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Robos y vandalismo: 16 universidades venezolanas reportaron 331 situaciones delictivas
Según Aula Abierta, existe 80% de déficit en cuanto a personal de seguridad en las universidades del país

La Organización No Gubernamental Aula Abierta, ofreció informe sobre situación de las universidades en Venezuela, donde revela que los robos y destrozos  han dejado a las casas de estudio en «una situación mucho más comprometida de la que ya estaban».

Los datos dicen que se registraron unas 331 situaciones delictivas en 16 instituciones públicas de educación superior venezolanas, siendo enero el mes con mayores denuncias sobre daños y robos.

David Gómez Gamboa, docente y director de Aula Abierta, expresó a Voz de América que son muchos casos «pero solo hemos documentado 331 situaciones muy graves, que afectan fundamentalmente el derecho a la educación de calidad».

Casos de inseguridad universitaria

Asimismo, 186 casos de inseguridad en las casas de estudio impidieron las clases universitarias.

Otros 31 incidentes impactaron en la investigación académica y científica, y 76 episodios perjudicaron funcionamiento de espacios rústicos y de esparcimiento.

Las universidades que resultaron mayormente afectadas desde la suspensión de las clases se encuentran la de Los Andes (90 casos), la Universidad del Zulia (69 casos), la de Oriente (61 casos), la Central de Venezuela, en Caracas (56 casos) y la de Carabobo (14 casos).

Igualmente, existe 80% de déficit en cuanto a personal de seguridad en las universidades del país, reseñó La Voz de América.

Servicios estudiantiles afectados

Los servicios (comedor, biblioteca y aulas) de las instituciones de educación superior también fueron afectadas.

Según Gómez, «siete incidentes han afectado la vida e integridad personal de universitarios y guarda-custodios de bienes universitarios».

El director de Aula Abierta, destacó que el gobierno de Maduro, atenta contra la autonomía y «funciones propias» de la universidad.

Esto llevó a la «precariedad» y a una «práctica sistemática de asfixia presupuestaria».

Señaló que existen unas 50 sentencias del ámbito judicial que están en contra de la funcionalidad propia universitaria.

Deterioro del sistema educativo

En el gobierno de Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, se consignaron alrededor de 5% del presupuesto requerido para un funcionamiento cabal de las universidades.

Asimismo, durante su recorrido en la Universidad Central de Venezuela, Maduro culpó a las autoridades de la institución del abandono que había presenciado.

Donde dijo que habían «avanzado mucho en la recuperación de los espacios arquitectónicos y estructurales de la UCV. La vamos a recuperar y la vamos a dejar bella”.

Elevar la calidad educativa

Tibisay Lucena designada hace dos meses como ministra de Educación Superior, y prometió «elevar la calidad de la educación».

Sin embargo, Gómez dice que la «carencia» de la universidades van de la mano con lo que sucede en la política, «estamos frente a un régimen autoritario y este no permite la producción científico libre».

Concluyó en que «al crítico no le gusta el debate crítico. En consecuencia, ponen en blanco de ataque a los universitarios».

Encuentro Latinoamericano de Estudiantes por los DDHH tendrá lugar en Caracas
El evento contará con la participación de ocho países de Latinoamérica a través de plataformas digitales

Con la participación de ocho países, se llevará a cabo en Caracas entre el 1 y el 3 de diciembre, el Encuentro Latinoamericano de Estudiantes por los Derechos Humanos.

En el evento, donde intervendrán representantes de docentes, centros universitarios de DD HH y la sociedad civil, estarán estudiantes de Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y por supuesto Venezuela.

El acto es organizado por Aula Abierta y la Federación de Estudiantes por los Derechos Humanos.

El encuentro se enfoca en impulsar la Red Latinoamericana de Estudiantes Universitarios por los Derechos Humanos, asimismo crear el tejido necesario para promover y defender la educación como pilar fundamental.

Christy Martínez, representante de la Coordinación Universitaria por la Democracia y la Justicia de Nicaragua,  señaló que los jóvenes de su país siempre han desempeñado un papel fundamental en defensa de los derechos humanos.

«Entendemos que la educación es un derecho humano y pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad. A lo largo de la historia, distintos gobiernos han intentado pisotear los derechos del estudiantado y silenciar a las universidades porque allí es donde nace el pensamiento libre», expresó Martínez.

El coordinador nacional de Es Libertad Chile, Daniel Bogdanovic, destacó que estas actividades son primordiales para los universitarios.

«Debemos trabajar para que en naciones como Venezuela, Cuba y Nicaragua dejen de vulnerarse los DD HH», indicó Bogdanovic.

Para participar en el encuentro los interesados deben llenar un formulario, así como estar pendientes de toda información al respecto compartida en la redes sociales de las instituciones Aula Abierta y Federación de Estudiantes por los Derechos Humanos.

 

 

Radiografía de la educación básica: Más de 1.21 millones de estudiantes abandonaron las aulas en tres años
Desde el año 2018 han emigrado unos 530 mil estudiantes (43.7%), mientras que unos 682 mil, (56.3%) aún permanecen en el país

 

Más de 1.21 millones de estudiantes venezolanos han abandonado las aulas de clases desde el año 2018, según los resultados de la Encuesta Nacional de Establecimientos Educativos (ENEED 2021), presentada este martes, 9 de noviembre.

