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Codhez: Canasta básica de alimentos en Barquisimeto se ubicó en Bs. 286,92 durante marzo
La lista la componen 25 alimentos básicos

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), informó en su más reciente informe, hecho a partir de datos recopilados en los estados Zulia, Táchira y Lara, que la canasta de Barquisimeto comprendida en 25 productos alimenticios, se ubicó en Bs. 286.92, equivalentes a $65,81.

“La canasta de Barquisimeto (CBQT), que comprende la lista de 25 alimentos básicos monitoreados por Codhez en la capital larense, se cifró en Bs. 286,92, equivalentes a $65,81 (tasa promedio de Bs/$ 4,36), cuando quince días antes osciló los Bs.282,27 ($66,07), representando una variación de +1,65% en bolívares y de -0,40% en dólares”, informó Codhez en su informe.

Asimismo, desde la comisión destacaron que para la segunda quincena de marzo, el tomate, uno de los alimentos más utilizados para acompañar las comidas en los hogares venezolanos, tuvo el mayor incremento de su precio por kilo en los mercados del municipio Iribarren, en el estado Lara.

Durante los primeros quince días del mes, este alimento promediaba Bs. 5,52 ($1,29) mientras que al cierre de marzo se ubicó en Bs. 7,12 ($1,63), un alza de +28,98% en bolívares y de +26,37 en dólares estadounidenses.

Por su parte, la yuca también registró un notable aumento en su precio por kilo, pasando de costar Bs. 2,19 ($0,51) durante los primeros días de marzo, a valorarse en Bs. 2,76 ($0,63) al cierre del mes. Es decir, se incrementó +25,84% en bolívares y +23,30% en dólares.

UVL: Al menos 123 reclusos murieron en calabozos policiales durante 2021
La causa principal de la muerte en su mayoría se debió a complicaciones de salud

La organización Una Ventana a la Libertad (UVL), dio a conocer por medio de un informe que al menos 123 reclusos murieron durante el 2021, siendo 95 de ellos internos detenidos en espacios transitorios fallecidos por distintas enfermedades y 15 privados de libertad que perdieron la vida en procedimientos para ser recapturados tras fugarse.

Según los datos revisados en el informe de UVL, el año pasado esos 123 reclusos estaban detenidos en 302 distintos Centros de Detención Preventiva (CDP) y que la causa principal de la muerte en su mayoría se debió a complicaciones de salud debido al hacinamiento en la que viven los reclusos hoy en día en los diferentes CDP del país.

Como reseña esta organización no gubernamental, a pesar de las diferentes liberaciones y traslados a cárceles policiales de algunos detenidos durante todo el año que se realizaron en el país, el hacinamiento es aún uno de los problemas principales de los centros de detención, pues de acuerdo con el subregistro de Una Ventana a la Libertad, 16.595 reclusos “están distribuidos en espacios que tienen capacidad para albergar a 10.310 personas por lapsos de 48 horas”, lo que refleja un hacinamiento del 161% en estos centros preventivos. 

El coordinador general de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, considera que: “Este informe tiene un punto a destacar, por primera vez el régimen de Maduro aceptó el desastre que se vivía en los centros de detención preventiva y eso lo lleva a crear el 21 de junio de 2021, una Comisión para solucionar el problema de caos de los centros de detención preventiva”, aseguró en su informe a UVL. 

Según esta organización defensora de los derechos humanos, la manera en la que viven las personas privadas de libertad en estos espacios transitorios es “una situación sanitaria repugnante”, pues en los espacios donde se encuentran aislados hay de 5 a 6 personas por celdas, eso se refleja en el 66,56% de los CDP monitoreados por UVL, conviviendo en el mismo espacio personas detenidas enfermas junto con los sanos.

Este informe anual de 2021 de Una Ventana a la Libertad, refleja la condición en la que se encuentran los distintos centros de reclusión del país, incluyendo comisarías policiales y militares, donde a nivel nacional se pudo conocer que en estos CDP, 92% de los detenidos son hombres y el 8% mujeres.

