Yohana Marra, autor en Runrun

Yohana Marra

#MonitorDeVíctimas | Cicpc levantó cinco cadáveres en Petare tras enfrentamientos
Según información extraoficial, tres víctimas estarían relacionadas con los enfrentamientos entre la megabanda del Wileisy y la del Gusano. A una de las víctimas le robaron una moto

 

Luego de seis días de enfrentamientos en el sector José Félix Ribas de Petare, se registró el homicidio de cinco hombres. Según información extraoficial, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) hizo el levantamiento de los cadáveres entre el martes 5 de mayo y el miércoles 6 de mayo. 

Leomerd Gabriel Elvilla Suniaga, de 19 años de edad, fue asesinado en el barrio 24 de Julio. Su cadáver fue hallado el pasado martes 5 de mayo. Ese mismo día localizaron el cuerpo de Luis Enrique Mendoza, de 39 años, y el de otro hombre, que hasta el momento no ha sido identificado. 

Se presume que estos crímenes están vinculados con las rencillas entre la megabanda del Wileisy y la del Gusano, que desde el pasado jueves 30 de abril se enfrentaron durante seis días seguidos. Sin embargo, el reporte al Cicpc se hizo entre martes y miércoles, cuando ya había cesado el tiroteo.

Testimonios de los afectados indican que las detonaciones eran de armas largas. Vecinos reportaron que en urbanizaciones aledañas a Petare, como Palo Verde, El Llanito, Lomas del Ávila y La Urbina, se escuchaba el tiroteo, incluso en Lomas y La Urbina entraron balas perdidas a los edificios

Richard Rafael Hidalgo, de 36 años, fue asesinado en el sector San Pascual de Mesuca. Versiones extraoficiales indicaron que le robaron una moto marca Empire, modelo Horse, color azul, sin placa. Mientras que en la calle El Motor de Carpintero, mataron a Daniel Palomares Arocha, de 25 años.

El pasado 6 de mayo, Nicolás Maduro aseguró que los enfrentamientos en Petare fueron organizados por la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, junto con el Wileisy, para distraer a los cuerpos de seguridad del Estado y facilitar la entrada de supuestos mercenarios al país.

 

el futuro de la juventud en sectores populares

#MonitorDeVíctimas | Casas de Petare son escudos para los delincuentes durante los enfrentamientos entre bandas
Tras seis días de tiroteos con armas de guerra y explosiones de granadas, los vecinos de José Félix Ribas han optado por sacar de sus viviendas a los niños y llevarlos con otros familiares, por miedo a que entren balas perdidas a sus casas. Las bandas del Wileisy y el Gusano también han atemorizado a habitantes de zonas aledañas, como Palo Verde, Lomas del Ávila y La Urbina.

“Mamá ¿ya hay que apagar la luz? ¿Ya tenemos que lanzarnos al piso?”. Cuando comienza a oscurecer los hijos de Ana* tienen miedo. Los últimos dos días han tenido que dormir en el piso, porque desde la noche hasta la madrugada se oyen detonaciones de armas de alto calibre y explosiones en Petare y zonas aledañas.

Ana vive en la zona 9 de José Félix Ribas, justo en la línea de fuego de la megabanda del Wileisy y la banda del Gusano. Este sector es frontera con Las Brisas de La Bombilla y El Plan.

Desde el jueves 30 de abril ambos grupos delictivos se han enfrentado por el control de la zona, sin registrarse muertos ni heridos. La casa de Ana, y la de sus vecinos, ha servido de escudo para estos hombres que usan armas de alto calibre y granadas, según describen los propios afectados. Incluso los delincuentes se han montado en platabandas de las viviendas al enfrentarse.

La tarde de este lunes 4 de mayo se oyeron detonaciones a partir de las 6:30 p. m. y pasadas las 8:00 p. m. se originó un cacerolazo. Aunque no está confirmado, vecinos presumen que podría ser en apoyo al Wileisy, tras seis días de balaceras.

En su casa viven seis niños, el mayor tiene 12 años y el menor seis meses. Durante los enfrentamientos lloran atemorizados, mientras los adultos los resguardan en el cuarto que creen es el más seguro; ahí ponen los colchones en el piso para que puedan dormir. Desde el sábado 2 de mayo no levantan el colchón, porque los tiroteos comienzan aproximadamente a las 5:00 p. m. y terminan en la madrugada.

“A mis dos sobrinos los tuvieron que llevar a casa de un familiar en La California porque entraron en crisis; el sábado le dio fiebre a uno de ellos. En la casa donde están resguardados ahora les cuesta dormir, están traumatizados como todos los niños en la casa por los tiroteos”, contó.

