El Gobierno venezolano justifica estas acciones bajo la figura de “muertes por resistencia a la autoridad” entre el cuerpo policial y un delincuente. Sin embargo, la evidencia registrada por Monitor de Víctimas muestra que el 73% de los homicidios en manos de las fuerzas del orden ocurren dentro de los hogares de las mismas víctimas.
Foto Carlos Ramírez | Monitor de Víctimas
¿Acaso existen vidas más humanas que otras? La Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 establece la cualidad universal de estos derechos. A nivel conceptual, parece haber un consenso global, pero a nivel práctico, todavía existen actores que promulgan que el derecho a la vida no es universal.
Un ejemplo claro han sido las políticas represivas que llevan a cabo las fuerzas de seguridad del Estado venezolano, también conocidas como políticas de mano dura, que implican que existen vidas que vale la pena proteger y otras que tienen que ser eliminadas. De acuerdo con Monitor de Víctimas, en el 2019 más de un tercio del total de las muertes violentas han sido responsabilidad de los organismos de seguridad. Siete de cada diez de estas muertes han sido responsabilidad de las FAES.
El Gobierno venezolano justifica estas acciones bajo la figura de “muertes por resistencia a la autoridad” entre el cuerpo policial y un delincuente. Sin embargo, la evidencia registrada por Monitor de Víctimas muestra que el 73% de los homicidios en manos de las fuerzas del orden ocurren dentro de los hogares de las mismas víctimas. La verdad sea dicha, es poco usual que un delincuente ponga en riesgo a sus familiares enfrentándose con armas a los organismos de seguridad.
La justificación del enfrentamiento para asesinar a otro está completamente en contra del derecho a la vida. Los activistas de Derechos Humanos en Venezuela nos tenemos que enfrentar a una tarea muy parecida a la que tuvo que lidiar la sociedad después de ver los horrores de la segunda guerra mundial: recordarle al mundo la universalidad de los Derechos Humanos. Esta es una deuda profunda que no solo tenemos con las personas que fueron injustamente asesinadas por fuerzas policiales y militares, sino con sus familiares también.
En el año 2018, desde Caracas Mi Convive publicamos un libro que recoge los testimonios de siete familiares de víctimas de las Operaciones de Liberación del Pueblo: Cuando Suben los de Negro. El título surgió de la forma como los familiares describieron a los funcionarios vestidos de negro y enmascarados que suben a las comunidades. Para estas siete familias, la prioridad es que se aclare que sus hijos y hermanos no eran delincuentes. El llanto, el dolor y el recuerdo giraban en torno a una lucha tanto interna como externa de probar que lo que dice el Estado es mentira, que la persona que habían matado no era un delincuente.
Enfrentarse a estas vivencias fue algo que me impactó profundamente. El añorar a alguien que ya no está suele ser una de las vivencias humanas más privadas. Sin embargo, en estas familias conseguí que el horror de las políticas de mano dura tienen la capacidad de penetrar hasta lo más profundo del ser humano, distorsionándolo con la sola intención de deshumanizar al otro.
Aunque hace 71 años, cuando fue promulgada la Declaración Universal de los Derechos Humanos se hizo énfasis en su cualidad inalienable, la verdad es que no siempre en nuestra historia los derechos humanos han sido concebidos iguales para todos. Nuestro presente tiene similitudes con los años previos de la declaración, donde parecía que existían seres humanos más humanos que otros. Durante la Segunda Guerra Mundial el filósofo alemán, Martin Heidegger, hablaba del judaísmo como una amenaza a la humanidad. Ya todos sabemos cómo culminó esa historia.
Tras los horrores de la guerra, cuando Albert Camus recibió el Premio Nobel de Literatura en 1957, propuso que la lucha debía ser la de la legitimidad, la de volver a darle importancia a las cosas que estos conflictos pretendieron destruir. En Venezuela, tenemos el deber de comenzar desde ahora la lucha por la legitimidad de la vida sobre el cuestionamiento de la “resistencia a la autoridad”.
Cada año, del 24 al 31 de octubre, se celebra la Semana Internacional del Desarme, que fue declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 12 de diciembre de 1995.
En una investigación que actualmente estamos llevando a cabo en Caracas Mi Convive para comprender la vivencia de los niños que viven en comunidades del municipio Libertador con altos niveles de homicidios, cuando le preguntamos a un grupo de ellos qué es lo que menos les gusta de la comunidad donde viven, las primeras respuestas siempre estuvieron vinculadas a armas.
