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El Coqui

3x3 | Quedar en fuego cruzado: la tragedia de vivir entre bandas criminales
¿Qué pasó en «la masacre de La Vega? Runrun.es consultó a tres especialistas sobre lo ocurrido en el sector caraqueño, en el que los vecinos y familiares de los fallecidos identificaron a los efectivos de las FAES como los autores de las muertes

@ValeriaPedicini

Al menos 24 personas murieron durante la incursión policial en La Vega, según información extraoficial. “La masacre de La Vega”, como fue denominado el hecho, es considerado la mayor masacre en operativo policial ocurrida en Venezuela. 

De acuerdo al Monitor de Víctimas, a algunas personas las mataron mientras caminaban y a otras dentro de sus propias casas. Los disparos resonaron en las calles Zulia, El Carmen, Independencia y Las Margaritas cuando el reloj todavía no marcaba las 12 del mediodía. Días antes de la incursión policial, vecinos de La Vega denunciaron en redes sociales la presencia de colectivos (civiles armados) en la zona, aparentemente vinculados a la banda de la Cota 905. 

Vecinos de La Vega y familiares de los fallecidos identificaron a los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) como los autores de las muertes ocurridas. “Es que no hubo una balacera. Fueron ellos los que se metieron a matar en las casas”, contó uno de los familiares de las víctimas

Llamadas también “escuadrón de la muerte” y calificadas como “grupo de exterminio”, el cuerpo de seguridad adscrito a la PNB fue creado a mediados de 2017 por Nicolás Maduro para que se sumaran “al combate por la seguridad, contra el crimen y contra el terrorismo”. Son la fuerza policial de mayor letalidad. Desde su creación, hasta mediados de 2019, habían acumulado más de 7.000 denuncias de ejecuciones policiales en todo el territorio, según el informe 2019 de Monitor de Víctimas

Defensores y activistas de derechos humanos rechazaron lo sucedido en La Vega. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno de Nicolás Maduro disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). “La CIDH ha advertido sobre un contexto de ejecuciones extrajudiciales en operativos de seguridad ciudadana, que se caracteriza, entre otras cosas, por la calificación pública de las víctimas como personas de alta peligrosidad que presentan resistencia a la autoridad”. 

En 2019, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ya había pedido la disolución de las FAES. Pero el gobierno de Nicolás Maduro no ha evidenciado ninguna voluntad de atender la petición. 

Runrun.es consultó a tres especialistas sobre lo ocurrido en La Vega: Al ingeniero Electrónico, miembro de la Asociación Venezolana de Ejecutivos de Seguridad (AVES) y consultor en estrategias para gestión de riesgos de seguridad, Alberto Ray; doctora en Sociología, profesora y fundadora de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), Verónica Zubillaga; y el abogado especialista en Ciencias Penales y Derecho Procesal Constitucional, Luis Izquiel.

¿Qué pasó en La Vega? ¿Qué hay detrás de lo ocurrido que dejó 24 fallecidos?

 

Alberto Ray 

Lo que ocurrió es la corroboración de un proceso mucho más profundo de fraccionamiento del país, de la pérdida del Estado. ¿Por qué te lo digo así? Al final el Estado venezolano ha perdido la capacidad de ejercer soberanía sobre el territorio. Cuando eso empieza a ocurrir en los países, los países empiezan a disolverse.

Comienza así un proceso de perder el control del territorio de la población y de sus leyes y de su propio estado de derecho. Y como en la naturaleza, esos espacios vacíos los llenan las nuevas formas de poder. Y lamentablemente las formas de poder que lo sustituyen tienden a ser violentas o tienden a ser puestas por la fuerza.

Lo que pasó en La Vega es un nuevo proceso de expansión de estas nuevas formas de poder que a través de la violencia, de la coacción, coerción y del miedo se adueñan de territorios. 

Cuando las bandas criminales tienen un territorio sobre el cual operar, un territorio más o menos estable en el que no se sienten amenazados y que les genera riqueza y recursos suficientes para que ellos se autosustenten, entonces se dan estos procesos que, a falta del Estado, los llena un poco la ley del más fuerte. ¿Por qué los llena? Porque tiene facilidad de tomar el territorio porque tiene dinero, recursos y porque consigue gente que lo acompaña. 

