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Detención

TalCualDigital Ene 17, 2020 | Actualizado hace 7 días

El periodista Víctor Ugas, asistente parlamentario del diputado Gilber caro, fue excarcelado la madrugada del viernes 17 de enero tras casi un mes de detención.

La información fue confirmada por el partido Voluntad Popular y la organización no gubernamental Espacio Público. A Ugas se le detuvo junto al parlamentario mirandino el 20 de diciembre, sin que se conociera una orden o los motivos de la aprehensión.

Misle González, representante de la ONG Espacio Público, detalló que Ugas fue trasladado hasta su residencia a las 3:00 de la madrugada por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un comando adscrito a la Policía Nacional Boliviariana, y tiene una orden para no declarar a ningún medio de información.

Tras la detención de Gilber Caro y Víctor Ugas, sus abogados interpusieron distintos recursos en tribunales y ante distintos cuerpos policiales, pero se les negó información sobre su paradero. Por ello, la defensa aseveró que se estaba ante el delito de desaparición forzada.

El 10 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió las medidas cautelares a favor del periodista Víctor Ugas y solicitó al Estado venezolano cumplir con las prerrogativas otorgadas al diputado de la Asamblea Nacional Gilber Caro.

 

Los centros de detención son las nuevas cárceles donde se cobra, tortura y mata

‘CARLOS’ FUE DETENIDO POR funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 20 de febrero de 2019. Junto a otros dos hombres, le había robado el celular a una estudiante de bachillerato que caminaba en dirección a una estación del Metro de Caracas.

El trío fue apresado y trasladado hasta la estación policial de la parroquia de El Valle. Tres días después, fueron presentados ante el Tribunal 33 de Control del Área Metropolitana para la audiencia preliminar, y trasladados hasta la sede policial de La Yaguara, donde les indicarían el sitio de reclusión mientras esperaban su juicio.

“Tragué grueso cuando escuché al policía pronunciar mi nombre y asignarme la Zona 7, en Boleíta, como lugar de reclusión donde esperaría por mi juicio, pues sabía por los demás presos que esa prisión era la peor de Caracas”, relata ‘Carlos’, ahora en libertad.

“Los vamos a trasladar para Zona 7” es una frase amenazante con la que “los funcionarios policiales controlan a los presos revoltosos en los otros centros de detención de la capital”, cuenta el expresidiario.

Pero la llamada “Zona 7” no es una cárcel. En realidad forma parte de los más de 30 centros de detención preventivos (CDP) que existen en la Gran Caracas y que corresponden a los distintos cuerpos de seguridad (Policías de Baruta, Libertador, Chacao, El Hatillo, Sucre, PNB; Cicpc; Guardia Nacional; Sebin y Dgcim).

Un centro de detención preventiva está diseñado para resguardar temporalmente y por breves períodos a las personas detenidas por un cuerpo policial. La competencia de las policías municipales, estadales o de investigación está limitada a realizar las aprehensiones y las primeras diligencias que siguen al momento de la detención de las personas que presuntamente han cometido hechos punibles

En los calabozos un detenido no debería pasar más de 48 horas, explica Carlos Nieto Palma, abogado y coordinador general de Una Ventana a la Libertad, ONG que se dedica a la promoción y defensa de los derechos de la población carcelaria en el país.

Los CDP se han convertido en cárceles permanentes desde que la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, prohibió a través de una circular en 2011 el traslado de nuevos privados de libertad a recintos carcelarios sin su autorización, por lo que se mantienen en estos calabozos.

En el informe sobre la situación de los centros de detención preventiva durante el primer semestre de 2019, Una Ventana a la Libertad revisó 203 calabozos distribuidos en 15 estados, y con cupos para 3.734 personas. Hasta junio pasado, en estos 203 CDP se encontraban 19.028 detenidos.

 

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Alimentos Polar rechaza la detención arbitraria de cuatro de sus trabajadores
ALIMENTOS POLAR DENUNCIÓ este jueves la detención arbitraria de cuatro trabajadores de la planta de enlatados de Marigüitar, estado Sucre. La actuación, llevada a cabo por la Policía Municipal, ocurrió en horas de la tarde de este miércoles, luego de que culminara una visita de la Inspectoría del Trabajo.

