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#MonitorDeVíctimas | Hallaron cadáver de ex empleada bancaria en tanque de agua en Santa Fe

Foto: Carlos D´Hoy

 

ANA MIRELLA AMORER Reyes, de 76 años de edad, ex administradora de una agencia del Banco Provincial, desapareció después de las 5:00 pm del pasado martes, 17 de septiembre de 2019. Ella había salido esa tarde a llevar a la doméstica que laboraba en su casa y retornó a su domicilio en residencias Santa Fe, en la urbanización homónima del municipio Baruta, a las 5:12 pm, según lo revelan las cámaras de seguridad del edificio.

Como desde ese momento desapareció, sus familiares presumían que podía haber sido secuestrada. Sin embargo, funcionarios del Cicpc y Polibaruta que investigaban el acontecimiento no encontraron indicios de que se tratara de un secuestro.

Dos días después, la tarde del jueves 19 de septiembre, hallaron su cartera y teléfono celular en el cuarto de bombas del edificio. Pero la mujer seguía desaparecida. Debido a que el agua que salía por las tuberías tenía mal olor, un equipo técnico se introdujo en el tanque de agua del edificio y halló el cadáver de Amorer Reyes en el fondo. Tenía diferentes golpes y una contusión en la región occipital.

El cadáver fue ingresado esa misma noche a la morgue de Bello Monte, una vez que una comisión de la subdelegación de Santa Mónica del Cicpc colectó evidencias y citó a declarar a vecinos y familiares de la víctima.

Los investigadores se llevaron los videos de las cámaras de seguridad, que también grabaron al hombre que se llevó el Honda Civic de la víctima que está solicitado por la policía científica.

Se trata del vigilante de residencias Santa Fe, identificado como Juan Carlos Serrano, de 24 años de edad, quien no tiene registros policiales y tenía 2 semanas laborando en el edificio. La ex administradora del Banco Provincial vivía sola en el apartamento 11 A, piso 11.

 

 

#MonitorDeVíctimas | Joven fue asesinada en El Valle durante discusión por 1.000 bolívares

“¡AY YA MENOR, VACÍLALA, VACÍLALA!”. Según testigos, estas fueron las últimas palabras de Emily Fabiola Rosendo Arrieta antes de que un hombre la atacara con un pico de botella en el cuello. 

La joven de 22 años salió a las 7:00 a. m. del lunes 26 de agosto con rumbo al Centro Comercial IPSFA, en Los Próceres, a retirar su cédula de identidad. Por lo congestionado del Metro pensó en abordar una camionetica y frente a la estación de El Valle le pidió 1.000 bolívares para el pasaje a un amigo. 

“Él le dijo que no tenía y ella se molestó, le dijo que siempre tenía dinero para los demás, menos para ella. Ahí comenzó la discusión”, contó su mejor amiga, quien prefirió no decir su nombre por medidas de seguridad. 

Emily estaba con una amiga, quien iba a su trabajo en Chacaíto, y aprovechó su compañía. Ella intentó mediar en la pelea, pero no le prestó atención y se hizo a un lado. 

Herida, le suplicó a los testigos que no la dejaran morir. Una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que se encuentra a pocos metros, la trasladó hasta el Hospital Clínico Universitario pero llegó sin signos vitales. 

El atacante huyó. Según allegados de la víctima es un joven de 18 años y se encuentra en situación de calle. Al parecer a veces duerme en casa de un compañero, también en El Valle. Vende suspiros afuera de la estación del Metro.

“Ella lo conocía desde hace tiempo. Una vez le regaló un short y hasta lo llevó a la casa para que se diera un baño”, detalló su mejor amiga, con quien vivía desde hace dos años. 

Emily estuvo durante muchos años en situación de calle, su madre presuntamente la abandonó y su crianza estuvo a cargo de una tía, quien murió hace unos meses. Su mejor amiga la ayudó a salir de las calles, le dio hospedaje en su casa y además la encargó de dos puestos de chucherías que tiene frente a la estación del Metro El Valle. 

