Uno de los puntos más preocupantes de este informe es que los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco están sometidos a graves abusos y hechos de violencia que han dejado al menos 149 muertos desde 2016
Un informe presentado el 14 de julio por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo devela graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Uno de los puntos más preocupantes de este informe es que los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco están sometidos a graves abusos y hechos de violencia que han dejado al menos 149 muertos desde 2016.
A continuación, presentamos 25 claves de la investigación expuesta por Bachelet:
«El ACNUDH sigue preocupado por la falta de independencia que padece el sistema de justicia en la República Bolivariana de Venezuela, como fue manifestado en sus informes anteriores por los órganos de tratados y de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, durante el examen periódico universal de la República Bolivariana de Venezuela y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».
Refiriéndose al principio de independencia del sistema judicial, «el ACNUDH identificó varios factores que socavan considerablemente la independencia del poder judicial, en particular, la inseguridad en la titularidad de los jueces, la inexistencia de un proceso transparente para su designación, la presión política que se ejerce sobre ellos (por ejemplo, en forma de amenazas de despido), la precariedad de sus condiciones de trabajo y las restricciones a su libertad sindical. Todo ello merma la capacidad del poder judicial para
controlar el ejercicio del poder de otras instituciones y para velar por el respeto de los
derechos humanos».
«Al ACNUDH le preocupa que la inseguridad de que adolece la titularidad de los jueces los deje expuestos a la injerencia de sus superiores y de fuentes externas. La información de que dispone el ACNUDH refleja que los magistrados del TSJ tienen control sobre las decisiones de los tribunales inferiores en todo el país, sobre todo en el ámbito del derecho penal».
«Según la información recibida por el ACNUDH, el salario mensual de un juez gira en torno a 30 dólares de los Estados Unidos, lo cual incrementa el riesgo de corrupción en todos los ámbitos y a todos los niveles de la administración de justicia».
La alta comisionada llamó la atención sobre «la composición actual del TSJ». «Según la información recibida, dicho proceso de nombramiento no respetó los plazos previstos por la ley y los recursos legales presentados a posteriori en relación con las calificaciones de los candidatos no fueron resueltos».
«El ACNUDH está también preocupado ante el continuado uso de la jurisdicción militar para enjuiciar a civiles».
«Otra fuente de seria preocupación es el establecimiento de tribunales con competencia en delitos vinculados al terrorismo, que fueron creados en 2014 a través de un memorando interno del TSJ en lugar de mediante una ley de la Asamblea Nacional, y cuyos procedimientos judiciales no son compatibles con las garantías de debido proceso y el derecho a un juicio justo».
«Las víctimas de violaciones de los derechos humanos se ven confrontadas a barreras jurídicas, políticas y socioeconómicas para acceder a la justicia; las mujeres, en particular, enfrentan retos específicos por motivos de género».
«En los casos de violaciones del derecho a la vida presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad, el ACNUDH detectó los obstáculos con los que se enfrentaba el Ministerio Publico para llevar a cabo investigaciones eficaces. Uno de los principales obstáculos estructurales es el hecho de que las investigaciones de delitos presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad están supeditadas al trabajo forense del Cicpc, el cual rinde cuentas directamente al Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz».
«En cuanto a los casos de muertes en el contexto de protestas, familiares de las víctimas manifestaron al ACNUDH que, si bien el Ministerio Publico cursó numerosas solicitudes de información, la Guardia Nacional Bolivariana se negó a transmitir los nombres de los agentes que habían participado en las operaciones».
«El ACNUDH identificó desafíos para garantizar la debida diligencia en la atención a las víctimas. Las personas entrevistadas indicaron que quienes trabajan en el sistema judicial son o incapaces de tramitar tales casos y realizar un seguimiento de los mismos (por falta de capacitación o infraestructura), o bien no están dispuestos a hacerlo».
