Valeria Pedicini, autor en Runrun

Valeria Pedicini

CLAVES | Informe Acción Solidaria: 9 de cada 10 personas priorizan compra de comida sobre la salud
La organización identificó tres grupos vulnerables en la población venezolana: personas con VIH, mujeres y adultos mayores
75% de los encuestados para la investigación dijo no contar con seguro médico
37% de personas con VIH no tienen empleo formal, lo que representa una situación de vulnerabilidad importante 
Aunque los datos recolectados demuestran que no existe una brecha de género significativa en el nivel educativo, sí se puede observar una brecha dimportante en materia de acceso a trabajo y, en consecuencia, de ingresos económicos entre hombres y mujeres
En promedio, cada adulto mayor mantiene a dos personas económicamente, situación que aumenta las vulnerabilidades de este grupo

@ValeriaPedicini / Foto: Valeria Pedicini

 

La organización Acción Solidaria presentó su más reciente informe «La Encrucijada de la Salud: entre comida o medicamentos”, elaborado por el equipo de Exigibilidad de Derechos Humanos. 

La investigación, para la que se hizo un diagnóstico comunitario a 399 personas que acudieron a los servicios ofrecidos en la sede de la organización entre el 7 de marzo y 8 de abril de 2022, señala que más de la mitad de los encuestados consideran que sus ingresos son insuficientes y 9 de cada 10 dedican la mayor parte de estos a cubrir gastos de alimentación.

A pesar de tener patologías que requieren especial atención, relegan a un segundo plano los gastos en atención de la salud y medicamentos. El informe detalló que las tres principales condiciones crónicas de salud que presentaron los usuarios fueron hipertensión, Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y diabetes.

El 38% de los consultados por Acción Solidaria manifestó tener un trabajo formal, bien sea a tiempo parcial o completo, 24% no tiene trabajo, 15% trabaja de forma independiente, 11% trabajan en el hogar y 4% consigue sus ingresos en el sector informal.

Aunque la mayor cantidad de respuestas (167) indicaron que los ingresos obtenidos provienen de salarios y bonificaciones, el segundo grupo se debe a pensiones o jubilación (160), seguido de los bonos o ayudas del Estado (127), actividades independientes (74) y remesas (26). Por su parte, 23 personas indicaron no tener ninguna fuente de ingreso.

Acción Solidaria

Del total de personas encuestadas, 226 se identifican como mujeres (56,6%), 170 como hombres (42,6%), 2 hombres trans (0,5%) y 1 persona no binaria (0,25%). En cuanto a la orientación sexual, 91 se identificaron como personas LGBTIQ+.

Entre sus encuestados, Acción Solidaria identificó tres grupos que son especialmente vulnerables en la población venezolana: personas con VIH, mujeres y adultos mayores.

A continuación, los hallazgos más resaltantes de la investigación de Acción Solidaria:  

  • 61% de las personas consideran que sus ingresos son insuficientes o muy insuficientes.
  • 9 de cada 10 personas encuestadas indicaron que dedican la mayor parte de sus ingresos a cubrir gastos de alimentación.
  • En promedio, cada encuestado tiene al menos una persona a la cual mantiene económicamente.
  • 75% de las personas no tiene seguro médico.
  • 3 de cada 10 personas encuestadas indicaron tener prevalencia de discapacidad. Solo 7% tienen un certificado de discapacidad emitido por el CONAPDIS.
  • La mayoría de los encuestados dependen del Sistema Sanitario Público para recibir atención médica y en el acceso a medicinas. Sin embargo, las organizaciones y farmacias privadas tienen un rol fundamental: 285 personas acuden a las sedes de organizaciones para retirar medicamentos.
  • Hipertensión (179 personas), VIH (82 personas) y diabetes (80) son las 3 primeras condiciones crónicas de salud.
    Casi 3 de cada 10 personas encuestadas con alguna condición crónica de salud, no ha recibido tratamiento médico en los últimos 6 meses.
  • 13% de los encuestados por Acción Solidaria no ha tenido acceso a tratamiento médico en los últimos 6 meses.
  • 42% de las personas encuestadas manifestó haber tenido COVID-19 o sospechó haber tenido, esto último porque no lograron realizarse una prueba confirmatoria. 91% que se contagiaron por coronavirus recibieron tratamiento en casa.
  • 86% de las personas encuestadas se encuentran vacunadas con esquema de vacunación básico o de esquema básico y refuerzo.
  • 97% de los encuestados ha iniciado su vida sexual y 62% se encuentra sexualmente activo.

Acción Solidaria

Personas con VIH

  • Del total de 399 personas encuestadas, 82 manifestaron tener VIH. Es decir, 2 de cada 10 personas encuestadas tiene VIH.
  • 84% de las personas con VIH encuestadas se identificó como hombre.

    29% de las personas con VIH encuestadas fueron diagnosticadas con la condición en el último año.
  • 84% de los encuestados utiliza métodos anticonceptivos / barrera al momento de tener relaciones sexuales: 95% usa el preservativo masculino y 3.3% las pastillas anticonceptivas. 16% de los encuestados no usa ningún método anticonceptivo y la razón principal indicada (73%) es que “no deseaban o querían utilizarlo”.
  • La sífilis es la ITS con mayor número de casos reportados entre personas con VIH con 16 personas, seguido del VPH con 3, la gonorrea y herpes con 1 persona cada tipo.

Acción Solidaria

Calificación de ingresos

  • Aproximadamente 37% de personas con VIH no tienen empleo formal, lo que representa una situación de vulnerabilidad importante.
  • 8 de cada 10 personas con VIH encuestadas califica sus ingresos entre mediano y muy insuficientes.

    9 de cada 10 personas con VIH encuestadas dirigen sus ingresos a la alimentación.
  • Casi el 70% de las personas con VIH encuestadas no cuenta con seguro médico.
  • 61% de las personas con VIH encuestadas tienen personas a las que mantienen económicamente. 

Acción Solidaria

VIH y otras condiciones crónicas de salud

  • 34% de las personas que viven con VIH encuestadas vive con otra condición crónica de salud.
  • La hipertensión es la condición crónica de salud con mayor prevalencia entre las personas con VIH, seguida de la diabetes y la depresión.
  • 77% de las personas de este grupo han recibido atención médica para tratar el VIH y para otras condiciones crónicas de salud, mientras que el 23% restante manifestó no haber recibido atención médica por varias razones; la más repetida fue la inoperatividad de los servicios especializados en el sistema público nacional. 
  • 96% de las personas de este grupo ha recibido medicinas en los últimos 6 meses para tratar el VIH y otras condiciones crónicas de salud.

Acción Solidaria

Mujeres

  • De la encuesta, 226 personas se identifican como mujeres. Es decir, 57% de las personas encuestadas son mujeres. De estas, el 56% de las mujeres son mayores de 55 años.
  • 89% de las mujeres encuestadas han culminado sus estudios de secundaria, en comparación con el 93% de los hombres encuestados. 
  • 31% de las mujeres indicaron tener un trabajo formal, frente al 55% de los hombres declararon tener trabajos formales.
  • 6 de cada 10 mujeres realizan trabajos informales, mientras que 4 de cada 10 hombres realizan trabajos informales
  • 94% de las personas que realizan trabajo de hogar como ocupación son mujeres y el 2% son hombres trans. 

    Los resultados demuestran que no existe una brecha significativa en el nivel educativo, pero sí se puede observar una brecha de género importante en materia de acceso a trabajo y, en consecuencia, de ingresos económicos.
  • “Existe una brecha muy importante entre los trabajos formales y del hogar. En la segunda es muy marcada el estereotipo de género que asocia a las mujeres con las labores domésticas. A pesar de que actualmente se conoce la importancia económica y el aporte al PIB que esta ocupación representa para un país, sigue siendo un trabajo delegado casi exclusivamente al género femenino y en países como Venezuela, es poco valorado”, reza el informe de Acción Solidaria.

Calificación de ingresos 

  • Por cada hombre que indicó tener un ingreso “muy insuficiente”, hay 2 mujeres con ingresos “muy insuficientes”. Es decir, el doble.
  • 7 de cada 10 mujeres indicaron tener ingresos “insuficientes” o “muy insuficientes” en contraposición con 5 de cada 10 hombres que respondieron lo mismo.
  • Los hombres indicaron tener casi 3 veces más ingresos “suficientes” que las mujeres encuestadas.
  • 4% de los hombres tienen ingresos “holgados”, mientras que 0,4% de las mujeres indicaron tener este tipo de ingresos.

Acción Solidaria

Atención médica y medicinas

  • 8 de cada 10 mujeres indicaron no tener seguro médico frente a 7 de cada 10 hombres. Por cada 3 hombres con seguro médico, solo hay 2 mujeres que lo poseen.
  • 62% de las personas que respondieron que el alto costo de las primas es la razón por la cual no tienen seguro médico, son mujeres.
  • De las 109 personas que contestaron que tenían alguna prevalencia a alguna discapacidad, 78 son mujeres. Es decir, el 35%. 

