Valeria Pedicini, autor en Runrun

Valeria Pedicini

DDHH olvidados | El día en que Luis González despertó sin una pierna
A Luis González le amputaron la pierna izquierda tras recibir un impacto de bala por parte de la policía del estado Vargas en las protestas de 2017
El joven está recaudando dinero a través de GoFundme‌ para poder adquirir una nueva prótesis

@ValeriaPedicini

Luis González participó en las protestas de 2017 desde los primeros días. Es de Barquisimeto, pero se trasladó al estado Vargas para estudiar ‌Comercio‌ ‌Exterior‌ ‌en‌ ‌la‌ ‌Universidad‌ ‌Simón‌ ‌Bolívar, así que todos los días subía a Caracas para las manifestaciones. Siendo parte de los escuderos de “La resistencia”, lo hirieron varias veces. 

Una de esas ocasiones, después de tres meses en las calles, fue en la autopista Francisco Fajardo, cuando un contingente en motos de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana emboscó a la multitud y comenzaron a disparar perdigones. 

El joven hizo el intento de aguantar con su escudo, pero eran tantos disparos y el caos del momento, que soltó su escudo y corrió. Por el miedo y la adrenalina del momento no se había dado cuenta de que estaba sangrando hasta que un amigo le dijo. Recibió 12 impactos de perdigones en todo el cuerpo, 6 de ellos alojados en su pierna izquierda. 

Los cascos verdes de la Universidad Central de Venezuela lo atendieron, pero por el estado de las heridas, que eran grandes y profundos orificios, lo llevaron a la Clínica Ávila. Le extrajeron los perdigones superficiales, le limpiaron la herida, se la vendaron y le dieron de alta. No hubo mayor daño, solo necesitaba reposo y se recuperaría. 

Aunque al principio le costaba caminar, a las casi dos semanas salió de nuevo a las calles para continuar con las protestas. Junto a sus compañeros decidieron participar en las manifestaciones por el plebiscito nacional y en la noche trancaron la entrada de Naiguatá, en el estado Vargas. 

Primero llegó la GNB a dispersar la protesta, pero después llegó la Policía Municipal de Vargas para reprimir. Comenzaron a disparar y Luis pensaba que eran balas de goma porque apuntaban directamente a sus cuerpos. Hasta que le dieron un tiro en la pierna izquierda, la misma que tenía herida, y el dolor que sintió le hizo entender que eran balas. 

Del shock, Luis estuvo consciente alrededor de 15 segundos en el que pudo avisar a sus amigos que lo habían herido, pero después perdió el conocimiento, se le nublaron los sentidos. Despertó en la emergencia del ambulatorio

El diagnóstico era que la bala había roto la arteria poplítea, pero que no había mayor complicación porque había causado orificio de entrada y salida en la pierna. Se equivocaron. 

A los cinco días, su madre se alarmó cuando se percató que la pierna izquierda de Luis tenía mal olor. “Ahí nos dimos cuenta que las cosas iban muy mal”, cuenta el muchacho. 

Le informaron a los médicos, quienes chequearon el estado de la pierna. Tras varias horas, le dijeron que tenían que trasladarlo hasta el Hospital Pérez Carreño en Caracas porque había que operarlo y en el lugar no tenían al especialista necesario. Luis quedó desconcertado. ¿No le habían dicho que no era nada de gravedad?

Cuenta que en el Pérez Carreño, al saber que tenía un tiro en una de las extremidades, lo trataron como si hubieran recibido a un criminal. Estuvo toda la madrugada esperando a que lo atendieran. Un cirujano cardiovascular fue a verlo y le clavó un yelco en la pierna. 

-¿Lo sientes?

-No

-Ya no hay nada que hacer, hay que amputarte. 

Una operación con escaso pronóstico para Luis González

No hubo más explicaciones y Luis González sintió que el mundo se le iba encima. Además, tenían que regresar al recinto en Naiguatá para la operación porque había ocurrido negligencia médica y ellos no se iban a hacer responsables. 

Con un contacto de un amigo, lo pudieron trasladar al Hospital Universitario de la UCV en busca de otro diagnóstico. Una cirujana cardiovascular lo evaluó y le dijo: “Tengo que ser clara, el estado de tu pierna es crítico. 95% de tu pierna está muerta y tiene 5% de probabilidad de que se pueda salvar, pero igual yo me voy a arriesgar a hacerte la operación”. 

Esa misma tarde lo operaron para intentar salvarle la pierna. “Me la abrieron en ambos lados, al punto de que cuando la levantaba, podía ver a través de ella y veía el hueso”. Así estuvo dos meses, con limpiezas diarias a carne viva y evaluando el estado de la extremidad. “Fue una montaña rusa, una semana podía mejorar mucho y en la otra empeoraba. Fueron dos meses de altibajos”. 

La doctora que estaba a cargo de su cuidado le dijo que había que empezar a considerar la amputación. A pesar de que la cirugía había sido un éxito, la pierna no estaba mejorando, no estaba dando los resultados que ellos esperaban. Eso fue un golpe duro para Luis.

Una madrugada, el muchacho se levantó sobresaltado, casi sin poder respirar. El corazón le palpitaba muy rápido, sentía mucho frío y no controlaba su cuerpo. “Eran los indicios de una infección que había avanzado muy rápido”. Lograron estabilizarlo, pero horas después le volvió a ocurrir lo mismo. 

Los doctores decidieron enviarlo a cuidados intensivos para estar pendiente de él. Le pusieron una vía y eso fue lo último que recuerda. “Cuando despierto cinco días después me encuentro con la noticia y la sorpresa que me habían amputado la pierna”. 

Luis González no encontraba lógica a la situación. Para él había pasado solo una noche, estaba intubado, no se podía mover porque sentía el cuerpo adolorido y tenía una mano amarrada al borde de la camilla. Se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando le pidió a un enfermera que le subiera la espalda de la camilla y la sábana que tenía encima de las extremidades se movió y se dio cuenta que había un vacío en donde se suponía que debía estar su pierna izquierda. 

“Fue demasiado duro y traumático. Incluso dentro de mi shock, mi mente jugó en mi contra buscando otra explicación cuando en el fondo sabía lo que había pasado. Como estaba dormido pensé que la pierna se me había doblado o partido”, cuenta. 

Aprender a caminar

Los primeros meses fueron muy complicados para Luis. El volver a caminar, usar muletas, entender que la persona que iba a ver en el espejo diariamente era alguien diferente. “Eran muchas cosas nuevas. Saber que las cosas iban a cambiar en las actividades que yo hacía y que al principio iba a depender de mi mamá mientras me adaptaba para ir al baño, ducharme, levantarme de la cama”. 

Al principio andaba con muletas para mantenerse activo entre el trabajo y la universidad. Era una odisea pero mantenerse ocupado le permitía seguir en sus actividades. A los dos meses de que lo amputaron, estrenó una prótesis que le permitió tener mayor facilidad para caminar. Terminó el primer trimestre de su carrera, pero ‌cada‌ ‌vez‌ ‌se‌ ‌le‌ ‌hacía‌ ‌más‌ ‌difícil‌ ‌tener‌ ‌calidad‌ ‌de‌ ‌vida‌ ‌en‌ ‌Venezuela. Por‌ ‌eso ‌decidió‌ ‌emigrar‌ ‌a‌ ‌Chile‌ ‌el‌ ‌18‌ ‌de‌ ‌octubre‌ ‌del‌ ‌año‌ ‌2018.‌ ‌ ‌

‌Pero su‌ prótesis‌ ‌empezó a fallar. Le cuesta caminar con ella y a veces ha tenido que ir al trabajo sin ella porque le causa dolores de espalda. Luis ‌no‌ ‌cuenta‌ ‌con‌ ‌el‌ ‌dinero‌ ‌para‌ ‌comprar‌ ‌una‌ ‌nueva‌ ‌debido‌ ‌a‌ ‌los‌ ‌elevados‌ ‌costos,‌ ‌alrededor‌ ‌de‌ ‌15.000‌ ‌dólares. Por esos sus‌ ‌amigos‌ ‌abrieron‌ ‌una‌ ‌cuenta‌ ‌GoFundme‌ ‌‌para‌ ‌lograr‌ ‌la‌ ‌meta‌ ‌de‌ ‌una‌ nueva‌ ‌prótesis‌ para el muchacho. 

