Valeria Pedicini, autor en Runrun

Valeria Pedicini

Encuesta de Hospitales: promedio de pabellones operativos es de apenas 3,5

La Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) informó que este año el promedio de pabellones operativos en hospitales es apenas de 3,5.

«Lo que representa una pérdida de la capacidad funcional de al menos 20%, comparada con el 2019», reza el comunicado de la encuesta. 

Según el sondeo realizado, en el año 2019 el promedio de quirófanos operativos por hospital estuvo entre 4,7 y 5,2 como índice nacional, lo que representa una operatividad real cercana al 50% de los pabellones. 

«Estos datos demuestran que no ha habido una recuperación de estas áreas que han estado inoperarivas durante al menos tres años».

Asimismo, el monitoreo registró un ligero aumento con relación a las camas operativas de emergencia, con un promedio de 37,1 de operatividad. 

«Lo cual refleja un aumento discreto en relación al año 2019», cuando apareció la pandemia. Señalan que «probablemente» esto esté relacionado con la instalación de salas de aislamiento de casos respiratorios. 

Migración del personal de salud

Desde 2017, la Encuesta Nacional de Hospital ha registrado el impacto de la migración en el personal de salud.

El monitoreo presentado este 19 de diciembre reveló que actualmente hay una tendencia en la disminución de «recurso humano joven recién graduado». 

«La comparación de los datos de 2019 con los del 2022 revelan que el número promedio de médicos residentes de guardia diurna en el servicio de emergencia pasó de 20,1 en el año 2019 a 17,2 en 2022»

Con relación al turno nocturno, la disminución fue casi la misma proporción: de 15,2 médicos residentes en el 2019 hasta 11,3 en el 2022.

 

3x3 | “El Estado no tiene una voluntad política real de garantizar los DDHH”

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acordó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948.

Pero fue dos años después que el organismo decidió que los 10 de diciembre sería la fecha para conmemorar las garantías fundamentales de todas las personas, sin distinción de raza, género o religión. 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, reza la declaración en su artículo 1.

Para Alí Daniels, abogado de la ONG Acceso a la Justicia, no hay nada que celebrar en Venezuela. 

“Tenemos un país que está en la Corte Penal Internacional, siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad y con una emergencia humanitaria compleja”, dice el jurista a Runrun.es. 

“Lo que los defensores de derechos humanos debemos exigir, y la ciudadanía en general, es que haya respeto por los derechos humanos en un país donde la arbitrariedad es algo cotidiano”

Para ahondar más en el panorama actual de derechos humanos en el país y qué podemos esperar de las instancias internacionales.

Consultamos a Victoria Capriles, Directora Adjunta del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana; Marianna Romero, abogada y Directora General del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ); y a Ezequiel Monsalve, abogado y Coordinador Legal de Defiende Venezuela.

¿Cómo ha sido el panorama de violaciones de derechos humanos en Venezuela durante 2022 y cuál ha sido el impacto diferenciado en poblaciones vulnerables (mujeres, niños, pueblos indígenas, presos políticos, personas mayores, personas LGBTIQ+)?

Victoria Capriles

Venezuela continúa sumida en una Emergencia Humanitaria Compleja de gran escala y gravedad, aunado a graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Un elemento que podemos utilizar para determinar cómo se encuentra la situacion de derechos humanos es el agravamiento de la crisis de movilidad humana venezolana que hay en toda la región. A pesar, por ejemplo, del aumento de las peticiones de visa, el título 42 en los Estados Unidos, la imposición de visas en México y Centroamérica, el flujo de venezolanos continúa de manera constante y la Plataforma de Coordinación Interagencial para la Situación de Venezuela ya ha documentado más de 7 millones de venezolanos migrantes y refugiados alrededor del mundo. Comprendiendo que esta cifra es mayor si se tiene en cuenta que la mayoría de los gobiernos realmente no toma en cuenta las personas que tienen doble nacionalidad y las personas en situación irregular.

Podemos ver también cómo ha aumentado de forma exponencial el tránsito de venezolanos por el tapón del Darién a los fines de alcanzar Centro y Norteamérica. Ni siquiera la imposición de visas, ni siquiera cerrar las fronteras ha logrado minimizar esta crisis que se vive y de la cual los venezolanos son ahora los protagonistas

Por supuesto esta emergencia afecta de forma diferenciada a personas mas vulnerables como son las mujeres, los niños, los presos, indigenas, etc. En el caso de la crisis de movilidad estamos viendo cada vez más un aumento en el fenomeno de la trata de mujeres venezolanas, particularmente para fines de la explotación sexual. De igual manera, estamos viendo cada vez mas un aumento de niños, niñas y adolescentes migrantes solos, no acompañados pero tambien de niñas, niños y adolescentes que se quedan solos en el país mientras sus familiares migran

Y finalmente la Misión Internacional independiente para la Determinaciónde los Hechos también ha documentado la manera en la que las ejecuciones extrajudiciales y la falta de acceso a la justicia afecta de forma diferenciada a las mujeres, pues sufren violencia de género y revictimizaciones particulares al género que tienen.

Marianna Romero

Durante el 2022, las violaciones de derechos humanos han continuado debido a que el cierre del espacio cívico democrático continua, la política de criminalización, represión y control social sigue vigente y la Emergencia Humanitaria sigue teniendo impactos en la población, especialmente en el disfrute de los derechos económicos, sociales , culturales y ambientales

Igualmente hemos visto un aumento de la desigualdad durante este año, hemos visto como la crisis de servicios básicos se mantiene. Y en especial el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) ha documentado como la política de criminalización, bajo la lógica del enemigo interno, sigue afectando el trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Solo entre enero y octubre hemos podido registrar 394 agresiones en contra del movimiento de derechos humanos, lo que refleja cómo el Estado no tiene una voluntad política real de garantizar los derechos humanos, de cumplir con sus obligaciones internacionales de respetar, proteger y garantizar estos derechos.

