Expertos sugieren a personas que usen los canales oficiales 

A inicios de agosto, cientos de migrantes llegaron hasta uno de los cruces entre Ciudad Juárez, México, y El Paso, EEUU, motivados por rumores en las redes sociales de que autoridades estadounidenses abrirían el paso a un numeroso grupo de migrantes para pedir asilo. La información errónea causó nuevas escenas de caos en el punto fronterizo.

Los falsos rumores que comienzan en las plataformas digitales, grupos de WhatsApp y otras redes de comunicación apelan a la “desesperanza” de quienes llevan meses esperando a cruzar o adquirir citas en los puertos migratorios a través de la aplicación CBP One, afirmaron expertos.

“La desinformación se da en redes sociales y se da de forma inmediata, y la desesperación hace que las personas respondan rápidamente a estos rumores”, dijo a la Voz de América Guadalupe Correa Cabrera, profesora de política y gobierno en George Mason University en Virginia.

Las autoridades fronterizas advierten que en su mayoría, los rumores son comenzados por bandas criminales que buscan obtener dinero de los cruces ilegales de migrantes, y los llevan a emitir declaraciones “enfatizando” a los migrantes “que nada ha cambiado”. La frontera de EEUU “no está abierta” a la migración irregular, insisten desde la Administración Biden.

“Las citas de CBP One cortaron el negocio de los contrabandistas, por lo que están tratando de asustar a la gente diciendo que está terminando, deberían rendirse. Incluso si va mal para la gente, pase lo que pase, es probable que los contrabandistas consigan más clientes”, dijo a la VOA Adam Isacson, director de supervisión de defensa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Estafas a migrantes a la orden del día 

La desesperación se extiende a migrantes en diferentes puntos de México como Yuly Martínez, una cubana de 30 años que aseguró estar esperando más de tres meses para sacar una cita de CBP One desde Ciudad de México. Acompañada de su hermano de 18 años y una amiga, Martínez dijo a la VOA que “este sufrimiento no es fácil sin ingresos, sin poder trabajar. Cuando llegue acá busqué trabajo limpiando en casas pero ya no aguanté tanto insulto, los señores me trataban muy mal”.

La migrante aseguró que en más de una ocasión se ha enfrentado a estafas, que se suman a la desinformación. Su primer día en México -contó- les pidieron 1.000 dólares para contratar a un supuesto hacker que les ayudaría a sacar una cita en la aplicación y “resulta que no fue así”.

Después del pago, Martínez y sus acompañantes nunca volvieron a escuchar del supuesto informático. “Esto es desesperante, doliente… tanto trabajo y en tanto tiempo no poder lograr nada”, apuntó.

“En algunas ocasiones los llamados coyotes, los traficantes de personas, esparcen [la desinformación] para luego ofrecer algún otro servicio cuando [los migrantes] ya se encuentran sin saber qué hacer”, agregó Correa Cabrera, al hacer un llamado a la prevención para que los migrantes eviten “caer” en los rumores.

A los migrantes que usan los medios digitales en busca de información, los expertos les recomiendan buscar fuentes oficiales cada vez que escuchen un rumor sobre la apertura de la frontera. Consultar cuentas oficiales de redes sociales de CBP, el Departamento de Seguridad Nacional o las embajadas, son otras de las estrategias detalladas. Además, de contactar con albergues en México que “sean de confianza”, según Isacson.

Durante el más reciente incidente de congregación de migrantes en Ciudad Juárez, que terminó con el uso de gas pimienta por parte de la patrulla fronteriza para dispersar a la multitud, la Reforma de Inmigración para la Alianza de Texas (RITA) puso en evidencia el impacto en menores de edad. “Al migrante se le está abusando por todos lados y creo que hay mucha necesidad a nivel local en términos de educar al migrante, de cuáles son los diferentes procesos que hay y más que nada mantener la esperanza”, dijo Bety Camargo, coordinadora estatal de RITA.