Este fulano “Coqui” lo que ha hecho es extender su dominio hacia allá porque es un poco la ley del más fuerte. Ahora eso le da más fortaleza, más prestigio dentro de este mudo del crimen. Le garantiza más negocios, territorio y espacio para reclutar gente, ocultarlos, para distribuir droga, secuestrar gente, todo lo que hay detrás de estas actividades criminales. Y no hay nadie que los detenga.

Los muertos son producto de este proceso de expansión. Yo no estoy claro de quién mató a quién, pero muy probablemente haya algunos elementos que tratan de resistirse a esa expansión, a lo mejor bandas pequeñas que reaccionan y se hacen enfrentamientos entre ellas y ahí salen muertos. Y otras que vienen del propio policía y las FAES. 

Verónica Zubillaga

Tenemos un hecho objetivo: resultaron 24 hombres muertos en el barrio popular La Vega en el marco de un operativo en el cual intervinieron las fuerzas de seguridad pública. Ese hecho es el evento que exige nuestra atención. 

Luis Izquiel 

En la Vega ocurrieron dos hechos relevantes el pasado viernes 8 de enero, ambos de gravedad. El primero es el intento de expansión hacia el barrio de La Vega por parte de integrantes de la banda del “Coqui”, la cual, como sabemos, tiene años controlando la Cota 905. Si esta expansión se llega a concretar (seguramente lo van a seguir intentando), esta banda criminal se vería fortalecida y los caraqueños podríamos sufrir de un accionar aún mayor de esta banda delictiva. 

El segundo aspecto de gravedad tiene que ver con la respuesta de los cuerpos de seguridad, que no conllevó a la captura de los líderes de la banda del Coqui, pero que sí dejó una estela de denuncias de ejecuciones extrajudiciales y de otras violaciones a los DDHH. Se habla de presuntos enfrentamientos, pero de un lado quedaron 24 víctimas y del otro ninguna. Si acá hubiera institucionalidad se pudiera conocer la verdad de lo ocurrido, pero eso luce imposible en un país en el que existe cerca de 99% de impunidad en los casos de violación a los derechos humanos. 

¿Se puede considerar que las FAES son un grupo pensado para el control o la “limpieza social”? 

 

Alberto Ray 

Realmente, no. Ese no es el rol de las FAES, aunque eso es lo que hacen. Las FAES es una de las organizaciones policiales o de represión del Estado que queda que ejerce ese papel, pero el rol de las FAES no es exterminar a la banda criminal. La función de las FAES es negociar con las bandas criminales y hacerlas aliadas a la organización criminal del Estado. 

Hay bandas amigas y bandas enemigas. La banda del “Coqui” es la banda enemiga del régimen y por eso es que actúa las FAES, que es una expresión del régimen para controlar a aquellos que son sus enemigos. Si la banda del “Coqui” fuese amiga del régimen, eso no ocurriría, más bien le facilitaría el proceso de expansión. Pero como el “Coqui” se peleó con el régimen, ha impuesto su propia ley. 

Entonces ocurre que las FAES sirve como mecanismo de contención de esa banda, pero esa contención es muy limitada porque no es posible exclusivamente desde lo policial. Para contener un proceso de estos requieres 1000 o 2000 funcionarios policiales y eso no lo tiene las FAES para meterlos ahí. Después, eso requiere un trabajo de inteligencia inmenso para saber quién es de la banda, dónde se esconden, por dónde transitan. Nada de eso pasó ahí.

Simplemente las FAES lo que intenta es evitar que se le haga fácil al “Coqui” tomar La Vega y por eso es que lo enfrentan. Y lo enfrentan en condiciones reducidas porque no tienen recursos para contener eso. Y tú lo ves en los videos como los tipos andan asustados como a pesar de que son unos cuantos, no tienen un mecanismo para tomar el cerro y exterminar el proceso de expansión. 

