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El Impulso

OVV: Lara ocupa el segundo lugar en casos de feminicidios en Venezuela
177 casos a nivel nacional fueron reportados en los primeros nueve meses del año 

El Observatorio Venezolano de Violencia en Lara (OVV), informó que según cifras del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el estado ocupa el segundo lugar en casos de feminicidios en el país, al contabilizar el 15,4% de los 177 reportados en los primeros 9 meses del año 2021.

Por medio del monitoreo de medios del Observatorio Venezolano de Violencia se obtuvo que entre enero y septiembre, la violencia basada en género (VBG) fue el motivo de 37 casos en el territorio larense.

En su informe, explican que la VBG es una modalidad de violencia que está determinada por el sexo de la víctima, tratándose mayoritariamente de mujeres.

«La vulnerabilidad de las personas objeto de ataques se hace mayor por razones culturales, lo que ayuda a comprender cómo es que la VBG se expresa en la coerción, sometimiento, agresión verbal y física, y en el caso extremo como en Venezuela y otros países de la región, en el feminicidio», apuntan.  

En el texto, manifiestan que según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), «la VBG es cualquier acto que perjudique a una persona, basado en su género: hombre o mujer, ya que la lesiona física, sexual o psicológicamente al amenzarla, coaccionarla y hasta privarla de libertad».

En este sentido, Azoreiny Bracamonte, coordinadora del Servicio Psicosocial y Legal de la Asociación Larense de Planificación Familiar (Alaplaf), explica que las formas más comunes de este tipo de casos en el estado Lara son la sexual y el acoso, y, en menor medida, el feminicidio.

“Ese tipo de violencia es como un afán del agresor de tener el control hacia la otra persona. Es la manera de ejercer poder y dominar, oprimir y demostrar sumpremacía; es decir, busca sometimiento de quien la sufre”, asegura.

Un mal antiguo

“Se tiene la percepción general de que desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, hubo un incremento de casos de violencia intrafamiliar y basada en género, pero para nosotros, en Alaplaf, no es así. Viene de mucho antes. Vemos con preocupación que la violencia intrafamiliar y la basada en género se ha naturalizado, sobre todo en las comunidades más pobres, a pesar de que los movimientos de Derechos Humanos están muy activos en el país y en la región en búsqueda de cambios en este sentido”, aseveró Bracamonte.

Por esta razón, exhorta a las autoridades a abordar esta situación, y de esta manera «evitar» la impunidad.

“Hay mujeres que han ido a denunciar y no han sido tomadas en cuenta; en muchas ocasiones, los funcionarios se burlan de ellas o justifican la agresión”, afirmó.

Al mismo llamado se suma el OVV Lara, al pedir a los entes correspondientes «afrontar este grave problema y se recuerda que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se promueve la construcción de un Estado democrático, social y de derecho, en aras de la justicia».

«Es necesario el abordaje integral de la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la incorporación de elementos que generen  oportunidades en las áreas: económica, social y cultural. Además, implementar una campaña de sensibilización y cambios de comportamiento en la sociedad sustentada en  valores y formación educativa”, concluyó el coordinador del OVV Lara.

Alfredo Álvarez: En ausencia del periodismo es muy difícil convivir en libertad
El comunicador social lamenta la desaparición de 100 periódicos  

El reconocido periodista larense, Alfredo Álvarez, presentó su obra escrita titulada: “Crónicas de un Oficio”, dedicada al periodismo y la comunicación en Venezuela.

El acto se llevó a cabo en la sede de la Asociación Civil Medianalisis, donde Álvarez dio detalles de su libro basado en eventos y experiencias vividas en el país a partir del año 2004 y que sirvieron como contexto a permanentes ataques a los medios de comunicación social en el país.

El periodista comentó que siente el periodismo como un gran oficio que le atrae y apasiona desde muy joven y que su amplia trayectoria, le hacen asegurar que “su profesión se trata de un oficio que nace como una forma de ver la vida y palearla. En ausencia del periodismo es muy difícil convivir en libertad”.