Ezequiel Monsalve

El panorama es bastante desalentador para este 2022, a pesar de que el Estado venezolano ha tenido que lidiar con una investigacion ante la CPI, que los visibiliza mucho más, ha tenido que lidiar con múltiples informes de distintos organismos internacionales. En ese sentido, esto ha sido aún igual de dramático, a pesar de estos informes que intentan contrarrestar el avance de las violaciones de derechos humanos

En casos como, por ejemplo, lo los operativos de seguridad ha sido muy evidente que siguen implementándose como un mecanismo de control social, que de cierta forma el Estado utiliza en estos sectores para poder controlar la situación de lo que ellos creen o consideran es la delincuencia organizada, ha violado masivamente los derechos hhumanos de estas personas. Esto no solamente se ha visto en los barrios desfavorecidos de Caracas sino también en el interior del pais, en la Operación Trueno en Altagracia de Orituco o la Operaicon Roraima al sur. 

El impacto ha sido gigantesco porque, como se han venido perfeccionando estos operativos, hemos visto que la disminución en el derecho a la vida ha sido evidente pero el aumento en distintas violaciones de derechos humanos ha sido abundante. Por ejemplo, el derecho a la propiedad, o la intimidad o el derecho a la integridad personal. 

Se avecinan elecciones primarias y presidenciales en Venezuela en los próximos años, ¿cree que los atropellos y violaciones a los derechos humanos se profundicen, como ha ocurrido en otras ocasiones en el pasado en estas épocas?

Victoria Capriles

Desde el CDH-Unimet hemos documentado el aumento de las violaciones a los derechos humanos en períodos electorales. Por ejemplo, aumentan las detenciones arbitrarias, el acoso a miembros de la sociedad civil y actores políticos, se encuentran criminalizadas las actividades de los partidos considerados de oposición, hay un inhabilitación importante de candidatos, la censura de los medios de comunicación, violaciones particulares del ejercico al voto de las comunidades indígenas.

Entendemos que puede ocurrir nuevamente una profundización de las violaciones a los derechos humanos. Esperamos que la reanudación del diálogo permita que mejoren las condiciones electorales. De igual manera desde la sociedad civil estaremos documentando, denunciando y difundiendon todas las violaciones a los derechos humanos que ocurran en el marco de este evento electoral.

Marianna Romero

Ante un contexto de eventuales eventos electorales, ciertamente es importante estar atentos, seguir documentando cómo avanza la situación, denunciar cualquier abuso que pueda ser cometido en la esfera de los derechos humanos. Porque ciertamente existen patrones y ha ocurrido en el pasado que en tiempos electorales el Estado incrementa la represión, las medidas restrictvas de las libertades, se comenten abusos en el marco de los derechos civiles y políticos

De cara a 2023 y 2024 es importante reiterar la necesidad de la garantíaa de un espacio cívico, democrático, libre, donde la ciudadanía pueda ejercer sus derechos sin temor a represalias, pueda ejercerse el derecho al voto de forma universal, libre y secreto y con todas las garantías necesarias para un proceso electoral 

Ahí reiteramos la importancia también de garantizar el trabajo de la sociedad civil, específicamente de las organizaciones de derechos humanos sin que sea criminalizada su labor como ha venido siendo la situación en los ultimos años donde cada vez son más criminalizados y atacados las personas defensoras al ejercer su trabajo de documentación, denuncia y visibilización.

Ezequiel Monsalve

Ha sido una constante de Venezuela la intensificación a las violaciones a los derechos humanos en contexto de elecciones, particularmente a los derechos políticos de los venezolanos. Yo creo que el Estado va a intentar nuevamente desarticular liderazgos de la oposición venezolana para asegurar su efectividad en el marco de esas elecciones.

También es posible que en el caso de una irregularidad, el Estado vuelva a utilizar el factor de la represión, tal vez no de manera tan evidente como en periodos de 2017 o 2014, pero sí va a volver a aplicar efectos represivos a personas que deseen manifestar en elecciones. Las elecciones presidenciales son para mí un factor que no van a sacrificar nunca y van a utilizar todo el aparataje del Estado y todo el aparataje represivo para poder asegurar sus reelecciones en Venezuela.

Aunque el chavismo ha intentado demostrar que hace justicia juzgando a algunos responsables en los casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por los que se les señala, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió renovar dos años más el mandato de la Misión Independiente de Determinación de Hechos en Venezuela. ¿Qué podemos esperar de la decisión de la Corte Penal Internacional? En caso de una respuesta positiva para juzgar a Nicolás Maduro y otros responsables del gobierno venezolano en un tribunal internacional, ¿qué significaría para las víctimas de violaciones de DDHH en Venezuela?

Victoria Capriles

La no elección de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos y la renovación del mandato de la Misión de Determinación son en sí mismos una declaracion de la posición de la comunidad internacional frente a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en el país. 

De igual forma, este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió cinco casos de violaciones a los derechos humanos de personas venezolanas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual debe pronunciarse sobre su jurisdicción. Desde la sociedad civil esperamos una respuesta positiva pues esto abriría las puertas a ms formas de justicia y reparación

En cuanto a la CPI, hay que entender que este es un proceso lento. Si bien somos el primer país de América Latina donde se empieza una investigación, la misma tiene un proceso complejo que apenas está comenzando. Luego de ello vendría el juicio para finalmente llegar a la sentencia, entendiendo que también hay un proceso de apelación. Sin embargo, ya el hecho de que se esté en fase de investigación es una suerte de reparación, justicia y verdad para las víctimas y que se irá profundizando a medida que continue el proceso.

