La educación universitaria no tiene con qué aprobar - Runrun
La educación universitaria no tiene con qué aprobar
Solo hasta el 22 de enero del 2021 se registraron 15 ataques contra universidades públicas en el país, según Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades (OBU)
Las universidades no controladas por el gobierno chavista, las autónomas y experimentales, son víctimas de constantes ataques y están desprotegidas
La falta de presupuesto en universidades públicas impiden que puedan gestionar internamente la seguridad de las instalaciones de las casas de estudio
Como si los problemas de la educación superior ya no fuesen suficientes, la pandemia puso en evidencia las carencias de la infraestructura tecnológica del sector

@Andrea_GP21 / Infografía: Mayerlin Perdomo

 

La educación universitaria venezolana se desintegra. A la falta de presupuesto de las universidades públicas se suma la inseguridad que se ha acrecentado con la decisión del gobierno de impedir la educación presencial como consecuencia de la pandemia de COVID-19. En 2020 los hurtos y desvalijamientos pasaron a formar parte del paisaje cotidiano de las casas de estudios.

Actualmente, en Venezuela existen 8 universidades autónomas, 21 experimentales, 14 nacionales públicas y 49 universidades privadas. Según Nicolás Maduro, para octubre del año 2019 la población estudiantil de educación superior era de 2.829.520 estudiantes universitarios.

De acuerdo con un informe publicado por la ONG Aula Abierta, durante los primeros nueve meses de 2018 se registraron 51 incidentes; 5,6 actos vandálicos al mes. Entre marzo y diciembre de 2020 el promedio de incidentes mensuales se elevó a 17,5.

La academia en riesgo

En su informe “Incidentes de inseguridad en universidades durante la cuarentena con ocasión al COVID-19: un reto para la libertad académica y la educación de calidad”, la ONG evidencia la preocupación de miembros de la comunidad universitaria en cuanto a estos actos vandálicos, que podrían impedir que se desarrollen los procesos académicos y administrativos de las universidades.

Luis Palacios, presidente Adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), señala en el informe de Aula Abierta que debido a los constantes robos en espacios como laboratorios, causará que muchas facultades se enfrenten a una nueva realidad en la cual, “posiblemente de lo práctico pase a la teoría”.

Asimismo, Judith Aular de Durán, Rectora interina de la Universidad del Zulia, afirmó que desde esta casa de estudios necesitarían “más de dos millones de dólares para recuperar la infraestructura”.

 

Por su parte, el Observatorio de Universidades (OBU), que realiza constantemente informes también relacionado con los actos delictivos perpetrados contra las instalaciones de universidades públicas en el país, contabilizó 193 hechos eventos en 2020. En los primeros 22 días de  2021, ya se habían reportado  otros 15 nuevos.

No es solo delincuencia común

En conversación con Runrun.es, Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades (OBU), aseveró que estos ataques contra casas de educación superior son el producto de acciones delictivas de diferente denominación:

Accionar del crimen organizado y delincuencia común

Según Meléndez, este ha tenido “un alto impacto en el destrozo, robos y hurtos que ha sufrido la comunidad universitaria”.

Sobre este punto, explicó se han identificado algunos patrones de hurtos que diferencian el crimen organizado y la delincuencia común. Por ejemplo, señala que el robo de un aire acondicionado o algún equipo pequeño puede hacerlo un delincuente común. Pero, para el hurto de grandes equipos y rubros, como reses de instalaciones especiales, techos de laboratorios, entre otros, debe ejecutarse en grupos por la complejidad del robo.

Grupos que cuentan con la aquiescencia del Estado

En este caso, Meléndez señala como ejemplo las invasiones a las facultades de Agronomía y Veterinaria en el país, “que durante mucho tiempo habían dado respuesta al desarrollo científico-tecnológico necesario en nuestra industria y en el sector pecuario venezolano”.

“También hemos notado como en el caso de la UDO, grupos irregulares o grupos que se autodenominan pertenecientes al sector oficialista, realizaron una toma al rectorado en el 2019 y de esa toma, muchas de sus infraestructura quedó bastante deteriorada, a partir de allí en la UDO se han visto acciones que han sido calificadas como intencionales y como estratégicas de grupos oficialistas que pretenden enfrentarse de esa manera a las autoridades de la UDO”, explicó.

Impunidad e indiferencia

El director de la OBU destaca que la política de seguridad del gobierno, en los últimos años, han sido las ejecuciones extrajudiciales, el aumento de la letalidad policial, “porque se concibe que de esa forma se genere un impacto regresivo en las tasas de homicidio y de otros delitos y ha excluido otras realidades, por lo cual las universidades están desamparadas. “El gobierno no concibe, no entiende, que las universidades necesitan seguridad porque su norte está centrado en otro propósito”, lamentó.

En este punto, recuerda que durante mucho tiempo las universidades atendieron de forma interna su propia seguridad, pero, debido al bajo índice presupuestario, las casas de estudio han quedado “sin la capacidad operativa para tener la estructura de vigilancia que las universidades necesitan”.

“Eso ha puesto a las autoridades responsables de brazos cruzados, porque sin presupuesto ante una grave crisis institucional, la posibilidad de dar respuesta al aumento de la delincuencia, a la destrucción de sus instalaciones, se reduce”, dijo.

 

Sin embargo, resaltó que algunas universidades como la Universidad del Zulia (LUZ), han acordado vincular la entrada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), para el resguardo de las universidades. “Son medidas extremas que, ante el destrozo sistemático, las autoridades han tenido que tomar medidas, producto del gran temor”.

Por otra parte, destaca el trabajo de los movimientos estudiantiles que han ejecutado acciones como dar comida y equipos que no tienen los equipos de vigilancia, así como buscar voluntarios para ayudar.

