El pasado 4 de julio, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) presentó su informe acerca de la grave crisis humanitaria y de institucionalidad que vive Venezuela actualmente. Entre los elementos que el informe logra visibilizar, se encuentran las sistemáticas violaciones de Derechos Humanos por parte de organismos de seguridad del Estado.

Estas prácticas no solo constituyen un daño directo a las víctimas, a sus familiares y allegados, sino que a su vez representan un claro deterioro de las libertades y derechos de todos los venezolanos, sobre todo de aquellos que pertenecen a los sectores sociales más excluidos, quienes son el objetivo principal de estos abusos desde el Estado.

Monitor de Víctimas, desde 2017 y Caracas Mi Convive desde 2013, han venido registrando, publicando e interviniendo sobre la violencia policial en Caracas. En este sentido, a continuación serán presentados datos y experiencias que permiten ampliar la información publicada por ACNUDH el pasado 4 de Julio.

“Los escuadrones de la muerte”

En primer lugar, el informe reporta: Las personas entrevistadas se refirieron de manera constante a las FAES como un “escuadrón de la muerte” o un “grupo de exterminio”. Según informes de ONGs, las FAES son responsables de centenares de muertes violentas”.

Monitor de Víctimas ha registrado, desde mayo de 2017 hasta Mayo de 2019, que las fuerzas de seguridad del Estado son responsables de alrededor del 30% de las muertes violentas en la zona metropolitana de Caracas, a su vez, a nivel nacional datos oficiales sugieren una proporción similar.

En relación a los datos oficiales sobre letalidad policial en Venezuela, existen limitaciones en su registro, cuantificación y tipificación. El Estado históricamente ha reducido el registro de las muertes violentas en dos categorías: “homicidios” y “resistencia a la autoridad”. Los homicidios se refieren a muertes causadas por civiles y resistencia a la autoridad son aquellas que son causadas por organismos de seguridad del Estado. El llamarlo “muerte por resistencia a la autoridad” hace más difícil el esclarecimiento de violaciones de derechos humanos, ya que la misma terminología sugiere que en todos los casos hubo un uso proporcionado de la fuerza o el uso de la legitima defensa por parte de los funcionarios.

Expertos en el área sugieren que, en países con altos niveles de criminalidad y poca institucionalidad capaz de hacer contraloría policial, cuando las muertes en manos de fuerzas de seguridad del Estado sobrepasan la proporción de 10 civiles muertos por cada funcionario, se debe sospechar de un uso desproporcionado de la fuerza. La tasa “por muertes por resistencia a la autoridad” en Venezuela, según datos oficiales, es de 17.61 en el 2017 (5.283 muertes) y 16.80 (5.040 muertes) en el 2018, estos números son 5 veces mayor a la proporción de 10 civiles por policía previamente descrita.

A su vez, desde la creación de la FAES, este organismo ha tomado un protagonismo importante en la letalidad policial. Solo en Caracas, de acuerdo con Monitor de Víctimas, fueron responsables del 85% de las muertes cometidas por fuerzas de seguridad del Estado en el mes de Abril y en meses anteriores fueron responsables del 79% de los casos. Anteriormente, durante las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), no había ningún organismo que tuviera tal magnitud de proporción de ejecuciones.

7 de cada 10 de estas ejecuciones extrajudiciales ocurren dentro de los hogares de las personas, lo cual revela un grado de sistematicidad y un modus operandi que sugiere que este tipo de violaciones a los Derechos Humanos constituye una política de Estado, donde los funcionarios reciben órdenes de sus superiores para cometer dichos actos hacia objetivos específicos. Testimonios extraoficiales de víctimas de violencia policial, levantados por Caracas Mi Convive en el 2018 en la investigación cualitativa “Cuando Suben los de Negro”, confirman esta hipótesis.

La Mano dura y el control social

En segundo lugar, el reporte describe lo siguiente: al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social.

Los datos de Monitor de Víctimas sirven como sustento para afirmar que el control social constituye uno de los motivos principales de la letalidad policial. Monitor registró que en Enero y Abril de 2019, meses donde aumentaron las protestas, sobre todo en sectores populares, las muertes en manos de Fuerzas de Seguridad del Estado representaron el 51% del total de las muertes violentas, en el resto de los meses del 2019 han representado un número considerablemente menor, alrededor del 40%.

A su vez, las sociólogas Verónica Zubillaga y Rebeca Hanson, reportan que desde el 2009 ha existido una política de encarcelamiento masivo, donde la mayoría de las personas recluidas en centros penitenciarios y calabozos policiales son jóvenes varones de los estratos socioeconómicos más bajos. De igual forma, a pesar de que Venezuela es uno de los países con mayor tasa de homicidio, de acuerdo con PROVEA, en el 2010, el 62.4% de las personas recluidas estaban presas por robo y tráfico de droga y solo 22.7% a causa de homicidio, para este último crimen, el porcentaje de impunidad llega hasta el 90%. Lo que sugiere que la política penitenciaria en Venezuela está diseñada para castigar al más excluido y no al más violento.

Actualmente, de acuerdo a las organizaciones Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a Libertad, 65% de las personas que están en prisión no ha recibido condena, esta cifra aumenta a 90%, si solo se consideran las personas que están recluidas en calabozos policiales. Esta problemática se ve empeorada por el hecho de que la capacidad instalada de prisiones en Venezuela está a más de dos veces por debajo de la población penitenciaria que hoy en día está recluida, teniendo unos niveles de hacinamiento críticos e inhumanos.  

¿Qué puede hacerse con las víctimas secundarias de la letalidad policial en un gobierno de transición? Recuerdo, reparación y no repetición.

Es urgente que en un gobierno de transición las políticas de seguridad ciudadana migren de un modelo represivo a uno prioritariamente preventivo, cercano con las comunidades populares, inteligente en la investigación criminalística y estratégico en el uso proporcionado de la fuerza. Un eje fundamental de la prevención de la violencia lo constituye el no olvidar a las víctimas de la violencia institucional de todos estos años.

En países como Alemania y Chile que han pasado períodos de graves violaciones de derechos humanos por parte del Estado, han trabajado con las víctimas y familiares de estos abusos mediante tres principios fundamentales: recuerdo, reparación y no repetición. El recuerdo hace referencia a que, como lo hace el informe de ACNUDH, estas muertes deben ser contabilizadas y la información debe ser de acceso público para garantizar la contraloría desde la sociedad civil y para facilitar los procesos judiciales de investigación y castigo para los culpables directos e indirectos de estas violaciones.

La reparación consiste en reconocer desde el Estado que fueron graves violaciones de Derechos Humanos e iniciar un proceso de indemnización a las víctimas por un periodo de tiempo específico. La no repetición consiste en crear estructuras visibles que garanticen que estas violaciones no van a volver a pasar, estas medidas van desde el fortalecimiento de las instituciones de administración de justicia hasta la creación de monumentos y museos destinados a la memoria.

Desde la Red de Atención a la Víctima de Caracas Mi Convive hemos venido haciendo murales y eventos en homenaje a personas víctimas de homicidio y ejecuciones extrajudiciales en sectores populares del Municipio Libertador. Implementando este tipo de intervenciones hemos aprendido que, cuando existe un elemento físico visible que permita recordar al fallecido, los familiares y la comunidad logran darle un nuevo significado a estas muertes, esta vez desde la resistencia y no olvido de sus seres queridos. Consideramos que este es un ejemplo replicable de política pública, en donde, en un futuro será necesario crear nuestro propio museo en homenaje a todas las personas asesinadas injustamente en manos de fuerzas de seguridad del Estado.