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Redes y activismo, el duro camino para lograr justicia en el femicidio de Ángela Aguirre
Se cumple un año del femicidio de Ángela Aguirre, el caso que conmocionó a la opinión pública en Ciudad Guayana y que, hasta ahora, continúa sin sentencia final

 

Hace un año que no se la escucha reír, no se la ve bailar, no se la ve bromear, que no está con su familia, que no se pinta las cejas “hasta para salir a la bodega”, como dice su madre, mientras recuerda los días de vacaciones en los que Ángela Aguirre se quedaba ayudándola en la peluquería, el negocio familiar.

Hace un año que ya no se arregla el cabello y las uñas los domingos para ir toda la semana arreglada para el Colegio Adventista Maranatha, en el que estudiaba. Ya no sueña con ser médico, cirujano plástico, estético o psicóloga porque ya no está. “Como toda joven, toda estudiante, tenía sus anhelos, sus proyectos, sus sueños. Ella siempre decía que tenía el anhelo de arreglar al ser humano”, dice Yerlis, su madre.

Su uniforme escolar cuelga intacto en el closet, los libros siguen en su bolso. Pero ella ya no se levanta a desayunar, o se despierta tarde los domingos, o juega con Ángel, su hermano de 6 años que aún se pregunta por qué, de repente, ya no la vio más. “Ha pasado un año, pero para nosotros esto acaba de suceder. No hemos tenido ni siquiera el tiempo como familia para procesar nuestro duelo”.

Yerlis de Aguirre aún no procesa el duelo, la pérdida de su hija, ¿cómo podría?, cuestiona. “Nadie se prepara para despedirse de un hijo de esa manera. Nos tocó recibir el cuerpo de nuestra hija y llevarlo a la sepultura inmediatamente, este es un daño irreparable para mí familia”. Ángela Aguirre fue violada y asesinada en marzo del 2019, su caso continúa en juicio.

 

Caso Aguirre: siete imputados

Son siete los imputados y privados de libertad por el femicidio de la adolescente de 16 años: Joselyn Barreto, Dayana Nicieza, Orlando Salazar, Wilmer Díaz, Glauber Zorrilla y José Zorrilla, por los delitos de cómplices necesarios en femicidio y omisión al socorro.

A José Cedeño, primero su amigo y ahora acusado de su asesinato, le fueron imputados los cargos de femicidio agravado, abuso sexual agravado, omisión al socorro y suministro de sustancias. Los imputados están recluidos en los centros penitenciarios Rodeo II y III (los 5 hombres) y en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), las mujeres.

El juicio comenzó en octubre de 2019 en el Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, pero hasta ahora no hay sentencia. Desde entonces, todos los lunes -antes de la cuarentena- un grupo de oenegés y mujeres feministas defensoras de los derechos humanos se plantan para exigir justicia.

La movilización del caso ha costado protestas, inéditas campañas de difusión en redes sociales, una recusación, denuncias, y bastante dolor. Fueron las redes sociales y la indignación de la opinión pública la que posicionó el caso. “El día de la audiencia preliminar, un grupo de mujeres feministas de Caracas estuvo frente al Palacio de Justicia. Todos los lunes hacen eso, les agradezco infinitamente su apoyo”, manifestó Yerlis Aguirre.

El nombre de Ángela Aguirre sobresalió entre los carteles púrpuras que fueron el mejor atavío de una marcha silente emprendida en Guayana para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Una representación de la lucha contra un flagelo social que ha cobrado la vida de muchas mujeres en Guayana, y en todo el territorio nacional.

Luego de cuatro diferimientos de las audiencias en Puerto Ordaz, de que los tribunales en el estado Bolívar se hayan declarado incompetentes y luego de reiteradas dilaciones, el caso lo tomó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y este decidió que la causa la llevaría el Tribunal del Juzgado Primero de Control en materia de Violencia contra la Mujer, donde en julio de 2019 se hizo la audiencia preliminar, y donde continúa el proceso del juicio, en el que se está exponiendo una prueba por semana. La madre de Ángela ha solicitado que pudieran exponerse 2 o 3 pruebas por semana para acelerar el proceso. “Hasta ahora no se han suspendido ninguna de las audiencias desde que el caso llegó a Caracas, el proceso va con toda normalidad”, dijo Yerlis Aguirre.