Los datos recolectados en el estudio, realizado por la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), junto con las organizaciones Anova Policy Research y Devtech Systems, demuestran que la disminución de la matricula escolar, que para el año 2018 se ubicaba en 7.71 millones, actualmente es de 6.50 millones, una reducción de 15.7%. 

A la deserción escolar se suman carencias en infraestructura y servicios básicos y el impacto negativo de la suspensión de las actividades presenciales por la pandemia del COVID-19.

Según los cálculos del estudio, desde el año 2018 han emigrado unos 530 mil estudiantes (43.7%), mientras que unos 682 mil, (56.3%) aún permanecen en el país. Con estas cifras, la deserción escolar se ubica en en 1,21 millones de estudiantes de educación básica.

Entre los principales motivos de inasistencia escolar, el estudio señala que la falta de comida en el hogar fue la principal razón por la cual los estudiantes abandonaron la escuela (45.6%). Le siguen los altos precios de los útiles e implementos (30.2%), la falta de servicios básicos (24.5%), trabajar como obligación (24.3%), no querer seguir estudiando (19.1%), no considerar el estudio como importante (16.8%), costo del transporte (30.2%), necesidad de ayudar en las tareas del hogar (14.4%) y la inasistencia de docentes (13.4%).

Sin profesores 

El diagnóstico de educación básica, para el cual cual fueron consultados 399 centros educativos a nivel nacional, determinó que el número total de profesores de educación inicial, básica y media es de aproximadamente unos 502.6 mil en todo el país, lo cual implica una una disminución de docentes activos de 24.9% en comparación con los datos registrados en el año 2018.

Según los cálculos del estudio, se estima que hay una deserción docente aproximada de unos 98.3 mil, de estos, 68 mil han emigrado del país (40.9%) en busca de mejores condiciones de vida. 

Según cifras del diagnóstico de personal docente, del total nacional de profesores de educación básica y media, 71.1% son docentes integrales y 28.9% especializados. De la misma manera, según su nivel de dedicación laboral 87.5% son titulares, 10.7% interinos y el restante (1.8%) voluntarios.

Infraestructura decadente, fallas en servicios básicos y el PAE

Basados en los datos aportados por los colegios consultados, se concluye que la mayoría de las escuelas tienen grandes carencias en infraestructura, principalmente, la ausencia de servicios de salud (93%), bibliotecas (48%) y canchas deportivas (43%).

Los servicios básicos no escapan, pues la mayoría de las escuelas afirmó que tienen fallas con el agua por tuberías (56,6%), electricidad (69,9%), e internet (85,7%).

Sobre el acceso al transporte público, 83% de las autoridades consultadas afirmó que sus estudiantes se van caminando a las escuelas, 10% utiliza autobuses, 2% vehículo particular y menos del 2% de las instituciones cuenta con transporte para los estudiantes y menos del 1% ofrece dicho servicio para los profesores. 

*Puede leer más aquí: Cuidado de la salud física y mental debe ser la prioridad en la vuelta a clases

Respecto a la alimentación el 48.8% de los estudiantes dijo comer menos de tres veces al día y se estima que 56,9% se encuentra en situación de vulnerabilidad alimentaria. 50% de los docentes reportó haber perdido entre 6 y 15 kilogramos de peso en los últimos dos años y 85,7% dijo no contar con seguro médico.

A pesar de que el 90,2% de los colegios reportó estar afiliado al Programa de Alimentación Escolar (PAE), el 83,6% califica el servicio de regular a negativo, pues solo 32,27% de los colegios recibe el servicio todos los días de clases y 36,67% varias veces a la semana.

Un análisis a la comprensión lectora 

Sobre la Evaluación de Nivel de Lectura Temprana (EGRA, por sus siglas en inglés), los estudiantes consultados demostraron que comprenden el contenido de una lectura cuando esta es leída en voz alta por otra persona.

Más de la mitad (52%) de los estudiantes respondió de forma correcta cuatro de cuatro preguntas de compresión oral y (62%) es capaz de responder seis de seis preguntas de comprensión de la lectura después de haber leído el pasaje. Sin embargo, cuando se analizan los módulos de fluidez lectora y decodificación, la gran mayoría de los estudiantes de la muestra (68%) de tercer grado lee con rezago (bajo 10%, moderado 17% y alto 41%).

Más del 40% de los estudiantes de la muestra solo lee 64 palabras por minuto (ppm) o menos cuando deberían estar leyendo entre 85-90 ppm, y por consecuencia, presentan dificultad para leer de manera fluida.

Aula Abierta: Clases presenciales ameritan vacunación masiva
Para la ONG el retorno a aulas en las universidades depende de un proceso de vacunación masiva

Para Karla Velazco, subdirectora de la organización no gubernamental venezolana Aula Abierta, el inicio de clases presenciales en las universidades depende de un proceso de vacunación masiva contra la COVID-19 de estudiantes, profesores, personal administrativo y obrero.

