familia que nos espera y que requiere no solamente de nuestro aporte económico, sino de nuestro aporte afectivo, tenemos metas y sueños por cumplir. No queremos aplausos, queremos que nos doten de los equipos de protección personal y que existan medicinas para que cada paciente pueda cumplir su tratamiento. Nos duele ver cómo el personal de salud, cuando está hospitalizado, tiene que recurrir a las redes para solicitar colaboración ya que es demasiado elevado el costo del tratamiento para el COVID-19. 

Jorge Pérez, obstetra ginecólogo

Estado Carabobo | 26 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19 

 

“Colegas psiquiatras me ayudan a sobrellevar mis emociones”

 

Es una mezcla de sentimientos: miedo porque siento que puedo contagiarme y no se si estaré en el porcentaje que se complica y requiere de terapia intensiva, y sin saber que pueda contar con los medicamentos que requiera. Frustración porque el material de protección es limitado y su reposición en los centros de salud es irregular, tanto así, que muchas veces no disponemos ni siquiera de un tapaboca N95. Frustrado también porque muchas personas no toman las medidas preventivas en serio, sobre todo en San Félix, donde podemos ver que la gran mayoría ya ni el tapaboca usa.

Siento dolor al ver cómo han muerto tantas personas que conforman el equipo de salud a causa del COVID-19. Indignado al ver cómo, de forma descarada, el gobierno oculta la verdad, haciendo un subregistro de los casos positivos y las muertes reales. Esto lo logran limitando el número de pruebas PCR en tiempo real. No pueden tomarse las medidas adecuadas sin un diagnóstico acertado.

La situación económica del venezolano no permite cumplir una cuarentena como se debe, ya que debemos salir a diario para poder conseguir el dinero que nos permita cubrir nuestras necesidades básicas de alimentación. He llegado a sentirme tan deprimido ante esta situación que he tenido que recurrir a colegas psiquiatras para que me ayuden a sobrellevar mis emociones.

José Chavero, pediatra neonatólogo

Estado Bolívar | 21 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19 

 

“Rezábamos todas las noches para que sobrevivieran”

 

Me tocó muy personalmente esta gran tragedia; esta gran pandemia que aún padecemos. Desde principios del 2020 veía con mucha preocupación cómo en el mundo entero se reportaban los casos de este terrible virus, porque sabía en qué situación estaba el sector salud en toda Venezuela y en particular en el estado Anzoátegui. Me preocupaba que no se estaban realizando planes ni programas por parte de los entes gubernamentales para prepararnos para afrontar la pandemia. 

Anzoátegui fue uno de los estados donde el personal de salud se expuso más y eso se tradujo en pérdidas muy valiosas para sus núcleos familiares, para la sociedad y para la comunidad médica. Agosto fue el mes en el que perdimos diez colegas. Perdí muchos amigos, en especial a una querida amiga de la infancia y la universidad, la Dra. Luz Marina Farías, médico ocupacional que trabajaba en la Clínica de los Trabajadores de Saludanz. 

Ese mes fue el más terrible para todos porque veías cómo cada colega se complicaba y caía en gravedad. Ya no quedaban camas para entubar, no había material farmacológico, no había cupos en terapia intensiva. Rezábamos todas las noches para que sobrevivieran y en la madrugada fallecía uno y al día siguiente otro. El que estaba atendiendo también caía grave. Recuerdo la historia de un camillero del Hospital Razetti de Barcelona (Pablo Márquez, 22 años), quien se ofreció para trasladar los cadáveres de terapia intensiva y de la sala de cuidados intermedios hasta la morgue, ese joven también murió. Tres emergenciólogos también fallecieron. 

El personal médico está preparado para afrontar situaciones de vida o muerte, pero lo que vivimos fue muy duro. Aquel mes de agosto los pacientes caían desplomados en la entrada de la emergencia y no daba tiempo de que el médico de guardia los atendiera. Fue un tiempo muy desesperante y agobiante. 

Belkis Rodríguez Salázar, cirujana general y cirujana vascular periférico

Estado Anzoátegui | 21 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19 

 

“¿Y si soy yo el sigue? ¿Y si me toca a mí?”