Lo sucedido

La joven de 16 años desapareció la madrugada del 23 de marzo de 2019 en aguas del río Caroní, en el Club Ítalo Venezolano de Puerto Ordaz. Fue la División Contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) la que inició su búsqueda cuando aún no se había determinado que estaba muerta, -primera irregularidad identificada por el periodista Germán Dam.

Su cuerpo fue hallado 3 días después, el 26 de marzo, flotando en las adyacencias del balneario El Rey. Desde entonces inició el turbio proceso de investigación. La primera autopsia reveló que Ángela Aguirre había muerto por asfixia mecánica por inmersión, y presentaba signos de abuso sexual, pues tenía magulladuras en su cuerpo y lesiones tanto en sus partes íntimas como en sus manos. “Tenemos una foto que tomaron justo cuando hallaron el cuerpo de la niña, se puede ver que está amarrada por los brazos” – argumenta Yerlis Aguirre, con un hilo de voz-, “amarrada con un cable negro en los brazos y donde se puede ver que la tuvieron amarrada hasta el día en que la soltaron”.

Este fue el desenlace funesto de la fiesta de cumpleaños de José Cedeño, a quien le fueron imputados los cargos de femicidio agravado, abuso sexual agravado, omisión al socorro y suministro de sustancias.

Con él son siete los imputados y privados de libertad por el crimen. Todos ellos habían zarpado con Ángela Aguirre, la noche del 22 de marzo en la embarcación La Kaki hacia la isla La Terecaya, del Club Ítalo Venezolano a las 6:00 de la tarde. Todo esto infringiendo las normas náuticas del lugar en las que se estipula que está prohibido el tránsito a esa hora.

“Hubo una gran violencia en lo que le hicieron a ella, estamos luchando para alcanzar justicia por lo que le hicieron a la niña porque sí, hubo violencia, hubo un asesinato”, reiteró su madre.

Iniciaron las averiguaciones, y con estas, las irregularidades y el choque entre versiones. La fiscal designada por el Ministerio Público para investigar los hechos, Emily Hernández, solicitó una segunda autopsia cuyo resultado contradijo -a favor de los detenidos- los resultados de la primera autopsia, esta vez, revelaba que Ángela no había sido violada. Además, solicitó al tribunal que el caso fuese procesado en un tribunal ordinario, desestimando que este fuese un caso de violencia contra la mujer. La abogada defensora de la familia Aguirre, Yamileth Carvajal y la opinión pública, acusaron a la fiscal de corrupción y soborno durante las pesquisas.

Justo antes de la audiencia de presentación, a mediados de abril, se filtró un audio en el que Ángela llorando aseguraba que José Cedeño la había violado. Ese mismo mes también se les dictó privativa de libertad después de cuatro diferimientos. La audiencia preliminar se realizó a mediados de julio de 2019 (4 meses después del hecho).

Por petición de la familia de Ángela, Hernández fue removida del caso. La causa fue tomada por Joselin Mata, fiscal 47 y Renny Amundarain, fiscal 66, ambos nacionales. Y Scarlett Alcalá, fiscal décimo sexto en materia de defensa para la mujer y Danielys Martínez, fiscal décimo tercero en pena ordinaria de víctima, niños, niñas y adolescentes, ambas regionales.

Pero la madre de Ángela desconfía de Amundarain, uno de los fiscales nacionales que lleva la causa. “Amundarain actuó en complicidad con ella (Emily Hernández) para favorecer a estas siete personas acusadas por el femicidio de mi hija. Vimos la manipulación de todos los elementos de prueba, las telas de arañas que han tejido los fiscales”, sostiene.

Los tribunales en el estado Bolívar se declararon incompetentes. El caso lo tomó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y decidió que la causa la llevaría el Tribunal del Juzgado Primero de Control en materia de Violencia contra la Mujer, donde en julio de 2019 se realizó la audiencia preliminar, y donde continúa el proceso del juicio.

Polémica, revictimización y justificación

El caso de Ángela sacudió a la opinión pública y generó polémicas. El homicidio cometido contra ella se diluía ante la sociedad entre los cuestionamientos de la moralidad o prudencia de Ángela, o las acusaciones a sus padres. Para algunos, eran ellos, y no los imputados, los culpables del femicidio: revictimización y justificación del delito. “Como si ellos fueran los padres perfectos, como si tuvieran a sus hijos metidos en una burbuja donde nadie los va a sacar”, reprocha su madre.

