El Impulso, autor en Runrun

El Impulso

COFAVIC: El Estado debe cumplir su obligación de proteger a la población civil sin más dilaciones
La ONG exige una investigación sobre los hechos de La Vega

Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los hechos de violencia ocurridos recientemente en La Vega, donde hubo pérdida de vidas humanas, exige a través de un comunicado, la Organización No Gubernamental para la protección y promoción de los Derechos Humanos (COFAVIC).

Se destaca que esta situación ocurrida en La Vega constituye un patrón sistemático de actuación por parte de los órganos en materia de seguridad ciudadana.

La ONG ve con profunda preocupación el incremento del desplazamiento interno forzoso en varios estados del país, incluyendo zonas de Caracas, producto de la violencia desmedida que afecta cada vez a más personas.

El texto del comunicado de COFAVIC expone: 

El 12de junio de 2021 fueron presuntamente detenidas 38 personas y dos funcionarios policiales resultaron heridos en la comunidad de La Vegan1; hasta la fecha se desconoce si existen víctimas mortales a consecuencia del operativo de seguridad allí realizado, en el que participaron presuntamente 1420 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, lo que generó un contexto de terror generalizado y afectó principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes. El día 14 de junio se vivió un nuevo operativo en el sector, durante el cual resultaron fallecidas dos personas de la comunidad, quienes, según se conoció extraoficialmente, habrían sido producto de “balas perdidas”.

Hasta la fecha, no se conoce si las autoridades iniciaron investigaciones sobre estos casos que se han presentado como presuntas muertes en enfrentamientos o resistencia a la autoridad en esta zona popular de la capital.

Es importante resaltar que esta situación ocurrida en La Vega constituye un patrón sistemático de actuación por parte de los órganos en materia de seguridad ciudadana. En el mes de enero, entre los días 06 y el 09, esta misma comunidad fue víctima de un operativo similar, el cual ha sido considerado uno de los más letales hasta el momento. Durante los hechos de enero, fueron presuntamente asesinadas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) al menos 20 personas por presunta “resistencia a la autoridad”. En el operativo participaron 650 presuntos funcionarios policiales, de varias unidades, de las FAES y de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la PNB 4. En relación con este operativo, la organización Amnistía Internacional señaló: “El análisis de la evidencia fotográfica apunta a que el uso de la fuerza por parte de los funcionarios policiales habría sido intencionalmente letal, lo cual no se apega a los estándares sobre uso de la fuerza. El hecho de que las heridas se hayan producido en zonas de probable letalidad, y que se trate de una o dos heridas de balas en cada caso, hacen menos creíble la versión de que estas muertes se produjeron en un enfrentamiento”. El 24 de mayo se reportó una nueva incursión policial en la comunidad de La Vega, en la que presuntamente resultaron heridas tres personas, una de ellas un joven de 16 años que recibió el impacto de una bala perdida en la cabeza6, lo que días después le provocaría la muerte.

La sistematicidad de los ataques sufridos en la comunidad de La Vega durante lo que va del año 2021ha afectado mayoritariamente a la población civil desarmada y la falta de una línea contundente de investigación que procese a responsables de la ejecución de estos mecanismos de seguridad ciudadana, en todos sus niveles de participación, pueden dar motivos razonables para determinar la comisión de crímenes de lesa humanidad. Por ello, estos hechos deben cesar sin dilaciones y deben ser abiertas investigaciones eficientes, independientes y conclusivas que muestren una clara voluntad del Estado de no auspiciar ni encubrir estos graves casos.

Debido a la gran opacidad que existe en las cifras oficiales, COFAVIC ha realizado un monitoreo de manera independiente a escala nacional de la situación de derechos humanos, en particular, del fenómeno de ejecuciones extrajudiciales. Con esta metodología hemos registrado un total de 12738 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales desde 2012 a marzo de 2021. En los últimos cuatro años completos monitoreados (2017 a 2020) el número de presuntas ejecuciones extrajudiciales ha sido de 6623 casos registrados a escala nacional.

Las cifras demuestran que, sistemáticamente, las víctimas son hombres (99%),jóvenes, menores de 25 años (80%). El 60% de las presuntas ejecuciones extrajudiciales sucede durante el desarrollo de procedimientos especiales de seguridad ciudadana, que implican despliegues de fuerzas militares y policiales, en algunos casos, con participación de grupos armados civiles que actúan bajo la aquiescencia del Estado. Las víctimas en su mayoría residen en sectores muy vulnerables, como las denominadas barriadas pobres de zonas urbanas del país.

