Valeria Pedicini, autor en Runrun

Valeria Pedicini

DDHH olvidados | “La Fiscalía solo quiere que una se canse”
Carlos Alberto Mora, de 19 años, fue asesinado el 14 de julio de 2006 en Antímano por efectivos de la extinta Policía Metropolitana de Caracas

@ValeriaPedicini

Cuando Dilcia Mendoza habla de su hijo, no lo hace en tiempo pasado. Cuando cuenta la historia detallada de cualquiera de las cuatro fotos que sostiene entre sus manos, siempre lo hace en presente. Las imágenes están unidas con grapa a una hoja carta que la mujer revisa con dolor desde hace más de una década por la ejecución extrajudicial de su hijo.

Carlos Alberto Mora había regresado a vivir a su casa natal en la Parroquia Antímano de Caracas. El muchacho de 19 años estaba decidido a estudiar Criminalística, así que había presentado los exámenes de admisión ante la Policía de Sucre. Mientras esperaba los resultados, trabajaba como mecánico junto a su papá en Filas de Mariches. 

Ansioso porque la respuesta no llegaba, el 14 de julio de 2006 no fue a trabajar y subió al sector La Acequia para ubicar un teléfono y averiguar si lo habían aceptado. 

Eran cerca de las 10 de la mañana. Cuatro horas más tarde, Carlos Alberto estaba muerto. 

Dilcia salió varias veces de casa a recorrer los callejones y escaleras en búsqueda de su hijo. No obtuvo resultados. Pasado el mediodía, angustiada, se asomó por su ventana. Miró hacia la casa de su vecina en la cima de la montaña y desde ahí vio a uno de los policías disparando al aire. 

Todavía Dilcia Mendoza no sabe por qué mataron al joven. Ella misma ha tenido que atar cabos sueltos para saber cómo fue asesinado por agentes de la hoy extinta Policía Metropolitana de Caracas. La versión policial sostiene que murió durante un enfrentamiento con los funcionarios. Pero Dilcia, convencida de su inocencia, ha ido reconstruyendo los hechos a falta de la indagación oficial. 

La mujer supo que cuando su hijo iba de regreso a casa, los efectivos iban subiendo por el barrio. Un conocido de Carlos Alberto  le dice que entren a una casa para evitar encontrarse con la policía. Dentro de la vivienda, se encuentran con un joven que presuntamente había estado implicado en un caso. “Los funcionarios tumbaron precisamente la puerta de esa casa y entraron. Uno de ellos le comentó a otro: ʻAquí ya tengo tres”. 

En sus averiguaciones, ella también ha podido establecer con los años que aquel funcionario, descargando su arma al aire, solo buscaba aplacar los gritos de auxilio y de dolor que las torturas estaban arrancando a su hijo en la casa vecina.

“Yo revisé la casa donde todo sucedió, encontré las medias de mi hijo, su gorra. Supe que de ahí salió vivo, pero con una ropa que no era la suya. Supe que los funcionarios tardaron una hora en llevarlo al hospital, que apenas está a quince minutos del lugar. ¿Qué pasó ahí? Hay demasiadas cosas que no han sido investigadas. En 2010, de la nada, apareció el teléfono celular de mi hijo. Me lo dio la misma vecina que dijo haberlo encontrado donde lo mataron porque una luz estaba titilando. ¿Seis años después un celular va a tener batería?”.

Había que denunciar

El cuerpo de Carlos Alberto todavía estaba tibio cuando Dilcia lo dejó en el Hospital Pérez Carreño y se fue a denunciar lo que había ocurrido. “Reaccioné y le dije a mi esposo que teníamos que ir a denunciar rápido, para que no les diera tiempo de cambiar la versión, de ponerse de acuerdo, para que no se perdiera evidencia ni borraran nada”. 

No estaban seguros a dónde podían ir. Así que subieron al primer taxi que encontraron. El conductor, tío de un estudiante asesinado por la policía, supo exactamente a dónde dirigirse: los llevó a la sede del Ministerio Público y les explicó lo que tenían que hacer. 

“Vengo a denunciar que unos funcionarios de la Policía Metropolitana asesinaron a mi hijo. Hay testigos y quiero que vean su cadáver. Tiene en el pecho un círculo de seis centímetros con un punto del que se desprende la piel, como si le hubiesen puesto aceite caliente y la ampolla se le hubiese estallado. Eso fue que me lo quemaron”. 

Después de tantos años trajinando su caso, Dilcia puede explicar que lo que vio aquel día en el cuerpo de su hijo no era una quemadura, sino el rastro de un disparo a quemarropa.

“Como víctimas, nosotras creemos que por el solo hecho de hacer la denuncia ya se va a hacer justicia. Ya hoy han pasado 21 fiscales en mi caso”, señala Dilcia Mendoza, quien desde 2006, se ha abocado día tras día a empujar los procesos jurídicos necesarios para establecer las responsabilidades en la ejecución extrajudicial de su hijo. 

Ha logrado, incluso, estar frente a algunos de los funcionarios señalados como presuntos responsables de la muerte de Carlos Alberto. “Hoy, me siento orgullosa de verle la cara a esos policías. Cuando me ven, corren como si estuvieran viendo al diablo. A veces me les pego atrás, y les digo: ‘así te escondas bajo las piedras, la justicia te va a agarrar¡”.

Ha comprendido que frente a las disfunciones del sistema solo la voluntad puede marcar la diferencia. “La Fiscalía solo quiere que una se canse. Pienso que al Estado le conviene los casos estancados. Yo iba al Ministerio Público una y otra vez y siempre me decían que esperara, que el fiscal no estaba, que volviera. Yo no sabía nada de la justicia ni qué eran los derechos humanos”. 

N de R: El testimonio forma parte del informe “Víctima a víctima”, disponible en el portal de Cofavic

DDHH olvidados | No volvió a ser la misma después de la ejecución extrajudicial de su hijo
Darwilson Sequera de 20 años fue asesinado en una ejecución extrajudicial en junio de 2013 por funcionarios del CICPC

@ValeriaPedicini

Una parte de Aracelis Sánchez dejó de existir el día que su hijo murió. El ama de casa que apenas salía de su hogar, centrada en atender y cuidar a su familia, quedó atrás. Dejó de ser aquella mujer cuando funcionarios policiales irrumpieron en su casa, persiguieron a su muchacho hasta la azotea y lo balearon. 

Su historia no es una historia de un solo día. 

