Valeria Pedicini, autor en Runrun

Valeria Pedicini

DDHH olvidados | Igbert Marín Chaparro: una huelga de hambre para ser escuchado
El militar Igbert Marín Chaparro fue detenido en marzo de 2018 por efectivos de la Dgcim. En 2021 hizo una huelga de hambre en protesta a las torturas y tratos crueles que ha sufrido durante su detención

@ValeriaPedicini

Igbert Marín Chaparro estuvo 17 días en huelga de hambre en las celdas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). El 21 de diciembre de 2021 tomó la decisión en protesta por las torturas, tratos crueles e inhumanos que ha sufrido desde su detención. 

A través de un comunicado al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Comité de la Cruz Roja Internacional y a la Nunciatura Apostólica pidió que fuera visitada la celda conocida como “La casa de los sueños”, en los calabozos de la Dgcim, para constatar las condiciones de encierro que debe enfrentar diariamente los presos políticos venezolanos. 

El teniente coronel perdió seis kilos durante la huelga de hambre. Su salud se deterioró, así que su defensa y familiares habían pedido conocer su estado actual. Fue evaluado por psicólogos y médicos, quienes le hicieron un examen forense. También, se conoció que fue visitado por representantes del Ministerio Público en materia de derechos humanos. 

La Coalición para los Derechos Humanos y la Democracia indicó que era urgente que se dictara una medida humanitaria para el teniente coronel. Además, recordó que la salud y la vida de los privados de libertad es responsabilidad del Estado. “La salud y la vida de los presos políticos debe ser respetada y garantizada como la de toda la población carcelaria”, escribieron en un tuit.  

La huelga de hambre fue levantada el pasado 6 de enero. Esto ocurrió después de que la Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH de Naciones Unidas en Venezuela ingresara al recinto para constatar el estado de salud de Marín Chaparro.

“Luego de que las autoridades se comprometieran a atender algunas de sus demandas, el tcnel. Igbert Marín Chaparro, levantó la huelga de hambre”, informó a través de Twitter el abogado defensor Alonso Medina Roa.

¿Por qué está preso?

Igbert Marín Chaparro fue detenido el 16 de marzo de 2018 dentro de Fuerte Tiuna, el principal cuartel militar del país, por efectivos de la Dgcim junto a otros siete oficiales. Estuvo días sin que nadie supiera de su paradero, lo que constituye una desaparición forzosa.

Fue trasladado hasta el Ministerio de la Defensa para una reunión con el ministro Vladimir Padrino López, y los generales Jesús Suárez Chourio e Iván Hernández Dala.

Desde entonces ha estado recluido por más de tres años, pese a que una orden del tribunal que llevó su causa ordenó su traslado al Centro de Procesados Militares de Los Teques, conocido también como la cárcel de Ramo Verde. 

El entonces jefe del Batallón Ayala fue presentado en tribunales militares, donde se le acusó de presunta traición a la patria, instigación a la rebelión y delitos contra el decoro militar. 

En diciembre de 2020, el militar fue condenado a siete años y seis meses de prisión. De allí surgió la orden de traslado a Ramo Verde que no se ha materializado. 

Por el contrario, fue llevado a «La casa de los sueños», lugar denunciado por organismos internacionales -entre ellos la Misión de Determinación de Hechos- como un establecimiento de torturas para aquellas personas detenidas en esa sede. Este sitio se trata de unas pequeñas celdas de 3×2 metros donde un detenido puede estar aislado o hacinado. 

Según un testimonio del preso político, publicado en la cuenta de Twitter de la Coalición para los Derechos Humanos y la Democracia, fue sometido a siete días de torturas. Detalló que le pusieron bolsas en la cabeza con gases lacrimógenos, lo golpearon y le fracturaron costillas. “El médico forense no hizo nada al igual que los fiscales”, cita el tuit. 

“Desde el inicio de su encarcelamiento él ha denunciado violación de sus derechos fundamentales, torturas, tratos crueles, falta de atención médica oportuna, violación al debido proceso, lo que lo llevó a iniciar esta acción de protesta pacífica como lo es la huelga de hambre. Esperamos que pueda superar este escenario, es un tema muy traumático para la familia, muy complejo desde el punto de vista de la defensa, hay mucha frustración porque estamos ante un caso de retardo procesal evidente”, denunció Roa.

Salud en riesgo

Yocelyn Carrizalez, abogada y esposa del militar, ha denunciado que su esposo comparte celda con otras dos personas, “y sus condiciones de salud no han mejorado desde que lo notificamos a tribunales. Presenta hipertensión grado 2, tiene varicoceles y ha sufrido varios episodios de escabiosis (sarna). También ha perdido en gran medida la visión por uno de sus ojos”

Durante su reclusión, Marín Chaparro sufrió de COVID-19. Las secuelas de esta enfermedad le dejaron una fibrosis pulmonar, que se comprobó luego de un examen médico en octubre de 2020. “Eso está evidenciado en informes médicos que le han hecho en el hospital militar. Eso no ha mejorado ni mejorará mientras siga en ese lugar (…) Hasta ahora no lo han trasladado al médico para continuar con su tratamiento”, dice su esposa.

“Nuestra familia se pregunta si es que tampoco van a acatar la orden del juez y lo van a dejar allí (en la Dgcim) siete años, o en realidad cuatro años más porque ya lleva tres, sin posibilidad de hacer redención de pena porque la Dgcim no es un centro formal de reclusión, es un centro preventivo. Esto nos conmueve”, afirma Carrizalez. 

Las autoridades de la Dgcim tampoco explican por qué no dejan ingresar a los niños a visitas familiares, que se han visto mermadas por la pandemia por covid-19. Esto también ha afectado su alimentación, pues han tenido que llevarles alimentos perecederos. El único momento que pueden comer comida preparada es solo durante la visita, que dura una hora. 

“Mi hija menor casi no conoce a su papá, tenía un año cuando lo detuvieron y yo se lo muestro por fotos para que no se olvide. Mi hijo mayor es quien más sufre la detención de su padre porque no entiende el hecho de que no permitan las visitas, de porqué no puede ver a su papá. Ha sido muy difícil, tanto la situación de tener en la familia a un privado de libertad como por la pandemia, ha sido cuesta arriba afrontarlo”, menciona Carrizalez. 

 

 

DDHH olvidados | La masacre de El Ripial sigue impune
En la masacre de El Ripial fueron ejecutadas extrajudicialmente cinco personas en el estado Apure por parte de la FANB y FAES

@ValeriaPedicini

Luz Dey Remolina, Emilio Ramírez, Ehiner Yafran Anzola Villamizar, Jeferson Uriel Ramírez y Julio César Jiménez. Los primeros cuatro eran parte de una misma familia. El quinto era panadero. Todo eso conjugado en pasado. 

El 25 de marzo de 2021 fueron asesinadas, presuntamente, por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), pertenecientes a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), tras ser acusados de ser “guerrilleros”.

Las cinco ejecuciones extrajudiciales se perpetraron en la zona fronteriza de Apure. Las víctimas fueron llevadas con signos vitales al barrio 5 de julio de La Victoria. Pero aparecieron muertos en El Ripial

Vecinos de la zona han contado que se trató de un falso positivo en el que se asesinaron a estas personas para aparentar “eficiencia en el conflicto armado contra grupos armados irregulares” que se registró en Caracas en marzo de 2021. 

Según organizaciones defensoras de derechos humanos esta masacre se asemeja a la de El Amparo, registrada el 29 de octubre de 1988 cuando 14 pescadores fueron asesinados con el mismo propósito de aparentar una acción militar exitosa contra la subversión. 

“Pareciera que se quiere reeditar la masacre de El Amparo, un hecho similar donde las Fuerzas Armadas asesinaron a civiles y luego pretendieron decir que eran guerrilleros», indicó Javier Tarazona de Fundaredes a una entrevista en TalCual en mayo de 2021. 