Nicolás Maduro ha asomado en reiteradas oportunidades que las clases presenciales podrían reanudarse en octubre de 2021 “con todas las medidas de bioseguridad”. 

A juicio de Velasco, actualmente no hay condiciones favorables para el reinicio de clases

“No tenemos cifras de personal universitario vacunado, para un eventual retorno a las aulas es necesario que todos tengan la inmunización”, dijo Velazco.

La subdirectora de Aula Abierta indicó que no solo la vacunación conspira para la vuelta a las universidades, también otros factores característicos de un país con una crisis humanitaria compleja. 

La asfixia presupuestaria a la que ha sido sometida la comunidad universitaria ha afectado las condiciones de infraestructura y organizativas mínimas para impartir conocimiento. La insuficiencia salarial a profesores y demás personal, quienes no cuentan con los insumos y equipos para garantizar condiciones de bioseguridad y la deficiencia en la prestación de servicios públicos como agua, electricidad e internet”, indicó Velazco. 

La coordinadora de la ONG venezolana sostuvo que este compendio de calamidades ha provocado la deserción no solo de estudiantes, sino también de profesores. 

“Durante 2020 y 2021 se documentó nuevamente una disminución en el número de estudiantes que se inscribieron y cursaron matrículas estudiantiles en al menos cuatro de las principales universidades autónomas nacionales de Venezuela como la Universidad Central de Venezuela, Universidad de Los Andes, Universidad del Zulia y Universidad de Oriente”.

De acuerdo con Aula Abierta, desde marzo de 2020 y hasta mayo de 2021 se reportaron al menos 272 incidentes de hurtos y robos en distintas universidades.

“La infraestructura universitaria ha sido desmantelada por todos los incidentes de seguridad. Es muy difícil hablar de un regreso presencial en estas condiciones”. 

La educación es indetenible  

Para Aula Abierta, la educación no escapa a la crisis generalizada en Venezuela. 

“La emergencia humanitaria compleja afecta a todos los niveles educativos y en situación de pandemia es aún más crítica. El estudiantado y profesorado padece la pérdida de su poder adquisitivo, no cuenta con herramientas digitales necesarias, además las constantes fallas de electricidad e internet vulneran el derecho a la educación y con él la libertad académica”, aseveró la subdirectora de la ONG, Karla Velazco. 

A juicio de Velazco el proceso educativo debe seguir, no puede detenerse. 

“La educación es la luz de la sociedad que permite el avance y el desarrollo. Toda sociedad democrática depende de la educación y la libertad académica. Por eso desde Aula Abierta afirmamos ‘sin universidades no hay democracia’. El futuro se ve poco alentador, pero es imprescindible que la comunidad universitaria se mantenga en pie exigiendo el respeto a sus derechos a nivel nacional e internacional y aportar propuestas de soluciones. No podemos permitir que se cierre la cuna del conocimiento científico, eso sería acabar con el desarrollo y el progreso. Las generaciones presentes y las futuras merecen una formación de calidad que les permita alcanzar sus metas y sueños”, manifestó Velazco.  

Para Velazco el principal desafío de las organizaciones en Venezuela es hacerle frente a las amenazas y acciones del gobierno como la providencia administrativa 002-2021, que obliga a establecer un registro de ONG para intervenir en sus funciones y financiamiento. 

“Afrontamos un riesgo de seguridad personal de nuestros miembros como lo padecen todas las ONG en Venezuela debido a las represalias por parte del régimen y en ese sentido está la detención de miembros de Azul Positivo y Fundaredes por nombrar algunos. En nuestro caso, que defendemos derechos universitarios, el grado de riesgo es mayor; es público y notorio la persecución a líderes estudiantiles, profesores y autoridades universitarias que denuncian las violaciones a sus derechos como la libertad académica, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a la educación o transgresión a la autonomía universitaria”, concluyó.

Los que no se rinden | Aula Abierta: Clases presenciales ameritan vacunación masiva 
Karla Velazco, subdirectora de la ONG, indicó que no manejan cifras de personal universitario inmunizado 

Para Karla Velazco, subdirectora de la organización no gubernamental venezolana Aula Abierta, el inicio de clases presenciales en las universidades depende de un proceso de vacunación masiva contra la Covid-19 de estudiantes, profesores, personal administrativo y obrero.

Nicolás Maduro ha asomado en reiteradas oportunidades que las clases presenciales podrían reanudarse en octubre de 2021 “con todas las medidas de bioseguridad”. 

A juicio de Velasco, actualmente no hay condiciones favorables para el reinicio de clases

“No tenemos cifras de personal universitario vacunado, para un eventual retorno a las aulas es necesario que todos tengan la inmunización”, dijo Velazco.

La subdirectora de Aula Abierta indicó que no solo la vacunación conspira para la vuelta a las universidades, también otros factores característicos de un país con una crisis humanitaria compleja. 

La asfixia presupuestaria a la que ha sido sometida la comunidad universitaria ha afectado las condiciones de infraestructura y organizativas mínimas para impartir conocimiento. La insuficiencia salarial a profesores y demás personal, quienes no cuentan con los insumos y equipos para garantizar condiciones de bioseguridad y la deficiencia en la prestación de servicios públicos como agua, electricidad e internet”, indicó Velazco. 

