Voz de América, autor en Runrun

Piden libertad de defensores de derechos humanos en Venezuela
Arresto del activista de FundaRedes, Javier Tarazona, es considerado por Michelle Bachelet, un ejemplo preocupante de las restricciones en Venezuela

 

Detención arbitraria, negativa a atención médica, retardo procesal: Javier Tarazona, activista de derechos humanos preso hace más de 400 días en Venezuela, ha sido víctima de numerosas «irregularidades», denuncian su defensa y sus compañeros de organización.

Arrestado el 2 de julio de 2021, Tarazona debió esperar más de un año para que el pasado 16 de agosto se diera la primera audiencia formal del juicio en el que se le acusa de «terrorismo» e «instigación al odio».

Antes hubo 13 diferimientos, informó su defensa.

El jueves, en una segunda audiencia, se «hizo la evacuación de pruebas de la fiscalía para fundamentar la detención», dijo a la AFP Clara Ramírez, coordinadora de documentación y derechos humanos de FundaRedes, ONG que encabezaba Tarazona, que atiende a habitantes de zonas fronterizas.

Fundaredes pide la «libertad plena» de Javier Tarazona y otros dos miembros de esa organización, su hermano Rafael Tarazona y Omar de Dios García, detenidos también en 2021, pero luego excarcelados, aunque deben presentarse cada 15 días en un tribunal.

«No son terroristas, tampoco con sus acciones han instigado al odio, lo único que hacemos desde Fundaredes es visibilizar violaciones de derechos humanos que sufren los habitantes en la frontera, bien sea por acción de grupos armados irregulares o por acción u omisión del Estado», subrayó Ramírez.

La ONG Foro Penal considera a Tarazona, a quien asiste legalmente, uno de los 244 «presos políticos» documentados a la fecha en Venezuela.

A principios de año, familiares y abogados de Tarazona solicitaron su libertad por un «complejo» cuadro de salud, que incluye problemas cardíacos, denunciando que se le ha negado una atención médica «oportuna».

Ejemplo preocupante

Los arrestos de Tarazona y sus compañeros de Fundaredes fueron considerados por la saliente Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, «un ejemplo preocupante» de las «restricciones al espacio cívico» en Venezuela.

«Se desnudó el beneplácito y la complacencia del Estado venezolano con grupos irregulares», insiste Ramírez.

Fundaredes informó en marzo de 2021, antes de que lo hicieran las autoridades, sobre enfrentamientos en el fronterizo estado Apure (oeste) entre militares venezolanos y grupos armados colombianos. Murieron 16 uniformados en esos combates, según cifras oficiales.

Activistas denuncian una «criminalización sistemática» de defensores de derechos humanos, señalamientos que el régimen venezolano niega.

Liliana Ortega, directora de la ONG por los derechos humanos Cofavic, dijo a la AFP en julio, que esa organización documentó el año pasado 215 ataques contra activistas, que incluyen detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, «actos de criminalización» a través de medios de comunicación estatal, y allanamientos.

Jun 25, 2022 | Actualizado hace 3 meses
Condenan a artistas cubanos a 9 y 5 años de prisión
Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel Castillo fueron sentenciados por delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato, atentado y desórdenes públicos

 

A cinco y nueve años de cárcel condenaron los tribunales cubanos a los artistas opositores Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel Castillo, respectivamente. 

Otero Alcántara y Castillo acapararon la atención internacional debido al pedido de organismos internacionales y de la administración de Estados Unidos para que fueran liberados bajo el argumento de que son víctimas de una persecución política.

De acuerdo a un comunicado de la Fiscalía publicado en medios de prensa oficiales, los jueces condenaron a cinco años a Otero Alcántara como autor de los delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos y a nueve a Castillo por atentado y difamación de las instituciones.

“Durante las sesiones del juicio los acusados fueron escuchados; en su presencia se practicaron las pruebas testificales, documentales y periciales propuestas por el Fiscal y los abogados que los representaron”, indicó el texto de la dependencia judicial.

En el mismo proceso se condenó a Félix Roque Delgado a cinco años de prisión y a dos mujeres a quienes se les impuso un pena de tres años de trabajo correccional. 

Otero Alcántara se hizo conocido luego de realizar actuaciones con la bandera cubana por ejemplo en el baño y por liderar un movimiento de artistas opositores llamado San Isidro que en 2020 protagonizó una manifestación que concluyó con un inusual plantón de artistas frente al Ministerio de Cultura.

Castillo, un rapero de 39 años, es uno de los compositores de una canción de marcada connotación política llamada “Patria y Vida” que ganó un premio Grammy Latino este año y que se convirtió en una especie de himno para los críticos del gobierno de la isla tras las inusuales protestas de julio de 2021.

Estado venezolano garantiza el desarrollo de las personas con discapacidad, pero en el papel
Existe 70 % de desempleo entre las personas con discapacidad en la región por su falta de acceso a servicios

La viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica venezolana, Alana Zuloaga, defendió ante la ONU la gestión estatal para las personas con diversidad funcional. Aunque las leyes protegen sus derechos, ONG y entes internacionales apuntan más a las carencias.