Fuentes extraoficiales contaron que la megabanda de Wilexis Alexander Acevedo Monasterios, conocido como el Wileisy, tiene el control del barrio José Félix Ribas, específicamente de las zonas 5 hasta la 9. Algunos vecinos lo apoyan porque regala juguetes en el barrio y no permite que se comentan delitos, de lo contrario son ajusticiados. “Podemos estar con nuestros celulares grandísimos en la calle”, dijo una habitante a Crónica.Uno.

En junio y octubre de 2019 los habitantes de José Félix Ribas, en el municipio Sucre, protestaron en contra de los operativos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y extraoficialmente se conoció que los manifestantes fueron enviados por el Wileisy.

Se presume que hay intereses políticos en quitarle el control al Wileisy. Una de las versiones, no confirmadas oficialmente, es que figuras políticas están armando al Gusano y su banda para que saquen a la banda rival, pues apoyó las protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

El 23 de enero de 2019 hubo una manifestación que fue disuelta por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y Polisucre. Esa noche asesinaron a Yoendry Fernández y a Jhonny Marcano, presuntamente miembros de la megabanda del Wileisy.

Luis Izquiel, abogado penalista y criminólogo, explicó que una de las características de las megabandas es que tengan en sus filas a más de 100 hombres, controlen gran zona territorial, posean armas de guerra y tengan estructuras jerárquicas definidas. El liderazgo les permite tener el poder del tráfico de drogas y cometer otros delitos, como la extorsión, el robo de vehículos y secuestros.

El armamento de guerra es de uso exclusivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), según el artículo 324 de la Constitución Nacional. Izquiel explicó que si estas armas se perdieron de los cuarteles debe abrirse una investigación. Otra opción para explicar el arsenal que tienen estas megabandas es que entren por la frontera, que también custodian funcionarios del Estado.

“Hay silencio oficial. No explican por qué estos delincuentes tienen este armamento de guerra, la FANB tiene que explicar por qué esos delincuentes tienen armas que deberían estar en los cuarteles”.

Delincuentes imponen toque de queda

En marzo iniciaron los enfrentamientos esporádicos entre estas bandas rivales, antes de que Nicolás Maduro decretara cuarentena nacional por los casos de COVID-19. Pero se incrementaron la última semana de abril, el sábado 2 y el domingo 3 de mayo fue el tiroteo más intenso para los vecinos.

La última semana de abril impusieron toque de queda. El fin de semana comenzó a las 4:00 p. m. y este lunes 4 de mayo a la 1:00 p. m. Un familiar de Ana que salía a trabajar fue devuelto a su casa por un delincuente.

A la 1:00 p. m. de este lunes ya los “gariteros” estaban en posición. Los vecinos llaman así a los jóvenes que vigilan desde las platabandas de viviendas que no se acerquen los enemigos. Y cuando los ven, avisan a los miembros de su grupo para que abran fuego.

Marisol*, una habitante de Petare, detalló que sus vecinos comienzan a rodar la voz del toque de queda. Para ella no hace falta que un delincuente la mande para su casa, porque no se atreve a salir por miedo a que se arme un tiroteo.

“Nosotros mismos ya nos quedamos en la casa por el terror que tenemos. Hoy las bodegas cerraron temprano, siempre cierran a las 6:00 p. m. y antes de las 2:00 p. m ya habían cerrado”.

Vecinos de La Bombilla, Julián Blanco y el sector conocido como las Fechas Patrias también están atemorizados por los tiroteos.

Balas perdidas en urbanizaciones aledañas

“Las detonaciones son como de una película de guerra, se oyen unos estruendos horribles, dormir así es una zozobra”, contó una vecina de Palo Verde, quien por seguridad no quiso identificarse.

Desde que se incrementaron los enfrentamientos en Petare, la última semana de abril, quienes residen en urbanizaciones cercanas, como Lomas del Ávila, Palo Verde, El Llanito y La Urbina, oyen la balacera sin saber realmente qué pasa y a qué se deben tantos tiros.

Según el relato de una vecina a Efecto Cocuyo, el sábado una bala perdida impactó en el balcón de un apartamento de Lomas del Ávila. Algunos residentes optaron por resguardarse en los pasillos hasta que cesara el fuego.

En la avenida Principal de La Urbina también impactó una bala perdida en el salón de fiestas de un edificio. “No dormimos bien, el tiroteo se detiene por dos o tres minutos y luego comienzan las ráfagas nuevamente. Es desesperante, se oyen golpes secos, explosiones, ráfagas”, contó una vecina.

Emilio* habita hacia las Fechas Patrias de Petare, donde también se han registrado los enfrentamientos. Explicó que los delincuentes corren por los callejones y terminan enfrentándose por varios sectores, exponiendo a todos los habitantes del barrio.