Lo único que pueden hacer es aquellos que consideren que son de las bandas, entonces matarlos, ni siquiera los detienen. Hay gente que dice que hay muertos que no eran de la banda, gente que quedó en medio del fuego cruzado. Pero en el fondo uno nunca sabrá la verdad, no hay manera de saberlo.

Al final, las FAES no están ahí para hacer un proceso de devolver el territorio al ciudadano y de restablecer la ley. Está en todo caso para contener algo que ellos no pueden en realidad contener, que es el avance de un grupo criminal que es enemigo de ellos y que se está fortaleciendo.

Verónica Zubillaga

Las FAES aparecen después de operativos muy letales y muy caóticos. El Operativo de Liberación del Pueblo, se anunció en julio de 2015, en La Cota 905, dejando sólo el primer día 14 muertos. Luego de denuncias sin cesar, pasa a llamarse Operativo de Liberación Humanista del Pueblo, manteniendo este patrón de actuación de abuso sistemático de la fuerza y matanzas. Estos operativos, además fueron ampliamente denunciados y criticados por los excesos cometidos en los sectores populares, por la importante cantidad de jóvenes y hombres en barrios muertos, por la cantidad de atropellos en términos de robos en las casas de la gente, y matanza en las propias viviendas. 

Dos años después, en julio de 2017, se anuncian las FAES como una fuerza policial de acción especial para enfrentar y cito a la “bandas criminales y terroristas”. Las FAES han continuado el patrón de actuación letal, de manera más específica y si se quiere más dirigida. Se advierte pues, cómo el Estado, en tiempos de mucha inestabilidad social, económica y política, se ha constituido un actor fundamental de violencia ilegítima y de matanza sistemática sobre todo en los sectores populares. 

Las víctimas de las FAES, como en la masacre de La Vega, siguen siendo hombres, de barrios, la mayoría jóvenes.  En pocas palabras: La revolución bolivariana, y sobre todo en su período post Chávez, no logró incluir a los varones jóvenes, expulsados a las redes de economías ilícitas, terminan sus vidas encarcelados o muertos en las manos de maquinarias de muerte, como lo son las FAES precisamente.

Luis Izquiel

La FAES, en teoría, es un grupo que nace en 2016 como un cuerpo élite para perseguir a los líderes y demás integrantes de las bandas de delincuencia organizada en Venezuela, pero con el transcurrir de los años, ha devenido en el cuerpo de seguridad con mayor cantidad de denuncias por ejecuciones extrajudiciales y atropellos a los derechos fundamentales en la historia del país. Esto está recogido de esta forma en informes de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU y en documentos de otras instituciones de defensa de los derechos humanos. 

Estos informes también señalan que las principales víctimas de las FAES son pobres, jóvenes y varones. Así que si realmente es un grupo de exterminio, afecta fundamentalmente a los sectores más desposeídos de Venezuela, lo que se convierte en una gran contradicción, sobre todo para un régimen que se vende como socialista y humanista. 

¿Por qué a pesar de las denuncias y la solicitud de disolución de las FAES, el gobierno de Nicolás Maduro ha hecho caso omiso y este cuerpo policial continúa operando?

 

Alberto Ray 

Porque ese es su sistema de control. Las FAES es la organización que le permite al régimen contener a sus enemigos, a la criminalidad enemiga del régimen porque el régimen son criminales también 

La banda del “Coqui” es en contra del régimen, y eso no quiere decir que esté a favor nuestro, pero de alguna manera las FAES es la forma del régimen de contener a aquellos que no son leales y que son sus enemigos

Y aquí la población civil, el ciudadano común, no tiene nada que ver. Las FAES mata a ciudadanos comunes, y a bandas criminales y a quien sea, como el “Coqui” también. La tragedia de esto es que el ciudadano queda en medio del fuego cruzado, eso es lo grave de esto que está pasando aquí. 

¿Qué pasa si el “Coqui” no logra la expansión de La Vega y el FAES logra contenerlos? La Vega no queda en manos de los ciudadanos ni del Estado de derecho, sino de una banda criminal asociada al régimen. Porque cuando no tenemos estado de derecho, quienes gobiernan son los criminales. 