Salud menstrual

  • 33% indicó que aún menstrua, mientras que el porcentaje restante indicó no estar menstruando en la actualidad. 
  • Acción Solidaria quiso medir la percepción que se tiene en torno a la menstruación, pudiendo detectar algún estereotipo o estigma asociado. Las palabras “dolorosa, dolor, dolores o mucho dolor” se repitieron 121 veces. Solamente el 7% de las personas indicaron palabras que tienen alguna connotación positiva de la menstruación. 
  • 72 personas indicaron utilizar toallas sanitarias femeninas desechables: 8 personas indicaron utilizar tampones y 5 personas que indicaron utilizar la copa menstrual.
  • 83% de las personas que indicaron que aún menstrúan hacen seguimiento de su ciclo menstrual.

    76% de las personas indicaron que siempre que presentan algún síntoma premenstrual o menstrual consumen algún medicamento: 12% remedios naturales, 4% cuando tenía la capacidad para comprarlo, 8% restante señaló «otro».
  • 75 % de las personas indicaron que no han faltado a clases o al trabajo por falta de productos de higiene menstrual o por síntomas asociados a la menstruación.
  • 21% indicaron que han sustituido los productos de higiene menstrual por opciones caseras: 12 respuestas de sustitución de productos de higiene menstrual por compresas hechas de paños o toallas, 4 respuestas de sustitución por compresas hechas de papel higiénico y 1 respuesta de sustitución por compresas hechas de tela.
  • Solamente el 47% de las personas señalaron recibir agua de forma continua. 6 de cada 10 personas consideran que la calidad del agua que reciben no es óptima para mantener una adecuada higiene menstrual.

Acción Solidaria

Adultos mayores

  • De las 399 personas encuestadas, 175 fueron personas de la tercera edad. Es decir, 44% de las personas encuestadas son adultos mayores.
  • 48% de las personas de la tercera edad indicaron a Accion Solidaria que no tienen trabajo. 
  • 82% de las personas de la tercera edad encuestadas reciben la pensión o jubilación por parte del IVSS. 3 de cada 10 no recibe la pensión o jubilación, a pesar de ya cumplir con la edad mínima legal para recibirla.
  • Más de la mitad de las personas de la tercera edad encuestadas (59%) califican su nivel de ingreso como «muy insuficiente».
  • 42% personas de la tercera edad afirmaron tener familiares dependientes. En promedio, cada adulto mayor tiene a casi dos personas a su cargo. Esto aumenta las vulnerabilidades de este grupo.
  • 82% de las personas de la tercera edad indicó que la mayor parte de sus ingresos los dirige a cubrir los gastos de alimentación, 13% a medicinas y el 5% restante entre gastos de vivienda, servicios básicos y otros.

Acción Solidaria

Atención médica y medicinas

  • 80% de las personas de la tercera edad encuestadas por Acción Solidaria indicó que no cuenta con seguro médico privado. 95% señalaron el alto costo de las primas la razón principal para no tener seguro.
  • 36% de los adultos mayores encuestados tiene prevalencia de alguna discapacidad. 
  • La organización recibió 139 respuestas de personas de la tercera edad que acuden a hospitales o centros públicos de salud. Entre ellos, 34 respuestas fueron de personas de la tercera edad que acuden a clínicas o centros privados, mientras que 24 respuestas de personas de la tercera edad que consultan con un familiar o vecino.
  • 15 personas de la tercera edad respondieron que acuden a centros de salud (fundaciones, ONG, servicios comunitarios, entre otros) sin fines de lucro.

Medicinas y tratamientos

  • De las 325 respuestas recibidas, 150 adultos mayores respondieron que obtenían sus medicinas de organizaciones sin fines de lucro como Acción Solidaria.
  • 92 adultos mayores respondieron que obtenían sus medicinas del sistema público de salud.

    73 adultos mayores respondieron que adquieren sus medicinas en farmacias o centros de salud privado, de forma particular, mienras que 3 adultos mayores respondieron que familiares o personas del exterior le enviaban los medicamentos.
  • 76% de las personas de la tercera edad acuden a los centros donde retiran sus medicinas usando transporte público o a pie.
  • 4% de los adultos mayores encuestados indicó que en el centro de salud al cual acude para recibir sus medicamentos, existen obstáculos tales como pendientes, escaleras o muros.

Condiciones crónicas de salud

  • 64% de las personas de la tercera edad viven con hipertensión.
  • 29% vive con diabetes.
  • 17% de los encuestados viven con hiper/hipotiroidismo.
  • 15% de las personas de la tercera edad encuestadas viven con artritis.
  • 33% de las personas de la tercera edad con alguna condición crónica de salud, indicaron no haber recibido atención médica en los últimos 6 meses.
  • Casi 8 de cada 10 personas (78%) no consume medicamentos para tratar su condición por el costo de los mismos.

Personas de la tercera edad y el COVID-19

  • 37% tuvieron COVID-19 o sospechan haberlo padecido. De este grupo, 95% indicó que solamente padecieron COVID-19 una sola vez, mientras que el 5% restante se contagió más de una vez.
  • Solo 11% requirieron de algún tipo de hospitalización, mientras que 86% fue tratado en casa y solo el 3% tuvo que realizar cuarentena en un hotel.
  • 49% de las personas de este grupo se encuentran vacunadas con el esquema básico (dos dosis).
  • 85% de los adultos mayores encuestados reutiliza su tapabocas.
  • 89% siguen considerando que el COVID-19 es un riesgo para su salud y la de su familia.

Salud sexual y reproductiva

  • 36% de las personas de la tercera edad encuestadas se encuentra sexualmente activo (han tenido relaciones sexuales en el último año).
  • 52% que inició su vida sexual, considera que no tenía suficiente información sobre salud sexual reproductiva al momento de iniciar su vida sexual.
  • 87% considera que actualmente si tienen suficiente información sobre salud sexual y reproductiva. 
  • 5 personas de este grupo manifestaron vivir con VIH, y 1 persona manifestó haber tenido gonorrea en el último año. La prevalencia de ITS dentro de este grupo, es bastante baja. 
Revictimización en femicidios: el doble asesinato de mujeres
Crisbelis Sarmiento fue asesinada y  su cuerpo fue encontrado en el patio de un familiar de su agresor. La joven de Anzoátegui fue víctima dos veces: de un femicidio y, luego, cuando su caso se conoció en redes sociales, de revictimización por los comentarios que justificaban su muerte
La experta Maggaly Huggins señala que la revictimización es una práctica común en los casos de violencia de género y que constituye una doble violación de los derechos humanos de las mujeres
La idea de pensar que “la mujer se lo buscó” en un caso de femicidio es una pauta cultural aprendida, es un aprendizaje socialmente validado. “Hay una pauta cultural que dice que las niñas buenas van al cielo y las malas a todas partes. Es decir: ella es mala porque fue a todas partes”, explica Huggins
La especialista Esther Pineda asegura que el delito de femicidio está sujeto a diferentes “técnicas de neutralización” que se manifiestan como justificaciones del comportamiento desviado o delictivo para relativizar la naturaleza sexista de estos delitos

@ValeriaPedicini 

Crisbelis Sarmiento conoció a Jesús Alcalá, ambos del estado Anzoátegui,  por redes sociales. Entre mensajes y mensajes por el chat de Facebook, decidieron cuadrar un encuentro para conocerse en persona. La cita fue el 8 de abril en el local nocturno llamado Mojitos Beach, ubicado en Puerto La Cruz.

La muchacha de 22 años debía presentarse el 18 de abril en la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) para empezar un nuevo trabajo, algo que tuviera que ver con su vocación. Pero eso nunca pasó. Después de verse esa noche con Jesús Alcalá, Crisbelis desapareció. 

Sus familiares se desesperaron, comenzaron a buscarla, a publicar en redes sociales si alguien había visto a Crisbelis. En la red social Facebook se creó el grupo “Crisbelis Regresa” para difundir su caso y recibir alguna pista de su paradero. 

El 18 de abril supieron de ella. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la delegación Barcelona encontraron el cuerpo de Crisbelis en el patio de la parte trasera de la vivienda de los abuelos del muchacho con quien había salido

El cadáver de Crisbelis tenía heridas por arma blanca en la mandíbula, intercostal derecho, cuello y la parte frontal de la cabeza. La joven tenía una data de muerte de entre cuatro a cinco días, por lo que su cuerpo estaba en estado de descomposición.

«Femicidio en Anzoátegui contra Crisbelis Sarmiento quien fue asesinada por Jesús Alcalá el 18 de abril. Fue localizado el cadáver de la víctima enterrado en el patio de la vivienda del investigado. Está detenido para ser imputado por el Ministerio Público por femicidio agravado», publicó el fiscal designado por el chavismo, Tarek William Saab, en su cuenta en Twitter.

Jazmín Guilarte, madre de la víctima, indicó que no conocían al individuo.

Sin embargo, en la red social, el joven utilizaba el nombre de Alejandro Ferrer y se presentaba como rapero o DJ, según reseñó Nuevo Día. Además, se conoció que tiene un hijo que en mayo de 2021 fue diagnosticado con leucemia.

