El Impulso, autor en Runrun

El Impulso

97% de los venezolanos admite haber hecho cola para surtir gasolina
99,6% aseguran haber tenido problemas en sus hogares con el suministro de agua potable

De acuerdo con las cifras del Monitor de Servicios Básicos del Centro de Documentación del Conocimiento Económico (Cedice-Libertad), al 30 de diciembre, el 97% de los venezolanos, en las principales ciudades del país, admiten que han realizado largas colas para surtir gasolina.

Mientras tanto, el 99,6% aseguran haber tenido problemas en sus hogares con el suministro de agua potable, volumen que al ser detallado refleja que un 39,6% registra suministro irregular de agua; 39% afirma que en sus hogares pasan más de una semana sin recibir agua y 21% señala que no reciben el vital líquido en más de 15 días, siendo la situación más crítica en el interior del país.

En el estado Lara, el promedio de días sin agua al mes es de 8 días; en Falcón, 11 días; en Yaracuy, 7 días y en Portuguesa, 7 días.

En cuanto al servicio de electricidad el 80% de los hogares consultados, admite haber tenido dos o más apagones superiores a las 4 horas, mientras que el 19% asegura haber tenido dos o más apagones de más de una hora al día, para un gran total de 99% de las familias que aseguran haber tenido problemas con el servicio de luz eléctrica.

En Lara el promedio de días sin luz es de 8 al mes; en Falcón y Yaracuy, 9 días y en el estado Portuguesa, 6 días por mes

En cuanto a los servicios de Internet, el 76% asegura que ha tenido intermitencias generalizadas en la red; 23% afirma que ha tenido entre 2 y 5 fallas al día y 1% afirma que no ha tenido Internet durante la pandemia.

Las cifras que recoge el Monitor de Servicios Básicos de Cedice-Libertad, permite a los usuarios conocer las deficiencias en cada uno de los servicios, observándose como las fallas en lugar disminuir aumentan, tanto por la falta de mantenimiento, como de las inversiones necesarias para financiar los correctivos y hacer más eficientes los servicios.

Se ha observado que desde finales de año se ha venido registrando un ajuste en las tarifas de varios de estos servicios, confiando los usuarios que estos aumentos se ven reflejados en la mejoría de la calidad de los mismos.

La corrupción y el crimen se dolarizaron en 2020
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, los delincuentes no quieren saber nada de bolívares 

Todo el que pudo tasó en moneda extranjera su trabajo durante el 2020, incluyendo albañiles, empleadas domésticas, trabajadoras sexuales y hasta el crimen en Venezuela, según explica el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), presentado el 30 de diciembre, en el cual se afirma que en el país hasta el delito se dolarizó.

 67 % de las transacciones económicas fueron hechas en divisas, por la pérdida de confianza en el bolívar, deja ver el documento del OVV, en el que además se expresa que con ello los extorsionadores comenzaron a cobrar en dólares a los comerciantes, al igual que algunos funcionarios policiales o militares que extorsionan en carreteras, y los secuestradores. También los ladrones cuando entran a una vivienda preguntan por las divisas.

Por otro lado, el director del OVV, Roberto Briceño León, explicó que en 2020 los delitos de las bandas pequeñas como el robo, el hurto y el secuestro se debilitaron, pero se fortaleció el crimen organizado y aumentaron las extorsiones en moneda extranjera a las pocas actividades económicas activas.

De acuerdo con las investigaciones del OVV, el confinamiento decretado en el país ocasionó que hubiera menos personas y más funcionarios en las calles, con un personal policial desconocido para las bandas.

 
Reclamos salariales encabezaron conflictos laborales en noviembre
De acuerdo a Inaesin, la mayoría de los reclamos fueron protagonizados por trabajadores del sector público

El 99 de los 114 conflictos laborales contabilizados en el país durante el mes de noviembre, estuvo referido a los reclamos salariales, seguidos en un 56% en la exigencia de mejores condiciones de trabajo, revela el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical, del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).

La mayoría de los reclamos fueron protagonizados por trabajadores del sector público (91%), mientras que la participación de los sindicatos en los conflictos fue de 47%.

El sector salud estuvo involucrado en 30% de los reclamos y el sector educación en 25%, y ambos se mantienen como los principales protagonistas de la conflictividad laboral en Venezuela, revela la información.