Muchas familias, incluyendo menores de edad y mujeres de edad avanzada, han sido testigos de las detenciones arbitrarias, las torturas y la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad en contra de sus familiares y sobre ellas mismas al intentar intervenir o solicitar información. Entre los patrones de actuación identificados en los referidos operativos de seguridad destacan la irrupción ilegal y violenta a las viviendas y propiedad privada, destrucción de bienes, enseres y fuentes de sustento económico para estas familias, así como la simulación de presuntos enfrentamientos y la “siembra” de evidencias. Asimismo, el posterior hostigamiento policial y militar ha generado en los sobrevivientes un terror extremo y miedo a la denuncia, a reunirse y a expresar sus necesidades, demandas y expectativas.

COFAVIC ve con profunda preocupación el incremento del desplazamiento interno forzoso en varios estados del país, incluyendo zonas de Caracas, producto de la violencia desmedida que afecta cada vez a más personas. Las familias desplazadas internas, huyen por temor a represalias y por el desamparo institucional. Estas personas son especialmente vulnerables dado que huyen en búsqueda de seguridad y protección, lo que les obliga a dejar atrás sus proyectos de vida, a lo cual se suman las dificultades por la pandemia de la COVID-19.

Por todo lo anterior, exhortamos al Estado a:

1.Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los hechos arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, para aplicarles las sanciones penales previstas por la Ley.

2.Utilizar estándares internacionales para documentar los presuntos crímenes con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y el Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

3.Adoptar de manera inmediata las medidas de protección más apropiadas para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de la totalidad de familiares de las víctimas, testigos y sobrevivientes.

4.Proteger la integridad de las personas civiles que hacen vida en la comunidad de La Vega y zonas contiguas, quienes durante el desarrollo de estos operativos de seguridad ciudadana se han visto afectadas de manera directa e indirecta.

5.Instamos firmemente al Estado venezolano a revisar a fondo los procedimientos especiales de seguridad ciudadana que se están desarrollando y que han dejado un saldo tan lamentable de violaciones de derechos humanos, especialmente en zonas populares.

6.Cumplir con la recomendación formulada por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas referida a la eliminación de las Fuerzas de Acciones Especiales(FAES)

Transparencia Venezuela asegura que cifras sobre vacunación en el país no coinciden
De acuerdo al gobierno 11% de la población está vacunada, mientras que la OPS habla de 0,5%

La organización Transparencia Venezuela afirmó a través de un comunicado que las cifras sobre la cantidad de personas vacunadas contra el nuevo coronavirus en Venezuela no coinciden. En su página web se exponen datos aportados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que indican que se han aplicado un total de 739.962 dosis contra el virus: 588.066 personas han recibido la primera dosis y 151.896 la segunda dosis. Es decir, solo 0,5% está totalmente vacunado en Venezuela (población: 28.704.947).

Dicha cifra contrasta con las ofrecidas por la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19 presidida por Delcy Rodríguez, la cual indicó que hasta el 5 de junio, 11% de la población estaba vacunada contra el virus, lo cual significa que 3,1 millones habían recibido las dos dosis. “Sin embargo, hasta ese momento, habían llegado al país solo 2.730.000 dosis de vacunas (Sinopharm y Sputnik-V)”, refiere Transparencia Venezuela.

El portal también cita al ministro de Salud Carlos Alvarado, quien igualmente es vocero de la comisión presidencial, y aseguró en una declaración del 28 de mayo que habían puesto “poco más” de un millón de dosis . Y durante los primeros 11 días de la vacunación masiva habían aplicado otras 400.000 dosis.

Por esa disparidad en las cifras, Transparencia Venezuela se atreve a decir que el total de personas vacunadas que publica la OPS no coincide con la información que escasamente ha dado la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19.

Antes de esta actualización de la OPS, el único dato que aparecía sobre Venezuela eran 230.000 dosis aplicadas, reporte que ofrecio el Ministerio de Salud a inicios del mes de abril, cuando estaba próximo a cumplirse el segundo mes de vacunación, indica Transparencia Venezuela.

Muertos por desnutrición y tuberculosis siguen aumentando en las cárceles comunes
A par de la Covid-19

Los presos venezolanos sufren otras pandemias tras las rejas ajenas a la covid-19 y que agravan cada vez más sus condiciones: la desnutrición y la tuberculosis; las principales causas de muerte de los últimos años tras desplazar a las riñas como primer motivo de fallecimiento.

Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, y Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), alertan que las muertes por estas dos causas van en aumento sin que las autoridades competentes no hagan nada al respecto.