Sin un registro  de las detenciones, allanamientos o los falsos positivos, es difícil tener cifras oficiales. “Llegan a las casas y sacan a los hombres, los golpean. Incluso hay personas que los han sacado, los han detenidos y les han puesto tiros de gracia”. 

Además de la ejecución de las 5 personas, perpetrada por presuntos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, se han procesado denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzosos y allanamientos arbitrarios. 

Violaciones que pueden constituir crímenes de lesa humanidad

Las organizaciones Fundaredes, Provea y Fundación El Amparo condenaron a dos meses de haber ocurrido la masacre que el fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, no haya presentado avance de las investigaciones que dijo se iniciaron dos días después del suceso.

“A la fecha no hay ninguna información pública sobre el resultado del trabajo de esta dicha comisión. Un silencio absoluto que genera dudas sobre la voluntad de investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Apure”, expresaron las organizaciones.

Al día siguiente de lo ocurrido, el fiscal designado por la ANC Tarek William Saab anunció que envió una comisión del Ministerio Público para investigar la masacre luego de que los familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos realizaran la denuncia.

Por medio de su cuenta en Twitter dijo que en aras de “esclarecer los hechos” ocurridos en El Ripial se había enviado una comisión de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos y la Unidad de Criminalística del Ministerio Público para practicar diligencias y experticias de investigación.

A la fecha no hay ninguna información pública sobre el resultado del trabajo de esta dicha comisión. Tarek William Saab sigue en silencio, así como el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz.Un silencio absoluto que genera dudas sobre la voluntad de investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Apure. 

“Hasta el momento en los sucesos de Apure, el defensor del Pueblo guarda un silencio que estremece. Así lo hizo con la masacre de La Vega. ¿Callará nuevamente? Las omisiones también generan responsabilidad ante los crímenes de lesa humanidad”, indicó Marino Alvarado, coordinador de Provea. 

Ninguno de los presuntos responsables ha sido procesado.

Entre los señalamientos del defensor de derechos humanos, menciona que se debe abrir una investigación a la cadena de mando. “Debe investigarse a quienes accionaron el gatillo, quienes dirigieron y los altos mandos militares que coordinaban las operaciones”. 

“El lamentable silencio hasta ahora mantenido por quien dirige el Ministerio Público justifica aún más las investigaciones que adelanta la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela en los últimos años. La no actuación del sistema de justicia en el país impone la necesaria actuación de las instancias y mecanismos internacionales”, afirmó Provea. 

DDHH olvidados | Carlos Marrón: detenido arbitrariamente y torturado por agentes de la Dgcim
Carlos Marrón Colmenares fue víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes luego de ser detenido arbitrariamente por funcionarios de la Dgcim, quienes lo torturaron

Foto: AP

@ValeriaPedicini

Una llamada lo cambió todo. Carlos Marrón Colmenares estaba en Florida, Estados Unidos, cuando un familiar se comunicó con él para decirle que su padre había sido secuestrado. No hubo mucho que pensar. El teléfono había sonado el 10 de abril de 2018 y ya al día siguiente estaba pisando el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Venezuela, con la intención de lograr la liberación de su padre. 

Al principio, la familia Marrón pensó que el secuestro se trataba de un acto delictivo ordinario; que negociar una liberación segura y pagar un rescate sería suficiente para tenerlo de vuelta. Pero al llegar a Maiquetía, tras siete años fuera del país, Carlos entendió que las cosas no serían como había planeado. 

Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) estaban esperando al abogado de 43 años en el aeropuerto para detenerlo. No hubo explicaciones, ni tampoco una orden de aprehensión en su contra. Lo agarraron y lo trasladaron hasta la sede ubicada en Boleíta. 

Según el acta de investigación de la Dgcim, Marrón era el propietario de DolarPro.com, un portal web que se encargaba de publicar el tipo de cambio del bolívar por dólares en el mercado negro. Pero para el cuerpo de seguridad del Estado el sitio web estaba “encargado de desestabilizar la economía del país con precios irreales del papel moneda dólar”. El informe llegó a la conclusión legal de que el abogado estaba violando la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos. 

Tras varias horas en el lugar, el Director de Operaciones Especiales de la DGCIM comenzó con el interrogatorio alrededor de la medianoche. Al abogado le exigían que declarara su vinculación con Dolarpro por supuestos ilícitos cambiarios. 

Carlos se negó. Y ahí vinieron las torturas. 

Le dieron puñetazos, patadas, golpes con tablas de madera mientras tenía los ojos vendados. Con una porra de metal también le golpearon los hombros, las rodillas y en la planta de los pies. 

Lo asfixiaron con una bolsa de plástico; le pusieron una capucha en la cabeza y la empaparon con agua para crear la sensación de que se estaba ahogando. 

Los golpes en la cabeza fueron tan fuertes que Carlos perdió el conocimiento en varias oportunidades. “Te asfixian hasta que empiezas a perder el conocimiento”, dijo Marrón en una entrevista a la agencia de noticias The Associated Press (AP).Una vez que ven que te estás desvaneciendo, se relajan”.

Al día siguiente, las torturas seguían. Después de varias horas de golpizas y maltratos, Carlos accedió a firmar un documento en el que aceptaba la responsabilidad por los hechos que se le habían imputado. Los efectivos también lo obligaron a revelar las contraseñas de su computadora, teléfono y cuentas bancarias. Durante los días siguientes retiraron más de 100 mil  dólares de varias de sus cuentas.

La noche del 12 de abril, al día siguiente de que se produjera la detención del abogado, el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, declaró por televisión para asegurar que Marrón era el propietario de una “página al margen de la ley”. Se refirió a él como “un verdadero delincuente” a quien “no le ha importado poner el dólar paralelo a precio casi terrorista”. 

William Saab dijo que el “objetivo central” de la página web era promover el “terrorismo financiero” y la “especulación cambiaria” para “destruir la moneda venezolana”.

En unas de las sesiones de interrogatorios, a Carlos le preguntaron si su padre necesitaba una medicina especial porque parecía estar al borde de la muerte. Ahí fue cuando supo que su padre había sido secuestrado por la Dgcim para obligarlo a regresar al país. Su padre fue liberado cuatro días después de su arresto. 

Los dos primeros días fueron los más duros. Pero luego Carlos fue trasladado a una celda conocida como “el cuarto de los locos” y recluido en un espacio de menos de 2 x 2 metros, sin acceso al baño, que compartía con otros dos presos. Él lo describió como una “tortura suave”, confinamiento en una celda estrecha con varias personas. 

En ese lugar recibían poca comida, bebían agua contaminada que salía del grifo que lo hacía enfermarse del estómago y tenían que defecar en botellas o bolsas de plástico. Carlos llegó a perder 30 kilos. 

Tras más de un mes, fue trasladado de nuevo a la sede de Boleíta y permaneció incomunicado durante unos dos meses, sin acceso a abogados ni familiares.

Ahí estuvo detenido en una celda subterránea que tenía iluminación artificial las 24 horas del día, sin ventilación ni ventanas. En ese tiempo, solo lo dejaron salir al exterior en dos ocasiones.

Crímenes de lesa humanidad 

El caso de Carlos Marrón Colmenares fue mencionado en el informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicado en septiembre de 2020, en el que los expertos dictaminaron que existen motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad.

El documento señala que se investigaron casi 3.000 casos y se analizaron más de 5.000 asesinatos. Fue así como concluyeron que Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y Defensa estaban al tanto de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad y agencias de inteligencia venezolanas.

Específicamente, la Misión investigó 77 casos en los que la Dgcim arrestó, detuvo y torturó a oficiales militares activos y retirados y a personas civiles asociadas. Y en unos pocos casos, los agentes arrestaron, detuvieron y torturaron a civiles no afiliados a ninguna operación o personal militar.