Los estados en los que hubo más demandas en noviembre fueron Bolívar (20%), Lara y Distrito Capital (con 16% cada uno), y Anzoátegui (10%).

1.290 reclamos entre enero a la fecha

En el período que va de enero a noviembre, el Observatorio de Conflictividad Laboral del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) registra 1.290 reclamos, de los cuales 1.061 se dieron desde marzo, mes de inicio de la cuarentena por la pandemia del COVID-19.

Según organizaciones no gubernamentales como Médicos Unidos de Venezuela, desde el inicio de la emergencia nacional por el coronavirus han fallecido -hasta noviembre- 268 trabajadores del sector salud.

Los trabajadores de las empresas básicas del estado Bolívar han estado inactivos desde marzo, lo que provocó un enorme descontento por la falta de recursos económicos para el personal obrero, que los llevó a salir a las calles para protestar y exigir respeto a sus derechos laborales.

Durante el penúltimo mes de 2020, el régimen de Nicolás Maduro detuvo a Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, hecho que fue rechazado por los trabajadores de la industria.

Personal del sector señaló que el hecho es una demostración más del acoso y hostigamiento del que son objeto por exponer públicamente el estado en el que se encuentra la industria, lo que ha supuesto el despido o la cancelación del pago de sus salarios.

Por su parte, los docentes rechazan la estafa educativa que ha promovido el régimen a través de la educación a distancia. Señalan que hasta las instituciones carecen de los medios tecnológicos para los docentes que, por los paupérrimos sueldos, no pueden recargar sus dispositivos de comunicación.

El sector educativo ve con suma tristeza y preocupación que, en menos de un mes, dos maestros se quitaron la vida (en Mérida y Guárico) presionados por sus inhumanas condiciones de vida y por los bajos salarios que percibían, que no les permitía satisfacer sus necesidades básicas.

Advierten que en el sector público la situación de los trabajadores es dramática con respecto al sector privado, ya que los contratos colectivos fueron desconocidos. Los trabajadores de la administración pública apenas reciben el salario mínimo ($1,16 al cambio de la tasa paralela al cierre de noviembre) más una bolsa de comida (básicamente carbohidratos).

En tanto en el sector privado, algunos patronos mantienen las convenciones y el salario incluye una compensación que oscila entre 30 y 50 dólares.

No existe respuesta oficial ante las exigencias de los empleados públicos y los únicos que salen en su defensa son los gremios y sindicatos que lideran los conflictos.

Las movilizaciones toman un cariz de denuncia ante los medios de comunicación, pero se quedan allí sin avanzar a un escenario de negociación por la negativa del Ejecutivo nacional a sentarse a discutir los problemas, destaca el Inaesin.

Consorven: el sector más vulnerable es el de las personas con discapacidad
La ONG argumenta que en Venezuela se ha agravado la crisis humanitaria compleja

Cada 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. En esta ocasión, la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), sigue en su lucha por lograr la equidad, igualdad y el respeto por los DDHH para todas las personas, especialmente, aquellas con algún tipo de discapacidad, quienes resultan más vulnerables.

“Consorven tiene más de 30 años luchando por los derechos de las Personas Sordas, ahora más reciente, incorporamos otros tipos de discapacidad, porque velar por los DDHH no es cuestión de discapacidad, ni de sexo, raza, religión o condición, es cuestión de respetar a los seres humanos como personas”, manifestó el presidente de Consorven, Juan Ángel De Gouveia.

Consorven comenzó la semana pasada –en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad- la campaña #YoTambiénTengoDerechos, donde a través de material audiovisual accesible publicado en sus redes sociales, muestra cuáles son los principales Derechos Humanos establecidos en la Declaración Universal de los DDHH.

Juan Ángel De Gouveia expresó preocupación por la situación actual en que se encuentran las Personas con Discapacidad en el país, tal como lo han demostrado estudios recientes realizados por la organización que dirige.

Asimismo, señaló casos de personas con discapacidad que han perdido sus enseres y viviendas a consecuencia de las lluvias que han anegado distintas zonas del territorio nacional y ha sido poca o nula la ayuda que se ha recibido por parte del Estado ante estas emergencias naturales.