Para Alfredo Álvarez, las heridas más lastimosas que ha recibido la libertad de expresión en Venezuela, tienen que ver con la desaparición de más de 100 periódicos, además de los casos contra Globovisión, El Universal y El Nacional, reseñó Medianalisis, en su página web.

“Que en un país desaparezcan, en menos de cinco años, 115 medios consolidados es muy lamentable, hay que ser periodista para sentirlo”, manifestó Álvarez.

Condenó que hoy en Venezuela, hay zonas donde no existe el periodismo, salvo la versión oficial, “acabas los medios y terminas con la vida social”, puntualizó.

Biblioteca Pública Antonio Pasquali

La Asociación Civil Medianálisis renovó el espacio y cambió el nombre de su biblioteca pública, que en adelante se llamará Antonio Pasquali, en homenaje a quien fue hasta ahora el principal estudioso de la comunicación en Venezuela.

El director de Medianálisis, Andrés Cañizález, comentó que la idea original de la creación de una biblioteca que sirviera como lugar de consulta especializada en Periodismo, Comunicación y Democracia en el estado Lara, surgió con una recopilación de sus libros personales.

En consenso, se acordó además dar el nombre de Simón Alberto Consalvi, a la colección de libros historiográficos y de semblanzas, que ahora se enriquece con la obra de Alfredo Álvarez, reseñó Medianálisis.

Aula Abierta: Clases presenciales ameritan vacunación masiva
Para la ONG el retorno a aulas en las universidades depende de un proceso de vacunación masiva

Para Karla Velazco, subdirectora de la organización no gubernamental venezolana Aula Abierta, el inicio de clases presenciales en las universidades depende de un proceso de vacunación masiva contra la COVID-19 de estudiantes, profesores, personal administrativo y obrero.

Nicolás Maduro ha asomado en reiteradas oportunidades que las clases presenciales podrían reanudarse en octubre de 2021 “con todas las medidas de bioseguridad”. 

A juicio de Velasco, actualmente no hay condiciones favorables para el reinicio de clases

“No tenemos cifras de personal universitario vacunado, para un eventual retorno a las aulas es necesario que todos tengan la inmunización”, dijo Velazco.

La subdirectora de Aula Abierta indicó que no solo la vacunación conspira para la vuelta a las universidades, también otros factores característicos de un país con una crisis humanitaria compleja. 

La asfixia presupuestaria a la que ha sido sometida la comunidad universitaria ha afectado las condiciones de infraestructura y organizativas mínimas para impartir conocimiento. La insuficiencia salarial a profesores y demás personal, quienes no cuentan con los insumos y equipos para garantizar condiciones de bioseguridad y la deficiencia en la prestación de servicios públicos como agua, electricidad e internet”, indicó Velazco. 

La coordinadora de la ONG venezolana sostuvo que este compendio de calamidades ha provocado la deserción no solo de estudiantes, sino también de profesores. 

“Durante 2020 y 2021 se documentó nuevamente una disminución en el número de estudiantes que se inscribieron y cursaron matrículas estudiantiles en al menos cuatro de las principales universidades autónomas nacionales de Venezuela como la Universidad Central de Venezuela, Universidad de Los Andes, Universidad del Zulia y Universidad de Oriente”.

De acuerdo con Aula Abierta, desde marzo de 2020 y hasta mayo de 2021 se reportaron al menos 272 incidentes de hurtos y robos en distintas universidades.

“La infraestructura universitaria ha sido desmantelada por todos los incidentes de seguridad. Es muy difícil hablar de un regreso presencial en estas condiciones”. 

La educación es indetenible  

Para Aula Abierta, la educación no escapa a la crisis generalizada en Venezuela. 

“La emergencia humanitaria compleja afecta a todos los niveles educativos y en situación de pandemia es aún más crítica. El estudiantado y profesorado padece la pérdida de su poder adquisitivo, no cuenta con herramientas digitales necesarias, además las constantes fallas de electricidad e internet vulneran el derecho a la educación y con él la libertad académica”, aseveró la subdirectora de la ONG, Karla Velazco. 

A juicio de Velazco el proceso educativo debe seguir, no puede detenerse. 