La coordinadora de la ONG venezolana sostuvo que este compendio de calamidades ha provocado la deserción no solo de estudiantes, sino también de profesores. 

“Durante 2020 y 2021 se documentó nuevamente una disminución en el número de estudiantes que se inscribieron y cursaron matrículas estudiantiles en al menos cuatro de las principales universidades autónomas nacionales de Venezuela como la Universidad Central de Venezuela, Universidad de Los Andes, Universidad del Zulia y Universidad de Oriente”.

De acuerdo con Aula Abierta, desde marzo de 2020 y hasta mayo de 2021 se reportaron al menos 272 incidentes de hurtos y robos en distintas universidades.

“La infraestructura universitaria ha sido desmantelada por todos los incidentes de seguridad. Es muy difícil hablar de un regreso presencial en estas condiciones”. 

La educación es indetenible  

Para Aula Abierta, la educación no escapa a la crisis generalizada en Venezuela. 

“La emergencia humanitaria compleja afecta a todos los niveles educativos y en situación de pandemia es aún más crítica. El estudiantado y profesorado padece la pérdida de su poder adquisitivo, no cuenta con herramientas digitales necesarias, además las constantes fallas de electricidad e internet vulneran el derecho a la educación y con él la libertad académica”, aseveró la subdirectora de la ONG, Karla Velazco. 

A juicio de Velazco el proceso educativo debe seguir, no puede detenerse. 

La educación es la luz de la sociedad que permite el avance y el desarrollo. Toda sociedad democrática depende de la educación y la libertad académica. Por eso desde Aula Abierta afirmamos ‘sin universidades no hay democracia’. El futuro se ve poco alentador, pero es imprescindible que la comunidad universitaria se mantenga en pie exigiendo el respeto a sus derechos a nivel nacional e internacional y aportar propuestas de soluciones. No podemos permitir que se cierre la cuna del conocimiento científico, eso sería acabar con el desarrollo y el progreso. Las generaciones presentes y las futuras merecen una formación de calidad que les permita alcanzar sus metas y sueños”, manifestó Velazco.  

Para Velazco el principal desafío de las organizaciones en Venezuela es hacerle frente a las amenazas y acciones del gobierno como la providencia administrativa 002-2021, que obliga a establecer un registro de ONG para intervenir en sus funciones y financiamiento. 

“Afrontamos un riesgo de seguridad personal de nuestros miembros como lo padecen todas las ONG en Venezuela debido a las represalias por parte del régimen y en ese sentido está la detención de miembros de Azul Positivo y Fundaredes por nombrar algunos. En nuestro caso, que defendemos derechos universitarios, el grado de riesgo es mayor; es público y notorio la persecución a líderes estudiantiles, profesores y autoridades universitarias que denuncian las violaciones a sus derechos como la libertad académica, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a la educación o transgresión a la autonomía universitaria”, concluyó.

Francisco Zambrano Jun 18, 2021 | Actualizado hace 3 años
La UCV lucha para vencer las sombras
Con un presupuesto minúsculo, autoridades, docentes y estudiantes recurren a iniciativas de autogestión para mantenerse a flote en la víspera de sus 300 años  

@franzambranor

Antes que el país obtuviera su independencia en 1810, ya la Universidad Central de Venezuela había sido inaugurada en 1721 por el rey Felipe V de España. En este 2021, la principal casa de estudios de la nación cumple 300 años en medio de una severa crisis estructural que agrupa a estudiantes, docentes y personal en general. 

La UCV es la universidad más antigua del país y ha resistido las dictaduras de Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez y los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que han pretendido introducir sus tentáculos entre las autoridades y centro de estudiantes.

En el año 2000, la UCV fue declarada Patrimonio de la Humanidad, pero hoy en día la desidia, precarias condiciones de su estructura, hiperinflación, migración de profesores y estudiantes, además de la violencia han atentado contra su autonomía.

En junio de 2020, el techo del corredor número 5 colapsó  y encendió las alarmas sobre el mantenimiento de la sede, la asfixia financiera a la que es sometida la casa que diseñó el arquitecto Carlos Raúl Villanueva ha sido denunciada por su rectora Cecilia García Arocha; solo 2,27% del presupuesto solicitado fue aprobado por el gobierno de Maduro en este 2021, mientras que para investigación recibió el visto bueno apenas un 8%. 

Un profesor universitario gana a lo sumo un equivalente a cinco dólares en bolívares por mes, cantidad que promueve la deserción y la migración de docentes a otras profesiones, mientras un obrero percibe mensualmente un promedio de $3. 

Aunado a esto, la pandemia de la COVID-19 tampoco ayudó a elevar la moral de los ucevistas, las deficiencias de la conexión de internet y los constantes cortes y fluctuaciones de electricidad juegan en contra de la educación.

Debido a la escasez de personal de seguridad, los hurtos se han incrementado. Solo en el Instituto de Medicina Tropical se produjeron 120 en 2020.

La soledad en las áreas comunes ha generado la acumulacion de desechos y basura, además de la presencia de indigentes que habitan dentro de las instalaciones. 