“Consorven junto a la Fundación Vanessa Peretti, Acnur y otras organizaciones, hemos recorrido varios sectores del país, donde compartimos la angustia de centenares de familias que han sido afectadas por las lluvias, hemos estado monitoreando la situación y haciendo enlaces con otras ONG’s para tratar de ayudar a quienes han perdido todo”, indicó.

La asesoría legal y el derecho a la legítima defensa también han sido otras de las violaciones de las que ha sido víctima esta comunidad, como es el caso del joven Anthony Molina, detenido desde el año 2017.

Finalmente, De Gouveia manifestó que la defensa por los DDHH debe ser prioridad para todas las personas, por eso invitó a conocer cuáles son estos derechos y cómo exigirlos, “solo de esta manera podremos alcanzar la libertad y el respeto de todos para todos”.

Informe del OVP reveló vejaciones a las que son sometidos familiares de detenidos
En Venezuela fue suspendida la visita de los hombres a los centros penitenciarios, por lo que solo tienen acceso las mujeres

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó el informe Situación de las visitas de familiares y allegados de los reclusos en Venezuela, donde se analiza desde una perspectiva jurídico-práctica el tratamiento que reciben las personas que acuden a las prisiones a visitar a sus parientes.

Tal como en todo momento destaca el Observatorio Venezolano de Prisiones, la pena privativa de libertad es la principal y más severa sanción que el Estado venezolano, a través de un tribunal y siguiendo las reglas del debido proceso, impone a una persona hallada que cometió un delito. No obstante, caer preso en Venezuela es una condena de hambre, hacinamiento y en los peores casos de muerte.

En cuanto a los familiares y allegados, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos establece que “los reclusos estarán autorizados a comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con sus familiares y amigos por correspondencia escrita y por los medios de telecomunicaciones electrónicos, digitales o de otra índole que haya disponibles, y recibiendo visitas”.

Así como también que “en caso de que se permitan las visitas conyugales, este derecho se aplicará sin discriminación y las reclusas podrán ejercerlo en igualdad de condiciones que los reclusos. Se contará con procedimientos locales que garanticen el acceso equitativo e igualitario y prestará la debida atención a la seguridad y dignidad”.

Carolina Girón, directora del OVP, recordó que en Venezuela fue suspendida la visita de los hombres a los centros penitenciarios, por lo que solo tienen acceso las mujeres que además son sometidas a “requisas invasivas, humillantes para su honor, su pudor como mujer”. La vejación a las visitantes es tan implacable que ni siquiera tienen derecho a reclamar porque no existe un protocolo o normativa para las visitas.

“En el caso de las privadas de libertad no tienen derecho a visita conyugal y fueron estas situaciones las que nos llevaron a investigar. Este informe en nuestro aporte, no solamente nos estamos quedando con la denuncia y en la visibilización del problema, sino que también hacemos propuestas para mejorar el sistema, el cual queremos que sea robusto y en el que se respeten los derechos humanos tanto de los privados de libertad como de sus familiares”, puntualizó la directora del OVP.

Según el artículo 109 del Código Orgánico Penitenciario (COPE), “las personas privadas de libertad podrán ser visitadas por los familiares, de su círculo de relacionados, amistades, defensores públicos o funcionario o funcionaria del Estado que, en razón del ejercicio de sus funciones lo amerite, quienes deberán ser previamente registrados. Cuando la persona privada de libertad sea extranjera, tendrá derecho a recibir visitas de los representantes diplomáticos y consulares de su país de origen, de conformidad con los convenios y tratados internacionales”.

Según se detalla en el informe, llama la atención que pese a la amplitud en la enumeración de las personas que pueden visitar a los reclusos, y al empleo del término “privado de libertad” para abarcar indistintamente tanto al procesado como al condenado, la citada disposición no haga mención ni incluya la posibilidad de que la sociedad civil en general pueda ingresar a los establecimientos penitenciarios, aún cuando el COPE abre la posibilidad de que la sociedad participe en la tarea de ayudar a la reinserción social del recluso.

No se garantiza la seguridad de los visitantes

Un ejemplo de la desidia reinante en las cárceles lo constituyó el caso vivido por los niños, niñas y adolescentes familiares de los reclusos del Internado Judicial del Rodeo I y II en el estado Miranda.