“En el fondo el problema no era ese, el problema era que se había cometido un asesinato, que hubo dilación en el proceso, que hubo una transgresión de las normas del debido proceso en varias de las instancias de investigaciones y de juicio, y eso pasó inadvertido por la sociedad y muy pocas personas le hicieron caso frente a la connotación que tenía la dedicación o no de esta persona a actividades de prostitución”, expresó la abogada y experta en violencia basada en género, Eumelis Moya.

Durante el 2019 la tasa de femicidios aumentó en un 18,89%, es decir, hubo 107 mujeres asesinadas por razones de género, en comparación a las 90 que murieron en el 2018, según la plataforma comunicacional Cotejo. Uno de los casos más emblemáticos del 2019 fue el femicidio de esta joven, en el estado Bolívar, entidad en el que se registró un aumento del 57,14% de femicidios para ese año.

El flagelo parece no disminuir: hasta el 22 de enero de 2020 se registraron 14 femicidios en el país, dos de las víctimas eran menores de edad. Todos los casos envueltos en un espiral de violencia desmedida: disparos a traición, quemaduras, apuñalamientos con saña, tortura y ahorcamientos.

En Venezuela hay 21 tipos de violencia contra la mujer tipificados en la ley. El femicidio es la manifestación más extrema. La violencia basada en género es un problema de salud pública que parece no disminuir en el país, la inacción estatal solo refuerza los patrones de violencia y la reincidencia de los mismos.

“No hablamos de cualquier problema, estamos hablando de un flagelo que arroja unas cifras de ocurrencia elevadas y hasta ahora no han logrado implementarse medidas eficaces para su erradicación”, informó Moya.

Para la abogada experta en violencia basada en género, la clave para mitigar este problema de salud pública es la educación, una socialización de información que le permita al colectivo conocer qué es la violencia, qué implica, cómo se previene, ante quién se denuncia o ante quién acudir en caso de que se produzca. “Es la educación el pilar que soporta el proceso de prevención y la no ocurrencia del problema”, destacó.

“Hay que iniciar por explicar qué es el género y su diferencia con el sexo, cómo el género se traduce en roles sociales soportados en estereotipos o preconcepciones que vulneran a la mujer en su condición de tal”, añadió Moya. Solo inculcando este enfoque se podría impedir la cosificación de la mujer y la revictimización. “En la medida de que se entiende que la violencia no es solo la agresión física o verbal o psicológica de la persona, sino que hay acciones pasivas u omisivas incluso que también son violencia, en esa medida se irá minimizando la ocurrencia del problema”, concluyó la abogada.

Mairis Balza, directora de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), resaltó la importancia de que la violencia contra la mujer en todas sus formas no se trate como un tema doméstico, para que no decante en femicidio. “Es un tema de protección y garantía de derechos. Ignorar esta perspectiva deja en el desamparo, desprotección e impunidad a la mujer, frente a la forma más extrema de violencia contra la mujer, reafirmando la concepción machista y patriarcal de las relaciones de poder”.

Además, afirmó que, ante un problema estructural y multifactorial, la respuesta debe ser del mismo modo, es imperativo que “todos los sectores se comprometan en eliminar la tolerancia de la violencia contra las mujeres y en dar mejor apoyo a las mujeres que la experimentan” –y a los familiares de las que murieron producto de ella-.

 

#MonitorDeVíctimas | Hallaron cadáver de ex empleada bancaria en tanque de agua en Santa Fe

Foto: Carlos D´Hoy

 

ANA MIRELLA AMORER Reyes, de 76 años de edad, ex administradora de una agencia del Banco Provincial, desapareció después de las 5:00 pm del pasado martes, 17 de septiembre de 2019. Ella había salido esa tarde a llevar a la doméstica que laboraba en su casa y retornó a su domicilio en residencias Santa Fe, en la urbanización homónima del municipio Baruta, a las 5:12 pm, según lo revelan las cámaras de seguridad del edificio.

Como desde ese momento desapareció, sus familiares presumían que podía haber sido secuestrada. Sin embargo, funcionarios del Cicpc y Polibaruta que investigaban el acontecimiento no encontraron indicios de que se tratara de un secuestro.

Dos días después, la tarde del jueves 19 de septiembre, hallaron su cartera y teléfono celular en el cuarto de bombas del edificio. Pero la mujer seguía desaparecida. Debido a que el agua que salía por las tuberías tenía mal olor, un equipo técnico se introdujo en el tanque de agua del edificio y halló el cadáver de Amorer Reyes en el fondo. Tenía diferentes golpes y una contusión en la región occipital.