“No hemos podido dormir bien, anoche (domingo) terminé durmiendo casi a las 4:00 a. m. porque la balacera fue muy fuerte”.

Agregó que sus vecinos han dormido en el baño o debajo de las camas, por miedo a que una bala perdida los mate.

Zonas de paz, ahora en Petare

Aunque no hubo decreto oficial, las zonas de paz son sectores donde los funcionarios policiales no pueden ingresar. En Caracas, la Cota 905 y el 23 de Enero son las más conocidas, los policías aseguraban de manera extraoficial que no podían ingresar.

Posteriormente, el dominio se extendió a El Valle y El Cementerio, barrios que colindan con la Cota 905, donde el control lo tiene un hombre apodado el Coqui, líder de una megabanda que abarca estos tres sectores.

Petare no estaba en la mira de investigadores como zona de paz, sin embargo, los recientes enfrentamientos entre bandas, sin que funcionarios policiales intervengan, les llama la atención.

Las zonas de paz surgieron en el contexto del Plan Patria Segura y del Movimiento por la Paz y la Vida en el año 2013. Consistía en darles ayudas sociales a los delincuentes en los sectores populares a cambio de que entregaran sus armas.

El abogado criminalista Fermín Mármol García ha explicado a Crónica.Uno que estas bandas se sentaron en la misma mesa con figuras del gobierno, como el exviceministro de Seguridad Ciudadana José Vicente Rangel Ávalos, y esto favoreció su consolidación.

Actualmente, Rangel Ávalos es alcalde del municipio Sucre y no se ha pronunciado por los días de tiroteo que han vivido los vecinos. Tampoco el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez.

La ONG Cecodap exigió al Estado el respeto de los derechos humanos y desarrollar acciones inmediatas para la protección de los niños y niñas que viven en Petare, luego de que se difundiera un video donde se ve a miembros de las bandas caminar con armas largas frente a un grupo de menores de edad.

(*) Se protegieron las identidades por medidas de seguridad.

Inti Rodríguez: Las FAES son el principal brazo del terrorismo de Estado
El coordinador de investigación de la ONG Provea explicó que los perseguidos políticos y sus familiares no son las únicas víctimas de torturas, también quienes están presos por delitos comunes

 

Las masivas violaciones de los derechos humanos en Venezuela son muy dramáticas, sobre todo en medio de una emergencia humanitaria compleja. Las víctimas de abusos no tienen adónde acudir, pues el Estado no les brinda ayuda.

Inti Rodríguez, coordinador de investigación de la ONG Provea, aseguró que la impunidad favorece estas acciones, porque protege a los perpetradores y se convierte en un aliento para nuevos abusos. Los cuerpos policiales cometen gran parte de los atropellos.

El 14 de julio de 2017 el presidente Nicolás Maduro presentó oficialmente a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Estas han liderado las masacres en las zonas más vulnerables.
De acuerdo con cifras del Monitor de Víctimas –un proyecto de data periodística– en 2019 fue el cuerpo policial que actuó en más casos: 233, solo en los cinco municipios de Caracas. Investigaciones de Provea aseguran que entre cinco y nueve personas son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, en promedio, por cada operativo que ejecutan.

El cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana se convirtió en la punta de lanza del terrorismo de Estado en Venezuela. Rodríguez explicó que no solo cometen ejecuciones extrajudiciales, también son líderes en las violaciones de los derechos humanos cuando toman las comunidades.

Su intención es afianzar el mecanismo de control social de Maduro. Cometen allanamientos ilegales, hurtos y robos, destrozos en las viviendas, amenazas, agresiones físicas y un repertorio represivo que genera terror en la población, dijo.

Provea calcula que en dos años, desde la creación de las FAES, pasaron de 150 funcionarios a un aproximado de 2000. El financiamiento del Estado no ha disminuido y más bien los dotan de equipos. 

—¿Qué mensaje pretende llevar el gobierno de Maduro con la actuación de las FAES?

—Las FAES son el principal brazo del terrorismo de Estado. Con sus actuaciones están mandando un mensaje de castigo a toda la población, no únicamente a la disidencia política. Cometen un amplio repertorio de abusos contra los derechos humanos y tienen un poder enorme que les garantiza fidelidad al proyecto político de Maduro. Ellos ingresan encapuchados a una comunidad, allanan viviendas, roban y hacen los que le da la gana.

—¿Por qué es precisamente este cuerpo policial y no otro el que emplean para el terrorismo de Estado?

—Las FAES no son el único cuerpo que comete violaciones de los derechos humanos. Pero sí la integran muchos colectivos, como lo comprobamos en la masacre de Óscar Pérez y su grupo. El gobierno de Maduro tiene control directo de las FAES, lo que no sucede del todo con la Dgcim y el Sebin.