El 14 de agosto de 2002, el Juzgado de Primera Instancia de Protección del Niño y el Adolescente decidió que hasta tanto no se cumplieran las exigencias mínimas de seguridad no se autorizaría el ingreso de ningún menor.

Más de cinco años después, el 25 de marzo de 2008, esta decisión fue ratificada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección del Niño y del Adolescente, debido a que el mencionado tribunal consideró que la cárcel El Rodeo continuaba sin tener las condiciones de seguridad requeridas y tampoco contaba con un área expresamente acondicionada para que los menores de edad pudieran visitar a sus familiares recluidos.

La comentada necesidad de que las prisiones cuenten con espacios y personal idóneo y proporcional con el número de la población reclusa, se hace aún más apremiante cuando debido al mal funcionamiento del sistema penitenciario se ven afectados los derechos no sólo de los reclusos, sino también los de un colectivo igualmente vulnerable como lo es el de los niños, niñas y adolescentes.

En ese sentido, según el artículo 117 del COPE, “las visitas de los niños, niñas, y adolescentes serán autorizadas por los tribunales con competencia en la materia, previa solicitud del padre, madre o representante legal ante el órgano rector con competencia en la materia de protección de niños, niñas, y adolescentes. El tribunal deberá constatar fehacientemente que el establecimiento penitenciario ofrece las condiciones adecuadas de seguridad e higiene necesarias para garantizar la protección y el interés superior del niño, niña y adolescente”.

Pese a la aparente buena intención del legislador al intentar proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la pretensión de condicionar la celebración de estas visitas al supuesto de que los establecimientos cuenten con las condiciones de seguridad e higiene adecuadas es contraria a la obligación estatal de garantizar el ejercicio de los derechos de los niños.

En efecto, ante la realidad de la precariedad de los lugares de reclusión en Venezuela, con esta disposición las visitas de los niños, niñas y adolescentes a sus familiares presos quedaría definitivamente prohibida en la práctica, lo que no es una alternativa razonable si se pueden adoptar otras medidas menos lesivas para los derechos y el interés superior del niño.

La situación de las visitas en los calabozos policiales

En otro orden de ideas, el informe del OVP señala que a diferencia de lo que sucede en los establecimientos adscritos a la administración penitenciaria, los familiares y allegados que se dispongan a visitar a los detenidos en los calabozos policiales no requieren autorización alguna por parte de la autoridad encargada.

El aspecto referido a programación y horario de visitas en los calabozos policiales no difiere de lo que sucede en los establecimientos penitenciarios, pues la frecuencia y tiempo de las mismas varía dependiendo del criterio adoptado por la autoridad a cargo. Esta situación podría justificarse en el hecho de que las dependencias policiales no tienen competencia penitenciaria y, por lo tanto, la estancia de los detenidos es relativamente corta.

Otra de las razones que podrían justificar la diferencia en cuanto a la frecuencia de las visitas entre los detenidos en los calabozos policiales respecto a los privados de libertad en las instituciones penitenciarias estriba en el problema de la alimentación. La autoridad policial no cuenta con el presupuesto que posee la administración penitenciaria para brindar los servicios básicos a los reclusos (alimentación, asistencia médica, etc.), por lo que la situación obliga a que sean los familiares quienes suministren alimentos (en algunos casos diariamente) y productos de primera necesidad a sus parientes presos.

Cabe destacar que al igual que ocurre con los establecimientos penitenciarios, los lugares de reclusión pertenecientes a las instituciones policiales tampoco cuentan con los equipos electrónicos recomendados para requisar a las visitas de los detenidos y, por tanto, este procedimiento implica el desnudo completo del visitante, quien después de desvestirse debe pararse sobre dos bloques, agacharse y saltar cinco veces, además dejarse revisar el cabello.

Estos procedimientos vejatorios se repiten en los establecimientos penitenciarios y en los calabozos policiales ubicados en distintas regiones del país, aunque la modalidad, el nivel de rigurosidad y ensañamiento varían dependiendo del personal de turno y del régimen de la prisión.

