El Impulso, autor en Runrun

El Impulso

363 muertes violentas se contabilizan en Lara desde enero hasta agosto de 2019

EL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE LA VIOLENCIA (OVV) informó que desde enero hasta agosto de 2019, se contabilizaron alrededor de 363 muertes violentas en el estado Lara.

El OVV indicó el 57.4% de las víctimas tenían entre 15 y 29 años y el 89% eran hombres. Indicaron que solamente en el mes de agosto de registraron 41 asesinatos en toda la entidad.

Detallaron que el 37.2% de los sucesos tuvieron como móvil resistencia a la autoridad y ataque por organismo de seguridad. Puntualizaron que el62% de las muertes violentas fueron ejecutadas por cuerpo policiales, específicamente funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes)adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB)

EL BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO informó a través de su cuenta oficial en Twitter, que la institución no está sujeta un régimen de intervención, por lo tanto continuará con sus actividades de manera regular.

Durante la mañana de este jueves se pudo conocer una decisión de la Superintendencia de las Instituciones Bancarias, Sudeban, mediante la cual dictó medidas administrativas de intervención en contra de esta última institución, por un período de 120 días. 

En su cuenta en las redes sociales, el B.O.D. expresa: “Informamos a nuestros clientes y público en general que el BOD no está sujeto a un régimen de intervención. Las medidas administrativas se limitan a las descritas en la resolución N° 047.19 de @SudebanInforma  que no afectan la continuidad de las operaciones del banco”.

Se recuerda que en la normativa que aplica la Sudeban, en materia de intervenciones, existe una figura que se denomina “intervención a puertas abiertas”, lo que implica que se interviene la institución por parte de la Superintendencia, pero esta puede continuar con sus operaciones regulares. 

Cedice Libertad: Políticas del Gobierno han generado en Venezuela un genocidio económico

EN VENEZUELA, en los últimos, años se ha desarrollado una política económica enfocada claramente en destruir la producción de riqueza, apoderarse de los bienes de los ciudadanos, y generar por este camino la miseria, el hambre, la enfermedad y la muerte de la población venezolana, en lo que ha sido calificado como un “genocidio económico”.

Así lo revela una investigación adelantada desde el año 2007 por el Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, a cargo de los especialistas Ricardo Rojas y Andrea Rondón, a través de la
cual se ha detectado una política sistemática de desconocimiento de la propiedad privada que ha tenido como consecuencia la destrucción del aparato productivo nacional; un sometimiento prácticamente absoluto de los productores al Estado venezolano; y los mayores índices de pobreza y desnutrición que se recuerden.

En su trabajo, se pasearon por el Estatuto de de Roma, en cuyo artículo 6 en el que se establece de manera específica que “…se entenderá como supuestos de «genocidio» cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c)Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.” En el caso
venezolano, los autores de esta investigación, afirman que existe un genocidio económico fundamentalmente relacionado con el c) Sometimiento intencional.

Rojas y Rondón afirman que una interpretación del genocidio desde la protección de la persona y sus derechos como una integridad, lleva a concluir, que no debe considerarse genocidio únicamente a los actos armados y violentos contra una parte de la población destinados a su exterminio, sino que debe incluir otros actos de agresión, directos o indirectos, tendientes al mismo exterminio al atentar contra los medios que cada individuo posee para sostener su propia vida, esto es: la propiedad, la libertad de producir y contratar y una moneda sana. La destrucción de estos elementos produce los mismos efectos que las bombas y disparos por paramilitares.

Se ratifica como en el Estatuto de Roma se definen las etapas en las que claramente se identifica el propósito de destruir a una parte de la población. En el caso venezolano, se han denunciado persecuciones
políticas, torturas, prisiones ilegales, homicidios por grupos paramilitares y un sistemático abuso del poder. Pero los investigadores incluyen entre estos argumentos, el del desarrollo de una política económica enfocada claramente a destruir la producción de riqueza, apoderarse de los bienes de los ciudadanos, y generar por este camino la miseria, el hambre, la enfermedad y la muerte de la
población venezolana.