La Fiscalía con competencia en Violencia contra la Mujer presentó a Jesús Alcalá ante el Tribunal Segundo de Anzoátegui como el responsable del asesinato de Crisbelis Sarmiento. El joven de 26 años de edad fue imputado el 20 de abril por femicidio agravado, acto sexual con víctima vulnerable y amenazas.

Lo señalan de apuñalarla ocho veces entre el cuello y la cabeza. “Se ensañó con ella”, se lee en un comentario de la página de Facebook. Los detectives del Cicpc determinaron que Alcalá estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas cuando la mató, porque supuestamente ella no quiso intimar con él.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó en su cuenta en Instagram que Crisbelis y Jesús se conocieron 10 días antes de su desaparición y acordaron encontrarse en una discoteca de la entidad.

Posteriormente, con “alto grado etílico”,  se trasladaron hasta la residencia de un familiar del hombre.

Una vez en el lugar, según la versión publicada por el Cicpc, él procedió a consumir sustancias psicotrópicas para luego mantener un encuentro íntimo con la víctima. Horas después, el hombre intentó convencer a la joven a volver a tener relaciones sexuales, pero ella se negó.

Aunque la negativa de Crisbelis era suficiente para que él no insistiera y la dejara en paz, Alcalá tomó una actitud violenta en su contra: le propinó múltiples heridas punzo penetrantes con un arma blanca hasta asesinarla, detalló el Cicpc.

Seguidamente, el asesino abrió una fosa en el patio trasero de la vivienda y enterró el cuerpo de Crisbelis. «La osamenta fue hallada por unos caninos que estaban en el lugar; por tal motivo, la dueña de la vivienda optó por notificarle a la policía científica sobre el cadáver», indicó Rico.

 
 
 
 
 
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María José Marchán señaló que el hombre, al ser abordado por los padres de Crisbelis, «reconoció que se llevó a mi prima para allá y abusó de ella. Pero no dijo nada sobre su ubicación».

«De hecho, él tiene antecedentes. Estuvo preso por violar a una joven con discapacidad y ni siquiera por eso hacen algo», acotó según lo publicado por el diario El Tiempo

Las mujeres “malas”

Los detalles del caso presentado por el fiscal no sirvieron sino para que Crisbelis fuera señalada, criticada y juzgada por sus acciones. Usuarios de redes sociales publicaron comentarios que indicaban que la joven había sido muy ingenua para ir a casa de alguien que recién acababa de conocer. 

Sin importar que la víctima fuese ella, la culparon de su propio asesinato. 

Maggaly Huggins, profesora, feminista, integrante del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres y de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, señala que la revictimización es una práctica común en los casos de violencia de género y que constituye una doble violación de sus derechos humanos. 

“Tienen que entender que las mujeres somos seres humanos, con igualdad de derechos que los hombres. No podemos decidir que alguien está bien muerta porque hizo algo que yo creo que es malo. No, yo no tengo derecho a juzgar. La mujer tiene derecho a la libertad. La libertad es un derecho humano para todos y todas. 

Esta práctica de pensar que “la mujer se lo buscó” es una pauta cultural aprendida, es un “aprendizaje socialmente validado”, de la que las mujeres tampoco escapan, explica la especialista. “Hay una pauta cultural que dice que las niñas buenas van al cielo y las malas a todas partes. Es decir: ella es mala porque fue a todas partes”. 

La frase feminista que nació en la década de los 60 es una expresión para explicar que eso era lo que se esperaba de las mujeres: que “las niñas buenas” se quedaran en casa.

“Uno en casa, esperando a que el hombre designado viniera a escogerlas, y por eso se ve que las mujeres en la vida pública son malas. La gente cree eso, que si tú sales a encontrarte con alguien que recién conociste en la vía electrónica es porque eres mala, y tienes que ir preparada para todo”, señala la profesora. 

“Así estamos hoy en Venezuela las mujeres que hemos luchado por más de 300 años por nuestros derechos humanos, por nuestra libertad, por nuestro derecho a decidir y a escoger con quién estar, estamos siendo reconfinadas, y no solo por la pandemia, a estar encerradas en casa si no queremos que se nos señale con el dedo”, expresa.

Huggins detalla que, criminológicamente hablando, se le conoce como “víctima propiciatoria”. Es decir, la víctima es culpable de lo que le ocurrió. “Ella propició la situación que la condujo a ser víctima y eso es un crimen que se comete contra las mujeres, porque nosotras tenemos derecho a que se nos respete nuestra dignidad”.

Para la especialista, pensar de esta manera es un retroceso. “¿Por qué yo voy a ser mala porque salgo a la vida pública y voy a ser señalada de víctima propiciatoria? Eso es un delito, adjudicar la victimización a una persona por el solo hecho de haber sido mujer. Eso es una vuelta a la prehistoria. Así como hoy se cocina con leña porque en Venezuela no hay gas, a las mujeres nos están llevando poquito a poco al convento, diciéndonos que ‘debemos ser buenas’”. 

Detalla que esto es así porque existe una estructura de pensamiento social, una visión sociopolítica de los géneros masculino y femenino, que es “absolutamente inequitativa, desigual y que desvaloriza a la mujer». «Por lo tanto, la mujer victimizada no debe buscar ayuda, ¿por qué? Porque ella es culpable”, añade.

El pensamiento que lleva a una persona a asumir que una mujer “se buscó” lo que le pasó son prejuicios, construidos y aprendidos socialmente, sobre todo en un país donde la ciudadanía ha desaparecido, asegura Huggins: “Si tú no tienes derecho, tú eres una potencial víctima. Eso es lo que se está viviendo en Venezuela”. 

“¿Cuántas veces hemos ido a casa de alguien que recién acabamos de conocer? Mil veces. Pero de los miles, 999 no son hombres que consideran que si una mujer acepta una invitación a su casa puede hacer con ella lo que le dé la gana hasta matarla. Eso es cavernario. Eso te está hablando de la dimensión humana que se está construyendo en este país”, agregó- 

Para Huggins eso se refleja, directamente, en los casos de maltratos, abusos y femicidios. “Por eso tenemos tantas mujeres asesinadas, tantas mujeres maltratadas y poca capacidad de procesar las denuncias en los centros policiales. Tanta mala formación desde la cabeza pública más grande hasta el policía raso en entender lo que es la violencia contra la mujer por ser mujer”

Revictimización y desprotección

La organización Utopix señaló que durante los cuatro primeros meses de 2022 se han contabilizado 75 femicidios en todo el territorio nacional, lo que representa un promedio de cuatro mujeres asesinadas por motivos de género cada semana. 

Y las mujeres siguen desprotegidas por un Estado que no reconoce ni garantiza sus derechos.

“Seguimos alertando y viendo con preocupación que desde el Estado no existe ninguna propuesta concreta para enfrentar esta problemática, que solo muestra la gran falencia que hay en torno a las políticas públicas referidas a la prevención, atención y mitigación de la violencia de género contra las mujeres”, reza el más reciente informe de la organización feminista. 

Aprender violencia, ejercer violencia

Maggaly Huggins asegura que nada de esto es aislado y que este pensamiento de violencia y culpa es “obra pública”, profundizándose durante los últimos 23 años desde que el chavismo está en el poder.

“Se está construyendo un país en donde la violencia es válida como forma de relación, como forma de resolución de conflicto. Y si le metes la condición de género de por medio, entonces siempre el hombre siempre puede acusar a la víctima de culpable si es una mujer”, describe.

Por otra parte, plantea que la sociedad sigue manteniendo el poder de quien violenta en la figura masculina. 

“Cuando un padre golpea a una madre, el varón hijo está aprendiendo la violencia contra la mujer y la hija está aprendiendo a hacer víctima. Esa es la mejor escuela de la violencia intrafamiliar: lo que sucede dentro del hogar”, afirma. 

Asimismo,  sostiene que las situaciones de violencia se van a seguir repitiendo sin un sistema cultural y educativo que le desmonte a los hombres que la única forma de resolver los problemas es a golpes o con armas.

La justificación 

Pese a que el femicidio es una de las formas de violencia extrema contra la mujer más común y extendida en América Latina, la desigualdad por razones de género y los prejuicios a ella asociada contribuyen a que continúe siendo una de las formas de victimización de la mujer más invisibilizada, desestimada y justificada.

Los familiares del detenido por el caso de Crisbelis Sarmiento alegaron, según algunos reporteros de sucesos, que Jesús Alcalá sufre de esquizofrenia. 

Esther Pineda, doctora en Ciencias Sociales, escritora y feminista venezolana que ha estudiado temas de género, explica en su libro “Morir por ser mujer. Femicidio y feminicidio en América Latina” que el acto femicida con frecuencia es interpretado como una reacción sancionatoria ante la transgresión de dichos valores dominantes por parte de la mujer. 

La especialista asegura que el delito de femicidio y sus víctimas se encuentran continuamente sujetas a diferentes “técnicas de neutralización”.