Como migrante, Luis González cuenta que no se puede dar el lujo de dejar de trabajar, Incluso‌ ‌entrena‌ ‌fútbol‌ y powerlifting,‌ ‌un‌ ‌deporte‌ ‌de‌ ‌levantamiento‌ ‌de‌ ‌pesas‌ ‌para‌ ‌personas‌ ‌con‌ ‌algún‌ ‌tipo‌ ‌de‌ ‌discapacidad.‌ ‌No le gusta ver su amputación como una limitación para hacer lo que quiera hacer. Al contrario, se ha dado cuenta de todo lo que es capaz de hacer si se lo propone. 

 

Valeria Pedicini Abr 07, 2021 | Actualizado hace 7 días
DDHH olvidados | Preso por tuitear
Pedro Jaimes estuvo preso durante un año y cinco meses, tiempo en el que lo interrogaron y torturaron, por haber tuiteado la traza aérea del avión presidencial en el que se trasladó Nicolás Maduro

@ValeriaPedicini

 

Pedro Jaimes salió de su casa, ubicada en Los Teques, para ir a la panadería cuando se percató de un carro sospechoso fuera de su vivienda. Era blanco, como de taxista. Nunca lo había visto en la zona. Cuando llegó al negocio y miró a la calle, ahí estaba otra vez el vehículo. Pensó que se trataba de un secuestro. 

Fue a hacer la cola para comprar un par de harinas en el supermercado y se le olvidó lo que había visto. Regresó a su casa sin contratiempos, pero cuando iba a entrar al estacionamiento, una camioneta blanca lo interceptó y de ella bajaron unos hombres con armas largas. 

-¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?
-Te vienes con nosotros. 

Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo sacaron de su casa el 10 de mayo de 2018. Lo golpearon sin dar explicación, agredieron a su hermana y robaron todo lo que tenía en su casa. Los efectivos argumentaron que Pedro había publicado la ruta del avión presidencial en el que se trasladó Nicolás Maduro dos días antes, a pesar de que esa información era pública.

Pedro utilizaba sus cuentas para publicar información del espacio aéreo venezolano. Siempre lo había hecho, solo porque era algo que le interesaba y le gustaba hacer. Per cuando la situación en el país empeoró, publicaba información de tráfico, protestas y de lo que sucedía por la crisis. 

Nicolás Maduro había anunciado un viaje al estado Aragua el 3 de mayo de 2018 y el publicó en su cuenta esa información, que era pública. No pensó que eso representaba un problema. Siete días después de eso, los agentes del Sebin lo fueron a buscar a su hogar. 

Pedro estuvo preso por un año y cinco meses. Primero estuvo en la sede del Sebin de Plaza Venezuela, donde dormía sobre un escritorio de metal porque en el suelo abundaban los animales rastreros y utilizaba sus botas como almohadas. Esas semanas no tuvo noticias de su familia, ni pudo comunicarse con ninguno de ellos. Estaba aislado, sin ver la luz del sol, sin saber si era de día o de noche y sin alimentos. 

Las marcas

Las torturas físicas y psicológicas empezaron el mismo día de su detención. Entre varios efectivos lo golpearon con un racimo de plátanos de un metro y medio que le partió una de las costillas. “Imagínate la fuerza con la que lo lanzaron, me pegaron como con un bate de béisbol”. Después lo pusieron en cuclillas y uno de ellos se le fue con todo su peso encima en la espalda con su rodilla. 

Esa vez perdió el conocimiento, pero las torturas no pararon los días siguientes. 

Lo envolvieron con cartón y papel periódico para golpearlo con tubos y bates sin que dejaran marcas en el cuerpo. Lo golpearon en la cabeza repetida veces, lo que le causó problemas auditivos en el oído izquierdo. Lo amenazaron con violarlo con un palo de escoba que tenían.

Amarraron una bolsa negra a su cuello, cubrieron su cabeza, le echaron insecticida adentro y mantuvieron la bolsa varios minutos para que se ahogara. “Había mucho sadismo. Me pegaban corriente por la espalda para que no viera lo que iban a hacer y mi cuerpo no se preparaba para el corrientazo. No se lo deseo a nadie”. 

A Pedro también lo interrogaron para que diera las claves de sus cuentas personales de Twitter. Lo trasladaron al piso 10 del edificio, donde había una especie de sala situacional en la que había varios jóvenes sentados frente a una fila de computadoras monitoreando las publicaciones de las cuentas de personajes políticos para ver si emitían algún comentario contra Maduro. “Estaban entrenados para vigilar a través de las redes sociales”.  

No sabe si fueron meses o semanas, porque le costaba medir el paso del tiempo, pero una noche lo trasladaron a El Helicoide. Todos querían saber quién era y lo investigaron para ver si era un funcionario encubierto porque, tras días sin estar en contacto con otras personas, llegó al sitio tratando de hablar con todos. “Yo estaba muy eléctrico, pensaban que era un periodista que les queria sacar información”. 

A Pedro lo encerraron primero en un cuarto blanco llamado “La Pecera” y que funciona como un lugar de hacinamiento. Nada más en esa celda había 12 personas. Cuenta que uno de los peores días que vivió en ese lugar fue cuando ocurrió el apagón nacional en marzo de 2019. Para él, sin tener idea de las horas que pasaban o de poder diferenciar entre el día y la noche, el apagón duró 15 días. Era tanta la oscuridad que la única forma de saber si estaba despierto era llevándose su mano a la cara para sentir algo. 

La libertad

El proceso judicial del caso de Pedro Jaimes estuvo lleno de irregularidades. Su audiencia preliminar fue diferida siete veces y diez veces el juicio oral. Lo habían acusado de espionaje informático, revelación de secretos políticos e interferencia de la seguridad operacional. Pero su defensa, abogados de la organización Espacio Público, argumentaron que la acusación de la Fiscalía era ilegal y debía ser rechazada por el Tribunal, ya que la información que el tuitero compartió era pública. 

De acuerdo con Espacio Público, el expediente de Jaimes muestra información forjada y evidencias que no relacionan causalmente con los delitos que se le imputaban. 

Tras ser presentado en tribunales estuvo desaparecido durante 33 días, por lo que la primera solicitud legal fue un habeas corpus para garantizar la seguridad personal de Jaimes y tener fe de vida. 

Múltiples organizaciones de la sociedad civil incluyendo a la internacional Human Rights Watch se pronunciaron por su caso. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares en octubre de 2018 exigiendo al Estado que respetase el derecho de Pedro Jaimes a la salud, vida e integridad. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgó una medida cautelar en octubre de 2018, pero fue ignorada por el gobierno de Maduro. 

La noticia de la libertad llegó el 17 de octubre de 2019. Pedro estaba durmiendo cuando los funcionarios llegaron a su celda para pedirle que los acompañara. Al principio no quiso porque tenía miedo a donde lo fueran a llevar, pero obedeció por la insistencia. Solo tuvo oportunidad de recoger su Biblia y una imagen de la Virgen del Carmen, que lo acompañó todo el tiempo durante su detención arbitraria. 

En las afueras de El Helicoide lo esperaba el equipo de Espacio Público y la orden era llevarlo, a él y a otros presos más, a la Casa Amarilla. 

El tuitero  fue excarcelado por la comisión de la verdad de la ilegítima asamblea constituyente como parte del “beneficio procesal” reseñado en el “acuerdo” firmado entre partidos políticos minoritarios de oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Ocurrió luego de que Venezuela fuera admitida nuevamente en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). El informe publicado por Michelle Bachellet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos, expuso las condiciones deplorables y torturas a las que son sometidos los presos políticos en Venezuela. 

Lo primero que quiso hacer fue visitar una iglesia para visitar al Santísimo y darle gracias a Dios por haberlo ayudado a resistir tras las celdas. 

Todo lo que vivió lo sigue afectando. Cuenta que todavía le cuesta escuchar el sonido de unas llaves que chocan entre sí porque durante su detención ese era el ruido que le indicaba en las madrugadas mientras todos los demás dormían  que quizá iban por él, a hacerle quién sabe qué. Piensa que las heridas sanarán poco a poco. 

El Tribunal segundo de Juicio de Los Teques, estado Miranda, le otorgó la libertad plena y declaró la inocencia de Pedro Jaimes el 21 de enero de 2021.