Pese a todas las dificultades, la UCV fue catalogada como la número 1 del país en el QS University Rankings 2022 y la 41 en América Latina.  

Regla T en mano

Cuando el actual decano de arquitectura, Gustavo Izaguirre, era coordinador administrativo de la facultad en 2006, el presupuesto de la UCV rondaba los 300 millones de dólares anuales y el de su escuela era cercano a los $748 mil. 

El Estado quebró: ¿Es el fin de la universidad pública de calidad?

Actualmente el presupuesto de la universidad no llega a los 3 millones de dólares anuales y el de la facultad de Arquitectura difícilmente se ubica en 10 mil.

A través de una colecta o ProFound en la Facultad de Arquitectura se logró llevar a cabo en 2020 un semestre ordinario de manera telemática con una participación de 80 por ciento de los profesores y 81% de los estudiantes.

“Esto nos ha permitido conseguir recursos y mejorar el salario de algunos profesores. El Consejo de Facultad no ha dejado de sesionar cada quince días”, dijo Izaguirre.

De acuerdo con Izaguirre, las contribuciones han permitido recuperar el cerco eléctrico, adquirir 12 cámaras para vigilancia permanente, mejorar el sistema de iluminación y llevar a cabo actividades de limpieza. 

“Estos esfuerzos son para la protección de nuestras instalaciones. La facultad de arquitectura necesita al menos 11 mil dólares mensuales para tener la planta física en buenas condiciones y obviamente es algo que no tenemos, por eso hacemos esfuerzos para mantenernos de pie”, dijo Izaguirre. 

El decano de arquitectura sostuvo que el mantenimiento de la facultad es exclusiva responsabilidad del Estado. “Hemos confrontado problemas serios de presupuesto desde 2007, pero a partir de 2012 la situación ha sido realmente catastrófica”. 

Izaguirre manifestó que los niveles de deserción de estudiantes y profesores serán medibles una vez concluya la pandemia.

“Es difícil dar un número en este momento, los estudiantes están viendo todas las materias, hemos efectuado actividades con egresados para conseguir recursos e incluso para que ellos den clases en pregrado”. 

El decano indicó que en 2020 hicieron una actualización de las investigaciones y se recibieron alrededor de 70 ponencias. “Julio es el mes del arquitecto y en ese sentido tenemos preparadas varias actividades para honrar a nuestra gente”. 

Jueves de debate 

Para Jennifer García, directora de escuela de Trabajo Social, la UCV se mantiene gracias al sacrificio del personal docente y administrativo y la perseverancia de los estudiantes.

Aunque ha habido una notable merma en la cifra de profesores y estudiantes que hacen vida en la universidad, García aseguró que la inexistencia de un sistema de control de estudios desde hace cinco años por la eliminación del presupuesto impide hacer una proyección de cuantos han abandonado la casa de estudios.

De acuerdo a la ONG Aula Abierta, la deserción en las universidades del país se ubica entre el 40 y 50%. Según Aula Abierta las principales causas tienen que ver con transporte, comedor, ausencia de becas estudiantiles y necesidad de incorporarse al mercado laboral para ayudar a la familia.

“Los profesores han duplicado sus jornadas simplemente por una cuestión de compromiso, la mayoría ha tenido que recurrir a trabajos paralelos para subsistir en medio de la crisis”, dijo García. 

García indicó que las redes sociales han sido una poderosa herramienta en tiempos de pandemia y crisis generalizada. 

“La iniciativa es mantener encendido el debate a través de redes sociales, denunciar los problemas y buscar soluciones”. 

La directora de la escuela de Trabajo Social sostuvo que todos los jueves a las 4 de la tarde invitan a una personalidad a profundizar sobre un tema en específico. “Lo llamamos Jueves de Academia y eso nos ha abierto una ventana importante de participación”. 

Al igual que otras escuelas, la de Trabajo Social se ha visto en la obligación de impartir cursos y promover eventos para su autogestión.  

“Próximamente estaremos ofreciendo diplomados con un costo accesible para nuestros egresados y demás profesionales”. 

Manifestó también que empresas han hecho aportes en equipos y materiales para la escuela, que en más de una oportunidad se ha visto afectada por el vandalismo. 

García sentenció que en el caso de las clases a distancia han tenido que ser flexibles para poder mantenerse activos. 

“El vicerrectorado académico puso a disposición un campus virtual, donde tenemos acceso a información diversa, la biblioteca central creó un portal web, además los profesores nos hemos estado formando gracias al Sistema de Actualización Docente del profesorado de la UCV, el cual tiene talleres y cursos que son totalmente gratuitos o con un costo bajo”.

“Lo que nos identifica es que tenemos sentido de pertenencia e identidad ucevista y también lo hacemos por los estudiantes porque son ellos quienes nos van a ayudar a reconstruir este país”, salió al paso el profesor de Trabajo Social, José Ibarra. 

Formación en tiempos adversos

El Sistema de Actualización Docente del Profesorado de la UCV  (Sadpro) es una dependencia adscrita al vicerrectorado académico que funciona desde 1978 y su objetivo es la formación de docentes en áreas generales como profesionalización, tecnología y currículo. 