Carlos Ayala Corao, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y actual presidente de Comisión Internacional de Jurista (CIJ), destacó que el informe realizado por OVP presenta dos pilares fundamentales. El primero de ellos es que cuando la persona está privada de su libertad, lo único que se le restringe es el derecho a la movilidad, pero eso no implica la restricción de otros derechos.

“La persona que está bajo la custodia del Estado debe ser tratada con humanidad, con respeto a su dignidad humana e integridad personal. El Estado debe garantizar el derecho a la alimentación, el derecho al acceso médico, permitir actividades físicas o deportivas, o actividades intelectuales como la lectura, tiene que darle un trato con estándares humanos y esto está recogido en reglas universales”, resaltó Ayala.

“Las visitantes son sometidas a un procedimiento humillante de registro íntimo del cuerpo humano que es verdaderamente detestable y hay que rechazarlos por ser contrario a los principios de la dignidad de la persona. Tienen que desnudarse y dar saltos bajo la vigilancia de los custodios y de las custodias para la entrada de los centros e inclusive en algunos casos a registros vaginales o a métodos absolutamente desechables”, manifestó el presidente de la CIJ.

“Con este tipo de situaciones están violando los derechos humanos de la mujer venezolana, porque son precisamente las mujeres las que visitan los penales y centros de detenciones en el país”, sentenció.

Al igual que en el informe, el ex presidente de la CIDH hizo un mismo llamado de atención a los jueces de ejecución, quienes a su parecer no deben ignorar lo que está pasando en los penales venezolanos porque es su responsabilidad supervisar el cumplimiento de las condenas de los presos y de las situaciones que se presentan con sus visitantes. A la misma vez explicó que la seguridad es importante en las cárceles, pero no se puede usar como excusa para las vejaciones que allí se cometen.

Por su parte, Emil Niño, coordinador de Capacitación y Orientación del OVP, hizo un recuento histórico sobre el concepto de responsabilidad colectiva, la cual indicó, en un concepto sociológico y no jurídico, que está muy arraigado en el subconsciente del venezolano, que desde el siglo pasado afirmaba que a mayor tormento y castigo a los presos, hay mayor justicia.

Este concepto se ha trasladado a los familiares de los privados de libertad, que son estigmatizados por el delito cometido por su familiar, y en consecuencia, reciben también el maltrato de las autoridades de los centros de reclusión e incluso de la sociedad.

Cedice: Retomando la descentralización se puede alcanzar la recuperación económica
Especialistas destacan cómo un esquema descentralizado garantizaría una mejora en la prestación de servicios públicos

Se debe retomar el proceso de descentralización político-administrativa, a través del cual se pudo lograr una mayor eficacia y eficiencia de gestión a distinto nivel en la década de los noventa en Venezuela, para devolver al país la prosperidad y sacarlo de la crisis socioeconómica en la que se encuentra.

Esta es la principal conclusión de la investigación “Descentralización, democracia y defensa de la propiedad privada”, presentada por el Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP) del Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad).

El documento elaborado por el sociólogo Trino Márquez, miembro del Comité Académico de la organización, y el abogado Alonso Domínguez,  examina errores y aciertos de la distribución equitativa de competencias entre poder nacional, estados y municipios, así como su impacto en el día a día de los ciudadanos. A manera de ejemplo, los especialistas destacan cómo un esquema descentralizado garantizaría una mejora en la prestación de servicios públicos (un tema crítico en la actualidad venezolana).

También destacan la naturaleza política de este fenómeno, que se ha vuelto generalizado en todo el mundo de diferentes maneras.

Infraestructura de puertos nacionales está en condiciones deplorables
Los costos en permisología y aranceles son mas costosos que en otras partes del mundo 

La salud económica de un país depende en gran medida de su comercio internacional y la medida del comercio internacional venezolano, tiene su principal medida en los puertos marítimos, lo que dice mucho del progreso del país; sin embargo, la situación del intercambio comercial del país, no es la mejor.

Así lo dio a conocer, Jesús Ranzullo, investigador del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice Libertad), quien destaca que la situación actual de la infraestructura de los puertos en Venezuela, es deplorable por decir lo menos; lo segundo es la gran cantidad de permisos que se requieren como importador o como exportador para poder llevar una carga fuera del país o traerla a territorio venezolano; y por último, la pérdida de nuestra propiedad y nuestro derecho a obtener divisas.