 

La situación es bastante difícil porque uno comienza su día con una dicotomía: o voy a cumplir con mi deber en mi hospital de cuidar a las personas, o cumplo con mi deber moral de cuidar a mi familia y quedarme en la casa para no correr el riesgo de ser el portador de la enfermedad.

Cuando vemos que nuestros compañeros se enferman, y nos ponemos a recordar que en una guardia no se tuvo el material adecuado, o que tuvo que entrar al área restringida con un traje roto, o que ya tenía mucho tiempo usando el mismo tapaboca, empezamos a pensar que esas muertes se pudieron haber evitado y nos queda un sentimiento de culpa porque no pudimos hacer algo más para evitarlo. 

Nosotros vemos en nuestros compañeros algo que tal vez la gente no ve: que el médico es un ser humano más, que es papá, es hijo, es esposo, hermano, primo, y que al morir deja una familia vacía, huérfana, y que entendemos que la pandemia es difícil y que en todas partes del mundo se ha muerto mucho personal de salud, pero hay muchas muertes que sentimos que se pudieron haber evitado con adecuada protección y tratamiento. 

¿Cuántos médicos han muerto porque no tuvieron el tratamiento necesario? No sabemos, pero son bastante. Eso nos llena de mucho pesar porque allí en esa persona había deseos, anhelos, un plan de futuro y, particularmente en los profesionales de la salud venezolanos, no solamente se pierde al médico o a la enfermera, sino que en la misma persona se pierde a un investigador, a un profesor, un desarrollador de políticas sanitarias, una persona que brindaba algo más a la comunidad. 

Todo esto lo analizamos con un miedo: ¿y si soy yo el sigue? ¿Y si me toca a mí? Capaz mañana otro dé la entrevista porque los que están aquí se murieron. Es bastante difícil esta situación y lo peor de todo es la incertidumbre, pues lo único seguro es que la incertidumbre va a seguir. 

Pedro Javier Fernández, urólogo

Estado Mérida | 13 médicos y enfermeras fallecidos por COVID-19 

12 Violaciones de los derechos humanos que marcaron el 2020 en Venezuela
En 2020, la gestión de Nicolás Maduro comenzó su arremetida contra los derechos humanos tan pronto como en enero. Aunque en teoría el Estado es el principal responsable de adoptar las medidas necesarias para lograr el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, en la praxis venezolana, las violaciones de los derechos humanos se repiten a diario como consecuencia de la acción deliberada del poder Ejecutivo

 

@GitiW

 

Los venezolanos no habían terminado de darse el feliz año cuando Nicolás Maduro y sus funcionarios estaban tramando cómo conculcar los derechos de los ciudadanos. La justicia en Venezuela entró en cuarentena mucho antes de que llegara el COVID-19 y en esta nota repasamos doce violaciones de derechos humanos que marcaron el paso del 2020. El arco de transgresiones abarca todos los ámbitos de la vida: desde el ejercicio de los derechos políticos, el derecho a la justicia, a la educación, a la salud, a la identidad y el derecho mismo a la vida.

 

1) 05 DE ENERO: Dos presidentes y una Asamblea Nacional

Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, intentó saltar la reja que bordea el Palacio Legislativo para participar en la votación que renovaría su mandato como presidente del poder Legislativo y, en consecuencia, como presidente interino de la República. Esta ratificación se dio finalmente en un acto paralelo, mientras que en el Hemiciclo se juramentaba para el mismo cargo el diputado Luis Parra, impuesto por el poder Ejecutivo sin el aval de los votos requeridos. Serrucharle el cargo a Guaidó significó violar el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”. 

2) 13 DE MARZO: Sin derecho a documentos de identidad

Con el anuncio del inicio de la pandemia, la gestión de Nicolás Maduro cerró todas las oficinas públicas, incluidas las del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Este cierre negó el derecho de millones de venezolanos, dentro y fuera del país, a obtener y renovar sus documentos de identidad, lo cual violó un derecho humano básico. El organismo esgrimió razones de bioseguridad tras la decisión que se extendió durante meses, privando durante todo ese tiempo a los venezolanos de contar con sus debidos documentos de identidad.  