Marianna Romero

Este año en materia de justicia internacional ha sido muy importante para Venezuela. Efectivamente en el mes de octubre el Consejo de Derechos Humanos renovó el mandato no solo de la Mision Internacional Independiente de Determinacion de Hechos sobre Venezuela, sino también extendió igualmente por dos años el mandato dado a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de seguir monitoreando la situacion de Venezuela. 

Además, la fiscalía de la Corte Penal Internacional se ha pronunciado sobre la necesidad de avanzar con el proceso de investigación frente al proceso de Venezuela que está en curso en este tribunal internacional. Aquí es muy importante destacar que estos procesos en el seno del litigio estrategico internacional son procesos no necesariamente expeditos, nosotros hablamos siempre de una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad.

Hay que seguir documentando para poder nutrir los distintos procesos de investigación que se están llevando a cabo en el seno de estas instancias. De seguir denunciando los abusos que se están cometiendo, cómo persiste la impunidad y demostrar lo necesario que es el uso complementario de estos mecanismos para poder avanzar en el alcance de verdad, justicia y reparación

Ezequiel Monsalve 

La CPI ha representado para muchas víctimas, incluso para aquellos que no están dentro del contexto de la investigación, la esperanza para que sus casos no queden en impunidad y para muchos puede llegar a ser un factor político interesante para una transición a la democracia en Venezuela. Son dos expectativas muy altas. La primera por el tema de la impunidad, sabemos que en Venezuela la altas tasas de impunidad es un problema estructural del país y por otro lado una transición a la democracia implica la salida de Nicolás Maduro del gobierno 

Entonces yo creo que ante estas altas expectativas, lo que decida la CPI va a tener un efecto inmediato en ambos aspectos. 

Si hay un juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, va a significar un acercamiento importante a las reparaciones integrales de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos porque incluso aquellos casos que han sido resueltos en fase penales a través de condenatorias a autores materiales, no representa una reparación integral o una investigación que simplifique la verdad de lo que ocurrió en esos hechos.

 

 

AN se comprometió a solicitar cambio de nombre para personas trans luego de protesta de activistas LGBTIQ+
Activistas LGBTIQ+ se reunieron con la directiva de la Asamblea Nacional electa en 2020, de mayoría chavista, tras más de una semana encadenados en la plaza Morelos exigiendo el reconocimiento de derechos para la comunidad 
Se tiene previsto que los diputados del Parlamento se reunan el próximo miércoles 7 de diciembre con el CNE para iniciar el proceso de cambio de nombre para las personas trans, como lo establece el Registro Civil en su artículo 146

@ValeriaPedicini

8 noches y 9 días. Ese fue el tiempo que activistas por los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ estuvieron encadenados frente a la Defensoría del Pueblo en la Plaza Morelos en el centro de Caracas. Los cuatro activistas prometieron no irse del lugar hasta que funcionarios del Estado escucharán sus exigencias y ocurriera algún cambio para la comunidad. 

Koddy Campos, Paúl Martucci y Johán Chavarría decidieron iniciar una protesta contundente pero pacífica el lunes 21 de noviembre para exigir que los derechos LGBTIQ+ sean reconocidos en Venezuela. A los días, Jorge Moreno de 19 años se sumó al grupo.

No fue una protesta que nació de la noche a la mañana. Explican que llevan años de reclamos y lucha porque en Venezuela los derechos humanos no están garantizados para la población LGBTIQ+.

 

«Como movimiento sentimos que hemos agotado la vía administrativa y la vía judicial. Hemos estado pidiendo respuestas a una serie de demandas que tenemos y ninguna de las instituciones nos ha querido responder. Acudimos a la Defensoría del Pueblo porque ella sirve como ente mediador ante las instituciones que deben garantizar derechos humanos», explicó el activista Koddy Campos a Runrun.es.

Las personas trans no pueden cambiarse el nombre en Venezuela, a pesar de que existe el artículo 146 de la Ley Orgánica del Registro Civil desde 2009 que debería permitirlo. La homosexualidad en los cuarteles es criminalizada y penalizada con hasta tres años de prisión, según reza el Código de Justicia Militar en su artículo 565. Las parejas del mismo sexo no tienen ninguna protección jurídica o institucional en Venezuela, aunque se ha intentado por más de ocho años que la Asamblea Nacional apruebe la unión civil igualitaria.

Ni la Constitución ni las leyes ni las protestas han podido cambiar esa realidad. Es por eso que Koddy, Paúl, Johán y Jorge decidieron encadenarse: para que las exigencias de la comunidad LGBTIQ+ no se quedaran en el papel por más tiempo.

Este martes 29 de noviembre decidieron levantar la protesta y marchar hasta la Asamblea Nacional luego de acordar una reunión con la directiva del Poder Legislativo, de mayoría chavista, en el que se habló de un compromiso para hacer cumplir estas exigencias.

Los activistas que estuvieron encadenados, acompañados de otros miembros de la comunidad LGBTIQ+, caminaron desde la plaza Morelos hasta la esquina de La Ceiba en la avenida Universidad cantando distintas consignas.

 

Luego de cantar el himno nacional frente a la AN y quitarse las cadenas que llevaron por más de una semana, los activistas fueron recibidos por la primera vicepresidenta Iris Varela, y los diputados Asia Villegas y Pedro Infante, presidentes de las comisiones permanentes de Familia y Desarrollo Social, electos en 2020.

Según explicó Richelle Briceño a Runrun.es, Varela señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no debe interpretar la ley que contempla el cambio de nombre para las personas trans, sino que debe aplicar la norma. Por esta razón, se comprometieron a solicitar al CNE que permita y apruebe el cambio legal de nombre a personas trans. 

«Ellos van a solicitar una reunión con los rectores del CNE para pedir los motivos por los cuales no se ha aplicado y que después de esa reunión se plantee un primer grupo de 10 personas para establecer el procedimiento administrativo correspondiente en el caso de la rectificación de partida para el cambio de nombre en personas trans», señaló la activista.