Luis Izquiel 

Ciertamente, la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, así como la Comisión Interamericana de DDHH, han solicitado la disolución de la FAES, sin embargo esto no ha ocurrido. Quizás esto responde a que la FAES se ha convertido en un órgano de control social, aprovechando el miedo que genera en la población. Este organismo también es utilizado para amedrentar y detener a líderes políticos y a cualquier persona que sea considerada como disidente al régimen actual. Quizás estas sean parte de las razones para que este cuerpo policial no sea eliminado, sobre todo en un régimen que tiene a la represión como su principal bastión para sostenerse en el poder.

#MonitorDeVíctimas | Hombre asesinado en enfrentamiento en la Cota 905 ya fue identificado
Los familiares de José Antonio Gallego Díaz, de 39 años, aseguraron que no era delincuente. Según su versión, la mañana del martes 22 de septiembre, salió a la bodega y funcionarios de las FAES le dispararon por la espalda. Extraoficialmente se habla de cuatro personas asesinadas.

@yohanamarra | Foto principal: Gleybert Asencio

Tras dos días del enfrentamiento entre las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y miembros de la megabanda del Coqui, en la Cota 905, familiares de uno de los cuatro hombres asesinado desmiente la versión policial. Aseguran que no era delincuente.

José Antonio Gallego Díaz, de 39 años, salió de su casa, en el sector El Nazareno de la Cota 905. Eran aproximadamente las 10:30 a. m. cuando dijo que iba a la bodega a comprar comida que le pidió su esposa. Sus familiares, quienes por temor a venganzas no quisieron revelar sus nombres, contaron que en ese instante comenzó el operativo.

La mañana del 22 de septiembre, comisiones de las FAES se desplegaron por varios sectores cercanos a la Cota 905. El enfrentamiento con miembros de la megabanda del Coqui paralizó las actividades en Roca Tarpeya, Puente Hierro, la avenida Victoria, El Paraíso e incluso por la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Quinta Crespo.

Fuentes extraoficiales indicaron que presuntamente se trataba del rescate de dos funcionarios. Otra versión apunta que se trató de un operativo posterior a una fiesta en la zona. Sin embargo, esta información no pudo ser corroborada oficialmente. Trascendió que cuatro hombres fueron asesinados y, hasta el momento, solo está identificado José Antonio Gallego Díaz.

Sus parientes se encontraban este jueves 24 de septiembre en la morgue de Bello Monte. Agregaron que recibió todos los impactos de bala por la espalda, porque corrió al ver a funcionarios de las FAES. Llegó sin signos vitales al Hospital Clínico Universitario de la Universidad Central de Venezuela.
Aseguran que José Antonio trabajaba como mototaxista desde hace 12 años. Dejó huérfana a una adolescente de 17 años. “Los tiros en la zona fueron horribles”, dijeron.

Balas perdidas en casas y tránsito colapsado

Habitantes del sector Villa Zoila, en la parte alta de la Cota 905, contaron que la balacera duró aproximadamente dos horas. Una vecina relató a Crónica.Uno que se escondió en un cuarto, con su hija de cuatro años, y de los nervios le pidió a su esposo que le pusiera ropa encima. Temía que las balas perdidas penetraran el techo de zinc de su vivienda.

En Roca Tarpeya un perrito mestizo, que estaba en la platabanda de la casa, resultó herido en la oreja y la perdió. Uno de los miembros de la familia relató lo sucedido en su cuenta de Twitter, la cual se reserva por medidas de seguridad. Crónica.Uno confirmó que en esa zona entraron balas perdidas a una casa.

En El Paraíso, a la altura de la plaza Madariaga, también se escuchaban las detonaciones y las ráfagas, que hacían sentir a los vecinos en una completa guerra.

El 25 de agosto de 2020 también hubo otro enfrentamiento entre la megabanda del Coqui y funcionarios de Policaracas, las FAES y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Presuntamente, los delincuentes intentaron ingresar al comando de Policaracas que está en la avenida Guzmán Blanco, a la altura de El Pinar, y los efectivos pidieron apoyo.

La Vega y El Paraíso colapsaron por las detonaciones. Vecinos de Montalbán II, a casi dos kilómetros de El Pinar, aseguraron haber escuchado la balacera. Y en Colinas de Vista Alegre, a casi cuatro kilómetros del sitio del suceso, también se escucharon.