En ese tiempo tuvo una pelea con un grupo de transformistas y estos la hirieron con un puñal en la cabeza y en el cuello, ataque del cual se recuperó. 

La semana entrante se iba del país con su mejor amiga. El plan era viajar vía terrestre hasta Cúcuta, donde las recibirían unas tías de ella hasta que otras amigas les mandaran el pasaje para irse a Lima, en Perú.

“Yo me la iba a llevar conmigo, porque siempre le decía que si la dejaba aquí ella iba a quedar sola y se iría a la calle otra vez. Yo siempre hacía que se arreglara, se bañara, la cuidaba como a una hermana porque su familia no le dio apoyo”.

Emily vivía en el barrio El Tamarindo de El Valle. Su madre, quien habita en los Jardines de El Valle, fue contactada para que hiciera el trámite en la morgue de Bello Monte y pudieran retirar el cadáver. 

El retrato hablado del presunto asesino ya está en manos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y se efectuó la denuncia. 

 

Mujeres en Brisas del Sur denuncian que sus derechos humanos son vulnerados
La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) hizo entrega de kits de higiene personal, donados por Unfpa, a mujeres en condición de movilidad pendular del estado Bolívar.

 

El pasado sábado 6 de julio la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) hizo entrega de 109 Dignity kits (kits de dignidad) a mujeres en edad reproductiva y en condición de movilidad pendular. Los kits son un donativo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), y están dotados de productos de higiene personal para mujeres que se desplazan frecuentemente hacia el sur de Bolívar con la esperanza de mejorar su calidad de vida. Pero esta mejoría no ocurre ya que sus derechos humanos son vulnerados.

Sobrevivir en penurias

En la comunidad de Brisas del Sur las mujeres entienden que para sobrevivir a la crisis económica de Venezuela deben llevar a cabo tareas que las ponen en peligro. Muchas de ellas recurren a la opción (a veces única alternativa) de trabajar en comunidades mineras del sur como vendedoras ambulantes de dulces, comidas, y víveres; otras son cocineras en minas cercanas a comunidades como Tumeremo y corren el riesgo de ser víctimas de daño colateral de grupos de delincuencia organizada. Codehciu llevó a cabo microcharlas en la comunidad para prevenir que niñas, adolescentes y mujeres sean víctimas de violencia sexual durante estos recorridos. Los contenidos además tenían como objetivo darles herramientas preventivas sobre violencia contra la mujer e incluso trata de personas.

Dignidad y derechos humanos

Los Dignity Kits donados por Unfpa les proporcionaron artículos como jabón, detergente, condones, toallas sanitarias, ropa interior, material educativo sobre la prevención de la violencia sexual y violencia durante el noviazgo, una linterna y un morral. Otra entrega de 68 kits se realizó el pasado 25 de junio en la misma comunidad.

Entre las dinámicas que Codehciu llevó a cabo durante la entrega del donativo, se les preguntó a las mujeres cuáles eran los principales problemas de su comunidad. En materia de derechos humanos alertaron que existe miedo hacia los funcionarios del Estado porque en Brisas del Sur se sienten “amedrentadas” por estos. Además, aprovecharon para afirmar su preocupación por la falta de educación sexual y reproductiva en niñas y adolescentes.

El informe anual de Codehciu sobre el monitoreo de violencia armada con enfoque de género, entre abril de 2018 y abril de 2019, arrojó 237 víctimas de violencia contra la mujer en los estados Bolívar y Monagas. En este número también se cuentan casos de violencia sexual, amenazas, femicidios activos y pasivos, y femicidios en grado en frustración.

El artículo 4 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia consagra algunas de las responsabilidades del Estado para la protección de niñas, adolescentes y mujeres:

“Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de protección, de apoyo y acogida y de recuperación integral (…) La atención que presten dichos servicios deberá ser: permanente, urgente, especializada y multidisciplinaria profesionalmente y los mismos serán financiados por el Estado”.