“La educación es la luz de la sociedad que permite el avance y el desarrollo. Toda sociedad democrática depende de la educación y la libertad académica. Por eso desde Aula Abierta afirmamos ‘sin universidades no hay democracia’. El futuro se ve poco alentador, pero es imprescindible que la comunidad universitaria se mantenga en pie exigiendo el respeto a sus derechos a nivel nacional e internacional y aportar propuestas de soluciones. No podemos permitir que se cierre la cuna del conocimiento científico, eso sería acabar con el desarrollo y el progreso. Las generaciones presentes y las futuras merecen una formación de calidad que les permita alcanzar sus metas y sueños”, manifestó Velazco.  

Para Velazco el principal desafío de las organizaciones en Venezuela es hacerle frente a las amenazas y acciones del gobierno como la providencia administrativa 002-2021, que obliga a establecer un registro de ONG para intervenir en sus funciones y financiamiento. 

“Afrontamos un riesgo de seguridad personal de nuestros miembros como lo padecen todas las ONG en Venezuela debido a las represalias por parte del régimen y en ese sentido está la detención de miembros de Azul Positivo y Fundaredes por nombrar algunos. En nuestro caso, que defendemos derechos universitarios, el grado de riesgo es mayor; es público y notorio la persecución a líderes estudiantiles, profesores y autoridades universitarias que denuncian las violaciones a sus derechos como la libertad académica, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a la educación o transgresión a la autonomía universitaria”, concluyó.

Familias en Lara y Yaracuy deben movilizarse en promedio más de 2,2 kilometros, para abastecerse del agua
En Portuguesa y Falcón el promedio se eleva a 3,5 kilómetros

En los estados Lara y Yaracuy las familias deben movilizarse, en promedio más de 2,2 kilometros, para abastecerse del agua no potabilizada que consumen, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por el Observatorio del Gasto Público, de Cedice,relativas al servicio de agua potable para el mes de julio.

Mientras tanto, en los estados Portuguesa y Falcón el promedio se eleva a 3,5 kilómetros, el trayecto que deben recorrer las personas para obtener el vital líquido que les permita atender sus necesidades personales y aseo del hogar.

La investigación revela datos verdaderamente inquietantes, porque se ha determinado que 6 de cada 10 represas presentan problemas de contaminación, lo que evidencia que el a gua debe ser tratada adecuadamente para que pueda ser apta para el consumo humano.

De allí que según las cifras, un venezolano promedio invierte el 31% de su tiempo útil para almacenar y tratar el agua que consume, tiempo que podría ser utilizado en otras actividades más provechas.

La situación más dramática, desde el punto de vista del servicio de agua, la vive el pueblo zuliano, aun cuando dispone del Lago de Maracaibo, ya que los habitantes de deben recorrer diariamente entre 4 y 5 kilómetros para abastecerse de agua, que en la mayoría de los casos no es potable y tiene que ser hervida para poder ser utilizada.

A nivel regional se detecta que en el estado Lara, en la Avenida principal de Barquisimeto se presentó una avería en las tuberías matrices, generando que más de 300 mil personas quedaran sin suministro de agua por dos semanas. Se reparó parcialmente para restablecer el servicio pero la obra central de reparación no ha iniciado. Se desconoce el monto de la inversión.

En el estado Falcón, debido a las lluvias y la interrupción en el servicio de electricidad se ha incumplido en 87% el esquema de racionamiento de agua, pudiendo prolongarse los periodos sin agua por más de 15 días. Los habitantes han optado por recolectar, hervir para el consumo y usar para labores domésticas el agua de la lluvia. Se espera que para mediados de agosto comience un proyecto de reacondicionamiento de tuberías de tuberías principales, se desconoce el monto y los plazos exactamente.

Mientras que en el Zulia, debido a las fallas eléctricas los sistemas de distribución funcionan a menos del 20% de su capacidad, dejando sin agua a casi un 40% de la población. El proyecto de reacondicionamiento que está llevando la Gobernación fue detenido, se desconoce la razón y el monto invertido, revela el informe de Cedice Libertad.