Varios de los niños dibujaron armas de fuego como pistolas, lanzagranadas, metralletas, representándolas con detalle e inclusive siendo capaces de nombrar el modelo correspondiente. Esta anécdota muestra cómo la proliferación de armas de fuego constituye una de las expresiones más letales de la desigualdad social: el dinero producto de su venta termina en las manos de unos pocos y estas terminan teniendo una presencia desproporcionada dentro de los sectores más excluidos de la sociedad.
Venezuela hoy en día es uno de los países del mundo más afectados por la proliferación de armas de fuego. De acuerdo con los resultados del Small Arms Survey de 2017, estamos entre los cinco países donde ocurren mayor proporción de muertes por arma de fuego, constituyendo el 89% de las muertes violentas.
Específicamente, en el 2016 fuimos el segundo país con mayor tasa de muertes por armas de fuego en el mundo, de 64,3 por cada cien mil habitantes. Para poner esta cifra en perspectiva, el país que estuvo de tercero en la lista fue Siria, que en ese momento estaba en uno de los momentos más violentos del conflicto bélico, con una tasa de 50,9; es decir, 13 puntos por debajo de Venezuela.
Cuando vemos en detalle los datos que hemos recogido desde nuestro Monitor de Víctimas, vemos que el patrón se repite en el área metropolitana de Caracas. En el año 2018, el 75% de las 1.372 muertes violentas registradas se llevaron a cabo con armas de fuego, de las cuales 72% corresponden a armas de fuego cortas. Estas muertes ocurren en su mayoría en parroquias conformadas principalmente por asentamientos urbanos espontáneos, como Petare, Sucre, El Valle y Antímano. Lo que confirma la presencia significativa de armamento en sectores populares.
Pero, ¿por qué hablar de esto en este momento? Cada año, del 24 al 31 de octubre, se celebra la Semana Internacional del Desarme, que fue declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 12 de diciembre de 1995.
El objetivo principal de esta semana es impulsar políticas orientadas al control internacional sobre el mercado ilícito de armamento y frenar la carrera armamentística de las naciones, con el objetivo de un desarme progresivo para promover la paz y el desarrollo. El caso de Venezuela evidencia que una política de desarme es necesaria para el desarrollo de los sectores más vulnerados por las desigualdades sociales.
Existen ejemplos exitosos, como el caso de Brasil. En el año 2002, antes de implementar leyes regulatorias, se estimaba una tasa de muertes por armas de fuego de 21,72 por cada cien mil habitantes. Similar a nuestra historia, 90% de estas muertes correspondían a hombres jóvenes varones de sectores socialmente excluidos.
Al año siguiente, en octubre de 2003, se aprobó una serie de leyes orientadas a reducir y controlar el uso de armamento y municiones. Los estatutos fueron claros: controlar la cantidad de armas que entraban al país y su uso interno; crear instituciones para hacer chequeo de antecedentes para la compra de armas y municiones; multas y condenas de prisión más estrictas para las personas que violaran algunas de estas leyes. En 2004, el Ministerio de Justicia implementó un plan de desarme voluntario exitoso, que consistió en sensibilizar a la población y los pasos requeridos para la entrega de armas.
Si bien esta política llevada a cabo en Brasil tiene muchas similitudes con la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones sancionada en el 2013 en Venezuela, las políticas de desarme en el país no han logrado ser efectivas principalmente por tres razones.
En primer lugar, hay un excesivo control militar sobre la producción y registro de armas en el país. La Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM) está controlada exclusivamente por las Fuerzas Armadas, imposibilitando el acceso a los grupos policiales a este registro de armas de fuego y producción de municiones, haciendo excesivamente difícil los procesos de investigación sobre la compra y venta de armas y municiones ilegales.
En segundo lugar, no existen incentivos focalizados para promover el desarme en los sectores que son más vulnerables que ocurran muertes violentas. Las investigaciones realizadas por la socióloga Verónica Zubillaga, muestran cómo las armas de fuego constituyen un símbolo de estatus y respeto entre jóvenes varones que incurren en actos delictivos y con pocas alternativas para obtener estos beneficios. En este sentido, las políticas de desarme voluntario son efectivas en la medida que estén focalizadas en ofrecer alternativas de desarrollo reales en estas poblaciones a cambio de la entrega de armas de fuego.