Las mujeres quedaron relegadas debido a la crisis en Venezuela
Organizaciones civiles mostraron cómo la crisis generalizada en Venezuela ha afectado de manera diferenciada a mujeres y niñas

La crisis en Venezuela es multidimensional. La emergencia humanitaria compleja ha dejado atrás las necesidades específicas de las mujeres en Venezuela y con la llegada de la pandemia de la COVID-19 en marzo de 2020, la situación no ha hecho sino empeorar. Esto ha generado un incremento de desigualdades sociales que ha impactado de forma diferenciada y desproporcionada a mujeres, adolescentes y niñas. 

Mujeres con VIH, mujeres migrantes y refugiadas, mujeres lesbianas, madres cuidadoras, mujeres defensoras, mujeres pacientes oncológicas. ¿Cómo se han visto afectadas por la crisis venezolana? ¿Cómo los derechos y necesidades de las mujeres son invisibilizados? 

Las organizaciones Prepara Familia, Unión Afirmativa, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Acción Solidaria, Funcamama y Uniandes participaron en el evento “Mujeres invisibles: el rostro de las mujeres invisibilizadas por la crisis en Venezuela”, en el marco del Sexagésimo quinto período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW65), para mostrar la crisis generalizada y su afectación diferenciada en las mujeres y las niñas. 

Son organizaciones de la sociedad civil que han vivido de primera mano las afectaciones de los derechos de estos grupos específicos de mujeres durante su trabajo en el terreno, realizando documentación en el ámbito local y en defensa de los derechos humanos.

A partir de las voceras de esas organizaciones, Runrunes recopiló unas claves para comprender la crisis venezolana a través de las mujeres: 

Mujeres en situación de pobreza 

“La Emergencia Humanitaria Compleja producto de la combinación de factores como la inestabilidad política, y el quiebre del Estado venezolano, ha generado el incremento de las desigualdades sociales y la pobreza subyacente”, señala Carolina Godoy, de Cepaz

¿Qué significa para una mujer vivir en pobreza extrema en La Dolorita, Petare? 

  • 14 años sin disponer de agua potable en sus hogares. Debe esperar a que llueva para redirigir el agua hacia tobos o envases.
  • No tiene servicio de gas doméstico directo, no reciben bombonas y cocinan a leña.
  • No tiene servicio eléctrico directo. Se ve obligada a conectarse ilegalmente al alumbrado público.
  • No tienen dinero en efectivo, lo que se traduce en la imposibilidad de trasladarse en transporte público.
  • Sufren de pobreza menstrual, al no poder comprar los insumos de higiene. Deben improvisar recortando ropa usada.
  • Tienen la preocupación diaria de no tener alimentos en sus casas. Las mayores ceden sus porciones a los otros miembros. La cajas CLAP son insuficientes y manejadas con criterios políticos.
  • Miran con preocupación el embarazo adolescente y a tener que verse forzadas a la práctica del sexo por sobrevivencia.
  • Miran con preocupación la sobre exigencia de los cuidados del hogar durante la cuarentena, lo que eleva el riesgo de deserción escolar en las adolescentes.
  • Se sienten usurpadas en lo más mínimo de su existencia: la cotidianidad. 

Mujeres de la comunidad LGBTI

Quiteria Franco, de la organización Unión Afirmativa, explicó que antes de la Emergencia Humanitaria Compleja y la pandemia, ya una situación de discriminación y violencia contras las mujeres lesbianas, en cuanto a la negación de derechos humanos por parte del Estado. Estos factores hicieron que las afectaciones se incrementaran y se diversificaran.

  • Imposibilidad de proteger a la familia a través del matrimonio, afectando a los niños de estas parejas que quedan desprotegidos. 
  • Violencia entre parejas, discriminación en el lugar de trabajo, en servicios ginecológicos y centros de donación de sangre.
  • Discriminaciones y violencias en lugares públicos como plazas, restaurantes y discotecas.
  • Acoso en centros estudiantiles y universitarios, contra docentes y estudiantes que se identifican como mujeres lesbianas.
  • Sufren de trata de personas, la prostitución forzada, migración forzada, inseguridad alimentaria y disminución en la ingesta alimentaria.
  • Precariedad en servicios básicos y de salud, escasez de toallas sanitarias.
  • Violencia en el hogar contra adolescentes y mujeres lesbianas proveniente de los padres o parejas. Amenazas de “violaciones correctivas” o de ser expulsadas del hogar. 
  • El confinamiento ha traído mayor desempleo.
  • El desempleo es otra consecuencia del confinamiento, porque muchas habían tenido que recurrir al trabajo independiente por la discriminación en lugares de trabajo. 

Madres cuidadoras 

Asistir a un hospital a tratarse cualquier complicación de salud es todo un riesgo, puesto que no hay garantías de obtener la atención adecuada. Ahora con el COVID-19 todo se agrava aún más. 

¿Qué viven las madres, hermanas, tías, abuelas cuidadoras de hijos o familiares con patologías crónicas? Katherine Hernández de Prepara Familia manifestó que se ven vulnerados sus derechos al pleno desenvolvimiento de sus capacidades, a la salud, a la educación, al trabajo digno, al ocio y al autocuidado están siendo aplazados y vulnerados

  • 95% de las que se internan con los niños o niñas en hospitales o unidades pediátricas son mujeres..
  • Al estar dedicadas exclusivamente al cuidado, no pueden integrarse al mercado laboral. Dejan sus trabajos, estudios, planes, entornos familiares. 
  • Deben movilizarse desde las regiones que habitan hasta hospitales de la capital.
  • No poseen recursos para cubrir sus necesidades personales mínimas: insumos de higiene personal, insumos de higiene menstrual, y alimentos.
  • Carecen de mobiliario acorde para pernoctar en condiciones dignas en las habitaciones de los niños. Las sillas o sofá-camas disponibles para dormir están muy deteriorados. Muchas mujeres cuidadoras duermen sobre toallas y sábanas.
  • Carecen de servicios sanitarios en buen estado. No cuentan con suministro de agua, lo que compromete su higiene menstrual y personal. 
  • Viven en condiciones extremas que ponen en riesgo su salud personal y mental. 

Mujeres pacientes oncológicas

Luisa Rodríguez de Funcamama señala que la organización ha prestado servicios de atención a mujeres pacientes oncológicas en el marco de la Emergencia Humanitaria Compleja. Además, han desarrollado programas como “Infórmate” para comunicar sobre la prevención y diagnóstico oportuno del cáncer de mama y “Cuídate”, programa que promueven estilos de vida saludables para disminuir riesgo de cáncer de mama, talleres de autoayuda.

  • En 19 años se ha reducido la expectativa de vida de las mujeres venezolanas debido a la mortalidad por cáncer de mama.
  • 5 millones de mujeres venezolanas entre 35 y 75 años deben realizarse una mamografía anualmente.
  • Venezuela tiene 14 millones de mujeres, según Cepal en 2020. De total de mujeres, se estimaba que fallecerían 15.928 por cáncer en el 2020
  • 349.238 mujeres (6%) tienen la capacidad para pagar una mamografía en un centro de salud privado.
  • 5.471.390 mujeres tienen que acudir a un centro de salud público 
  • Diariamente fallecen en Venezuela 8 mujeres por falta de atención en cáncer de mama.
  • 3.199 es el número registrado de mujeres fallecidas por diagnóstico tardío y falta de tratamiento de cáncer de mama. 
  • Una de cada 10 venezolanas desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida, siendo el riesgo 8 de cada 10. 

Mujeres defensoras de DDHH

Rosa Elena Acevedo de Uniandes asegura que la organización ha desarrollado un estudio con 168 mujeres en cuatro estados de Venezuela que contaron su trabajo en las fronteras como activistas y defensoras de derechos humanos.

  • 23% de las defensoras han sufrido algún tipo de amenaza e intimidación por parte de militares (47%), justicia (22%), gobiernos locales (18%), educación (8%), diputados (5%).
  • Las defensoras de DDHH se sienten vulnerables, no cuentan con las estructuras del Estado que den respuesta oportuna a quienes canalizan la defensa de los derechos humanos.
  • Sienten que están a merced de grupos armados. 
  • No tienen apoyo ni recursos.
  • Están en situación crítica por la actitud indiferente e insensible de la mayoría de los ciudadanos. 
  • Limitadas por los diferentes controles que ejerce el Estado, tales como las cajas CLAP, gas, gasolina, internet. 
  • Sin garantía para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.