Estas se manifiestan como racionalizaciones o justificaciones del comportamiento desviado o delictivo con la intención de evadir o disminuir la eficacia del control social. 

“Estas técnicas son puestas en práctica previa o posteriormente a la comisión del crimen por parte de los victimarios, por los medios de comunicación, por la población en general, por el Estado en la figura de los operadores de justicia y el sistema penal”, dice Pineda.

Apunta que, en el caso de los femicidios, estas llamadas “técnicas de neutralización”  apuntan a relativizar la naturaleza sexista de estos delitos. 

Entre estas técnicas están patologizar al agresor, considerándolo enfermo o monstruo, y justificando su actuación en los comportamientos de la víctima.

También, señala la creencia de que ella “algo habrá hecho o dicho”, la «víctima se puso en riesgo» o fue «irresponsable».

De esa forma, se condena, cuestiona o ataca a  quienes visibilizan o denuncian el crimen.

Y, en lugar de atacar al femicida, se ataca al movimiento feminista, «solidarizándose con el agresor de forma automática e irreflexiva (la solidaridad puede darse por su sexo, clase social o por otro motivo que lo haga parte de un grupo en particular”. 

Valeria Pedicini Jun 07, 2022 | Actualizado hace 3 semanas
DDHH olvidados | “Yo era la carnada”
Juan Pedro Lares fue detenido arbitrariamente en 2017 por grupos armados y cuerpos de seguridad del Estado. Estuvo 10 meses en El Helicoide

@ValeriaPedicini 

A Juan Pedro Lares, hijo de Omar Lares, alcalde del municipio Campo Elías del estado Mérida, lo sacaron de su casa el 30 de julio de 2017. Ese día se llevaban a cabo las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. El muchacho de 24 años estaba dormido en su cuarto cuando grupos armados y funcionarios policiales irrumpieron en la residencia para llevarse a su padre tras amenazas que habían sido impuestas por el gobernador del estado, Alexis Ramírez, por su presunta “complicidad con la colocación de barricadas” en el municipio. 

El padre del joven logró huir; también su esposa y su hijo de 13 años, pero Juan Pedro quedó atrapado en el cerco y fue retenido “como un símbolo de chantaje”, así lo aseguró en esa oportunidad, su madre, Ramona Rangel.

 

«Eran las dos de la tarde, estábamos los cuatro, mi hijo de 13, Jesús Lara, mi hijo de 23 secuestrado, mi esposo Omar y mi persona. Escuchamos que golpeaban la puerta de manera brusca y le dije a mi hijo, ‘hijo, ¡coloque las trancas!‘. Rápidamente se escucharon detonaciones para romper el cilindro. Cuando mi cuñada Lourdes me dijo, ‘¡Ramona, está la guardia, salgan!‘. Entonces, salimos corriendo hacia la parte trasera de la casa. Vivimos en una casa colonial que comprende casi una cuadra de extensión detrás de la que hay un polideportivo, nos trepamos a los techos, pero mi hijo no pudo salir…», explica Ramona.

De acuerdo con su tía Liliana Rangel, los atacantes no lograron penetrar por la puerta principal, por lo que ingresaron por las ventanas de la residencia. Mientras trataban de escapar por atrás, Juan Pedro dejó adelantarse a su padre porque él no tenía orden de arresto.

“No te preocupes, no me van a hacer nada», reporta Liliana que dijo el joven, hasta que un helicóptero lo avistó en el techo de su casa y lo capturaron los miembros del Sebin.

Después de su aprehensión —la cual no constó de ninguna orden de captura emitida por un tribunal—, la madre decidió trasladarse desde la población merideña a Caracas, pues le aseguraron que su hijo se encontraba en El Helicoide. 

Durante varios días, nadie supo de su paradero y el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro exigió su aparición, pero de acuerdo con su madre, fue la presión de la cancillería colombiana la que ayudó a que apareciera, una vez que El Universal de Caracas indicó que los presos políticos de la organización estudiantil Liberación 23 retenidos en el Helicoide confirmaron haberlo visto ingresar a la prisión.

 

En efecto, luego de 48 horas sin saber de su paradero, constató a través de abogados del Foro Penal Venezolano que al joven lo habían llevado a esta sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Juan pasó diez meses encerrado en El Helicoide sin orden judicial ni ser nunca transferido a un tribunal y fue liberado con la condición de pasar desapercibido por los medios de comunicación. El gobierno deseaba apresar a su padre y como no lo logró, mantuvo en calidad de secuestro a su hijo durante casi un año.

El joven contó a Provea que las condiciones de reclusión no eran nada fáciles. “Dormíamos en el piso, nunca teníamos agua para bañarnos, la comida no llegaba. Gracias a Dios tuvimos el apoyo de mucha gente que nos llevó comida porque si no, estuviéramos en un estado crítico de salud. Sin embargo, cuando nos llevaban la comida los funcionarios se la comían. Luego del motín lo que nos enviaban nunca llegaba. Se vivieron momentos muy duros en ese lugar”

Explica que, en cuanto a la relación con los otros presos, uno solo compartía en las visitas, porque del resto eran las 24 horas confinados en la celda. “No salíamos para nada”. 

“Mi madre pudo ir dos o tres veces. En las dos primeras oportunidades, fueron solo 10 minutos y luego de ocho meses, pudo entrar mi tía por una hora y mi madre una hora. Esas fueron las únicas visitas que tuve en ese tiempo, de resto no pude ver a más nadie. De parte de abogados como nunca fui presentado ante tribunales, no tenía expediente abierto, no tenían un caso al cual defender. Estaba secuestrado por parte del Estado venezolano para que mi papá se entregara, yo era la carnada”. 

Juan Pedro también contó que durante su reclusión no fue maltratado físicamente, pero sí durante su detención.

 

«Los funcionarios del SEBIN me patearon, me golpearon con una pistola en el cuello, me amenazaron con matarme si no decía el paradero de mi papá, incluso me rociaron con gasolina y me decían que iban a prenderla si no les decía dónde estaba mi padre. Luego, me trasladaron a la sede del SEBIN en el estado Mérida y en ese lugar me dijeron que si no decía dónde estaba mi padre me iban a poner la” bolsa”, que es un método de tortura donde te tapan la cabeza con algún tipo de químico irritante como insecticida y te asfixies, también me amenazaron con electrocutarme”.

Explica que el 1 de junio, como a las 11:30 de la mañana, funcionarios llegaron a la celda donde se encontraba junto a otros presos y les informaron que irían a una sesión de la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente. 

“La primera condición fue que no pude salir como el resto de los presos, como estaba secuestrado y los medios se encontraban en la entrada del Helicoide, pues me indicaron que debía llamar a alguien que me fuera a buscar en algún vehículo para salir discretamente. La otra condición fue que no podía dar declaraciones a la prensa, ni proselitismo político. Nunca me entregaron una boleta de excarcelación”, agregó. 

FOTOS | La comunidad LGBTIQ+ sigue reclamando sus derechos
Activistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, jóvenes, adultos mayores y personas LGBTIQ+ se reunieron en la capital para protestar contra la discriminación
En la protesta se mencionaron las deudas del Estado con el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y una ley contra la discriminación

 

 

«Ni más ni menos. Iguales derechos», gritaban alrededor de 300 personas mientras caminaban el pasado 28 de mayo bajo el sol del mediodía por la avenida Francisco de Miranda, en el este de Caracas, con banderas de arcoiris y coloridas pancartas. Activistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, jóvenes, adultos mayores y personas LGBTIQ+ se reunieron en la capital para protestar contra la discriminación

Caminaron unos tres kilómetros, entre la plaza Brión de Chacaíto hasta la plaza Francia de Altamira, para pedir respeto y políticas públicas que garanticen los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

«Por nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestros derechos» era el mensaje que llevaba la convocatoria a la caminata en conmemoración al Día Contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia que difundieron distintas organizaciones tales como Amnistía Internacional, País Plural, Unión Afirmativa, Okay No Venezuela, Uquira, Joven Pride, País Narrado, etc.

Entre las demandas que hacían los activistas y representantes de ONG se mencionó la deuda del Estado con el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y una ley contra la discriminación.

 

Además, ratificaron la denuncia de que los defensores de derechos humanos en Venezuela sufren persecución y criminalización política

Según datos de la organización Movimiento Somos, al menos 21 personas de la comunidad LGBTIQ+ fueron asesinadas en 2021.

Génesis Millán, 31 años. Miembro de Visibles Venezuela

«Estoy protestando por mis derechos como ser humano. Derechos que no son garantizados por el Estado, derechos que venimos exigiendo desde hace más de 20 años y que hoy seguimos saliendo a la calle, extraña e incÓmodamente, molestando a las autoridades, molestando a la población por exigir algo que se considera privilegio, pero que no es así»

«Estamos exigiendo igualdad real, una igualdad efectiva, el cumplimienTo y la garantía de los derechos que tienen todos los seres humanos. Nosotros, por ser de una población vulnerada, una población que es considerada minoría, nuestros derechos son violentados por un Estado fundamentalista, profundamente religioso, estancado en normas y leyes anticuadas que nada tienen que ver con los avances que se han dado alrededor del mundo, especialmente en nuestro continente».