3) 16 DE MARZO: Sin escuelas, los niños fueron puestos a trabajar

Con el inicio de la pandemia en Venezuela, el 16 marzo se anunció la suspensión de clases presenciales. Para una reducida minoría de estudiantes quedó la opción de la educación a distancia, pero organizaciones como Fundaredes estiman que alrededor de 80% de los estudiantes desertó del sistema escolar. La ONG World Vision denunció que el trabajo infantil en Venezuela se había incrementado un 20 % durante la pandemia. Los niños no escolarizados asumen labores del hogar, trabajo fuera de casa junto a sus padres o cuidadores y también la venta o distribución de drogas ilícitas, dijo la ONG. Los artículos 7 y 9 de la Declaración de los Derechos del Niño declaran que ellos tienen derecho a la educación, al esparcimiento y a la protección de la explotación laboral. 

4) 18 DE MARZO: Tras las rejas y sin derecho a la vida (Parte I)

El miércoles 18 de marzo más de 80 presos escaparon del penal de San Carlos, en el estado Zulia. La ONG Provea denunció el asesinato de 35 de los 80 presos que se fugaron. “El estado de alarma no es para producir graves violaciones a los derechos humanos”, denunció Provea. El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos declara que: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. 

5) 1ero DE MAYO: Tras las rejas y sin derecho a la vida (Parte II)

El viernes 1ero de mayo ocurrió un motín en el Centro Penitenciario de Los Llanos, en el estado Portuguesa, tras el cual se reportó la cifra de 17 presos muertos y 9 heridos. Las autoridades señalaron que se trató de un intento de fuga. Nuevamente, el Estado venezolano violó el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagra que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.  

6) 08 DE MAYO: En libertad tampoco se respeta el derecho a la vida

El viernes 08 de mayo, una semana después del motín en el que murieron 17 privados de libertad, se denunció la presunta comisión de ejecuciones extrajudiciales durante un operativo policial implementado en el barrio José Félix Ribas de Petare, en el estado Miranda. En dicho operativo, implementado por el Ministerio de Interior Justicia y Paz, murieron al menos 8 personas. El informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU denunció que entre el 1ero de enero y el 31 de mayo de 2020, habrían muerto 1.324 personas en el marco de operaciones de seguridad, siendo las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) el principal responsable. Una vez más se violó el derecho a la vida y a la privación de ésta de manera sumaria, establecido en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

7) 22 DE MAYO: Derecho a no ser llamado “arma biológica” por tener COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha sido el marco para la violación en combo de varios derechos humanos por parte de la gestión de Maduro. El regreso forzado de miles de venezolanos que habían migrado a países de la región, sirvió para que el gobierno los criminalizara y acusara de ser usados como “armas biológicas”, violando el derecho que tiene cualquier persona de regresar a su país cuando lo desee (Art. 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). El traslado obligatorio de personas sospechosas de tener COVID-19 a sitios bajo vigilancia estricta del Estado, como CDI, hoteles e instalaciones abandonadas, fue una acción recurrente por parte de las autoridades sanitarias venezolanas desde el inicio de la pandemia. Muchas de esas instalaciones carecían de las condiciones mínimas, como el acceso al agua corriente y la alimentación, para garantizar la recuperación de los enfermos, violando el derecho a la salud y al trato digno.  

8) 05 DE JUNIO: Sin derecho a jueces independientes (Parte I)

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos magistrados fueron elegidos violando la Constitución Nacional, se tomó para sí la atribución de la Asamblea Nacional de elegir a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. La Sala Constitucional del TSJ adujo que la Asamblea Nacional estaba en omisión legislativa y procedió a hacer las designaciones. Ese CNE electo a dedo por un poder Judicial al servicio del Ejecutivo fue el que convocó y organizó las elecciones parlamentarias que se realizaron el 6 de diciembre. El artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra el derecho de toda persona a contar con tribunales independientes e imparciales. 