Se espera que los diputados de la AN se reunan el próximo miércoles 7 de diciembre con la directiva del CNE, y además se reciba a un primer grupo de 10 personas trans para iniciar estos procedimientos. «No es solo para las 10 personas, es para todas las personas trans e incluso para las personas no binarias», precisó. 

Aunque no existe un compromiso escrito, Briceño afirma que de no cumplir lo acordado, reactivarán el encadenamiento.

 

DDHH olvidados | Los goles que dejó de parar Luis Guillermo Espinoza
Luis Guillermo Espinoza fue herido de bala el 5 de junio de 2017 cuando funcionarios adscritos a la GNB reprimían una protesta en San Diego. El muchacho solo tenía 15 años
Luis Guillermo salía de una práctica de fútbol cuando se encontró de pronto en medio de la represión. Él corrió, pero se tropezó, cayó y un funcionario le disparó en la parte derecha de su rostro

 

Luis Guillermo Espinoza soñaba con ser futbolista profesional. No por nada sus amigos que compartieron con él su pasión por el balompié por más de ocho años lo llamaban “Totti”, como el conocido jugador italiano Francesco Totti. 

Desde muy temprana edad mostró su gusto por el fútbol. Ya a los cinco años se paraba en medio de los arcos de la portería para impedir que el equipo contrario hiciera gol. No mientras estuviera ahí cuidando el marcador. Su equipo confiaba en él. 

Su futuro era prometedor, pero nadie podrá saber nunca en qué se hubiera convertido: el 5 de junio de 2017 fue herido de bala cuando funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) empezaron a reprimir la manifestación antigubernamental.

El árbitro en la vida de Luis Guillermo Espinoza sonó el silbato para siempre. El muchacho solo tenía 15 años.

Ese día la oposición había convocado a una protesta  en el sector Los Tulipanes en San Diego, estado Carabobo. Cerca del colegio de Luis Guillermo. Su madre había llamado al Colegio Buen Pastor, donde el joven estudiaba cuarto año de bachillerato, para verificar si habría clases. Le respondieron que sí y entonces le dejó dinero suficiente a su hijo para que tomara el autobús. Ella se fue a trabajar.

En horas de la tarde, Luis Guillermo salía de una práctica de fútbol cuando se encontró de pronto en medio de la represión. Él corrió, pero se tropezó, cayó y un funcionario le disparó en la parte derecha de su rostro.

“Totti” fue trasladado de emergencia para la clínica Los Arales, de allí lo llevaron hasta el centro clínico Valle de San Diego, después a la Policlínica la Viña y por último a la CHET. Ahí fue recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia. 

Zulmith estaba de regreso a su casa, al sur de Valencia, cuando su hermano la encontró y le dijo que se montara en el carro porque su hijo estaba en el hospital. No le dio más detalles. 

Al principio pensó que se trataba de una lesión durante la práctica de fútbol, hasta que le dijeron que fue herido en una manifestación. «Igual yo nunca imaginé que era tan grave, sino que tenía algunas heridas de perdigones en las piernas, quizá».

Pero era mucho más serio. En la tomografía que le practicaron los doctores se evidenció que había sufrido una herida por arma de fuego y que tenía una esquirla de la bala alojada en el cerebro que le produjo un edema cerebral. 

El médico forense confirmó horas más tarde que se trataba de una bala. A eso se sumó que, por el impacto, Luis Guillermo perdió la visión en ambos ojos.

El muchacho estuvo 21 días en coma inducido mientras le suministraban el tratamiento para disminuir el tamaño de los hematomas que le surgieron.

Sus familiares vivieron de cerca la crisis de salud. Su madre vio pacientes desangrarse, muchos que entraban y morían al poco tiempo, otros que ingresaban con alguna lesión y se complicaban con bacterias hospitalarias.

El estado crítico en el que se encontraba el hospital no contribuyó a la recuperación del joven. «No le daban la comida a mi hijo que yo entregaba, tampoco le administraban el tratamiento como se debía, y una vez hasta lo conseguí desconectado del respirador mecánico. Cuando mi hijo murió estaba desnutrido y eso no se justificaba. Por eso yo no dejé que nadie lo viera y se le rindieron sus honores fúnebres con la urna cerrada».

Sin embargo, en medio de tantas precariedades, las personas que se enteraron del caso de Luis Guillermo les donaron medicinas o los ayudaron económicamente.

El 6 de junio lo ingresaron a quirófano para hacerle una limpieza de los restos de pólvora, al menos eso le explicaron los especialistas a la madre. “Él se movía, él escuchaba. Me dijeron que había evolucionado”, recuerda.

Luis Guillermo estuvo dos meses y ocho días luchando por su vida. “Él estaba bien”, comentaron sus familiares. En algún momento mejoró tanto que “lo subieron a piso” el 8 de agosto, pero a los pocos días le dio un primer paro respiratorio y fue devuelto a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Pero no aguantó un segundo paro respiratorio: el domingo 13 de agosto falleció. 

Irregularidades

Zulmith ha tratado de llevar una vida normal, pero la muerte de su único hijo ha sido difícil de procesar. «En ocasiones simplemente quisiera no existir más».

Un registro llevado por Runrun.es contabilizó 157 muertos en el contexto de protestas de 2017. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones. Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.

Según los tipos de lesiones registradas, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: en abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio comenzaron a tratar heridas de bala.

De acuerdo con normas internacionales que rigen el empleo de la fuerza, las armas de fuego no deberían ser empleadas para dispersar manifestaciones. “El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos letales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale al uso excesivo de la fuerza y, posiblemente, a una ejecución extrajudicial”, reza el informe.

El dolor de perderlo se suma a la frustración de tener que buscar justicia en Venezuela. Cuando su familia decidió tomar las riendas de la investigación del caso tuvieron que enfrentar irregularidades desde el principio.