«Venezuela está atrasada en materia de derechos humanos LGBTQ+».

Geo Velásquez, 24 años. Miembro de Ok no Venezuela, organización de Maracaibo

«Estamos hoy aquí porque queremos alzar nuestras voces, demostrar también que la realidad de las personas LGBTIQ+ que están en el interior del país no es la misma de las personas que están en la capital (…) Nos están matando, nos están discriminando y nadie está haciendo nada».

Rummie Quintero Verdú. Directora general de Asociación Civil Divas de Venezuela

«Me encuentro acá una vez más, apoyando a todo el movimiento sexo género diverso que está en la calle desde hace unos años cobrando fuerza, sobre todo después de la pandemia; hay una reunificación. Aquí no vale tinte político, clase social. Aquí vale que todos somos seres humanos y hay que presionar para que el Estado venezolano garantice igualdad para toda esa ciudadanía».

«No somos de segunda, no somos de tercera, pero solo en la calle lo vamos a seguir demostrando. En el imaginario colectivo se piensa que somos minoría. Yo nunca he estado de acuerdo, puesto que nunca se ha hecho realmente una estadística para determinar cuántos somos».

«El mensaje es, sobre todo, a estos jóvenes que sigan en la calle con nosotras que tenemos toda una vida luchando por nuestros derechos en Venezuela».

Julio Nuño, 66 años

!Yo necesito la misma igualdad que tú. Si tú no te quieres casar con un hombre es porque tú no quieres, ¿verdad? Yo no me puedo casar porque el Estado dice que no me puedo casar. Por eso estoy aquí… Y para que se den cuenta que somos bastantes».

Daniel Picado. Miembro de la organización País Plural

«Hoy estamos aquí en conmemoración del Día Internacional contra la homofobia, bifobia y transfobia. Hay una agrupación de la sociedad civil, caras nuevas, caras con ganas de ver cambios sustanciales en nuestro país, con ganas de transformar nuestra realidad. Hoy estamos acá para hacernos visibles, para poder hablar desde lo educado que estamos como comunidad sobre nuestras necesidades y condiciones de vida».

«También, para empoderarnos como una generación que asume este compromiso como algo que verdaderamente necesita ser llevado a cabo para reducir las desigualdades y reducir de una vez la discriminación que vivimos».

«Sobre todo, estamos aquí congregados para participar como comunidad. Como grupo, como jóvenes, como adultos mayores, personas con discapacidad. Todos los grupos estamos aquí representados para ser valer nuestra voz, nuestras necesidades y las ganas que queremos de poder construir un país plural».

Vanessa Blanco, 24 años. Cofundadora de la organización Joven Pride

«Aquí estoy en conmemoración del 17 de mayo. Convocando, sobre todo, a la juventud que es nuestro público objetivo y estamos muy contentas de que esto esté sucediendo. No solo hay jóvenes, sino madres de esos jóvenes acompañándolos, hay un mensaje muy positivo y creo que se avecinan buenos cambios y buenas noticias para el activismo».

«Eso es lo que queremos: cambiar la narrativa y que los derechos de todas las personas sean reconocidos».

Yendri Velásquez, 29 años. Miembro de Amnistía Internacional Venezuela

«Estoy aquí por dos razones. Para levantar la voz ante la discriminación que estamos sufriendo las personas LGBTIQ+ en Venezuela, pero también para decir que estamos orgulloses de ser quienes somos y que no nos va a dar pena en ningún espacio decirlo y demostrar quienes somos. A pesar de la violencia, a pesar de la discriminación, a pesar de un Estado que nos niega y nos vuelve a negar nuestros derechos, vamos a seguir en las calles luchando, celebrando siendo quienes somos».

Sally, 21 años

«Soy autista y soy una persona trans. Estoy aquí en representación de todas las neurodivergencias y las discapacidades que estamos dentro de la comunidad LGBTIQ+ y somos totalmente invisibilizadas, tanto dentro y fuera de la comunidad LGBTIQ+ y del sistema medico patologizador.

Según la Universidad de Cambridge, el 81% de las personas autistas no nos identificamos con el sistema cishetero. Es decir, somos LGBTIQ+. Y aún así no tenemos los espacios que merecemos, aún a nosotres se nos está aplicando la eugenesia, se nos está castrando y esterilizando cuando todavía somos menores de edad. Se nos está privando de educación escolar, se nos está privando de un diagnóstico acertado, de un diagnóstico libre de capacitismo, se nos está privando de trabajos especializados, se nos está privando de educación especializada, se nos está privando de espacios seguros».

DDHH olvidados | El fotógrafo Carlos Debíais García, detenido por volar un dron
El fotógrafo Carlos Debíais García fue detenido arbitrariamente y acusado de terrorismo por presuntamente haber sobrevolado con un dron la Refinería Amuay

@ValeriaPedicini 

 

Carlos Debíais García es fotógrafo. Y por eso, por volar un dron el viernes 12 de noviembre de 2021, fue detenido de forma arbitraria por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la urbanización Judibana, municipio Los Taques del estado Falcón. 

Lo último que supieron sus familiares fue por un mensaje que Carlos le había enviado a su prima a las 3:00 de la tarde desde Judibana. “Él tenía que buscar a una tía a eso de las 4 p.m., nunca llegó. A partir de ahí nos comenzamos a preocupar y empezamos a llamarlo”, expresa su prima Gabriela Galicia a Espacio Público. 

El joven estuvo desaparecido arbitrariamente desde esa hora hasta las 2:30 p.m del día siguiente cuando autoridades informaron sobre su paradero y que se encontraba bajo investigación. 

Sus familiares se enteraron de lo que estaba ocurriendo cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanaron su vivienda sin orden judicial en horas de la noche y se llevaron equipos electrónicos, cámaras fotográficas y teléfonos celulares.

“No fue sino hasta las 10 de la noche que llegaron 4 camionetas del Dgcim, con aproximadamente 20 funcionarios. Ingresaron a la casa y se llevaron computadoras, memorias, herramientas, el celular de mi primo; se llevaron una cantidad de cosas que no nos daba tiempo de ver qué estaban agarrando”, dijo Galicia.

Tras el procedimiento, los funcionarios le pidieron la cédula a los miembros de la familia para levantar un acta sobre los equipos que estaban incautando. 

Luego del allanamiento, los familiares se trasladaron a la sede de la Dgcim en el estado Falcón para tener información sobre el paradero de Carlos, pero no recibieron ninguna respuesta. Al abogado tampoco lo dejaron pasar.

Acusado de terrorismo

Remigio Ceballos, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, del gobierno de Nicolás Maduro, ofreció declaraciones el sábado 13 de noviembre donde confirmó la detención del fotógrafo por sobrevolar con un dron la Refinería Amuay y ser parte de un plan contra algunas autoridades e infraestructuras estratégicas del Estado.   

“El día de ayer fue detenido el ciudadano Carlos Germán Debiais García con un vehículo pilotado a distancia; estaba haciendo vuelos en los alrededores de la refinería de Amuay, la GNB logró su aprehensión y estamos en plena investigación”, informaron a través de la cuenta oficial del ministerio en Twitter.

Sin embargo, los familiares del fotógrafo desmintieron estas acusaciones. Su hermana Nathali Debiais, en su cuenta de Instagram, publicó otra versión de los hechos: “Él no estaba volando un dron cerca de la refinería de Amuay como se dice, su error fue volar el dron cerca de la casa de un General y lo están usando para vender una historia distinta. Tampoco le han permitido hablar con su abogado. Lo único que sabemos es que lo trasladaron a Caracas ayer en la noche. Mi familia y yo estamos muy asustados por lo que pueda pasarle”, indicó.

Su prima Gabriela Galicia declaró que al momento de su captura se grababa la bahía de Amuay y recalcó que el dron que pilotaba -por tratarse de uno comercial- no le permitía grabar en zonas restringidas ya que se bloquea automáticamente, “así que no es posible que hiciera tomas de la refinería ni mucho menos”.

Carlos apenas tenía dos meses en el país, procedente de Bahamas, donde se encontraba trabajando, refirió El Pitazo. El joven se dedicaba a fotografiar paisajes. El día que mencionan como justificación para su detención buscaba información acerca de la zona petrolera por medio de la toma de fotos y videos sobre la zona de la refinería Amuay.

Según ha denunciado la ONG Espacio Público, su detención se traduce en una esta situación se traduce en una violación al ejercicio de la libertad de expresión.

El 15 de noviembre, el Tribunal Tercero de Control con competencia en terrorismo, a cargo de la juez Luisa Garrido, imputó al fotógrafo Carlos Debiais por los presuntos delitos de terrorismo, asociación para delinquir y violación del espacio aéreo.

Preso con boleta de excarcelación

La ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) informó el sábado 15 de abril que el fotógrafo Carlos Debíais García había recibido su boleta de excarcelación pero funcionarios todavía no lo habían dejado en libertad.