—Además de los operativos policiales, ¿qué otras acciones son parte del terrorismo de Estado?

—Como fueron creadas con exclusividad para el Gobierno, también reprimen manifestaciones y no solo eso, persiguen a quienes protestan para enviar el mensaje de dominio. Buscan recuperar el control de zonas y la estructura criminal. Sucedió con las protestas en Petare (2019), que ellos no solo reprimieron con toda su fuerza, sino que también mostraron simbólicamente que Petare no se puede sublevar. El allanamiento que hubo en los edificios Los Verdes, en El Paraíso, es otro ejemplo. Ahí castigaron a todos los manifestantes, mataron a un perro, dentro de una casa y enviaron el mensaje a todos los vecinos porque los castigaron de tal forma que entraron a la vivienda y al núcleo familiar.

—¿La tortura, como parte del terrorismo, ahora va en contra de familiares y mascotas de los perseguidos políticos?

—Parte del terrorismo de Estado también es emplear el secuestro, el chantaje y la extorsión para doblegar al principal objetivo. Exterminar al enemigo no solo implica aniquilación física, sino su aniquilación emocional. Si no se puede contra ellos porque algunos salieron del país, entonces van contra la familia o las mascotas. 

—¿La tortura la viven solo los políticos y sus familiares?

—No. En las ejecuciones extrajudiciales los cuerpos de seguridad allanan las viviendas, las roban, amenazan a los familiares, matan a los hijos en frente de ellos y los vuelven a amenazar si denuncian. 

“En 2019 Provea documentó 574 casos de tortura en un contexto en el cual la gente no denuncia porque en algún nivel la tortura ya se normalizó. El Cicpc es el cuerpo que más casos tiene, la mayoría ocurrieron en calabozos y están vinculados a la comisión de delitos comunes. 

“El segundo grupo de torturados son los militares y es por dos objetivos: uno, para detener a quienes supuestamente están conspirando, y dos, enviar un mensaje para que el resto no se atreva. Es decir, el mensaje es que ellos mataron a un capitán de corbeta y a un concejal y no pasó nada”, subrayó.

 

 

Hasta noviembre las FAES cometieron 70% de las ejecuciones extrajudiciales en Caracas
Según cifras del Monitor de Víctimas, entre enero y noviembre de 2019 hubo 317 ejecuciones en los cinco municipios de Caracas
Las Fuerzas de Acciones Especiales incrementaron sus víctimas en operativos con respecto al 2018. 

 Yohana Marra // @yohanamarra

Pese a la petición de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michell Bachelet, de la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), estas aún lideran la cifra roja de ejecuciones extrajudiciales. 

Entre enero y noviembre de 2019 hubo 317 ejecuciones en los cinco municipios de Caracas —según cifras del Monitor de Víctimas—, de las cuales 70 % (223) fueron cometidas por las FAES. Les sigue la policía científica con 63 muertes y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con 7.

El miércoles 18 de noviembre Bachelet reiteró que su oficina todavía recibe denuncias sobre las actuaciones de las FAES, principalmente contra jóvenes varones “en el contexto de operativos de seguridad en barrios marginales”.

Ya el 4 de julio de 2019 la alta comisionada se había referido a este cuerpo policial y pidió su disolución. También instó a investigar las ejecuciones extrajudiciales “llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad”.

 

Luego de esa petición hubo 2698 fallecidos a manos de la policía, según el informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro no acató esta recomendación y reiteró su apoyo a las FAES el 17 de julio. 

Entre enero y noviembre pero de 2018, las FAES también lideraron los ajusticiamientos con 200 víctimas. Este año aumentaron la cantidad de muertos durante los operativos.

Contrario al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que disminuyó las víctimas, hasta noviembre registraron 191 ajusticiamientos y la PNB 118.

Casi 15 personas al día asesinaron los funcionarios

De acuerdo con las estimaciones del OVV en 2019 los cuerpos de seguridad ajusticiaron a 14,5 personas al día.

El informe indica que ese año hubo 5286 ejecuciones extrajudiciales. La tasa es de 19 víctimas por cada 100.000 habitantes, superior a la de cualquier país de América.

 

En seis estados del país la violencia policial fue mayor a la violencia cometida por delincuentes, estos fueron: Guárico, Trujillo, Anzoátegui, Lara, Aragua y Portuguesa.

Y en 10 municipios de Venezuela no hubo muertes a manos de la delincuencia, todas fueron cometidas por funcionarios policiales. El OVV explicó que esos municipios se encuentran en los estados Guárico, Trujillo y Anzoátegui.

