12 Violaciones de los derechos humanos que marcaron el 2020 en Venezuela - Runrun
12 Violaciones de los derechos humanos que marcaron el 2020 en Venezuela
En 2020, la gestión de Nicolás Maduro comenzó su arremetida contra los derechos humanos tan pronto como en enero. Aunque en teoría el Estado es el principal responsable de adoptar las medidas necesarias para lograr el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, en la praxis venezolana, las violaciones de los derechos humanos se repiten a diario como consecuencia de la acción deliberada del poder Ejecutivo

 

@GitiW

 

Los venezolanos no habían terminado de darse el feliz año cuando Nicolás Maduro y sus funcionarios estaban tramando cómo conculcar los derechos de los ciudadanos. La justicia en Venezuela entró en cuarentena mucho antes de que llegara el COVID-19 y en esta nota repasamos doce violaciones de derechos humanos que marcaron el paso del 2020. El arco de transgresiones abarca todos los ámbitos de la vida: desde el ejercicio de los derechos políticos, el derecho a la justicia, a la educación, a la salud, a la identidad y el derecho mismo a la vida.

 

1) 05 DE ENERO: Dos presidentes y una Asamblea Nacional

Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, intentó saltar la reja que bordea el Palacio Legislativo para participar en la votación que renovaría su mandato como presidente del poder Legislativo y, en consecuencia, como presidente interino de la República. Esta ratificación se dio finalmente en un acto paralelo, mientras que en el Hemiciclo se juramentaba para el mismo cargo el diputado Luis Parra, impuesto por el poder Ejecutivo sin el aval de los votos requeridos. Serrucharle el cargo a Guaidó significó violar el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”. 

2) 13 DE MARZO: Sin derecho a documentos de identidad

Con el anuncio del inicio de la pandemia, la gestión de Nicolás Maduro cerró todas las oficinas públicas, incluidas las del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Este cierre negó el derecho de millones de venezolanos, dentro y fuera del país, a obtener y renovar sus documentos de identidad, lo cual violó un derecho humano básico. El organismo esgrimió razones de bioseguridad tras la decisión que se extendió durante meses, privando durante todo ese tiempo a los venezolanos de contar con sus debidos documentos de identidad.  

3) 16 DE MARZO: Sin escuelas, los niños fueron puestos a trabajar

Con el inicio de la pandemia en Venezuela, el 16 marzo se anunció la suspensión de clases presenciales. Para una reducida minoría de estudiantes quedó la opción de la educación a distancia, pero organizaciones como Fundaredes estiman que alrededor de 80% de los estudiantes desertó del sistema escolar. La ONG World Vision denunció que el trabajo infantil en Venezuela se había incrementado un 20 % durante la pandemia. Los niños no escolarizados asumen labores del hogar, trabajo fuera de casa junto a sus padres o cuidadores y también la venta o distribución de drogas ilícitas, dijo la ONG. Los artículos 7 y 9 de la Declaración de los Derechos del Niño declaran que ellos tienen derecho a la educación, al esparcimiento y a la protección de la explotación laboral. 

4) 18 DE MARZO: Tras las rejas y sin derecho a la vida (Parte I)

El miércoles 18 de marzo más de 80 presos escaparon del penal de San Carlos, en el estado Zulia. La ONG Provea denunció el asesinato de 35 de los 80 presos que se fugaron. “El estado de alarma no es para producir graves violaciones a los derechos humanos”, denunció Provea. El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos declara que: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. 

5) 1ero DE MAYO: Tras las rejas y sin derecho a la vida (Parte II)

El viernes 1ero de mayo ocurrió un motín en el Centro Penitenciario de Los Llanos, en el estado Portuguesa, tras el cual se reportó la cifra de 17 presos muertos y 9 heridos. Las autoridades señalaron que se trató de un intento de fuga. Nuevamente, el Estado venezolano violó el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagra que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.  

6) 08 DE MAYO: En libertad tampoco se respeta el derecho a la vida

El viernes 08 de mayo, una semana después del motín en el que murieron 17 privados de libertad, se denunció la presunta comisión de ejecuciones extrajudiciales durante un operativo policial implementado en el barrio José Félix Ribas de Petare, en el estado Miranda. En dicho operativo, implementado por el Ministerio de Interior Justicia y Paz, murieron al menos 8 personas. El informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU denunció que entre el 1ero de enero y el 31 de mayo de 2020, habrían muerto 1.324 personas en el marco de operaciones de seguridad, siendo las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) el principal responsable. Una vez más se violó el derecho a la vida y a la privación de ésta de manera sumaria, establecido en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