Vulneradas

Pero cada vez son más las mujeres que viven en condiciones precarias en Bolívar y que recurren a viajar hasta el sur, desprotegidas ante la violencia armada, abusos físicos y sexuales; riesgos que deben tomar para llevar dinero y comida a sus hogares. La coordinadora general de Codehciu, Mairis Balza, explicó: “Muchas de las mujeres no tenían percepción del riesgo al que están sometidas cuando van y vienen a las minas. En las minas no hay un tratamiento diferenciado hacia las mujeres (…) no tienen baño privado, tienen que hacer sus necesidades en el monte, las que trabajan en las minas están sometidas a las mismas condiciones que los hombres.”

Este kit, como asegura Balza, en sí mismo es una ayuda para las mujeres pero “no significa el fin último de la actividad. Lo principal es la sensibilización: deben tener precaución con algunas situaciones en particular, hacerles ver los tipos de violencia o las situaciones de acoso, o abuso sexual, a las que pudieran estar sometidas”.

Caso Ángela Aguirre: Diferida audiencia para el 18 de julio mientras implicados estarán en el INOF y El Rodeo

PARA ESTE MIÉRCOLES 3 DE JULIO se esperaba la audiencia preliminar de los siete implicados en el femicidio de la adolescente Ángela Aguirre. Sin embargo, la misma fue diferida para el próximo 18 de julio a solicitud de la nueva defensa de los detenidos “para poder conocer del expediente de la causa”, según informa el periodista Germán Dam en su cuenta en Twitter. 

Los abogados de la familia de la joven pidieron al tribunal que los señalados permanecieran privados de libertad en Caracas, por lo tanto se resolvió enviar a los hombres a El Rodeo II y a las mujeres al Instituto Nacional de Orientación Femenina.

 

 

 

Sobre el caso

El sábado en la tarde, Ángela Aguirre contestó el mensaje de un estado de Whatsapp de José Alberto Cedeño, con una sola palabra: “Yo”. La pregunta de Cedeño: “¿Quién para salir al río ya?”.

Los padres de Aguirre la llevaron al Centro Ítalo Venezolano de Guayana (CIVG). Allí se encontró con Cedeño, quien celebraba su cumpleaños 18. Salieron en la lancha La Kaki, después de las 6:00 de la tarde, del puerto del club con rumbo a la isla La Terecaya, en el río Caroní, a pesar de que a esa hora están prohibidas las salidas.

Además de Ángela y de José Alberto, estaban José Zorrilla (de 44 años, tío del cumpleañero), Glauder Zorrilla (19 años), Orlando Salazar (35), Wilmer Díaz (30), Joselyn Barreto (18) y Dayana Nicieza (28).

La lancha regresó a las 2:00 de la mañana al club. Fue entonces cuando dijeron que Ángela se había perdido. Todos fueron detenidos e interrogados. Se contradijeron en varias versiones salvo en una: que se descuidaron para buscarle un trago a la adolescente y que cuando se percataron, había desaparecido.

La primera autopsia realizada al cuerpo de la joven reveló que “fue violada vaginal y anal. Sufrió traumatismo craneoencefálico y facial tras haber sido golpeada con un objeto contuso. Luego, aún viva, fue arrojada al agua”; señaló el periodista Dam.

Una segunda evaluación realizada por el Ministerio Público al cadáver de Ángela Aguirre determinó resultados muy distintos a los ofrecidos por el CICPC.

En el informe se precisó que el cuerpo de la joven estaba boca abajo y por la posición se generó la lividez postmortem (coloración rojiza-amoratada debida a una acumulación de la sangre en esas zonas), rigidez cadavérica y la saponificación (abombamiento del cadáver).

De igual forma las pesquisas determinaron que aún cuando Ángela tenía el chaleco pudo haberse ahogado accidentalmente porque el oleaje de noche es muy fuerte y por lo general estos artículos tienen un tiempo de vida, también que hubo “sexo consensuado” y no una violación.