“En Venezuela se garantiza el desarrollo integral de las personas con discapacidad, de manera plena y autónoma, de acuerdo con sus capacidades”, aseguró la semana pasada la viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica, Alana Zuloaga, ante Naciones Unidas.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU había recibido en 2019 el informe oficial sobre los derechos de estas personas en el país, pero la pandemia pospuso los encuentros de examen hasta marzo de este año. Según publicó el viernes 18 el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, los lideraron vía telemática tanto Zuloaga como el vicepresidente de Socialismo Social y Territorial y ministro de Deporte y Juventud, Mervin Maldonado.

Venezuela cuenta con legislación, programas e instituciones para las personas con discapacidad, pero oenegés locales, académicos y organismos internacionales han apuntado más a los fallos y carencias en el acceso a sus derechos, incluso antes de la crisis económica.

Derechos reconocidos

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 menciona a las personas con discapacidad en sus artículos 81, 83, 103 y 178. El primero establece que “toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria”, y que el Estado se los garantizará junto con la sociedad y las familias.

Con la reforma de Costa Rica en 2019, en la región solo las constituciones vigentes de Chile y Haití no las mencionan. Así lo recoge el documento Las personas con discapacidad en América Latina: del reconocimiento jurídico a la desigualdad real, que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la ONU publicó en 2011. En el caso de Venezuela, las referencias cubren accesibilidad, educación, empleo/trabajo, ingresos y seguridad social, y vida en familia e integridad personal.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CPDP) de la ONU las entiende como “aquellas [personas] que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. El acuerdo obliga a las partes a promover, proteger y garantizar sus derechos e igualdad ante la ley. Se aprobó en 2006 y Venezuela lo ratificó junto a la Convención Interamericana para la Eliminación de la Discriminación contra las personas con Discapacidad. La CPDP entró en vigor en 2008 junto con su Protocolo Facultativo, que añadió un mecanismo de denuncias individuales como el de otros acuerdos internacionales de derechos humanos.

Para concretar esas adhesiones, la Asamblea Nacional venezolana promulgó la Ley Para Personas Con Discapacidad (LPCD), que el entonces presidente Hugo Chávez sancionó en 2007. Esta ley abarca derechos y garantías básicas y los ámbitos de educación, cultura y deporte, trabajo y capacitación, accesibilidad y vivienda, transporte y comunicaciones, aspectos económicos y participación ciudadana.

También en relación con personas en estas situaciones, Venezuela cuenta con la Ley del Seguro Social, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, normas para edificios públicos y el urbanismo, legislación estadal y ordenanzas municipales, ente otras disposiciones e iniciativas como la Misión (médica) José Gregorio Hernández. A nivel ciudadano, en el país existen organizaciones públicas y privadas para personas con discapacidad motriz, auditiva, visual, intelectual y visceral, es decir, en algún órgano interno, que según el caso aterrizan o suplen la política pública.

Además, la LPCD creó el Sistema Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad e impulsó el nuevo Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conapdis). Su presidenta, Soraida Ramírez Osorio, participó en los encuentros con la ONU junto a Alana Zuloaga, Mervin Maldonado y el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe. En ellos defendió la labor de los ministerios de Trabajo, Comunicación y Energía hacia las personas con discapacidad, así como a distintos programas gubernamentales focalizados en la orientación familiar o el empoderamiento de las mujeres.

Más allá de la norma

El Conadpis certifica la condición de persona con discapacidad en Venezuela, a partir del artículo 7 de la LCPD, y “debe mantener un Registro Nacional de Personas con Discapacidad, organizado por estados, municipios, parroquias y comunidades”, según indica el artículo 68.

Sin embargo, como el propio organismo recogió del encuentro con la ONU, el sistema “sigue en construcción” quince años después de que Chávez sancionó la ley. Por tanto, el dato público más reciente es el censo del Instituto Nacional de Estadística de 2011, en el que en torno a un millón y medio de venezolanos (un 5%) declararon tener alguna discapacidad.

Ya en 2006, la experta en educación inclusiva Pilar Samaniego de García había publicado el libro Aproximación a la realidad de las personas con discapacidad en Latinoamérica. La investigación estimaba un 70 % de desempleo entre las personas con discapacidad en la región por su falta de acceso a servicios, como el transporte, además de la situación económica general y pese a las políticas de inserción laboral. Asimismo, destacaba que en Venezuela y Argentina las iniciativas privadas de oenegés para la capacitación laboral eran más «promisorias».

Sobre la educación, la investigadora Maryianela Maita Guédez, de la Universidad de los Andes, publicó en 2011 el artículo Derecho de las personas con discapacidad a la inclusión en la educación universitaria venezolana, que recopila los avances en la ley venezolana desde la Constitución de 1999 y los acuerdos internacionales posteriores. El texto, por ejemplo, cita que los matriculados en universidades públicas aumentaron a partir de la garantía legal de sus derechos por encima de la buena voluntad de los centros educativos.