Todo empezó en abril de 2013. Un día regresaban a casa y encontraron dentro de su vivienda en El Valle, en el sudoeste de Caracas, a varios policías manipulando su computadora y documentos. No hubo explicaciones ni orden de registro. Hizo la denuncia ante la Fiscalía 127 y le dijeron que se quedara tranquila.

Un mes después, los efectivos volvieron y le dieron una paliza en la calle a su hijo Darwilson, de 20 años. Ella lo defendió y en respuesta la amenazaron con matar a sus otros hijos si no les daba dinero.

La extorsión duró varias semanas. La familia tuvo que huir, dormir en su carro, vender electrodomésticos. Aracelis acudió al fiscal e hizo una nueva denuncia, esta vez, por extorsión. El funcionario le aseguró: “A usted no le va a pasar nada”. 

La mañana del 11 de junio tocaron con fuerza su puerta. La despertaron gritando “helado” y cuando ella abrió un policía vestido de negro le apuntó con un arma larga y la amenazó con dispararle. Ella cerró y corrió gritando al interior a avisarle a su familia. 

Los funcionarios del Cicpc irrumpieron mientras Darwilson y su hermana de 12 años iban subiendo a la azotea; abajo quedaron la madre, el padre y el hijo mayor abrazados y desde allí oyeron los balazos. La niña aseguró que su hermano buscó refugio saltando entre los techos y se resguardó en una cuneta. 

Según el examen forense, el joven pudo haber estado de rodillas cuando recibió los disparos mortales. 

Cerca de 30 policías participaron en el operativo y cuando arrastraban a Darwilson lanzaban ráfagas y ordenaban a gritos que nadie saliera de su casa. Apenas se despejó la zona, Aracelis se lanzó a los callejones aledaños buscando a su hijo, hasta que su esposo la subió al vehículo y fueron al hospital de Coche. Cuatro días más tarde le entregaron el cadáver en la morgue del hospital a donde había acudido inicialmente. “Dejaron que su cuerpo se descompusiera”. Tenía tres orificios de bala, uno de ellos fue un tiro de gracia.

“Yo debí salir a defenderlo”

Si piensa en quién era en 2013, Aracelis no puede evitar reprocharse a sí misma por no haber sabido cuáles eran sus derechos, los de su familia, los de su hijo. Si hubiese sabido, no se hubiera quedado paralizada por el miedo cuando mataron a Darwilson. 

“Yo soy una persona muy diferente, no me reconozco, era tan tímida, miedosa, a veces me culpo de que hayan matado a mi hijo, debí parármele a los policías, que me mataran a mí, no a él. Yo debí salir a defenderlo. Eso cambió mi vida”. 

Pero la ejecución extrajudicial no fue lo único que la hizo cambiar, sino el enfrentarse al entramado institucional que pretendió distorsionar la descripción de los hechos.

“Una queda como en el aire, con ese dolor tan grande, desorientada; así estaba cuando fui a la División de Homicidios y me pedían que firmara un papel. Yo lo leí, y ahí decía que mi hijo tenía un apodo delictivo y que se había batido a tiros con el Cicpc. Querían obligarme a firmarlo. Dije que no, que lo corrigieran. Entonces arreglaron algunas cosas y me lo dieron de nuevo. Seguía escrito lo del enfrentamiento. Pedí que lo volvieran a hacer y cuando me lo mostraron, se molestaron: ʻ¿También lo va a leer, señora?ʼ, y yo respondí que sí. ¿Cómo podía confiar, si dos escritorios más allá había un funcionario que nos había estado extorsionando meses atrás?”. 

Cuando su caso por fin llegó al Ministerio Público, se profundizó la injusticia. Ella preguntó cuál Fiscalía tenía asignado su caso y le dieron un dato equivocado. Le dijeron que no aparecía en el registro y los propios funcionarios le recomendaban que no siguiera con la denuncia porque los policías implicados eran muy peligrosos. 

En la Fiscalía le dijeron que el caso estaba cerrado porque su hijo era un delincuente y no tenía ningún derecho. “Querían que me cansara”. 

Después del maltrato reiterado y las presiones de la Fiscalía para que desistiera, Aracelis estuvo en shock. “Conseguí los teléfonos de varias organizaciones y llamé buscando orientación, pero nunca me devolvieron la llamada. Cuando veía en la calle a alguien con libros, pensaba que eran personas leídas y les preguntaba si sabían dónde me podían ayudar”. 

Aracelis Sánchez es una de las fundadoras de Orfavideh. En su camino de hacer justicia por su hijo, conoció a otras madres que también querían lo mismo. Juntas empezaron a acudir a la morgue y la Fiscalía, en búsqueda de más familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. 

“Preguntábamos, seguíamos pistas, íbamos a hablar con ellas, a decirles quiénes éramos, y por qué pensábamos que debíamos unirnos. Al principio mi esposo no quería que denunciara, porque temía que fueran detrás de nuestros otros hijos, pero cuando me vio decidida se convirtió en mi mayor apoyo”. 

Ella ha constatado que la cantidad de denuncias por ejecuciones extrajudiciales presentadas ante las instancias de Justicia no es proporcional a la cantidad de casos. Es mucho menor, y sabe que el miedo es el factor primordial. A eso se suma el desconocimiento de las personas sobre cuáles derechos y recursos les asisten, así como las dilaciones y presiones institucionales para desalentarlas. 

Para Aracelis, la red de contención, apoyo y ayuda de la organización ha sido crucial. “Hay que denunciar, pero también debemos acompañarnos. Una víctima sola es más fácil de manipular y nunca le prestan atención, pero cuando nos presentamos juntas, estamos pendientes de hacerle seguimiento a cada uno de nuestros casos, nos damos ánimo cuando alguien decae o quiere desistir, se nota la diferencia. Si no estuviéramos ahí, insistiendo, nuestros expedientes prácticamente no existirían, ni tampoco darían constancia de la injusta muerte de nuestros hijos”. 

Ya nada queda de esa mujer miedosa y tímida. “Ahora mi carácter es más fuerte, muy determinado. Cuando veo la injusticia no la permito, me enfrento a quien tenga que enfrentar. He cambiado mi forma de vestir, de pensar, de peinarme. No podemos callarnos ni dejar que nos violen nuestros derechos. Aprendí que a estas personas no hay que tenerles miedo, hay que ir a la prensa, buscar asesoría, tener constancia. Yo ya no me puedo quedar callada. Yo decidí que nadie más me violaría mis derechos”.