7) 22 DE MAYO: Derecho a no ser llamado “arma biológica” por tener COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha sido el marco para la violación en combo de varios derechos humanos por parte de la gestión de Maduro. El regreso forzado de miles de venezolanos que habían migrado a países de la región, sirvió para que el gobierno los criminalizara y acusara de ser usados como “armas biológicas”, violando el derecho que tiene cualquier persona de regresar a su país cuando lo desee (Art. 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). El traslado obligatorio de personas sospechosas de tener COVID-19 a sitios bajo vigilancia estricta del Estado, como CDI, hoteles e instalaciones abandonadas, fue una acción recurrente por parte de las autoridades sanitarias venezolanas desde el inicio de la pandemia. Muchas de esas instalaciones carecían de las condiciones mínimas, como el acceso al agua corriente y la alimentación, para garantizar la recuperación de los enfermos, violando el derecho a la salud y al trato digno.  

8) 05 DE JUNIO: Sin derecho a jueces independientes (Parte I)

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos magistrados fueron elegidos violando la Constitución Nacional, se tomó para sí la atribución de la Asamblea Nacional de elegir a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. La Sala Constitucional del TSJ adujo que la Asamblea Nacional estaba en omisión legislativa y procedió a hacer las designaciones. Ese CNE electo a dedo por un poder Judicial al servicio del Ejecutivo fue el que convocó y organizó las elecciones parlamentarias que se realizaron el 6 de diciembre. El artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra el derecho de toda persona a contar con tribunales independientes e imparciales. 

9) 17 DE JUNIO: Sin derecho a jueces independientes (Parte II)

Las consecuencia de tener un poder Judicial parcializado se hicieron evidentes otra vez, cuando el TSJ intervino arbitrariamente las directivas de los partidos políticos opositores Primero Justicia y Acción Democrática. Sus sedes y símbolos fueron cedidos a actores no reconocidos como líderes legítimos por los miembros de dichos partidos. Menos de un mes después, el 7 de julio, el TSJ designó la directiva del partido Voluntad Popular. Nuevamente se violó el derecho de toda persona a contar con un poder Judicial justo, imparcial e independiente. 

10) 26 DE OCTUBRE: Sin derecho a jueces independientes (Parte III)

La lista de presos políticos en Venezuela sumó un nuevo nombre el lunes 26 de octubre, cuando órganos de seguridad del Estado detuvieron arbitrariamente al periodista Roland Carreño. Con el comunicador social y activista político son más de 300 los presos en Venezuela por razones políticas. El Tribunal Estadal Cuarto de Primera Instancia de Caracas, con competencia en casos de terrorismo, decretó la privación de libertad contra Carreño y lo acusó de “financiamiento al terrorismo, conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra”. “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”, declara el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

11) 06 DE DICIEMBRE: Los venezolanos votan pero no eligen

El evento antidemocrático del 6D de 2020 dejó todos los poderes públicos bajo el control de Nicolás Maduro. Tras unas elecciones parlamentarias organizadas por un CNE parcializado, Venezuela pasó a tener, formalmente, instituciones sin balances, frenos, contrapesos ni legitimidad de origen. Esta situación pone en pico e´zamuro el respeto a todos los derechos de los ciudadanos en Venezuela, pues la nueva Asamblea Nacional podrá redactar leyes que, si bien pueden ser condenadas y denunciadas por la comunidad internacional, puertas adentro, quienes viven en Venezuela tendrán poco margen de maniobra para eludir su cumplimiento. 

12) 12 DE DICIEMBRE: Huir de un país sin derechos y naufragar en el intento

Un naufragio en las aguas entre Venezuela y Trinidad y Tobago, ocurrido entre el 6 y el 12 de diciembre, dejó como consecuencia al menos 33 hombres, mujeres y niños muertos y sus cuerpos arrastrados por la corriente de vuelta a las costas de Güiria, de donde habían zarpado hacia el territorio trinitense en busca de una mejor vida. Los derechos humanos de esas 28 personas fueron vulnerados doblemente: primero por su propio país que no les brindó protección y resguardo del hambre, enfermedad y violencia que dominan la zona, sino también por un tercer país -Trinidad y Tobago-, cuyas autoridades se presume los devolvieron al mar en condiciones inseguras cuando ya habían alcanzado tierra firme. Los venezolanos cierran 2020 viendo cómo sus derechos humanos son violados reiteradamente por quienes usurpan el poder político, y también siendo testigos de cómo esos derechos pueden ser conculcados por los países limítrofes, afines al régimen de Maduro, si intentan huir.