Ese mismo año la Organización Mundial de la Salud publicó su Informe mundial sobre la discapacidad. El documento incluía a Venezuela en el rubro de rehabilitación, y lo ubicaba entre los países con menos de un terapeuta ocupacional por cada 10.000 habitantes, con datos del censo de 2001.

Ahora bien, pese a la nueva legislación a partir de 1999 y 2006, los datos y críticas han ido tanto a la falta de implementación como al espíritu de las leyes. El artículo La discapacidad desde las fronteras de la normatividad venezolana, de María de los Ángeles Ferrer (Universidad Tecnológica Metropolitana) y Adán Oberto (Universidad del Zulia), apunta a cómo la LPCD concibe la discapacidad y a que puede condicionar su implementación.

Según concluyeron los autores, “la legislación venezolana asume la misma desde el antiguo paradigma médico, ubicando el problema en la condición física del individuo, apuntando sus características morfológicas le imposibilitan realizar las actividades consideradas ‘normales’ dentro de la sociedad”. Mientras tanto, la Convención de la ONU “contempla una concepción mucho más actualizada de la discapacidad, definiéndola como un problema de la interacción entre un individuo con una condición de salud dada y el entorno donde se desenvuelve”.

La sociedad civil, protagonista

En paralelo a las autoridades venezolanas, diecisiete organizaciones de la sociedad civil presentaron en 2019 el Informe alternativo para el examen inicial de Venezuela en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Liderado por la Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven), también formó parte de los encuentros de examen con la ONU.

El documento abarca la situación de exclusión de las personas con discapacidad en Venezuela en una veintena de ámbitos sociales. Los enmarca en una legislación desactualizada a nivel regional y municipal, y en una “emergencia humanitaria compleja negada por el Estado” que “impide su acceso a una protección humanitaria efectiva y urgente”. Además, señala las “deficiencias en la efectiva aplicación de las leyes vigentes, la implementación de programas de desarrollo y la prestación de servicios de apoyo”.

El presidente de Consorven, Juan Ángel de Gouveia, ha denunciado que la situación se agravó con la pandemia, entre falta de alimentos y servicios médicos, acceso inadecuado a los centros de salud o incluso el encarcelamiento de personas con discapacidad intelectual sin que se les expliquen las razones.

También enmarcado en la crisis humanitaria y la pandemia, la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) y la Red Latinoamericana de Personas con Discapacidad y sus Familias (Riadis) publicaron en 2021 su Estudio regional sobre la situación de las personas con discapacidad refugiadas, desplazadas y migrantes en América Latina. Sobre Venezuela, con el mayor éxodo regional, el documento identifica veintidós tipos de barreras para estas personas y quince procesos para superarlas, pero ninguno asociado a la realidad venezolana. Asimismo, señala áreas críticas como la accesibilidad, la atención a las condiciones económicas y laborales, y la participación en el desarrollo de políticas y programas.

En el informe, las recomendaciones de Acnur y Riadis apuntan precisamente a la accesibilidad física, de comunicación e información, al desarrollo de programas específicos, a la necesidad de datos desagregados por discapacidad y a las alianzas entre el sistema humanitario y las organizaciones de personas con discapacidad. Aunque se enfocan en personas refugiadas, desplazadas y migrantes, van en línea con las del informe de Corsoven, que parten de que el Estado venezolano desarrolle un registro actualizado a partir del cual desarrollar una política pública integral para las personas con discapacidad.

Oposición pide investigar a venezolanos implicados con caso de Credit Suisse
De acuerdo a una investigación periodística, la mayoría de los clientes de una de las instituciones financieras más importantes del mundo tiene nacionalidad venezolana o declaró vivir en el país suramericano

El Parlamento de 2015 solicitó una investigación contra “más de dos docenas” de venezolanos vinculados con cuatro tramas de corrupción en Petróleos Venezuela (PDVSA) y que “escondieron” al menos 273 millones de dólares en 25 cuentas del segundo banco más grande de Suiza, el Credit Suisse.

Una investigación del diario alemán Süddeutsche Zeitung, el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP por sus siglas en ingles), en conjunto con decenas de medios de comunicación independientes, revelaron que personajes vinculados con hechos de corrupción en todo el mundo incurrieron en la misma práctica.

Elias Bessis, diputado del Parlamento de 2015, solicitó a la Asamblea Nacional sumarse a la investigación para, a través de su representación diplomática, recibir información de venezolanos poseedores de cuentas “que no puedan justificar” y solicitar la colaboración de la comunidad internacional para rescatar el dinero desfalcado.

“Ya tenemos información que son muchos más los venezolanos que acusaron residencia en Venezuela y tienen cuantiosas fortunas que hoy hacen mucha falta para tanta deficiencia del vivir de nuestra nación, ya sonaron las alarmas”, insistió.

“¿Qué esperamos?”, cuestionó el diputado Julio Montoya al exponer que cuentan con “la ruta que usaron corruptos, ex funcionarios, para guardar el dinero que hoy tiene el pueblo venezolano sometido en la miseria”.

“PDVSA, Fondo Chino, acuerdos bilaterales de Venezuela-Argentina (Kircher), de Venezuela-Brasil (Lula), entre otros, están en toda esta documentación que son ya millones de documentos que la certifican”, afirmó al hacer referencia a los Panama Papers y Pandora Papers.