 

 
Tribunal dicta privativa de libertad a detenidos por el caso de Ángela Aguirre

PRIVATIVA DE LIBERTAD FUE LA MEDIDA DICTADA EN CONTRA de los siete detenidos por el caso de Ángela Aguirre, menor de edad desaparecida en la isla La Terecaya y cuyo cuerpo fue encontrado tres días después en el balneario El Rey del río Caroní. La disposición fue tomada por el Tribunal Primero de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Violencia contra la Mujer del estado Bolívar.

José Cedeño (18 años) fue imputado por femicidio, abuso sexual, suministro de sustancias y omisión al socorro. Mientras que José Zorrilla, Glauder Zorrilla, Orlando Salazar, Wilmer Díaz, Joselyn Barreto y Dayana Nicieza, por complicidad necesaria para el delito de femicidio y omisión al socorro.

Como sitio de reclusión para las mujeres fue fijado el Centro de Coordinación Policial Vizcaíno en San Félix, y para los hombres, la cárcel de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar; sin embargo, fuentes del Ministerio Público aseguraron que la defensa alegó que “corrían peligro” y serán recluidos por unos días en las celdas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

La audiencia de presentación, que fue diferida cuatro veces, culminó a la 1:40 a.m, después de 10 horas. Durante la jornada, “los imputados se reían durante la audiencia”, comentó la fuente.

 

Apoyo a familiares

Mientras transcurría el acto judicial, algunos familiares, allegados, amigos y miembros de ONG estuvieron en las afueras del Palacio de Justicia de Puerto Ordaz para manifestar su apoyo y exigir justicia para Ángela.

La ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) leyó un documento, suscrito por 62 organizaciones y más de 200 personas, en el que exigieron una investigación imparcial y libre de sesgos y estereotipos de género y que atendieran los protocolos de derechos de las mujeres.

“Notamos con preocupación con este caso que el tema de la investigación inferencial y el cumplimiento de la debida diligencia no ha sido puesto en práctica por los órganos del Estado. Por eso quisimos venir a apoyar, quisimos venir a brindar solidaridad con familiares”, indicó Jackeline Fernández, miembro de Codehciu.

Explicó que el Estado está en la obligación de investigar antecedentes en el caso para determinar si hubo femicidio, vulnerabilidades propias de la víctima y determinar cualquier circunstancia.

“Dentro de la ley, cuando hay violencia sexual previa, el femicidio es calificado como femicidio agravado. Entendemos y respetamos de la misma manera los derechos de los presuntos responsables, lo cual quiere decir que el respeto por el proceso penal debe darse a ambas partes”, aclaró Fernández.

#MonitorDeVíctimas. Una red de sobornos ha dilatado la justicia en el caso de Ángela Aguirre
Luego de tres semanas de lo que fue tildado por el director del Cicpc como un homicidio, la audiencia de presentación de los siete detenidos por el caso ha sido diferida cuatro veces. Mientras, la sociedad guayanesa sigue exigiendo justicia.

 

@marcosdavidv / FOTO CORTESÍA ÁNGEL AGUIRRE

MILES DE TUITS, CIENTOS DE DENUNCIAS, siete detenidos, cuatro postergaciones de las audiencias de presentación, tres semanas, dos autopsias y un caso sobre el que la justicia venezolana no ha dado respuestas, el del homicidio de la adolescente Ángela Aguirre.

Cada semana transcurrida sin que haya respuestas ha sido, al mismo tiempo, el incremento de las manifestaciones de indignación y de repudio a lo que ya es visto como un cangrejo.

Esta segunda semana de abril dejó tres novedades en torno del homicidio (el 23 de marzo en el río Caroní, estado Bolívar) de la adolescente de 16 años, estudiante de quinto año de bachillerato del colegio Palúa, en San Félix, y habitante de la urbanización Los Alacranes, de esa misma ciudad.

