El Impulso

De acuerdo con la Constitución, cualquier ciudadano tiene el derecho de pedir información a las autoridades

Un silencio a la fuerza es el nombre de una serie de conversatorios que viene realizando Transparencia Venezuela (@nomasguiso) en el que la noche del jueves 23 de febrero realizaron un foro a través de su cuenta en Twitter en el que contaron con la participación de Reyes Theis, periodista y autor del informe que lleva el mismo.

La prohibición de acceso a fuentes gubernamentales, fue el tema abordado durante una hora, contando también con la participación de la periodista Liz Gascon y representantes de la organización.

Reyes Theis, se refirió a este informe como una iniciativa que trata de actualizar la libertad de expresión en los últimos años. Ya que se ha limitado por parte de autoridades gubernamentales la posibilidad de los medios y periodistas a acceder a datos, información necesaria con la que se puede contar y que debería ser de dominio público.

Indicó que está establecido en la Constitución Nacional, que cualquier ciudadano tiene el derecho de pedir información a las autoridades y se le sea aportada, pero por el cual acotó que la hegemonía comunicacional es un instrumento necesario para la revolución, y les conviene tener unos medios estatales muy fuertes para presentar las noticias que ha ellos les conviene, sentenció.

Por su parte, Liz Gascon, apuntó que las limitaciones del gobierno para acceder a las fuentes, en recibir información por parte de autoridades; retrasan la cobertura periodística que se le puede dar a un tema. “El estado tiene año sin presentar cifras oficiales” refirió Gascon, donde puso como ejemplo a las autoridades del estado Lara sobre los nulos detalles que ofrecen sobre obras públicas, inversiones en el sistema hidráulico y más.

Transparencia Venezuela, invitó a ingresar a su cuentas en redes sociales para disfrutar de todo el contenido que tienen preparado y a conocer en su página web todos los datos que han obtenido con respecto esta y otras investigaciones realizadas.

La directora de Control Ciudadano dijo que la vulnerabilidad del espacio aéreo ha quedado demostrads por la reciente experiencia del globo chino

Venezuela debe presentar las pruebas que fortalezcan su reclamo de que aviones espías estadounidenses han violado su espacio aéreo, expresó Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, al ser entrevistada por El impulso.

Aunque hay disposiciones legales que impiden ese tipo de actividad, el globo chino que sobrevoló por cierto tiempo territorio de los Estados Unidos hasta que fue derribado, demuestra que hasta el espacio aéreo de una potencia puede ser vulnerado por otra.

En torno al caso venezolano, San Miguel dijo que Venezuela dispone de toda la legislación nacional e internacional para proceder a las advertencias de rigor a que haya lugar frente al traspaso del área de seguridad que establecen las Regiones de Información de Vuelo (flight information región, FIR)  o en el caso de ingresar al espacio aéreo venezolano; es decir, advertir el respeto a la soberanía del espacio aéreo nacional.

«Ahora bien, no puede perderse de vista que este tipo de declaraciones siempre surgen  en momentos en que se busca distraer la atención para acusar a los Estados Unidos de ingerencismo o de violación a la soberanía del territorio venezolano. Así que hay investigar hasta qué punto esto es cierto y en el caso de que haya sido así, condenarlo».

¿Es muy vulnerable el espacio aéreo venezolano para que haya actividad de aviones espías?

La vulnerabilidad del espacio aéreo ha quedado demostrado por la reciente experiencia del globo chino que estuvo por largo tiempo sobre territorio norteamericano. Los Estados están obligados a respetar las normas de la aeronáutica internacional. Esto indica que se debe pedir la autorización correspondiente para el sobrevuelo del  espacio aéreo de los Estados. Ahora bien, también hay una realidad: la utilización de aviones espías para el levantamiento de la información que algunos países buscan. Estados Unidos y en su momento Rusia y otras grandes potencias hacen uso del espionaje porque disponen de los medios tecnológicos y militares para realizarlo.

Yo creo que lo que corresponde en todo caso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para denunciar un hecho de esta naturaleza, es consignar las pruebas que dé fuerza a su reclamo.

¿Cualquier país puede violar el espacio aéreo de otro sin que se den cuenta las fuerzas armadas?