Girón explica que la mayoría de los presos padecen desnutrición, condición que los hace presa fácil de cualquier otra enfermedad, principalmente la tuberculosis. Asevera que la situación es “extremadamente grave” y agrega que “desde 2017 prácticamente 70% de las muertes son por desnutrición”.

En este sentido, Nieto Palma sostiene que la mayoría de los presos están muriendo por tuberculosis, desnutrición y padecimientos respiratorios. Resalta que sobre la presencia de la covid-19 en las cárceles no hay mucha información.

“No se ha realizado ninguna prueba de despistaje y no se puede descartar si es covid-19 o no. Ha habido un silencio bastante grande en ese aspecto con las cárceles y centros de detención preventivos”, condena el defensor de derechos humanos.

En agosto de 2020 se dijo que más de 90 presos de distintas entidades estaban contagiados con coronavirus, pero esa información no fue confirmada por el Ministerio Penitenciario. Solo los más de 60 casos de Nueva Esparta fueron corroborados por Dante Rivas, quien funge como protector de esa entidad.

De acuerdo con las investigaciones de Una Ventana a la Libertad, entre octubre de 2020 y abril de 2021, en los estados Miranda, Zulia, Nueva Esparta y Vargas, así como en Distrito Capital, 32 presos murieron por enfermedades, dato que Carlos Nieto Palma aclara que es referencial porque no son todos las cárceles ni todos los presos.

El representante de Una Ventana a la Libertad expone, una vez más, que “ninguna cárcel ni ningún centro de detención preventivo tiene las condiciones para tener más reclusos de los que alberga. El hacinamiento, retardo procesal, enfermedades y desnutrición son los graves problemas del sistema penitenciario venezolano”.

Menos comida

A pesar de que el Ministerio Penitenciario afirma que le garantiza a los presos tres comidas diarias “adecuada, completa y de calidad”, según exponen en su página web, los familiares denuncian que a estos solo se les da agua de pasta, agua de hallaquitas y a veces arroz solo.

Al respecto, Carolina Girón indica que a pesar de que existe un presupuesto para la comida de los presos se desconoce de cuánto es, y enfatiza que la realidad es que “el Ministerio Penitenciario ha dejado en los hombros de los familiares llevar la comida de los presos”.

Por su parte, Nieto Palma enfatiza que en ninguna de las cárceles comunes ni en los centros de detención preventivos el Ministerio Penitenciario se ocupa del tema de la comida ni del de salud. Asegura que ninguno de esos lugares reúne las condiciones para suministrar alimentos, pues no tienen comedores ni servicio de comida.

Nieto Palma también recuerda que a pesar de las limitaciones para las visitas por la pandemia, los familiares deben garantizar la alimentación, enviándola junto con artículos de primera necesidad sea semana radical o no.

La representante del Observatorio Venezolano de Prisiones detalla que tras los primeros meses de confinamiento, la cifra de presos con desnutrición y tuberculosis aumentó de “manera exponencial y aterradora”; pues los familiares ya no tienen la capacidad de llevar la misma cantidad de comida.

El monitoreo de Una Ventana a la Libertad en 111 centros de detención preventiva en cinco estados constató que 14 presos tenían el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 274 estaban afectados por tuberculosis y 951 presentaban desnutrición.

Entre octubre de 2020 y abril de 2021, en esos mismos recintos fallecieron tres privados de libertad con VIH, 24 con tuberculosis y una por una afección gastrointestinal; tres por complicaciones respiratorias y uno con un infarto.

No obstante, se debe aclarar que la situación sobrepasa estos datos pues no abarca todas las cárceles y centros de detención preventivos.

Crisis del sistema educativo: ¿Venezuela está preparada para regresar a clases presenciales?
El estado de deterioro de las instituciones educativas ha sido el resultado de una década de desidia por parte de Nicolás Maduro y su administración, y que se acentuó aún más tras la llegada de la pandemia del coronavirus por el aumento de robos y el vandalismo

El pasado 12 de febrero, Nicolás Maduro anunció que en marzo de este mismo año, pese a la pandemia de la COVID-19, iniciarán las clases parciales y presenciales en los diferentes niveles educativos del país.

“He aprobado iniciar en modalidad presencial las clases en el mes de abril con bioseguridad extrema, absoluta, con detalles. Por eso vamos a hacer un esfuerzo para vacunar a los maestros en marzo”, expresó Maduro durante una transmisión emitida por Venezolana de Televisión (VTV), acompañado de Aristóbulo Istúriz, quien para ese momento era su ministro de Educación.