El cadáver fue ingresado esa misma noche a la morgue de Bello Monte, una vez que una comisión de la subdelegación de Santa Mónica del Cicpc colectó evidencias y citó a declarar a vecinos y familiares de la víctima.

Los investigadores se llevaron los videos de las cámaras de seguridad, que también grabaron al hombre que se llevó el Honda Civic de la víctima que está solicitado por la policía científica.

Se trata del vigilante de residencias Santa Fe, identificado como Juan Carlos Serrano, de 24 años de edad, quien no tiene registros policiales y tenía 2 semanas laborando en el edificio. La ex administradora del Banco Provincial vivía sola en el apartamento 11 A, piso 11.

 

 

#MonitorDeVíctimas | Joven fue asesinada en El Valle durante discusión por 1.000 bolívares

“¡AY YA MENOR, VACÍLALA, VACÍLALA!”. Según testigos, estas fueron las últimas palabras de Emily Fabiola Rosendo Arrieta antes de que un hombre la atacara con un pico de botella en el cuello. 

La joven de 22 años salió a las 7:00 a. m. del lunes 26 de agosto con rumbo al Centro Comercial IPSFA, en Los Próceres, a retirar su cédula de identidad. Por lo congestionado del Metro pensó en abordar una camionetica y frente a la estación de El Valle le pidió 1.000 bolívares para el pasaje a un amigo. 

“Él le dijo que no tenía y ella se molestó, le dijo que siempre tenía dinero para los demás, menos para ella. Ahí comenzó la discusión”, contó su mejor amiga, quien prefirió no decir su nombre por medidas de seguridad. 

Emily estaba con una amiga, quien iba a su trabajo en Chacaíto, y aprovechó su compañía. Ella intentó mediar en la pelea, pero no le prestó atención y se hizo a un lado. 

Herida, le suplicó a los testigos que no la dejaran morir. Una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que se encuentra a pocos metros, la trasladó hasta el Hospital Clínico Universitario pero llegó sin signos vitales. 

El atacante huyó. Según allegados de la víctima es un joven de 18 años y se encuentra en situación de calle. Al parecer a veces duerme en casa de un compañero, también en El Valle. Vende suspiros afuera de la estación del Metro.

“Ella lo conocía desde hace tiempo. Una vez le regaló un short y hasta lo llevó a la casa para que se diera un baño”, detalló su mejor amiga, con quien vivía desde hace dos años. 

Emily estuvo durante muchos años en situación de calle, su madre presuntamente la abandonó y su crianza estuvo a cargo de una tía, quien murió hace unos meses. Su mejor amiga la ayudó a salir de las calles, le dio hospedaje en su casa y además la encargó de dos puestos de chucherías que tiene frente a la estación del Metro El Valle. 

En ese tiempo tuvo una pelea con un grupo de transformistas y estos la hirieron con un puñal en la cabeza y en el cuello, ataque del cual se recuperó. 

La semana entrante se iba del país con su mejor amiga. El plan era viajar vía terrestre hasta Cúcuta, donde las recibirían unas tías de ella hasta que otras amigas les mandaran el pasaje para irse a Lima, en Perú.

“Yo me la iba a llevar conmigo, porque siempre le decía que si la dejaba aquí ella iba a quedar sola y se iría a la calle otra vez. Yo siempre hacía que se arreglara, se bañara, la cuidaba como a una hermana porque su familia no le dio apoyo”.

Emily vivía en el barrio El Tamarindo de El Valle. Su madre, quien habita en los Jardines de El Valle, fue contactada para que hiciera el trámite en la morgue de Bello Monte y pudieran retirar el cadáver. 

El retrato hablado del presunto asesino ya está en manos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y se efectuó la denuncia. 

 

Mujeres en Brisas del Sur denuncian que sus derechos humanos son vulnerados
La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) hizo entrega de kits de higiene personal, donados por Unfpa, a mujeres en condición de movilidad pendular del estado Bolívar.

 

El pasado sábado 6 de julio la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) hizo entrega de 109 Dignity kits (kits de dignidad) a mujeres en edad reproductiva y en condición de movilidad pendular. Los kits son un donativo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), y están dotados de productos de higiene personal para mujeres que se desplazan frecuentemente hacia el sur de Bolívar con la esperanza de mejorar su calidad de vida. Pero esta mejoría no ocurre ya que sus derechos humanos son vulnerados.