Mujeres embarazadas y con VIH

La falta de cifras oficiales y la opacidad del Estado con indicadores de salud hace difícil medir con exactitud y precisión el impacto de la emergencia humanitaria en las mujeres venezolanas, expresa Natasha Saturno de Acción Solidaria

  • De 133 registros documentados en 2020 en el monitoreo de incidentes, 76 están relacionados al derecho a la salud de las mujeres. 
  • Los incidentes más denunciados o registrados fueron aquellos relacionados a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 
  • 90% de desabastecimiento de productos anticonceptivos, tales como condones femeninos, píldoras, aparatos intrauterinos. 
  • 50% de desabastecimiento de condones masculinos. Y si se consiguen, su precio sobrepasa el salario mínimo.
  • 57,7% de las mujeres no tienen acceso a servicios de salud de ningún tipo. 
  • La tasa de mortalidad materna es de 112,2 por cada 100 mil nacidos vivos.
  • Médicos y enfermeras se ven obligados a atender a mujeres embarazadas sin recursos. En muchos casos, tampoco pueden atenderlas y deben recorrer varios hospitales en trabajo de parto. 
  • Las mujeres embarazadas con VIH viven con el estigma. 2 de cada 4 mujeres con VIH son discriminadas en centros de atención públicos de salud. Les exigen un “kit de bioseguridad”, prohibido por la ley. 

 

DDHH olvidados | La última partida de fútbol de Carlos Moreno
El joven falleció por una bala de grupos paramilitares que impactó en su cabeza en una protesta de 2017 en Caracas

@ValeriaPedicini

Carlos Moreno estaba lleno de entusiasmo cuando se levantó temprano aquel 19 de abril de 2017. Era feriado, no había clases. Pensaba en el partido de fútbol que tendría en unas canchas en la urbanización Chuao con sus amigos y en los preparativos de su cumpleaños dentro de tres días porque cumpliría la mayoría de edad. 

Desde principios de mes los venezolanos protestaban diariamente contra el gobierno de Nicolás Maduro, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera dos sentencias que le arrebataron los poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. 

Ese día no fue la excepción. La oposición había convocado a “La mamá de todas las marchas”. En Caracas, la movilización pretendía llegar a la Defensoría del Pueblo, en el centro de la ciudad, desde 26 puntos distintos. La plaza La Estrella, en San Bernandino y a cinco cuadras de la casa de Carlos, formaba parte de la ruta. 

Ese día, como los otros, las calles estaban agitadas. Para la fecha, la represión de los cuerpos de seguridad del Estado ya habían dejado cinco fallecidos en todo el país. 

Por esa razón, su madre Ana Marisel Barón no estaba convencida de dejarlo ir. Pero el muchacho insistió y ella ni siquiera tuvo tiempo de hacerle el desayuno a su hijo menor por el apuro que tenía. 

–Ya me están llamando.

–No vayas a ir a la marcha mira que es peligroso.

–Te juro que no voy a la marcha, ¿acaso estoy vestido como para ir a una marcha?

La ropa deportiva que llevaba encima le daban la razón. La mujer le echó la bendición y el joven salió de su casa ubicada en La Candelaria, cerca de la Cruz Roja. “Yo le di permiso porque los 365 del año él quería ir a jugar fútbol y quería salir con sus amigos”.

No se sabe cómo o por qué, si esperaba a sus amigos para irse a jugar o realmente fue a la marcha tal como se lo había manifestado a su mamá en otras oportunidades y ella le negaba el permiso, pero estaba en la concentración cuando llegaron los pistoleros a la plaza La Estrella. Los manifestantes, con pancartas, pitos y gorras tricolor, habían comenzado a congregarse puntualmente en las esquinas que conforman la plaza. 

Ahí estaba concentrado un piquete de la Policía Nacional que, de acuerdo con testimonios recogidos por Runrun.es en 2017, se retiró cinco minutos antes de la llegada de los colectivos. 

A esa hora, ya la zona estaba repleta. Cientos de personas habían llenado la plaza y sus alrededores. “Aquí estábamos bien apretados”, apuntó un manifestante que estuvo ese día en el sitio.

De repente, los manifestantes escucharon tiros. 

Testigos del hecho aseguran que, cerca de las 10:30 am, al menos 15 colectivos bajaron en moto por la avenida Anauco mientras disparaban y lanzaban bomba lacrimógenas. Muchos corrieron huyendo del caos. 

Carlos José Moreno Barón no pudo: una bala en la cabeza le apagó la vida a los 17 años. Cayó en el piso, encima del rayado peatonal, aún con signos vitales. 

Como pudieron lo levantaron, lo montaron en una moto y lo trasladaron hasta la Clínica Caracas, cerca del lugar. 

“Él transitaba por la plaza La Estrella cuando ocurrieron los disparos. En el lugar había presencia de los llamados ‘colectivos’ y tras las detonaciones él cayó en la vía, víctima de un disparo a la cabeza. A mi casa llegó el rumor de que una persona había sido herida, pero jamás imaginé que se trataba de mi hijo”, cuenta su madre. 

Runrunes.es contabilizó 157 muertes relacionadas a las protestas de hace tres años. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos.

Carlos, joven cursante de su primer año de Economía en la Universidad Central de Venezuela (UCV), fue el sexto. El primer fallecido en las protestas de 2017 en Caracas. Fue la tercera víctima de los colectivos armados que, en total, mataron a 28 personas durante las protestas de 2017, y el segundo menor de edad que murió en manos de estos grupos paramilitares

“Cuando me llamaron de la Clínica Caracas diciéndome que Carlos José estaba en ese sitio y debía reconocer su cuerpo, no lo quise aceptar y aún no lo acepto”, cuenta Ana Marisel. No podía comprender lo que veía. “Yo todavía, viéndolo que estaba acostado en una camilla, no reaccionaba”. Los médicos le dijeron que su hijo tenía un disparo en la cabeza y estaba sedado a la espera de una operación. Fueron directos con ella: o quedaba parapléjico o se iba a morir. 

Las horas pasaron y alrededor de la 1:30pm, los doctores le dieron la noticia a los familiares del joven: no había aguantado la operación. “Yo analizo y pienso que la vida fue muy injusta conmigo, con él; tanto que luché para que pudiera estudiar, tanto que nos costó para que llegara a la universidad”. 

El mismo día de su muerte, los familiares de Carlos fueron hasta la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) a introducir la denuncia. Un grupo de uniformados de ese organismo, así como representantes del Ministerio Público, ya habían estado en la clínica levantando información sobre el suceso. La investigación quedó a cargo de las fiscalías 79° nacional y 55° del Área Metropolitana de Caracas. Un mes después del suceso, el fiscal encargado del caso le notificó que “el que accionó el arma está preso, junto a tres más”.

Se hicieron solicitudes de arresto para 16 miembros del Frente 5 de Marzo, pero solo cuatro han sido capturados y acusados. El 18 de mayo de 2017, el Tribunal 9º de Control de Caracas dictó privativa de libertad al oficial jefe de la Policía del municipio Sucre (Polisucre) Jonathan Ramón Camacho Delgado, de 35 años de edad, según informó el ministro de Interior, Néstor Reverol. El individuo, de alias “Jonathan 38” y supuesto autor material de la muerte del adolescente, pertenecía al grupo de colectivos denominado 5 de Marzo, pertenecientes al sector San José de Cotiza.

A Alexander José Linares, de 40 años de edad, también lo apresaron en las adyacencias de la avenida Fuerzas Armadas de Caracas. Lo imputaron por homicidio calificado, lesiones y agavillamiento. Un año después del asesinato, ninguno de los dos acusados ha sido sometido a juicio. Los mantienen en la cárcel de El Rodeo. 

El juicio todavía no se ha iniciado.

Ana Marisel lucha para reivindicar la memoria de su hijo y contra la impunidad de aquellos que le arrebataron su tesoro más preciado. Mientras tanto centra su esperanza en la justicia divina, ya que desconfía de la actual administración del sistema judicial venezolano: “Cuando ocurra un cambio de sistema espero que las personas que me arrebataron a mi héroe paguen por el daño que causaron. Un dolor de madre es inmenso. Siento que el corazón se me parte en dos”. 