Su director Jorge Altuve sostuvo que pese a la crisis humanitaria compleja que padece Venezuela y la reciente situación del COVID-19, el programa se ha mantenido gracias a la mística de los profesores en la UCV. 

“En estos 43 años hemos sido vanguardia a nivela nacional e internacional y destaco específicamente el programa Aletheia, cuyo objetivo es formar a profesores a través de cursos de 120 horas de duración, esta era una dinámica que era casi totalmente a distancia y ahora debido a la pandemia es 100%. Durante la cuarentena hemos formado a 69 profesores”, dijo Altuve. 

El director de Sadpro aseguró que a diferencia de años anteriores, en 2020 y 2021 han crecido.  

Asimismo, Altuve hizo hincapié en el Programa de Formación para el Cambio que pasó a ser el primer programa de formación en contingencia para profesores. “Aquí han salido beneficiados alrededor de 4 mil personas, no solo de la UCV, sino también de otras universidades, de otros niveles del sistema educativo, empresas, ONG e instituciones”. 

Altuve indicó que todos los proyectos los han desarrollado sin presupuesto y con la colaboración de personas y entes preocupados por la educación en Venezuela. “Los números demuestran que el crecimiento se ha multiplicado, hemos contado con la participación de cerca de una veintena de profesores que están fuera del país”. 

En 2021, Sadpro planea poner sobre el tapete el tema del currículo de los profesores y las implicaciones que tiene que ver la pandemia en ello. 

Altuve dijo que los talleres y cursos no solo son para que los profesores escuchen ponencias interesantes sino para que empleen herramientas tecnológicas como videos, WhatsApp, Telegram, el campus virtual de la UCV y demás redes sociales para interactuar y actualizarse. 

“Esta es una excelente oportunidad para reinventarnos, los tiempos de crisis son los mejores para el cambio definitivamente”.

Aula Abierta: Universitarios y ONG exigen una salida a la crisis educativa
La exigencia se formula mediante un comunicado, donde se demanda respeto a la autonomía universitaria, rechazando la migración de la nómina universitaria a la plataforma Patria

Universitarios y organizaciones de la sociedad civil exigieron al Estado venezolano que presente un plan para atender la crisis del sector educativo superior, acordado con los actores de la vida universitaria, que garantice el reinicio total de las actividades académicas bajo condiciones dignas.

La exigencia se formula mediante un comunicado, donde se demanda respeto a la autonomía universitaria, rechazando la migración de la nómina universitaria a la plataforma Patria, reseñó una nota de prensa de Aula Abierta.

“Exigimos al Estado Venezolano que respete la autonomía universitaria, cese las persecuciones, injerencias, asfixia presupuestaria, becas estudiantiles y salarios con montos irrisorios como práctica de represión a libertad académica en las universidades”, expone el documento entre los ocho términos manifestados.

También, quienes suscriben el comunicado, demandaron un pronunciamiento por parte de los organismos internacionales y denunciaron que los profesores no tienen atención médica, ni servicios y programas que componen su seguridad social.

Se resalta que la “asfixia presupuestaria” es la causa de una crisis agravada que pone a los trabajadores en condiciones de pobreza extrema –según estándares internacionales como las Naciones Unidas– y a una comunidad estudiantil sin providencias esenciales como rutas de transporte, comedores, residencias, bibliotecas y becas.

“La crisis universitaria no es parcial, es sistémica, es inédita en América Latina dada sus dimensiones y profundidad. Su solución se inscribe en la perspectiva de los derechos humanos, es por eso que aunque los esfuerzos de los universitarios y la sociedad en general, dentro y fuera del país, son muy importantes para generar soluciones, estos no son suficientes”.

A continuación el comunicado íntegro:

Los universitarios venezolanos exigimos soluciones a la crisis de las universidades

En la última década los problemas de las instituciones de educación superior se han agravado exponencialmente. El Estado venezolano ha violentado la autonomía y reducido el presupuesto universitario; desconoce los compromisos laborales que contrajo con sus trabajadores y abandonó la obligación de proteger y promover el bienestar de sus estudiantes.

La irrupción provocada por la actual pandemia ha agudizado la crisis de la universidad venezolana. Entre marzo del año 2020 y abril del 2021, develó los obstáculos que genera para la educación superior contar con la conectividad más deficiente de América Latina, el colapso casi total de los servicios públicos y la destrucción sostenida del patrimonio científico nacional, como consecuencia de más de dos centenas de actos vandálicos contra las universidades.

La reiteración por parte del Estado venezolano de las políticas para el sector universitario que provocaron que diversas casas de estudios superiores y la Asamblea Nacional declararan

a “Emergencia Humanitaria Compleja en el 2018”, junto a los problemas derivados de la pandemia, han profundizado las limitaciones de funcionamiento de las universidades. El deterioro de las instituciones de educación superior produce daños invaluables a los universitarios y al país, en especial en el contexto actual, en el cual la ciencia es el principal recurso de la humanidad para superar la realidad que vive.