En principio, no. Se supone que hay una vigilancia de todo el espacio por parte de los Estados, algunos con mayor capacidad y otros con grandes limitaciones. Inclusive, muchos países no se dan cuenta  de cuando el espacio aéreo es vulnerado o violado. Venezuela dice tener los medios tecnológicos para poder efectuar una vigilancia permanente de carácter aeroespacial, de acuerdo al Comando Estratégico Operacional. En el caso de violarse el espacio aéreo, yo creo que lo que corresponde son, en primer lugar, consignar las pruebas correspondientes; y en segundo lugar, hacer por el canal diplomático regular, las protestas de rigor que son pertinentes en esta situación.

Los sectores involucrados fueron alimentos, medicina, laboratorios, tecnología, café, mercado financiero y bolsa de valores, entre otros

Las  bases para  reactivar las relaciones  bilaterales de negocios en el corto plazo, quedaron firmes tras la culminación de la Misión Empresarial Exploratoria de empresas venezolanas a la República Argentina.

“El éxito de esta iniciativa exploratoria, a la que asistieron empresarios venezolanos con su propio músculo financiero, fue producto del trabajo en equipo entre Cavenarg, la Embajada Argentina en Venezuela y la Cancillería Argentina. El compromiso de este equipo logró que la Misión se diera y que saliera bien”, precisó el empresario.

Reveló que las jornadas de trabajo, las ruedas de negocios y los encuentros institucionales, se llevaron a cabo los días 23 y 24 de noviembre, aunque las reuniones, ya individuales, y tomados casos a caso, tomaron más tiempo, extendiéndose hasta ya entrado el mes de diciembre. Los sectores involucrados fueron alimentos, medicina, laboratorios, tecnología, café, mercado financiero y bolsa de valores, entre otros.

“Cabe que destacar la presencia en la Misión, del Presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, Gustavo Pulido, quién nos acompañó en las reuniones con los presidentes de la Comisión Nacional de Valores, la Caja de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con el CEO de ByMA -Bolsas y Mercados Argentinos– así como con el trader principal de la bolsa. Analizamos la posibilidad de integrar ambos mercados, el argentino y el venezolano, identificar qué instrumentos financieros pudieran ser utilizados por las empresas de ambos países, como fuente de financiamiento de los nuevos negocios comerciales e inversiones. Nuestro trabajo hizo énfasis en la estructuración de un ecosistema de financiamiento privado”, añadió el economista Tripier.

Como complemento a estos contactos, se concretaron reuniones con empresas fintech para proveer aplicaciones que puedan enlazar los mercados bursátiles de Caracas y Buenos Aires.

“El éxito de esta Misión Exploratoria abre las vías  para planificar a futuro un nuevo  cronograma  de viajes y contactos, pudiendo pensarse con un cierto realismo, en una nueva misión para los meses de marzo o abril de 2023. Porque los nuevos negocios que se perfilan serán muy buenos y beneficiarán ampliamente a la relación comercial bilateral”, dijo Benjamín Tripier, Presidente de la Cámara de Comercio Venezolano-Argentina – Cavenarg.

Las expectativas en cuanto al fortalecimiento de las relaciones entre Venezuela y Argentina, con miras al 2023 son verdaderamente prometedoras y a esto están apostando no solamente los empresarios de ambos países, sino también la Cámara de Comercio Venezolano-Argentina -Cavenarg- y la representación diplomática de Argentina en Venezuela.

 El precio de algunos rubros aumentó hasta 400% en los estados Lara, Táchira y Zulia

Juan Pablo Guanipa, Primer vicepresidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, se pronunció sobre el incremento de precios debido al alza del dólar en el país, responsabilizando a la administración de Nicolás Maduro de implementar políticas económicas «irresponsables».

«Los precios en dólares han aumentado 50% en 2022. Esto es consecuencia de políticas irresponsables que han llevado a la ruina a nuestro país. La única solución es salir de Maduro, lo demás es cuento», expresó Guanipa mediante su cuenta en Twitter.

Cabe resaltar que un estudio reciente de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) determinó que en 55 establecimientos de venta de alimentos ubicados en los estados Lara, Táchira y Zulia el precio de algunos rubros aumentó hasta 400% en el mes de noviembre.