La primera fue que Yamileth Carvajal, abogada de la familia de la víctima, solicitó la recusación de Emily Hernández como fiscal del caso “porque hay mucha manipulación. ¿Tiene que haber dinero para que haya justicia?”.

La segunda fue la difusión de un audio que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) encontró en el teléfono celular de la víctima. En ella, Ángela Aguirre dice, llorando: “José Alberto me dejó desnuda… José Alberto me violó, marica”.

 

Devaneos

El sábado 23 de marzo de 2019, los padres de Ángela Aguirre la llevaron al Club Ítalo Venezolano de Guayana para que celebrara el cumpleaños 18 de un amigo: José Alberto Cedeño.

Junto con ellos estaban José Zorrilla (de 44 años), Glauder Zorrilla (19), Orlando Salazar (35), Wilmer Díaz (30), Joselyn Barreto (18) y Dayana Nicieza (28). Todos salieron a bordo de la lancha La Kaki, con rumbo a la isla La Terecaya, en el río Caroní. Regresaron al club antes de las 2:00 am. Todos menos Ángela.

Al día siguiente comenzó la búsqueda de la adolescente y los siete acompañantes fueron detenidos. Al cadáver lo encontraron el martes 26 de marzo, flotando cerca del balneario El Rey, en Puerto Ordaz. Esa misma noche, el director nacional de Cicpc, Douglas Rico, informó sobre el caso y lo calificó como homicidio.

Hubo dos autopsias. En el informe de la primera se determinó que el cadáver tenía golpes y signos de abusos sexuales. En la segunda, que la muerte había producida por asfixia mecánica.

El viernes 29, Douglas Rico declaró que las investigaciones continuaban y ordenó que el cadáver no fuese enterrado. Aunque entonces no utilizó el término homicidio sino, simplemente, muerte.

 

Causa común

La contradicción entre las dos autopsias levantó la indignación en Caroní. ¿Cómo un primer informe decía que hubo homicidio y el segundo, muerte accidental?

La sociedad guayanesa protestó. Las concentraciones en frente del Palacio de Justicia se volvieron frecuentes y las críticas se enfilaron hacia Emily Hernández, fiscal encargada del caso, a quien acusaron de haber recibido sobornos para favorecer a los detenidos. Por eso la familia de la víctima, con ayuda de la abogada Carvajal, decidió recusar.

“Una vez que es encontrada la menor muerta, violada y torturada hubo evidencias de que pegaron y dejaron fracturas en su cráneo. ¿Cómo es posible que la fiscal Emily Hernández, que tiene que llevar la investigación, le va a decir a los padres que se callen y que la niña no fue violada? La niña tuvo violación. ¿Cómo es posible que en la segunda autopsia dice que la muerte fue por asfixia?”, explicó después de solicitar la recusación y de corroborar que, según la información que maneja, en el caso hubo pagos en dólares y en oro.

Organizaciones y sociedad civil siguieron exigiendo justicia. “Recordamos la obligación que tiene el Estado venezolano de prevenir, investigar y castigar violencia sexual y el feminicidio, ambos delitos tipificados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, expuso en un comunicado la Red Naranja de Mujeres.

Manuela Bolívar, diputada de la legítima Asamblea Nacional, anunció este viernes, 12 de abril, que “desde la Subcomisión de Mujer e Igualdad de Género expresamos nuestras condolencias con la familia de Ángela Aguirre. Nuevamente, los derechos humanos de la mujer venezolana son violados. El caso de Ángela Aguirre es un feminicidio. No podrán cambiar la versión. Es urgente una investigación imparcial que atienda los estándares internacionales de protección de derechos de la mujer como el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género”.

Ángel Aguirre, papá de la víctima, también acusó a la fiscal de querer ocultar el crimen y de liberar a los culpables. En medio de la hojarasca, en la tarde del viernes, el caso pareció tomar un cariz diferente con la tercera novedad de la semana: la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia decidió que los siete detenidos serán imputados en el Tribunal primero de control con competencia en violencia contra la Mujer de la región.