Sobrevivir en penurias

En la comunidad de Brisas del Sur las mujeres entienden que para sobrevivir a la crisis económica de Venezuela deben llevar a cabo tareas que las ponen en peligro. Muchas de ellas recurren a la opción (a veces única alternativa) de trabajar en comunidades mineras del sur como vendedoras ambulantes de dulces, comidas, y víveres; otras son cocineras en minas cercanas a comunidades como Tumeremo y corren el riesgo de ser víctimas de daño colateral de grupos de delincuencia organizada. Codehciu llevó a cabo microcharlas en la comunidad para prevenir que niñas, adolescentes y mujeres sean víctimas de violencia sexual durante estos recorridos. Los contenidos además tenían como objetivo darles herramientas preventivas sobre violencia contra la mujer e incluso trata de personas.

Dignidad y derechos humanos

Los Dignity Kits donados por Unfpa les proporcionaron artículos como jabón, detergente, condones, toallas sanitarias, ropa interior, material educativo sobre la prevención de la violencia sexual y violencia durante el noviazgo, una linterna y un morral. Otra entrega de 68 kits se realizó el pasado 25 de junio en la misma comunidad.

Entre las dinámicas que Codehciu llevó a cabo durante la entrega del donativo, se les preguntó a las mujeres cuáles eran los principales problemas de su comunidad. En materia de derechos humanos alertaron que existe miedo hacia los funcionarios del Estado porque en Brisas del Sur se sienten “amedrentadas” por estos. Además, aprovecharon para afirmar su preocupación por la falta de educación sexual y reproductiva en niñas y adolescentes.

El informe anual de Codehciu sobre el monitoreo de violencia armada con enfoque de género, entre abril de 2018 y abril de 2019, arrojó 237 víctimas de violencia contra la mujer en los estados Bolívar y Monagas. En este número también se cuentan casos de violencia sexual, amenazas, femicidios activos y pasivos, y femicidios en grado en frustración.

El artículo 4 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia consagra algunas de las responsabilidades del Estado para la protección de niñas, adolescentes y mujeres:

“Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de protección, de apoyo y acogida y de recuperación integral (…) La atención que presten dichos servicios deberá ser: permanente, urgente, especializada y multidisciplinaria profesionalmente y los mismos serán financiados por el Estado”.

Vulneradas

Pero cada vez son más las mujeres que viven en condiciones precarias en Bolívar y que recurren a viajar hasta el sur, desprotegidas ante la violencia armada, abusos físicos y sexuales; riesgos que deben tomar para llevar dinero y comida a sus hogares. La coordinadora general de Codehciu, Mairis Balza, explicó: “Muchas de las mujeres no tenían percepción del riesgo al que están sometidas cuando van y vienen a las minas. En las minas no hay un tratamiento diferenciado hacia las mujeres (…) no tienen baño privado, tienen que hacer sus necesidades en el monte, las que trabajan en las minas están sometidas a las mismas condiciones que los hombres.”

Este kit, como asegura Balza, en sí mismo es una ayuda para las mujeres pero “no significa el fin último de la actividad. Lo principal es la sensibilización: deben tener precaución con algunas situaciones en particular, hacerles ver los tipos de violencia o las situaciones de acoso, o abuso sexual, a las que pudieran estar sometidas”.

Caso Ángela Aguirre: Diferida audiencia para el 18 de julio mientras implicados estarán en el INOF y El Rodeo

PARA ESTE MIÉRCOLES 3 DE JULIO se esperaba la audiencia preliminar de los siete implicados en el femicidio de la adolescente Ángela Aguirre. Sin embargo, la misma fue diferida para el próximo 18 de julio a solicitud de la nueva defensa de los detenidos “para poder conocer del expediente de la causa”, según informa el periodista Germán Dam en su cuenta en Twitter. 

Los abogados de la familia de la joven pidieron al tribunal que los señalados permanecieran privados de libertad en Caracas, por lo tanto se resolvió enviar a los hombres a El Rodeo II y a las mujeres al Instituto Nacional de Orientación Femenina.

 

 

 

Sobre el caso

El sábado en la tarde, Ángela Aguirre contestó el mensaje de un estado de Whatsapp de José Alberto Cedeño, con una sola palabra: “Yo”. La pregunta de Cedeño: “¿Quién para salir al río ya?”.

Los padres de Aguirre la llevaron al Centro Ítalo Venezolano de Guayana (CIVG). Allí se encontró con Cedeño, quien celebraba su cumpleaños 18. Salieron en la lancha La Kaki, después de las 6:00 de la tarde, del puerto del club con rumbo a la isla La Terecaya, en el río Caroní, a pesar de que a esa hora están prohibidas las salidas.