N de R: El testimonio forma parte del informe “Víctima a víctima”, disponible en el portal de Cofavic 

DDHH olvidados | 46 días de detención por pensar distinto

Karen Palacios estaba en casa de su abuela en Los Teques cuando efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) vestidos de civil la fueron a buscar. Era 1 de junio de 2019. Le dijeron a la clarinetista del Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles que eran profesores de música y que estaban interesados en su contrato filarmónico. 

A su madre Judith Pérez le pareció rara la situación, tenía sus dudas. Pero los hombres insistieron en que habían ido desde las oficinas del Palacio de Miraflores con la finalidad de hacerle una entrevista. Ya en el vehículo, vieron armas y chalecos. Uno de ellos les dijo que no había de que preocuparse, que serían devueltas a casa después de la entrevista. Al llegar a Caracas, no se dirigieron hasta el centro de la ciudad, sino que fueron llevadas a la DGCIM Boleíta. 

Los funcionarios llevaron a Karen adentro, mientras su madre esperaba afuera con la promesa de que solo interrogarían a su hija y volverían pronto. Eran aproximadamente la 1:00 p.m. Cinco horas después, le dieron un teléfono con la voz de su hija al otro lado para decirle que iba a ser retenida hasta su audiencia de presentación ante el tribunal el lunes siguiente. Sin orden judicial y de forma arbitraria. 

Días antes, el 26 de mayo de 2019, Karen Palacios había publicado comentarios en su cuenta personal de Twitter que se hicieron virales. En ellos criticaba a la Orquesta Filarmónica Nacional alegando que su contrato había sido cancelado debido a sus opiniones políticas. “El día de hoy, después de la novena función del Popol Vuh me comunican que mi contrato fue rechazado porque he firmado en contra del régimen». Ahora me pregunto yo, cuando ellos me llamaron para ofrecerme el contrato ¿por qué no me dijeron que era requisito pensar igual que ellos?”, dijo en esa oportunidad. 

La joven estuvo desempeñando como primer clarinete en la Orquesta Filarmónica Nacional mientras esperaba un contrato de tres meses que el conjunto le había ofrecido para entrar oficialmente a la agrupación.

Tres días después, una cuenta que apoyaba al Gobierno publicó capturas de pantalla de comentarios hechos por Karen. Entre ellos, uno que decía: Porque de verdad espero leer, en una noche de insomnio, que Maduro huyó, que lo mataron, que lo apresaron, o cualquier vaina que me haga feliz”.

El 3 de junio de 2019, la joven de 25 años compareció ante el Quinto Tribunal de Control, acusada de instigación pública a cometer un delito o al odio, y se le concedieron medidas no privativas de libertad. 

El juez emitió una orden de excarcelación y el defensor público presentó al día siguiente los documentos necesarios para la excarcelación la muchacha. Pero cuando su madre fue a la DGCIM, le negaron que hubiera órdenes de excarcelación. En el tribunal, funcionarios judiciales explicaron que la orden no había sido procesada. 

El 18 de junio de 2019, un tribunal emitió oficialmente la orden de excarcelación, pero Karen permaneció en custodia en Boleíta. Su madre no dejó de solicitar su liberación, aunque no recibió respuesta de las autoridades. 

Karen estuvo detenida en una celda sin ventanas en el sótano, con otras nueve mujeres con quienes tenía que compartir una litera de dos camas. Les dejaban encendidas las luces blancas brillantes para que no pudieran dormir. También fue torturada psicológicamente: recibió amenazas de muerte, por esa razón tenía miedo de dormir por las noches. 

Durante el mes y ocho días que estuvo en la DGCIM, la muchacha no pudo recibir visitas de su abogada ni de su familia. Su madre iba todos los días para llevarle agua potable y a veces los funcionarios le permitían entregarle papel higiénico y toallas sanitarias. 

El 8 de julio, Karen Palacios fue trasladada junto a otras siete mujeres al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), a pesar de que sus abogados no tenían conocimiento del cambio. 

Tarek William Saab, fiscal designado por la asamblea constituyente, anunció el martes 16 de julio por televisión que Karen había sido detenida porque “instigó, a través de redes, a que fuese asesinado el Presidente de la República y cualquier otro chavista”. Dijo que la joven había sido puesta en libertad, aunque era falso. 

Horas después, en horas de la noche, llegó al INOF una notificación por correo electrónico ordenando la excarcelación de la clarinetista con medidas no privativas de libertad. 

Estuvo 45 días detenida. Después de su liberación, la audiencia preliminar ha sido diferida numerosas veces. La audiencia había sido prevista para marzo de 2020, pero se aplazó de nuevo por las medidas de prevención por el coronavirus. 

 

DDHH olvidados | “Yo quiero limpiar el nombre de mi hijo”

José Gregorio César había regresado de Cumaná después de obtener su clasificación en las eliminatorias nacionales para representar al país en un campeonato de boxeo. Llegó a su casa en Caracas y de inmediato comenzó a preparar sus maletas para el viaje a República Dominicana. 

“Mi hijo ganó su primer campeonato a los nueve añitos. Formaba parte de la selección de boxeo de Venezuela, representó al país tres veces y acumuló 153 peleas”, cuenta su madre Milagros César. 

Cuando no estaba entrenando, el joven trabajaba como mototaxista. Aunque no le hacía falta porque sus primos le compraban lo que él quisiera y como atleta estuvo becado, hacía carreras en la ciudad para ayudar a su madre y a sus hermanas. 

El 26 de marzo de 2013, un día después de llegar de viajar, se dispuso a ir a entrenar. Aunque su madre y sus hermanas vivían en Las Adjuntas, José Gregorio vivía en El Paraíso junto a su tío y un primo, porque le quedaba muy cerca del estadio Brígido Iriarte. 

Al prender su moto, un hombre llegó a la parada de mototaxi y le pidió que le hiciera una carrera. En principio dijo que no pero después lo pensó mejor y aceptó. Llegaron a la UD2 en Caricuao, cerca del Instituto de Tránsito Terrestre. El pasajero le estaba pagando el servicio cuando José Gregorio fue rodeado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)

Segundos después se encontraba sobre el asfalto con un disparo mortal en el tórax. Eran las once y media de la mañana. Solo tenía 19 años. 

Al dispersarse el grupo de policías, un hombre que atendía un quiosco azul en la calle de enfrente vio al muchacho tendido, se acercó y lo reconoció en el acto: “Es Luna”, dijo, porque así lo conocían en el mundo del boxeo. Quiso levantarlo, pero los funcionarios no se lo permitieron: “Déjalo ahí”. El señor declaró al inicio del proceso que no vio a José Gregorio César armado y además repitió las palabras que el joven le dirigió: “Me estoy muriendo, quítame la moto de encima que me está quemando”. 