9) 17 DE JUNIO: Sin derecho a jueces independientes (Parte II)

Las consecuencia de tener un poder Judicial parcializado se hicieron evidentes otra vez, cuando el TSJ intervino arbitrariamente las directivas de los partidos políticos opositores Primero Justicia y Acción Democrática. Sus sedes y símbolos fueron cedidos a actores no reconocidos como líderes legítimos por los miembros de dichos partidos. Menos de un mes después, el 7 de julio, el TSJ designó la directiva del partido Voluntad Popular. Nuevamente se violó el derecho de toda persona a contar con un poder Judicial justo, imparcial e independiente. 

10) 26 DE OCTUBRE: Sin derecho a jueces independientes (Parte III)

La lista de presos políticos en Venezuela sumó un nuevo nombre el lunes 26 de octubre, cuando órganos de seguridad del Estado detuvieron arbitrariamente al periodista Roland Carreño. Con el comunicador social y activista político son más de 300 los presos en Venezuela por razones políticas. El Tribunal Estadal Cuarto de Primera Instancia de Caracas, con competencia en casos de terrorismo, decretó la privación de libertad contra Carreño y lo acusó de “financiamiento al terrorismo, conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra”. “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”, declara el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

11) 06 DE DICIEMBRE: Los venezolanos votan pero no eligen

El evento antidemocrático del 6D de 2020 dejó todos los poderes públicos bajo el control de Nicolás Maduro. Tras unas elecciones parlamentarias organizadas por un CNE parcializado, Venezuela pasó a tener, formalmente, instituciones sin balances, frenos, contrapesos ni legitimidad de origen. Esta situación pone en pico e´zamuro el respeto a todos los derechos de los ciudadanos en Venezuela, pues la nueva Asamblea Nacional podrá redactar leyes que, si bien pueden ser condenadas y denunciadas por la comunidad internacional, puertas adentro, quienes viven en Venezuela tendrán poco margen de maniobra para eludir su cumplimiento. 

12) 12 DE DICIEMBRE: Huir de un país sin derechos y naufragar en el intento

Un naufragio en las aguas entre Venezuela y Trinidad y Tobago, ocurrido entre el 6 y el 12 de diciembre, dejó como consecuencia al menos 33 hombres, mujeres y niños muertos y sus cuerpos arrastrados por la corriente de vuelta a las costas de Güiria, de donde habían zarpado hacia el territorio trinitense en busca de una mejor vida. Los derechos humanos de esas 28 personas fueron vulnerados doblemente: primero por su propio país que no les brindó protección y resguardo del hambre, enfermedad y violencia que dominan la zona, sino también por un tercer país -Trinidad y Tobago-, cuyas autoridades se presume los devolvieron al mar en condiciones inseguras cuando ya habían alcanzado tierra firme. Los venezolanos cierran 2020 viendo cómo sus derechos humanos son violados reiteradamente por quienes usurpan el poder político, y también siendo testigos de cómo esos derechos pueden ser conculcados por los países limítrofes, afines al régimen de Maduro, si intentan huir. 

Con la nueva AN como verdugo, ONG temen mayor persecución en 2021
Activistas consideran que la nueva Asamblea Nacional tendrá como objetivo criminalizar a las organizaciones a través de instrumentos jurídicos 
Amnistía Internacional identificó 50 países, entre ellos Rusia, Nicaragua y el Reino Unido, que han aprobado leyes en la última década que someten a las ONG a una vigilancia extrema y obstaculizan de diversas maneras el trabajo que realizan

 

@franzambranor y @GITIW

 

El chavismo ha tenido en la mira a las organizaciones no gubernamentales desde que el fallecido Luis Miquilena soltó aquello de “¿Sociedad civil, cómo se come eso?”, en el marco de la Constituyente de 1999. En 2006, la Asamblea Nacional controlada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional para posteriormente desempolvarla en 2010. Con ese recurso, la AN pretendía reducir el acceso al financiamiento de las organizaciones.

De acuerdo con un informe elaborado por el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), el Centro para los Defensores y la Justicia, la Organización Mundial contra la Tortura y la Vicaría Apostólica de Derechos Humanos de Caracas, entre 2018 y 2019 se registraron 121 ataques contra organizaciones civiles.

“La intención es dificultar el trabajo de las ONG y obligar a salir del país a quienes las dirigen, ya que la amenaza directa es la cárcel”, sostuvo Génesis Dávila, directora de Defiende Venezuela.