El oficial jefe de la Brigada de Respuesta Inmediata de las FAES, Edgar Jesús González Veitía, fue asesinado. También tres funcionarios resultaron heridos.

La megabanda del Coqui tiene armamento de alto calibre, control territorial y control de la comunidad. El abogado y criminólogo, Luis Izquiel, detalló que entre 200 y 300 personas la componen. El Ministerio de Interior, Justicia y Paz tiene al Coqui entre los hombres más buscados del país, al igual que a Vampi y el Garbis, también líderes del grupo delictivo.

De acuerdo con la investigación que hizo la Misión Independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2015 el Coqui habría sobornado a funcionarios policiales, para que le avisaran antes de los operativos, incluso antes de la primera Operación de Liberación del Pueblo (OLP), en julio de ese año.

En el informe, resalta que un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) dijo que el Coqui escapó un día antes de la OLP y por eso no fue capturado.

Crímenes sin Castigo | Mexicanización
En la medida en que se deteriora la institucionalidad del país, grupos armados de distinta índole parecieran asumir el control de parcelas del territorio, y cuestionan la capacidad del régimen para imponer su ley.

@javiermayorca

¿Se está “mexicanizando” el país?

Por mexicanización se entiende la pérdida de poder del gobierno central hasta un punto en el que, sin hacerlo desaparecer, los distintos actores no estatales (guerrillas, colectivos, bandas armadas, grupos de “vigilantes”, etc.) llegan a ejercer control sobre parcelas de territorios dentro de ese Estado; a veces en connivencia con elementos del régimen formal, como pueden ser zonas o regiones militares, alcaldías o cuerpos policiales.

En otras oportunidades, estos nuevos actores demuestran su fuerza precisamente mediante enfrentamientos violentos contra los representantes de las instituciones.

Esta situación ha sido pintada por autores como Ioan Grillo, Ricardo Ravelo y Guadalupe Correa. El último gran grupo armado es el Cartel Jalisco Nueva Generación, que parece haber recibido la posta de los Zetas.

Otros investigadores hablan de “somalización”, en referencia a la situación del país del norte de África. La diferencia es que México posee un gobierno constituido, que ejerce -o pretende ejercer- sus funciones en ciertos lugares de su territorio, y en otros no puede. Somalia, en cambio, llegó a ser un Estado absolutamente fallido hace treinta años, donde el poder real era ejercido por los jefes de ciertos clanes, fuertemente armados. Lo que propició la intervención de una fuerza multinacional de cascos azules, con EE. UU. a la cabeza. Fue este escenario el que inspiró el extenso reportaje de Marc Bowden, Black Hawk Down.

En Venezuela, el ataque con fusiles a la sede de la policía del municipio Libertador, atribuido a la banda de la Cota 905 liderada por Carlos Luis Revette, alias Coqui, que finalizó con la muerte de un agente y otros dos uniformados heridos, el 25 de agosto, no puede ser visto como un hecho aislado. Es, precisamente, una fuerte señal de lo que está ocurriendo en el país.

En este mismo proceso se inscribe el incidente reportado en la Troncal 12, el martes 15 de septiembre. Frente al caserío Mazapa, un grupo armado que había bloqueado la carretera disparó a mansalva contra una patrulla debidamente identificada de la policía del municipio Pedro Gual (Cúpira). Al finalizar el tiroteo, según la minuta correspondiente, una mujer (Liliana Ortega Rangel) había muerto, y dos hombres que iban en el vehículo fueron heridos (el oficial Ronal Navas y un detenido, Luis Martínez).

El San Vicente de Aragua la organización de alias Flipper impone toques de queda a una población aterrorizada. Los militares y la FAES van de vez en cuando al lugar, y se retiran con algunos muertos a cuestas, como para dar la impresión de que no todo está perdido para el Gobierno. En José Félix Ribas del municipio Sucre el grupo de Wilexis Acevedo impone su yugo, mientras que en Guárico alias Malony recuperó los espacios perdidos tras la muerte de José Tovar Colina (Picure), líder fundador del Tren del Llano, según lo afirmado por el consultor Mario Mármol.