Por último, el presupuesto nacional ha priorizado el gasto militar sobre la atención a las necesidades de las poblaciones más excluidas. Se estima que el gasto militar entre 1999 y 2015 fue alrededor de 5.6 mil millones de dólares, lo que equivale a la construcción de alrededor 56 hospitales. Específicamente, en el año 2012, hubo inversiones de hasta 643 millones de dólares, representando un gasto 3 veces mayor al invertido en el sistema penitenciario y 3,5 veces mayor a la inversión en deporte y cultura.
La proliferación de armas de fuego en la población cobra aún más significado en el contexto de emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. En un país donde los sectores más vulnerables simultáneamente manejan una gran cantidad de armas de fuego, hace menos probable que organizaciones orientadas a buscar soluciones a la emergencia se sientan seguras de trabajar dentro de dichas comunidades sin que sus vidas estén en riesgo.
EL PASADO 4 DE JULIO, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) presentó su informe acerca de la grave crisis humanitaria y de institucionalidad que vive Venezuela actualmente. Entre los elementos que el informe logra visibilizar, se encuentran las sistemáticas violaciones de Derechos Humanos por parte de organismos de seguridad del Estado.
Estas prácticas no solo constituyen un daño directo a las víctimas, a sus familiares y allegados, sino que a su vez representan un claro deterioro de las libertades y derechos de todos los venezolanos, sobre todo de aquellos que pertenecen a los sectores sociales más excluidos, quienes son el objetivo principal de estos abusos desde el Estado.
Monitor de Víctimas, desde 2017 y Caracas Mi Convive desde 2013, han venido registrando, publicando e interviniendo sobre la violencia policial en Caracas. En este sentido, a continuación serán presentados datos y experiencias que permiten ampliar la información publicada por ACNUDH el pasado 4 de Julio.
“Los escuadrones de la muerte”
En primer lugar, el informe reporta: Las personas entrevistadas se refirieron de manera constante a las FAES como un “escuadrón de la muerte” o un “grupo de exterminio”. Según informes de ONGs, las FAES son responsables de centenares de muertes violentas”.
Monitor de Víctimas ha registrado, desde mayo de 2017 hasta Mayo de 2019, que las fuerzas de seguridad del Estado son responsables de alrededor del 30% de las muertes violentas en la zona metropolitana de Caracas, a su vez, a nivel nacional datos oficiales sugieren una proporción similar.
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En relación a los datos oficiales sobre letalidad policial en Venezuela, existen limitaciones en su registro, cuantificación y tipificación. El Estado históricamente ha reducido el registro de las muertes violentas en dos categorías: “homicidios” y “resistencia a la autoridad”. Los homicidios se refieren a muertes causadas por civiles y resistencia a la autoridad son aquellas que son causadas por organismos de seguridad del Estado. El llamarlo “muerte por resistencia a la autoridad” hace más difícil el esclarecimiento de violaciones de derechos humanos, ya que la misma terminología sugiere que en todos los casos hubo un uso proporcionado de la fuerza o el uso de la legitima defensa por parte de los funcionarios.
Expertos en el área sugieren que, en países con altos niveles de criminalidad y poca institucionalidad capaz de hacer contraloría policial, cuando las muertes en manos de fuerzas de seguridad del Estado sobrepasan la proporción de 10 civiles muertos por cada funcionario, se debe sospechar de un uso desproporcionado de la fuerza. La tasa “por muertes por resistencia a la autoridad” en Venezuela, según datos oficiales, es de 17.61 en el 2017 (5.283 muertes) y 16.80 (5.040 muertes) en el 2018, estos números son 5 veces mayor a la proporción de 10 civiles por policía previamente descrita.
A su vez, desde la creación de la FAES, este organismo ha tomado un protagonismo importante en la letalidad policial. Solo en Caracas, de acuerdo con Monitor de Víctimas, fueron responsables del 85% de las muertes cometidas por fuerzas de seguridad del Estado en el mes de Abril y en meses anteriores fueron responsables del 79% de los casos. Anteriormente, durante las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), no había ningún organismo que tuviera tal magnitud de proporción de ejecuciones.