El pasado 27 de octubre de 2020 fue publicada en la Gaceta Oficial número 41.994 una resolución en la que se establece que las agrupaciones internacionales que operan el país deben inscribirse en el Registro Especial Automatizado de Organizaciones Gubernamentales No Domiciliadas, el cual tendrá vigencia de un año y deberá en consecuencia ser renovado.

Aunado a esto, la gestión de Nicolás Maduro ordenó a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) vigilar las transacciones financieras de las organizaciones. En la circular SIB-DSB-CJ-OD-06524 del 20 de noviembre, Sudeban instó a los bancos y otras instituciones financieras a “ïmplementar medidas que fortalezcan los procedimientos, mecanismos y sistemas tecnológicos que permitan monitorear las operaciones de negocios llevadas a cabo por parte de las ONG”. 

De acuerdo con el boletín, Sudeban hará un seguimiento a las ONG nacionales e internacionales en función de detectar posibles actividades de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. 

Apenas cinco días después de emitida la circular de Sudeban, las cuentas de las ONG Caracas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad fueron congeladas y la Policía Nacional contra la Corrupción allanó las oficinas y la residencia de los padres de Roberto Patiño, directivo de ambas organizaciones.

“Es una medida que no se justifica porque Alimenta la Solidaridad trabaja conjuntamente con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en el marco del plan para la emergencia humanitaria, algo que fue aprobado por el gobierno”, dijo Laura Louza, directora de la ONG, Acceso a la Justicia. 

Louza aseveró que de nada sirve tener los documentos en regla a la hora de una fiscalización, si no se respetan las leyes. “La realidad es que hay una persecución. El problema es que no hay estado de derecho y hay una intención de disuadir, castigar y criminalizar a las organizaciones, como pasó con Alimenta La Solidaridad”.

“A nosotros nos acaba de citar del Seniat, no sabemos de qué se trata”, dijo Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). “Tenemos una área de administración que cumple escrupulosamente con todo lo legal, pero en el último año algo que ha dado mucho trabajo es el sobrecumplimiento del tema sanciones. Los bancos locales y foráneos nos piden información sobre cada transacción, de dónde viene y hacia dónde va”.

“El problema ha sido en los registros para levantar actas y cambios o inscribir nuevas ONG”, añadió Laura Louza. 

Louza indicó también que este año Acceso a la Justicia fue denunciada por supuesto plagio. “No sabemos de dónde provino, pero son nombres y paginas web inventadas. Organizaciones como Espacio Público, Front Line Defenders, Instituto de Prensa y Sociedad y Amnistía Internacional nos apoyaron”.   

Nueva AN como verdugo

 

Para Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, una Asamblea Nacional dominada por el oficialismo a partir 2021 tendrá como uno de sus objetivos amedrentar a cualquier sector que haga oposición en el país y eso incluye a las ONG.

“En la evaluación de escenarios que hacemos para el año próximo, creemos que el Parlamento se va a convertir en el centro de la ofensiva contra la disidencia venezolana mediante la posible aprobación de leyes regresivas en materia de derechos humanos”, manifestó Uzcategui. 

“Esto es algo grave que se ha venido anunciando desde hace tiempo y el vocero ha sido Diosdado Cabello”, añadió Génesis Dávila. 

De acuerdo con Uzcátegui, los diputados de la Asamblea Nacional que comenzarán a legislar a partir de enero de 2021 tendrán varias funciones. “Además de perseguir a los parlamentarios de la AN saliente, quieren redactar una ley para impedir o regular el financiamiento de las organizaciones civiles en Venezuela”.

Para el coordinador general de Provea, la AN se convertirá en un centro de simulación de participación de la sociedad civil, donde se aprobarán leyes regresivas con nombres políticamente correctos. “Desde la nueva AN se harán nuevas convocatorias para tener espacios de diálogo y eso le servirá al gobierno para decir que hay entendimiento entre varios sectores”.    

En su informe de 2017 sobre la situación de derechos humanos en Latinoamérica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aclaró que las organizaciones civiles tienen derecho a recibir financiamiento de entes nacionales e internacionales y que el Estado debe respetar este mandato.