“Oficiales de la DGCIM cometieron torturas contra los detenidos en cada uno de los casos estudiados”. El propósito de estas torturas podría ser para la obtención de una confesión, la obtención de información, el castigo, la intimidación, la humillación, la coerción o cualquier razón basada en la discriminación.

“Los actos de tortura se produjeron generalmente durante los interrogatorios, poco después del arresto mientras los detenidos estaban incomunicados y antes de la audiencia de presentación”, reza el documento. 

Su testimonio también fue incluido en el más reciente informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, publicado en septiembre de 2021. 

Irregularidades

Carlos Marrón fue presentado ante la jueza del Tribunal Tercero de Control Penal de Caracas para la audiencia de presentación el 13 de abril de 2018. Antes de salir de la sede en Boleíta, agentes de la DGCIM le obligaron a firmar un documento en el que indicaba que no había recibido maltrato físico, verbal o psicológico.

En la audiencia de presentación, la fiscalía acusó a Marrón de tres delitos: difusión de información falsa sobre el tipo de cambio, asociación ilícita y legitimación de capitales.

“La Misión observó inconsistencias en las fechas de la orden de aprehensión y los documentos de sustento, lo que sugiere que fueron alterados para que parezca que fueron emitidos antes de la detención del Sr. Marrón”, expresó la instancia de las Naciones Unidas. 

Los expertos especificaron que la fecha de la orden de aprehensión era el 10 de abril de 2018, aunque las cartas que transmitían los documentos de sustento tanto del Ministerio Público como de la Dgcim, tenían la fecha del 12 de abril de 2018. 

La acusación del Ministerio Público del 28 de mayo de 2018 no presentó pruebas con respecto a los cargos de legitimación de capitales y asociación. La audiencia preliminar fue cancelada 22 veces y nunca se celebró.875 

El 2 de agosto de 2018 fue derogado el Decreto de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, que tipifica el delito de difusión de información falsa sobre el tipo de cambio. Días después, la defensa de Marrón presentó una solicitud para su libertad inmediata, argumentando que había desaparecido el fundamento jurídico para su detención. 

Aunque en 2019 le desestimaron los cargos de legitimación de capitales y asociación por falta de fundamento, le mantuvieron los cargos de difusión de información falsa sobre el tipo de cambio. Así que la Corte de Apelaciones mantuvo la orden de prisión preventiva, ya que el tribunal señaló que el informe de investigación de la Dgcim aportaba pruebas suficientes para sostener esa acusación. 

Carlos Marrón fue liberado el 6 de enero de 2020 con medidas cautelares junto a otros 13 presos políticos en medio de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y grupos de oposición. No fue sometido a juicio y tampoco se le prescribió la pena por sus supuestos delitos. 

El abogado le contó a la agencia de noticias AP que no sabe por qué los funcionarios lo dejaron en libertad. Aunque las autoridades lo obligaron a entregar su pasaporte y aceptar no salir del país, Carlos escapó de Venezuela. Manejó hasta la frontera con Colombia, donde funcionarios de Estados Unidos lo reunieron con su esposa y sus dos hijos en Florida. 

 

CLAVES | Acoso sexual: una constante para más de la mitad de las periodistas en Venezuela

Daniela tenía 25 años cuando vivió una situación de abuso sexual durante el ejercicio de su profesión como fotoperiodista en un medio nacional. Un fotógrafo de una agencia internacional la invitó a su casa con la intención de revisar su portafolio y la promesa de acercarla a oportunidades laborales. 

Se inició una dinámica de varios encuentros para revisar el trabajo de Daniela, en los que en algunas oportunidades tuvieron relaciones sexuales. Esas promesas nunca se concretaron y entendió que la estaba manipulando para aprovecharse de ella. 

Yo decía ‘yo fui porque yo quise’ y me olvidé de que esta persona sabía lo que estaba haciendo. De verdad se aprovechó demasiado de su posición de poder y aunque no me violentó, no hubo nada sin consentimiento, fue muy ruin de su parte porque me hacía creer que tenía interés en mí como persona y en mí como profesional”. 

Al hablar con otras colegas fotoperiodistas años después, supo que su experiencia no había sido inusual, sino que muchas habían pasado por situaciones parecidas. 

El testimonio anónimo de Daniela es uno de las voces que registra el informe “Acoso sexual contra periodistas en Venezuela”, publicado por la Red de Periodistas Venezolanas el pasado 25 de noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

La investigación, en alianza con la organización Medianálisis, es la primera que estudia de forma específica la problemática de la violencia de género dentro del gremio venezolano.

Para el informe se aplicaron 111 encuestas en línea a periodistas venezolanas que se definieran como mujeres, de diferentes edades, cargos y medios, que estuvieran en el país o que hayan ejercido su profesión en el territorio venezolano en los últimos años. 

Más de las mitad de las encuestadas (60%) tiene cargo como reporteras y solo 9% ostenta cargos gerenciales (jefas de redacción, editoras o directoras). 58% se ubica entre los 25 y 35 años, y un 11% corresponde a mujeres mayores de 45 años.

“Lo expuesto pretende ser un primer acercamiento a una realidad escasamente registrada y analizada en el contexto nacional”, dice el informe. 

INFORME-ACOSO-SEXUAL-CONTRA-PERIODISTAS

La inquietud por investigar la incidencia del acoso sexual en el país nació luego de que en la primera reunión para la creación de la Red de Periodistas Venezolanas, el acoso laboral surgiera como un tema importante que afectaba a un gran número de trabajadoras de la prensa. 

Y al hablarlo, se dieron cuenta de que no se trataba de una o dos periodistas que habían asegurado vivir una situación así con compañeros, jefes, superiores, fuentes o efectivos de seguridad del Estado. Todas tenían una historia que contar. 

Aquí los principales hallazgos de la investigación:

Más de la mitad lo vive

  • 45% de las periodistas encuestadas afirmó haber sufrido acoso, hostigamiento o agresión de carácter sexual en el ámbito laboral y 5% dijo que no estaban seguras. Pero el número es mayor. 
    • Aunque la otra mitad respondió no haber sufrido de acoso sexual en el trabajo, al preguntarles por formas de acoso específicas identificaron que sí las habían vivido una o más veces.
 
 
 
 
 
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No todas lo reconocen

      • Para las mujeres es difícil reconocer el acoso. Para un número importante de ellas, la línea de lo que constituye o no acoso sigue siendo difusa.
      • Esto pasa especialmente cuando son formas de acoso que están extendidamente normalizadas, como los comentarios con connotación sexual y las miradas lascivas.
      • 45 % de las que respondieron “No” han recibido comentarios sexuales sobre su persona o en doble sentido que les incomoden. 
      • 37 % de las que respondieron “No” se han sentido incómodas con comentarios sobre su vestimenta o sobre cómo lucen una vez o más. 
      • 31 % de las que respondieron “No” han recibido miradas lascivas.

Las formas más frecuentes

      • Al 65% le han hecho comentarios sexuales sobre su persona o en doble sentido.
      • 62% ha recibido miradas lascivas. 
      • Al 59% le han hecho sentir incómodas con comentarios sobre su vestimenta o sobre cómo lucen.
        “Las cifras confirman que las formas de acoso de tipo verbal son las más frecuentes y, por tanto, también las más normalizadas. Mientras que aquellas formas de acoso que involucran agresiones físicas o peticiones más explícitas son menos frecuentes”, reza el informe.

¿Quiénes son los agresores?