N de R: El caso es extraído de las crónicas reseñadas por en el portal de Encuentro, Justicia y Perdón

El camino de Once upon a time in Venezuela no se acaba
El equipo del largometraje sigue planificando proyecciones gratuitas en espacios públicos en Venezuela
Su campaña de impacto por IndieGogo continua disponible para apoyar económicamente con el proyecto

Si se quiere ser cineasta, sobre todo independiente, el trabajo no termina el último día de rodaje o cuando se guarda la edición final de la obra. No es apagar las cámaras y acostarse a dormir a esperar que la pieza despegue, sea exitosa, gane premios.

No. Hay que comunicar, buscar conectar, vender el producto y llegar más allá de lo esperado. 

Y eso fue algo que la directora venezolana Anabel Rodríguez Ríos y el equipo de filmación detrás del largometraje Once upon a time in Venezuela tuvieron bien claro desde el principio. 

Anabel estaba en el Congo Mirador en 2012, haciendo un cortometraje llamado El Barril que forma parte de una serie llamada Why Poverty?, cuando unos habitantes de ese pueblo sobre el agua le contaron que la laguna sobre la que se levantaban las casas se estaba sedimentando. Que el pueblo estaba desapareciendo. 

La historia, los contrastes, la polarización, el ambiente, la magia. Ella y su equipo sintieron que ese sitio lo tenía todo, visual y psíquicamente, para contarle al mundo qué estaba pasando en Venezuela a través de un pueblo de pescadores que se asienta sobre las aguas del lago de Maracaibo.

Y vieron que el relato tenía potencial de convertirse en una película larga. 

Con la idea en la cabeza, armaron un proyecto que presentaron ante el Instituto de Cine Tribeca, organización artística de Estados Unidos que se encarga de apoyar el cine independiente desde el año 2001 con subvenciones y capacitaciones.

Fueron becados, así que de ahí vino el principal empuje económico para grabar en el Congo Mirador. Esa oportunidad también les permitió hacer una red, conectar con productores de todas partes del mundo, sobre todo de Estados Unidos, conocer otros institutos de cine y posibilidades de asesoría. 

“Ahí empezó esa mente a abrirse y ese chip a cambiar. Como proyecto buscamos ubicarnos donde estaban otros colegas que, al igual que nosotros, venían de otras partes del mundo”, cuenta Anabel. 

Buscaron más apoyo, uno que encontraron en el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía de Venezuela, IDFA Europa e IDFA Bertha Found, programas del Instituto Documental de Ámsterdam.

“Fuimos a varios mercados de documentales, talleres. Fueron ocho años de tener mucho contacto con la comunidad internacional de cineastas y de ver las perspectivas de cómo funciona un productor independiente”, cuenta Anabel. 

La cinta fue elegida entre 2.000 títulos y se proyectó durante una semana en el Festival de Cine Sundance 2020, uno de los festivales más importantes del cine independiente, que se realiza anualmente en el estado de Utah. Eso no fue exactamente una sorpresa. Fue emocionante, pero fue producto de un trabajo, hacer que las cosas sucedan. No un regalo.

“Yo creo que estos espacios se abren. Cuando tu empiezas a preguntar a programadores de festivales qué hace la diferencia entre las películas, analizas estas cosas. Por supuesto tiene mucho que ver con cómo está construida la historia, que tan conmovedora es; pero también tiene mucho que ver que tú estés conectando ese proyecto y esa historia dentro de esa comunidad. Eso es fundamental”.

Sin miedo a mercadear

Buscar conectar con una comunidad que apoye el proyecto fue la clave. No huir de la mercadotecnia. Si se hizo un producto, hay que buscar la forma de venderlo. 

“Es todo un ejercicio de conectar historias y de crear para que esto empiece a tener una posición. El mismo impulso central de la película es el mismo que usas para comunicar y para vender”. 

Y Anabel insiste: “Si uno quiere ser cineasta independiente, ahí es donde está una gran dificultad. Hay que pagar por la vida, insertarse de algún modo en el mundo y que valoren el trabajo y que ese mismo trabajo te permita continuar. Se trata de profesionalizar tu ocupación”.

Junto a su equipo fueron contestando las preguntas, apoyados de asesoría, para darle direccionalidad al montaje de filmación. ¿Cuál es la audiencia? ¿Cómo se va a comunicar la película? ¿En cuál festival van a entrar si no te aceptan en uno? ¿Cuál es la estrategia? 

No hubo regalos caídos del cielo.

Once upon a time in Venezuela pasó también por el Miami International Film Festival, la selección del Festival de Cartagena, Hot Docs en Toronto,VIFF Festival de Vancouver y al menos por otros siete festivales de Europa y América.

También recibió el reconocimiento a Mejor Documental y Premio de la Prensa en el 16º Festival de Cine Venezolano, así como la Mención Especial del Jurado en el International Film Festival and Forum on Human Rights (FIFDH), uno de los eventos internacionales más importantes dedicados al cine y a los derechos humanos en Ginebra.

El documental que cuenta la historia del pueblo pesquero del Congo Mirador recorrió más de 25 festivales internacionales, de los que se llevaron ocho premios.

Soñar en grande

Después de todo el trabajo hecho, festivales visitados, premios ganados… ¿Cuál era el siguiente paso? 

“Haciendo esa campaña de impacto uno se da cuenta que el escenario de mayor impacto en el mundo son los Premios Oscar”. El 28 de enero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos preseleccionó a Once upon a time in Venezuela para las categorías Mejor Película Internacional y Mejor Largometraje Documental, en el primer corte de 93 películas.

Aunque Anabel sabía que el chance era pequeño, no pudo evitar tener la convicción y ver la escena en su cabeza de cómo la primera producción venezolana llegaba los Óscar. Pero Once upon a time in Venezuela no pasó a la segunda ronda de selección, según se conoció el 9 de febrero.

Eso jamás significó dar por terminada la tarea. Hay vida más allá de los Óscar. “Fue un bajón. Pero uno agarra ese golpe con las mismas y al día siguiente de inmediato estaba trabajando como todos los días de mi existencia”, dice Anabel. 

Una de las finalidades de la campaña de impacto del largometraje que pensaron fue incidir en el ámbito de la situación venezolana. Para eso es esencial hacer el mayor número de proyecciones posibles, presentarlo en cines y a toda la comunidad venezolana, principalmente. 

El equipo de Once upon a time in Venezuela está centrado en hacer trabajo comunitario, producir foros, hacer conversatorios, hablar de lo que se tiene que hablar. “Tanto dentro de Venezuela o en sitios donde el tema de los refugiados es importante”. 

Es por eso que el recibimiento ha sido un gran impulso para seguir haciendo que la historia del Congo Mirador llegue a todas las fronteras. 

“Para eso es que uno hace todo ese esfuerzo y es para comunicar. Y como artista nunca me había pasado así tan contundentemente que hubiésemos logrado una narración que fuese clara y contundente para transmitir un sentimiento de corazón a corazón. Y eso es increíble, sentir que esta película está ayudándonos a hacer una catarsis que no hemos hecho. A mí me reafirma en un camino para continuar narrándonos a nosotros, tratar de entender lo que nos ha pasado y también buscar la manera de animarnos”. 

El equipo del largometraje sigue planificando proyecciones gratuitas en espacios públicos en todo el territorio durante los meses de marzo, abril, mayo y junio. Asimismo, su campaña de impacto por IndieGogo continua disponible para apoyar económicamente con el proyecto y para disfrutar de la película en Secret Screening.

Crearon una campaña de impacto en el extranjero, en la que han proyectado y charlas para reflexionar sobre la situación en Venezuela. Once upon a time in Venezuela fue vista en España en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Tenerife, Bilbao y Zaragoza gracias al trabajo en conjunto de distribuidoras.  

Además, estuvieron proyectando la película de forma mixta (en sala y digital) en el Festival de Cine de Luxemburgo y participó en Cine Latino, un festival de cine dedicado al cine latinoamericano, organizado por tercera vez en 2021 por el Festival Internacional de Cine de Bergen, en Noruega.