El anuncio generó una ola de protestas en el país por parte de los educadores quienes denunciaron las pésimas condiciones en las que se encuentran las instituciones en Venezuela y el riesgo latente de contagiarse del virus de Wuhan. 

“No hay condiciones higiénicas en los baños, no hay productos de limpieza ¿Cómo controlas el distanciamiento social entre los estudiantes? ¿Cómo se mantiene al estudiante cinco, diez minutos con la mascarilla puesta? Eso es muy difícil y puede traer otro tipo de enfermedades, como neumonía por neumococo”, cuestionó el presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Orlando Alzuru.

Por su parte, Edgar Enrique Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (FVM) del Distrito Capital, rechazó este anuncio  y señaló que además de los bajos salarios que perciben los docentes, sería prácticamente imposible aplicar medidas de higiene y bioseguridad por la precariedad de las instituciones escolares del país.

“Nicolás, las clases no pueden arrancar en marzo. No existen condiciones para clases presenciales, ni a distancia. No hay condiciones de bioseguridad en las escuelas ante la COVID-19. Pulverizaste el salario docente. Eres un irresponsable al emitir esa declaración”, escribió Machado en su cuenta de Twitter (@MachadEdgar).

Pero esta noticia no sólo fue rechazada por el gremio de educadores, sino también por los venezolanos. La encuestadora Meganálisis reveló que el 81,3% de los ciudadanos consultados no apoyan el retorno a clases presenciales en escuelas y liceos.

El estudio arrojó que existen múltiples problemas como el transporte, falta de efectivo, falta de equipos de bioseguridad y abandono de instalaciones para retomar las clases presenciales.

¿Qué pasa en las regiones?

Entre el Correo del Caroní, Tal Cual Digital, Yaracuy Al Día, La Nación Web, La Mañana Digital y Elimpulso.com, se realizó un trabajo de documentación para mostrar los problemas que sufre la educación en Venezuela, mostrando la cruda realidad que viven emblemáticas instituciones ubicadas en Táchira, Lara, Yaracuy, Falcón, Bolívar y Distrito Capital.

En la región andina, específicamente en el estado Táchira, se puede observar una considerable cifra de planteles escolares en el abandono.

Instituciones de renombre como el Liceo Bolivariano Simón Bolívar y la Escuela Bolivariana Carlos Rangel Lamus, se encuentran totalmente abandonadas, llenas de maleza, basura y paredes deslucidas.

Recientemente, el presidente de la Federación Venezolana de Maestro, capítulo Táchira, Ildemaro Useche, señaló que la mayoría de estas estructuras datan de 70 a 80 años, y no se han hecho las inversiones necesarias para su reparación o reacondicionamiento.

En centroccidente se repite el mismo escenario. En Lara, el 80% de los 1.700 planteles educativos que allí se encuentran están destruidos y no cuentan con servicios básicos, según el diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015, Alfonso Marquina.

Liceos como el Rafael Villavicencio, Federico Carmona, Coto Paul y Mario Briceño Iragorry, ubicados en Iribarren, o como el liceo Egidio Montesinos en Carora y el Eduardo Blanco en El Tocuyo, son el mejor ejemplo para mostrar el abandono del sistema educativo del país.

En Yaracuy abundan los robos, e incluso invasiones de instituciones, como es el caso de la Escuela Técnica Agropecuaria Mayorica, que hace 15 años era referencia a nivel regional por la calidad educativa que allí se impartía.

Estos problemas han provocado que en los últimos años, la matrícula del plantel pase de tener 600 estudiantes a poco más de 30.

“Toda la maquinaria y los elementos técnicos se perdieron por falta de apoyo gubernamental, las instalaciones se han ido deteriorando, al punto de que ya los alumnos ni siquiera van a estudiar allá. Por más que se quiera, no se pueden recuperar estos espacios si no hay una considerable inversión gubernamental”, indicó Oriol Martínez, docente jubilado de la E. T. A. Mayorica.

En el estado Falcón, entre los problemas que afecta la infraestructura educativa está la carencia e inadecuada aplicación de políticas de mantenimiento a los planteles educacionales.

La dirección de la Escuela Médanos de Coro, una de las más olvidadas en la entidad, elaboró en 2012 un proyecto para su rehabilitación y hasta la fecha no ha recibido respuesta.

Según el ingeniero civil Eusebio Benítez, inscrito ante el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), en la actualidad, rehabilitar la mencionada institución podría tener un costo de inversión de hasta 900.000 dólares debido al delicado estado de deterioro en que se encuentra.