Esta no es la primera vez que algo así sucede, en marzo de 2023, miles de personas llegaron hasta los puentes internacionales en la misma ciudad fronteriza tras un rumor que aseguraba que quienes hubiesen tenido problemas con la aplicación CBP One, podían acercarse al puente fronterizo porque les ayudarían a entrar. “Hay organizaciones como nosotros que están tratando de dar información, pero lo último que se le quita a un ser humano es la esperanza… Si es que sí o es que no, el migrante va a ir y se va a tratar de entregar”, dijo Camargo.

Una herramienta esencial, según Camargo, es construir confianza entre los migrantes para poder insertarse en canales de redes sociales donde comienzan los rumores y poder desmentirlos con rapidez. “Pues más que nada lo que siempre les digo a la comunidad migrante en México que está esperando la oportunidad es de que se sigan informando, pero que revisen de dónde viene esta información, porque nosotros creemos que es una manera de fabricar esta narrativa falsa y que caemos en eso”, apuntó.

Más allá de ser plataformas de comunicación con sus familias, los expertos explicaron que las redes sociales son la herramienta que más influencia la toma de decisiones entre migrantes.

“Así se convencen de pasar por el Darién, o se enteran de los últimos rumores sobre cuál es la mejor ruta o qué pueblo de Honduras es el mejor frente a Nicaragua”, dijo Isacson. “Casi todo el mundo tiene un teléfono inteligente ahora con suficiente plan de datos para que puedan usarlo como su principal forma de obtener información”.

Esto, según Isacson, de WOLA, hace que el gobierno y las fuentes oficiales “no puedan competir” con la velocidad en que se esparcen los rumores “con un tuit ocasional de CBP con un tipo en uniforme que te dice que no vengas”.

“La prevención es muy importante en esta campaña activa para evitar la desinformación, porque realmente los gobiernos no pueden tener acceso en tiempo real a algunos mensajes. Entonces el tema de la prevención es básico”, apuntó Correa Cabrera.

«Huellas» visibiliza la problemática de los derechos a la identidad de los venezolanos en el mundo

México denuncia que el cerco de alambres y boyas de EE.UU. viola tratados internacionales

En 2022 se registraron 55 fallecimientos por condiciones de salud, siendo las primeras causas tuberculosis y desnutrición

Las soluciones a la crisis en las cárceles de Venezuela son “inexistentes” y los problemas cada vez más “agudos”, expone el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

En Venezuela existen 52 centros carcelarios, sin embargo, según el OVP, una ONG que vela por el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el país, actualmente solo 45 centros se encuentran operativos y no cuentan con los “estándares mínimos” de reclusión conforme al marco jurídico internacional.

Humberto Prado, director del OVP, precisó que en 2022 se registraron 55 fallecimientos por condiciones de salud, siendo las primeras causas tuberculosis y desnutrición.

“Anteriormente siempre mencionábamos que eran por heridas de balas o punzo penetrantes, ahora el mayor número que muere es por situaciones de salud. Está mal que mueran por hechos violentos, pero es aún peor que muera por situaciones de salud en vista de que están en manos del Estado, que debe asegurar el servicio de salud y alimentación”, puntualizó Prado al presentar el informe el jueves.

Las cárceles venezolanas son “sinónimo de hambre ante la carencia de alimentos y la reducción de porciones mínimas que no cumplen con las calorías establecidas por la Organización Mundial de Salud”, resalta el informe que también refiere un “alarmante” aumento en casos de suicidios.

Prado denunció que, en muchos casos, los compañeros de reclusión son quienes atienden a reos en situaciones de “infortunio”.

“La figura de médicos y enfermeras existen en las nóminas, pero no están permanentemente en las cárceles (…) no tenemos un sistema, tenemos una pena de muerte en las cárceles de nuestro país”, expresó el abogado y activista de derechos fundamentales.

De acuerdo a estimaciones del OVP, la población reclusa en 2022 fue de 33.558 personas, con una capacidad real instalada de 20.438 plazas, y denuncia un hacinamiento de 68 %.

Además, Prado cuestionó que el Alto Comisionado de la Oficina para DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ACNUDH), Volker Türk, se haya limitado a manifestar durante su actualización oral de esta semana ante el Consejo de DDHH de la ONU, que su equipo ha visitado 60 centros de detención y que no haga referencia a la situación de los presos comunes en el país.