Además de Ángela y de José Alberto, estaban José Zorrilla (de 44 años, tío del cumpleañero), Glauder Zorrilla (19 años), Orlando Salazar (35), Wilmer Díaz (30), Joselyn Barreto (18) y Dayana Nicieza (28).

La lancha regresó a las 2:00 de la mañana al club. Fue entonces cuando dijeron que Ángela se había perdido. Todos fueron detenidos e interrogados. Se contradijeron en varias versiones salvo en una: que se descuidaron para buscarle un trago a la adolescente y que cuando se percataron, había desaparecido.

La primera autopsia realizada al cuerpo de la joven reveló que “fue violada vaginal y anal. Sufrió traumatismo craneoencefálico y facial tras haber sido golpeada con un objeto contuso. Luego, aún viva, fue arrojada al agua”; señaló el periodista Dam.

Una segunda evaluación realizada por el Ministerio Público al cadáver de Ángela Aguirre determinó resultados muy distintos a los ofrecidos por el CICPC.

En el informe se precisó que el cuerpo de la joven estaba boca abajo y por la posición se generó la lividez postmortem (coloración rojiza-amoratada debida a una acumulación de la sangre en esas zonas), rigidez cadavérica y la saponificación (abombamiento del cadáver).

De igual forma las pesquisas determinaron que aún cuando Ángela tenía el chaleco pudo haberse ahogado accidentalmente porque el oleaje de noche es muy fuerte y por lo general estos artículos tienen un tiempo de vida, también que hubo “sexo consensuado” y no una violación.

 

 
Tribunal dicta privativa de libertad a detenidos por el caso de Ángela Aguirre

PRIVATIVA DE LIBERTAD FUE LA MEDIDA DICTADA EN CONTRA de los siete detenidos por el caso de Ángela Aguirre, menor de edad desaparecida en la isla La Terecaya y cuyo cuerpo fue encontrado tres días después en el balneario El Rey del río Caroní. La disposición fue tomada por el Tribunal Primero de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Violencia contra la Mujer del estado Bolívar.

José Cedeño (18 años) fue imputado por femicidio, abuso sexual, suministro de sustancias y omisión al socorro. Mientras que José Zorrilla, Glauder Zorrilla, Orlando Salazar, Wilmer Díaz, Joselyn Barreto y Dayana Nicieza, por complicidad necesaria para el delito de femicidio y omisión al socorro.

Como sitio de reclusión para las mujeres fue fijado el Centro de Coordinación Policial Vizcaíno en San Félix, y para los hombres, la cárcel de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar; sin embargo, fuentes del Ministerio Público aseguraron que la defensa alegó que “corrían peligro” y serán recluidos por unos días en las celdas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

La audiencia de presentación, que fue diferida cuatro veces, culminó a la 1:40 a.m, después de 10 horas. Durante la jornada, “los imputados se reían durante la audiencia”, comentó la fuente.

 

Apoyo a familiares

Mientras transcurría el acto judicial, algunos familiares, allegados, amigos y miembros de ONG estuvieron en las afueras del Palacio de Justicia de Puerto Ordaz para manifestar su apoyo y exigir justicia para Ángela.

La ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) leyó un documento, suscrito por 62 organizaciones y más de 200 personas, en el que exigieron una investigación imparcial y libre de sesgos y estereotipos de género y que atendieran los protocolos de derechos de las mujeres.

“Notamos con preocupación con este caso que el tema de la investigación inferencial y el cumplimiento de la debida diligencia no ha sido puesto en práctica por los órganos del Estado. Por eso quisimos venir a apoyar, quisimos venir a brindar solidaridad con familiares”, indicó Jackeline Fernández, miembro de Codehciu.

Explicó que el Estado está en la obligación de investigar antecedentes en el caso para determinar si hubo femicidio, vulnerabilidades propias de la víctima y determinar cualquier circunstancia.

“Dentro de la ley, cuando hay violencia sexual previa, el femicidio es calificado como femicidio agravado. Entendemos y respetamos de la misma manera los derechos de los presuntos responsables, lo cual quiere decir que el respeto por el proceso penal debe darse a ambas partes”, aclaró Fernández.

#MonitorDeVíctimas. Una red de sobornos ha dilatado la justicia en el caso de Ángela Aguirre
Luego de tres semanas de lo que fue tildado por el director del Cicpc como un homicidio, la audiencia de presentación de los siete detenidos por el caso ha sido diferida cuatro veces. Mientras, la sociedad guayanesa sigue exigiendo justicia.