      • 64 % de las periodistas fue blanco de acoso por parte de uno o más hombres.
      • “Las cifras ratifican que, al estar intrínsecamente asociado a relaciones desiguales de poder, el acoso sexual en los entornos laborales se presenta en la mayor parte de los casos como una violencia basada en el género. 
      • 58% señaló a sus superiores y compañeros de trabajo como los agresores.
      • Esto desmitifica la idea de que el acoso es cometido por hombres “depravados” que no tienen ninguna relación con las víctimas y confirma que es un comportamiento de hombres que pueden guardar cercanía cotidiana con las mujeres a las que acosan y que consideran su conducta como algo normal y hasta viril.
      • 42% de las encuestadas ha sufrido acoso por parte de personas que no forman parte del plantel de sus empresas (personas entrevistadas, funcionarios públicos, agentes de cuerpos de seguridad y otros).
      • Por eso la importancia de crear mecanismos de protección, ya sea en forma de políticas públicas y políticas corporativas de las instituciones de medios, que trascienden las oficinas de los medios de comunicación y, en la medida de lo posible, garanticen su seguridad en todos los espacios donde ejercen su funciones profesionales. 

Las fotorreporteras, blanco de acoso sexual cotidiano

      • 100% de las que participaron en la encuesta afirmaron haber sufrido más de una situación de acoso, hostigamiento o agresión de carácter sexual en el ámbito laboral.
      • “A pesar de que el número de mujeres en las salas de redacción ha aumentado en las últimas décadas hasta constituir, en la mayoría de los casos, la mitad o más del personal periodístico, el fotoperiodismo sigue siendo un campo mayoritariamente integrado por hombres”.
      • Las fotorreporteras tienden a abrirse paso y convivir en entornos gobernados por dinámicas de poder masculinas, ya que el fotoperiodismo sigue siendo un campo mayoritariamente integrado por hombres.

Consecuencias en el plano personal y profesional

      • 56% se ha sentido incómoda cuando sufre o vive una situación de acoso sexual.
      • 42% de las periodistas venezolanas encuestadas que sufrieron acoso sexual afirmaron que este ha condicionado su desempeño en el trabajo. 
      • Muchas periodistas tuvieron que modificar su estilo de vida para reducir los riesgos, como consecuencia de los actos intimidatorios:
      • Dejaron de cubrir ciertas instituciones frente a las amenazas de colectivos y funcionarios que las acosaban, hostigaban o agredían sexualmente. 
      • Se inhibieron de ir a ciertos lugares o perseguir algún tipo de información por temor a los avances sexuales no solicitados de sus fuentes. 
      • Se volvieron más precavidas. 
      • Cambiaron su vestuario a prendas más masculinas para no llamar la atención.
      • Fingieron que tenían pareja como estrategia disuasoria. 
      • Cambiaron de fuente. 
      • Renunciaron a sus puestos. 

¿Qué pasa cuando las mujeres se quejan?

      • Aunque 45.1 % de las encuestadas asegura que ha vivido acoso sexual de algún tipo en su entorno laboral y 42 considera que su desempeño profesional se vio afectado por este o estos incidentes, solo 5.3 % de las afectadas realizó una queja en su medio de trabajo.
      • La respuesta institucional que recibieron quienes sí lo hicieron nos da una clave: cuando las trabajadoras se quejan, nada favorable sucede. 
      • Las cinco mujeres que formalizaron una queja en su empresa por hostigamiento afirman que el medio no tomó medidas efectivas tras la denuncia.
      • El 73 % aseguró que no ha habido ningún tipo de campaña, curso o acción para sensibilizar al personal de su empresa sobre el hostigamiento y acoso sexual.
      • El 63 % señaló que en su empresa no había ningún mecanismo o protocolo para presentar quejas por casos de hostigamiento, acoso o agresión sexual.
      • Ninguna de las 45 mujeres acosadas decidió denunciar el hecho frente a instituciones oficiales del Estado, incluso en casos en los que funcionarios fueron los hostigadores. 

 

DDHH olvidados | El Estado le falló a Niurka Camacho: murió esperando un trasplante de riñón
Niurka Camacho, de 15 años, fue paciente renal del hospital J. M. de los Ríos, en Caracas. Murió esperando un trasplante de riñón que nunca consiguió, a pesar de haber denunciado su caso ante la CIDH

@ValeriaPedicini 

Niurka Camacho tenía pocos días de haber cumplido los 15 años cuando falleció. El 26 de julio llevaba un vestido azul claro y una corona; días después, su corazón había dejado de latir. 

Era paciente renal del Hospital J.M. de los Ríos, el principal hospital pediátrico del país. Tenía ocho años cuando le dieron un diagnóstico que le cambió la vida a ella y a su familia para siempre: insuficiencia renal crónica en estado 5. 

Necesitaba un trasplante de riñón. 

Cuando la noticia llegó, no tuvieron opción: había que buscar la manera de ir a la capital para cuidar la salud de la muchacha. Así que lo vendieron todo, incluida la casa que tenían en Valle de la Pascua, en el estado Guárico, para mudarse a Caracas. 

Estaban solos, sin mucho dinero en el bolsillo. Ni un techo donde dormir, tampoco comida que les llenara el estómago. Pasaron varios días sin comer. Pero su padre no paraba ni un minuto para encontrar una solución: “Mi papá se movía a todos lados para conseguir trabajo para mi alimentación”. 

Un tío los ayudó a conseguir un alquiler cerca del hospital, ubicado en el centro de la ciudad, y así fue cómo se convirtió en paciente del servicio de Nefrología y empezaron las diálisis. Tres veces por semana para que unas máquinas hicieran lo que sus riñones ya no podían.

Para Niurka fue muy duro el cambio de ciudad porque los primeros años estuvieron separados del resto de sus hermanos. A los dos años de haber empezado con la diálisis fue que su madre pudo llevar al resto de sus hijos a la capital. 

Como paciente del J.M de los Ríos, Niurka lo vivió todo. Las máquinas de diálisis comenzaron a presentar fallas y los insumos a escasear. “Todos los días se están dañando. Las arreglan y se vuelven a dañar. No hay insumos, ni los concentrados, ni guantes, ni nada para poder dializar”, expresó la muchacha en el último mensaje que ofreció públicamente antes de su fallecimiento y que fue difundido por la organización Prepara Familia.

Una vez, en el hospital no había catéter de sus medidas y le pusieron uno vencido. “Duraba un año y al cumplir un año se me rompió el catéter”. La escasez de insumos era lo habitual en el pediátrico. No hay yelcos, no hay insumos, nada, ni guantes, para podernos dializar”, expresó también Niurka en el video. 

No es la única

Ver morir a los compañeros es de las situaciones más dolorosas de los pacientes que están a la espera de un trasplante. En lo que va de año, 14 niños del J.M. de los Ríos han fallecido por esa razón. En tres años, han muerto 58 niños, según explicó  Lucila Cárdenas de Velutini, encargada de las relaciones institucionales de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela.

El programa de trasplantes está suspendido desde junio de 2017, luego de que le fuera quitada la competencia a la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (Ontv) en 2014 y fuera pasada a Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), adscrita al Ministerio de Salud.

Fundavene habría notificado a los distintos centros de trasplante que el programa se suspendería tres meses por falla de inductores y medicamentos inmunosupresores para las personas trasplantadas. Pero hasta la fecha siguen sin reactivarlos. 

Nicolás Maduro culpa a las sanciones de Estados Unidos, pero cuando eso ocurrió, las sanciones no existían. Sin embargo, para esta fecha no existían las sanciones. 

Tras la suspensión del programa de trasplantes en 2017, las organizaciones Cecodap y Prepara Familia introdujeron ante la CIDH una solicitud para la adopción de medidas cautelares para los niños del Servicio de Nefrología del Hospital J. M. de los Ríos.

La CIDH respondió. El 21 de febrero de 2018, la CIDH otorgó las medidas cautelares. 

El servicio de Nefrología del J. M. de los Ríos fue el primero en recibir medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2018, luego de que las organizaciones Prepara Familia y Cecodap presentaron un informe documentando el desabastecimiento de medicamentos, la crisis de infraestructura y los brotes infecciosos en el hospital.