7 de cada 10 de estas ejecuciones extrajudiciales ocurren dentro de los hogares de las personas, lo cual revela un grado de sistematicidad y un modus operandi que sugiere que este tipo de violaciones a los Derechos Humanos constituye una política de Estado, donde los funcionarios reciben órdenes de sus superiores para cometer dichos actos hacia objetivos específicos. Testimonios extraoficiales de víctimas de violencia policial, levantados por Caracas Mi Convive en el 2018 en la investigación cualitativa “Cuando Suben los de Negro”, confirman esta hipótesis.
La Mano dura y el control social
En segundo lugar, el reporte describe lo siguiente: al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social.
Los datos de Monitor de Víctimas sirven como sustento para afirmar que el control social constituye uno de los motivos principales de la letalidad policial. Monitor registró que en Enero y Abril de 2019, meses donde aumentaron las protestas, sobre todo en sectores populares, las muertes en manos de Fuerzas de Seguridad del Estado representaron el 51% del total de las muertes violentas, en el resto de los meses del 2019 han representado un número considerablemente menor, alrededor del 40%.
A su vez, las sociólogas Verónica Zubillaga y Rebeca Hanson, reportan que desde el 2009 ha existido una política de encarcelamiento masivo, donde la mayoría de las personas recluidas en centros penitenciarios y calabozos policiales son jóvenes varones de los estratos socioeconómicos más bajos. De igual forma, a pesar de que Venezuela es uno de los países con mayor tasa de homicidio, de acuerdo con PROVEA, en el 2010, el 62.4% de las personas recluidas estaban presas por robo y tráfico de droga y solo 22.7% a causa de homicidio, para este último crimen, el porcentaje de impunidad llega hasta el 90%. Lo que sugiere que la política penitenciaria en Venezuela está diseñada para castigar al más excluido y no al más violento.
Actualmente, de acuerdo a las organizaciones Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a Libertad, 65% de las personas que están en prisión no ha recibido condena, esta cifra aumenta a 90%, si solo se consideran las personas que están recluidas en calabozos policiales. Esta problemática se ve empeorada por el hecho de que la capacidad instalada de prisiones en Venezuela está a más de dos veces por debajo de la población penitenciaria que hoy en día está recluida, teniendo unos niveles de hacinamiento críticos e inhumanos.
¿Qué puede hacerse con las víctimas secundarias de la letalidad policial en un gobierno de transición? Recuerdo, reparación y no repetición.
Es urgente que en un gobierno de transición las políticas de seguridad ciudadana migren de un modelo represivo a uno prioritariamente preventivo, cercano con las comunidades populares, inteligente en la investigación criminalística y estratégico en el uso proporcionado de la fuerza. Un eje fundamental de la prevención de la violencia lo constituye el no olvidar a las víctimas de la violencia institucional de todos estos años.
En países como Alemania y Chile que han pasado períodos de graves violaciones de derechos humanos por parte del Estado, han trabajado con las víctimas y familiares de estos abusos mediante tres principios fundamentales: recuerdo, reparación y no repetición. El recuerdo hace referencia a que, como lo hace el informe de ACNUDH, estas muertes deben ser contabilizadas y la información debe ser de acceso público para garantizar la contraloría desde la sociedad civil y para facilitar los procesos judiciales de investigación y castigo para los culpables directos e indirectos de estas violaciones.
La reparación consiste en reconocer desde el Estado que fueron graves violaciones de Derechos Humanos e iniciar un proceso de indemnización a las víctimas por un periodo de tiempo específico. La no repetición consiste en crear estructuras visibles que garanticen que estas violaciones no van a volver a pasar, estas medidas van desde el fortalecimiento de las instituciones de administración de justicia hasta la creación de monumentos y museos destinados a la memoria.
Desde la Red de Atención a la Víctima de Caracas Mi Convive hemos venido haciendo murales y eventos en homenaje a personas víctimas de homicidio y ejecuciones extrajudiciales en sectores populares del Municipio Libertador. Implementando este tipo de intervenciones hemos aprendido que, cuando existe un elemento físico visible que permita recordar al fallecido, los familiares y la comunidad logran darle un nuevo significado a estas muertes, esta vez desde la resistencia y no olvido de sus seres queridos. Consideramos que este es un ejemplo replicable de política pública, en donde, en un futuro será necesario crear nuestro propio museo en homenaje a todas las personas asesinadas injustamente en manos de fuerzas de seguridad del Estado.