No hizo falta una guerra para desatar la violencia armada en Venezuela
El libro “Dicen que están matando gente en Venezuela” es una de las iniciativas de la Red de Activismo e Investigación para la Convivencia (Reacin)
Verónica Zubillaga y Manuel Llorens son los editores del libro y los responsables de haber reunido a una serie de investigadores para que el proyecto viera la luz. 
José Luis Fernández-Shaw, John Souto, Keymer Ávila, Andrés Antillano, Chelina Sepúlveda y Francisco Sánchez son los investigadores que, tras años de estudiar de cerca la violencia en Venezuela, reúnen su trabajo, experiencias y análisis en torno a la violencia

 

Cristina estaba lavando cuando policías entraron a su casa y mataron a su hijo; 10 meses después, asesinaron al segundo. Vecinos de Los Ruices que, desgastados por la delincuencia en la zona y la desprotección de las instituciones, hacían guardias para salir a linchar. Rafael, a quién le mataron a su hermano y él mismo fue secuestrado, mató a dos mesoneros que intentaron robarle dinero. Yarelis y Orlanda se unieron para apoyar a otras víctimas de operativos policiales, como ellas.

Todas estas personas tienen algo en común: sus vidas están atravesadas por la violencia que se vive en Venezuela. Un país que era la excepción de Latinoamérica y que actualmente es considerado de los más peligrosos del mundo. Sin guerras, pero con la llegada al poder del chavismo 

“Dicen que están matando gente en Venezuela. Violencia armada y políticas de seguridad ciudadana” de la Editorial Dahbar es el libro de la Red de Activismo e Investigación para la Convivencia (Reacin) que recoge estas historias para, desde una mirada amplia, profunda y variada, contar la violencia armada que ha marcado el país desde hace años. 

¿Un país violento? 

Todos lo dicen y las cifras lo confirman: Venezuela es un país violento. Pero desde Reacin no quisieron quedarse en las expresiones institucionales del fenómeno, sino profundizar en cómo la violencia ha marcado las relaciones, los espacios, la cotidianidad, la individualidad. 

“Quisimos poner la mirada sobre cómo pensar esa violencia desde otros lugares, cómo la viven y la subjetivan las personas que están formando parte de ese círculo. Esa es una aproximación que también nos hace ver no solo la violencia en sí misma, sino nos hace ver otro tipos de expresiones. Por ejemplo: cómo hace la gente para sobreponerse a la violencia”, cuenta Sánchez. 

“Dicen que están matando gente en Venezuela” no es una alegoría a la violencia, sino un texto que busca rescatar la humanidad de las personas que han construido sus vidas en medios violentos. 

Para Sánchez, la perspectiva desde la que se analiza Venezuela como país violento cambia. En donde no hay una sola violencia, sino distintas violencias, heterogéneas pero parte de un mismo lugar. 

John Souto, por su parte, considera que el tema de la violencia permite conjugar muchos aspectos de lo que le sucede a la sociedad venezolana. “Nos permite conjugar el sufrimiento que se genera más individual en cada uno de nosotros y a la vez en lo social. Es un fenómeno social que permite hablar desde lo más privado y lo más íntimo hasta lo más público o lo externo”. 

El libro no se centra en decir que Venezuela es violenta. Permite, a pesar del carácter crudo y desgarrador de la violencia, hacer un análisis más amplio con otros conceptos sociales. 

“Eso es lo que lo diferencia de otros materiales que se publican sobre violencia, que no solo está centrado en ver lo que la violencia nos define, sino también sus salidas, su comprensión más compleja. Esas grandes diferencias de violencia era tratar de ofrecer una mirada que no fuera simplificada sino una mirada más compleja, que tuviera varias facetas ”, continua Souto. 

El psicólogo explica que no quedarse en la simplificación del país violento permite hacer una memoria y registro más justo de lo que sucede en Venezuela. Además de que esa mirada permite romper con los moldes que la polarización ha generado. “Es comprender que no están sucediendo cosas porque dos o tres personas sean malas, sino que hay unas dinámicas que nos han acompañado por mucho tiempo y que no van a retirarse de nuestras vidas al retirar dos o tres personas malas señaladas, como a veces pensamos cuando se piensa en soluciones”.

El lado humano de la violencia 

Jóvenes, madres, vecinos, maestros, niños. ¿Cómo viven la violencia y a pesar de ella? ¿Cómo los ha afectado, individual y colectivamente? ¿Cómo resisten y buscan salidas al horror?

Ahí la diferencia y una de las particularidades de “Dicen que están matando gente en Venezuela”: las historias humanas. En cada capítulo, los investigadores cuentan cómo se aproximaron de forma metodológica a la violencia en los distintos grupos y comunidades. Estos registros, documentación y estudio han llevado años de trabajo de los investigadores.

“En la mayoría de los trabajos hay mucho acercamiento etnográfico. Es decir, estamos con la gente”, explica Sánchez. “Hacemos parte de la cotidianidad de las personas, intentamos acceder a cómo se vive el fenómeno desde ahí para poder pensar justamente sus implicaciones o las posibles alternativas”. 

Sánchez, quien trabajó con madres que habían perdido a sus hijos en operativos policiales violentos, cuenta cómo para él también las investigaciones fueron un proceso de transformación individual. 

“Yo soy psicólogo clínico comunitario e inicialmente los primeros acercamientos que tuve en mis primeras experiencias estaba muy vinculado al consultorio”. Una vez que se acercó al fenómeno, las cuatro paredes fueron insuficiente para comprender la realidad en la que se estaba involucrando”. 

“Todo este trabajo de las mujeres hubiese sido imposible si las mujeres no hubiesen querido que yo estuviese ahí. Fue un trabajo complejo que requiere de mucha elaboración. Relatos muy enriquecedores e impactantes, pero luego de compartir con este grupo de mujeres uno también se empieza a cundir de las fortaleza que ellas tienen. Tienen un fortalecimiento increíble para poder sobrellevar todo estos procesos”, asegura Sánchez. 

Souto, quien estuvo por meses en La Vega, San Agustín o Los Valles del Tuy, define la experiencia más importante de toda su carrera como psicólogo e investigador: cambió su mirada del trabajo en comunidad. 

“Apenas llegamos a La Vega ocurrió un evento que fue como lo previo a la instauración de las OLP, la comunidad fue tomada como dos meses entre luchas de dos bandas y cuerpos de seguridad. Fue un momento complicado y después continuamos ahí y los adolescentes nos contaban los daños que hicieron, las personas que fueron eliminadas, los que fueron detenidos injustamente”.

Resistir y buscar salidas a la violencia

Yarelis y Orlanda se organizaron para apoyar a otras víctimas de los operativos extrajudiciales en Venezuela. Sabían de qué se trataba porque cada una perdió a sus hijos de esa forma. “¿Cómo hacen para buscar justicia en medio de todo lo que han vivido?”, se pregunta Sánchez en el libro. 

Esa pregunta lo llevó a enfocar su investigación para contestar esa pregunta. Y descubrió que esa resistencia a vivir en la violencia y a pesar de la violencia se manifestaban en sus rutinas, en sus luchas y sus vivencias familiares. 

“Dicen que están matando gente en Venezuela” no solo se plantea contar las múltiples miradas de la violencia, sus defectos o su destructividad. Sino las soluciones que permitan salir de ese círculo. 

“Esa fue siempre la finalidad de la Red, del trabajo que hicimos en Reacin. Poder tener un poco de incidencia, poder hacer memorias, poder hacer registros y poder levantar datos para poder pensar políticas públicas”, afirma Sánchez. 

Convivir con ellas y su dolor de la pérdida también sirvió para conocer cómo podían resistir. Desde las alianzas, asociaciones. 

En sus años de investigaciones en las comunidades, Souto cuenta cómo la gente no solo sufría la violencia, sino que buscaban vías de salida o para conseguir recursos.

“Esa parte del impacto que tenía la violencia, pero al mismo tiempo no desgarraba totalmente las relaciones sino que también era un esfuerzo por continuar viviendo, cambió mucho mi mirada sobre cómo gestionan estas poblaciones la violencia. 

Estos acercamientos a los grupos de ambos investigadores también permitió conocer la relación de escepticismo que tienen con la justicia. La idea de que todos los cuerpos policiales son delincuentes o mujeres que no denuncian la violencia de los efectivos de seguridad porque no creen que sirva de algo. 

 

Asimismo, el libro también muestra el camino de búsqueda de reparación por lo que estas personas han sufrido en entornos violentos; así como la ausencia de justicia, reconocimiento o memoria. 