“Los Estados deben abstenerse de crear obstáculos o mantener cualquier impedimento o restricción desproporcionada al registro, establecimiento, financiamiento y operación de organizaciones de derechos humanos”. 

El acoso a las ONG es ley en 50 países

 

En el informe Leyes concebidas para silenciar: Ataque mundial a las organizaciones de la sociedad civil, publicado por la organización Amnistía Internacional en 2018, se identificaron 50 países que han aprobado leyes en la última década que someten a las ONG a una vigilancia extrema y obstaculizan de diversas maneras el trabajo que realizan. 

El informe detalló múltiples tácticas jurídicas que buscan intimidar, y en última instancia asfixiar, la labor de las agrupaciones de la sociedad civil. “Hemos documentado como cada vez hay más gobiernos que someten a las ONG a obstáculos y restricciones irrazonables, impidiendoles llevar a cabo su esencial labor”, dijo Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional.

“En muchos países se acosa hasta sumir en el silencio a las organizaciones que se atreven a alzar la voz en favor de los derechos humanos. Las personas que se agrupan para defender y exigir derechos humanos se enfrentan a obstáculos cada vez mayores para trabajar con libertad y seguridad”, explicó Naidoo. 

De acuerdo con este informe, en los últimos 10 años se han aprobado 40 instrumentos legales en 50 países, que van desde los sospechosos habituales en materia de violación de derechos humanos como Cuba, Rusia, Bielorrusia y  Nicaragua, hasta democracias consolidadas como los Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. 

Las razones que esgrimen los gobiernos para aprobar estas leyes suelen incluir la preocupación por la seguridad nacional, evitar las injerencias extranjeras, la necesidad de proteger la identidad nacional, los valores y la moral tradicionales, las creencias religiosas, el desarrollo económico u otros imperativos.

Los obstáculos más comunes que imponen estas leyes a las ONG incluyen la obligatoriedad de reunir incontables recaudos a fin de inscribirse en un registro oficial, la presentación periódica de informes de gestión, y el monitoreo estricto por parte del Estado de la actividad bancaria de las organizaciones. 

Las restricciones en materia financiera han tenido un impacto considerable en el funcionamiento de las ONG, pues como consecuencia de la vigilancia, la fuentes de financiamiento que provienen del exterior se han reducido o cerrado del todo, impidiendoles continuar con su labor.

Esto ha afectado a organizaciones pequeñas y anónimas -como a una ONG en Rusia que ayudaba a personas con diabetes, la cual fue multada y debió cerrar-, tanto a organizaciones de la talla de Greenpeace, que recibió una multa de 30.000 libras esterlinas por parte del gobierno británico, que argumentó que la campaña ambientalista de la ONG tenía tintes políticos. 

En octubre de 2020, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la cual proporciona al Estado un mayor control sobre las organizaciones de la sociedad civil. La oposición nicaragüense se ha referido a este instrumento legal como la “ley Putin”, ya que se asemeja a la ley homónima aprobada en Rusia en 2012, con la cual las ONG que reciben financiación extranjera son catalogadas como “agentes extranjeros” si llevan a cabo lo que de manera imprecisa definen como “actividad política”. En 2016, el gobierno ruso amplió esa definición para incluir casi cualquier forma de participación de la sociedad. 

Especial DD. HH. | Presos políticos en Venezuela quedan en un purgatorio judicial
A propósito del Día de los Derechos Humanos, Runrunes analizó siete casos emblemáticos de prisión política que dejan al descubierto que el poder Judicial siempre repite la misma secuencia violatoria de derechos fundamentales, lo cual podría constituir un delito de lesa humanidad

 

@GitiW  y  @ValeriaPedicini

 

Entre el 1ero de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019, la ONG Foro Penal documentó 15.250 detenciones arbitrarias por razones políticas, cuyos períodos de privación de libertad oscilaron entre dos días y más de 3 años.

Los procesos judiciales que abre el Gobierno venezolano a los presos políticos siguen el mismo patrón, que comienza con la desaparición forzada y termina casi siempre con una prisión preventiva indefinida o, como en nueve casos, con la muerte del detenido en custodia del Estado.

Los invitamos a leer este trabajo especial siguiendo este enlace