“Que se mueren de hambre, que se mueren de tuberculosis, la corrupción que hay y eso no lo manifiesta y eso yo lo tengo que protestar (…) tiene todas las cifras reales de la corrupción, de las condiciones en las que se encuentran los presos”, insistió.

Respecto a la situación jurídica de reclusos en Venezuela, el informe correspondiente al 2022 reitera las denuncias sobre retardo procesal presentadas desde al menos hace seis años y señala que el 53 % (17.825) de las personas privadas de libertad, están procesadas, mientras que solo el 47 %, es decir, 15.733 personas han recibido una condena.

“Por sexto año consecutivo, la cantidad de procesados sobrepasó la cantidad de penados, lo que se traduce preocupantemente en una constante inversión de la pirámide judicial, evidenciada en los años analizados”, resalta.

La organización subraya que la cantidad de condenados debería ser mayor a la de procesados debido a que se trata de una situación que debería ser “transitoria” y que, además, gozan del principio de presunción de inocencia, en lo que dura el proceso penal y se produce una sentencia condenatoria o absolutoria.

En varias ocasiones, desde su nombramiento en febrero, la nueva ministra para el Servicio Penitenciario, Celsa Bautista, ha manifestado en redes sociales el “compromiso en la humanización de los privados y privadas de libertad”.

“Revisamos el diagnóstico de cada una de las infraestructuras penitenciarias, a fin de evaluar las necesidades para cumplir con el fortalecimiento de los derechos constitucionales de los privados y privadas de libertad”, escribió en Twitter el 11 de marzo tras una videoconferencia con directores de centros penitenciarios del país.

El presupuesto que recibe no llega a los 50 dólares mensuales al cambio

Un grupo de estudiantes barre una de las aulas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y se prepara para hacerla accesible a personas en sillas de ruedas. “Estamos tratando dentro de nuestras capacidades y nuestros recursos mejorar un poco la infraestructura”, dijeron.

Se trata de un servicio social que ayuda a mantener esta institución que acumula años sin presupuesto y que está resentida por la crisis en el país.

“Hemos tenido recursos deficitarios en la UCV durante 14 años consecutivos”, explica a Voz de América Pablo Molina, director del Consejo de Preservación y Desarrollo de la UCV (Copred), que coordina estas labores sociales.

La UCV se fundó el 22 de diciembre de 1721, hace 301 años, con el nombre de Real y Pontificia Universidad de Caracas, cuando Venezuela era colonia española.

Su campus, la Ciudad Universitaria de Caracas, es obra maestra del arquitecto Carlos Raúl Villanueva, y se construyó entre las décadas de 1940 y 1960.

Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000 y tiene una autonomía que denuncian que ha sido recientemente “agredida” por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“Comisión Presidencial para la recuperación de la UCV”, se lee en uno de los pendones que está sobre uno de los andamios puesto en un tramo de un corredor. Se trata de la “Misión Venezuela Bella”, que es un programa creado hace cuatro años para recuperar espacios públicos, incluida la UCV.

“Es una suerte de ‘parainstitucionalidad’ que está manejando los recursos que deben ser transferidos a la universidad”, denuncia Molina, que señala que el mantenimiento es competencia del Copred. “Están violando la ley”, repite una y otra vez.

El presupuesto que recibe Copred, aclara, no llega a los 50 dólares mensuales al cambio.

“No podemos hacer un mantenimiento adecuado ni emprender labores de preservación o de restauración”, lamenta, pero actúa junto a los estudiantes.

Tras el desplome de la producción de petróleo – la principal fuente de ingresos del país-, la hiperinflación, el impacto de las sanciones internacionales y años de recesión, el gobierno de Maduro aplica un recorte de gasto severo con la Universidad.

Es sábado… Unos chicos restriegan pegamento sobre retazos de una alfombra, que luego otro compañero fija como especie de rodapié en la parte baja de una escalinata. Están terminando un trabajo de la semana pasada cuando retiraron unos asientos fijos para habilitar un aula accesible para personas con algún tipo de discapacidad motora.