La organización explicaba que los familiares del fotógrafo piden que se haga justicia porque desde que le arrestaron se han visto diversas irregularidades como retardo procesal, desaparición forzosa, impedido de recibir visitas y continúa dentro del Rodeo II a pesar de ya poder salir de ahí.

Carlos Debíais, padre del detenido, aseguró que el director del penal no le concede la libertad a su hijo mientras no llegue un correo electrónico del Ministerio de Servicios Penitenciarios. “En eso estamos, mi hijo prácticamente está secuestrado. El llamado al Presidente de la República y al Fiscal General. Los familiares deseamos su pronta la libertad”.

El padre del fotógrafo explicó a Una Ventana a la Libertad que el joven no tiene antecedentes penales y fue detenido injustamente por tomar fotos de los espacios públicos para sus redes sociales, donde solo buscaba resaltar las bondades de la región.

La familia pide que se haga justicia y devuelvan la libertad del joven que es inocente de lo que se le acusa. “Es un hombre trabajador, padre de familia que necesita regresar a su casa”, dijo su padre.

Informe Anual Provea: Impunidad estructural favorece ejecuciones en Venezuela
14 derechos humanos fueron analizados en el más reciente Informe Anual sobre DDHH en Venezuela
Representantes de Provea señalaron que Venezuela sigue marcada por la violación masiva y sistemática del derecho a la vida
Múltiples denuncias hechas contra el Estado venezolano pudieran constituit crímenes de lesa humanidad

@ValeriaPedicini/ Foto: Valeria Pedicini

El Programa de Educación Acción en Defensa de los Derechos Humanos (Provea) presentó la más reciente edición de su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, correspondiente al período enero-diciembre de 2021.

Durante la presentación de la organización se mostraron los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la realización de 14 derechos humanos en el país. 

Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea, explicó que hubo cuatro tendencias en los hechos que tuvieron influencia en la situación de los derechos humanos en Venezuela:

  1. El afianzamiento de la crisis de la institucionalidad democrática, a pesar de la realización de las elecciones parlamentarias, junto a una erosión de la representatividad de las fuerzas políticas polarizadas.
  2. El ajuste económico de Nicolás Maduro que está generando una desigualdad histórica.
  3. La actuación de los organismos internacionales obligó a las autoridades a tomar decisiones para intentar evitar el escalamiento de sus mecanismos de protección y monitoreo.
  4. Amenazas y hostigamiento a la sociedad civil e intentos de mayor clausura del espacio cívico.

Uzcategui mencionó que Venezuela sigue viviendo bajo una política de Estado enmarcada en la violación masiva y sistemática del derecho a la vida, y evidencia de manera categórica que la actuación de los agentes del Estado sigue contrariando las normas nacionales e internacionales sobre el uso diferenciado y progresivo de la fuerza, obviando la obligación de no causar privaciones arbitrarias de la vida.

Asimismo, señalaron que en Venezuela existe una ventana de miles de presuntas ejecuciones extrajudiciales, las cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad, asunto del que se encarga la Corte Penal Internacional (CPI).

A continuación, en Runrun.es presentamos un resumen con las claves más importantes del informe anual de Provea:

Derecho a la alimentación

  • El hambre continúa en ascenso y con pronóstico desfavorable: La FAO ha estimado un incremento de la proporción de personas que sufrirían de hambre en Venezuela, a saber: 33,2% en 2019-2021; 38,4% en 2021-2023 y 61,7% entre 2028-2030.
  • Desde el punto de vista cualitativo, entre 2019-2020 y 2021 la inseguridad alimentaria, en sus formas leve y moderada, estuvo alrededor de un tercio cada una, y uno de cada cuatro hogares refirió inseguridad alimentaria severa, específicamente la relacionada con experiencias asociadas al hambre.
  • Los indicadores de la pobreza multidimensional asociados a la seguridad alimentaria y nutricional se vieron afectados por los relacionados con educación y los servicios públicos como agua y electricidad. 
  • La escasez de combustible generó reducción en la producción de leche, impidió el traslado de alimentos hacia los mercados y ocasionó la pérdida de cosechas.
  • La crisis económica ha generado el empobrecimiento masivo de la población, con una reducción importante del ingreso real que ha impactado de forma directa en la alimentación.
  • Durante 2021, los hogares en pobreza extrema redujeron el gasto en alimentos en 13,3%.
  • 20% de los niños menores de 6 meses sufre de desnutrición, según la Sociedad Venezolana de Pediatría. 
  • La proporción de niños y niñas menores de 5 años con retraso del crecimiento fue 23% y en aquellos entre 5 y 17 años fue de 25%. 

Derecho a la educación

  • Según la Encuesta Nacional de Establecimientos Educativos, 682.000 niños abandonaron la escuela básica desde 2018.
  • 45.6% de los niños que no asisten a la escuela dijeron que no cuentan con alimentos en el hogar, según la Encuesta Nacional de Establecimientos Educativos.
  • La Encuesta Nacional sobre la Juventud reflejó que 821.000 jóvenes de entre 15 y 19 años y 880.000 de 20 a 24 años abandonaron la educación formal en los últimos dos años.
  • De acuerdo con la información oficial, en 2021 se inauguraron apenas 13 nuevos planteles a nivel nacional. 
  • 92 incidentes de inseguridad se registraron en las universidades durante el primer trimestre de 2021. 

Derechos laborales

  • En 2021, la pobreza total por ingresos alcanzó 94,5%, mientras que la pobreza extrema subió hasta 76,7%.
  • Para enero de 2022, el salario mínimo integral en Venezuela era el equivalente a $2,18 de ingreso al mes.
  • 58% de los trabajadores del sector privado están en condición de pobreza extrema, mientras que en el sector público la cifra alcanza 75%.
  • En el sector privado, solo 10% no es pobre y en el sector público solo el 4%.
  • Las reiteradas violaciones laborales dieron origen a manifestaciones, en muchos casos reprimidas, ocasionando retaliaciones contra trabajadores y líderes sindicales.

Derecho a la salud

  • En 2021, Provea registró 71.186 denuncias sobre violaciones al derecho a la salud en centros de atención públicos. Un aumento de 340% respecto al año anterior.
  • Hasta diciembre de 2021, el gobierno notificó un total acumulado de 444.635 casos y 5.324 muertes por COVID-19, con un alza de 292% y 418% con respecto a lo registrado en 2020.
  • Venezuela bajó del puesto 176 al puesto 185 entre 195 países en el Índice Global de Seguridad Sanitaria con un puntaje de apenas 20 sobre 100. 
  • En 2021 aumentó a 70% el retiro personal médico y a 80% el del personal de enfermería de los centros de salud públicos en el país. 
  • Entre 2019 y 2021, Venezuela se ubicó en el grupo de países con bajas coberturas de vacunación contra el sarampión, rubéola y parotiditis, por debajo de 80%.

Derecho a la seguridad social

  • El beneficio recibido con los 28 bonos asignados durante todo el año equivale en la totalidad a la ínfima suma de $82,4; por lo tanto, cada beneficiario recibió $0,22 diarios. 
  • Durante 2021 hubo un aumento de 39.478 pensionados bajo la modalidad de pensionados contributivos. Sin embargo, tiene tendencia a la baja observando los años anteriores.
  • En 2021 hubo una disminución 73.334 en el número de pensiones otorgadas a través de la Gran Misión Amor Mayor, equivalente a 22,64%. 
  • Entre 15.000 y 20.000 pensionados venezolanos que residen en el exterior continúan a la espera del pago de sus pensiones que le adeudan desde el año 2016.
  • Jubilados, pensionados y adultos mayores fueron los actores que más se hicieron sentir en las protestas bajo el lema “Por una pensión justa”, siendo esta de 7 bolívares, equivalente a $1,8.

Derecho a un ambiente sano

  • En 2021, la gestión de Maduro reafirmó basarse en un modelo extractivista depredador del ambiente y de los derechos humanos.
  • 32 defensores ambientales fueron asesinados en Venezuela entre 2013 y 2021, a manos de militares y grupos irregulares armados.
  • En el Parque Nacional Yapacana, han sido arrasadas, al menos, 2.227 hectáreas producto del auge de la minería ilegal, atizada por el Arco Minero del Orinoco.
  • En el Parque Nacional El Ávila se reportaron ocupaciones ilegales, cuyo propósito sería la expansión de la frontera agrícola y la construcción de nuevas viviendas.

Derecho a la vivienda

  • Provea contabilizó que 4.182 viviendas nuevas habían sido construidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela entre enero y diciembre de 2021. La diferencia con las cifras divulgadas por el gobierno es de 495.818 viviendas.
  • El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció que entre los meses de junio a septiembre de 2021 los bienes y servicios de vivienda y educación, equipamiento del hogar y los costos del transporte fueron los que más variaron de precios.
  • Desde 2019 se han construido 11.273 viviendas, mientras que el gobierno señala haber construido 1.453.338.
  • El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social informó que en 2021 ocurrieron 191 protestas en todo el país por demanda de servicios básicos.
  • Existen comunidades que no tienen acceso al servicio de agua desde hace ocho años y deben caminar kilómetros para llenar un tobo de agua desde un surtidor público.