Le informaron que no había registro de los resultados de la primera tomografía, en la que se veía la esquirla de la bala alojada en el cerebro del joven, lo que se traduce en la desaparición de evidencias. Asimismo, en el informe de la autopsia, procedimiento al que se le prohibió la entrada, se estableció que no había esquirla.

Por otra parte, las solicitudes que se ha hecho ante la Guardia Nacional para que envíe a fiscalía la lista de los funcionarios que participaron en la represión del 5 de junio de 2017, la única respuesta que se recibe es que hacia San Diego no se mandó a uniformados de ese cuerpo castrense, pese a que hay videos que indican lo contrario y que testigos del hecho vieron claramente que eran ellos quienes dispararon, y que a Luis Guillermo fue uno en particular quien lo abordó para herirlo en la cabeza.

Es por esto que Amnistía Internacional denunció graves irregularidades en el transcurso de la investigación penal del caso de Luis Guillermo Espinoza, así como múltiples obstáculos para lograr la identificación de los funcionarios involucrados.

“El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar a sus ciudadanos investigaciones imparciales e independientes, especialmente cuando se trata de posibles actuaciones arbitrarias por parte de miembros de cuerpos de seguridad estatales contra el derecho a la vida de las personas”, denunciaron. 

Cinco años después, la investigación penal no ha culminado ni se han identificado a los responsables. 

En medio de la incertidumbre, Zulmith tiene algo claro: «Solo lograremos justicia cuando este gobierno cese, porque Tarek Wiliam Saab no hará nada para que se esclarezca el caso de mi hijo y de todos los demás que aún son un limbo jurídico».

DDHH olvidados | “Para la justicia es como si nada hubiera ocurrido”
Anyelo Rafael Quintero Rivas luchó siete meses y 17 días por su vida, tras recibir un balazo en la cabeza disparada por funcionarios de la GNB que reprimían una protesta en Mérida
El joven no estaba manifestando. Iba caminando por la calle, cuando diversos efectivos de seguridad irrumpieron en el lugar en el que se encontraban un grupo de vecinos

 

Anyelo Rafael Quintero Rivas estuvo siete meses y 17 días luchando por su vida. Una bala disparada por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Estatal de Mérida impactó en su cabeza cuando empezaron a reprimir una manifestación antigubernamental de 2017.

El joven de 29 años ni siquiera había ido a protestar. 

15 minutos antes de resultar herido, estaba visitando a su hijo de un año. Era 26 de junio y las calles de Ejido, en el estado Mérida, estaban revueltas por las protestas callejeras. Anyelo iba caminando por la calle San Isidro del sector El Trapichito cuando diversos efectivos de seguridad irrumpieron en el lugar en el que se encontraban un grupo de vecinos. 

Cuando la bala lo atravesó, una doctora que se encontraba en el lugar se acercó a darle primeros auxilios y fue apuntada por unos funcionarios de la Guardia Nacional con una escopeta. 

El disparo que recibió Anyelo fue a tan corta distancia que se le encajó en el pariental derecho y le destrozó toda la región occipital. Le causó muerte cerebral, según declararon los médicos que lo recibieron en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula). En el centro de salud sometieron al muchacho a una operación quirúrgica.

Durante los casi ocho meses que estuvo hospitalizado en el centro de salud, fue intervenido en múltiples oportunidades. 

Para los familiares del muchacho fue difícil enfrentar lo ocurrido. No solo tuvieron que hacerle frente al hecho de que Anyelo fuera gravemente herido, sino que también tuvieron que sobrellevar las precarias condiciones en las que se encontraba el hospital. 

La familia tuvo que sacar el dinero de sus bolsillos para poder asumir todos los gastos de medicinas e insumos quirúrgicos. Diferentes organizaciones sin fines de lucro y personas se solidarizaron con la situación  y donaron insumos para su recuperación. 

Pero el estado de desnutrición que tenía Anyelo era severo y contrajo bacterias en varias ocasiones por la falta de higiene del lugar. 

El 12 de febrero de 2018, Anyelo falleció en el mismo hospital. Es la víctima número 11 de personas que protestaron contra el gobierno de Nicolás Maduro. 

“El asesinato de Ányelo sigue impune. En medio de la confusión de aquel día, nadie sabe quién disparó. Las investigaciones iniciales no arrojaron resultados. Tampoco hay testigos del hecho, porque al parecer cedieron ante las amenazas y prefirieron guardar silencio. ¿Qué te puedo decir? Para la justicia es como si nada hubiera ocurrido. Para ellos todo se olvidó”, expresa Yurlexy Rivas, hermana del joven. 

El secretario general del Gobierno de Mérida, Gerardo Molina, desmintió que Ányelo haya sido atacado por los cuerpos de seguridad del Estado. Dijo que los funcionarios de la GNB no llegaron al lugar del hecho durante “el plantón” convocado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Un registro llevado por Runrun.es contabilizó 157 muertos en el contexto de protestas de 2017. El Foro Penal Venezolano, en un reporte publicado en agosto de ese año, indicó que el número total de arrestos arbitrarios fue de 5341 y hubo al menos 4000 heridos. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló a las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro de haber cometido múltiples violaciones de los derechos humanos, además de constatar el uso excesivo de la fuerza de funcionarios durante las manifestaciones.

Asimismo, según el Acnudh, los agentes de seguridad son responsables de al menos 46 de las muertes, de las 124 investigadas por el Ministerio Público.

Según los tipos de lesiones registradas, la Acnudh determinó que el uso de la fuerza aumentó progresivamente: en abril, personal médico mostró que los afectados fueron tratados por intoxicación por gases lacrimógenos; en mayo, las heridas fueron por impacto de perdigones, metras o tuercas; en julio comenzaron a tratar heridas de bala.