A modo de conclusiones los investigadores del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, advierten que cuando se examina una eventual imputación a Nicolás Maduro y miembros de su gobierno por delitos de lesa humanidad y genocidio, a las imputaciones de persecución política a disidentes, encarcelamientos, muertes, fomento de grupos paramilitares descontrolados, detenciones arbitrarias y corrupción, no deben olvidarse -porque a esta altura constituye una clara forma de persecución sistemática e intento de aniquilamiento de parte de la población civil- todas las
medidas económicas y sus nefastas consecuencias. Lo que se ve agravado, en este caso, por el hecho de haber rechazado la ayuda humanitaria internacional para palear de alguna forma el hambre y
enfermedades que crecen en el país.

Una interpretación del genocidio desde la protección de la persona y sus derechos como una integridad, lleva a concluir, según entienden y propician en la investigación, que no debe considerarse genocidio
únicamente a los actos armados y violentos contra una parte de la población destinados a su exterminio, sino que debe incluir otros actos de agresión, directos o indirectos, tendientes al mismo exterminio al atentar contra los medios que cada individuo posee para sostener su propia vida, esto es: la propiedad, la libertad de producir y contratar y una moneda sana. La destrucción de estos elementos produce los mismos efectos que las bombas y disparos por paramilitares, convierten al dictador en genocida, y esas
consecuencias son palmarias en la actual Venezuela.

Canciller de Canadá viajará a Cuba para abordar la emergencia humanitaria en Venezuela

LA CANCILLER DE CANADÁ, Chrystia Freeland, informó que con la finalidad de discutir la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, viajará la semana próxima a Cuba.

La diplomática canadiense se reunirá el 28 de agosto con su homólogo cubano Bruno Rodríguez, con quien ya analizó el tema a principios de junio en Toronto.

“Creemos que es importante explorar todos los caminos posibles para una resolución de la situación (en Venezuela)”, dijo Freeland en una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de visita en Ottawa.

“Con eso en mente, viajaré la próxima semana a Cuba para una reunión bilateral con el canciller cubano”, añadió.

Canadá reconoce el mandato del presidente (E) de la República, Juan Guaidó, mientras que Cuba apoya al régimen de Nicolás Maduro.

Nuevo ciclo de amenazas recibe Rocío San Miguel

LA PRESIDENTA DE LA organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel  está viviendo desde el martes de esta semana un nuevo ciclo de amenazas, según su propia confesión a elimpulso.com.

Esta última proviene de alguien que dice llamarse Carlos Beltrán, quien manifiesta pertenecer a un sindicato que tiene afiliados en todo el territorio nacional. Sin embargo, esa identificación no parece ser real.

No obstante, el número telefónico sí lo es, ya que tanto las llamadas del martes como los mensajes de texto del miércoles corresponden a un aparato que, en cuestión de cinco minutos, si la policía actúa de acuerdo con sus funciones investigativas, ya se sabría quién es el autor de las amenazas. 

Estas no han amedrentado a San Miguel, quien manifestó que continúa trabajando por la defensa de los derechos políticos de la ciudadanía.

Los abogados de San Miguel están precisando detalles para consignar la denuncia ante el Ministerio Público.

Cuando se le preguntó si confiaba en que este organismo procedería a actuar, la profesional del derecho y profesora universitaria respondió que como ciudadana está en el derecho de plantear su situación ante el órgano correspondiente.

Fue entonces cuando reveló que desde hace más de diez años ha venido viviendo etapas de amenazas.

En el 2008 comenzó ese calvario cuando denunció como inconstitucional y, desde luego, bestial por su contenido a la ley “sapo” disfrazada como la que creaba el servicio nacional de inteligencia y contra inteligencia. Tras treinta días de rechazo por parte de Control Ciudadano, el presidente Hugo Chávez la derogó.