 

@marcosdavidv / FOTO CORTESÍA ÁNGEL AGUIRRE

MILES DE TUITS, CIENTOS DE DENUNCIAS, siete detenidos, cuatro postergaciones de las audiencias de presentación, tres semanas, dos autopsias y un caso sobre el que la justicia venezolana no ha dado respuestas, el del homicidio de la adolescente Ángela Aguirre.

Cada semana transcurrida sin que haya respuestas ha sido, al mismo tiempo, el incremento de las manifestaciones de indignación y de repudio a lo que ya es visto como un cangrejo.

Esta segunda semana de abril dejó tres novedades en torno del homicidio (el 23 de marzo en el río Caroní, estado Bolívar) de la adolescente de 16 años, estudiante de quinto año de bachillerato del colegio Palúa, en San Félix, y habitante de la urbanización Los Alacranes, de esa misma ciudad.

La primera fue que Yamileth Carvajal, abogada de la familia de la víctima, solicitó la recusación de Emily Hernández como fiscal del caso “porque hay mucha manipulación. ¿Tiene que haber dinero para que haya justicia?”.

La segunda fue la difusión de un audio que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) encontró en el teléfono celular de la víctima. En ella, Ángela Aguirre dice, llorando: “José Alberto me dejó desnuda… José Alberto me violó, marica”.

 

Devaneos

El sábado 23 de marzo de 2019, los padres de Ángela Aguirre la llevaron al Club Ítalo Venezolano de Guayana para que celebrara el cumpleaños 18 de un amigo: José Alberto Cedeño.

Junto con ellos estaban José Zorrilla (de 44 años), Glauder Zorrilla (19), Orlando Salazar (35), Wilmer Díaz (30), Joselyn Barreto (18) y Dayana Nicieza (28). Todos salieron a bordo de la lancha La Kaki, con rumbo a la isla La Terecaya, en el río Caroní. Regresaron al club antes de las 2:00 am. Todos menos Ángela.

Al día siguiente comenzó la búsqueda de la adolescente y los siete acompañantes fueron detenidos. Al cadáver lo encontraron el martes 26 de marzo, flotando cerca del balneario El Rey, en Puerto Ordaz. Esa misma noche, el director nacional de Cicpc, Douglas Rico, informó sobre el caso y lo calificó como homicidio.

Hubo dos autopsias. En el informe de la primera se determinó que el cadáver tenía golpes y signos de abusos sexuales. En la segunda, que la muerte había producida por asfixia mecánica.

El viernes 29, Douglas Rico declaró que las investigaciones continuaban y ordenó que el cadáver no fuese enterrado. Aunque entonces no utilizó el término homicidio sino, simplemente, muerte.

 

Causa común

La contradicción entre las dos autopsias levantó la indignación en Caroní. ¿Cómo un primer informe decía que hubo homicidio y el segundo, muerte accidental?

La sociedad guayanesa protestó. Las concentraciones en frente del Palacio de Justicia se volvieron frecuentes y las críticas se enfilaron hacia Emily Hernández, fiscal encargada del caso, a quien acusaron de haber recibido sobornos para favorecer a los detenidos. Por eso la familia de la víctima, con ayuda de la abogada Carvajal, decidió recusar.

“Una vez que es encontrada la menor muerta, violada y torturada hubo evidencias de que pegaron y dejaron fracturas en su cráneo. ¿Cómo es posible que la fiscal Emily Hernández, que tiene que llevar la investigación, le va a decir a los padres que se callen y que la niña no fue violada? La niña tuvo violación. ¿Cómo es posible que en la segunda autopsia dice que la muerte fue por asfixia?”, explicó después de solicitar la recusación y de corroborar que, según la información que maneja, en el caso hubo pagos en dólares y en oro.

Organizaciones y sociedad civil siguieron exigiendo justicia. “Recordamos la obligación que tiene el Estado venezolano de prevenir, investigar y castigar violencia sexual y el feminicidio, ambos delitos tipificados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, expuso en un comunicado la Red Naranja de Mujeres.

Manuela Bolívar, diputada de la legítima Asamblea Nacional, anunció este viernes, 12 de abril, que “desde la Subcomisión de Mujer e Igualdad de Género expresamos nuestras condolencias con la familia de Ángela Aguirre. Nuevamente, los derechos humanos de la mujer venezolana son violados. El caso de Ángela Aguirre es un feminicidio. No podrán cambiar la versión. Es urgente una investigación imparcial que atienda los estándares internacionales de protección de derechos de la mujer como el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género”.