De acuerdo con normas internacionales que rigen el empleo de la fuerza, las armas de fuego no deberían ser empleadas para dispersar manifestaciones. “El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos letales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale al uso excesivo de la fuerza y, posiblemente, a una ejecución extrajudicial”, reza el informe.

Asimismo, el artículo 68 de la Constitución venezolana prohíbe el uso de armas de fuego para el control de las manifestaciones. 

Meses después de lo ocurrido, familiares manifestaron recibir presión e intimidación por parte de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Incluso un representante de la GNB en Mérida negó la presencia de este cuerpo en el lugar donde Anyelo fue herido.

La hermana del muchacho afirma no haber recibido respuesta por parte de las autoridades. En ningún momento fueron informados de los avances en la investigación.

A tres  años de aquellas protestas, Yurlexy renovó su llamado al Estado venezolano para que investigue de forma transparente el asesinato de su hermano, a fin de determinar las responsabilidades y las sanciones.

“Fue un guerrero, en plenas facultades vitales y también mientras estuvo en agonía. Siempre luchó por su vida y por las cosas que quiso. Fue un trabajador incansable. Se dedicó al ramo de la construcción y la electricidad. Cuando muere, estaba proyectando construir una vivienda a su hijo, pero la crisis económica del país era un inconveniente, cosa que no ha cambiado”, comentó.

 

DDHH olvidados | A Augusto Puga lo recuerdan como lo que era: un héroe
Augusto Puga tenía 22 años cuando murió por un tiro en la cabeza recibido durante la represión de las protestas de 2017

@ValeriaPedicini

“Héroe” es la palabra que se lee en el mural en homenaje a Augusto Puga. Eso era para sus familiares, amigos y compañeros de clases.

Al lado de esa palabra, hay otras cuatro: “Asesinado por la dictadura”.

Cinco años han pasado desde que funcionarios policiales del estado Bolívar acabaron con la vida del joven estudiante de medicina en la Universidad de Oriente.

Augusto tenía 22 años cuando perdió la vida a causa de un tiro en la cabeza. El 24 de mayo de 2017 los uniformados allanaron la autonomía universitaria de la UDO, sede Ciudad Bolívar, dejando un saldo de, al menos, siete heridos.

Aunque todo empezó con una protesta estudiantil, poco después de las 4 pm, las bombas lacrimógenas dieron paso a las armas de fuego.

Entre ellos estaba Augusto, quien se encontraba dentro del recinto universitario, específicamente en el área de decanato. Querían llevarlo a un centro de salud, pero no podían salir del decanato de la UDO porque la policía les disparaba. 

Ahí le dieron primeros auxilios por más de una hora. Le colocaron solución fisiológica e intentaron detenerle el sangrado. Pero no podían hacer nada más. Ni estaban preparados ni tenían las condiciones para atender heridos de bala. 

 

Aunque testigos que estaban en el lugar cuando a Augusto le dispararon cuentan que había masa encefálica en el suelo, sus compañeros no se daban por vencidos. 

Lo reanimaron cinco veces. En el sexto intento de reanimación, Augusto se fue. 

Con todo en contra y la represión acechándolos, los paramédicos lograron trasladar al muchacho al hospital Ruiz y Páez, donde fue intervenido quirúrgicamente, pero falleció.

A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad cinco funcionarios de la policía del estado Bolívar y un sargento 2° de la Milicia Bolivariana por su presunta vinculación con la muerte de Augusto.

Los fiscales imputaron a los oficiales Annel Medina Delgadillo, Gabriel Centeno Navas, Luis Contino Freides, Edduar Infante Guzmán, Derquis Pérez y al sargento Cristhiam Arzolay como coautores en el delito de homicidio intencional calificado con alevosía, trato cruel en detrimento del otro estudiante, así como uso indebido de arma orgánica.

Tales tipos penales están previstos en el Código Penal, y las leyes Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; y para el Desarme y Control de Armas y Municiones.

Aunque por este caso se designó a los fiscales del Ministerio Público para una investigación, para el concejal Álvarez no se ha hecho justicia.

Nada pasó

A cinco años de su muerte, un grupo de jóvenes integrantes del partido Voluntad Popular, acompañados del concejal Jhorvys Álvarez, quisieron rendirle homenaje.

Con un motivo mural en la zona de Alta Vista, en Puerto Ordaz recordaron al joven como un “héroe”. 

Augusto era un estudiante de la UDO, quien como muchos de nosotros en ese año, 2017, salimos a protestar en contra de la sentencia del TSJ que anuló las competencias de la Asamblea Nacional electa en 2015. Que exigíamos un cambio de gobierno, que permitieran a los venezolanos elegir libremente su destino. Poco se nos hizo caso y la respuesta de las autoridades de ese entonces, como el exgobernador Rangel Gómez, fue reprimir todo tipo de protesta que se realizara en Bolívar”, expresó Álvarez.

El concejal considera que para muchos, el caso fue olvidado. Pero ante la mirada de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela, puede ser una buena oportunidad para buscar justicia”. 

“Muchos de los familiares de los asesinados tienen que ir a instancias como la Corte Penal Internacional a denunciar todo lo que aquí ocurrió y sigue ocurriendo, las violaciones de derechos humanos, para ver si afuera consiguen la justicia que aquí lamentablemente se les niega”, dijo el concejal Álvarez.

“Augusto era parte de esa juventud que soñamos con una mejor Venezuela, estamos seguros que la vamos a conquistar, para que no tengamos que emigrar”, afirmó.

 

 

 

1 de cada 4 venezolanas no pueden comprar productos para su higiene menstrual

Las crisis no son neutrales al género. Es por eso que en Venezuela la Emergencia Humanitaria Compleja debe ser analizada desde el impacto diferenciado que tiene sobre las niñas, adolescentes y mujeres. 