El parlamentario Ismael García insistió en que la mayoría de “los males” que enfrenta Venezuela tienen origen en la corrupción, debido a que “se robaron” el dinero destinado a resolver “los grandes problemas” del país.

“Son bandas organizadas que destruyeron” varios de los sectores productivos del país, dijo García durante una sesión virtual, al presentar un recuento de los episodios de corrupción más mediáticos de los últimos años.

“Dicen que son muchos los que están hablando con la justicia afuera porque ya hay demostraciones claras de lo que paso con el tuerto Andrade y de lo que está pasando con el sapo Alex Saab que, después de haber sido nombrado como un flamante embajador, supuestamente, resulta que era un gran colaborador”, manifestó.

Consecuencia, según expertos, de una “política de destrucción” de la industria petrolera, que implica corrupción, falta de inversión, mantenimiento y que comenzó desde la administración del ex presidente Hugo Chávez, Venezuela, país con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, se ha visto obligado a depender de la importación de combustible.

PDVSA, que en el pasado ocupó los primeros lugares del ranking de las empresas petroleras más importantes del mundo, ha producido “tantos ingresos como casos de corrupción”, expuso Transparencia Venezuela en una investigación titulada “PDVSA, combustible de la corrupción”.

“La empresa estatal ha sido investigada desde distintas instancias y en decenas de tribunales nacionales e internacionales. La primera ronda de pesquisas sobre irregularidades comenzó en EE.UU. en 2011, debido al uso indebido del Fondo de Pensiones de los extrabajadores de PDVSA, producto del montaje y aplicación de un esquema Ponzi”, detalla el texto publicado en febrero del año pasado.

De acuerdo a Transparencia Venezuela, hasta 2020 “se han detectado desfalcos contra PDVSA y/o la República por más de 40 millones de dólares”.

Empobrecimiento de los venezolanos redujo oportunidades para el crimen
Durante los últimos cinco años, la sociedad en su conjunto se ha adaptado y el crimen organizado también. Este último encontró actividades más lucrativas que robar celulares y carteras

La pérdida del valor de la moneda y del poder adquisitivo es de tal magnitud, que los robos comunes que afectaban a gran parte de la sociedad perdieron sentido, según el Observatorio Venezolano de la Violencia.

En 2017, el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) reportó un poco más de 26.616 homicidios y en 2021, este número bajó a un poco más de 11.082. La desaparición de ciertas oportunidades para el crimen que terminaban en desenlaces fatales es una de las razones a las que el Observatorio atribuye la disminución de las muertes violentas en más del 50 por ciento en un periodo de 5 años.

“En Venezuela se redujeron los robos a los cajeros automáticos, los secuestros exprés, los robos de la gente que iba a sacar un dinero al cajero automático; bueno, porque sencillamente lo que se puede sacar de un cajero automático es ridículo”, dijo a la Voz de América Roberto Briceño, director del OVV.

Las dificultades del transporte público en Venezuela, los apagones y el empobrecimiento de las familias, ha impactado las rutinas de los ciudadanos. Los que cometen delitos comunes enfrentan mayores retos para encontrar potenciales víctima en las calles. El 58% de las personas no sale por la noche y el 64% que sale, usa poco dinero en efectivo, según el informe de 2021 del Observatorio de la Violencia.

En un país donde la gente evita salir de noche y la moneda local no tiene mayor valor, los delincuentes se han movido a otro tipo de delitos que consideran más lucrativos.

“A las grandes empresas, hacia la extorsión, empresas que manejan dólares, empresas que manejan divisas, empresas que manejan grandes cantidades, entonces eso no afecta al ciudadano del común. Eso está afectando a un grupo. Entonces el ciudadano del común siente que en el barrio desapareció la violencia”, asegura Briceño.

Para Miguel Ángel Barón, taxista de profesión, y quien recorre las calles de Caracas ‘de arriba abajo’ sí hay una reducción de la criminalidad. “Yo diría que hay menos delitos, por lo menos para nosotros los taxistas ha estado más suave la inseguridad”, afirma.

Otra de las modalidades de robo que según el director del Observatorio de la Violencia son menos frecuentes, son los asaltos en el transporte público y el robo de celulares. “La gente perdió mucho el temor a que le roben el celular porque sencillamente ya no tienen celulares o son tan viejos que ya no tienen ningún valor para los delincuentes (…) El robo del transporte público prácticamente desapareció porque los delincuentes no tenían nada que robarles a las personas”, dijo Briceño.

Gabriela Romo, psicóloga clínica, considera que esa sensación de seguridad que podría estar dándose no es tan favorable“Las personas en esta sensación de que sí están seguros bajan la guardia y en realidad se están poniendo en una situación de mayor vulnerabilidad y se ponen también en más peligro”, asegura la especialista.

El director del OVV coincide en que de ninguna manera se puede ser optimista porque eso no quiere decir que haya aumentado el estado de derecho y la seguridad de las personas.