Al año siguiente solicitaron una extensión de las medidas cautelares para 13 servicios más del pediátrico, debido a la precariedad en la atención de los niños y niñas hospitalizados. La CIDH volvió a responder y mediante una resolución en 2019 incluyó los servicios de Cardiología, Hematología, Neumonología, Medicina 2, Medicina 3, Anatomía Patológica, Centro de Lactancia, Consulta Externa y Triaje, Neurocirugía Pediátrica, Pediatría Integral, Nutrición, Medicina de Adolescentes y Neurología Pediátrica.

Pero el gobierno de Nicolás Maduro no ha prestado atención a las denuncias de las víctimas y sigue sin garantizar el derecho a la salud de los niños mientras la cifra de fallecidos no para de aumentar. 

Según estimaciones de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (Ontv), por lo menos 150 niños, niñas y adolescentes pudieran haber recibido un trasplante si la procura de órganos siguiera activa.

El Estado no hizo nada

Niurka Camacho denunció la crisis que viven los pacientes renales en Venezuela. El 30 de junio, participó en una sesión de la CIDH para exponer la situación que enfrentan los pacientes crónicos y pedía que se reactivaran los trasplantes.

“En el hospital ha sido muy difícil porque he visto a muchos compañeros falleciendo esperando un trasplante. Es difícil para mí porque yo no quiero que me pase lo mismo por la espera de un trasplante, y por eso pido que reactiven los trasplantes. Que por favor se haga algo, quiero una mejor calidad de vida”, dijo Niurka frente a las cámaras.

Niurka Camacho falleció el 3 de agosto de 2021 sin haber recibido un trasplante de riñón ni tampoco una respuesta del Estado venezolano. 

“El Estado ha incumplido su deber de garantizar el derecho a la salud y la vida. Hay demasiadas vulneraciones. Por eso estamos luchando porque se reactiven los trasplantes en condiciones seguras y se indemnice a las familias”, expresó Katherine Martínez, presidenta de la organización Prepara Familia. 

 

 

 

DDHH olvidados | Ignacio, torturado y agredido sexualmente por la PNB en protestas de 2017
Ignacio, un joven de Maracaibo, fue detenido en el contexto de las protestas de 2017. Durante su reclusión fue víctima de tortura y violencia sexual por varios de los funcionarios 

@ValeriaPedicini 

Ignacio fue detenido en 2017. Era 20 de julio y en Maracaibo había sido convocada una manifestación en el marco de una huelga general convocada a nivel nacional. Junto a él, 22 personas más fueron apresadas, incluidas dos mujeres y una niña de 13 años.

Las autoridades respondieron a la movilización con un despliegue mixto de fuerzas de seguridad compuesto por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Mientras la GNB se enfocaba en tareas de control de la manifestación, la PNB llevaba a cabo las detenciones. 

Un informe policial señala que cerca de las 7:00 de la noche, los cuerpos de seguridad se encontraron frente a una situación de disturbio público cerca del cruce Amparo. En el sitio había “un grupo de ciudadanos encapuchados, visiblemente portando bombas molotov, objetos contusos y escudos estaban arremetiendo contra los bienes públicos y privados de la zona”.

Cuando los manifestantes intentaron irrumpir en las instalaciones de la sede de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos. Los efectivos habrían detenido solo a 20 hombres durante la operación y se incautaron tres escudos, dos bolsas que contenían dos cócteles molotov y unos fuegos pirotécnicos. 

Pero las declaraciones de los testigos registradas en el primer informe emitido por la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela en septiembre de 2020 dicen algo distinto. Según sus testimonios, fueron detenidos en lugares y en momentos diferentes a aquellos registrados en las actas policiales. 

Algunas detenciones se hicieron a tempranas horas de la mañana, otras alrededor del mediodía y otras al final de la tarde. Solo dos de las 23 personas detenidas recuerdan haber sido arrestadas a la hora que indicaba la policía. Los informes policiales no registraron la detención de las mujeres, ni de la niña de 13 años. 

Ahí vino lo peor

Los detenidos fueron llevados en la parte trasera de un gran camión estacionado frente a las instalaciones de Corpoelec, donde fueron golpeados por funcionarios con cascos, puños y las culatas de sus armas y les rociaron la cara con productos irritantes. 

También hubo agresiones sexuales

A una de las mujeres detenidas la manosearon de forma sexual mientras se burlaban de su novio. A la otra la llevaron a una zona junto al vestuario y le dijeron que si realizaba actos sexuales, sería liberada.

A la niña de 13 años le quitaron la camisa, le tocaron el pecho, las nalgas y la entrepierna; le dijeron que era imposible tener un cuerpo así a una edad tan joven. 

Ignacio* también fue una de las víctimas. 

Funcionarios lo agarraron por el pelo y uno de ellos le dijo: “¡Este es el nalgón que me hizo correr, vamos a jugar con él!”. Le bajaron los pantalones y uno de ellos lo violó con una porra. Mientras lo hacían, lo insultaban y degradaban. Dijeron cosas como “Mira cómo aprieta, mira cómo puja” y que le debía gustar lo que le estaban haciendo, registró el informe de La Misión de la ONU. 

Después de la violación, al joven estudiante lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. 

Los otros detenidos lo vieron todo. Al menos diez funcionarios, entre ellos dos mujeres, estaban presentes en la habitación cuando agredieron a Ignacio. Aunque algunos fueron identificados más tarde por testigos, otros tenían las caras cubiertas o los nombres cubiertos en sus uniformes. Uno de los detenidos identificó al jefe supervisor de la PNB ante el Ministerio Público, diciendo que había estado presente todo el tiempo. 

Al día siguiente fueron llevados al hospital Alfonso Pons para realizarles exámenes médicos forense de rutina y ordenaron a la doctora no plasmar en el informe los signos de violación evidenciados. Efectivos de la PNB amenazaron con golpear a los detenidos de nuevo si contaban sus lesiones. 

Las acusaciones 

El 22 de julio, los detenidos fueron trasladados al Tribunal Militar Decimoctavo de Zulia, sin que ninguno fuera militar. Fueron acusados de los delitos militares de rebelión, ataque y ultraje al centinela, menosprecio a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y destrucción e inutilización de naves y valores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y violación a la zona de seguridad. 

Durante la audiencia de presentación ante el tribunal militar, Ignacio declaró que había sido violado. Denunció frente a la jueza la tortura a la que fue sometido en las instalaciones de Corpoelec e identificó a dos funcionarios custodios presentes en la sala como los perpetradores.

La jueza ordenó a la Fiscalía de Derechos Fundamentales que abriera una investigación sobre las denuncias, así como nuevos exámenes médicos forenses. 

Los exámenes realizados el 25 de julio de 2017 indicaron que Ignacio presentaba un hematoma en los glúteos en forma de barra y fisuras anales consistentes con la penetración. El resto de los detenidos presentaban lesiones como moretones en la cara y la cabeza, el abdomen, la espalda y las piernas producidos por objetos contundentes, heridas por perdigones en el abdomen, quemaduras en los glúteos y el cuello y quemaduras químicas en los ojos.  

Pero la jueza militar ordenó un arresto domiciliario por 45 días para el muchacho y prisión preventiva para el resto,  no para los funcionarios. Con posterioridad, a solicitud de la Fiscalía Militar, se desistió de la prosecución y el tribunal militar otorgó el sobreseimiento del caso. 

10 meses después, en mayo de 2018, la denuncia realizada ante la justicia militar fue tomada en cuenta por la Fiscalía 45 del Ministerio Público con competencia en materia de protección de derechos humanos. 

Esta solicitó la aprehensión de los funcionarios Alvis Labarca, Kendry Osorio, Michael González, Rolando Baleta, Lizsujey Niebles, Joxy Quiroz, Carlos Contreras, y Manuel Chacón. La Dirección General de Contrainteligencia Militar procedió a detenerlos, pero algunos ya habían huído del país. 