Los resultados del estudio reflejan que el considerable aumento se debe, principalmente, a la variación de la tasa oficial del dólar, emitida por el Banco Central de Venezuela (BCV) que, de acuerdo con el portal Banca y Negocios, se incrementó 34,58% en el transcurso de noviembre.

En el caso del Área Metropolitana de Maracaibo, conformada por los municipios zulianos Mara, Maracaibo y San Francisco, la canasta básica de 25 alimentos básicos monitoreados por Codhez, pasó de costar Bs. 682,64 (USD 73,30) a mediados de noviembre a valorarse en Bs. 824,55 (USD 77,06), a una tasa promedio de Bs/USD 10,72 entre los tres municipios. Esto significa una variación de +20,79% en bolívares y +5,13% en dólares estadounidenses.

A juicio de la directora de Transparencia Venezuela, la justicia en el país no investiga los casos relacionados a violaciones de derechos humanos

Mercedes de Freitas, directora ejecutiva y fundadora de Transparencia Venezuela, se pronunció a propósito del Día Internacional contra la Corrupción, sobre la situación que atraviesa el país en este tema, destacando que la sociedad civil cumple un rol fundamental en la lucha contra esta realidad.

«¿Sabes cuál es el mayor reto que enfrentan en Venezuela las organizaciones que luchan contra la corrupción y defienden los derechos humanos de los ciudadanos? El gran problema que hay en Venezuela es la falta de separación de poderes, es que la justicia no es independiente del Poder Ejecutivo, que este da ordenes directas a la justicia», expresó de Freitas.

«La sociedad civil tiene un rol fundamental en el seguimiento, en la valoración, en la exigencia del liderazgo político, quienes tienen en sus manos las grandes decisiones sobre lo público. No hay lucha contra la corrupción si la sociedad civil no se apodera de ello», agregó.

«La justicia venezolana no da respuestas a casos de violaciones de DDHH»

A juicio de la directora de Transparencia Venezuela, la justicia en el país no investiga los casos relacionados a violaciones de derechos humanos.

«Tenemos casos de denuncias que se han hecho a nivel a internacional por parte de las victimas, donde hay cuotas para decidir sobre casos, en donde la justicia no da respuestas a casos que tienen que ver con violaciones de derechos humanos», dijo.

«Pasan los años y casos de corrupción tampoco se investigan, en Venezuela estamos protegiendo a esas personas que han sido denunciadas internacionalmente», acotó.

En este contexto, señaló que «el problema mas grande para quienes luchamos contra la corrupción y defendemos derechos humanos es ese muro de impunidad que significa la justicia venezolana».

Por último, aseguró que 141 casos de corrupción de origen venezolano son investigados en 26 países.

Cabe resaltar que esta organización presentó este viernes el Museo contra la Corrupción, un espacio virtual con colecciones basadas en los programas e investigaciones desarrollados por Transparencia Venezuela.

A pesar de las restricciones que generó la cuarentena por la COVID-19 los trabajadores continuaron en su lucha

La voces de las universidades se manifestaron en 164 oportunidades desde que inició la pandemia del coronavirus en Venezuela, así lo reveló el Observatorio de Universidades.

En un espacio que abarca desde el mes de marzo de 2020 hasta el mes de octubre de 2022, se contabilizaron 164 protestas que en su mayoría se realizaron por reivindicación de los derechos económicos y sociales.

OBU destaca que, a pesar de las restricciones que generó la cuarentena por la COVID-19 los trabajadores continuaron en su lucha que no ha sido respondida por el régimen, en cambio la ha «agravado».

«En pandemia (03/20-10/22) se han realizado 164 protestas en las universidades venezolanas, 98% han sido por la reivindicación de derechos económicos y sociales. A pesar de las restricciones por COVID-19, los trabajadores no han dejado de alzar su voz», detallaron en sus redes sociales.

Las estrategias de la administración de Nicolás Maduro solo empeoraron la situación, desde la centralización de los sueldos por el sistema Patria, los ingresos aplanados con la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) hasta el fraccionamiento del bono.