Ángel Aguirre, papá de la víctima, también acusó a la fiscal de querer ocultar el crimen y de liberar a los culpables. En medio de la hojarasca, en la tarde del viernes, el caso pareció tomar un cariz diferente con la tercera novedad de la semana: la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia decidió que los siete detenidos serán imputados en el Tribunal primero de control con competencia en violencia contra la Mujer de la región.

Eso último significa que la tesis del homicidio no está desestimada y que, luego de las enmarañadas torceduras, el caso podría esclarecerse prontamente, mientras una sociedad en la que resuena el llanto acusatorio del audio de la víctima, clama que los culpables paguen sus culpas con una voz que es ahora común: Justicia para Ángela.

 

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Ecuador ofrece vuelos a migrantes venezolanos que quieran volver a su país

EL GOBIERNO DE ECUADOR OFRECIÓ el lunes tres vuelos para que los venezolanos que así lo deseen regresen esta semana a su país tras las tensiones generadas por el asesinato de una joven ecuatoriana embarazada por parte de un venezolano, su pareja sentimental.

“Hay tres vuelos que van a salir el miércoles para aquellos ciudadanos (venezolanos) que voluntariamente deseen abandonar el país”, anunció el subsecretario de Seguridad, Guillermo Rodríguez.
No dio detalles ni señaló cómo podrán los interesados acceder a esta oferta. El asesinato a cuchilladas ocurrió la noche del sábado en la ciudad de Ibarra, 75 kilómetros al norte de Quito, en presencia de una docena de policías y cientos de curiosos, reseñó la AP.
Tras ese suceso, cientos de habitantes de Ibarra emprendieron una verdadera cacería de venezolanos el domingo en la tarde y el lunes en la madrugada, desalojándolos con violencia de refugios, hostales e incluso viviendas alquiladas, lo que rebasó la capacidad de la policía.
La situación pudo ser controlada hasta casi el amanecer del lunes con la presencia de patrullas militares que impusieron orden.
Durante la noche, decenas de extranjeros emprendieron un peregrinaje para salir de Ibarra en medio de gritos y amenazas de los residentes.
Ante la situación, Ecuador anunció el lunes que a partir de ahora exigirá que los venezolanos que reciba no tengan antecedentes penales.
El presidente de la Asociación Civil de Venezolanos en Ecuador, Daniel Regalado, estimó en rueda de prensa que para obtener tal documento sus compatriotas requerirían al menos seis meses, entre otras razones por “la ausencia de funcionarios públicos que agilicen este trámite” en suelo venezolano.
Al condenar los incidentes ocurridos en Ecuador, el canciller venezolano Jorge Arreaza dijo desde Caracas que el gobierno del presidente Lenín Moreno debe asumir la responsabilidad por la violencia ocurrida y los ataques a sus compatriotas, e instó a las autoridades ecuatorianas a una reunión bilateral para tratar la situación.
Arreaza acusó a Moreno y a otros funcionarios de Ecuador de azuzar la situación y de echarle “más combustible al fuego de la xenofobia violando la legislación internacional”.
En un comunicado suscrito por cinco asociaciones de venezolanos se rechazó de manera categórica el asesinato de la ecuatoriana, así como “cualquier tipo de xenofobia o discriminación que pueda nacer a partir de los sucesos ocurridos en Ibarra. Reiteramos nuestro repudio a cualquier tipo de delito que se pueda cometer dentro del Ecuador, venga de donde venga”.
Por su parte, el vicepresidente Otto Sonnenholzner aseguró que “hemos agotado todos los esfuerzos, pero Venezuela se niega a entregar bases de datos que nos permitan verificar información de quienes llegan al país”.
“Sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del gobierno de Nicolás Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir”, agregó.
En los últimos años miles de venezolanos han llegado a Ecuador huyendo de la crítica situación económica y social que viven en su país, y la mayor parte de ellos se han integrado sin inconvenientes a la sociedad ecuatoriana. Otros miles han seguido a Perú, Chile e incluso a destinos más lejanos como Argentina, Brasil y México.
Las Naciones Unidas estiman que más 2.3 millones de venezolanos han salido de su país desde 2015 en medio de escasez de alimentos y medicinas, así como fuertes dificultades para hallar empleo.