Eso último significa que la tesis del homicidio no está desestimada y que, luego de las enmarañadas torceduras, el caso podría esclarecerse prontamente, mientras una sociedad en la que resuena el llanto acusatorio del audio de la víctima, clama que los culpables paguen sus culpas con una voz que es ahora común: Justicia para Ángela.

 

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Ecuador ofrece vuelos a migrantes venezolanos que quieran volver a su país

EL GOBIERNO DE ECUADOR OFRECIÓ el lunes tres vuelos para que los venezolanos que así lo deseen regresen esta semana a su país tras las tensiones generadas por el asesinato de una joven ecuatoriana embarazada por parte de un venezolano, su pareja sentimental.

“Hay tres vuelos que van a salir el miércoles para aquellos ciudadanos (venezolanos) que voluntariamente deseen abandonar el país”, anunció el subsecretario de Seguridad, Guillermo Rodríguez.
No dio detalles ni señaló cómo podrán los interesados acceder a esta oferta. El asesinato a cuchilladas ocurrió la noche del sábado en la ciudad de Ibarra, 75 kilómetros al norte de Quito, en presencia de una docena de policías y cientos de curiosos, reseñó la AP.
Tras ese suceso, cientos de habitantes de Ibarra emprendieron una verdadera cacería de venezolanos el domingo en la tarde y el lunes en la madrugada, desalojándolos con violencia de refugios, hostales e incluso viviendas alquiladas, lo que rebasó la capacidad de la policía.
La situación pudo ser controlada hasta casi el amanecer del lunes con la presencia de patrullas militares que impusieron orden.
Durante la noche, decenas de extranjeros emprendieron un peregrinaje para salir de Ibarra en medio de gritos y amenazas de los residentes.
Ante la situación, Ecuador anunció el lunes que a partir de ahora exigirá que los venezolanos que reciba no tengan antecedentes penales.
El presidente de la Asociación Civil de Venezolanos en Ecuador, Daniel Regalado, estimó en rueda de prensa que para obtener tal documento sus compatriotas requerirían al menos seis meses, entre otras razones por “la ausencia de funcionarios públicos que agilicen este trámite” en suelo venezolano.
Al condenar los incidentes ocurridos en Ecuador, el canciller venezolano Jorge Arreaza dijo desde Caracas que el gobierno del presidente Lenín Moreno debe asumir la responsabilidad por la violencia ocurrida y los ataques a sus compatriotas, e instó a las autoridades ecuatorianas a una reunión bilateral para tratar la situación.
Arreaza acusó a Moreno y a otros funcionarios de Ecuador de azuzar la situación y de echarle “más combustible al fuego de la xenofobia violando la legislación internacional”.
En un comunicado suscrito por cinco asociaciones de venezolanos se rechazó de manera categórica el asesinato de la ecuatoriana, así como “cualquier tipo de xenofobia o discriminación que pueda nacer a partir de los sucesos ocurridos en Ibarra. Reiteramos nuestro repudio a cualquier tipo de delito que se pueda cometer dentro del Ecuador, venga de donde venga”.
Por su parte, el vicepresidente Otto Sonnenholzner aseguró que “hemos agotado todos los esfuerzos, pero Venezuela se niega a entregar bases de datos que nos permitan verificar información de quienes llegan al país”.
“Sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del gobierno de Nicolás Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir”, agregó.
En los últimos años miles de venezolanos han llegado a Ecuador huyendo de la crítica situación económica y social que viven en su país, y la mayor parte de ellos se han integrado sin inconvenientes a la sociedad ecuatoriana. Otros miles han seguido a Perú, Chile e incluso a destinos más lejanos como Argentina, Brasil y México.
Las Naciones Unidas estiman que más 2.3 millones de venezolanos han salido de su país desde 2015 en medio de escasez de alimentos y medicinas, así como fuertes dificultades para hallar empleo.
Aumenta violencia armada contra las mujeres en Bolívar durante el primer semestre de 2018
De los 12 femicidios que hubo en el estado Bolívar solo uno fue resuelto por la policía científica, de acuerdo al primer informe del Observatorio de Violencia Armada con Enfoque de Género que preparó la ONG Codehciu, entre enero y junio de este año