“Es imposible que un grupo de mujeres o un grupo de una comunidad puedan parar el nivel de violencia que desde el Estado se está articulando. Esa es una batalla que siempre se va a perder. Ves como las víctimas quedan entre la espera y la esperanza, y esa es una combinación letal”, reflexiona Sánchez. “Pensar la reparación es una tarea muy compleja pero yo creo que una de las enseñanzas que estas mujeres empezaron a mostrar es que a pesar de ser una tarea compleja es una tarea que hay que hacer”.

Acerca del libro

El libro es una de las iniciativas de la Red de Activismo e Investigación para la Convivencia (Reacin), fundada hace cuatro años. Si bien el fenómeno de la violencia ha sido una problemática de investigación, también ha sido la oportunidad de profundizar sobre un drama que afecta, de una forma u otra, directa o indirectamente, a los venezolanos. 

De cómo los venezolanos han sido sufrientes y también practicantes de violencia. 

Verónica Zubillaga -doctora en Sociología, profesora e investigadora- y Manuel Llorens -psicólogo, magíster en psicología comunitaria, profesor e investigador- son los editores del libro y los responsables de haber reunido a una serie de investigadores para que el proyecto viera la luz. 

José Luis Fernández-Shaw, John Souto, Keymer Ávila, Andrés Antillano, Chelina Sepúlveda y Francisco Sánchez son los investigadores que, tras años de estudiar de cerca la violencia en Venezuela, reúnen su trabajo, experiencias y análisis en torno a la violencia en este libro. 

Francisco Sánchez cuenta cómo “Dicen que están matando gente en Venezuela” no se concibió como un proyecto consecuencia de las investigaciones en Reacin, sino una expresión de todo el trabajo que han hecho desde la organización desde hace años. 

“Al tener como conjugación de distintas miradas y de distintas perspectivas, tal vez plantearse hacer un libro digamos que fue un proceso natural. El libro se termina  concretando luego de tener procesos de investigación que estaban echados a andar desde hace dos o tres años”. 

Este libro reúne materiales hasta la fecha nunca publicados sobre las políticas represivas del estado venezolano y se propone develar la diversidad de expresiones que ha adquirido la violencia armada en el país en los últimos años. 

Todo desde las herramientas que tienen como investigadores: el registro, el análisis, la reflexión y la denuncia. 

 

DDHH olvidados | Yo misma me dediqué a averiguar la muerte de mi hijo”
El joven Luigi Guerrero fue herido en una manifestación en el estado Táchira el 23 de enero de 2019
Ante la negligencia de los cuerpos de seguridad y de justicia, su madre se encargó de investigar la muerte de su único hijo

Luigi Guerrero nunca había ido a una marcha. Pero el 23 de enero de 2019 se animó a salir a las calles a manifestar. Lo decidió esa misma mañana cuando vio cómo las personas de su comunidad se preparaban para ir al centro de Táchira, donde tendría lugar la concentración. Vio que sus vecinos iban en grupos, familias completas con niños, y le pareció que no habría peligro. 

Como fue de imprevisto y no había hablado con sus amigos para ir a la concentración, fue solo. Le dijo a su madre Julieta Ovalles que a eso de la 1:00pm ya estaría de regreso. Para evitar que lo robaran, dejó su cartera con sus documentos en casa y se fue con un termo de agua y unas mandarinas. 

El reloj marcó la 1 y no había señales de Luigi. Dieron las 3:00 pm… Y nada. Julieta comenzó a preocuparse porque no sabía nada de su único hijo. Desde su casa escuchó en la radio del vecino que en el centro había enfrentamientos, dos muertos y ocho personas heridas. Inmediatamente pensó que a Luigi le había pasado algo. 

“Él era muy responsable y tenía que trabajar en la tarde. Además que él no estaba acostumbrado a la violencia y es una presa más fácil porque no sabría cómo actuar. Yo me lo imaginaba a él atrapado en medio de todo eso sin saber qué hacer”. 

Julieta se acercó al Hospital Central de San Cristóbal acompañada de su madre. El joven no aparecía en la lista de heridos ni en la de muertos. “Como Dios existe, una señora que estaba en la emergencia me dijo que era mentira que hubiera dos muertos, sino cuatro y los tenían en la morgue del hospital”. 

Subieron a la morgue y un muchacho que cuidaba la entrada le dio los nombres de los fallecidos, pero no figuraba Luigi Guerrero. Julieta no se conformó: “Me dicen que aquí hay cuatro muertos. Yo quiero verlos”. No tenía pensado moverse a buscar a su hijo a otro sitio hasta que no le dieran más información. 

De tanto insistir, el muchacho comenzó a hacerle preguntas. Si su hijo tenía aparatos, si tenía tatuajes, si tenía alguna marca característica en el cuerpo. Para todas, las respuestas eran positivas. Y el joven no pudo evitar expresar su sorpresa. Minutos después vio cómo del lugar salía un vehículo con dos hombres “con pinta de matones”. El joven que la había atendido le dijo que eran funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). 

En la morgue le preguntaron por el número de cédula de su hijo. El muchacho encargado se acercó a ella con un celular. “Señora, le voy a mostrar una foto de los tatuajes para que usted lo identifique”. Ahí estaban: un paisaje y una flor.  

Pero Julieta no se conformó con eso. Quería verle la cara porque sentía que cualquier otro joven podía tener el mismo tatuaje que su hijo. Hasta que le mostraron la foto que ella necesitaba ver, pero no pudo evitar el asombro porque su hijo estaba irreconocible. “Tenía la cara muy golpeada, inflamada. La nariz partida y la boca reventada”. 

No le quisieron entregar el cuerpo de Luigi hasta que no fuera al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). “Cuando me lo entregaron al otro día parecía que un camión le había pasado por encima. Estaba todo golpeado, la cara y el cuerpo. Tenía muchos morados”, cuenta. 

Julieta no pudo ni quiso quedarse de brazos cruzados con todo lo que vio del estado en el que se encontraba Luigi. “Yo misma me dediqué a averiguar la muerte de mi hijo porque fue demasiado sorprendente que me lo entregaran todo vuelto nada”. 

Empezó a averiguar qué había pasado en el hospital. Duró tres meses yendo al centro de salud a hablar con médicos, enfermeras, trabajadores. Quienes recibieron a su hijo, quienes estaban ese día. 

Los doctores le contaron que cuando Luigi ingresó a la emergencia, fue rodeado por efectivos del Sebin y del CICPC. “Mi hijo llegó vivo al hospital, lo atendieron en la sala de emergencia. Hubo un momento en que los médicos se fueron porque alguien dio la orden y lo dejaron solo con los agentes. Fue cuando lo golpearon, estando malherido”, explica Julieta. 

Los trabajadores del hospital detallaron que había llegado al centro de salud con una herida de bala y tuvieron que hacerle una abertura en el costado izquierdo del cuerpo para drenar la sangre porque tenía un derrame interno. Dos orificios. Y sin moretones. “Pero cuando a mi me lo entregaron, él tenía tres huecos seguidos en el costado izquierdo. Estando ahí le dieron otro tiro más”. 

Represión en todo el país

Luigi Guerrero fue a su primera marcha el 23 de enero de 2019, el mismo día que Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado de Venezuela. 

Al menos 33 personas fallecieron entre el 21 y el 24 de enero de 2019, en medio de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado a las protestas contra Nicolás Maduro. En 2017, ese número de muertes solo se había registrado tras 25 días de confrontaciones. 

La ola de protestas de 2019 estuvieron marcadas por la espontaneidad, por haberse trasladado del este al oeste o centro de Caracas y por ocurrir al caer la noche, casi siempre después de las 8:00 p.m. Las Adjuntas no fue la excepción: habitantes de Catia, La Pastora, la avenida Fuerzas Armadas, Altavista, Coche, La Vega, San Martín también salieron a las calles a exigir un cambio político. 

También se registraron saqueos, allanamientos ilegales y enfrentamientos de grupos paramilitares en zonas como Petare, El Junquito o el 23 de Enero. Entre el 21 y el 25 de enero, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1023 protestas en todo el país. 