El Distrito Capital no escapa de las penurias del sistema educativo, y el liceo Augusto Pi Suñer, ubicado en El Junquito, deja en evidencia el desinterés por parte del Estado.

En el Pi Suñer, la mayoría de las lámparas no tienen bombillos, las puertas no tienen cerraduras, los baños están clausurados y los pocos disponibles no tienen lavamanos. Cuando llueve entra el agua a todas partes y las servidas no están bien canalizadas. Hay filtraciones y problemas en la distribución de cargas y tableros eléctricos.

También tienen el riesgo de que una pared se venga abajo y colapse la estructura. El hampa ha hecho de las suyas en el lugar por mucho tiempo, hoy en día se llevan las pocetas y las piezas de los baños.

Por otra parte, en un estudio realizado en la parroquia Caricuao, se expone que hay 44 planteles educativos públicos, de los cuales solo dos están operativos; es decir, que disponen de todos los servicios y tienen una infraestructura aceptable.

Al sur de Venezuela, en el estado Bolívar, han denunciado que el confinamiento por la pandemia no detuvo el desmantelamiento que venían sufriendo las instituciones educativas en la entidad.

La Unidad Educativa Nacional Ramón Isidro Montes y la Escuela Básica Nacional Las Américas, son clara muestra de los efectos del vandalismo, ya que han sido desvalijadas a tal punto de estar prácticamente inoperativas.

En el oriente del país, específicamente desde Anzoátegui, se denuncia que el liceo Dr. Andrés María Hernández Caballero, ubicado en Puerto La Cruz, tiene más de 10 años con problemas de filtraciones en las paredes y la administración de Nicolás Maduro, a través del Ministerio de Educación, no ha mostrado interés para solucionarlo.

De igual forma, en el recinto se puede observar la carencia de bombillos en las aulas, así como los típicos pupitres dañados que se acumulan en una esquina.

También el liceo Bolivariano José Antonio Anzoátegui de Barcelona, ha sido olvidado por las autoridades, y además de esto, los robos en este plantel son constantes, tanto así, que vándalos hasta se han llevado el busto del prócer regional al que el liceo debe su nombre.

En la realización de este trabajo colaboraron Correo del Caroní, Tal Cual Digital, Yaracuy Al Día, La Nación Web y La Mañana Digital.

Transparencia Venezuela: Superar emergencia provocada por la pandemia exige programas transparentes de vacunación
La principal medida adoptada por el gobierno de Maduro ha sido la implementación de períodos de paralización de actividades económicas 

En una clara y evidente coincidencia con otros sectores de la vida nacional, como las Academias de Medicina y la Academia de Ciencias Físicas, Matemática y Naturales, la ONG Transparencia Venezuela exige programas transparentes de vacunación, lo que hoy se ha convertido en un clamor generalizado.

Estiman que en un escenario de alta demanda de vacunas para frenar la propagación del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad infecciosa COVID-19, no todas las naciones tienen acceso a los fármacos fabricados por diferentes laboratorios alrededor del mundo.  Advirtiendo que el caso venezolano sobresale no solo por iniciar de forma tardía los planes de inmunización, sino también por el secretismo gubernamental en torno al proceso de adquisición de las vacunas y a las denuncias de abuso y de privilegios para quienes ostentan el poder, sin haber asegurado la protección a los grupos vulnerables.

Recuerdan que a poco más de un año de iniciada la crisis, a escala global se contabilizan 117,8 millones de personas contagiadas y más de 2,6 millones de fallecidos. Además de las medidas de confinamiento, distanciamiento social y uso de tapabocas para frenar la acelerada ola de transmisión, alrededor del mundo se comenzaron a aplicar, desde diciembre de 2020, programas de vacunación masiva con al menos siete fármacos autorizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Venezuela, la principal medida adoptada por el gobierno de Nicolás Maduro ha sido la implementación de períodos de paralización de actividades económicas en alternancia con lapsos de flexibilización. No obstante, según testimonios y registros de organizaciones independientes, el país atraviesa en la actualidad su pico más alto de contagios sin garantizar el mayor número de pruebas de despistaje de la enfermedad y sin acelerar la inmunización a la mayoría de la población, en particular a los sectores expuestos a más altos riesgos: trabajadores de la salud, personas de edad avanzada y con enfermedades crónicas.