 

Por Prensa Codehciu

EL ESTADO BOLÍVAR ES UNO de los estados más violentos del país. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) lo clasificó como la cuarta entidad más peligrosa de la nación en 2017 y su municipio más violento, El Callao, presentó una elevada tasa de homicidios de 816 muertes por cada 100mil habitantes.

El contexto de violencia armada siempre es propicio para aumentar la violencia de género y, en consecuencia, aumentar la cantidad de femicidios, definidos como el asesinato de mujeres perpetrado por hombres con motivos de odio, desprecio o placer, o un sentido de propiedad de la mujer (Diana Russell, 1976). Este 2018, la violencia contra la mujer va en aumento en todo el estado Bolívar, de acuerdo con el primer informe del Observatorio de Violencia Armada con Enfoque de Género que preparó la Organización No Gubernamental (ONG) Comisión para los Derechos Humanos y Ciudadanía (Codehciu), entre enero y junio.

En el primer semestre de 2018 hubo 12 mujeres asesinadas en el estado Bolívar, entre los municipios Caroní, Heres, El Callao y Sifontes. El mes más violento fue mayo, en el que ocurrieron cinco homicidios, equivalentes al 41% de los crímenes registrados.

El informe del Observatorio de Violencia Armada con Enfoque de Género en el estado Bolívar determinó que solo uno de los 12 homicidios puede ser clasificado como femicidio directo o activo, que se define como “la muerte de niñas o mujeres por violencia doméstica, prácticas ‘de honor’, lesbofóbicas, infanticidios femeninos, pago de dotes, conflictos armados, causas misóginas, éticas o socioculturales, entre otras”, según el informe de la Relatoría especial de la ONU sobre violencia contra la mujer (2014).

El mismo informe define el otro tipo de femicidio, el indirecto o pasivo, como aquel que: “es consecuencia de prácticas abortivas clandestinas, mutilación genital femenina, mortalidad materna, acción u omisión de los agentes del Estado y los que están relacionados con el tráfico de seres humanos, droga, proliferación de armas pequeñas, crimen organizado, pandillas y” bandas criminales,

Es alarmante el incremento de mujeres como víctimas fatales de la criminalidad desbordada en el estado Bolívar, con prácticas sangrientas, y sin respuesta de las autoridades: De los 12 crímenes, solo uno ha sido resuelto por las autoridades regionales, lo cual mantiene la tendencia de un índice de impunidad de más del 95% en el sur de Venezuela.

Mayo sangriento

El 1 de mayo fue asesinada Annelis Victoria Palma García, de 31 años, en San Félix. Un cartel con la frase “por pichadora y sapa” fue dejado por sus homicidas al lado de su cadáver, por haber sido informante de los cuerpos de seguridad en una investigación. Este fue el único caso resuelto por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que ajustició al responsable del crimen.

Otro de los crímenes más cruentos también ocurrió en mayo. Mayerling Isabel Jaramillo, de 18 años, fue torturada y decapitada dentro de su vivienda junto a su hermano, en el sector Core 8, de Puerto Ordaz, el 15 de mayo. Este sangriento homicidio no ha sido resuelto por las autoridades, al igual que los otros 10 que restan por esclarecer.

De acuerdo al balance del informe, de los 12 crímenes, nueve fueron asesinatos por arma de fuego, dos por arma blanca, y uno con arma desconocida –o no revelada por los cuerpos de seguridad a la prensa-. Las víctimas tenían edades comprendidas entre 18 y 47 años.