Derecho a la integridad personal

  • En 2021, Provea registró 241 víctimas de torturas a nivel nacional. Un aumento de 148,4% respecto al año anterior. Es el segundo registro más alto de los últimos 33 años. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) fue responsable de torturar a 155 personas.
  • En el 60,9% de las denuncias de torturas registradas en 2021, las víctimas dijeron haber sufrido abuso sexual que en varios casos incluyó violación.
  • Provea registró 489 víctimas de tratos crueles a nivel nacional. El 44,3% de los afectados denunció haber sido expuesto a desnudez colectiva y amenazas de violación por parte de agentes de seguridad.
  • El 41,3% de las víctimas de tratos crueles inhumanos y degradantes registrados en 2021 fueron mujeres que denunciaron haber sido víctimas de golpizas y maltratos psicológicos, en su mayoría, a manos de agentes de seguridad del género masculino. 
  • Las sedes del CICPC de El Hatillo y de la DGCIM en Boleíta concentran el 43% del total de casos de torturas registrados entre 2018 y 2021, con al menos 441 personas torturadas en ambos recintos.

Derecho a la justicia

  • Según el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, Venezuela quedó en el último lugar de 139 países examinados en materia de Justicia Penal y de penúltimo lugar en Justicia Civil.
  • En 2021 el Estado puso en marcha una estrategia engañosa para mostrar cooperación con la Corte Penal Internacional en el marco del examen preliminar sobre Venezuela.
  • Las instancias internacionales de derechos humanos pusieron de manifiesto su preocupación sobre las evidencias de tortura, malos tratos, violaciones la debido proceso y detenciones arbitrarias que se han ejecutado de forma sistemática en Venezuela desde 2014.
  • El sistema de justicia generó un punto de quiebre durante 2021, al incorporar un nuevo perfil de víctimas dentro de sus dinámicas de persecución: las organizaciones humanitarias. 
  • Durante 2021, la justicia venezolana continuó negando las demandas de la oposición y el chavismo disidente que tenían por objeto garantizar su derecho a la participación en el marco de eventos electorales.

Derecho a la libertad personal

  • En 2021, Provea registró un total de 771 violaciones al derecho a la libertad personal, lo que representa una disminución de 95,4% respecto a 2020. 
  • El 91,8% de las detenciones fueron practicadas durante operativos policiales y militares, la mayoría de ellos, desplegados en el marco de las restricciones de movilidad generadas por la pandemia de COVID-19.
  • 62,7% de los afectados fueron hombres, en su mayoría trabajadores u obreros; dirigentes políticos y líderes sociales; miembro de ONG y personal de salud.
  • Se registraron 19 detenciones ocurridas en el contexto de manifestaciones, lo cual significa una disminución de 96,3% respecto a 2020.
  • En 2021, se registraron 22 casos y 39 víctimas de privación de libertad por razones políticas, una disminución de 98,7% respecto a 2020.

Derecho a la participación

  • Aumentaron las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, como consecuencia del recrudecimiento de la política de represión y el control social. 
  • La mayoría de las protestas registradas en 2021 fueron motivadas por la demanda de servicios públicos y mejores condiciones de vida.
  • Durante el 2021, se mantuvieron las mismas violaciones y condiciones de presión contra sindicatos, gremios y organizaciones de trabajadores de empresas e instituciones públicas.
  • La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó 8 casos de criminalización, amenazas, hostigamiento y detención de estudiantes debido a su participación en movimientos estudiantiles.

Derecho a la vida

  • 1.414 personas fueron asesinadas por policías y militares venezolanos entre enero y diciembre de 2021.
  • El elevado número de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad es consecuencia de la impunidad estructural que alienta la repetición de los hechos.
  • Desde que Nicolás Maduro asumió el poder, 8.611 personas fueron asesinadas por agentes de la fuerza pública. Un promedio de 1.076 asesinados cada año.
  • 13 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados por agentes de la fuerza pública durante 2021.
  • El CICPC fue el organismo de seguridad más letal. Un total de 347 personas fueron asesinadas por ese organismo policial durante 2021. 

Mujeres, víctimas de desigualdad y discriminación

  • Un tercio de las venezolanas se encuentra fuera del mercado laboral y, entre las ocupadas, aproximadamente el 52% se encuentran en el mercado informal.
  • 68% de las víctimas de redes de tráfico en Venezuela son mujeres, 1 de cada 5 víctimas son niños, niñas y adolescentes y 7 de cada 10 personas son niñas mujeres. 
  • La desigualdad laboral y política sigue afectando a las mujeres venezolanas. En los comicios electorales de 2021, de 2,730 postulados para 335 alcaldías, solo 496 fueron mujeres (18%), resultando electas apenas 60 alcaldesas (18% de alcaldías). 
  • De las 183 personas postuladas para las 23 Gobernaciones, 20 fueron mujeres y de ellas solo 2 fueron electas (8,7%). 
  • Un 56,4% de las mujeres trabajadoras de la Administración Pública recibe una menor remuneración frente a los hombres en las mismas ocupaciones. 
  • Venezuela posee una de las tasas de embarazo adolescente más altas de la región alcanzando el 85,3%. 
  • Según AVESA, el 58,6% de las mujeres consultadas no pueden pagar el costo de una consulta médica ginecológica y su tratamiento, de 10 solo 3 han recibido asesoría médica y educación formal suficiente sobre Infecciones de Transmisión Sexual y métodos anticonceptivos y de prevención. 
  • Las mujeres de la tercera edad enfrentan en Venezuela grandes dificultades para alimentarse y adquirir medicamentos de uso regular, puesto que pagos como el que reciben por la jubilación o pensión, no son suficientes para cubrir las necesidades más básicas.
  • La ENCOVI 2020 registra una brecha de género salarial según la cual las mujeres devengan 18% menos que los hombres en un puesto de trabajo básico, pudiendo elevarse a 77% en un puesto gerencial.
DDHH olvidados | Protestar por los derechos de los trabajadores le salió caro a Eudis Girot
El sindicalista Eudis Girot fue detenido arbitrariamente a mediados de noviembre de 2020, luego de participar en protestas para exigir beneficios salariales y laborales

El mismo Eudis Girot advirtió en redes sociales el atropello que cambiaría su vida para siempre. “Hoy 18 de noviembre a las 5 p.m. se presentaron en mi residencia funcionarios del Dgcim con orden de detención en mi contra. Basta de atropello y criminalización de las protestas”, publicó en su cuenta de Twitter en 2020.

Al día siguiente, los efectivos lo sacaron de su vivienda, ubicada en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, y se lo llevaron detenido.  

El lunes 22 de noviembre, sin haber tenido ningún tipo de comunicación con sus abogados o familiares, Girot fue trasladado a Caracas para ser presentado ante el Tribunal Especial Tercero de primera instancia en funciones de control con competencias en delitos ascoiados al terrorismo. 

Arelys Ayala, su abogada y miembro de la ONG Foro Penal, informó que Girot había sido acusado de asociación para delinquir, conspiración, divulgación de información confidencial y terrorismo. 

¿Qué hacía Eudis Girot?

Eudis Girot es director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv). El sindicalista emitía semanalmente una actualización del estado de las refinerías e informaba sobre la lucha que llevaba adelante junto a los trabajadores petroleros que claman por mejores salarios y denuncian la crisis de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). 

En los meses previos a su detención, el sindicalista había encabezado varias manifestaciones regionales y estatales en exigencia de beneficios salariales y mejores condiciones laborales para los trabajadores de la industria petrolera. También, había denunciado presuntos casos de corrupción vinculados a mafias de combustible de petroleras del país.

En una audiencia el 27 de noviembre, sólo una semana después de su arresto, el fiscal Yorman Flores dijo que los funcionarios de la DGCIM), que investigaban un supuesto complot para desestabilizar la industria petrolera, encontraron tuits de la cuenta de Girot que “reveló información estratégica” de Pdvsa

Flores acusó a Girot de enviar “mensajes para crear conmoción y zozobra en la población en relación a la escasez de combustible”, según una transcripción del tribunal vista por Reuters.

“Sabemos lo sensible que (es) para la población el tema de la falta de combustible”, dijo Flores en un tribunal contra el terrorismo en Caracas, en el que pidió prisión preventiva para Girot. “El ventilar este tipo de información a través de una red social, y dado el cargo que desempeña el ciudadano acá presente (…) podría otorgarle cierta credibilidad”.

Libertad a medias

Eudis Girot fue detenido arbitrariamente y estuvo preso por 17 meses. En ese tiempo, estuvo en cuatro lugares de reclusión distintos: sede de la Dgcim en Puerto La Cruz, luego en la sede de Boleíta en Caracas en la cárcel de El Rodeo II en Guatire y más recientemente en La Planta en Caracas.  