COFAVIC: El Estado debe cumplir su obligación de proteger a la población civil sin más dilaciones
La ONG exige una investigación sobre los hechos de La Vega

Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los hechos de violencia ocurridos recientemente en La Vega, donde hubo pérdida de vidas humanas, exige a través de un comunicado, la Organización No Gubernamental para la protección y promoción de los Derechos Humanos (COFAVIC).

Se destaca que esta situación ocurrida en La Vega constituye un patrón sistemático de actuación por parte de los órganos en materia de seguridad ciudadana.

La ONG ve con profunda preocupación el incremento del desplazamiento interno forzoso en varios estados del país, incluyendo zonas de Caracas, producto de la violencia desmedida que afecta cada vez a más personas.

El texto del comunicado de COFAVIC expone: 

El 12de junio de 2021 fueron presuntamente detenidas 38 personas y dos funcionarios policiales resultaron heridos en la comunidad de La Vegan1; hasta la fecha se desconoce si existen víctimas mortales a consecuencia del operativo de seguridad allí realizado, en el que participaron presuntamente 1420 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, lo que generó un contexto de terror generalizado y afectó principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes. El día 14 de junio se vivió un nuevo operativo en el sector, durante el cual resultaron fallecidas dos personas de la comunidad, quienes, según se conoció extraoficialmente, habrían sido producto de “balas perdidas”.

Hasta la fecha, no se conoce si las autoridades iniciaron investigaciones sobre estos casos que se han presentado como presuntas muertes en enfrentamientos o resistencia a la autoridad en esta zona popular de la capital.

Es importante resaltar que esta situación ocurrida en La Vega constituye un patrón sistemático de actuación por parte de los órganos en materia de seguridad ciudadana. En el mes de enero, entre los días 06 y el 09, esta misma comunidad fue víctima de un operativo similar, el cual ha sido considerado uno de los más letales hasta el momento. Durante los hechos de enero, fueron presuntamente asesinadas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) al menos 20 personas por presunta “resistencia a la autoridad”. En el operativo participaron 650 presuntos funcionarios policiales, de varias unidades, de las FAES y de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la PNB 4. En relación con este operativo, la organización Amnistía Internacional señaló: “El análisis de la evidencia fotográfica apunta a que el uso de la fuerza por parte de los funcionarios policiales habría sido intencionalmente letal, lo cual no se apega a los estándares sobre uso de la fuerza. El hecho de que las heridas se hayan producido en zonas de probable letalidad, y que se trate de una o dos heridas de balas en cada caso, hacen menos creíble la versión de que estas muertes se produjeron en un enfrentamiento”. El 24 de mayo se reportó una nueva incursión policial en la comunidad de La Vega, en la que presuntamente resultaron heridas tres personas, una de ellas un joven de 16 años que recibió el impacto de una bala perdida en la cabeza6, lo que días después le provocaría la muerte.

La sistematicidad de los ataques sufridos en la comunidad de La Vega durante lo que va del año 2021ha afectado mayoritariamente a la población civil desarmada y la falta de una línea contundente de investigación que procese a responsables de la ejecución de estos mecanismos de seguridad ciudadana, en todos sus niveles de participación, pueden dar motivos razonables para determinar la comisión de crímenes de lesa humanidad. Por ello, estos hechos deben cesar sin dilaciones y deben ser abiertas investigaciones eficientes, independientes y conclusivas que muestren una clara voluntad del Estado de no auspiciar ni encubrir estos graves casos.

Debido a la gran opacidad que existe en las cifras oficiales, COFAVIC ha realizado un monitoreo de manera independiente a escala nacional de la situación de derechos humanos, en particular, del fenómeno de ejecuciones extrajudiciales. Con esta metodología hemos registrado un total de 12738 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales desde 2012 a marzo de 2021. En los últimos cuatro años completos monitoreados (2017 a 2020) el número de presuntas ejecuciones extrajudiciales ha sido de 6623 casos registrados a escala nacional.