Víctimas en zonas populares

Según el informe «Uso de la fuerza pública y el derecho a la vida en Venezuela», de Keymer Ávila, abogado e investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), 67 % de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales son jóvenes varones, entre 18 y 30 años, quienes viven en barriadas. 

El Monitor de Víctimas registró que los municipios que más asesinatos reportaron son Libertador, con 173 ajusticiamientos, y Sucre con 60. En 2018 —también entre enero y noviembre— Libertador registró 271 fallecidos mientras que en Sucre hubo 75.

También hay niños y adolescentes, entre 0 y 17 años, que representan 16 % de las víctimas. Quienes tienen entre 33 y 50 años alcanzan 17 %.

 

El OVV sostiene que la represión del delito por parte del Estado se basa en el exterminio de los delincuentes y no en disminuir la inseguridad, ya que no existe ninguna política pública para hacer cumplir la ley ni programas de prevención del delito, al contrario, solo «dan de baja», como se refieren representantes del gobierno de Maduro, a los presuntos delincuentes.

Responsable la cadena de mando

Provea registra que las ejecuciones representan aproximadamente 89 % de los casos de violación al derecho a la vida en el país.

Tarek William Saab, fiscal designado de manera inconstitucional por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), dijo en diciembre de 2019 que 505 uniformados de cuerpos de seguridad fueron imputados por vulneración a los Derechos Humanos y de ellos 390 fueron privados de libertad.

La ONG insta a que toda la cadena de mando de las FAES sea investigada y sancionada por las violaciones a los Derechos Humanos, incluso al presidente Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno, como el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol.

#MonitorDeVíctimas | Identificadas 7 de las 11 víctimas halladas en La Bonanza
Los familiares de Jesús Enrique Núñez, de 56 años, confirmaron que estaba entre las osamentas que fueron encontradas en el relleno sanitario el pasado 4 de noviembre. Estaban carbonizadas y enterradas. Antropólogos forenses trabajan en reconocer a las cuatro personas que restan.

De las 11 osamentas que fueron halladas carbonizadas y enterradas en el relleno sanitario de La Bonanza, ya han logrado la identificación de siete hombres. Todos conductores o acompañantes.

Este lunes 16 de diciembre la familia de Jesús Enrique Núñez, de 56 años, confirmó que estaba entre las víctimas. Estuvo desaparecido desde el 16 de septiembre y aseguraron que por fin terminó su zozobra luego de no tener noticias de él.

El 4 de noviembre fueron encontradas 11 osamentas en La Bonanza. Estaban carbonizadas y enterradas en grupos, que distribuyeron por el terreno. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) las trasladó hasta la morgue, donde les han realizado exámenes no rutinarios para dar con sus identidades.

Jesús viajó a La Guaira a buscar unos materiales de construcción pero no se los entregaron y por eso se regresó a su casa, en Valencia, estado Carabobo. Pero no llegó. El último contacto que tuvo con su esposa fue cuando iba a la altura de Paracotos.

El dueño del camión —carga pesada— que conducía Jesús usó el GPS y se dio cuenta de que la ubicación era por Los Ocumitos, dirección que no coincidía con su ruta y por eso alertó a la familia. El vehículo fue localizado el 19 de septiembre en el estado Táchira.

Sus familiares viajaron hasta Caracas desde Yagua, Valencia, y entregaron los exámenes que solicitaron los antropólogos en la medicatura forense de Bello Monte.

Se maneja extraoficialmente que la banda que opera en esta zona intercepta a sus víctimas para robarles los camiones y venderlos en Cúcuta. Cuando el Cicpc halló las 11 osamentas en La Bonanza también encontró un camión en la zona.

Las otras víctimas

Entre las osamentas que ya han identificado se encontraban un padre y su hijo adolescente. Eran Jhonny Barquero, de 39 años, y Jhosmael Barquero, de 16 años. Ambos viajaban con Yoel Serven, un amigo de la familia.

Desaparecieron el 22 de septiembre mientras viajaban desde Caracas hacia Mariara, estado Carabobo. Hicieron una entrega de electrodomésticos previamente.

Luis Gerardo Galaviz, de 61 años, también fue identificado. Estaba desaparecido desde el 12 de septiembre. Viajó desde Coloncito, estado Táchira, hasta Caracas para hacer una entrega de carne en el mercado de Mesuca, Petare.

La víctima acompañaba a Nelson Ramiro Ardila Núñez, quien hasta el momento no ha sido identificado. Su hermano, Denis Ardila, contó a Crónica.Uno que esperan que les practiquen el examen de ADN, pues su hermano no tuvo fracturas, operaciones o placas dentales que ayuden a los antropólogos para su identificación.

“No tenemos placas para llevar porque él no tuvo fracturas ni operaciones. Reciente a su desaparición se hizo un trabajo en una muela, pero más nada. Una antropóloga nos dijo que había un cadáver que podría tener similitudes con mi hermano, pero le faltan dos muelas, y a mi hermano no le faltaban dientes”.