La abogada de Alimentos Polar, Jormary Rodríguez, denunció la detención arbitraria de cuatro trabajadores de la planta de enlatados. “Entraron por la fuerza a nuestra instalación, luego de que culminara una reunión con los representantes de la Inspectoría del Trabajo, y la Policía Municipal se llevó detenidos al gerente de la planta y a un grupo de compañeros, violando el debido proceso y su derecho a la defensa”.

Rodríguez hace un llamado a las autoridades para que los trabajadores sean liberados de inmediato. “Nuestros compañeros no cometieron ningún delito que justifique pasar más tiempo detenidos, por eso exigimos su liberación”.

La empresa ejercerá todas las acciones legales que correspondan hasta que cesen las arbitrariedades cometidas en contra de estos trabajadores.

Asamblea Nacional denunció la detención de Gilber Caro

LA ASAMBLEA NACIONAL informó a través de su cuenta en twitter la detención del parlamentario Gilber Caro en horas de la madrugada.

“Denunciamos que en horas de la madrugada la dictadura nuevamente detuvo de manera arbitraria al diputado Gilber Caro violando su inmunidad parlamentaria. Hacemos responsable al régimen usurpador de la vida y la integridad del diputado”.

La denuncia también fue realizada por la diputada Adriana Pichardo a través de las redes sociales quien exigió la liberación inmediata del diputado.

“Exigimos liberar inmediatamente a nuestro diputado @gilbercaro secuestrado nuevamente por la tiranía de Venezuela. Cuánto daño le hacen a un ser que solo habla de libertad y democracia. Hacemos un llamado al mundo por este nuevo ataque a la Asamblea Nacional”, manifestó la diputada María Hernández del Castillo.

El partido político Voluntad Popular responsabilizó al gobierno de  Maduro de la integridad del dirigente.

Andrés Schloeter, ex concejal del municipio Sucre, también abogó por la liberación del político. “Nuevamente el régimen arremete en contra de aquellos que creemos en la democracia y detiene arbitrariamente al diputado”, señaló.

 

VARIOS ANALISTAS POLÍTICOS consultados por la DW ofrecieron su perspectiva ante una eventual detención del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tras juramentarse como presidente encargado de Venezuela el 23 de enero  y luego de que la impuesta asamblea constituyente le allanara su inmunidad parlamentaria por haber violado la prohibición de salida del país que sobre él pesaba.

Para el analista político del Instituto CATO, Juan Carlos Hidalgo, no es remota la posibilidad de que ocurra un encarcelamiento de Guaidó por parte de los órganos de seguridad del Estado al comparar su caso con lo ocurrido en 2014 con Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular y del que Guaidó forma parte.

Además, cree que entre la oposición hay una “mezcla de miedo y pasividad”, cosa que el Ejecutivo liderado por Nicolás Maduro sabe y explota, cosa que según su opinión no se ha sabido defender por la disidencia.

“López se entregó a las autoridades porque decía no tener nada que temer, pero alrededor de él había un millón de personas y ninguna hizo nada para evitar que lo apresaran”.

Por su parte, el profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Münster, Ivo Hernández, cree que es el Parlamento el que debe tomar medidas para proteger a Juan Guaidó de ser detenido y que al no actuar con celeridad en aplicar el “gobierno de transición”, pone cuesta arriba el procedimiento.

Eso lleva, de acuerdo al catedrático, a que se genere un nuevo escenario de diálogo con el Gobierno e incluso volver a ir a elecciones, con el agravante de que se contará con el mismo Consejo Supremo Electoral y se perderá en los comicios.

Mientras que la investigadora de la Universidad Helmut Schmidt de las Fuerzas Armadas Alemanas, Ana Soliz, considera que si detienen a Guaidó puede ocasionar más temor en la oposición y dar la sensación de que Maduro tiene el poder, aunque también puede provocar que hayan más protestas como las de 2014 y 2017 pero en esta oportunidad habría apoyo internacional.