Aula Abierta realiza simposio sobre los principios de la libertad académica y la autonomía universitaria
La libertad académica protege tanto la producción como la discusión y la diseminación del conocimiento científico

¿Qué pasa en una sociedad donde los académicos no pueden investigar, publicar, debatir los hallazgos de su trabajo científico o donde las universidades tengan una política de estado para intervenirlas, arrodillarlas o cerrarlas? ¿Por qué los regímenes autoritarios buscan callar a los universitarios críticos?.

Con estas interrogantes el coordinador de Aula Abierta, profesor David Gómez Gamboa, dio inicio al simposio sobre los principios de libertad académica y autonomía universitaria realizado a través de las redes sociales.

«Nos encontramos en tiempos en los cuales los académicos sufren restricciones, represalias o amenazas por la producción del conocimiento científico, crítico o por su participación en el debate plural«, dijo Gómez

Estos escenarios, continuó, impulsaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto a sus dos relatorías a la creación y publicación de los principios interamericanos sobre libertad académica y autonomía universitaria, «hecho histórico sin precedentes que amplia el reconocimiento internacional de este derecho humano«.

Señaló, que estos principios son respaldados por instituciones académicas y sociales del continente y Aula Abierta ha sido parte importante en ese proceso al lado de órganos de derechos humanos y de universidades venezolanas como la UCV, la ULA, LUZ, UCAB y UCLA, entre otras.

Tuvo participación especial durante el simposio la profesora Soledad García, relatora en funciones de la CIDH para los derechos económicos, culturales y ambientales, quien indicó que Los principios adoptados en diciembre de 2021 por la CIDH junto a las consultorías especiales tienen una gran importancia para el mundo académico de toda la región.

Indicó la ponente que estos principios constituyen un paso adelante en la progresividad del derecho internacional de los derechos humanos, que a su vez es un mundo que necesita estar abierto y captar las nuevas realidades y situaciones.

«Esos principios son una muestra de como el sistema interamericano es vanguardista y receptivo de las realidad regional y supo dar respuesta a lo que se venía viendo y esos 16 principios se pueden articular en una serie de ideas tales como la afirmación de que la libertad académica es un derecho humano independiente y a la vez individual y colectivo», argumentó la ponente.

Ello implica, continuó, que la libertad académica protege tanto la producción como la discusión y la diseminación del conocimiento científico y también la participación de los académicos en el debate crítico.

«La crítica universitaria es un tema que requiere una protección especial, sobre todo en los regímenes autoritarios que pueden atacar o poner en peligro el espacio cívico académico», señaló la experta.

Apuntó, que en América se detectan distintas situaciones que preocupan y lo estamos siguiendo con particular atención y preocupación, tal es el caso de Venezuela, Nicaragua, Cuba y México. La libertad académica tiene una característica de interdependencia con otros derechos humanos y de suponer una función habilitante y esta estrechamente vinculada con el derecho a la educación, la libertad de expresión y de pensamiento de los universitarios.

Por su parte el profesor Ricardo Villalobos, Coordinador de Investigación e incidencia internacional, explicó que el simposio trata sobre la situación de la autonomía universitaria en américa en el marco de la pandemia por el COVID-19.

«Hoy más que nunca queda en evidencia la importancia de la libertad académica para el efectivo ejercicio de los derechos humanos. Entre el 14 de marzo y el 28 de septiembre de 2020 se documentaron al menos 5 represalias en contra de académicos con relación a la expresión de sus expresiones expertas sobre el manejo del COVID-19 en Venezuela y Nicaragua por sus respectivos gobiernos.

En estas represalias han sido implicados despidos arbitrarios y amenazas públicas de juicios y acciones penales e incluso, persecuciones con cuerpos de seguridad del estado, apuntó.

OVV Lara: 8% de los homicidios en 2021 fueron contra niños, niñas y adolescentes
La violencia contra niñas, niños y adolescentes ha aumentado en últimos dos años

Carlos Meléndez, coordinador del OVV Lara, aseguró que la violencia contra niñas, niños y adolescentes existe desde antes de la pandemia. No obstante, ha aumentado su frecuencia en estos dos últimos años. La tortura, el trabajo forzoso, los abusos sexuales e intentos de suicidio figuran entre las realidades de mayor gravedad de las víctimas, reseñó el observatorio en una nota de prensa.