En oídos sordos

La vacunación masiva contra la COVID-19 comenzó oficialmente en Venezuela el 18 de febrero de 2021, cinco días después de la llegada de un primer cargamento con 100.000 dosis del fármaco Sputnik-V desarrollado por el Instituto Gamaleya, en Rusia. El pasado 29 de marzo el país recibió otras 50.000 vacunas de esa firma, para sumar a la fecha 250.000 dosis, es decir, 2,5% de los 10 millones de unidades prometidas. Además, arribaron 500.000 de la Sinopharm de fabricación china, para un total de 750.000 vacunas. Desde el inicio, el proceso ha estado signado por la opacidad en torno a las negociaciones para la compra de las preparaciones y a los criterios de aplicación.

Además de trabajadores de la salud de cuatro hospitales piloto ubicados en Caracas, La Guaira y Miranda, la inmunización con ese lote inicial ha incluido a militantes del partido de gobierno, diputados, policías, militares y otras figuras vinculadas con funcionarios públicos. Estas acciones, tal como lo describe el estudio, contravienen las recomendaciones de organizaciones internacionales, sociedades científicas y academias médicas que instaron a los países a desarrollar estrategias de priorización para la aplicación de las vacunas contra la COVID-19, debido, entre otras cosas, a que no se iba a disponer en lo inmediato de un suministro suficiente para inmunizar a toda la población elegible.

Por su parte, Academia Nacional de Medicina insistió sobre la urgencia de definir y difundir un plan nacional de vacunación que hiciera énfasis en la priorización. A los argumentos científicos se suma la incapacidad del sistema de salud público para hacer frente a una emergencia de esta magnitud. No obstante, en lugar de reconocer los llamados de los académicos y rectificar las medidas para garantizar la protección de quienes están en la primera línea de atención de la pandemia y de la población más vulnerable, voceros gubernamentales optaron por amenazar a quienes advierten sobre el drama que se escondería tras las cifras oficiales de contagios y muertes por complicaciones con COVID-19.

El más reciente episodio de esta tragedia fue la negativa de la administración de Maduro a aceptar el ingreso de las vacunas AstraZeneca a través del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que la decisión se basaba en los supuestos efectos secundarios provocados por el fármaco en residentes de algunos países. Sin embargo, aparentemente Venezuela no había recibido las dosis asignadas por esa plataforma debido a la deuda que mantiene con la OMS. Para solucionar esta situación, la oposición liderada por Juan Guaidó, que controla los fondos venezolanos en el exterior, afirmó que dedicaría 30 millones de dólares a pagar esas vacunas. Poco después del anuncio de un supuesto acuerdo entre ambas partes para adquirirlas, el gobierno las rechazó.

El virus de la corrupción

El informe Venezuela: inmunización política e inestabilidad social. Prioridades en pandemia, profundiza en los principios que han regido la selección de los grupos priorizados para la vacunación contra la COVID-19 en el mundo. Además, presenta los grupos priorizados en los planes de países de América Latina y Europa, que se contrastan con las decisiones tomadas en Venezuela durante el primer mes del proceso de inmunización. Igualmente, aborda la urgencia en materia de transparencia en el proceso de vacunación nacional para garantizar una buena administración pública y el respeto a la vida de los venezolanos.

Sin embargo, el problema de las vacunas se produce en medio de una profunda crisis de salud agravada por la pandemia que ha sido analizada por Transparencia Venezuela. A lo largo de este primer año de pandemia, la organización ha ahondado en el origen del colapso del sistema sanitario y ha advertido sobre las implicaciones que este contexto tiene la llegada de la COVID-19 y el manejo que ha tenido la emergencia. Así lo expuso hace justamente un año, en el Día Mundial de la Salud, con la presentación del estudio Salud en Venezuela: Un escenario aterrador para 2020, que revela cómo en el país se ha ido incrementando la vulneración del derecho a la salud, con la afectación de los elementos que conforman esta prerrogativa: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

De igual modo, en mayo del año pasado salió a la luz la investigación ¿Aislamiento social como anillo al dedo? Esta publicación advierte sobre uso del confinamiento y las medidas restrictivas como mecanismo de contención ante el colapso que vive el país. El especial retrata cada uno de los elementos que configuran la Emergencia Humanitaria Compleja que enfrenta la población y los efectos del Estado de Alarma adoptado en marzo de 2020 por el gobierno de Maduro para enfrentar la crisis, sobre todo en los sectores más vulnerables. En tres interesantes capítulos, el informe detalla el escenario venezolano antes y durante los dos primeros meses de pandemia. 