Por: Ignacio Azpurua, Frima Udelman y Guillermo Sardi
ES BIEN SABIDO QUE LA GRAN MAYORÍA de las víctimas de homicidio en Caracas y en Venezuela son hombres. Monitor de Víctimas estima que, en el 2018, solamente en la capital, constituyen el 90% de las muertes violentas y de acuerdo con datos del Ministerio de Salud, entre 1996 y 2014, constituyeron en promedio el 93% de ellas. En contraste, según estas mismas fuentes, las víctimas de feminicidio, no superan el 10% del total de las víctimas, lo que hace que sea un tema poco abordado.
A pesar de que los homicidios a mujeres sea un tema poco tratado, resulta importante traer sobre la mesa que las mujeres también sufren las consecuencias de la violencia. Estas consecuencias, no solo son sufridas por ellas y sus familiares, sino a su vez tienen un efecto colateral en la sociedad.
Especialmente, en el caso cuando las mujeres víctimas de homicidio son madres de sectores populares, existe una pérdida significativa de redes de apoyo en las comunidades donde hacen vida. La experiencia que hemos tenido desde Caracas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad, es que las madres suelen ser el motor principal de organización de actividades dentro de las comunidades y las más importantes proveedoras de soporte emocional en sus familias.
En este sentido, la violencia contra la mujer y el feminicidio resulta un elemento esencial de ser comprendido y abordado en un programa de políticas públicas de seguridad ciudadana. En un primer lugar, es necesario hacer una tipificación sobre las dinámicas de violencia de género en el país, para luego generar una propuesta para abordarla. Aunque no hay datos oficiales disponibles al respecto, es posible, al menos en la ciudad de Caracas, hacer un análisis detallado de los datos recabados por el Monitor de Víctimas.
Con base en el Monitor de Víctimas en el año 2018, el promedio de edad de las víctimas mujeres fue de 35 años, siendo un número mayor que el promedio de los hombres que está entre los 28 y 29 años. A su vez, los oficios más comunes de las víctimas mujeres eran estudiante y ama de casa respectivamente., lo que refleja es que este tipo de víctimas suelen no tener ocupaciones que les permitan tener una independencia económica a pesar de que la tendencia es que sean mayores de 30 años. Estos datos sugieren que entre menos oportunidades de ascenso socioeconómico tengan las mujeres, más susceptibles están a ser víctimas de homicidio.
A su vez, de acuerdo con el Monitor de Víctimas, en el año 2018, los tres tipos de victimarios de feminicidio más comunes son los desconocidos, conocidos y los cónyugues. En el caso de los cónyugues, es la única categoría que es mayor en las mujeres que en los hombres, lo que refleja que un porcentaje significativo de los perpetradores del feminicidio suelen tener una relación previa con la víctima, a diferencia de las víctimas hombres. No obstante, es preciso reflejar que el robo destaca como el móvil más frecuente reportado en el 2018, lo que indica que las mujeres también son susceptibles a la violencia urbana.
Considerando esta panorámica, ¿Cómo podemos darle respuesta a la problemática de los feminicidios? Las políticas públicas que han demostrado ser efectivas para abordar los feminicidios, son aquellas que hacen más accesible las instituciones del sistema de administración de justicia a las mujeres.
Para lograr una prevención efectiva de la violencia de género hacia las mujeres, evitando que el resultado final sea el homicidio, es necesario entender cómo suelen ocurrir estas dinámicas. La violencia en contra de la mujer suele ocurrir de forma progresiva, en donde los perpetradores tienden a ser hombres con los que las mujeres tienen o tuvieron una relación previa, ya sea familiar o de pareja, los cuales van realizando micro-agresiones previas que van aumentando en intensidad hasta llegar al feminicidio.
La creación de una unidad de policía comunitaria enfocada en prevenir que estas micro-agresiones escalen hasta la violencia letal constituye una alternativa que ha tenido resultados efectivos en Latinoamérica. Desde la Unidad de Conocimiento de Caracas Mi Convive, partimos de la premisa que este tipo de unidades policiales, para que puedan cumplir con su objetivo, deben recibir el entrenamiento adecuado y crear relaciones de confianza con la comunidad.
Estas unidades policiales estarían entrenadas en hacer seguimiento focalizado a familias donde existe violencia doméstica y a hombres que han sido registrados como agresores, ya sea por la denuncia de las mismas víctimas o de la comunidad. Cuando las personas que no son víctimas pero sí testigos de este tipo de actos rompen el silencio y denuncian, la labor policial preventiva es significativamente más efectiva.