Cuando la hermana del boxeador acudió al cuerpo policial en búsqueda de información sobre su “detención”, le informan que resultó muerto en un enfrentamiento con la policía porque lo sorprendieron robándose una moto. 

El señor del quiosco y otros testigos fueron disuadidos porque no volvieron a declarar, afirma Milagros César, madre del joven. “Yo estoy luchando con un fantasma, porque no sé quiénes fueron ni mucho menos por qué. El mismo fiscal que recibió el caso me dijo que él estaba robando. ¿Robando? Robado salió él. Mi hijo tenía encima 800 dólares que se trajo cuando compitió en Ecuador. ¿Dónde están sus dólares? ¿Dónde está su tarjeta de débito, su teléfono, su cadena de oro, su carnet de la Selección? Después me devolvieron la moto vuelta nada, inservible. Según los testigos a él le dieron un solo disparo, pero cuando me entregaron el cuerpo tenía dos. ¿Cómo lo explican?”.

La mujer cuenta que el fiscal de su caso ha sido cambiado varias veces en la misma Fiscalía 83. “Llegó otra y me aseguró que me iba a ayudar. Yo le creí. Un día fui a hacerle seguimiento al caso y ella me notificó que estaba lista para acusar. A la semana la cambiaron y llegó otro diciendo que no, no hay pruebas, no podemos acusar. Ahí sí me puse a llorar”. 

Después de la ejecución extrajudicial de su hijo, Milagros César no quiso hablar más. No quiso escuchar sobre la necesidad de denunciar ni hacer justicia. Aunque eso solo fue al principio. 

“Tienes que denunciar. Tu hijo era un deportista, no un delincuente. No te encierres, tienes que luchar para hacerle justicia, me dijo Aracelis Sánchez de Orfavideh. Me convenció. Fuimos a la televisión, a los periódicos, pero a mí me costaba mucho hablar. Entonces, me di cuenta: si tú no luchas, olvídate. La justicia no te va a llegar sola. Hay que demostrar que uno no les tiene miedo a esos funcionarios”. 

Milagros quiere que su hijo sea recordado como un campeón. Como lo que era: un buen muchacho. Por eso a donde va porta una carpeta con recortes de prensa sobre el desempeño deportivo de José Gregorio César Luna y ni una sola reseña sobre el día fatídico, ningún titular que lo mencione como asesinado o “presunto delincuente abatido”. No es porque esas noticias no hayan sido publicadas, es que Milagros César se indigna de saber que existen. “No las puedo ni ver porque son una gran mentira”. 

Milagros recuerda lo especial que siempre fue su muchacho, sobre todo con ella. “Era un muchacho normal, alegre, sí iba a sus fiestas, pero en su cumpleaños se tomaría dos tragos y ya. Lo suyo era su deporte y si no estaba entrenando jugaba fútbol. Cuando a mi hija la llamaron para notificarle que José Gregorio estaba detenido en el Cicpc, ella se fue para allá sin decirme. Al llegar, preguntaron si estaba buscando al boxeador. Respondió que sí, y el funcionario le dijo: ʻA ese lo tienes que buscar en la morgueʼ. No hay claridad en nada, lo quieren tapar todo y decir que nuestros hijos son delincuentes. Cuando yo pude revisar mi expediente me di cuenta de que estaba viciado”. 

Lo que Milagros carga consigo son las evidencias de que la vida de su hijo estuvo siempre alejada de los malos pasos que la Policía y las instituciones de Justicia insisten en dar por ciertas para justificar su ejecución. “Los funcionarios y el Estado quedan limpios y la persona queda sucia. Yo quiero limpiar el nombre de mi hijo”. 

La tarea no ha sido sencilla, pero no se rinde. “El que insiste, vence. A veces nos han tirado la puerta en la cara. ʻNo, señora, no queremos saber nada de esoʼ, se excusan. Pero los volvemos a llamar, vamos a sus casas. Nos hemos metido en cerros de pura tierra solo para decirle a las madres que luchen por sus hijos. No importa si eran ladrones o no, todos tienen derecho a la vida, y nadie tiene derecho sobre la vida de nadie. Sean o no sean culpables de algo, son seres humanos”. 

N de R: El testimonio forma parte del informe “Víctima a víctima”, disponible en el portal de Cofavic 

DDHH olvidados | Linda Loaiza sigue buscando justicia
Linda Loaiza fue secuestrada, torturada y violada por cuatro meses en 2001. Su caso es el primero sobre violencia de género ocurrido en Venezuela en ser juzgado por la CIDH

Valeria Pedicini

Hace 20 años, el 27 de marzo de 2001, Linda Loaiza fue secuestrada y encerrada en un apartamento en Los Palos Grandes, en Caracas. Tenía 18 años y poco tiempo de haber llegado de Mérida a la capital, junto con su hermana, con ganas de estudiar veterinaria. 

Durante cuatro meses, Linda fue sometida a distintos tipos de violencia física, sexual y psicológica. Fue amordazada, esclavizada, torturada y abusada sexualmente por Luis Carrera Almoina, bautizado posteriormente por la prensa de aquel momento como “El monstruo de los Palos Grandes”.

Al día siguiente de su secuestro, Ana Secilia López, hermana de Linda, recibió una llamada en la que le dijeron que “Linda no iba a regresar a la casa”. Al intentar comunicarse nuevamente con ese teléfono, escuchó un mensaje grabado que decía que pertenecía a Almoina. 

Con esa información, quiso denunciar a la policía, pero fue desestimada por las autoridades, que alegaron que eran “problemas de pareja” y había que esperar. Intentó interponer una denuncia al menos en seis oportunidades. Cuando el agresor de su hermana era informado de las denuncias, la violencia aumentaba.

Linda Loaiza estuvo 114 días desaparecida. 

La joven pudo escapar el 19 de julio de 2001, el día en que su captor no la amordazó cuando salió la vivienda. Linda gritó pidiendo auxilio desde la ventana del apartamento hasta que los vecinos la escucharon y llamaron a los efectivos de la Policía de Chacao, quienes la encontraron moribunda. Fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario. Tuvo que permanecer en distintos centros hospitalarios por un período de 15 meses y se tuvo que someter a 15 cirugías para la reconstrucción de partes de su cuerpo por todos las torturas que había sufrido. 