En la actualidad todo el personal docente, administrativo y obrero universitario perciben remuneraciones que les condenan a vivir en pobreza extrema, obligándoseles a buscar otros trabajos que financien su permanencia en la universidad. El presupuesto universitario del 2021 aprobado para las instituciones de educación superior en ninguna universidad supera el 5% de lo solicitado y de ese total, sólo envía una quinta parte, lo que  hace aún más inviable el funcionamiento de estas casas de estudio. Esta realidad presupuestaria, incide directamente en los recursos que reciben las asociaciones de profesores y los Institutos de Previsión Social, dejando a los profesores sin atención médica y demás servicios y programas que componen su seguridad social.

La política de Estado de exclusión de las asociaciones de profesores de los espacios públicos de discusión ha incidido en los salarios de extrema pobreza del profesorado. El Estado reiteradamente estimula de paralelismo sindical y excluye a estas organizaciones en los procesos de discusión de normas colectivas que regulan las relaciones laborales.

La crisis universitaria también ha alcanzado a los sistemas de desarrollo estudiantil que protegen a los estudiantes y las estudiantes, y favorecen su prosecución académica, estos prácticamente han desaparecidos, excluyéndose del derecho al estudio a la juventud universitaria socialmente más vulnerables.

A los estudiantes universitarios en Venezuela no se les garantiza providencias estudiantiles esenciales  como: rutas de transporte, comedores, residencias, bibliotecas y  becas estudiantiles; por concepto de beca estudiantil se paga un monto  de Bs.S. 1.440.000,00 monto cuya equivalencia no alcanza USD$1 según el cambio oficial y que se paga a través del Sistema PATRIA, sin pasar por las arcas de las Universidades violentando la Autonomía financiera de las mismas. Además no cuentan con financiación para desarrollar programas y proyectos para desarrollar actividades de investigación y extensión, deteriorándose progresivamente la academia y la producción de conocimiento científico.

La continuidad de las políticas del Estado venezolano que provocan la crisis en las universidades, evita que estas reinicien sus actividades académicas, lo que genera una crisis social de gran magnitud, cuya expresión más preocupante es el abandono forzado de los jóvenes de sus estudios universitarios, un hecho que ocurre en contra de su voluntad, en contra de su proyecto de vid y en contra, generalmente, de la única posibilidad que tenían de formarse profesionalmente.

La crisis universitaria no es parcial, es sistémica, es inédita en América Latina dada sus dimensiones y profundidad. Su solución se inscribe en la perspectiva de los derechos humanos, es por eso que aunque los esfuerzos de los universitarios y la sociedad en general dentro y fuera del país son muy importantes para generar soluciones estos no son suficientes.

La acción de corresponsabilidad social de quienes están comprometidos con las universidades siempre ayuda y ha permitido, aunque en forma parcial el funcionamiento de las universidades. Su valor es ético y edificante en términos de compromiso ciudadano. Sin embargo, la variedad y magnitud de los problemas actuales, demanda soluciones cuyas dimensiones y sostenibilidad son imposibles de alcanzar sin la intervención del (los) Estado (s).

La educación de calidad en todos sus niveles y modalidades, en este caso la universitaria, es una puerta a otros derechos y una vía para alcanzar una vida digna. Es un activo que le pertenece a las sociedades en las que el desarrollo es una apuesta permanente y, en consecuencia, se debe convertir en el sustrato de sus políticas públicas. Por tal motivo, quienes suscribimos este comunicado:

  1. Demandamos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que exijan medidas concretas al Estado venezolano para enfrentar la Emergencia Humanitaria que vive el sector universitario.
  2. Denunciamos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,  la situación de desatención en salud por la que atraviesan los docentes, estudiantes y trabajadores universitarios, lo que incrementa su condición de población vulnerable.
  3. Exigimos que el Estado venezolano: cese la intervención judicial contra las universidades; presupuestos acordes para su funcionamiento; revertir la medida de confiscación de la nóminas del personal universitario a través del sistema patria; Becas justas, servicios de comedor y transporte para los estudiantes, y remuneraciones suficientes para  los docentes, empleados y obreros.
  4. Reclamamos que el Estado venezolano cumpla sus compromisos con el sistema de salud y seguridad social de los universitarios.
  5. Solicitamos al Estado venezolano que presente un plan de emergencia para atender la crisis de las universidades, acordado con los actores de la vida universitaria, que garantice el reinicio total de las actividades académicas de las instituciones de educación superior en condiciones dignas.
  6. Exigimos al Estado Venezolano que respete la autonomía universitaria, cese las persecuciones, injerencias, asfixia presupuestaria, becas estudiantiles  y salarios con montos irrisorios como práctica de represión a libertad académica en las universidades.
  7. Reiteramos nuestro compromiso con la universidad y la democracia venezolana, por lo que colocaremos nuestros mejores esfuerzos en la defensa de los derechos humanos que solo ellas garantizan.
  8. Convocamos a la sociedad en general a movilizarnos en favor del restablecimiento inmediato y a cabalidad de las actividades de la universidad venezolana. Sin universidades no hay democracia, sin democracia no hay desarrollo.
Los que no se rinden | Aula Abierta: plataforma a favor de la educación universitaria
La ONG registró 175 actos vandálicos a casas de estudio superiores en 2020

@franzambranor

Desde su creación, la ONG Aula Abierta ha servido para denunciar los atropellos que se cometen en la educación superior venezolana y luchar por la libertad académica. 