El seguimiento focalizado que hacen estos funcionarios no solo implicaría responder cuando ocurra una denuncia de agresión, ya que a veces las víctimas denuncian cuando la violencia ha escalado unos niveles donde el riesgo de muerte es muy alto. En los enfoques policiales orientados a la solución de problemas (En inglés: problem oriented policing), proponen que el seguimiento focalizado es efectivo en la disuasión del crimen en la medida que esta estrategia sea preventiva. Lo que significa que debe ser sistemática y constante a través del tiempo, a pesar de que no hayan denuncias.
Los funcionarios policiales de estas unidades, entrenados en estrategias de mediación de conflicto, durante las visitas a los hogares de las familias, deben ser capaces de lograr reducir los niveles de hostilidad en las disputas domésticas. A su vez, este tipo de policías deben funcionar como conectores con organizaciones especializadas en programas de atención integral para mujeres víctimas de violencia y sus familias, así como con instituciones especializadas en trabajar con hombres agresores. De manera que, durante las visitas de seguimiento focalizado, parte de sus funciones constituye, inicialmente, poner a las personas en contacto con estas organizaciones y en segundo lugar, hacer un seguimiento de que efectivamente sí están asistiendo a la atención requerida.
Por último, existen casos donde los niveles de agresión han escalado a un nivel tan significativo que los hogares no constituyen lugares seguros para las mujeres y los demás miembros de la familia. De acuerdo con el Monitor de Víctimas, en el 2018, los hogares fueron el segundo contexto más común donde ocurrieron feminicidios. En estos casos de mayor riesgo, estas unidades policiales especializadas en la violencia de género, deben estar entrenadas en proveer protección a las mujeres y a los demás miembros familiares, llevándolas a instituciones que le puedan brindar un sitio donde quedarse transitoriamente.
En conclusión, una política pública de seguridad ciudadana efectiva para reducir los feminicidios, implica la alianza entre las víctimas, la comunidad, la policía y organizaciones externas especializadas en brindar atención integral tanto a las víctimas como a los agresores. En la medida que estos actores tengan una acción coordinada, podrá ser efectivo lograr que las mujeres sean menos vulnerables a la violencia y tengan un acceso igualitario a la justicia y a la movilidad social.
HACE UN MES TUVE LA OPORTUNIDAD de conocer a Jorge, un padre de familia de seis niños, residente de Catia. Jorge estuvo preso dos años, según lo que relata, un cuerpo policial le sembró droga con el objetivo de robarle una cantidad grande de efectivo que traía consigo producto de su trabajo como comerciante. Jorge, a pesar de que su inocencia fue demostrada y salió en libertad, todavía aparece en el registro policial como si estuviera privado de libertad. Esto ha hecho que no pueda alejarse mucho de su comunidad para trabajar y conseguir alimentos para su esposa e hijos.
Ante el desespero del apagón que hubo en Caracas y a nivel nacional a principios de marzo, en un momento, con bastante pena, me confesó lo siguiente: “Un momento estaba por acabarse la comida y pensé en robar para darle de comer a mis hijos, ¿pero a uno a quién puede robar en este país? Si no hay nada”.
Las penas penitenciarias sin un proceso de reinserción social integral puede ser un factor que aumente de forma significativa el crimen. Ante las condiciones desventaja social que tienen las personas al salir del sistema penitenciario, por el estigma asociado a haber estado en prisión, existe el riesgo de volver a reincidir en el crimen, como es el caso de Jorge, que ante verse sin opciones, consideró recurrir a las actividades delictivas.
En un estudio llevado a cabo a nivel nacional en Estados Unidos, se hizo un seguimiento detallado a una muestra grande de personas que salieron del sistema penitenciario. Los investigadores encontraron que, en un período de tres años, el 67.5% de las personas a las que se les mantuvo un control, fueron re-arrestadas por una ofensa nueva, el 46.9% fueron re-declarados culpables por un crimen nuevo y el 25.4% fueron sentenciados otra vez a prisión[1].