Si se tiende la mirada al sur, encontraremos una situación similar, aunque con ciertos matices.

Aquí conviene una explicación: cuando el régimen intenta recuperar los espacios que ha cedido o que le han arrebatado, por regla general hace ostentación o utiliza su fuerza armada. La amenaza suele ser suficiente. El regente de facto de las zonas de José Félix Ribas reculó cuando Maduro alzó su voz por televisión, luego de cinco noches de fiesta de plomo en el este de la capital. Así reaccionan generalmente los líderes de los grupos criminales: agachan la cabeza y esperan a que pase el vendaval.

Pero en El Callao (Bolívar), la banda dominante en los enclaves mineros divulgó un comunicado con tintes insurreccionales, el 12 de septiembre: “Nos encontramos en una guerra que no tiene sentido, por el simple hecho de defender nuestros derechos humanos, nuestro trabajo, nuestro pueblo. Estamos capacitados para seguir la guerra. No tenemos un año ni dos en esto. Esta lucha tiene más de siete años. Ustedes ni se imaginan la capacidad que tenemos para continuar una guerra en cualquier parte de Venezuela. Tenemos aliados en todos los estados del territorio nacional”.

Frente a esta ausencia de control sobre la totalidad del territorio, el régimen se encuentra atrapado en una dinámica “pendular”, según lo describió alguna vez el criminólogo Andrés Antillano.

De un lado, está la pérdida de gobernabilidad. Del otro, está la retoma violenta, aunque paradójicamente sin ánimos de permanencia. Nada de generar institucionalidad. Esto es lo que diferencia fundamentalmente el caso venezolano del brasileño o el colombiano. En el fondo, es la ausencia de compromiso.

Es por esto que el régimen pareciera condenado a repetir las atrocidades descritas detalladamente en los informes de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y más recientemente por la Misión de Determinación de Hechos de ese mismo cuerpo.

De Maduro para abajo lo saben, y por eso no se desharán de la FAES. La pregunta es, si sería posible aplicar alguna fórmula distinta el día de mañana, si ocurriese un cambio político en el país, con instituciones destruidas y una gobernabilidad frágil o inexistente.

Breves

 ZAMORA RELOADED

El régimen avanza en una nueva ejecución de la Operación Zamora, tristemente recordada por la estela de muertes que dejó su anterior puesta en práctica, durante las protestas de 2017.

Tres años después, este dispositivo militar-cívico es llevado a cabo por unidades de la Fuerza Armada de manera más discreta. Empezó con el decreto de alarma nacional, que en marzo se sumó a la emergencia económica para suspender nuevas garantías constitucionales. En julio, una orden impartida en unidades castrenses reveló que también se está ejecutando uno de los catorce subplanes de Zamora. Se llama Gas-Ven, y su objetivo es regular la actuación militar en todo lo relativo a la distribución y comercialización de hidrocarburos en el país. En este plan, así como en los demás, la Guardia Nacional tiene un rol protagónico, puesto que se trata de actividades orientadas a la preservación del orden interno. Sin embargo, hay otra lectura, según la cual los demás componentes, con el Ejército y la Milicia adelante, deben ir asumiendo también las funciones tradicionales de la GN, no vaya a ser que la situación se les escape de las manos. Las rondas con blindados que hemos visto en Bolívar se inscriben dentro del desarrollo de este plan.

 LOS COLECTIVOS, SEGÚN CHRISTOPHER

Dos veces fue entrevistado el exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), general de brigada del Ejército Manuel Chistopher Figuera, por los miembros de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de Naciones Unidas, para que aportara información con miras a la elaboración del documento presentado el miércoles 16 de septiembre.