La represión también arreció. El OVCS identificó a 51 personas muertas durante las manifestaciones, en Caracas y otras ciudades, entre el 22 de enero y 7 de abril, la gran mayoría por impacto de bala. El 68% de los asesinados son atribuibles al uso excesivo de la fuerza pública, siendo la GNB la principal responsable y seguida por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES).

El 23 de enero fue el día con más víctimas durante protestas en los últimos 20 años. El mismo día que Luigi Guerrero fue a su única y última marcha. 

Una madre que no se rinde

Julieta Ovalles se preocupó por documentar y registrar todo sobre la muerte de Luigi. Fue cientos de veces a denunciar lo ocurrido con su hijo y nadie le prestó atención. El caso de Luigi Guerrero está en Fiscalía, pero no ha avanzado nada desde aquel 23 de enero de 2019. Solo lo que ella se propuso buscar para la reconstrucción del crimen de su único hijo.

“Todo lo que se sabe sobre el asesinato de mi hijo es por la investigación que yo hice, ni la Fiscalía ni el CICPC han hecho su trabajo. Eso quiero que quede bien claro y así lo denuncio. Me pasé entre 8 y 10 meses investigando; la información que manejo es de primera mano”. 

Varias veces ha estado en el sitio donde Luigi cayó herido, visitó los comercios y contactó a las personas que estuvieron ese día en la zona. Habló con el personal médico que brindó los primeros auxilios a su hijo. Ubicó por redes sociales a los jóvenes que participaron en la manifestación, recopiló videos y fotos que la han ayudado a armar el caso.                                    

Sin embargo, con cierta desazón lamenta que todas las diligencias y demandas presentadas han sido desestimadas. Pero no desmaya, su determinación por honrar la memoria de su hijo y  el llamado a las autoridades a garantizar el derecho a la justicia consagrado en la Constitución Nacional, no cesan.

“Han hecho de todo para encubrir el asesinato de Luigi y se han burlado de mí. Yo exijo justicia al Ministerio Público y pido al ente encargado de las investigaciones, en este caso el CICPC, cumpla con su trabajo. Han sido crueles conmigo, con mi dolor de madre, pero Dios me dio esta fortaleza que me acompaña, mientras esté viva seguiré alzando mi voz”.

Este trabajo fue realizado gracias a la colaboración de la organización Justicia, Encuentro y Perdón

DDHH olvidados | Policías apagaron la sonrisa de “Doctor Cotillón”
Leonardo González fue perseguido y asesinado en las protestas de 2017 por policías municipales del estado Carabobo
Más de tres años después de que fueran identificados los responsables, el caso sigue en etapa de juicio

@ValeriaPedicini

A Leonardo González lo conocían como el “Doctor Cotillón”. Él era un payaso de hospital. Vistiendo una bata blanca, una nariz de payaso y gorro de arlequín, formaba parte de la organización Doctor Yaso que se encarga de visitar a niños, niñas y adolescentes en centros de salud para aliviar el sufrimiento de estos pacientes a través de la risa.

Así es como conocían al hombre de 48 años de edad, esposo y padre de tres hijas en su comunidad de Los Guayabitos en el estado Carabobo: por ayudar a la gente, por su alegría y su don servicial.

Fue por eso que la noticia de su asesinato el 27 de julio de 2017 causó consternación y dejó un vacío irreparable entre sus familiares, allegados y vecinos.

Ese jueves la gente se había concentrado en las calles para rechazar al gobierno de Nicolás Maduro una vez más. Las protestas callejeras llevaban más de tres meses consecutivos en todo el país. En la avenida Valencia del municipio Naguanagua, donde vivía Leonardo, también salieron a manifestar desde tempranas horas del día.

Todo marchaba con normalidad. Y de un momento a otro, apareció un contingente de la policía de Carabobo con intención de dispersar a las personas. Tras insultos, empujones y patadas vinieron las armas de fuego. Los efectivos soltaron varios disparos y la gente tuvo que salir huyendo del lugar.

El “Doctor Cotillón”, quien suministraba agua y alimentos a las personas que manifestaba, fue el último en hacerlo: un joven de 18 años había quedado rezagado y él había regresado a buscarlo.

Un efectivo policial con un arma de fuego en la mano se dirigió violentamente a él y Leonardo decidió correr. Funcionarios de la policía de Carabobo iniciaron una persecución en su contra, luego se unió la policía municipal de Naguanagua. Más de 30 funcionarios lo perseguían.

Testigos del hecho contaron que Leonardo les gritaba a los policías desde el carro donde estaba que no le dispararan porque él era de la sociedad civil. 

Lo acorralaron. El vehículo donde “Doctor Cotillón” estaba recibió 26 impactos de bala y una de ellas fue a parar en su espalda. Leonardo se bajó del carro y pidió ayuda a los efectivos, pero lo ignoraron.  Él cayó al pisó y murió en el lugar, a pocos metros de su vivienda.

“La manera como actuaron revela la intención de los funcionarios. Trataron a Leo como un delincuente, siendo un hombre extraordinario, íntegro, padre de familia; a ellos no les importó nada”, expresó su esposa Olga de González.

No se ha hecho justicia

Un registro llevado por Runrun.es contabilizó 157 muertos en el contexto de protestas de 2017. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.

Según los tipos de lesiones registradas, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: el abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio comenzaron a tratar heridas de bala.

De acuerdo con normas internacionales que rigen el empleo de la fuerza, las armas de fuego no deberían ser empleadas para dispersar manifestaciones. “El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos letales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale al uso excesivo de la fuerza y, posiblemente, a una ejecución extrajudicial”, reza el informe.

Asimismo, el artículo 68 de la Constitución venezolana prohíbe el uso de armas de fuego para el control de las manifestaciones. “Al revisar el carro y los bolsillos de mi esposo solo encontraron caramelos, cotillones. Nada de armas, de ningún tipo”, cuenta su esposa.

Doctor Cotillón sigue repartiendo sonrisas

A las 48 horas de haber fallecido, un funcionario de la policía municipal de Naguanagua, Ronald Vidal Paternina Ramírez, fue detenido y acusado por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía y motivo fútil, uso indebido de arma orgánica y omisión de socorro.

En 2018, fueron aprehendidos otros cinco funcionarios más, acusados como coautores de los delitos anteriormente señalados: Wuisnbert Alexander Fernández Riera, Johana Orlimar Medina Blanco, Joel Lenin Rodríguez Sánchez y los hermanos Krosslan Josueth y Radameth Josueth Acosta Malpica.

Más de tres años han pasado del asesinato de “Doctor Cotillón” y el caso sigue en etapa de juicio.

“El retardo se debe a múltiples diferimientos de la audiencia preliminar, debido a la falta de traslado de los privados de libertad, falta de debida notificación a las partes y la falta de despacho por parte del propio Tribunal, lo cual se ha agudizado tras la cuarentena”, dice Olga.

A todo esto, se le suman los frecuentes cambios de fiscales, lo que interrumpe la continuidad del proceso. “Me obliga a actualizar la historia cada vez que asume un nuevo fiscal, tener que empezar de cero, revivir los hechos (revictimización, en términos jurídicos), lo cual me parece un irrespeto del Estado hacia las víctimas; recientemente nos cambiaron ambos fiscales, el nacional y el regional”.

En 2019, Olga de González solicitó a la Fiscalía de Carabobo la apertura de una investigación sobre el sitio de reclusión de los exfuncionarios acusados. Porque no están cumpliendo la privativa de libertad en el centro penitenciario dispuesto por el tribunal. “Solamente Ronald Paternina está en el lugar de reclusión que fue dispuesto en su momento por el tribunal y la funcionaria Johana Medina que recibió una medida de arresto domiciliario por un embarazo que ya superó, y ahora estamos pidiendo que dicho beneficio sea revisado. La lucha es dura pero seguimos batallando hasta obtener justicia”.

Pero el legado de “Doctor Cotillón” continúa. Su familia creó la “Fundación Leonardo González Barreto: Sonrisas de Esperanza. “Mi esposo era un hombre extraordinario, un payaso humanista, una persona de bien que se dedicaba a llevar sonrisas, repartía alegrías, esperanzas a los hospitales, a los enfermos con cáncer. En tributo a su memoria nos dedicamos a llevar alimentos, medicinas y fuerza espiritual a personas en situación de calle, centros médicos, asilos, casas hogares y demás instituciones públicas o privadas de Naguanagua que requieran nuestro apoyo”.