Tanto la historia de Jorge, como la evidencia científica, apuntan hacia una misma conclusión: un proceso de reinserción social penitenciaria no solo puede incluir la atención que se les da al privado de libertad durante su estadía en prisión, sino en muchos casos la atención posterior también es fundamental. En Estados Unidos se ha desarrollado un programa de reinserción social, llamado Roca, para miembros de bandas y jóvenes en alto riesgo de caer en la criminalidad que ha mostrado resultados altamente positivos. En el 2018, el 88% de los beneficiarios no fue arrestado nuevamente, el 78% permaneció en el programa y el 66% tuvo trabajo por más de seis meses. Este modelo que proponen es aplicable también para las personas que salen del sistema penitenciario.
El modelo de intervención propuesto por Roca[2], consta de cinco principios fundamentales:
Acercamiento constante: el programa parte del principio que las personas en más alto riesgo, por voluntad propia, no se acercan a participar en el programa. Es la organización que tiene que ir a buscarlos, este proceso no es fácil tampoco, muchas de las personas rechazan participar o cuando acceden a participar, rápidamente se salen del programa.
En este sentido, el acercamiento constante consiste en que un grupo de trabajadores sociales entrenados en la materia, se acercan de forma repetitiva a los potenciales beneficiarios del programa, inclusive cuando estos reinciden. Este acercamiento hace que los beneficiarios sientan esperanza de cambiar: el hecho que una persona esté para ellos, inclusive en los momentos donde abandonan el programa, hace que se establezca una relación de confianza entre las personas en situación de alto riesgo y la organización. Para Roca, este principio de no rendirse con sus beneficiarios constituye la piedra angular del programa.
Relaciones transformadoras: para Roca el cambio de comportamiento de los beneficiarios se da por medio de la construcción de relaciones cercanas a largo plazo con miembros de la organización. Este tipo de relaciones son construidas con trabajadores sociales quienes utilizan técnicas de psicoterapia cognitivo-conductual y de mentoría para guiarlos durante las diferentes etapas del modelo de intervención. Estos trabajadores sociales están disponibles para los beneficiarios las 24 horas del día. Muchas veces son los únicos que están ahí para ellos cuando están en problemas o son arrestados otra vez.
Programa basado en etapas: Roca está basado en atender a diferentes perfiles de personas según sea su necesidad, muchas veces las personas que han estado en prisión tienen historial criminal pero no laboral. Este tipo de personas deben recibir una atención que comience por el desarrollo de habilidades básicas.
El programa tiene tres etapas de desarrollo de diferentes habilidades: de vida, educacional y empleo. En el desarrollo de las habilidades de vida, los beneficiarios, reciben atención psicoterapéutica con el objetivo de reducir las conductas impulsivas y resolver sus conflictos expresando sus emociones de forma asertiva. En el desarrollo educativo, los beneficiarios pueden desde asistir a una sola clase en una primera fase, hasta recibir un certificado educativo completo, este tipo de atención se adapta a las necesidades y capacidades de los beneficiarios. Por último, el desarrollo laboral implica desde trabajar inicialmente dentro de la organización hasta preparar una síntesis curricular y ayudarlos a conseguir una pasantía o un empleo fijo.
Alianzas con instituciones: la organización entiende que el trabajo con estas personas no puede ser efectivo solamente con su trabajo, es necesario incluir a otras instituciones, con especial énfasis en aquellas involucradas en el sistema de administración de justicia. Por ejemplo, Roca hace alianzas con policías que hacen labores de seguimiento a personas en libertad condicional, con organizaciones comunitarias y negocios en donde los beneficiarios pudieran ser parte de ellas o conseguir un empleo.
Gerencia basada en la evaluación de los resultados: la organización de forma periódica evalúa el progreso de sus beneficiarios y el desempeño de su personal. Esta evaluación es realizada de forma semanal, mensual, cuatrimestral y anual. El objetivo de estas evaluaciones es mejorar la organización constantemente, tomando decisiones basados en datos estadísticos y cualitativos que registra el personal.
Lo que nos muestra el modelo de intervención de Roca es que las recaídas en actos delictivos en las personas que han estado en el mundo criminal son esperadas, sin embargo, una manera efectiva de reducirlas consiste acciones constantes y alianzas con otras instituciones que le brinden a los beneficiarios oportunidades, aún cuando reincidan.
[1] Cullen, F. T., Jonson, C. L., & Nagin, D. S. (2011). Prisons do not reduce recidivism: The high cost of ignoring science. The Prison Journal Suplement, 91(3l), 48S-65S.
[2] Tomado de https://rocainc.org/work/our-intervention-model/