Hilary Sánchez, que estudia Arquitectura en la UCV, asiste a los servicios comunitarios desde hace poco más de un año.

Han limpiado espacios ocupados por indigentes, y se han encargado de quitar hojas acumuladas en los techos, desmalezar jardines e incluso eliminar grafitis de las paredes.

“La universidad estaba realmente en unas condiciones bastante más deplorables”, antes que comenzaran recuerda.

Estudiantes venezolanos recurren al  GoFundMe para costear sus estudios

Fernando Sánchez, de 23 años, quiere retomar la universidad, pero no tiene dinero para costear la matrícula en medio de una serie de situaciones familiares que ha enfrentado, agravadas por la crisis crónica que atraviesa Venezuela. “Ha sido muy cuesta arriba”, dice.

Teme perder sus estudios y solicita ayuda en GoFundMe, la plataforma de recaudación de fondos más grande del mundo, para cancelar deudas.

Sánchez vive con su madre que quedó desempleada en 2019, meses después de ser diagnosticada con cáncer, en un país con un sistema de salud pública colapsado.

“Mi madre era el único sostén de mi hogar”, dice este joven a la Voz de América, desde su casa en un barrio de clase trabajadora en Caracas.

Desde que su madre enfermó, este joven asume, como puede, las riendas de la economía familiar ya venida abajo por la peor crisis económica de la historia moderna del país, que disolvió el poder adquisitivo del ciudadano común.

“Yo no quería paralizar mis estudios”, comenta con tristeza. Pero, “vengo experimentando una situación económica bastante complicada”.

Trabaja en un centro de llamadas, donde gana “menos de 100 dólares” mensuales.

Sánchez tiene una beca estudiantil que exonera 30% de la matrícula, pero las cuentas igual no le dan.

Entre 1.700 y 3.000 dólares cuesta un semestre en una universidad privada, equivalente a unos 360 salarios mínimos.

Venezuela cuenta con universidades públicas, con pocas vacantes y muy golpeadas por falta de presupuesto, que el gobierno de Maduro normalmente atribuye a sanciones internacionales.

“Estamos tratando de no ahogarnos”

“No tengo los medios para continuar», insiste.

Entonces, organizó la campaña de recolección de fondos, que mantiene activa desde 2022.

Antes, pidió colaboraciones en la iglesia… Hizo rifas por Instagram. También, solicitó ayuda a instituciones del gobierno, que no respondieron.

“Estamos tratando de no ahogarnos”, dice su madre Janeth Villamizar, de 52 años, que tiene cuatro años diagnosticada con cáncer de seno y no ha podido tratarse.

“Yo era considerada esa clase social media que trabajaba y uno salía adelante, pero eso ya no hay, no existe”, lamenta.

Sánchez no es el único que busca desesperadamente fondos para pagar estudios privados en Venezuela.

“Chamos (jóvenes) que quieren estudiar y no pueden, chamos que quieren estudiar, tienen el potencial, y no pueden sencillamente porque no tienen los recursos”, se reconoce en miles.

“En 2023, ante la desproporción del dólar con respecto al bolívar y el riesgo de regreso a la hiperinflación, veremos que muchos estudiantes no podrán proseguir sus carreras”, alertó esta semana el independiente Observatorio de Universidades (OBU), en su página web.

“Si bien muchos tienen interés en continuar su formación, en la práctica, la mayoría tendrá que trabajar para mantenerse”, explica Carlos Meléndez, director del OBU.

En 2022, más de 248.000 migrantes cruzaron la peligrosa selva del Darién, según datos del gobierno panameño

Durante el 2022 se presentó una migración venezolana hacia el norte de las Américas sin precedentes y podría crecer este año, dijo Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela.

“No se había tenido una presión de emigración venezolana hacia el norte para poder llegar a Estados Unidos, como se tuvo en este 2022 y, probablemente, crezca en 2023”, señaló el funcionario en entrevista con la Voz de América.

Pero el representante especial conjunto de ACNUR y OIM también insistió que “ya no se trata solo de población venezolana, sino de otras nacionalidades”, pues el fenómeno de la migración venezolana “comenzó a variar con una gran velocidad, sumándose personas de otras nacionalidades”.