En la audiencia de presentación de los funcionarios detenidos, el Ministerio Público imputó a los funcionarios los delitos de violación y trato cruel, ratificando que se mantuvieran privados de libertad, requerimiento que fue acordado por el tribunal de control.

El Ministerio Público acusó a Labarca de violación y al resto de ser cómplices en la comisión de este delito. Para complementar la acusación fiscal, el equipo de defensa de la organización Codhez, presentó una acusación particular propia con el objetivo de resaltar que la violación fue un acto de tortura.

Un largo camino

La audiencia preliminar fue diferida siete veces en 2018 y los representantes de las víctimas tuvieron dificultades para acceder al expediente penal. Finalmente consiguieron acceso al documento, a través de una orden de protección constitucional.

La audiencia preliminar tuvo lugar el 5 de diciembre de 2018 ante el Décimo Tribunal de Control del Zulia. El juez confirmó los cargos de violación y trato cruel, con uno de los acusados como autor de los actos y los otros como cómplices. 

Los abogados del Codhez solicitaron sin éxito que los acusados fueran acusados de tortura, según la ley nacional sobre la tortura y los tratos crueles e inhumanos, dado la gravedad de los hechos y el daño. 

El juicio fue diferido varias veces, debido a la ausencia de los fiscales, los abogados defensores o a las dificultades para transportar a los acusados.

El 6 de septiembre de 2021, ocho exfuncionarios de la PNB fueron condenados a 24 años y 3 meses de prisión, responsables de los delitos de violación y trato cruel contra Ignacio. La sentencia recae también sobre Michael González y Leonardo López, pese a que se encuentran evadidos, con una orden de captura por parte de la Interpol.

Sin embargo, no se han presentado cargos por actos de detención arbitraria, tortura, incluyendo la violencia sexual, u otros actos crueles, inhumanos o degradantes contra las demás víctimas, incluyendo la menor de edad y las demás mujeres detenidas el 20 de julio de 2017.

En el primer informe emitido por la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela en septiembre de 2020 señalaron que “hay motivos razonables para creer que se cometieron actos de violencia sexual y de género, incluida la violación contra” Ignacio y otras formas de “violencia sexual contra una niña de 13 años y una mujer, lo que equivale a tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes”. 

Para Codhez, las circunstancias del caso constituyen un patrón de persecución y criminalización en contra de las personas disidentes al régimen político actual, ejecutado y materializado por funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano.

Aunque la sentencia contra los funcionarios “no es suficiente para reparar el daño causado a la víctima”, la ONG ve como positivo que los tribunales nacionales impartan justicia a agentes del Estado responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

“Esperamos que este caso siente un precedente para detener la impunidad reinante en el sistema judicial venezolano en relación con los casos de violaciones de derechos humanos, que involucran la actuación de funcionarios de seguridad nacional, tanto de fuerzas policiales como militares”, apunta Codhez.

*El nombre de Ignacio es ficticio 

 

DDHH olvidados | Investigar la corrupción del chavismo le ha salido caro al fiscal Luis Sánchez
El fiscal Luis Sánchez fue detenido en agosto de 2017 por efectivos del Sebin luego de investigar un caso de corrupción que involucraba a Tarek William Saab 

@ValeriaPedicini 

Luis Sánchez Rangel tiene más de cuatro años preso. 1523 días. Efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo detuvieron el miércoles 16 de agosto de 2017. Primero lo llevaron a Plaza Venezuela y luego a El Helicoide, una de las sedes de la policía política, donde todavía está encerrado. 

¿Su delito? Hacer su trabajo. 

El abogado comenzó a trabajar en el Ministerio Público en 2012 y a finales de 2016 lo trasladaron a la Fiscalía Quincuagésima Quinta Nacional con competencia en casos de anticorrupción para ejercer como fiscal auxiliar. 

La Fiscalía 55 había estado investigando silenciosamente desde 2015 delitos de corrupción que involucraban a las empresas Pdvsa y Odebrecht. En 2016, la búsqueda avanzó y dio resultados: la investigación revelaba que la petrolera estatal había adjudicado contratos públicos por cientos de millones de dólares a empresas fantasma. 

Para cuando comenzaron los allanamientos y detenciones, Luisa Ortega Díaz todavía era fiscal general de la República. Las investigaciones fueron avanzando y creciendo; tanto que Sánchez y otro fiscal llamado Pedro Lupera se tuvieron que dividir las tareas: uno se encargaría de viajar hasta Brasil para entrevistar a dos testigos en el caso de Odebrecht y el otro se centraba en unas irregularidades en el manejo de la Faja Petrolífera del Orinoco con Pdvsa. 

Los miembros de la Fiscalía 55 comenzaron a ser perseguidos. Sánchez y su pareja recibieron amenazas de muerte para que dejara el caso de la estatal. Aunque otros cuatro fiscales se salieron de la investigación, él continuó. 

Todo empeoró después del allanamiento a las oficinas de la Constructora Conkor el 14 de febrero de 2017.  La empresa, fundada en 2020, se presumía que pertenecía a Tarek William Saab, el entonces Defensor del Pueblo. Entre los clientes de Conkor estaba la Corporación de Vialidad e Infraestructura del Estado Anzoátegui (Covinea), que contaba con 39 contrataciones y obras que fueron iniciadas entre 2006 y 2012, durante la primera y segunda gestión de William Saab como gobernador de la entidad.

Nombrado en televisión

“Estamos aquí denunciando formalmente al señor Germán Darío Ferrer, diputado a la Asamblea Nacional, al señor José Rafael Parra Saluzzo, abogado, a la señora Yoconda González, ex directora general del despacho de la fiscal (Luisa Ortega Díaz), al señor Pedro Lupera, fiscal quinto de la fiscalía 55 nacional con competencia plena, al señor Luis Sánchez, fiscal auxiliar de la fiscalía 55 (…) Es una gran red de extorsión que se ha desmantelado”, expresaba Diosdado Cabello en una rueda de prensa el 16 de agosto de 2017. 

El recién electo presidente de la asamblea nacional constituyente mostró lo que, según él, eran copias de cuentas abiertas de un banco llamado UBS Bahamas, aparentemente establecidas por Sánchez y otros acusados.

El número dos del chavismo dijo que habían presentado una denuncia ante el Ministerio Público y aseguraba que Tarek William Saab ya había ordenado la detención de los miembros de la presunta red de extorsión.

Horas después, William Saab, ya designado como fiscal, informaba que la captura inmediata de Luis Sánchez ya había sido solicitada. Dijo que “según lo que hemos estudiado apenas en estos minutos”, los presuntos delitos involucrados fueron corrupción propia, extorsión, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

Luis Sánchez estaba en su casa tomando un baño mientras todo eso pasaba. El abogado estaba de reposo médico porque hace apenas un par de semanas le habían puesto un holder para monitorear su corazón producto de la hipertensión arterial crónica que sufría. Estar en casa también significaba poder acompañar a su esposa Mariangel Ramírez que tenía cuatro meses de embarazo. 

Mientras Diosdado Cabello hablaba, Sánchez recibió una llamada de un colega que le decía que fuera a la oficina urgentemente porque miembros del Sebin lo estaban buscando. Preocupados por su seguridad, apagaron sus teléfonos celulares para que no pudieran rastrearlos y condujeron a la casa de su madre.

La policía primero allanó la Fiscalía 55 e incautó 300 carpetas relacionadas con dos expedientes sobre investigaciones de corrupción en la Faja Petrolífera del Orinoco y otros objetos como computadoras y las agendas personales de los fiscales. 