Los informes médicos reseñaron que sufrió, entre otras lesiones: fractura de maxilar, destrozo de labios y orejas, rotura de costillas, desviación ocular, cercenamiento de pezones, desgarre vaginal, quemaduras de cigarros, marcas de mordiscos. Padecía desnutrición y sus muñecas, tobillos y piernas tenían marcas de ataduras. 

Los daños de las graves lesiones que sufrió durante cuatro meses de cautiverio persistieron por mucho tiempo más que ese. 

El Informe de Fondo del caso Linda Loaiza emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en julio de 2016 señala que durante el secuestro, el agresor llevó a Linda Loaiza López a la casa de su padre, Gustavo Carrera Damas, quien estaba al frente de la Universidad Nacional Abierta, quien a pesar de presenciar el abuso sufrido por la víctima, no hizo nada al respecto.

Pero el horror no terminó después de librarse de su agresor. Linda se tuvo que enfrentar a un doble crimen: el de la violencia e impunidad institucional. Desde el principio, el proceso judicial estuvo lleno de irregularidades, omisiones, dilaciones injustificadas e incluso con destrucción de evidencias. Fue revictimizada durante la investigación.

Mientras estuvo hospitalizada, la Fiscalía emitió una orden para no permitir el acceso a su abogado, afectando su derecho a contar con información y asesoramiento respecto de la investigación y proceso penal.

Desde el primer momento de su rescate, Linda Loaiza identificó a Luis Carrera Almoina como su victimario. Fue detenido el 22 de agosto de 2001 y acusado por los delitos de Homicidio Frustrado, Violación, Privación de Libertad y Tortura.  El 10 de septiembre le fue concedido el beneficio de casa por cárcel.

Por el retardo procesal de su caso, Loaiza López hizo una huelga de hambre ante el Tribunal Supremo de Justicia por 13 días continuos en agosto de 2004. Tres años y tres meses después, inició el juicio. Las pruebas más contundentes para demostrar la culpabilidad del acusado por haber cometido delitos atroces fueron invisibilizadas o desestimadas. No se hicieron pruebas de ADN, se perdieron materiales de interés criminalístico en el sitio de los hechos por el indebido resguardo de la prueba, la recolección de evidencia de la escena se realizó con deficiencias, no se hicieron pruebas de luminol en el apartamento y los exámenes forenses no se realizaron hasta ocho días después del rescate.

La jueza Rosa Cádiz, encargada del caso, le otorgó libertad plena a Carrera Almoina, argumentando “duda razonable”. Por el contrario, pidió que Loaiza fuera investigada, junto a su familia, por una supuesta vinculación con una red de prostitución. 

Loaiza apeló la decisión. Carrera fue detenido de nuevo y se inició un nuevo juicio en 2006, pero con otro juez, luego de que la Corte de Apelaciones decidiera anular el fallo absolutorio por inmotivación y ordenara un nuevo proceso. Se condenó parcialmente a Carrera Almoina a seis años y un mes de cárcel por privación ilegítima de libertad y lesiones gravísimas. 

Ni siquiera fue juzgado por todos los delitos que había cometido: la violencia sexual no fue tomada en cuenta, se mantiene en situación de impunidad. Cumplió su sentencia en la cárcel de El Rodeo y en 2008 se declaró que había cumplido la pena. Desde entonces está en libertad. 

Después de seis años, el caso había pasado por 97 jueces, 16 fiscales, las audiencias se diferían y 50 jueces se inhibieron.

El monitoreo de violencia contra las mujeres de la plataforma Utopix indica que en lo que va de 2021 se han contabilizado 73 femicidios: 23 en enero, 20 en febrero, 15 en marzo y 15 en abril. Es decir, en Venezuela ocurre un femicidio cada 39 horas. 

Por su parte, el Monitor de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) indica que del 1 de enero al 31 de marzo hubo 20 femicidios. En el reporte de abril, reportaron que hubo 15 femicidios consumados y 6 frustrados en el mes 

La determinación de Linda Loaiza en encontrar justicia la llevó a estudiar Derecho y hacer una especialización en Derechos Humanos. El caso fue llevado por la víctima, su familia y su abogado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para demandar al Estado venezolano. “Considero que en el Estado venezolano aún hay impunidad en mi caso, con relación al delito de violencia sexual. He acudido aquí porque en este lugar no imperaran privilegios sociales ni económicos”. 

Aunque los hechos fueron cometidos por un particular, el Estado incumplió con su obligación de prevenir, investigar y castigar actos de violencia contra la mujer. 

El caso de Loaiza es el primero sobre violencia de género ocurrido en Venezuela en ser juzgado por la CIDH. Su historia es la muestra de la violencia institucional y doble victimización que tienen que sufrir las mujeres víctimas de violencia sexual en el acceso a la justicia. En noviembre de 2008, el organismo declaró responsable al Estado venezolano venezolano por la violación de los derechos humanos de Loaiza, entre los que sobresalen el de integridad personal, prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibición de la esclavitud, libertad personal, garantías judiciales, dignidad, autonomía y vida privada, circulación y residencia, igualdad ante la ley y protección judicial.

Hasta la fecha, Linda Loaiza sigue esperando el cumplimiento de la sentencia de la CIDH. “Sigo exigiendo mis derechos, como mujer venezolana; sigo promoviendo la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y la responsabilidad del Estado venezolano es garantizar mis derechos y los de mis familiares. Mientras no exista el acceso efectivo a la justicia interamericana de las víctimas de violaciones de derechos humanos, este sistema deja de ser una garantía para las víctimas”, expresó Linda en una entrevista a Runrun.es.

Las secuelas del trauma no pueden borrarse por el solo deseo; se aprende a vivir con ellas, el daño que causan es como vivir la propia muerte, luchar contra ella, vencerla y heredar sus consecuencias. “Como víctima sobreviviente de violencia sexual y tortura, puedo decir que no existen palabras que puedan definir este dolor”.

 

DDHH olvidados | Meses sin ver el cielo ni sentir el sol
Diannet Blanco fue detenida de forma arbitraria durante las protestas de 2017. Estuvo más de un año y medio presa en El Helicoide

@ValeriaPedicini

Desde muy joven, Diannet Blanco quiso contribuir en la transformación de una mejor sociedad. Lo empezó a hacer en su liceo cuando fue escogida como vicepresidenta del Centro de Estudiantes y comenzó a impulsar cambios en su colegio. Exigir que arreglaran las canchas, mejoraran los pupitres y organizaba protestas con otros centros educativos de Guarenas y Guatire para defender el pasaje preferencial estudiantil. 