Las conversaciones fueron en mayo y en junio de 2020. Los detalles más importantes de estas sesiones fueron reflejados en la versión extensa del reporte, y tienen que ver con la participación de los colectivos armados en la defensa del régimen. Los colectivos, según la ONU, se inscriben dentro de la categoría de “grupos armados no estatales”, aunque el reporte indica que en Venezuela cuentan con el respaldo activo del Ejecutivo. Según el general, los colectivos tienen entre sus misiones la recopilación de datos de inteligencia en los ámbitos político y criminal, que luego son enviados al Sebin. Indicó además que los ministros del gabinete de Maduro fueron instruidos para “darles pautas” a representantes de estos grupos armados, y que en un momento dado él decidió alejarse de tales encuentros. Otro dato consignado en el informe de la ONU -aportado por otro oficial de la FAN- indica que los miembros de los colectivos cobran por la nómina de la Milicia Bolivariana.

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Roberto Patiño Mar 12, 2020 | Actualizado hace 4 semanas
La otra Cota 905, por Roberto Patiño
Parte de la comunidad de la Cota 905, que puede contar cientos de experiencias de participación y resiliencia social. En el fondo, el mural Hombre árbol hecho por los niños y la ONG Incursiones. Foto Gabriel Osorio.

@RobertoPatino

El enfrentamiento entre efectivos de las FAES y miembros de la banda criminal de El Coqui, ocurrido en la autopista Francisco Fajardo el pasado 26 de febrero, muestra una realidad que se vive en las comunidades populares del país, en las que las FAES actúan sin ningún control, poniendo en riesgo a civiles, en acciones que afectan negativamente a las personas y sobre las que el Estado no asume ninguna responsabilidad. Pero, por otro lado, pone de nuevo el foco de la opinión pública sobre la Cota 905, con la figura negativa de El Coqui como representación de toda una comunidad.

Esto último no es gratuito. Forma parte de un discurso oficial para imposibilitar la convivencia. Con exclusión, fragmentación y enfrentamiento promueven un contexto de desconfianza y resentimiento propicio para la dominación.

Por el contrario, nuestra experiencia desde el movimiento Caracas Mi Convive en la Cota 905 es otra, opuesta a la de la estigmatización y la violencia. Desde hace más de 4 años venimos trabajando junto con líderes locales y vecinos en proyectos que muestran una comunidad, la verdadera Cota 905, en la que la organización civil, la solidaridad y el encuentro construyen una nueva convivencia.

La Cota 905 que nosotros vivimos está hecha de historias como las de Janet, madre líder del comedor de Alimenta La Solidaridad en la comunidad, al que pertenecen más de cincuenta niños y sus familias. O de Johana, que encontró en iniciativas como “Sustento”, un lugar de protección y empoderamiento que le ha permitido desarrollarse como una de las principales chefs de este emprendimiento.

La Cota que nosotros conocemos es la de las madres que han padecido los estragos de la OLP y las FAES sin sucumbir ante la violencia, participando en actividades promovidas por la Red de Atención a la Víctima y otros proyectos de nuestro movimiento, para reconstruir sus vidas desde la resiliencia y la superación. Una comunidad que ha recuperado espacios en murales como los del Hombre árbol, hechos por los niños y la organización Incursiones.

La Cota que nosotros conocemos es la que representa verdaderamente al país. No la del territorio tomado por la criminalidad, sino la de la comunidad de personas que superan las adversidades diarias de la crisis y la emergencia humanitaria desde el trabajo duro, la voluntad de superación y el encuentro.

La Cota 905 no es El Coqui, es la de la gente, de sus esfuerzos y logros por una nueva convivencia que debemos visibilizar y reconocer, para que sirva de modelo frente al discurso de violencia que se quiere imponer para la dominación de las comunidades.

robertopatino.com

Roberto Patiño es coordinador de Movimiento Mi Convive y miembro de Primero Justicia.

Cicpc detuvo a directora de investigaciones de Polichacao por presuntos nexos con la banda de El Coqui
La funcionaria fue arrestada la tarde de este viernes en la sede del cuerpo policial municipal

La tarde de este viernes, 28 de febrero, una comisión adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a la comisionada jefe Doris Rodríguez Piñango, directora de Investigaciones Penales de la Policía de Chacao, por estar presuntamente implicada en la balacera del pasado miércoles, 26 de febrero, entre las Fuerzas de Acciones Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la banda de «El Coqui».