Explica Briceño, que entre las muertes violentas, hay un rubro muy alto atribuible a la policía. “Tenemos en los últimos años más de 20.000 personas que han sido asesinadas por los cuerpos policiales y catalogadas como “resistencia de la autoridad” y eso implica un exterminio, lo llamó la antigua fiscal, una acción de exterminio por parte de los cuerpos policiales”.

Crimen por sectores

Según el Observatorio, otro de los aspectos que ha reducido los delitos comunes es la consolidación de grandes bloques criminales que imponen su propia ley en las áreas que controlan.

“Hay zonas en las cuales han bajado los robos, lo delitos y no porque haya más presencia de la ley, del estado del cumplimiento de las normas, sino porque son zonas controladas por las bandas criminales (…) Impiden robar, me decían a mí, Mira aquí no se roba, aquí se cuida. Es una paz criminal la que se está imponiendo allí”, asegura Briceño, quien estima que muchos de los delincuentes que no se han unido a las grandes bandas se han visto obligados a irse del país.

“Llegan a nuevos países a hacer lo que hacían anteriormente: ser delincuentes y hay que decirlo con claridad, con menos ventajas porque su acento de voz y fenotipo los hace más referenciables,” explica César Restrepo, director de seguridad urbana de la fundación ProBogotá.

Uno de los países en los que más se habla de este tema es Colombia. Si bien la desventaja para los delincuentes que se mudan de país es el hecho de ser inmigrantes, por lo que sus delitos tienen mayor resonancia. Sin embargo, las cifras indican que del 100 por ciento de los detenidos por algún delito común en territorio colombiano, sólo el 3% son de nacionalidad venezolana.

Restrepo considera que, pese a que algunos delincuentes comunes se han movido de manera individual fuera de Venezuela, en el caso de Colombia no hay evidencia para creer que tengan la capacidad de controlar grandes mercados como bandas organizadas. «Lo que sí está pasando en mi opinión, es que las bandas colombianas se nutren de algunos migrantes que pueden haber tenido un pasado delincuencial en su país de origen”, comenta.

Durante los últimos cinco años, en los cuales las condiciones económicas de Venezuela han empeorado, la sociedad en su conjunto se ha adaptado y el crimen organizado también. Este último encontró actividades más lucrativas que robar celulares y carteras.

Robos y vandalismo: 16 universidades venezolanas reportaron 331 situaciones delictivas
Según Aula Abierta, existe 80% de déficit en cuanto a personal de seguridad en las universidades del país

La Organización No Gubernamental Aula Abierta, ofreció informe sobre situación de las universidades en Venezuela, donde revela que los robos y destrozos  han dejado a las casas de estudio en «una situación mucho más comprometida de la que ya estaban».

Los datos dicen que se registraron unas 331 situaciones delictivas en 16 instituciones públicas de educación superior venezolanas, siendo enero el mes con mayores denuncias sobre daños y robos.

David Gómez Gamboa, docente y director de Aula Abierta, expresó a Voz de América que son muchos casos «pero solo hemos documentado 331 situaciones muy graves, que afectan fundamentalmente el derecho a la educación de calidad».

Casos de inseguridad universitaria

Asimismo, 186 casos de inseguridad en las casas de estudio impidieron las clases universitarias.

Otros 31 incidentes impactaron en la investigación académica y científica, y 76 episodios perjudicaron funcionamiento de espacios rústicos y de esparcimiento.

Las universidades que resultaron mayormente afectadas desde la suspensión de las clases se encuentran la de Los Andes (90 casos), la Universidad del Zulia (69 casos), la de Oriente (61 casos), la Central de Venezuela, en Caracas (56 casos) y la de Carabobo (14 casos).

Igualmente, existe 80% de déficit en cuanto a personal de seguridad en las universidades del país, reseñó La Voz de América.

Servicios estudiantiles afectados

Los servicios (comedor, biblioteca y aulas) de las instituciones de educación superior también fueron afectadas.

Según Gómez, «siete incidentes han afectado la vida e integridad personal de universitarios y guarda-custodios de bienes universitarios».

El director de Aula Abierta, destacó que el gobierno de Maduro, atenta contra la autonomía y «funciones propias» de la universidad.

Esto llevó a la «precariedad» y a una «práctica sistemática de asfixia presupuestaria».

Señaló que existen unas 50 sentencias del ámbito judicial que están en contra de la funcionalidad propia universitaria.

Deterioro del sistema educativo

En el gobierno de Hugo Chávez y ahora con Nicolás Maduro, se consignaron alrededor de 5% del presupuesto requerido para un funcionamiento cabal de las universidades.

Asimismo, durante su recorrido en la Universidad Central de Venezuela, Maduro culpó a las autoridades de la institución del abandono que había presenciado.

Donde dijo que habían «avanzado mucho en la recuperación de los espacios arquitectónicos y estructurales de la UCV. La vamos a recuperar y la vamos a dejar bella”.

Elevar la calidad educativa

Tibisay Lucena designada hace dos meses como ministra de Educación Superior, y prometió «elevar la calidad de la educación».

Sin embargo, Gómez dice que la «carencia» de la universidades van de la mano con lo que sucede en la política, «estamos frente a un régimen autoritario y este no permite la producción científico libre».