En más de diez años, la presidenta de Control Ciudadano ha venido recibiendo amenazas que han motivado la presentación de más de 16 denuncias ante el Ministerio Público. Ninguna ha sido investigada.

Es por esta razón que dice que las amenazas de martes y miércoles forman parte de un nuevo ciclo.

Cabe resaltar que hay tres personas defensoras de los derechos polìticos que debieran tener protección como lo ha solicitado oficialmente la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de Rubén González, sindicalista de Guayana; Luis Carlos Díaz, periodista; y la Dra. San Miguel.

Las amenazas, como es natural, han causado gran preocupación a la familia de la principal activista de Control Ciudadano, quien ha venido últimamente insistiendo en  el contenido del informe de la Dra. Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien planteó la eliminación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) por considerarla un grupo de exterminio, que ha causado más de 6000 homicidios en un país donde está prohibida la pena de muerte.

 
Cedice: Se necesitan 48 salarios integrales para adquirir la canasta básica

AL MENOS 48 SALARIOS INTEGRALES (65.000 bolívares) necesitan una familia de tres personas para adquirir la canasta básica en Venezuela, así lo señaló la asociacióncivil Cedice Libertad.

La ONG aseguró en su informe quincenal que para “el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia integrada por tres personas alcanzó el valor de3.138.985,71 bolívares”.

También indicó que los precios presentaron una variación de 9,84% en el periodo comprendido desde el 01 de julio hasta el 15 de julio.

“La inflación acumulada desde el 1 de enero al 15 de julio de 2019 es de 1.837,3%. La variación promedio de estas 13 quincenas transcurridas es de 25,61%”, resaltaron en su informe.

Pizarro al director de la FAO: Venezuela no siempre dependió de la importación

LUEGO DE QUE EL DIRECTOR DE LA Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, expresara queVenezuela siempre ha dependido de las importaciones, el diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, refutó estas declaraciones y recordó que “gran parte de los bienes básicos -incluidos alimentos- eran producidos” en el país.

El funcionario de la ONU había asegurado que debido a la dependencia de importación, la devaluación de la moneda y los bloqueos económicos estadounidenses, en Venezuela se había disparado el hambre.

Sin embargo, Pizarro en su cuenta de Twitter @miguel_pizarro le recordó que “Venezuela no siempre dependió de la importación, gran parte de los bienes básicos -incluidos alimentos- eran producidos aquí, incluso exportados.”

El parlamentario detalló que el modelo socialista “se encargó de destruir el sistema productivo y económico, mintiéndole por años al mundo sobre las cifras de producción”, y consideró que el hambre no se disparó por las sanciones del gobierno estadounidensesino por la destrucción de Venezuela por parte del chavismo.

Comisión de la ONU visitó a Freddy Guevara y Roberto Enríquez

Miembros del Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas, visitaron la noche del martes al diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara y al presidente del partido Copei, Roberto Enríquez, quienes se encuentran exiliados en la embajada de Chile en Caracas.

La visita se realizó con el fin de comprobar la situación de ambos políticos, previo a la visita de Michelle Bachelet a Venezuela, quien llegará este miércoles, 19 de junio al país.

De igual modo, los miembros que estuvieron en el lugar fueron el director José María Arana, el oficial de Derechos Humanos sección América, Carlos De La Torre, y la oficial de Derechos Humanos para América, Sara Nuero Escobar, notificó el portal de El Nacional.

Luego de realizar las denuncias correspondientes a ambos casos, la comisión informó a los dirigentes sobre las acciones que realizará la Alta Comisionado de los Derechos Humanos durante su visita al país.

Bachelet estará visitando a los familiares de los presos políticos y de ciudadanos víctimas de la represión del régimen, a personas vinculadas a los casos en el hospital JM de los ríos en Caracas, al presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, y otros.