A finales de año, en noviembre de 2020, se publicó Salud en Venezuela: Cuando la corrupción es el virus, estudio que identifica una tipología de la gran corrupción en el sector salud, y presenta una selección de casos que dejan ver la profundidad y el alcance de este fenómeno que pone en riesgo la vida de los ciudadanos. El informe es el resultado del seguimiento al sistema sanitario, investigaciones abiertas por autoridades nacionales y extranjeras; así como a los hallazgos de indagaciones realizadas por reconocidos medios de comunicación independientes.

El tema también está presente en la salud está en cuarentena y en al hospital se viene a morir, dos de las historias que conforman las Crónicas de una Emergencia Humanitaria, serie de siete entregas que retrata la devastación en Venezuela producto de la corrupción, que fue publicada en febrero de este año.

Campañas por la vida

Ante la incertidumbre generada por el aumento de las cifras de contagios y muertes por COVID-19; la opacidad con la que se ha manejado el tema de las vacunas; los anuncios de inmunizaciones a personal de la alta esfera del gobierno sin garantizar la atención a los sectores prioritarios de la población y el rechazo del gobierno de Nicolás Maduro a las dosis de AstraZeneca; los gremios médico, educativo y periodístico activaron en las redes sociales campañas para exigir que se inicie la inmunización masiva de los venezolanos para frenar el avance de la pandemia. Numerosos usuarios de Twitter se sumaron a la iniciativa impulsada por dichos sectores compartiendo mensajes con la etiqueta #DejenEntrarLaVacuna. 

Luego de que el gobernante recomendara incluir a los docentes en las jornadas de aplicación de las dosis, sin conocerse si ya había sido atendido todo el personal de la salud, la organización Médicos Unidos de Venezuela pidió que los galenos se mantengan como sector priorizado de vacunación contra el COVID-19. “No queremos seguir siendo víctimas en cumplimiento de nuestro deber. La vacuna no es un capricho”, escribió la ONG en su cuenta de Twitter, sin referirse a cuántos doctores han sido vacunados hasta el momento. El gremio recordó que los trabajadores de la salud están en primera línea de batalla y que por esta razón merecen estar protegidos para seguir luchando contra la pandemia.

A las peticiones se sumó la de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) que este domingo le solicitó al mandatario, así como a los ministerios de Salud y Educación Universitaria, que les asignen vacunas a las comunidades universitarias. En el comunicado de la asociación, se le pide al Estado que ponga al sector como prioridades en el proceso de vacunación nacional. También cuestionaron que la primera fase de inmunización se desarrolló sin ningún tipo de control, y que estuvieron involucrados sectores no prioritarios.

Datos oficiales correspondientes al lunes 5 de abril, difundidos por voceros gubernamentales, reportaron 1.425 nuevos contagios y 16 fallecidos, para un total acumulado de 167.548 casos y 1.678 muertes desde el inicio de la pandemia. Además, el domingo 4 de abril se llegó al récord de 1.786 contagios en un solo día. Según expertos como el exministro de Salud, José Félix Oletta, las cifras están muy por debajo de los registros realizados por organizaciones no gubernamentales. En este contexto, en un comunicado conjunto emitido este lunes, la Academia Nacional de Medicina y la de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales reiteraron su llamado a acelerar la vacunación contra la COVID-19.

Afirman que una vacunación limitada y nuevas olas de contagios «son el peor escenario epidemiológico con un virus altamente transmisible”. De acuerdo con el documento, “la débil y limitada infraestructura de salud ha sido colapsada por la demanda de hospitalizaciones. Se requiere con urgencia la vacunación en Venezuela».

Pizarro: FAO inició proyecto para paliar inseguridad alimentaria en Venezuela
Explicó que el proyecto tiene el objetivo de apoyar la recuperación de los medios de vida y la seguridad alimentaria 

El Comisionado del Gobierno Interino para las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, informó que FAO Américas lanzó un proyecto de asistencia agrícola de emergencia para poblaciones vulnerables en situación de inseguridad alimentaria en Venezuela.

“El proyecto tiene el objetivo es apoyar la recuperación de los medios de vida y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de 1.275 hogares vulnerables incluidos los venezolanos que han regresado, pueblos indígenas, escolares y hogares encabezados por mujeres y ancianos”, expresó Pizarro a través de su cuenta en Twitter.

El funcionario agradeció al Gobierno de Bélgica y agencias multilaterales por su esfuerzo en hacer frente a las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja y la pandemia de la COVID-19 en Venezuela.