Soñar con ser educadora iba de la mano de sus deseos de hacer por los demás, de aportar. Y ese camino empezó cuando fue admitida en la Universidad Central de Venezuela. No fue sorpresa cuando al llegar a la casa que vence las sombras sintiera la necesidad de involucrarse en la vida universitaria más allá de las aulas. 

Ganó la presidencia del Centro de Estudiantes de la Escuela de Educación en 2003 y en 2004 ocupó el cargo de secretaria de reivindicaciones de la Federación de Centros Universitarios, que le permitía relacionarse con dirigentes estudiantiles de todo el país. 

Llegaron las protestas de 2017. Marchas, bombas lacrimógenas, disparos. Mucha represión. Muchos heridos, muchos muertos. Diannet era parte de los cientos de venezolanos que salían a las calles. No solo por la necesidad de expresar su descontento sino que ayudaba con insumos de primeros auxilios a los jóvenes de la Cruz Verde, quienes ayudaban a los manifestantes. 

Por esa razón, fue señalada como integrante de una brigada terrorista que quería desestabilizar el Gobierno. El 20 de mayo de 2017 la detuvieron de forma arbitraria y fue llevada a tribunales militares. 

Diannet Blanco estuvo un año y 12 días en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), en el Helicoide. Al llegar, se encontró con Daniel Ceballos y Villca Fernández; con quienes había compartido en libertad, ahora lo hacían tras las rejas por las mismas razones: luchar por sus derechos. 

Compartía una celda de 50 metros cuadrados con otras 26 mujeres, presas políticas y presas comunes. Estaban hacinadas, en el lugar era poca la ventilación y por los grifos no salía agua. No había baños limpios, así que tenía que defecar en bolsas plásticas. 

Los días se le hacían eternos. Era difícil no caer en desesperaciones. “Vive un día la vez, esto es temporal”, se repetía a sí misma para darse fuerzas durante su encierro. 

Durante sus largas horas de encierro, pensaba en las historias que le habían contado sus abuelos que vivieron la dictadura. Sentía que ella debía honrarlos siendo fuerte y seguir resistiendo. “Era como si hubiese heredado un testigo familiar”. 

Dentro de El Helicoide, Diannet volvió a encontrar una forma de ayudar a los demás. Había organizado tertulias con sus compañeras acerca de las distintas formas de violencia contra la mujer. En esas charlas insistía en la idea de que todas merecían ser tratadas con dignidad.

“Con alguna de esas mujeres compartí alegrías y tristezas. En ellas encontré empatía y solidaridad. Nobleza. Resistía en la mazmorra, ese lugar oscuro y hostil, gracias a que con ellas me reía. Así comprendí que lo peor que le puede pasar a una persona encarcelada es el olvido”. 

Una de esas tantas noches que pasaban juntas, una de ellas dijo que necesitaba ver la luna. La situación de su encierro golpeó a Diannet con fuerza: se sintió presa y sintió un vacío hondo por dentro. 

Antes de que la luna desapareciera, varias se acostaron al lado unas de otras para ver a través de la ventana. “Esa noche me acosté pensando en los meses que tenía sin ver el cielo. Sin ver las estrellas. Sin sentir el sol. Sin sentir la brisa en mi rostro”. 

A pesar de todo lo que estaba pasando, Diannet no podía quedarse de brazos cruzados ante tantas injusticias. El 16 de mayo de 2018, casi un año de prisión, comenzaron a protestar en el Sebin. 

“La manifestación se extendió por dos días. Había mucha tensión. Desesperada porque las autoridades estaban dispuestas a sofocar el motín, se me ocurrió hacer un video pidiéndole ayuda a las organizaciones de derechos humanos y a la iglesia, con la esperanza de que intervinieran de alguna manera y garantizaran el respeto a nuestros derechos. Lo grabé con un celular y antes de que me lo quitaran y me quedara incomunicada, se lo mandé a mis amigos. Lo hice sin reparar en el castigo al que me someterían luego”. 

Ese video se hizo viral en las redes sociales. Y arremetieron contra ella por su rebeldía. Les quitaron las camas de la celda donde dormía y tuvo que pasar las noches en el piso, acostada solo sobre una delgada colchoneta.

En junio, en horas de la mañana, una funcionaria le dijo que sería trasladada. No dio más explicaciones. “Sentí mucha ansiedad. No podía creerlo. En efecto, me llevaron con otros detenidos a la Casa Amarilla, sede del Ministerio de Relaciones exteriores, en el centro de Caracas, y allí, luego de un acto televisado en cadena nacional, me informaron que la prisión preventiva sería sustituida por medidas de régimen de presentación”. 

Diannet fue excarcelada. Dos años después de haber salido de El Helicoide, sigue con medidas cautelares: debe presentarse cada 15 días ante un tribunal militar y tiene prohibido salir de Caracas. “Por eso a veces he sentido como si me hubiesen cambiado la celda del Sebin por una más grande”. Cuenta que, igual como hizo mientras estuvo en prisión, ha intentado darle sentido a su nueva realidad.  

Con Provea, ha organizado lo que ella misma llamó “Comités populares para la defensa de derechos humanos” para educar y organizar a la gente para que pudiesen exigir, documentar, denunciar y difundir lo que sucede en el país. 

“Esta labor me ha llenado de esperanzas, de seguridad. Lo que he hecho me ayudó a desestimar la idea de irme del país, una salida que —después de todo lo había vivido— muchas personas me insistían que considerara. Decidí quedarme, no huir. Y aquí sigo reinventándome”. 

 

“Recién me di cuenta que había sido víctima de abuso

Isabel no se acordaba por qué había dejado de hablar con Alejandro Sojo. Ni siquiera cuando el nombre del vocalista de la banda venezolana Los Colores comenzó a salir en redes sociales por denuncias de abuso sexual, encontró en su memoria la razón por la que no se habían comunicado más.

Leyó las noticias, los comentarios, las publicaciones en la cuenta de Instagram de @alejandrosojoestupro, las conversaciones de él con las muchachas. Pero algo le llamó la atención: las denunciantes tenían el mismo perfil, eran menores de edad y hablaban con el músico por chat. Como ella hace un par de años.

Aunque le dio miedo pensar en lo que podría encontrar en las conversaciones, decidió que era necesario revisar el chat de Facebook que no había borrado.