De acuerdo a esta organización, 175 actos vandálicos se produjeron en 2020 en doce universidades del país. Tan solo en la primera semana de 2021, la ONG registró ocho asaltos a instituciones públicas universitarias.

Las universidades más afectadas desde marzo de 2020, fecha en la que empezó la cuarentena, son la Universidad Central de Venezuela, la Universidad del Zulia, Universidad de los Andes y Universidad de Oriente. 

“Estos actos comprometen seriamente el desarrollo de actividades docentes y de investigación académica. Además representan una violacion a la autonomía universitaria y la libertad académica”, denunció la ONG a través de su cuenta de Twitter, @AulaAbiertaVE.

En el informe Incidentes de seguridad en universidades durante la cuarentena con ocasión del covid-19: un reto para la libertad académica y la educación de calidad, la ONG expone cada uno de los ataques que sufrió la comunidad universitaria y su preocupación porque estos hechos violentos tengan una repercusión negativa en la educación de los alumnos.

Tomando en cuenta las necesidades de jóvenes universitarios y la vulnerabilidad del sistema no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica, Aula Abierta surgió como una necesidad para darle voz a los miembros de la comunidad educativa.

Promover iniciativas de estudiantes, profesores e investigadores en Latinoamérica con especial énfasis en los derechos humanos, es uno de los principales objetivos de Aula Abierta. Utilizando a la comunidad universitaria como punto de referencia, la ONG defiende el derecho a la educación, la libertad académica y el derecho a la manifestación pacífica y ciudadana. 

Para Aula Abierta es fundamental que los actores principales de las universidades actúen en redes con la finalidad de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de visibilizar y denunciar los atropellos a los derechos humanos a los que son sometidos estudiantes y profesores en Venezuela.

La ONG no solo se queda en la etapa de denuncia, sino que traza estrategias de incidencia ante instituciones de derechos humanos a nivel mundial.

En Venezuela, Aula Abierta hace hincapié en que la educación superior debe ser trazada y supervisada por los entes competentes y no por organismos ajenos, especialmente por aquellos vinculados al gobierno nacional. 

La educación universitaria no tiene con qué aprobar 

Retos para 2021

Entre los muchos retos que se plantea la comunidad universitaria para 2021 están el ajuste salarial apropiado para profesores y personal, el eventual retorno a clases presenciales, la protección de las instalaciones ante los constantes ataques, renovación de autoridades con períodos vencidos y la revisión del sistema a distancia u on line.

Para nadie es un secreto que la pandemia ha golpeado el ya estropeado sistema educativo venezolano. 

“Tenemos que impulsar una agenda común de trabajo en función de reactivar la actividad académica, los derechos laborales de los profesores, de los empleados y de los obreros; los beneficios de los estudiantes para que se cierre la brecha que cada vez es más amplia en relación con la posibilidad de acceso a la educación universitaria en el país”, dijo a través de la página web de Aula Abierta, Keta Stephany, secretaria de actas de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv). 

Para Stephany es contraproducente hablar de un virtual retorno a clases en medio de la pandemia. A su juicio, las universidades públicas e incluso algunas privadas no cuentan con los recursos necesarios para asumir el protocolo de bioseguridad. 

“No es posible en este momento, no es posible nada presencial mientras no se garantice la bioseguridad y no esté garantizada la seguridad en nuestras universidades”, dijo Stephany.

 Un problema estructural

Para el rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci, la inseguridad que se vive a diario en las casas de estudios de Venezuela tiene una raíz profunda.

“Un vigilante gana un sueldo que no sobrepasa los 10 dólares sumando todos los bonos”, dijo Bonucci.

Los bajos sueldos hacen que los vigilantes renuncien o incluso se presten para ser cómplices de hurtos.

“Nos están desmantelando todas nuestras instituciones, nuestras dependencias. Desde las universidades se ha pedido un bono especial para nuestros vigilantes y para la gente que está haciendo algún tipo de actividad presencial en las universidades. No se le ha dado una respuesta a esta gente que está arriesgando sus vidas”.

De acuerdo a Aula Abierta, entre marzo y diciembre de 2020 se registró un promedio de 17,5 incidentes violentos mensuales, lo que representa un incremento con años anteriores, como 2018 cuando hubo una media de 5,6 episodios vandálicos al mes. 

Según la ONG, en algunos recintos universitarios se necesitará una inversión significativa para recuperar los espacios. 

“Necesitamos más de dos millones de dólares para recuperar la infraestructura”, dijo a Aula Abierta, Judith Aular de Durán, rectora interina de la Universidad del Zulia.

Con un presupuesto universitario de apenas 1% del monto solicitado, una eventual reconstrucción de la infraestructura universitaria tardaría décadas.

Aula Abierta solicita que se cumplan con los parámetros establecidos en el área de inversión y protección a los recintos universitarios estipulados en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) de 1966, el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Observación General número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas.