La ONG Acceso a la Justicia exigió que el proceso de reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), previsto en los diálogos que comenzarán el 1 de agosto, esté marcado por la transparencia, el apego al texto constitucional y la garantía de independencia judicial.
A través de una nota difundida en su portal web, Acceso a la Justicia recordó que la renovación del TSJ ya se había iniciado meses antes, sin cumplir los estándares mínimos de publicidad y claridad exigidos por la Constitución.
La ONG precisó que en abril de 2026 empezó el proceso de selección y, para junio, se difundió una lista de 561 postulados a magistrados, además de 63 aspirantes a la Inspectoría General de Tribunales y 33 a la Escuela Nacional de la Magistratura. Sin embargo, no se informó de las vacantes existentes, el baremo de evaluación ni el cronograma.
Para la ONG, estas omisiones se agravaron con la constitución del Comité de Postulaciones Judiciales, cuya integración no garantizó la independencia política de sus miembros, y con la reforma de la Ley Orgánica del TSJ (LOTSJ), que aumentó a 32 el número de magistrados.
Desde cero
Acceso a la Justicia afirmó que la opción más acorde con la Constitución sería reformar la LOTSJ y desarrollar, por primera vez desde 1999, un procedimiento de designación plenamente ajustado al texto constitucional.
La ONG advirtió que en caso de continuar con el proceso en la etapa donde quedó suspendido, “sería indispensable incorporar garantías adicionales que permitan asegurar la máxima transparencia en la designación de magistrados independientes”.
Para la organización, la publicación de un baremo es de vital importancia, como lo expresa el artículo 73 de de la LOTSJ.
“Sin un baremo público es prácticamente imposible determinar si los seleccionados fueron los mejores calificados o solo los políticamente preferidos”, recalcó la ONG.
Comité técnico para fortalecer la credibilidad
Acceso a la Justicia señaló que un comité técnico independiente, integrado por especialistas nacionales e internacionales con reconocida experiencia en independencia judicial, incluidos representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), universidades y organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en justicia y Estado de derecho, podría fortalecer la credibilidad del proceso.
De acuerdo con la ONG, su función no sería sustituir las competencias del Comité de Postulaciones Judiciales ni de la AN, sino aportar una evaluación técnica, objetiva y verificable sobre el cumplimiento de los criterios previamente establecidos.
La organización considera que la evaluación independiente permitiría aumentar la confianza pública, reducir la discrecionalidad y ofrecer mayores garantías de que las designaciones respondan al mérito y no a consideraciones políticas.
Acceso a la Justicia concluyó que exigir transparencia, reglas claras, un baremo público y evaluaciones objetivas no es igual a defender a un candidato u otro. Significa defender el derecho de todos los venezolanos a contar con un Poder Judicial imparcial.
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