La joven había conocido a Alejandro Sojo en la plaza Los Palos Grandes, en Caracas, un día que una amiga le pidió que la acompañara a encontrarse con unos conocidos. Isabel tenía 15 años. Él estaba ahí tocando el ukelele y cantando cuando ellas llegaron al sitio. Isabel no sabía quién era, primera vez que lo veía. Le comentó que cantaba bien y comenzaron a hablar.

Comenzó con una solicitud de amistad

A las semanas, Alejandro la agregó en Facebook y le escribió. Hablaban de vez en cuando, eran conversaciones cortas y poco profundas. «Las leo ahorita y no les veo mayor sentido”, comenta Isabel. Solo se volvieron a ver una vez más, en el mismo contexto. En varias oportunidades la invitó a fumar marihuana y, como ella no fumaba, la respuesta siempre fue que no. Las conversaciones se volvieron más esporádicas.

Solo una vez tuvieron una conversación que Isabel considera larga y con más sentido que las anteriores. Meses después de aquella conversación, la abordó directamente. Isabel tenía 17 años y él 26. Alejandro le preguntó si ella consideraba una ofensa mandarle un «nude» a alguien. Era la primera vez que tenían ese tipo de charlas. 

“¿Recibir o enviar?”, le contestó Isabel. Él le contó una anécdota personal y ella le respondió que no podía opinar porque no tenía experiencia, nunca había mandado o recibido fotos sexuales.

A pesar de decirle que anteriormente no había intercambiado «nudes» con alguien más, Alejandro se los comenzó a ofrecer. “Al principio no lo tomé muy en serio. Arriba en las conversaciones leí que hacíamos muchos chistes. Así que por eso supongo que no lo tomé en serio. Cuando vi que sí lo era, le dije que no”. 

Él insistió. Le dijo que no tenía nada de malo que él le enviara una foto si ella no le iba a mandar nada de regreso. Isabel recuerda que dudó cuando le dijo eso. “Sentí que si una persona tan grande me lo estaba diciendo, supongo que pensaba que era así. Estoy 100% segura que ahí comencé a dudar. Me llevaba nueve años y yo no estaba muy clara”. 

Cuenta que desde que era una niña le habían dicho que nunca enviara fotos personales a nadie. Se lo repetían mucho. “Pero nadie me había puesto en esa situación, nadie me había contado que esto también podía pasar”. 

Alejandro la convenció y le envió la foto de sus genitales. Ella se sintió muy incómoda, no sabía qué hacer. Él le pidió que hiciera lo mismo, que le enviara una foto. Isabel le dijo que no y simplemente abandonó el chat.

Solo le escribió una vez más por Facebook, pero no volvieron a tener ningún contacto. Ni Isabel supo de él hasta que leyó su nombre asociado al estupro.

“Revisé el chat porque leí todas las denuncias en Instagram. Me daba cosa hasta entrar al chat, pero sabía que lo tenía que hacer. Y cuando lo hice, en verdad no me lo esperaba en lo absoluto. Me afectó mucho leerlo, revivirlo. Me di cuenta que había sido una víctima y no me acordaba».

Abrir los ojos por el testimonio de otro

Las denuncias contra Alejandro Sojo no son recientes. La primera de ellas, que se hizo pública, fue hecha en 2018 a través de un hilo en la red social Twitter. Aunque el caso no se hizo viral, fue comentado de manera ofensiva por comediantes venezolanos en un podcast y la persona recibió mensajes de odio en ese momento, por lo que decidió borrar la publicación. No se habló más del tema hasta que en abril fue creada la cuenta de @alejandrosojoestupro en Instagram, donde víctimas del músico contaban sus experiencias de abuso sexuales mientras ellas eran menores de edad. 

La cuenta recopiló al menos seis testimonios de jóvenes, en la que también incluyeron capturas de pantalla de las conversaciones que mantuvieron con Alejandro Sojo, en las que mandaba fotos de sus genitales a las menores de edad siendo él mayor.

Luego de que los testimonios de viralizaran en las redes sociales, Sojo publicó un comunicado en el que admitía haber cometido el delito de estupro y su arrepentimiento por lo que había hecho. Además, indicaba que se apartaría de la música como “escarmiento y reflexión”. “Me dirigiré personalmente a cada una de las víctimas para expresar mi profundo arrepentimiento y poder, al menos, pedir perdón desde el corazón, a pesar de entender que esto no reparará el daño causado”.

Las denuncias contra Sojo sirvieron para que decenas de mujeres publicaran sus experiencias de acoso y abuso sexuales contra músicos, artistas, escritores, periodistas, profesores. Esto despertó en Venezuela un movimiento feminista similar al  Me Too que hace cuatro años surgió tras las acusaciones contra el productor de Hollywood, Harvey Weinstein. 

A los días de que los testimonios inundaran las redes sociales y que la ola del “Yo te creo” se levantara, fue creada la organización Yo Te Creo Vzla con la intención de armar una base de datos para registrar los casos y canalizar el acompañamiento a las víctimas. Nina Rancel, una de sus representantes, comentó en un evento online que en ocho días habían recibido 565 denuncias. Alrededor de 400 mujeres sólo habían contactado al equipo de Yo Te Creo Vzla porque querían ser escuchadas.

Siempre está allí

A sus 22 años, Isabel siente que inconscientemente olvidó un capítulo de su vida por lo mucho que la había afectado, incluso sin saberlo. Aunque revivir ese momento fue doloroso, cree que fue necesario.

«Realmente no se te olvida. Aunque no hable de eso, sigue latente ahí. Creo que comprendí un poco mis conductas después de esto. Siento que tenía ahí un trauma que no sabía y eso hacía que tuviera acciones que en realidad no entendía muy bien».

En estos cinco años de lo ocurrido no había podido contárselo a nadie. Le daba vergüenza. «Me sentía culpable por haber sido manipulada porque me convenció. Siento que utilizó esos espacios en blanco que yo tenía de no conocer, de no tener experiencia, y los utilizó a su favor. Me siento todavía un poco culpable, pero poco a poco sé que se me va a ir porque sé que no fue mi culpa».

Isabel decidió hablarlo con su psicóloga, contarle lo que le había pasado durante su adolescencia. Le recomendó que lo hablara con su familia y eso hizo, a pesar del miedo o la vergüenza que sentía. Desde el principio su madre le creyó y la apoyó. «Fue muy lindo compartirlo con mi familia y ver todo su apoyo. Se siente muy bien».