Difícil de recuperar

Meléndez considera que los daños son “irreversibles”, dando como ejemplo algunas instalaciones que se han quedado sin aires acondicionados ni computadoras, siendo estos los equipos más hurtados. También mencionó otro tipo de daños y destrozos como el robo de techos en los laboratorios; el robo de equipos como el microscopio que fue robado de la Universidad de Oriente (UDO), núcleo Sucre, que tenía un costo aproximado de 2 millones de dólares; todos los daños que han sufrido los centros de investigaciones de la UCV, de LUZ, que lamentablemente no se ha podido reponer.

“Lo peor de todo es que esto tiene un impacto directo en la producción científica y en las investigaciones y la formación de nuestros estudiantes”, advirtió.

UDO la más afectada

Meléndez explicó que la universidad más afectada es la Universidad de Oriente, pues ha sido la más vulnerable a todos estos ataques delictivos, pero, señala que en general las universidades no controladas por el gobierno, autónomas y experimentales, han sufrido los “embates de la delincuencia, o por lo menos, son las que lo comunican y las que tienen la posibilidad de mostrar esta situación”.

“Nosotros no dudamos que el resto de las universidades que son controladas por el gobierno, y que lamentablemente sus autoridades no denuncian este tipo de situaciones, también están sufriendo el impacto en la delincuencia. Autónomas, experimentales y privadas, en ese orden, las que más han sufrido”, añadió.

 

No solo de educación a distancia vive la universidad

Si los problemas de la educación superior ya no fuesen suficientes, la pandemia puso en evidencia las carencias de la infraestructura tecnológica del sector. 

Ana Karina Pereira es estudiante del octavo semestre de Comunicación Social en la UCV y padece la situación. Ella, al igual que muchos de sus compañeros, inscribió el semestre que cursa en febrero del año 2020. Cuenta que, tras llegar la cuarentena, los estudiantes quedaron en un limbo, pues no sabían cómo continuarían sus actividades académicas y no había información de parte de las autoridades de la universidad.

La ENOBU 2020 analizó las condiciones de estudio y trabajo de estudiantes y profesores, en el marco de la implementación de la educación a distancia. Para este estudio, se evaluaron 77 Instituciones de Educación Superior (públicas y privadas), 3.815 estudiantes de pregrado, 133 estudiantes de posgrado y 1.918 profesores.

*Puede leer el informe completo “ENOBU 2020” aquí*

“Pasaron muchos meses en los que no se decidía nada, no se tomaban decisiones. Cuando llegó septiembre fue que se comenzó a hablar de cursar un semestre online y eso nos regresó un poco la esperanza”, dijo Pereira, quien explicó que muchos de ellos no ofertaron sus materias y muchos estudiantes no pudieron cursar todas las materias que tenían inscritas. “Solo tenían disponibles las materias que habían inscrito, pero no todos los profesores ofertaron”, dijo.

Sin embargo, rescata la incansable labor de otros docentes que se esfuerzan en dar sus clases. “Tengo profesores que comparten celular con sus esposos que también son profesores”.

“Es un sistema bastante complicado porque la UCV no cuenta con una plataforma que ofrezca esa interacción estable entre alumnos y profesores (…) Es una situación complicada, pero es posible gracias al deseo de los estudiantes de graduarse y de los profesores que son apasionados y que les gusta dar clases, porque no viven de un sueldo”, agregó.

 

El gobierno había creado un plan de contención y prevención de la COVID-19 para el sector universitario, el cual buscaba “organizar y conducir la identificación oportuna y articulada del COVID-19 en la comunidad universitaria”. 

Dicho plan era constituido por unas medidas de atención, organización y preservación, siendo esta última la que esperaba garantizar el cuidado de la infraestructura, transporte, comedores y bibliotecas de las universidades.

Autoridades no aportan mucho

Jacqueline Richter es una docente de la UCV. Ella plasmó algunas quejas relacionadas con la poca actividad que han tenido las autoridades universitarias en medio de esta crisis, que se agravó con la pandemia.

En un hilo que publicó en Twitter, Richter menciona la polémica de dar clases a distancia, al menos para los profesores de la UCV: “Los salarios de hambre, la obsolencia de los equipos, la imposibilidad de acceder a las bases de datos o comprar un libro son de vieja data, por lo menos desde el 2015”.

Lamentó que la pandemia puso aún más en relieve esta situación, señalando que muchos profesores “financiaban sus actividades de docencia e investigación con sus ingresos externos”.

“La ausencia o sordera de las autoridades también tiene años. Pero el abandono absoluto, con honradas excepciones ocurrió durante la pandemia”, expresó.

Las privadas en la mira

César Trompiz, ministro de Educación Universitaria, anunció el pasado 7 de enero la congelación de matrículas en el sector universitario de carácter privado en el país, con la finalidad de “evitar el impacto inflacionario”.

Según Trompiz, “la responsabilidad de los dirigentes de la educación de gestión privada no es comercial sino un derecho humano que garantiza el Estado venezolano”.

Para los rectores de estas casas de estudio, se trata de un despropósito. El rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Francisco José Virtuoso considera que a mediano plazo esta medida podría “asfixiar a las instituciones” y recordó que uno de los mayores retos de esa institución es ver cómo remunerar mejor a su personal.

Por su parte, Benjamín Scharifker, rector de la Universidad Metropolitana (Unimet), declaró a una entrevista con Efecto Cocuyo que la medida pudiera condenar a las universidades privadas a la misma situación de las públicas: paralización por falta de presupuesto. “Puede ser un buen deseo, pero no obedece a lo que es la realidad”, advirtió Scharifker.