Las cifras demuestran que, sistemáticamente, las víctimas son hombres (99%),jóvenes, menores de 25 años (80%). El 60% de las presuntas ejecuciones extrajudiciales sucede durante el desarrollo de procedimientos especiales de seguridad ciudadana, que implican despliegues de fuerzas militares y policiales, en algunos casos, con participación de grupos armados civiles que actúan bajo la aquiescencia del Estado. Las víctimas en su mayoría residen en sectores muy vulnerables, como las denominadas barriadas pobres de zonas urbanas del país.

Muchas familias, incluyendo menores de edad y mujeres de edad avanzada, han sido testigos de las detenciones arbitrarias, las torturas y la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad en contra de sus familiares y sobre ellas mismas al intentar intervenir o solicitar información. Entre los patrones de actuación identificados en los referidos operativos de seguridad destacan la irrupción ilegal y violenta a las viviendas y propiedad privada, destrucción de bienes, enseres y fuentes de sustento económico para estas familias, así como la simulación de presuntos enfrentamientos y la “siembra” de evidencias. Asimismo, el posterior hostigamiento policial y militar ha generado en los sobrevivientes un terror extremo y miedo a la denuncia, a reunirse y a expresar sus necesidades, demandas y expectativas.

COFAVIC ve con profunda preocupación el incremento del desplazamiento interno forzoso en varios estados del país, incluyendo zonas de Caracas, producto de la violencia desmedida que afecta cada vez a más personas. Las familias desplazadas internas, huyen por temor a represalias y por el desamparo institucional. Estas personas son especialmente vulnerables dado que huyen en búsqueda de seguridad y protección, lo que les obliga a dejar atrás sus proyectos de vida, a lo cual se suman las dificultades por la pandemia de la COVID-19.

Por todo lo anterior, exhortamos al Estado a:

1.Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los hechos arriba mencionados, con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, para aplicarles las sanciones penales previstas por la Ley.

2.Utilizar estándares internacionales para documentar los presuntos crímenes con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y el Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

3.Adoptar de manera inmediata las medidas de protección más apropiadas para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de la totalidad de familiares de las víctimas, testigos y sobrevivientes.

4.Proteger la integridad de las personas civiles que hacen vida en la comunidad de La Vega y zonas contiguas, quienes durante el desarrollo de estos operativos de seguridad ciudadana se han visto afectadas de manera directa e indirecta.

5.Instamos firmemente al Estado venezolano a revisar a fondo los procedimientos especiales de seguridad ciudadana que se están desarrollando y que han dejado un saldo tan lamentable de violaciones de derechos humanos, especialmente en zonas populares.

6.Cumplir con la recomendación formulada por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas referida a la eliminación de las Fuerzas de Acciones Especiales(FAES)

Transparencia Venezuela asegura que cifras sobre vacunación en el país no coinciden
De acuerdo al gobierno 11% de la población está vacunada, mientras que la OPS habla de 0,5%

La organización Transparencia Venezuela afirmó a través de un comunicado que las cifras sobre la cantidad de personas vacunadas contra el nuevo coronavirus en Venezuela no coinciden. En su página web se exponen datos aportados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que indican que se han aplicado un total de 739.962 dosis contra el virus: 588.066 personas han recibido la primera dosis y 151.896 la segunda dosis. Es decir, solo 0,5% está totalmente vacunado en Venezuela (población: 28.704.947).

Dicha cifra contrasta con las ofrecidas por la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19 presidida por Delcy Rodríguez, la cual indicó que hasta el 5 de junio, 11% de la población estaba vacunada contra el virus, lo cual significa que 3,1 millones habían recibido las dos dosis. “Sin embargo, hasta ese momento, habían llegado al país solo 2.730.000 dosis de vacunas (Sinopharm y Sputnik-V)”, refiere Transparencia Venezuela.

El portal también cita al ministro de Salud Carlos Alvarado, quien igualmente es vocero de la comisión presidencial, y aseguró en una declaración del 28 de mayo que habían puesto “poco más” de un millón de dosis . Y durante los primeros 11 días de la vacunación masiva habían aplicado otras 400.000 dosis.

Por esa disparidad en las cifras, Transparencia Venezuela se atreve a decir que el total de personas vacunadas que publica la OPS no coincide con la información que escasamente ha dado la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19.