Alrededor de las 7 de la noche de ese mismo día, unos 30 funcionarios del Sebin en seis patrullas aparecieron en la vivienda de su suegra en busca de Sánchez. Llevaban pasamontañas cubriendo sus rostros y le apuntaron con armas de fuego largas. Según dos testigos presentes, no presentaron órdenes de aprehensión y allanamiento y esperaron varias horas hasta que dos fiscales, también con pasamontañas, se presentaron con órdenes judiciales.

Retrasos procesales

A Sánchez primero lo trasladaron a la sede del Sebin en Plaza Venezuela. Ahí estuvo dos días hasta que fue presentado en tribunales, el 18 de agosto. En la audiencia de presentación, que se extendió hasta la madrugada, la entonces Jueza Vigésima de Control Penal ordenó su prisión preventiva. No emitió el acta de la audiencia de presentación hasta varios días después, a pesar de que llevaba la fecha del 18 de agosto de 2017.

A raíz de una solicitud realizada por la defensa, el 4 de septiembre de 2017, el Departamento de Supervisión Bancaria del Estado de Bahamas devolvió una carta certificada en la que decía que el Banco UBS estaba inactivo en el país desde el 1° de abril de 2015. El supuesto cierre del banco se produjo un año antes de la denuncia de los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente en la que se alegaba que Sánchez había abierto las cuentas bancarias (marzo y abril de 2016), y en la que se basó la orden de prisión preventiva.

En la acusación presentada por el Ministerio Público el 2 de octubre, solo se aportaban pruebas respecto a los delitos de extorsión, sustracción de sellos, uso de datos de carácter reservado y asociación. No hacía mención al cargo de corrupción propia, a pesar de que se había imputado en la audiencia de presentación. No se presentó ninguna prueba con respecto a los cargos de legitimación de capitales o enriquecimiento ilícito.763 Los documentos de las supuestas cuentas del UBS Bahamas Bank no figuraban entre las 37 pruebas presentadas en la acusación, aunque sí estaba la denuncia de la Asamblea Nacional Constituyente.

En el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU señalan que el caso de Sánchez tiene múltiples irregularidades procesales. 

Entre estos se mencionan los 22 diferimientos de la audiencia preliminar, la prisión preventiva ha durado más de los dos años permitidos por el Código Penal y el no haber compartido el expediente del caso con la defensa. 

“Al momento de redactar este informe, pasados más de cuatro años desde su detención, Luis Sánchez permanece detenido en El Helicoide del SEBIN sin haber tenido un juicio”. 

 

Evidencia preliminar indica que trastornos menstruales luego de vacuna anticovid son transitorios
Algunas mujeres han reportado alteraciones tales como adelantos o atrasos, aumento o disminución en la cantidad de la hemorragia, ciclos más duraderos, aparición del período a pesar de usar DIU, y aumento en los dolores menstruales
Las investigaciones hechas hasta ahora indican que estas alteraciones se registran en los ciclos cercanos a la colocación a la vacuna. Esto no debe convertirse en una contraindicación o en un llamado a desconfiar de la inmunización contra el COVID-19

@ValeriaPedicini

Andrea Paola Hernández había ido a recibir la segunda dosis de la vacuna Sinopharm contra la COVID-19 y a las 12 horas le empezaron a doler los ovarios. Le pareció raro porque era más fuerte e intenso de lo usual. Era normal que los tuviera antes o durante su ciclo menstrual, pero no fuera de esas semanas tan lejos de su período.

Estuvo alrededor de tres días con el malestar. Al no haber otro motivo aparente para el dolor de vientre inusitado, pensó que la vacuna contra el coronavirus debía ser la razón. Comunicó su sospecha en su cuenta de Twitter y recibió varias respuestas de otras mujeres que también habían notado cambios.

A pesar de que los dolores no se repitieron en el siguiente ciclo menstrual, sí notó que han variado de forma muy ligera, a veces con mayor o menor abundancia, lo suficiente para notarlo. Le preocupa que pudiera causar daños a largo plazo en su menstruación o en su salud reproductiva.

Algo parecido le pasó a Dayana Álvarez. Se vacunó contra la COVID-19 y su siguiente ciclo menstrual fue más abundante que de costumbre, tanto para que quedara registro en su ropa. “Jamás me había pasado que manchara las sábanas durante la noche y los pantalones. Conozco mi cuerpo y eso era raro, prendió mis alarmas”, cuenta la joven de 26 años.

A Yoselyn Rivas su menstruación se le adelantó una semana, a pesar de que su regla siempre ha sido puntual. Al principio no lo relacionó con la vacuna contra el coronavirus, pero luego de comentarlo con sus amigas, se dio cuenta de que ellas también habían sufrido cambios en su ciclo menstrual días después de la vacunación. “Estoy convencida de que tiene algo que ver”, dice la comerciante de 34 años.

Ellas no han sido las únicas. Cientos de mujeres han ido a las redes sociales a exponer su preocupación y sospecha sobre los efectos adversos tras el pinchazo de la vacunación y han encontrado a otras mujeres o cuerpos menstruantes con experiencias similares.

Aumento o disminución en la cantidad de la hemorragia, dolores en los ovarios, punzadas en el vientre, adelantos o atrasos, ciclos más duraderos, aparición del período a pesar de usar DIU han sido los efectos reportados. Los cambios se han visto incluso en hombres transexuales que han tomado hormonas para detener sus menstruaciones y en mujeres menopáusicas, quienes han visto regresar sus sangrados tras recibir la vacuna. 

¿Es descabellado pensar que alteraciones en la menstruación y vacunas están relacionadas?

El sistema inmunológico está relacionado con todo el organismo. En el caso de las mujeres, las células inmunitarias están presentes en el revestimiento del útero y su función no es solo permitir el paso de los espermatozoides, sino la implantación del embrión en el momento en el que va a suceder el embarazo o su desprendimiento en forma de menstruación si esto no ocurre.

Durante la regla, son muchos los cambios que ocurren en el cuerpo de una mujer: físicos, hormonales, emocionales y hasta psicológicos. La ginecóloga Bethania Aller explica que es normal que las mujeres tengan en un año por lo menos un episodio de una alteración en el ciclo menstrual.

Todas las mujeres, en algún momento de sus vidas, pueden sufrir un trastorno en su período. Así que para ella, una enfermedad como el coronavirus, que trae otros efectos secundarios como fiebre, tos o malestar, pudiera afectar a los cuerpos menstruantes. Si la vacuna altera el sistema inmunológico, podría estar afectando el ciclo menstrual.

“Esto puede ir desencadenado por episodios de estrés, duelo, eventos traumáticos, dietas, ejercicios, viajes. Son muchísimos los motivos que pueden desencadenar esta alteración y, por supuesto, que algo como la vacuna o padecer de la COVID-19 no podía quedarse atrás”, dijo la obstetra.

Explica que una de las hipótesis que se maneja es que se pudiera tratar de una coincidencia entre la vacunación masiva con este episodio de alteración en el ciclo menstrual. “Sin embargo, cada vez más hay estudios y reportes de que sí pareciera que hay una relación, pero hasta ahora solo ha sido relacionado muy puntual: solamente en el ciclo en el cual la mujer se pone la vacuna. En la mayoría de las mujeres debería volver a la normalidad luego de ese período de vacunación”, señala la doctora.

¿Hay evidencia científica?

Las mujeres podrían ser más propensas a registrar efectos secundarios por las vacunas que los hombres. En estudios de 2013, cuando fueron aplicadas las vacunas contra la influenza, científicos descubrieron que cuatro veces más mujeres que hombres entre 20 y 59 años reportaron reacciones alérgicas, pese a que fueron vacunados más hombres que mujeres. En otro estudio, se descubrió que entre 1990 y 2016, las mujeres conformaron el 80% de todos los casos de reacciones anafilácticas a las vacunas en personas adultas.

Esto también pasó con la vacuna contra la COVID-19. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades examinaron las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna. Descubrieron que el 79% de los efectos secundarios notificados procedían de mujeres, aunque solo el 61% de las vacunas se habían administrado a mujeres.