Carlos Eduardo Méndez, de 40 años, y su acompañante, Ricardo Molina, de 43, también fueron identificados. Estaban desaparecidos desde el 2 de octubre.

Ambos eran de Mérida. Viajaron hasta Caracas para entregar hortalizas en el mercado de Coche.

#MonitorDeVíctimas | Asesinaron a joven por una deuda de 10 dólares en Carapita
Kelvin Pérez, de 21 años, recibió cuatro impactos de bala en el sector Primero de Mayo. A sus familiares les dijeron que presuntamente discutió con un hombre a quien le debía dinero. En otro hecho, una mujer mató a su pareja, Marcos Camacho, en una discusión por celos. 
 

Por una supuesta deuda de 10 dólares le dieron cuatro tiros a Kelvin José Pérez Benítez. A su familia le dijeron que el joven discutió con el hombre a quien le debía ese dinero a las 4:00 p. m. del sábado 30 de noviembre. 

La víctima, de 21 años, tenía tres meses viviendo en el sector Primero de Mayo, de Carapita, por eso sus familiares no conocen muchos detalles. Trabajaba en una fábrica de zapatos.
A Kelvin lo llevaron al hospital Pérez Carreño, donde murió a las 11:30 p. m. luego de una intervención quirúrgica. Le robaron todas sus pertenencias. Sus parientes pidieron que se investigue el homicidio, pues era un muchacho sano.

Hombre fue apuñalado en discusión por celos

Durante una discusión por mujeres Marcos Yordano Camacho Villalobos, de 35 años, fue apuñalado por su pareja dentro de su casa, ubicada en los edificios de Misión Vivienda de La Rinconada, a las 2:00 a. m. del sábado 30 de noviembre.

Según los familiares, la pareja ingería bebidas alcohólicas cuando comenzaron a hablar de las aventuras que él había tenido. En la conversación la mujer lo agredió con un cuchillo que tenía en las manos.
En el apartamento estaban dos hijos de la mujer, de 17 y 9 años, y un hermano de la víctima, un joven de 16 años. El más pequeño trató de intervenir, pidiéndole a su mamá que no lo matara.

Los adolescentes llevaron a Marcos a un Centro Diagnóstico Integral (CDI) de la zona, pero no les abrieron la puerta. Nadie les prestó ayuda para trasladar a la víctima a un hospital y falleció.

Mientras esto ocurría, la mujer se acostó a dormir encima de las sábanas llenas de sangre y al despertar, la mañana del domingo, se lavó la cara manchada. Una comisión del Cicpc la detuvo, pero alegó que no se acordaba de nada.

Mataron a joven que celebraba su cumpleaños

El viernes 29 de noviembre César Antonio Acosta celebraba sus 20 años de edad en el sector El Cerrito de Mesuca, en Petare. Ese mismo día lo asesinaron de un tiro en la cabeza.

Su papá recordó que la última vez que habló con él, a las 9:00 p. m., le pidió que no regresara tarde a la casa. Sin embargo, él se quedó con sus amigos. 
Ya la mañana del sábado 30 de noviembre sus familiares se enteraron de que al joven lo habían asesinado; no tenía sus documentos. El cadáver fue levantado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) a las 11:00 a. m.

El joven dejó huérfano a un hijo. Vendía comida preparada en Petare. 

#MonitorDeVíctimas | Otra familia acudió a la morgue para descartar relación con hallazgos en La Bonanza
Nelson Ardila y su amigo Gerardo Galaviz están desaparecidos desde el 12 de septiembre cuando regresaban de Caracas hacia el pueblo Coloncito, en Táchira. Ambos hacían una entrega de carne en Petare. El último rastro que se tiene de ambos es en la vía de Charallave

Denis Ardila trata de encontrar noticias de su hermano Nelson Ramiro Ardila Núñez, quien desapareció el jueves 12 de septiembre. Tiene fe en que esté vivo, aunque teme que forme parte de las 11 osamentas halladas en el relleno sanitario de La Bonanza.

Acudió a la medicatura forense de Bello Monte, este jueves 14 de noviembre, para descartar que esté entre las víctimas. Le pidieron que llevara información de su hermano como placas dentales, que sirvan en los estudios que les practican.

La última persona que habló con Nelson, de 37 años, fue una de sus hermanas a las 5:30 p. m. Le avisó que estaba en el mercado de Mesuca, en Petare, repartiendo carne y que en pocos minutos retornaría a su casa en el pueblo de Coloncito, estado Táchira. Lo acompañaba Luis Gerardo Galaviz, de 67 años, un amigo de la familia a quien cariñosamente apodan “el Tigre”.
Los 11 cuerpos carbonizados fueron localizados en distintas zonas del relleno sanitario La Bonanza, el pasado lunes 4 de noviembre. Los trasladaron hasta la morgue de Bello Monte, donde les practican exámenes no rutinarios de odontología y antropología forense para su identificación.