Antes de esta actualización de la OPS, el único dato que aparecía sobre Venezuela eran 230.000 dosis aplicadas, reporte que ofrecio el Ministerio de Salud a inicios del mes de abril, cuando estaba próximo a cumplirse el segundo mes de vacunación, indica Transparencia Venezuela.

Muertos por desnutrición y tuberculosis siguen aumentando en las cárceles comunes
A par de la Covid-19

Los presos venezolanos sufren otras pandemias tras las rejas ajenas a la covid-19 y que agravan cada vez más sus condiciones: la desnutrición y la tuberculosis; las principales causas de muerte de los últimos años tras desplazar a las riñas como primer motivo de fallecimiento.

Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, y Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), alertan que las muertes por estas dos causas van en aumento sin que las autoridades competentes no hagan nada al respecto.

Girón explica que la mayoría de los presos padecen desnutrición, condición que los hace presa fácil de cualquier otra enfermedad, principalmente la tuberculosis. Asevera que la situación es “extremadamente grave” y agrega que “desde 2017 prácticamente 70% de las muertes son por desnutrición”.

En este sentido, Nieto Palma sostiene que la mayoría de los presos están muriendo por tuberculosis, desnutrición y padecimientos respiratorios. Resalta que sobre la presencia de la covid-19 en las cárceles no hay mucha información.

“No se ha realizado ninguna prueba de despistaje y no se puede descartar si es covid-19 o no. Ha habido un silencio bastante grande en ese aspecto con las cárceles y centros de detención preventivos”, condena el defensor de derechos humanos.

En agosto de 2020 se dijo que más de 90 presos de distintas entidades estaban contagiados con coronavirus, pero esa información no fue confirmada por el Ministerio Penitenciario. Solo los más de 60 casos de Nueva Esparta fueron corroborados por Dante Rivas, quien funge como protector de esa entidad.

De acuerdo con las investigaciones de Una Ventana a la Libertad, entre octubre de 2020 y abril de 2021, en los estados Miranda, Zulia, Nueva Esparta y Vargas, así como en Distrito Capital, 32 presos murieron por enfermedades, dato que Carlos Nieto Palma aclara que es referencial porque no son todos las cárceles ni todos los presos.

El representante de Una Ventana a la Libertad expone, una vez más, que “ninguna cárcel ni ningún centro de detención preventivo tiene las condiciones para tener más reclusos de los que alberga. El hacinamiento, retardo procesal, enfermedades y desnutrición son los graves problemas del sistema penitenciario venezolano”.

Menos comida

A pesar de que el Ministerio Penitenciario afirma que le garantiza a los presos tres comidas diarias “adecuada, completa y de calidad”, según exponen en su página web, los familiares denuncian que a estos solo se les da agua de pasta, agua de hallaquitas y a veces arroz solo.

Al respecto, Carolina Girón indica que a pesar de que existe un presupuesto para la comida de los presos se desconoce de cuánto es, y enfatiza que la realidad es que “el Ministerio Penitenciario ha dejado en los hombros de los familiares llevar la comida de los presos”.

Por su parte, Nieto Palma enfatiza que en ninguna de las cárceles comunes ni en los centros de detención preventivos el Ministerio Penitenciario se ocupa del tema de la comida ni del de salud. Asegura que ninguno de esos lugares reúne las condiciones para suministrar alimentos, pues no tienen comedores ni servicio de comida.

Nieto Palma también recuerda que a pesar de las limitaciones para las visitas por la pandemia, los familiares deben garantizar la alimentación, enviándola junto con artículos de primera necesidad sea semana radical o no.

La representante del Observatorio Venezolano de Prisiones detalla que tras los primeros meses de confinamiento, la cifra de presos con desnutrición y tuberculosis aumentó de “manera exponencial y aterradora”; pues los familiares ya no tienen la capacidad de llevar la misma cantidad de comida.

El monitoreo de Una Ventana a la Libertad en 111 centros de detención preventiva en cinco estados constató que 14 presos tenían el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 274 estaban afectados por tuberculosis y 951 presentaban desnutrición.