En este sentido, “los países centroamericanos se han visto en la necesidad de llegar a acuerdos de mínimos para facilitar el tránsito por Centroamérica hacia el país vecino más cercano a México”, lo que Stein, señala, representa uno de los desafíos más grandes a los que tiene que enfrentarse esta parte del continente.

Grandes peligros

A propósito del cruce que enfrentan algunos migrantes por el Tapón del Darién, Eduardo Stein advirtió sobre cómo jóvenes, de poblaciones indígenas, se convierten en “guías funcionales e incluso con motocicletas preparadas para caminos difíciles en la jungla panameña”.

Además de los “terribles vejámenes” a los que están expuestos los migrantes por parte de los traficantes. De manera que “para toda la región, es una corresponsabilidad el poder atender estos flujos, pero de forma que se puedan cautelar en todo momento los derechos básicos de cada persona que está intentando esos cruces”.

En 2022, más de 248.000 migrantes cruzaron la peligrosa selva del Darién, según datos del gobierno panameño. La mayoría fueron venezolanos, seguidos de migrantes de Ecuador, Haití, Cuba y Colombia.

Kenzo Moricagua, migrante colombiano, le contó a la VOA que, camino a su viaje para llegar a Estados Unidos, tuvo que pasar por la ciudad colombiana de Medellín para luego llegar hasta Necoclí. “De Necoclí cogí una lancha que me dejó en Capurganrá, de Capurganá empecé a caminar en la selva de Panamá”.

Duró seis días en la selva de Panamá, cuenta, y estando allí, viajó a Costa Rica hasta que pudo llegar a Guatemala. Allí, este migrante de 35 años, se dedica a vender dulces.

Según cifras de la Patrulla Fronteriza estadounidense. se ha incrementado el número de migrantes procedentes de Nicaragua, Cuba y Haití, en la frontera entre México y Estados Unidos.

Respecto a las cifras de muertes por estos pasos, el representante de ACNUR y OIM dijo que es un reto determinar los fallecimientos en medio de la selva y las causas que llevan a la misma.

Balance de 2022 y lo que viene

Stein recordó que un poco más de 6 millones venezolanos están en 17 países de América Latina y el Caribe y resaltó cómo los países de acogida siguen trabajando para brindar una atención digna a esta población migrante, incluso después de los impactos que ha dejado la pandemia del COVID-19.

“Si sólo se atiende a unos, el problema de la xenofobia brota casi instantáneamente”. De manera que, según el representante, es necesario atender no solo la necesidades inmediatas, sino integrarlos a la población local y, para ello, “los procesos de regularización son absolutamente esenciales”, destacando, por ejemplo, el trabajo de Colombia en este aspecto.

En cuanto al 2023, Stein indicó a la VOA que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para Migraciones (OIM) hicieron público, hace pocas semanas, un plan regional bianual “para poder fortalecer el puente entre la atención inmediata a aspectos humanitarios y la atención a oportunidades de integración económica en las comunidades de acogida, en los países de la región”.

Aunque aclaró que “no hay señales muy claras ni precisas de que el flujo vaya a descender”, hay grupos de personas que están intentando volver a Venezuela, pero números bastante pequeños, comparados con los millones que siguen saliendo.

En ese sentido, mencionó el convenio entre la Unión Europea y Canadá para convocar una reunión de solidaridad con la migración venezolana y la necesidad de refugio venezolano, en marzo.

A pesar de los conflictos que se presentan en otras partes del mundo, como la guerra en Ucrania, Stein enfatiza en que “no ha descendido el interés de los donantes y cooperantes, a nivel internacional, para seguir apoyando a esa población, sobre todo en la posibilidad de echar raíces de manera productiva en las comunidades de acogida”

Se tomaron en cuenta 140 países 

En 2022, 21 países de América Latina empeoraron en materia de la protección del estado de derecho, según el índice revelado en octubre por el Proyecto de Justicia Mundial (WPJ, por su siglas en inglés). El análisis expuso que de los 140 países encuestados, Venezuela se ubicó en el último puesto de la clasificación con el puntaje más bajo en protecciones civiles.