Fuentes extraoficiales informaron que algunas víctimas tenían tiros en la nuca y que luego les arrojaron cauchos encima y les prendieron fuego.

Era la segunda vez que Nelson y Gerardo viajaban desde los Andes a hacer entrega de mercancía en Petare, precisamente en el mercado.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) dijeron a la familia que la última triangulación de su celular fue aproximadamente a las 6:30 p. m. en la Autopista Regional del Centro, a la altura de Tazón.

Y la de su acompañante, Luis Gerardo, fue momentos después en la vía de Charallave. La antena repetidora que captó la señal fue la del Aeropuerto de Caracas.
Nelson trabaja en una finca en Coloncito con su hermana y su cuñado, se encarga de repartir la mercancía en los Andes a bordo del camión marca Chevrolet, modelo NPR, color blanco, placa A57BV5D, que hasta el momento tampoco aparece.

Vive en Coloncito con su esposa y dos hijos varones, de cuatro años y dos meses de nacido.

Parientes de 3 desaparecidos también buscan noticias
El viernes 8 de noviembre fueron a la morgue de Bello Monte los familiares de Jhonny Barquero, de 39 años, su hijo Josmel Barquero, de 16 años, y de un amigo de la familia Jowell Serven.

Los tres están desaparecidos desde el 22 de octubre cuando regresaban de Caracas hacia Mariara, en el estado Carabobo. Hacían una entrega de electrodomésticos en la capital.

En el último contacto que tuvieron con ellos avisaron que ya estaban de regreso. También iban a bordo de un camión que no se ha localizado.
A Alonso Barquero, hermano de Jhonny, le pidieron que se practicara un examen de ADN para ayudar a la identificación de las osamentas, que se practicó el lunes 11 de noviembre y aún espera los resultados.

Según fuentes extraoficiales, las víctimas localizadas en La Bonanza se encontraban enterradas en zonas distintas, distribuidos en grupos de tres, cinco y dos. Un solo cuerpo estaba cerca de un barranco.

El lunes 4 de noviembre los funcionarios también localizaron una camioneta marca Toyota, modelo Pick Up, color blanco; dos conchas de bala calibre .39, un cartucho de escopeta sin calibre visibles deformados y un manojo de cinco llaves en el relleno sanitario.

Cuando los uniformados estaban en la zona se escucharon detonaciones, presuntamente de las bandas que tomaron ese sector, pero la situación fue controlada por la Brigada de Acciones Especiales (BAE).

Fuentes internas de la medicatura dijeron que otros parientes han acudido tratando de descartar que sus seres queridos estén en la lista de 11 víctimas de La Bonanza.

La policía científica tiene en su registro la muerte de Andrea Calderón, de 14 años, cuando intentaba entrar al concierto del cantante de trap Neutro Shorty. La directora del Pérez de León II, Zaira Medina, negó haber informado acerca de la muerte de tres adolescentes que llevaron a ese hospital. Ninguna autoridad ha dado un parte oficial, a dos días del suceso.
 

En los hospitales Ana Francisca Pérez de León II y Dr. Domingo Luciani ofrecieron infromación falsa acerca de la cantidad de fallecidos que hubo en la estampida previa al concierto del cantante de trap Neutro Shorty, en el Parque del Este.

Zaira Medina, directora del hospital Pérez de León II, dijo el sábado 9 de noviembre al periodista de Efecto Cocuyo que habían ingresado tres adolescentes sin signos vitales. Los identificó como Bárbara Calderón, Daniela Rodríguez y un adolescente de apellido Jiménez. Todos de 14 años. 

Sin embargo, este lunes 11 de noviembre Crónica.Uno se comunicó con la doctora Medina para corroborar los datos, en vista de que esos cadáveres no se encontraban en la medicatura forense de Bello Monte —según fuentes internas— ni tampoco sus familiares. Y respondió:

“Eso es falso. Yo no le he dado ninguna información a nadie ni he hablado con periodistas. Yo no estoy autorizada para dar ninguna información, eso lo va a llevar Fiscalía”, acto seguido colgó y no respondió a las tres llamadas siguientes. 
Un grupo de periodistas de la fuente de sucesos ingresó al hospital para corroborar la información personalmente pero la doctora no los atendió, al contrario dio dos excusas, la primera fue que estaba en una reunión y la segunda que estaba en quirófano.