Entre octubre de 2020 y abril de 2021, en esos mismos recintos fallecieron tres privados de libertad con VIH, 24 con tuberculosis y una por una afección gastrointestinal; tres por complicaciones respiratorias y uno con un infarto.

No obstante, se debe aclarar que la situación sobrepasa estos datos pues no abarca todas las cárceles y centros de detención preventivos.

Crisis del sistema educativo: ¿Venezuela está preparada para regresar a clases presenciales?
El estado de deterioro de las instituciones educativas ha sido el resultado de una década de desidia por parte de Nicolás Maduro y su administración, y que se acentuó aún más tras la llegada de la pandemia del coronavirus por el aumento de robos y el vandalismo

El pasado 12 de febrero, Nicolás Maduro anunció que en marzo de este mismo año, pese a la pandemia de la COVID-19, iniciarán las clases parciales y presenciales en los diferentes niveles educativos del país.

“He aprobado iniciar en modalidad presencial las clases en el mes de abril con bioseguridad extrema, absoluta, con detalles. Por eso vamos a hacer un esfuerzo para vacunar a los maestros en marzo”, expresó Maduro durante una transmisión emitida por Venezolana de Televisión (VTV), acompañado de Aristóbulo Istúriz, quien para ese momento era su ministro de Educación.

El anuncio generó una ola de protestas en el país por parte de los educadores quienes denunciaron las pésimas condiciones en las que se encuentran las instituciones en Venezuela y el riesgo latente de contagiarse del virus de Wuhan. 

“No hay condiciones higiénicas en los baños, no hay productos de limpieza ¿Cómo controlas el distanciamiento social entre los estudiantes? ¿Cómo se mantiene al estudiante cinco, diez minutos con la mascarilla puesta? Eso es muy difícil y puede traer otro tipo de enfermedades, como neumonía por neumococo”, cuestionó el presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Orlando Alzuru.

Por su parte, Edgar Enrique Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (FVM) del Distrito Capital, rechazó este anuncio  y señaló que además de los bajos salarios que perciben los docentes, sería prácticamente imposible aplicar medidas de higiene y bioseguridad por la precariedad de las instituciones escolares del país.

“Nicolás, las clases no pueden arrancar en marzo. No existen condiciones para clases presenciales, ni a distancia. No hay condiciones de bioseguridad en las escuelas ante la COVID-19. Pulverizaste el salario docente. Eres un irresponsable al emitir esa declaración”, escribió Machado en su cuenta de Twitter (@MachadEdgar).

Pero esta noticia no sólo fue rechazada por el gremio de educadores, sino también por los venezolanos. La encuestadora Meganálisis reveló que el 81,3% de los ciudadanos consultados no apoyan el retorno a clases presenciales en escuelas y liceos.

El estudio arrojó que existen múltiples problemas como el transporte, falta de efectivo, falta de equipos de bioseguridad y abandono de instalaciones para retomar las clases presenciales.

¿Qué pasa en las regiones?

Entre el Correo del Caroní, Tal Cual Digital, Yaracuy Al Día, La Nación Web, La Mañana Digital y Elimpulso.com, se realizó un trabajo de documentación para mostrar los problemas que sufre la educación en Venezuela, mostrando la cruda realidad que viven emblemáticas instituciones ubicadas en Táchira, Lara, Yaracuy, Falcón, Bolívar y Distrito Capital.

En la región andina, específicamente en el estado Táchira, se puede observar una considerable cifra de planteles escolares en el abandono.

Instituciones de renombre como el Liceo Bolivariano Simón Bolívar y la Escuela Bolivariana Carlos Rangel Lamus, se encuentran totalmente abandonadas, llenas de maleza, basura y paredes deslucidas.

Recientemente, el presidente de la Federación Venezolana de Maestro, capítulo Táchira, Ildemaro Useche, señaló que la mayoría de estas estructuras datan de 70 a 80 años, y no se han hecho las inversiones necesarias para su reparación o reacondicionamiento.