Pero ella también sintió la necesidad de sumar su voz al resto de denuncias de abuso y acoso sexual que explotaron en Venezuela. «No quiero que le vuelva a pasar a ninguna otra persona. No quiero que nadie se vuelva a aprovechar de una niña de 17 años. Todo esto me afectó y fui víctima. Es también para que las chicas hablen porque siento que yo no estaría sanando todo esto si no lo hablara».

DDHH olvidados | Perder dos hijos en menos de una semana
Los hermanos Carlos Francisco y Julio César fueron asesinados por agentes de la Policía Nacional en un operativo en Catia en el año 2018
La versión policial señala que el primero de los hermanos Rangel Novais murió en un enfrentamiento, y el segundo en una riña entre reclusos

@ValeriaPedicini 

A María Magdalena Novais le mataron a sus dos únicos hijos en menos de una semana. Uno murió el 10 de julio de 2018 y el otro falleció seis días después. Dos hechos distintos, pero conectados y con los mismos culpables: agentes de la Policía Nacional. Los dos hermanos estaban viendo juntos la semifinal del Mundial de Fútbol cuando los efectivos entraron a la casa y les apuntaron con las armas. 

Carlos Francisco había salido corriendo y saltó entre los techos para huir. A Julio César, que tenía un bebé de cuatro meses, lo agarraron. 

María Magdalena no estaba en su vivienda en Gramoven, Catia, cuando eso pasó a sus dos hijos. Estaba en El Paraíso, en su cita habitual como colaboradora en un ancianato. Una vecina la llamó desesperada para decirle lo que había pasado. 

Cuando llegó, era como si nada hubiera ocurrido porque todo estaba en orden.  Los vecinos se encargaron de contarle lo sucedido y no pudo evitar sorprenderse. “Lo sacaron de mi casa como si fuese un narcotraficante, un matón, un asesino. Nunca vi nada de eso, nada de drogas, como los quisieron acusar. Julio había recibido dos balazos, pero ninguno letal, y cuando se lo llevaban gritaba: ʻTengo un hijo, te amo hijo. ¿A quién estás buscando? ¿A quién? Yo no soy”. 

A Julio César, su hijo menor, los efectivos lo golpearon y sacaron caminando, aunque a rastras, de su casa con un disparo en la nalga y otro en el pie. Estaba vivo. En lugar de trasladarlo al hospital más cercano (había dos, el de los Magallanes de Catia y el Periférico de Catia), finalmente fue ingresado muerto en el hospital Pérez Carreño en Montalbán. 

Los testigos aseguran que el joven salió renqueando, pero vivo, y según se supo, en lugar de trasladarlo al hospital más cercano (había dos, el de los Magallanes de Catia y el Periférico de Catia), fue llevado al hospital Pérez Carreño en Montalbán. Horas más tarde murió con cinco balazos.

Mientras se hacían los arreglos para sepultar al menor de los hermanos, el mayor permanecía detenido. María Magdalena no pudo verlo, no se lo permitieron, pero una prima del joven logró visitarlo y le vio signos de tortura. “Mi hijo vio a quienes asesinaron a su hermano y lo pagó con su vida”.

Carlos Francisco había sido aprehendido luego de una persecución, pero no fue entregado en la jefatura cuya jurisdicción correspondía, sino en San Agustín. Al sexto día, en la jefatura donde permanecía, lo encontraron muerto. El 16 de julio de 2018 le notificaron a su madre que había muerto en un pleito entre quienes estaban ahí retenidos, pero nadie más perdió la vida en la aparente trifulca. 

La versión policial señala que el primero de los hermanos Rangel Novais murió en un enfrentamiento, y el segundo en una riña entre reclusos. “De setenta y cinco presos que había ahí, el único que murió fue mi hijo Carlos. Qué raro ¿no?”, se pregunta la madre. 

Unas 340 personas murieron a manos de la policía en el Área Metropolitana de Caracas durante el año 2019, según cifras del Monitor de Víctimas, un proyecto de Runrun.es y la organización Caracas Mi Convive

La Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU confirmó en septiembre de 2020 la gravedad de los casos de letalidad policial. Dice que hay “motivos razonables” para creer que un número considerable de muertes de civiles ocurridas a manos de la policía entre 2015 y 2020 pueden ser consideradas ejecuciones extrajudiciales. Asegura que estos hechos podrían constituir delitos de lesa humanidad

La madre le había escrito una carta a Carlos y la envió con su sobrina. La misiva decía: “Hijo mío, nos quitaron a Julio, se acabó el Trío Perfecto, y al hijo de Julio lo vamos a criar entre los dos. Yo sé que vas a salir de ahí. Bendiciones de tu madre que te espera con los brazos abiertos”. María Magdalena casi no puede terminar la frase, no le alcanza el aire: “Pero me dejaron con los brazos abiertos”. 

Aún abatida por la brutal muerte de su hijo menor María Magdalena Novais tuvo que recibir el cuerpo de su hijo mayor, Carlos Francisco. No tuvo fuerzas para velarlo, estaba destrozada y apenas podía mantenerse en pie. Carlos llevaba dos días muerto y ya el cadáver estaba descomponiéndose. “Me lo entregaron negro, del color de esta mesa, de tanto golpe, yo no lo reconocía. Le destrozaron la cabeza. Estaba todo blandito, fétido, y así me le lancé encima”. 

María Magdalena sabe que no va a recuperar a sus dos hijos, a su Trío Perfecto como ella los llamaba. Pero quiere la verdad. “Necesito que se haga justicia para poder decirle a mi nieto, más adelante, explicarle cómo pasaron las cosas”.

El expediente de sus dos hijos es grueso, “parece una enciclopedia”, porque María no ha escatimado tiempo ni diligencias para completarlo. La búsqueda de justicia la sostiene. Ha padecido las propuestas de funcionarios de la Justicia para que abandone, pero para ella insistir es indispensable. “Yo no tengo miedo a nada. Así como se metieron en mi casa, así mismo me meto yo en la Fiscalía y en donde haga falta. Hay que denunciar y no desmayar. Yo les voy a dar hasta el último aliento de mi vida”. 

Confiesa que en dos ocasiones meditó muy seriamente atentar contra su vida, todo había perdido sentido para ella sin sus dos hijos. “No quiero que nadie de mi familia me acompañe, yo soy la que tiene que lograr que se haga justicia, yo los parí. En la casa, el cuarto de Julio está vacío, el cuarto de Carlos también vacío, pero yo sigo siendo mamá, soy su voz”.

N de R: El testimonio forma parte del informe «Víctima a víctima», disponible en el portal de Cofavic