Concluyó en que «al crítico no le gusta el debate crítico. En consecuencia, ponen en blanco de ataque a los universitarios».

Dic 19, 2021 | Actualizado hace 9 meses
Las trampas del tráfico humano para captar migrantes
Cada vez es mayor la cifra de venezolanos que cruza la frontera entre México y Estados Unidos 

 

Un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GIATOC, por sus siglas en inglés) daba la voz de alarma al considerar que México se había convertido en el epicentro del tráfico humano en las Américas.

“El mercado de tráfico de personas de México es el más grande y sofisticado de la región”, exponía el documento. La trata humana se da en dos puntos clave del país: en la frontera sur y en la norte. Son en esos lugares por donde cada año cruzan miles de migrantes con la esperanza de un cambio de vida y de dar lo mejor a sus familias.

Sin embargo, en muchas ocasiones, sus pretensiones se diluyen en el momento en el que se topan con peligrosas organizaciones criminales especializadas en la trata de personas, que ven en los migrantes las víctimas perfectas para formar parte de esta red.

“Los traficantes del sur de México suelen ser miembros de la comunidad local, que trafican a individuos en autos o camiones, mientras que los del noreste de México suelen ser parte de grupos más grandes, organizados, que controlan las redes de tráfico”, detallaba.

Con la promesa de una vida mejor o una oferta de trabajo en Estados Unidos, los migrantes acaban picando el peligroso anzuelo que les puede hipotecar su vida para siempre. Son trampas que se utilizan para captar a las víctimas que, muchas veces sin darse cuenta y atraídos por propuestas inalcanzables, acaban formando parte de una red de trata de personas.

¿Cómo operan los criminales?

El informe, además, aclaraba que, en muchos casos, los malhechores están estrechamente relacionados con “grupos criminales transnacionales, cárteles de la droga y funcionarios corruptos”.

El periodista Francisco Sandoval Alarcón se ha especializado en derechos humanos, seguridad política y corrupción. Recientemente publicó un reportaje, “La Nación Chocolate”, en el que daba a conocer un fenómeno creciente en México.

“Hay una serie de cosas que están sucediendo en la frontera, que tiene que ver con la introducción ilegal de carros, chocolate, que es así como les decimos a los autos ilegales que circulan por toda la frontera norte”, afirmó.

“En estos vehículos se cometen muchos delitos en el país, desde asesinatos, asaltos o secuestros” operados por organizaciones criminales que actúan con total impunidad en la región. “Muchos de estos delitos quedan impunes y da la sensación de que hay una nación dentro de México, una nación donde se cometen muchas faltas”, agregaba.

Este escenario, sin duda, ha permitido que los criminales detrás de las redes de tráfico humano hayan podido operar sin temor a ser castigados por ello.

Los migrantes, las víctimas perfectas

Iván Briscoe, director de programas para América Latina y el Caribe de Crisis Group, una organización no gubernamental que se enfoca en la resolución y prevención de conflictos armados internacionales, asegura que “la frontera entre México y Estados Unidos y la frontera entre Venezuela y Colombia son las dos donde hoy en día se ven los más altos niveles de violencia”.

“La presencia de grupos armados y criminales, las crisis humanitarias, sobre todo en forma de grandes olas migratorias”, dijo el experto, que recientemente participó en una sesión informativa para abordar la situación de la seguridad en las fronteras de la región sur del continente americano. En ese sentido, recordó que estas acciones criminales tienen consecuencias nefastas para el bienestar de la población y, por supuesto, en el agravamiento de la crisis del tráfico humano, entre otros factores.

La trata de personas se ha convertido en otra pandemia silenciosa que sufre la población más vulnerable de América Latina y el Caribe. Una población que, en muchas ocasiones, está desesperada por abandonar su país de origen en busca de mejores oportunidades de futuro.

La situación se ha agravado por la pandemia, según la ONU

Hace un mes, en la sede principal de las Naciones Unidas se celebró una reunión de alto nivel precisamente para abordar el Plan de Acción Mundial de este organismo que tiene como objetivo combatir la trata de personas.

Los representantes de los países presentes en el encuentro coincidían al señalar que la situación se ha agravado con la pandemia, ya que muchas personas se vieron obligadas a quedarse en casa y los tiempos de uso de internet incrementaron drásticamente. “El aumento en línea durante los períodos de aislamiento provocados por la pandemia aumentó los riesgos ya alarmantes relacionados con la trata de personas en línea, así como su reclutamiento”, concluía la GIATOC sobre la reunión.

El Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual (NSVRC, por sus siglas en inglés) ha puesto a disposición de los interesados una guía informativa en la que aclara que “no existe una ‘talla única’ para el aspecto de una víctima de la trata de personas” y cualquiera podría caer en una red de explotación humana.

Falsas promesas, vidas rotas

“Las personas que son objeto de trata son niños, adolescentes y adultos de todos los géneros. Vienen de ciudades, suburbios o áreas rurales”, explican desde la NSVRC. A pesar de eso, admiten que “muchas personas son presas deliberadamente en función de sus vulnerabilidades y las personas más desfavorecidas en nuestra sociedad suelen ser los objetivos más comunes”.