 

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Luis Almagro reiteró respaldo a Roberto Marrero a 21 días de su detención
ROMY MOLINA, ESPOSA DEL DIRECTOR del despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americano (OEA), Luis Almagro, quien aprovechó para reafirmar su respaldo a Marrero, luego de su arbitraria detención, perpetrada por el régimen usurpador de Nicolás Maduro.
“Roberto Marrero está secuestrado, el secretario de la OEA nos ratificó todo su apoyo y compromiso por seguir denunciando esta violación a los Derechos Humanos. Roberto debe ser liberado porque es inocente y quienes hoy lo mantienen ahí secuestrado, lo saben”, afirmó Molina.
La esposa de Marrero explicó que el secretario general de la OEA manifestó su preocupación por el secuestro de su esposo, quien se encuentra detenido desde la madrugada del 21 de marzo del presente año, sin poder comunicarse con ella ni con sus demás familiares.
“No tengo comunicación con él, no sé cómo está, ni en qué condiciones se encuentra. No han permitido la visita familiar.”
Finalmente, Molina agradeció a Luis Almagro por el respaldo. “Gracias Secretario Luis por recibirnos hoy y también le agradezco al coordinador ante la OEA, David Smolansky y al representante especial Tarre Briceño por acompañarnos y como siempre dice mi esposo: Dios los bendiga.”
EEUU incluye al Bandes en sus sanciones tras detención de Roberto Marrero

ESTADOS UNIDOS SANCIONÓ al Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y sus filiales Banco Bicentenario, Banco de Venezuela; y Banco Prodem en Bolivia tras la detención de Roberto Marrero, jefe del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional.

La información fue confirmada por el Departamento del Tesoro de EEUU. Las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyen la prohibición de establecer vínculos comerciales con personas dentro de Estados Unidos o la movilización de fondos que se encuentren en cuentas de ese país.

Marrero fue detenido durante la madrugada del jueves 21 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Su vivienda fue allanada por los uniformados, quienes forzaron la puerta de la casa.

“La disposición del círculo íntimo de Maduro para explotar las instituciones de Venezuela no tiene límites. Los expertos del régimen han transformado al Bandes y sus subsidiarias en vehículos para trasladar fondos al exterior en un intento de apuntalar a Maduro”, aseveró el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.

 

 

El funcionario estadounidense además refirió que “Maduro y sus facilitadores han distorsionado el propósito original del banco, que fue fundado para ayudar al bienestar económico y social del pueblo venezolano, como parte de un intento desesperado de mantener el poder”.

La decisión del Departamento del Tesoro fue tomada en conjunto con el secretario de Estado, Mike Pompeo, con el objetivo de afianzar sanciones contra personas  “que operan en el sector financiero de Venezuela” para favorecer la permanencia de Maduro en el poder.

“El uso continuado del régimen de secuestros, torturas y asesinatos de ciudadanos venezolanos no será tolerado por los Estados Unidos ni por la coalición internacional que está unida detrás del presidente Guaidó. Roberto Marrero y otros presos políticos deben ser liberados de inmediato”, sentenció Mnuchin.

Las sanciones contra el Bandes también incluyen su filial en Uruguay, además de la inclusión en la lista OFAC del Banco Bicentenario, Banco de Venezuela y Prodem, con base en Bolivia.

CEV condenó detención de Roberto Marrero y allanamiento a residencia de Sergio Vergara

LA CONFERENCIA EPISCOPAL Venezolana rechazó la detención del abogado Roberto Marrero, asistente del presidente del parlamento, Juan Guaidó y el allanamiento de la residencia del diputado de la Asamblea Nacional Sergio Vergara.

“Esta instancia eclesial lamenta estas violaciones, y las denuncia ante los organismos pertinentes para que ejerzan y cumplan con las atribuciones que la constitución y las leyes le confieren, a fin de restablecer los derechos vulnerados a estos ciudadanos”, explica el comunicado divulgado este viernes.

La iglesia recordó a los funcionarios judiciales, fiscales del Ministerio Público y policías aprehensores, que no podrán justificar sus acciones alegando el cumplimiento de órdenes superiores. “Los delitos consecuentes de aquellas acciones son imprescriptibles”.

Explicó que “en concordancia con nuestra Carta Magna, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reitera que ningún individuo deberá ser aprehendido y privados de su libertad por decisiones arbitrarias”.