El arresto, que se produjo a las 5:20 pm, se coordinó con el director de Gestión Policial y la inspectora para el Control de la Actuación Policial del cuerpo de seguridad municipal, quienes fueron informados de que la funcionaria estaba bajo investigación por sus presuntos nexos con Carlos Luis Revette, apodado «El Coqui», y Garbis Ochoa Ruiz, apodado «El Garbis», líderes de bandas que operan en la Cota 905, al oeste de Caracas, y responsables del secuestro de un comerciante en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco.

La acción desencadenó una persecución por parte de las FAES contra los supuestos secuestradores en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del distribuidor de la autopista Valle-Coche,  y un enfrentamiento a tiros en plena vía pública, hecho en el que murieron cuatro de los presuntos delincuentes. Otras seis personas, transeúntes de la autopista, fueron heridas de bala.

Abatidos tres sujetos en enfrentamiento en la Cota 905

Cota9055

 

Tres sujetos presuntamente pertenecientes a la banda criminal «El Coqui» fueron abatidos en el sector Villa Zoila en la Cota 905, luego que en horas de la madrugada se enfrentaron con funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Uno de los abatidos fue identificado como «El Principe», quien fue neutralizado cuando intentó arrojar una granada a las comisiones, y el artefacto explotó  en sus manos.

Asimismo, los otros dos sujetos fueron identificados como «El Gustavito», quien era prófugo de la PGV, y el «Keider», quien residía en el sector.

Se conoció que las autoridades están tras la pista de «El Coqui». Además, lograron incautar tres armas luego de revisar 300  viviendas, y  un antisocial se escapó con una granada fragmentaria.

Desplieguan OLP en la Cota 905, El Valle, Coche y el Cementerio

OLPCota905

 

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó que este martes, en el marco de la nueva etapa de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), se desplegaron efectivos militares en: El Valle, Cota 905 y El Cementerio.

Como primer balance oficial, el ministro precisó que han sido detenidas al menos 88 personas indocumentadas y aseguró que «más tarde dará más detalles y los resultados de la OLP».

De acuerdo con información obtenida por El Universal,  funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, Cicpc y de la Guardia Nacional Bolivariana tomaron la zona para tratar de capturar a uno de los delincuentes más buscados de allí: alias «Lucifer». Se han producido varios enfrentamientos entre integrantes de la banda y las comisiones especiales de seguridad, dejando como resultado, hasta ahora, seis sujetos muertos.

No hay información oficial sobre la cantidad o identidad de los fallecidos pero se pudo conocer que uno de ellos pudo ser «El Kelinyer», sobrino de » El Coqui», objetivo de la primera OLP que se realizó en el país e el 13 de julio de 2015 en la Cota 905.

En la mañana, El Metro de Caracas ya había informado que fue suspendida la ruta de Metrobús que va desde la estación La Paz hasta la Cota 905, debido al operativo de seguridad que se lleva a cabo en la zona.La semana pasada la ruta también fue suspendida, en esa ocasión por un enfrentamiento entre efectivos de seguridad y bandas delictivas.
Ultimado integrante de la banda “El Coqui” implicado en homicidio de pareja calcinada en la ARC

ultimado

Funcionarios adscritos a las direcciones Contra la Delincuencia Organizada, Inteligencia y Estrategia, al servicio Antidrogas y a la Brigada Motorizada del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), fueron atacados por bandas delictivas que operan en la Cota 905, cuando realizaban labores de patrullaje, lo que propició un intercambio de disparos en el que resultó abatido Eduardo José Guerrero Hidalgo, alias “El Eduardito”.

 

De acuerdo con las investigaciones policiales, Guerrero Hidalgo, era integrante de la banda criminal de “El Coqui”. Este sujeto estuvo implicado en el crimen del ex funcionario de la PNB, Daniel Suárez, quien fue calcinado junto a su esposa, el pasado 18 de enero en la Autopista Regional del Centro.

La organización criminal a la que pertenecía este individuo es responsable de múltiples homicidios, secuestros, extorsiones sicariatos, y robos.

En el procedimiento fue incautada el arma de fuego, con seriales devastados, que alias “El Eduardito” accionó contra los funcionarios policiales.