“No me sorprende en absoluto”, dijo Sabra Klein, microbióloga e inmunóloga de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins. “La diferencia que se da según el sexo coincide por completo con informes anteriores relacionados con otras vacunas”.

¿A qué se podría deber? A que los hombres y las mujeres suelen responder de forma diferente a muchos tipos de vacunas, debido a una mezcla de factores tales como las hormonas reproductivas o diferencias genéticas.

Específicamente con la menstruación, la vacuna contra el virus de papiloma humano (VPH) se ha asociado con trastornos en el período. “Sí hay una asociación entre otras vacunas y estos cambios menstruales, pero recuerda que la vacuna nos las ponían masivamente a los niños. Ahora es una vacunación masiva en adultos, por eso, estamos viendo una cantidad de cosas que no veíamos antes”, comenta Aller.

A pesar de los distintos efectos adversos registrados, hasta la fecha, no hay evidencia científica que confirme la relación entre alteraciones en la menstruación y vacunas contra la COVID-19. Por los momentos, solo es anecdótico.

Lo que sí permitieron los testimonios de cientos de mujeres que se cuestionaron sus cambios en el período tras el pinchazo fue que le abrió la puerta a investigadores, académicos e institutos alrededor del mundo para que lo investigaran.

Kathryn Clancy, profesora de antropología en la Universidad de Illinois en Estados Unidos, reportó que su menstruación fue más abundante después de haberse puesto la primera dosis de la vacuna Moderna. Lo publicó en Twitter y recibió cientos de casos parecidos.

Después del impacto y el alcance de su observación, se unió con Katharine Lee, investigadora postdoctoral de la Universidad de Washington en Saint Louis, para encuestar a las mujeres sobre los efectos secundarios a corto plazo de la vacuna relacionados con el ciclo menstrual.

Laura Cámara, matrona del Hospital Virgen de las Nieves (Granada), elaboró una encuesta luego de que profesionales sanitarias del centro de salud tuvieran estos cambios menstruales tras de la vacunación. Todo con la finalidad de conocer la frecuencia de los síntomas entre mujeres vacunadas en las mismas circunstancias, durante la primera fase de vacunación.

“Fue una sorpresa encontrarnos con síntomas similares”, dijo la especialista que trabaja en urgencias ginecológicas y obstétricas. Contó en una entrevista que estos síntomas “no se tomaron en serio” cuando las mujeres afectadas fueron a notificarlo. “Esa situación me enfadó bastante, porque realmente no sabemos si será de la vacuna o no”.

Aunque más de 7.000 mujeres contestaron la encuesta de Cámara, que no es oficial, el llamado de atención trascendió: la Universidad de Granada, liderada por un grupo de profesionales con el que la especialista colabora, inició un estudio de investigación de estos síntomas.

“Se está haciendo un registro de su ciclo y su patrón de sangrado, elementos que se van a estudiar durante unos meses después de la vacuna”, expresó Cámara. El proyecto lleva por nombre “Efecto de la vacunación contra el SARS-COV 2 en el ciclo menstrual de mujeres en edad fértil. Proyecto EVA” y se espera que en los próximos meses se puedan tener los resultados.

Más recientemente, un estudio del British Medical Journal reveló que casi 35,000 mujeres británicas han informado que después de su vacunación contra Covid, han experimentado períodos más dolorosos o irregulares. Sin embargo, un mes después, volvieron a la normalidad. La profesora de inmunología reproductiva que dirigió el trabajo dijo que las vacunas de Pfizer, Moderna y AZ Oxford estaban involucradas, además que hasta la fecha, no habido indicios de un impacto a largo plazo en la fertilidad.

Por su parte, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) asignó 1.67 millones de dólares para investigar un posible vínculo entre las vacunas COVID-19 y el ciclo menstrual, así cómo saber cuánto tiempo podría durar el efecto.

Pero, hasta la fecha, el Comité de Seguridad (PRAC, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) no ha encontrado ninguna asociación causal que vincule las vacunas contra la covid y los trastornos menstruales.

La necesidad de la perspectiva de género en la medicina

El desarrollo científico y conocimiento médico no ha estado desligado de la construcción patriarcal, siendo las mujeres las grandes olvidadas en el proceso. Carme Valls, médica y autora del libro “Mujeres invisibles para la medicina”, plantea que la ciencia es “androcéntrica” y ha dejado a un lado a la mitad de la población en sus avances.

«(La ciencia) se ha centrado en el hombre, a veces porque sólo se estudiaba a hombres, y a veces porque se pensaba que no había diferencias y que estudiando a los hombres se estudiaba también a las mujeres». Esta situación se ha traducido en más desigualdad, tanto en el conocimiento sobre los efectos de las enfermedades en las mujeres, como en su diagnóstico y tratamiento», expresa el texto.

Saber que existen diferencias biológicas entre los cuerpos de hombres y mujeres, y que reaccionan distinto ante las enfermedades, hace necesario que la aproximación a estos temas también sea diferenciada.

Laura Contreras, antropóloga y asesora en salud menstrual, sexual y reproductiva, asegura que la medicina nunca ha tenido un enfoque de género. “Ya se viene diciendo desde hace mucho tiempo, pero ahora con más insistencia, que no se tiene perspectiva de género en las investigaciones médicas. Esa es una deuda que tienen con nosotras las mujeres”.

Si el ciclo menstrual se puede desequilibrar por muchos motivos, ¿por qué no lo haría la vacuna si contiene material del propio virus que causa el coronavirus?.

“Me parece que es un poco irresponsable pensar que no va a pasar nada con ponerte algo nuevo a tu cuerpo cuando el cuerpo todo el tiempo está trabajando milimétricamente para que haya equilibrio”.

El hecho de que al momento de la creación de la vacuna contra la COVID-19 y de las pruebas no se haya tenido en cuenta cómo estos cambios pudieran afectar a las mujeres, es una muestra directa de ello.

“Yo entiendo que obviamente hubo una rapidez en el tema de sacar la vacuna y que quizá no hubo tiempo para pensar estos estudios, pero igual me hace pensar. Esta es la evidencia de que el tema de género todavía se habla entre movimientos feministas, pero para la ciencia todavía no es una prioridad. Yo creo que ni las mismas mujeres que participaron se preguntaron o lo plantearon. No lo previeron”, sentenció. 

Para ella, el hecho de que se hayan generado encuestas alternativas para cuantificar y encontrar una posible relación entre menstruación y vacunas es positivo. “Es una muestra de que nos estamos haciendo cargo de una investigación por lo menos no hegemónica y más libre de intereses”.

Igual hay que vacunarse

La ginecóloga y obstetra Bethania Aller afirma que así como las personas vacunadas son informadas sobre efectos secundarios como fiebre, fatiga, dolores en los músculos, en el caso de las mujeres o cuerpos menstruantes, debería indicarse que pudiera tener un trastorno menstrual.

Pero hace énfasis en que esta nueva información no debería levantar las alarmas porque es algo transitorio, no permanente. “Lo que hay que tener en cuenta es mencionarlo a la paciente para que lo sepa. Que si sucede algún trastorno menstrual es transitorio, no es grave y no va a afectar tu salud, hormonal ni tu salud reproductiva. Todo vuelve a la normalidad, máximo en un par de meses”.

La posibilidad de afectaciones en el ciclo menstrual no debe convertirse en una contraindicación o en un llamado a desconfiar de las vacunas contra la COVID-19, cuya eficacia y seguridad ha sido demostrada en los protocolos regulares.

Es necesario recordar que la vacuna está salvando vidas. Todo en la vida tiene beneficios y puede ser contraproducente. Eso simplemente es un efecto secundario que está saliendo por una vacuna que está buscando salvar al mundo de una pandemia. Hasta ahora no se ha visto un impacto en la fertilidad de las mujeres que se están vacunando”.