Meléndez agregó que la respuesta en materia de prevención y protección de las instituciones del Estado son inexistentes. “Hay un retardo procesal para dar seguimiento a las denuncias, así como las reparaciones inadecuadas para casos de violencia, esas son algunas de las evidencias de la nulidad de las acciones del Estado”.

Sobre algunas de las causas de la violencia hacia los NNA, el coordinador del OVV Lara, considera que hay una precarización general de las condiciones materiales de los habitantes de la entidad.

“Este tipo de violencia es estructural y tiene entre otras causas la inequidad entre las familias. El aumento de la jefatura del hogar a cargo de mujeres ha provocado la sobrecarga en las labores de cuido, y en algunos casos la menor presencia de ellas en sus casas debido a la necesidad de buscar ingresos que le permita alimentar a sus hijos. Eso se refleja en un contexto de vulnerabilidad en el que los agresores tienen mayores posibilidades de asechar contra los niños y niñas, que se han traducido en nuevas formas de violencia como el abuso sexual contra los niños”, dijo Meléndez.

A juicio del también sociólogo y profesor universitario, el Estado venezolano debe atender como principales bloques para el resguardo de los niños y adolescentes: La integridad personal y eliminación de la violencia, la educación, además del acceso a derechos como la salud y la alimentación, la protección en procesos migratorios y esclavitud moderna.

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) participó junto al equipo de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) y la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna), en la elaboración de un diagnóstico en Venezuela y de cada entidad donde funciona un OVV, en el año 2021, que sustentó las recomendaciones del EPU, explicó Meléndez.

«El OVV Lara junto a otras organizaciones de sociedad civil especializadas en defender los derechos humanos de NNA han trabajo en conjunto para desarrollar herramientas de atención integral a casos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, ante la magnitud y frecuencia del problema de la violencia y sus varias dimensiones no logran dar respuesta a todos los casos que se presentan porque la respuesta debe venir de los organismos públicos que tienen la responsabilidad mayor de afrontar este flagelo», reseñó el observatorio en su informe.

Según el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Violencia en Lara (OVV Lara), 8% de los homicidios cometidos en el estado durante el año 2021, tuvieron como víctimas a niños, niñas o adolescentes (NNA).

En la presentación de este balance, la organización precisó que el pasado año se registraron diversas manifestaciones de violencia como violaciones, torturas, agresiones físicas y psicológicas.

OVV: 48% de los venezolanos se sienten poco seguros en sector donde residen
65% de los ciudadanos no llevan dinero al momento de salir de sus hogares y 58% no sale de su casa en la noche

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) aseguró este jueves 24 de febrero que el 48% de los venezolanos se sienten poco seguros en el barrio o sector donde residen.

El informe presentado por la OVV, indicó que, por razones de seguridad, el 65% de los ciudadanos “no llevan dinero” al momento de salir de sus hogares, el 58% “no sale de su casa en la noche” y solo un 10% lleva un “cuchillo o arma” para defenderse.

Cuando se les consultó qué tipo de hechos se producen en sus barrios, el 55% respondió el consumo de alcohol en la calle, el 29% robos, el 21% venta de droga, el 18% violencia callejera y 10% acoso sexual.

Por último, indicaron que el 45% de los venezolanos han sido víctima de algún delito durante el último año.  

OVV: Venezuela no es ajena al problema del suicidio infantil
Entre enero y junio de 2020, 19 niños perecieron por suicidio

Según estudios del Observatorio Venezolano de la Violencia, OVV, en nuestro país los suicidios en la población infantil han ido en alza en los últimos años y solo en el primer semestre del año 2020 se registraron 19 muertes de niños y adolescentes por ese motivo.

A esta premisa se suman los inventarios de la organización defensora de los derechos de la niñez, Cecodap, con su reciente investigación titulada “El suicidio infantil: un problema olvidado en medios de comunicación y políticas públicas de Venezuela”, en el que se aborda el tema de la salud mental en la infancia y adolescencia.

Carlos Trapani, coordinador del Cecodap, señaló que dicho informe presentado a mediados de 2021 lo que busca es dignificar la salud mental como un derecho humano fundamental y sobre todo poder visibilizar el impacto de la emergencia humanitaria compleja por la que atraviesa el país, agravada por la situación producida por la pandemia, en la salud mental de los niños y adolescentes.