“Los puertos venezolanos tienen en estos momentos una infraestructura deteriorada, con equipos obsoletos, con altos costos para el proceso de embarque y desembarque que retrasan las inspecciones y que ponen en peligro la puntualidad de la entrega a destino y por lo tanto suben las tarifas de transporte. El problema de la infraestructura es muy grave, los puertos nacionales no tienen los calados suficientes ni siquiera para   poder manejar  los niveles comunes de la comunidad internacional actual, el calado de los puertos nacionales, por ejemplo en Puerto Cabello es de unos 12 metros mientras que en la Guaira es apenas de 8 metros, mientras que en Panamá el nivel de calado es de 15 metros”.

Explicó que otras deficiencias de los puertos nacionales, es que carecen de grúas para carga y descarga, de silos de almacenamiento y no existe el personal calificado para la inspección de los buques.

Por otra parte, como efecto de la ineficiencia de los puertos nacionales, los costos operativos son demasiado elevados, señalándose como ejemplo que lo que cuesta en la Guaira, US$ 32,200 en Kinston, Jamaica, cuesta US$ 7.000; lo que cuesta en Maracaibo US$ 62.000 en Manzanillo (Panamá) cuesta US$ 5.000 y lo que en Guamache cuesta US$ 30.000 en Cartagena, Colombia, cuesta 7.000 dólares.

Otro factor de perturbación del intercambio comercial en Venezuela, son los costos en permisología y aranceles, lo que se convierte en el viacrucis de exportador e importador. En efecto, se requiere de 5 o 6 permisos para poder exportar o importar; se necesitan 20 permisos si se toman en cuenta los necesarios para toda la actividad productiva, advirtiéndose que los sectores estratégicos, exigen más permisos.

Se destaca en un estudio que hizo Cedice en el 2017, “…en Venezuela para poder exportar un contenedor estándar de 20 pies toma entre alrededor de 528 horas en total  y 1.090 horas en total para obtener la permisología necesaria para importarlo”, mientras que en los países más avanzados, toma menos de dos horas.

Se señala como ejemplo algunos sectores especialmente complicados, como Alimentos, plagados de permisos de movilización, de permisos sanitarios, de certificados de demanda interna satisfecha y regímenes legales; Hidrocarburos, controlados por el ministerio de Petróleo, Energía y Minas a través del Régimen Legal 14; e Industrias Pesadas, que incluye sectores manufactureros como papel , metales, electrodomésticos, subordinado al Regmen Legal 4, uno de los más complicados de obtener, necesitándose seis meses para obtenerlo.

Ranzullo destacó que con la creación de Cadivi, el venezolano fue despojado de su derecho a obtener divisas, lo que generó una distorsión enorme a nivel de comercio internacional y la perdida de la credibilidad de la marca país en el exterior.

San Miguel: Quieren modificar Constitución para incorporar a milicianos a las FANB
Dijo que militares y policías han incurrido en extorsión contra la ciudadanía durante la pandemia

Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, dijo que la mala gerencia ha hecho más daño que la COVID-19. A San Miguel le preocupa que Hermann Escarrá anuncie que se va a reformar la Constitución para incorporar a la milicia como componente de la institución armada.

“Si no hay cómo mantener a los 130 mil integrantes de la institución castrense, el país no podría soportar una carga mayor. Es posible que apenas pudieran integrarse unos veinte mil hombres de ese cuerpo para realizar algunas tareas. Pero, resulta desproporcionado incorporar el número que ha dicho Maduro”, dijo San Miguel.

“Hay que tomar en serio las funciones de los milicianos, que es un cuerpo de vigilancia social creado por el régimen, cuyos  objetivos son la sumisión, la disciplina y el temor de la población bajo las armas”, dijo.

Pandemia

En este mismo orden de ideas, San Miguel se refirió a los desmanes que han cometido tanto militares como policías, aprovechándose de la aparición de la COVID-19 y las medidas relacionadas con la cuarentena por las consecuencias de esa enfermedad.

“La mala gerencia que ha habido con la pandemia ha desatado los demonios”, expuso. “Militares y policías han incurrido en extorsión y otros delitos contra la ciudadanía”.