“Los traficantes utilizan las vulnerabilidades de sus víctimas para engañarlas prometiéndoles cosas que la víctima puede anhelar, como inventar oportunidades económicas falsas o proporcionar apoyo emocional falso”, indicaron.

Organismos internacionales han puesto de manifiesto la necesidad de seguir abordando esta problemática a nivel global ya que la trata de personas no es una cuestión que ataña únicamente a unos pocos países. Desde Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional impulsó la Campaña Azul para crear conciencia y educar a la población sobre el tráfico humano.

¿Cómo la dolarización ha modificado la conducta criminal en Venezuela?
El vacío de poder fue ocupado por megabandas criminales. Expertos recomiendan retomar la presencia del Estado en zonas empobrecidas 

No es común que en la hacienda de Francisco se conecten las llamadas de telefonía móvil. Situada en la frontera entre los estados orientales Monagas y Bolívar, la señal de telefonía es débil, casi nula, pero una tarde de mayo, escuchó sonar el timbre de su celular.

Lo llamaron por su nombre y apellido: “Somos una comisión de las FAES (Fuerza de Acciones Especiales). Necesitamos que nos des 9.700 dólares para tu protección. Sabemos que no te gusta pagar y te la das de bravo…Nosotros sabemos tu ubicación, quién es tu familia y los hijos que tienes”.

Al otro lado del teléfono, Francisco, casi paralizado respondía: “Hermano, yo puedo ayudarlos, pero no con tanto. Ustedes se equivocaron de persona. ¿De dónde saco yo esa plata? Puedo conseguirte algo, pero eso no”.

En las zonas agrícolas de Venezuela es habitual que los delincuentes extorsionen a los ganaderos con la excusa de garantizarles seguridad. Si pagan una suma mensual, no serán atacados por ellos ni por otras bandas, pero a Francisco la venta de reses apenas le da para mantener la casa donde vive y a uno de sus tres hijos.

El hombre que se identificaba como oficial le dio dos horas para reunir la cifra. De inmediato, Francisco llamó a un par de parientes que habían vivido la misma situación, un mes atrás. Le aclararon que se trataba de reclusos de la prisión de El Rodeo, en el estado Miranda. Que apagara el móvil y no contestara más. Y así lo hizo.

Francisco continuaba aterrorizado, pensando en la suerte de su familia y en la suya. Por tres días no salió de su finca, pero temía que en cualquier momento el hombre que lo había llamado llegara a exigir lo que pidió. Cualquier sonido de motor lo alarmaba, sin embargo, no pasó a mayores.

Una semana después, encendió nuevamente el teléfono para comunicarse con otros colegas, trabajadores del campo, y notificarles que estaba bien. Uno de ellos le informó: “ya puedes estar tranquilo, pero no te descuides”.

La historia de Francisco se repite una y otra vez en varios estados de Venezuela donde el yugo del miedo se apodera de la cotidianidad.

“Dolarización” del crimen

El empobrecimiento, la emigración masiva y la crisis general que atraviesa Venezuela, son algunos de los factores que han modificado las formas de criminalidad en el país con la mayor tasa de homicidios de América Latina, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) que, en 2020, registró al menos 11.891 muertes violentas, lo que se traduce en una tasa de 45,6 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Las pequeñas bandas se han debilitado, pero las grandes organizaciones criminales se han fortalecido, afirma Roberto Briceño-León, sociólogo, investigador y director del OVV, quien destaca cómo la “dolarización” ha incidido en la “modificación” de los delitos, llevando a las organizaciones criminales a concentrarse en actividades como extorsión y tráfico de drogas.

“El proceso de dolarización llevó a que los delincuentes se enfocaran en comercios con recursos en moneda extranjera, eso les permitió junto con algunas alianzas, con la crisis de los policías, adquirir armas, municiones que le vendían los propios funcionarios”, explica.

El abogado penalista y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Luis Izquiel coincide en que la extorsión es el delito que mayor crecimiento ha tenido en los últimos dos años.

“Extorsionan a comerciantes, industriales y en los estados llaneros a los productores agropecuarios”, comenta consultado por la Voz de América.

En muchos casos, las amenazas las concretan miembros de organizaciones criminales en libertad, pero las llamadas de extorsión surgen desde cárceles venezolanas, una situación que, de acuerdo a Izquiel, es impulsada por la “impunidad”, pues “no se hacen las investigaciones ni se concretan los procedimientos judiciales contra esos delincuentes”.

“Lanzan granadas contra propiedades, o pasan disparando con fusiles frente a las viviendas de las víctimas”, estas son algunas de las demostraciones más comunes de posibilidad de concreción de las amenazas. Suelen ocurrir en el estado Zulia, pero también se observa en otros puntos del país.

Mutación del crimen

Atrás parecían haber quedado los robos y atracos que comúnmente se registraban en autobuses de pasajeros; las historias eran frecuentes y prácticamente nadie estaba a salvo, pero el depreciado bolívar dejó de ser un incentivo para los delincuentes.