Eso es lo que explican en el informe “Ser mujer en Venezuela: diagnóstico comunitario y propuestas para la acción humanitaria” de la alianza ConEllas conformado por las organizaciones Funcamama, Unión Afirmativa, Prepara Familia, Cepaz, Uniandes y Acción Solidaria. 

El informe expone la vulneración exacerbada en el acceso y ejercicio de los derechos a la salud, la alimentación y la vida libre de violencia de las mujeres, adolescentes y niñas en Venezuela, así como los derechos de las venezolanas en situación de movilidad humana.

Los datos son el resultado de la aplicación de un enfoque de género y diversidad a los diagnósticos comunitarios realizados en terreno a casi 6.500 hogares en 18 de los 24 estados del país, como parte de los esfuerzos conjuntos de la sociedad civil para llenar los amplios vacíos de información sobre la crisis.

Venezolanas padecen pobreza menstrual

Según la información recopilada en el documento, elaborado a partir de datos recopilados por la plataforma HUM Venezuela, una de cada cuatro mujeres cuenta “nunca o solo algunas veces” con toallas sanitarias desechables, mientras que una de cada cuatro reportó no tener dinero suficiente para recurrir a estos insumos. 

En cuanto a otras alternativas, tres de cada cinco mujeres cuentan nunca o solo algunas veces con toallas sanitarias reutilizables, copas menstruales o tampones, explicó Natasha Saturno, representante de la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos de Acción Solidaria.

“Cuando las mujeres no cuentan con estos artículos para su higiene menstrual, pueden perder días de colegio o trabajo, afectando su educación y su carrera profesional”, dijo la abogada. 

Por otra parte, el 32% de las encuestadas indicaron que ellas o algún miembro de su familia tiene una condición crónica de salud, siendo las más frecuentes: hipertensión, diabetes, hipo/hipertiroidismo e insuficiencia renal. 

Entre las mujeres con enfermedades crónicas, 44% reportaron que en los seis meses anteriores al período estudiado no recibieron la atención médica que necesitaban por la falta de medios económicos para acceder a estos servicios.

De igual forma, 32% de ellas respondieron no haber recibido los medicamentos necesarios para atender sus condiciones de salud debido al alto costo.

La alimentación es lo primero

Con respecto al derecho a la alimentación, el informe de ConEllas explica que las mujeres limitan los gastos de salud al priorizar la alimentación antes que cualquier otro gasto doméstico. 

8 de cada 10 mujeres considera que la cantidad de alimentos que llevan a sus hogares es deficiente, escasa o muy escasa, a pesar de que 6 de cada 10 respondió que se gasta casi todo el presupuesto familiar en alimentos. 

De las encuestadas, 76% afirmó que al menos una persona de su grupo familiar presenta desnutrición.

Katherine Martínez, directora de la organización Prepara Familia, destacó que más del 63% de las mujeres gastan casi todo su presupuesto en adquirir alimentos para sus hogares.

La mayoría de ellas recurre a comprar alimentos más baratos, mientras que 61% señala los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) como fuentes de aprovisionamiento, una situación que “contribuye a aumentar la dependencia del Estado y la vulnerabilidad”.

La pandemia de la violencia contra la mujer

En el informe “Ser mujer en Venezuela” señalaron que para 2021, el 7% de las mujeres entrevistadas señaló haber sido víctima de violencia familiar. Entre estos, los tipos más prevalentes fueron: violencia psicológica (87%), física (59%), simbólica (25%), económica (24%) y sexual (10%). 

El 64% de estas violencias, en el caso de las mujeres adultas, fue cometido por las parejas o ex parejas. Solo 31% de ellas reportaron o denunciaron lo ocurrido. 

Las principales razones para no reportar se debieron a que los actos no se consideraron graves (37%), por miedo a represalias (36%), desconfianza a las instituciones (14%) y porque los servicios para ello fueron inaccesibles para las víctimas (9%).

“A pesar de este contexto en el que las mujeres y niñas continúan siendo víctimas, no es posible tener acceso a una estadística oficial precisa sobre violencia basada en género”, indicó Martínez de Prepara Familia. 

Otro de los aspectos encontrados en la investigación es que las mujeres que son víctimas de violencia no encuentran o no tienen información sobre redes de apoyo a las cuales acudir. 

El 61% respondió que no tienen contacto o relación con alguna organización social y a cambio prefieren en un 50% apoyarse en ellas mismas.

Asimismo, 13% de las mujeres encuestadas reportaron haber sido discriminadas: un 28% por ser mujer y 3% por estar embarazada. En cuanto al contexto en que ocurrió la discriminación, el 51% de estos actos de discriminación ocurrieron en la comunidad, el 34% por expresarse o querer participar en alguna actividad, el 20% en el trabajo, el 17% en el grupo familiar, el 12% en un programa del Estado, el 11% en la escuela, el 11% en un centro de salud y el 4% en un programa de asistencia humanitaria.

En busca de mejores ingresos

En el informe detallaron que las causas principales que motivan la movilidad humana de mujeres es conseguir o cambiar de trabajo y mejorar sus ingresos (32%), la reunificación familiar y el acceso a medicinas y servicios de salud (16%).

Asimismo, la necesidad de recursos asociados a mudarse o migrar suele ser mayor para las mujeres, por costos más altos asociados a sesgos de género.

3 de cada 10 mujeres contestaron que encontraron obstáculos para realizar la mudanza, siendo los costos (96%) el motivo principal. Sin embargo, para los hombres el dinero solo representó un problema en el 29% de las respuestas. 

Este ejemplo demuestra una de las brechas de género más importantes al momento de emigrar suelen ser más altos para las mujeres que para los hombres. Por lo general, esto está vinculado a sobrecostos por regulaciones y discriminaciones vinculadas a sesgos de género.