En centroccidente se repite el mismo escenario. En Lara, el 80% de los 1.700 planteles educativos que allí se encuentran están destruidos y no cuentan con servicios básicos, según el diputado de la Asamblea Nacional electa en 2015, Alfonso Marquina.

Liceos como el Rafael Villavicencio, Federico Carmona, Coto Paul y Mario Briceño Iragorry, ubicados en Iribarren, o como el liceo Egidio Montesinos en Carora y el Eduardo Blanco en El Tocuyo, son el mejor ejemplo para mostrar el abandono del sistema educativo del país.

En Yaracuy abundan los robos, e incluso invasiones de instituciones, como es el caso de la Escuela Técnica Agropecuaria Mayorica, que hace 15 años era referencia a nivel regional por la calidad educativa que allí se impartía.

Estos problemas han provocado que en los últimos años, la matrícula del plantel pase de tener 600 estudiantes a poco más de 30.

“Toda la maquinaria y los elementos técnicos se perdieron por falta de apoyo gubernamental, las instalaciones se han ido deteriorando, al punto de que ya los alumnos ni siquiera van a estudiar allá. Por más que se quiera, no se pueden recuperar estos espacios si no hay una considerable inversión gubernamental”, indicó Oriol Martínez, docente jubilado de la E. T. A. Mayorica.

En el estado Falcón, entre los problemas que afecta la infraestructura educativa está la carencia e inadecuada aplicación de políticas de mantenimiento a los planteles educacionales.

La dirección de la Escuela Médanos de Coro, una de las más olvidadas en la entidad, elaboró en 2012 un proyecto para su rehabilitación y hasta la fecha no ha recibido respuesta.

Según el ingeniero civil Eusebio Benítez, inscrito ante el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), en la actualidad, rehabilitar la mencionada institución podría tener un costo de inversión de hasta 900.000 dólares debido al delicado estado de deterioro en que se encuentra.

El Distrito Capital no escapa de las penurias del sistema educativo, y el liceo Augusto Pi Suñer, ubicado en El Junquito, deja en evidencia el desinterés por parte del Estado.

En el Pi Suñer, la mayoría de las lámparas no tienen bombillos, las puertas no tienen cerraduras, los baños están clausurados y los pocos disponibles no tienen lavamanos. Cuando llueve entra el agua a todas partes y las servidas no están bien canalizadas. Hay filtraciones y problemas en la distribución de cargas y tableros eléctricos.

También tienen el riesgo de que una pared se venga abajo y colapse la estructura. El hampa ha hecho de las suyas en el lugar por mucho tiempo, hoy en día se llevan las pocetas y las piezas de los baños.

Por otra parte, en un estudio realizado en la parroquia Caricuao, se expone que hay 44 planteles educativos públicos, de los cuales solo dos están operativos; es decir, que disponen de todos los servicios y tienen una infraestructura aceptable.

Al sur de Venezuela, en el estado Bolívar, han denunciado que el confinamiento por la pandemia no detuvo el desmantelamiento que venían sufriendo las instituciones educativas en la entidad.

La Unidad Educativa Nacional Ramón Isidro Montes y la Escuela Básica Nacional Las Américas, son clara muestra de los efectos del vandalismo, ya que han sido desvalijadas a tal punto de estar prácticamente inoperativas.

En el oriente del país, específicamente desde Anzoátegui, se denuncia que el liceo Dr. Andrés María Hernández Caballero, ubicado en Puerto La Cruz, tiene más de 10 años con problemas de filtraciones en las paredes y la administración de Nicolás Maduro, a través del Ministerio de Educación, no ha mostrado interés para solucionarlo.

De igual forma, en el recinto se puede observar la carencia de bombillos en las aulas, así como los típicos pupitres dañados que se acumulan en una esquina.

También el liceo Bolivariano José Antonio Anzoátegui de Barcelona, ha sido olvidado por las autoridades, y además de esto, los robos en este plantel son constantes, tanto así, que vándalos hasta se han llevado el busto del prócer regional al que el liceo debe su nombre.

En la realización de este trabajo colaboraron Correo del Caroní, Tal Cual Digital, Yaracuy Al Día, La Nación Web y La Mañana Digital.