Venezuela recibe 40 toneladas en ayuda humanitaria a través de la Cruz Roja
La carga contiene kits de agua y saneamiento y filtros de agua para su potabilización, destinados a la atención brindada por los voluntarios en el territorio nacional

Este miércoles, la Cruz Roja Venezolana, anunció la llegada de un envío con ayuda humanitaria de 40 toneladas de insumos para asistir a la población venezolana en términos de agua, saneamiento y promoción de higiene, mediante el acceso al agua potable, almacenamiento de forma segura y actividades de promoción de la higiene.

El cargamento anunciado por el organismo proviene del centro logístico de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en Panamá. La carga contiene kits de agua y saneamiento y filtros de agua para su potabilización, destinados a la atención brindada por los voluntarios en el territorio nacional.

“Entre el año 2020 y este trimestre del 2021, logramos asistir a 271.457 personas en agua, saneamiento y promoción de la higiene” dijo el presidente de la organización internacional, Mario Villarroel.

De igual forma señaló que este nuevo envío permite expandir las capacidades de promoción del agua segura y evitar la propagación de enfermedades en las comunidades más vulnerables del país, que tanto lo necesitan, ante la presencia de la COVID-19.

Hasta la fecha alcanzaron los 15.670 metros cúbicos totales de agua segura alrededor del país, trabajaron en el rediseño y rehabilitación de redes de distribución de agua intrahospitalaria, realizaron formaciones en agua y saneamiento comunitarias y entregaron bidones y pastillas potabilizadoras a las comunidades.

Texto de Brian Vidal para El Impulso

Foto: @esteninf

OBU: Se desplomó el techo de la Unexpo, núcleo Carora
El desplome reciente del techo afectó un espacio de Mecatrónica, donde funciona un laboratorio, un cafetín y 10 aulas“, OBU.

El núcleo de la Universidad Experimental Politécnica Antonio José
de Sucre (Unexpo) de la ciudad de Carora, constituido por tres sedes en el
municipio Torres del estado Lara, se está deteriorando por falta de apoyo
financiero para su mantenimiento, de acuerdo con lo descrito por el Observatorio de Universidades (OBU) a través de un comunicado de prensa.

“Parte del techo de la sede principal, una casa de fabricación colonial ubicada en la calle Comercio con el Calvario, se desplomó en 2020, y recientemente se vino al suelo otro lado del techo en uno de los pasillos. El material de cañabrava con el que fue construida la antigua casa -donde nació el núcleo hace 36 años-, requiere especial cuidado e insumos para evitar que continúe el desprendimiento de la estructura”, reza la nota de prensa difundida por el OBU.

En el mismo documento se recuerda que en Carora, la Unexpo ofrece las ingenierías en Mecatrónica y Rural, y las carreras del nivel técnico superior universitario en Mecánica, Construcción Civil y Electricidad.

Hasta antes de la pandemia, según el ex dirigente estudiantil Jesús Sosa, había entre 700 a 800 estudiantes activos que eran atendidos por unos 40 profesores, refiere.

“En este núcleo, se han recibido estudiantes provenientes de los estados Bolívar, Nueva Esparta, Táchira, Trujillo, Zulia, Falcón, Portuguesa y de varias ciudades del estado Lara, sobre todo, cursantes de la carrera de Mecatrónica”, continúa el comunicado que además indica que hasta 2018 el liderazgo estudiantil de esa casa de estudios presionó para lograr mejoras en la institución.

“Muchos se graduaron, algunos dejaron de estudiar e incluso otros tuvieron que abandonar sus carreras y huir del país porque fueron perseguidos por su participación en las protestas entre 2014 y 2017”, explica Sosa, ex líder del Movimiento de Integridad Universitaria, contactado por el OBU.

Después de dos años, el movimiento estudiantil se reactivó con la campaña #yomeunoporque para buscar soluciones a los problemas de la planta física y el funcionamiento administrativo del núcleo Carora de la Unexpo.

La información obtenida por el Observatorio de Universidades indica que de los cuatroautobuses de la Universidad, están activos dos. “En la sede central, los estudiantes repararon dos de los aires acondicionados en el área de Informática, pero no se ha hecho mantenimiento en las áreas verdes y otros espacios de la Universidad, donde se están formando panales de avispas. Igual situación se presenta en los laboratorios de la sede Jacinto Lara, en la misma ciudad de Carora“, refieren.

Desde 2019 se ha agravado la situación del mantenimiento de la infraestructura, lo que ha despertado el interés del movimiento estudiantil de repararla para reanudar las actividades académicas. “Las autoridades han hecho llamado de inscripciones; algunos irán a prácticas de laboratorio y a presentar exámenes presenciales con medidas de bioseguridad, mientras las clases teóricas se impartirán de modo virtual”, dijo Sosa al Observatorio de Universidades.