El pasado 7 de abril, en la espera de una audiencia de juicio que fue suspendida en los tribunales del Palacio de Justicia, efectivos de la Guardia Nacional lanzaron una bomba lacrimógena en la celda en la que se encontraba junto al otro preso político Rodney Álvarez, recientemente excarcelado.

Los familiares de Girot denunciaron que estuvo a punto de morir, pues la inhalación de esos gases tóxicos le produjo una arritmia cardíaca severa. “Un guardia nacional lanzó una bomba lacrimógena, poniendo en riesgo su vida. Esta es la segunda oportunidad en que los cuerpos de seguridad ponen en riesgo la vida de Eudis”, señaló su esposa en ese momento.

Diversos movimientos de trabajadores informaron el 25 de abril que el preso político Eudis Girot había sido liberado. El Partido del Trabajo y la organización Democracia Sindical aseguraron que la libertad del trabajador petrolero se dio tras una audiencia del juicio, donde también estaba siendo acusado de porte ilícito de armas.

Al dirigente gremial se le dictó medidas sustitutivas de libertad con régimen cautelar. A Girot le desestimaron casi todos los cargos en su contra, excepto el de instigación. 

“Eudis fue condenado a tres años por esa causa que le queda, más se le dio esa medida cautelar de presentación cada 30 días ante en tribunal y prohibición de salida del país. Como la instigación es un delito más leve, el juez le dio la medida de presentación para que pueda irse a su casa», dijo Rosario Ríos, esposa del sindicalista. 

Asimismo, dijo al día siguiente de su liberación que Girot aún se encontraba “consternado” y convaleciente por varias crisis de salud durante su reclusión, por lo que pronto tendría visita médica. 

“Está esperando para ir al médico y restablecerse por completo; pero fuerte de espíritu y con la valentía que Dios le ha dado, convencido de lo que hemos hecho es correcto. De que luchar por Venezuela es lo correcto”.

Su liberación se dio en medio de una visita de una comisión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ha solicitado, desde hace varios años, la liberación de todos los trabajadores presos por razones políticas.

La vida ya no es la misma

En una entrevista en el programa “Vladimir a la Carta”, Eudis Girot contó su experiencia como preso político venezolano por más de año y medio. Dijo que luego de una experiencia así, “se entra en un proceso nuevo que transforma la percepción de toda una vida”. 

“La gente ni se imagina”, expresó. Cree que esos 17 meses de detención lo transformaron, dejando atrás la “efervescencia” con la que discutía sobre temas relacionados al rescate de la empresa petrolera y asumiendo actualmente una actitud más reflexiva al respecto.

Girot señaló que toda esa situación le hizo sentir “compungido” debido a que no solo la detención afecta a una persona en específico, sino a toda una familia. “Te consigues con situaciones que te buscan convertir en despojo humano, pero hay que resistir con dignidad”. 

Denunció que en El Rodeo II existe una situación delicada con los reclusos que ahí se encuentran hacinados por problemas de salud como la tuberculosis, por lo que solicitó al Ministerio de Asuntos Penitenciarios que tome cartas en el asunto.

Asimismo, el sindicalista comentó que sufrió malos tratos desde el primer momento en el que los efectivos de la Dgcim fueron a su vivienda para llevárselo detenido. 

“La persona piensa que el maltrato físico es desde el primer golpe. Eso procede desde la primera mirada de los funcionarios de los cuerpos de seguridad que llegan a tu casa y entran. Que te llevan escoltado a un centro de reclusión. Ahí comienza el maltrato; eso que sientes cuando entra la llave en la cerradura de un candado, entra incertidumbre (…) de si es entrevista o maltrato”. 

A pesar de lo vivido, dijo que este tipo de situaciones lo ayudaron a formar un “temple de hierro” para seguir trabajando en pro de cambios que beneficien a los venezolanos.

Comentó que unos días después de haber sido excarcelado, le fue extendida una invitación de la comisión de encuestas de la OIT para escuchar su caso y conocer su versión de la realidad de los trabajadores desde la perspectiva de una víctima de prisión arbitraria.

DDHH olvidados | “Quiero que se haga justicia y que encuentren a los culpables de la muerte de mi hijo”
Christian Ochoa fue asesinado en la ciudad de Valencia por agentes de Policarabobo durante las protestas de 2017
El jove de 21 años recibió disparo de perdigones a quemarropa en el abdomen y en una pierna
La ONG Provea insiste en que toda la cadena de mando involucrada en el asesinato debe ser condenada

 

@ValeriaPedicini

 

Christian Humberto Ochoa estaba en su casa, ubicada en el callejón Rómulo Gallegos del barrio Francisco de Miranda en Valencia, estado Carabobo, cuando escuchó un alboroto en la avenida. Las protestas antigubernamentales de 2017 se habían iniciado hace semanas y seguían desarrollándose en todo el territorio nacional. Ese día, martes 24 de abril, no era la excepción. 

El muchacho de 21 años salió de su residencia en la parroquia Miguel Peña y vio a los cuerpos de seguridad del Estado reprimiendo a un grupo de personas que se encontraban en la manifestación. Fue sorprendido por funcionarios de la policía de Carabobo, quienes le dispararon con arma de cañón largo en la pierna y en la región umbilical superior derecha.

“Este al ver la actitud hostil que tenían -los agentes de Policarabobo- se arrodilló y se puso las manos en la cabeza. Le pidió que no le hicieran nada pero, en respuesta, supuestamente, recibió un disparo de perdigones a quemarropa en el abdomen. También una herida de bala en una pierna”, contó su padrastro Eleazar Guerra al diario El Carabobeño al día siguiente de la muerte del joven.

Christian fue trasladado a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, donde falleció al día siguiente por una hemorragia interna y shock hipovolémico producto de las heridas.

Tras la muerte del joven, el Ministerio Público informó que las fiscalías nacionales del estado Carabobo acusaron a los funcionarios Gerson Quintero y Jhonny Azócar por uso indebido de arma orgánica y como coautores en el delito de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivo fútil; y a Miguel Pacheco Palencia por ser cómplice no necesario en ese tipo penal. 

Tras experticias llevadas a cabo por la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, junto con los representantes fiscales y el Cicpc, el Tribunal 6º de Control solicitó una orden de aprehensión para Azócar y Quintero, quienes fueron detenidos el 26 de abril de ese año en la Base Los Caobos del Eje de Homicidios Carabobo.

Quieren justicia

Christian Ochoa era estudiante de Ingeniería Eléctrica y trabajaba en una charcutería. Era el más pequeño de tres hijos: el 21 de mayo iba a cumplir los 22 años de edad. Su madre Zuleima Soriano contó que el muchacho ni estaba participando en la protesta cuando fue gravemente herido por los efectivos de seguridad. 

El joven fue la víctima número 27 de la represión policial y militar a manifestantes durante las protestas de 2017. 

Días después de lo ocurrido, su familia todavía desconocía cuántos policías habían participado en el hecho o si habían sido presentados ante los tribunales.

“Quiero que se haga justicia y que encuentren a los que son culpables de la muerte de mi hijo, solo les puedo pedir justicia”, exclamó a las puertas del Ministerio Público en Valencia.

Eliécer Jiménez, abogado y representante de la Organización No Gubernamental Defensa y Justicia Carabobo, indicó que habían asistido al Ministerio Público para exigir que se hiciera justicia por la muerte de Ochoa. Aseguró que el muchacho murió “debido a la represión brutal, salvaje, violadora de absolutamente todos los derechos humanos que se generó ese día en ese sector”.

“Aquí queremos a todos los policías que estaban ese día involucrados en la represión y en los disparos que se generaron en el sector Francisco de Miranda”. También pidieron que les dieran acceso al expediente para conocer los detalles de la investigación.

Justicia a medias

En noviembre de 2019, el Ministerio Público informó en su portal web que Quintero y Azócar fueron condenados a 22 años de prisión por su responsabilidad en el homicidio de Christian Ochoa. En el juicio, las fiscalías 35º de Carabobo y 62º Nacional ratificaron la acusación hecha previamente. La condena deberían cumplirla en el Internado Judicial de Tocuyito.

En marzo de 2022, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ratificó la sentencia condenatoria de 22 años de prisión. 

La sentencia recuerda que, durante una manifestación que tuvo lugar en abril del año 2017, en el sector Francisco Miranda del municipio Valencia, “los exfuncionarios de la Policía del estado Carabobo (PoliCarabobo) Jhonny Azocar y Gerson Quintero, de forma separada, dispararon con arma de fuego tipo escopeta contra el ciudadano Christian Humberto Ochoa Soriano, provocándole la muerte”.

La organización Provea ha insistido en que no solo los autores materiales de abusos contra derechos humanos deben ser investigados y sanciones, sino toda la cadena de mando. 

“Los mandos policiales y militares involucrados en estos abusos deben ser destituidos y puestos a la orden de una investigación oportuna y transparente conducida por el Ministerio Público. La impunidad no puede seguir siendo el principal cómplice de los atropellos contra los derechos de los venezolanos”.