“Hace poco robaron un autobús y fue sorpresivo saber de eso, había desaparecido porque la gente no llevaba efectivo en el bolsillo, pero ahora empiezan a tener dólares”, comenta Briceño-León a la VOA.

Los secuestros exprés que años atrás tuvieron una gran incidencia, también han disminuido. Izquiel lo atribuye a la crisis económica, pues “no toda víctima capturada al azar tiene capacidad de pago”.

“Eso hizo que las megabandas pasaran a los secuestros largos, donde la capacidad económica y los movimientos de la víctima están previamente estudiados. Prefieren este tipo de secuestros donde, si logran concretar la aprehensión y el desarrollo del delito, pueden obtener un importante ingreso”, explica.

Y a pesar de que las nuevas modalidades de delitos son constantemente expuestas en redes sociales, no deja de asombrar cómo muchos se convierten en víctimas.

“Los criminales publican avisos de vehículos a bajo precio en zonas aledañas a Caracas, tratando de atraer víctimas que van con el dinero en efectivo o que se presentan sin el dinero, pero con intención de comprar el supuesto vehículo. Regularmente, si tiene el dinero, lo que hacen es robarla o la secuestran y piden a sus familiares el monto por el cual la persona iba a comprar el vehículo”, detalla el criminólogo. 

 

Organizaciones criminales como El Tren de Aragua o El Tren del Llano están presentes en todo el país, pero “con formas distintas” y, hasta hace algunos años, podrían llegar a tener “entre 400 y 500 personas alistadas, un pie de fuerza importante”.

No son pandillas “en el sentido tradicional” de pequeños grupos con extensión local, sino organizaciones criminales que “tienen una organización empresarial por un lado y militar por el otro”. Además, tienen conexiones que empiezan a darse “a nivel internacional”, sostiene Briceño-León.

“Ya más hacia las fronteras son otros grupos los que actúan: el ELN, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, las disidencias de las FARC. En el área de las minas hay grupos que denominan sindicatos mineros que son los grupos criminales allí”, puntualiza.

En 2013, sectores del gobierno promovieron las denominadas “Zonas de Paz”, un programa que despejaba ciertas áreas de la presencia de funcionarios policiales y/o militares en ejercicio de sus funciones.

Para los expertos, el gobierno “terminó fomentando y fortaleciendo a las bandas criminales, que eran los sistemas más poderosos dentro de las áreas de despeje”, explicó recientemente a VOA Javier Ignacio Mayorca, periodista especializado en criminalística y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen.

Ofensiva

Para el director del OVV, la “no actuación” del Estado contra las organizaciones criminales es un “rasgo distintivo” que ha llevado al crimen a pasar a la ofensiva porque “decidió que podía copar” más territorios y empezó a “retar” en áreas muy distintas.

“Hay una combinación muy extraña donde no solamente existe un repliegue del Estado y una entrega de territorios a los grupos criminales, sino que, en algunos casos, presume uno, hay una función política”, apunta.

“El gobierno se ha tenido que replegar, los cuerpos policiales no tienen armamentos, no hay vigilancia, ha existido un repliegue del estado general en la seguridad”, subraya.

Impacto

El impacto de las megabandas criminales en la sociedad venezolana es “tremendo”, sostiene Izquiel, quien expone cómo muchos de quienes aún a pesar de la crisis hacen esfuerzos para mantener sus actividades productivas, también deben soportar la delincuencia.

 “La pérdida de calidad de vida, las personas se encierran en sus casas para no ser víctimas. Ves una sociedad que ha cambiado sus modos de relación social, las fiestas se hacen a mediodía, mucha gente prefiere no asistir a reuniones sociales en las noches”, manifiesta.

El impacto también se refleja en la migración. Si bien en los últimos años la situación económica ha llevado a miles de venezolanos a salir del país, durante los primeros 10 o 15 años del chavismo, estima el abogado, la motivación era principalmente la inseguridad ciudadana.

¿Cuánto tomaría resolver el complejo panorama?, ¿cómo mejorarlo?, Izquiel recuerda que se trata de un problema que se ha profundizado durante 22 años, por lo que es necesario empezar atendiendo los problemas estructurales como el hambre, la pobreza, la deserción escolar, los niños de la calle o el embarazo precoz, entre otros.

“En segundo término hay que reestructurar el sistema policial en el país. Venezuela es el país donde la gente siente más desconfianza hacia la policía; la gente ve una alcabala y en vez de sentirse seguro lo que hace es asustarse por la posibilidad de ser victimizado por esos propios policías”, dice.

“Acabar con la politización del sistema de justicia” para eliminar la impunidad, es otro elemento al que necesariamente se debe apuntar.

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro señaló a miembros de la oposición venezolana de presuntamente financiar bandas criminales que operan en zonas populares de Caracas.

“Los enemigos de la patria pretenden sembrar zozobra a través del financiamiento de bandas delictivas, no nos quedaremos de brazos cruzados. Estamos actuando de forma contundente, apegados a las leyes y a la Constitución para garantizar la seguridad”, escribió Maduro en su cuenta en Twitter a inicios de julio.