«El ACNUDH documentó que en los presuntos casos de desapariciones forzadas los tribunales no actuaban generalmente con la debida diligencia».
«Varias fuentes informaron al ACNUDH de que, cuando en las audiencias se daba cuenta a los jueces de casos de tortura o malos tratos, ellos solían responder que el examen de tales denuncias no formaba parte de su competencia a pesar de que la obligación de investigar cualquier alegato de tortura se encuentra tanto en la legislación nacional, como en los tratados internacionales de los que la República Bolivariana de Venezuela es parte».
«El ACNUDH documentó 16 casos de tortura o malos tratos cometidos entre junio de 2019 y mayo de 2020. El número real podría ser significativamente más elevado en vista de los patrones de desapariciones forzadas por un breve periodo de tiempo, detenciones arbitrarias y prisión incomunicada, los cuales suelen aumentar el riesgo de tortura y malos tratos».
«Además, el ACNUDH recibió informes en que se señalaba la existencia de estereotipos de género indebidos en el sistema jurídico y violencia de género en forma de amenazas, maltrato y violencia verbal por parte de funcionarios públicos y agentes judiciales».
«El ACNUDH recibió información sobre obstáculos adicionales en el acceso a la justicia desde la declaración del “estado de alarma” el 13 de marzo debido al COVID-19. Abogados y ONG que brindan a apoyo a víctimas reportaron que el sistema de justicia no había establecido mecanismos eficaces para procesar acciones urgentes».
«El ACNUDH recibió información sobre presuntos casos de trata de personas, inclusive de mujeres y niñas, con fines de explotación sexual, que eran llevadas a Trinidad y Tobago y Curaçao».
«Debido a la falta de transparencia sobre esta materia, el ACNUDH no es capaz de determinar en qué medida el Gobierno ha logrado regularizar la actividad minera y frenar la extracción ilegal en el Arco Minero del Orinoco (AMO)».
«La información de que dispone el ACNUDH indica que gran parte de la actividad minera, tanto dentro como fuera del AMO, está controlada por grupos delictivos organizados o elementos armados. Son estos los que deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección».
«Diversos testimonios documentados por el ACNUDH indican que los niveles alcanzados por la explotación de la mano de obra, el tráfico y la violencia siguen siendo elevados debido a la existencia de un sistema de corrupción y soborno al servicio de grupos que controlan las minas; estos grupos pagan a algunos jefes militares para mantener su presencia y sus actividades ilegales».
«La mayor parte del trabajo en el AMO es informal, y las personas que lo realizan no tienen contratos. El ACNUDH ha identificado un patrón de explotación laboral en cuyo marco los mineros se ven obligados a entregar un gran porcentaje del oro extraído a los diversos actores que controlan las minas».
«Otra repercusión grave sobre la salud y el medio ambiente en el AMO es la contaminación resultante del uso generalizado de mercurio».
23. «Entre los castigos también se incluyen asesinatos. Por ejemplo, el ACNUDH recibió información sobre dos hombres adolescentes que fueron ejecutados tras ser acusados de ser agentes infiltrados de otro “sindicato”; un minero de 27 años fue asesinado por un miembro de un “sindicato” que le acusó de tener una aventura amorosa con su esposa, y un joven fue asesinado por robar 25 gramos de oro».
24.- «La violencia también se origina en disputas por el control de las minas. A partir de un análisis de información de fuentes abiertas, el ACNUDH identificó 16 enfrentamientos violentos de este tipo ocurridos en las minas del AMO o en sus alrededores entre marzo de 2016 y marzo de 2020, en el curso de los cuales habrían muerto 140 hombres y nueve mujeres».
25.- «Los pueblos indígenas informaron al ACNUDH acerca del aumento de la violencia y los actos de intimidación desde 2018. La presencia de unidades militares, bandas criminales y elementos armados menoscaba por lo general la paz y la seguridad en sus comunidades».
Aquí puedes leer el informe de Bachelet.