En cuanto a la ubicación, de la docena de crímenes, cinco sucedieron en San Félix, tres en los municipios del sur del estado Bolívar, tres en Puerto Ordaz y uno en Ciudad Bolívar. Dos de los asesinatos fueron en manos de los cuerpos de seguridad del Estado, y dos fueron presuntos sicariatos.  Además, dos de las mujeres tenían signos de tortura. Los móviles manejados por las autoridades fueron resistencia a la autoridad, venganza y el mal utilizado término de “crimen pasional”.

Aumenta la violencia de género

El informe del Observatorio de Violencia Armada con Enfoque de Género en Guayana exalta que es preciso que el Estado genere y publique información confiable con estadísticas para diseñar soluciones que combatan la violencia de género y los femicidios. Ya en 2014 el Comité Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer le hizo esa recomendación al Estado venezolano, pero no ha habido mejoras.

En Venezuela, las últimas cifras oficiales de homicidios contra mujeres datan de 2016. El Ministerio Público reveló que en 2015 hubo 17.778 homicidios, de los cuales 121 fueron mujeres asesinadas por razones de género. Al año siguiente, esta cifra aumentó a 122.

Para 2017, ante la ausencia de datos oficiales, el Instituto Metropolitano para la Mujer recabó que entre enero y agosto hubo 254 femicidios en Venezuela, lo que refleja un aumento sostenido de este tipo de crímenes. Esto se concatena con la tendencia creciente de los asesinatos contra mujeres durante el primer semestre de 2018 en el estado Bolívar que registró el estudio de Codehciu.

Estadísticas internacionales de organismos unilaterales como la Unilerc, ONU Mujeres, UNFPA y otros, certifican que cada año al menos 66mil mujeres son asesinadas en contextos de tolerancia a la violencia contra la mujer; los femicidios tienen por victimario al compañero actual o anterior de la víctima; el índice de femicidios aumenta en contextos de violencia armada generalizada; el índice de femicidios es casi igual al de víctimas masculinas en países con índices no tan altos de violencia; y los femicidios son cometidos en un 60 – 80% con armas pequeñas.

El Estado venezolano ha fallado en garantizar políticas de seguridad que reduzcan los índices de criminalidad. Solo en 2017 hubo 500 muertes violentas en Ciudad Guayana y en 2018 la tendencia es similar tanto en esta ciudad como en los municipios del sur del estado Bolívar.

Un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2009, indica que la violencia armada vuelve aún más vulnerables los sectores de la población que tradicionalmente los son, en este caso las mujeres. La ONU Mujeres señaló el año pasado que 14 de los 25 países del mundo en donde hay índices alarmantes de femicidios están en Latinoamérica y el Caribe.

Recomendaciones

Además de sistematizar y publicar los datos en relación a los crímenes y violencia de género, el informe de Codehciu recomienda a los medios de comunicación orientar sus contenidos con el manejo correcto de términos como femicidio, femicidio activo, femicidio pasivo, debida diligencia e investigación diferenciada, para evitar lugares comunes incorrectos como la utilización del término “crimen pasional” que esconden casos de violencia de género.

A los cuerpos de seguridad del estado venezolano se les exhorta a cumplir con la “investigación diferenciada” y la “debida diligencia”, ambos conceptos internacionales que permiten esclarecer y hacer justicia ante casos de femicidio.

La investigación diferenciada es aquella que incluye la perspectiva de género en las pesquisas para identificar elementos de que evidencien razones de odio y/o desprecio a las mujeres, y cualquier otro indicio antes, durante o después del asesinato de la mujer que permitan señalar razones de género como móvil del crimen. La debida diligencia es un estándar internacional que obliga a los Estados a adoptar medidas holísticas ys sostenibles para prevenir, proteger, sancionar y reparar actos de violencia contra la mujer (…) e impone a los Estados a establecer medidas efectivas de prevención, protección, sanción y reparación para cada caso de violencia”, de acuerdo al Protocolo Latinoamericano de Investigación de la Oficina del Alto Comisionado de los DDHH de la ONU .