En el hospital Domingo Luciani de El Llanito también tenían en una lista el nombre de una jovencita fallecida. Era la primera en la hoja blanca, que llevaba por título: estampida del Parque del Este. Su nombre era Kelly Campos, pero tampoco figura entre los ingresos a la medicatura forense entre sábado 9 y lunes 11 de noviembre.

Por su parte, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) solo tiene confirmada a una víctima: Andrea Calderón, de 14 años, a quien velaron este domingo 10 de noviembre en el Cementerio del Este. 

La adolescente fue al concierto gratuito Banderas Blancas, convocado por el cantante de trap Neutro Shorty desde el 28 de octubre, con varias amigas de la Academia Social Style. 

El sábado 9 de noviembre Neutro Shorty publicó un video en su Instagram en el cual avisaba que debido a la cantidad de personas cambiaron la locación de la concha acústica, al parque Simón Bolívar de La Carlota.

Brenys Caballero, directora de la academia de baile donde asistía Andrea, contó que cuando anunciaron el cambio de locación del concierto se produjo una estampida. En ese instante una multitud de jóvenes le pasó por encima y minutos después un paramédico confirmó que no tenía signos vitales. 

Fuentes internas de la morgue de Bello Monte confirmaron que solo el cuerpo de Andrea fue ingresado. 

Dos días después del suceso ninguna autoridad oficial se ha pronunciado ni ha dado un parte de fallecidos y heridos. 

¿Qué pasó en el Parque del Este?

El concierto estaba pautado para las 10:00 a. m. Momentos después anunciaron que la locación era el parque Simón Bolívar en La Carlota. A esa área se accede por el mismo Parque del Este…

Allegados de Andrea Calderón aseguran que cuando dieron esta información hubo la primera estampida, todos los jóvenes comenzaron a empujar para tratar de entrar. Videos aficionados muestran como los asistentes saltaban rejas y tumbaron la Santamaría de la entrada principal del parque.

Una testigo contó a Crónica.Uno que en el puente que conecta el Parque del Este con La Carlota había mucha gente y ahí hubo otra estampida, pues todos querían entrar rápido para obtener mejores puestos cerca de la tarima. Incluso treparon las paredes para cortar camino.  

“Eso fue horrible, nos empujaban, nos arrastraban. Casi me quitan los zapatos. A un amigo lo tumbaron y le pasaron por encima. Vi a chamas desmayadas, sangrando, a chamos con las piernas y tobillos rotos, llorando. Fue horrible. Un chamo se quedó enganchado de una valla y le pasaron por encima”, relató la joven de 18 años, quien asistió con permiso de sus padres, pues se confiaron en que era una actividad muy temprano. 

Esta joven, estudiante universitaria, vio a otros muchachos cortar pedazos de árboles y lanzarlos. Y aunque una cisterna echó agua, la cantidad de desmayadas no cesaba. “El parque lo destruyeron, lo dejaron vuelto nada”.

Otro testigo detalló que los jóvenes se montaron en el techo de los locales y hasta en los árboles. La policía los mandó a bajar pero cuando anunciaron que saldría Neutro Shorty “enloquecieron y se volvieron a montar”. No los revisaron en la entrada y vio a jóvenes consumiendo alcohol en las instalaciones.

Mientras salía el trapero vio cómo cargaban a chicas desmayadas. Bomberos del Distrito Capital y Forestales, prestaron apoyo. También los paramédicos, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). 

A la tarima  arrojaron botellas, zapatos y otros objetos contundentes cuando confirmaron que el concierto era cancelado por el comportamiento del público y la cantidad de lesionados, que de acuerdo con distintos reportes sobrepasa los 50. Neutro Shorty no cantó más de tres canciones por estas circunstancias.

El hospital Pérez de León II esa tarde solo atendió emergencias provenientes del Parque del Este, así se lo decían a quienes llegaban por cualquier enfermedad. 

Tres detenidos, nadie se responsabiliza

El Instituto Nacional de Parques (Inparques) emitió un comunicado el sábado 9 de noviembre, que después borró de sus redes sociales. En él señalaban que no autorizaron dicho concierto y exigían a las autoridades una investigación. 

Posteriormente colgaron otro, que ya este lunes 11 de noviembre tampoco estaba en sus redes sociales, en el que aseguraban que este era un evento técnicamente no factible, al cual se esperaba que asistieran por lo menos 6.000 personas.

El Cicpc detuvo a tres personas, dos vinculados con la organización y otro con la seguridad. Fuentes de los Bomberos del estado Miranda conocían de esta actividad desde la mañana del sábado. 

También Ministerio Público designó a las Fiscalías 101 del Área Metropolitana de Caracas y 79 Nacional, adscritas a la Dirección de Protección Integral a la Familia, para la investigación.