 

DDHH olvidados | Justicia a medias en el caso de César Pereira
César Pereira recibió un impacto de una metra grande en el abdomen que le disparó un policía del estado Anzoátegui en una protesta. Murió en mayo de 2017 a los 20 años

@ValeriaPedicini

“Dispárame, pues”. 

Los compañeros de “La Resistencia” de César Pereira escucharon al muchacho decirle a un funcionario de la Policía del estado Anzoátegui. Era 27 de mayo de 2017, un día más de protesta opositora contra el gobierno de Nicolás Maduro. Las calles de Lechería estaban cargadas de manifestaciones, adrenalina y enfrentamientos con cuerpos de seguridad del Estado. 

El muchacho de 20 años se enfrentó, sin miedo, al que lo apuntaba directamente. Al instante siguiente, recibió un impacto de una metra grande en el abdomen del que no se recuperaría más.

En medio del shock y los gritos, a César lo llevan de emergencia a la Clínica Municipal de Lechería. Cuando los médicos lo reciben, le da un infarto, logran aplicarle resucitación cardiopulmonar y lo suben rápido a una ambulancia, ahora camino hacia el Hospital Las Garzas. 

Ahí una cadena de la policía municipal les impidió el acceso. El director del hospital dijo que no iban a recibir a un guarimbero. La respuesta del centro de salud hizo que las personas que acompañaban el vehículo protestaran. El destino ahora era la Policlínica Puerto La Cruz. 

Antes de ingresar a quirófano, al joven le dio un segundo infarto. Los doctores lo revivieron y lo sometieron a una intervención que llevó 10 horas y que hubo que practicarle sin anestesia, debido a la gran cantidad de sangre que había perdido.

“Gracias a Dios, que hubo los medicamentos. Hubo mucha gente que le donó sangre a César. Hubo muchos médicos de todas las ramas ayudando a mi hijo”, su madre cuenta  Zulimar Villegas.

Su madre estaba en camino a Caracas cuando le avisaron que a su hijo lo habían herido de gravedad. De inmediato se regresó a Anzoátegui, a tiempo para pasar a ver a César en terapia intensiva. 

Tres horas después, a César le dio otro infarto. 

Cuando yo me acerco, que lo tengo abrazado, y estoy hablando con él, suena el pitico que indicaba que ya César había fallecido… Me salí de la habitación como una loca… y salí corriendo por toda la clínica. Cuando llego a la puerta, estaba mucha gente, muchos amigos de César, familia, y cuando me ven supieron que César había muerto”.

Eran las 6:15 am del domingo 28 de mayo.

¿Quiénes son los responsables del asesinato de César?

César era un muchacho muy conocido en la comunidad donde vivía. Tenía un espirítu voluntarioso, carismático. Su interés por el activismo de calle lo llevó a ser captado por el Partido Voluntad Popular y convertirse en dirigente juvenil. 

Estudiaba tercer semestre de Publicidad y Mercadeo en el IUTIRLA y formaba parte de «La Resistencia», el grupo de jóvenes surgido en respuesta a la represión de las manifestaciones que se dieron en todo el país. Cuentan que su escudo lo armó con una antena de DirecTV y le pintó el escudo nacional.

El Ministerio Público comisionó al fiscal 20º del estado Anzoátegui, Luis Gonzalo Galindo, para investigar la muerte del joven. A partir de allí, el equipo de abogados y Zulimar Villegas enfrentaron un largo litigio, lleno de retardos procesales y todo tipo de contrariedades.

El 26 de mayo de 2021, a escasas 24 horas de cumplirse cuatro años de su asesinato, el defensor José Santoyo informó que se logró la condena del oficial de Polianzoátegui, Onán Pereira.

Le fueron imputados cuatro delitos y lo sentenciaron a 26 años de cárcel, orden emanada por el Tribunal de Juicio 3, del Palacio de Justicia de Barcelona, dirigido por la jueza Juliyen Rodríguez.

Los delitos imputados a Onán Pereira fueron homicidio intencional calificado por motivos fútiles o innobles, uso indebido de arma orgánica, manipulación de municiones y concurso real de delito. Por haber quedado establecido que cometió delitos de lesa humanidad, Pereira no tendría derecho a ningún beneficio. 

Asimismo, el sentenciado tuvo dos oportunidades para admitir los hechos, pero no lo hizo.

“Todos los elementos probatorios fueron admitidos, se corroboró que los policías manipulaban las municiones con metras”, dijo el abogado.

Si bien Santoyo destacó que esta es la primera sentencia que se dicta en el país en referencia a los casos de muertes de ciudadanos durante las protestas de 2017 contra el gobierno de Maduro, aclaró que insistirán ante al Ministerio Público para que se haga la investigación sobre la cadena de mando responsable, así como en identificar la participación de otros funcionarios que declararon en el juicio y que dispararon aquel día. 

“Se hizo una experticia a las armas de los policías y casi todas tenían restos de vidrio en los cañones. Es decir, se pudo corroborar que los funcionarios de Polianzoátegui sustituyeron las municiones por metras para disparar a los manifestantes”, aseguró a los medios de comunicación.

Santollo informó que los implicados serían cuatro funcionarios que estaban de comisión ese día de la protesta y a la cadena de mando.

La sentencia contra el responsable de la muerte de César fue una decisión agridulce para su familia. Aunque el funcionario que le quitó la vida recibió su castigo, nadie le devolverá su hijo a Zulimar Villegas. 

A pesar de lo que ha tenido que sobrellevar, la madre de César también manifiesta su intención de continuar: “Yo sigo buscando justicia, sigo levantando la voz. Quien me llame, mira, Zuly, una entrevista, mira Zuly, tienes que ir para la China porque quiero hacer un homenaje para tu hijo, para la China voy a ir, porque yo sigo su legado. Yo se lo prometí y así va a ser”.