Los datos mostraron que tres de cada cuatro países latinoamericanos se volvieron menos justos.

“Todavía estamos muy rezagados con respecto a la protección y al fortalecimiento del Estado de Derecho. Durante la pandemia, esa violación a DDHH se exacerbó. Desafortunadamente hubo un límite y una restricción a las libertades individuales y todavía estamos observando ese rezago”, expuso a la VOA Ana María Montoya, directora de análisis de datos del WPJ.

Durante el último año América Latina fue escenario de múltiples violaciones a los derechos humanos que dejaron en evidencia la polarización política, amenazas a la vida, desigualdad y pobreza a la que se enfrentan los ciudadanos de la región.

Expertos siguen preocupados por temas como la protección de los espacios democráticos, las amenazas a la integridad personal y la situación climática.

“La situación de DDHH en América Latina es bien problemática. En este momento estamos enfrentando -en algunos casos extremos- dictaduras, como el caso de Cuba, Nicaragua o Venezuela, y vemos también una situación alarmante de retrocesos democráticos en países donde llegan al poder personas que son electas democráticamente y una vez en el poder le dan la espalda a garantías fundamentales como la independencia judicial, el trabajo a la prensa independiente o de la sociedad civil”, dijo a Voz de América Tamara Taraciuk, directora adjunta de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW).

La situación humanitaria que vive Venezuela ha llevado a que casi 7 millones de personas huyeran del país en poco más de cinco años

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó el sábado en entrevista exclusiva con la Voz de América que el proceso de inscripciones comenzará el próximo martes 18 de octubre, dos días después del anuncio de la nueva norma migratoria para los inmigrantes venezolanos.

“Estamos anticipando que el martes en la mañana va a empezar el proceso legal para presentar las aplicaciones”, dijo Blas Núñez-Neto, encargado de la política fronteriza en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).

La nueva norma migratoria aprobada el pasado miércoles otorgará 24.00 visas a inmigrantes venezolanos para que puedan establecerse y trabajar en Estados Unidos por dos años, siempre que sean acogidos por un patrocinador en este país que demuestre que el solicitante no se convertirá en una carga pública.

Nuevos detalles sobre los patrocinadores y beneficiarios para proceso migratorio

Núñez-Neto aclaró que los patrocinadores pueden ser ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales o favorecidos con el asilo o el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Quienes resulten elegidos, dijo, podrán aplicar al término de su permiso de dos años a otros beneficios o protecciones migratorias como el asilo.

La situación humanitaria que vive Venezuela y que ha llevado a que casi 7 millones de venezolanos huyeran del país en poco más de cinco años, es uno de los aspectos que las autoridades estadounidenses tendrán en la mira para revisar el nuevo proceso.

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La frontera no está abierta

Un grupo de inmigrantes de Venezuela fue devuelto a la nación azteca, otros no han cejado en su empeño y en redes sociales han circulado rumores de que la frontera será abierta por veinte días en un tiempo de excepción, lo que fue desmentido por Núñez-Neto.

“Nuestro mensaje para los venezolanos que están sobre el camino o que están pensando venir es muy simple: si cruzan nuestra frontera ilegalmente o si cruzan a México o Panamá ilegalmente no van a ser admitidos en Estados Unidos y van a perder su oportunidad de participar en este proceso”, aclaró el alto funcionario.

Muchos venezolanos quedaron en el camino entre Panamá y México tras el anuncio reciente.

La afluencia de venezolanos por la frontera suroeste de EEUU en situación irregular alcanzó máximos históricos. El mismo funcionario explicó el jueves en conferencia de prensa telefónica que el número de encuentros únicos de las autoridades con los venezolanos que han llegado en el último año ha aumentado en más de 180.000.

La oposición republicana achaca a la Administración de manejar mal la situación migratoria, exponiendo las cifras récord de inmigrantes entrando de manera irregular por la frontera sur.

Regularmente DHS alerta sobre sus operaciones contra los traficantes de personas, específicamente contra “los coyotes” como se les llama a quienes se ocupan de las redes de tráfico de personas.