«La respuesta del gobierno ha agravado el daño. En plena crisis sanitaria, centralizaron los suelos y salarios en el #SistemaPatria, aplanaron los ingresos con la #ONAPRE y fraccionaron #ElBono con la excusa de estabilizar variables macroeconómicas», apuntan.

La denuncia de OBU es que es el 35% de los docentes mayores come menos de 3 veces al día, debido al daño del «ajuste» que no tiene «precedentes en los últimos 70 años».

La madre de Geraldine Moreno exige justicia para su hija asesinada 

Rosa Orozco, directora de la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón, sostuvo que en la mesa de negociaciones entre el gobierno y la oposición no figura ninguna persona que represente a las víctimas de la represión registrada desde el año 2014 a la fecha, precisamente cuando la Corte Penal Internacional presuntamente está investigando crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen venezolano.

Conviene recordar que la hija de Orozco, Geraldine Moreno Orozco, de 23 años, deportista y estudiante de citotecnología en la Universidad Arturo Michelena, del estado Carabobo, fue asesinada por un efectivo militar, frente a su residencia, al ser dispersada una manifestación en Naguanagua, en febrero de 2014.

«Sabemos que para las víctimas de los asesinatos cometidos por las fuerzas represivas no habrá justicia, pero pedimos que sean liberados los presos políticos, cuyos derechos no son garantizados», dijo la defensora de los Derechos Humanos.

«Como la mayoría de los venezolanos no entiendo cómo es que en esa mesa de negociaciones, que se realiza en México, está presente la esposa del empresario Alex Saab, quien no es funcionaria del gobierno y fue incluida en esas conversaciones sin explicación alguna».

«No tengo nada que ver con política, ya que asumí la dirección de una ONG para luchar por la justicia; pero, realmente lo que importa es que haya libertad para los presos políticos, porque el principio de libertad debe ser prioritario para que la llamada plataforma democrática se siente alrededor de una mesa».

«No hay negociación sobre casos de muerte, ni podrá haberla», enfatizó la señora Orozco. «Y si ya el gobierno está consiguiendo lo que pide, no tiene sentido que haya conversaciones sobre aspectos que le serán negados. De modo, pues, que no tiene interés alguno una mesa de diálogo, que no dará resultados».

Producto de la desmejora continuada de los balances fiscales que se sumó a la hiperinflación y al ciclo recesivo que aún persiste

El Centro de Difusión del Conocimiento Económico (Cedice-Libertad), informó que, según un estudio realizado por la organización entre 2017 y 2021, la ejecución del gasto público en Venezuela fue precaria y poco efectiva, siendo la peor en el ranking de Latinoamérica.

Estas cifras se deben, según la organización, a la desmejora continuada de los balances fiscales de la nación que se sumó a la hiperinflación y al ciclo recesivo que aún persiste. 

La investigación realizada por la economista Litsay Guerrero evidencia que Venezuela se ha caracterizado por mantener opacidad en el tema fiscal y no hay información de formulación, aprobación, y en detalle del presupuesto de la nación ni de las premisas utilizadas.

Se detectó un franco deterioro en la capacidad de las autoridades para la formulación de metas macroeconómicas, además de discrecionalidad en el gasto público, lo que no permite al ciudadano conocer la forma en que se gasta el dinero.

Cifras en decadencia

“Considerando los 13 países de la región para los que se hizo el cálculo actualizado del gasto público, los resultados en las ediciones entre 2017 y 2019 reflejaron que Venezuela se mantuvo en las últimas posiciones en el orden del ranking general del IPG, siendo 2019 el año del peor desempeño de ejecución de este indicador”, detalló el estudio.

A su vez, “tampoco hubo mayores cambios en el gasto para atender la crisis sanitaria por el COVID-19, teniendo en cuenta que no hay cuentas claras con respecto a medidas de apertura para los sectores productivos afectados por la paralización de las actividades económicas”, puntualiza el documento.

Como propuesta de forma y fondo, la investigación sostiene que para Venezuela y su economía “se requiere de un enfoque de política económica y de economía política que permita el diseño e implementación de un adecuado programa de reformas que sustenten una recuperación y crecimiento sostenible, basados en la libertad económica”.