En el estudio realizado por la OVV se determinó que que solo entre enero y junio de 202019 niños, niñas y adolescentes perecieron por suicidio. Señala además el informe, que la crisis venezolana se ha hecho angustiosa para muchos y ha llevado a que se incrementen los actos suicidas asociados comúnmente a cuadros en los que se reporta depresión y ansiedad.

El suicidio en Venezuela, además de ser un problema de salud pública, puede considerarse también como un fenómeno de carácter social (…) la precarización de las condiciones de vida no solo ha incrementado la violencia directa y estructural, sino también la violencia de los individuos hacia ellos mismos”, señala igualmente el informe de la OVV.

Hay que destacar que las políticas públicas empleadas en el país por el sector oficial no han priorizado el tema de la salud mental. “La Constitución venezolana se apega a la definición de la Organización Mundial de la Salud para describir el derecho a la salud mental. El artículo 41 establece que el derecho a la salud y a servicios de salud implica que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten del nivel más alto posible de salud física y mental”, indica igualmente en su informe la organización defensora de los derechos de la niñez, Cecodap.

Venezuela sigue cayendo en el Índice de Percepción de la Corrupción
Venezuela alcanzó apenas una calificación de 14 de 100

Según reciente informe de la Asociación Civil Transparencia Venezuela, desde el año 2017 nuestro país registra un descenso continuado en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). De 18 puntos que obtuvo en ese año, para 2021 el país apenas alcanzó una calificación de 14, en una escala de 100, donde 0 es el peor desempeño o la más alta percepción de corrupción.

«Venezuela registró un punto menos que en el período anterior y alcanzó apenas 14 puntos, de una escala de 100, con lo que sigue siendo el país peor evaluado en las Américas, y su calificación lo coloca entre los tres más bajos desempeños de la evaluación global», destacó Transparencia Venezuela.

Dice el informe, que Venezuela solo fue mejor que Somalia (13), Siria (13) y Sudán del Sur (11), las más bajas puntuaciones entre los países evaluados. Al mismo tiempo, Venezuela es el Estado percibido como el más corrupto de América, por octava vez consecutiva, según se desprende del reciente reporte publicado por Transparencia Internacional.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2021, que clasifica a 180 países y territorios según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público de cada uno, en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios), indica que los niveles de corrupción se encuentran estancados a nivel mundial, con escaso o ningún progreso en el 86% de los países evaluados en los últimos diez años. De hecho, la puntuación media global se mantiene en 43 puntos por décima vez consecutiva, mientras dos tercios de las naciones no llegan a 50.

La región con mayor puntuación en el índice es Europa Occidental con una media de 66 seguida por Medio Oriente África del Norte con 45 y América con 43.

Las regiones con puntuación más baja son Europa oriental y Asia central (36) y África subsahariana (33). Pero, con un puntaje promedio de 43 por tercer año consecutivo, y 22 países sin cambios estadísticamente significativos en su lucha contra la corrupción, América está completamente paralizada en la lucha contra la corrupción.

A pesar de la existencia de una amplia legislación y un compromiso regional para combatir este mal, la corrupción en el continente continúa socavando la democracia y los derechos humanos.

Transparencia Internacional identificó, además, que los países que vulneran las libertades civiles obtienen de forma consistente puntuaciones más bajas en el IPC.

La complacencia en la lucha contra la corrupción da pie a violaciones de derechos humanos de mayor gravedad y socava la democracia, detonando así una espiral viciosa. Conforme se erosionan los derechos y las libertades y se debilita la democracia, el autoritarismo avanza, lo cual contribuye a aumentar aún más la corrupción.

Los derechos humanos, continúa el informe, son más que algo deseable en la lucha contra la corrupción. Los modelos autoritarios destruyen los controles y contrapesos independientes y hacen que tomar acción contra la corrupción dependa de los caprichos de una élite.

OVV: Muertes por resistencia a la autoridad en Lara aumentaron durante 2021
Las muertes a manos de la fuerza pública y de la delincuencia en el municipio Iribarren ocupan el 44% del total de defunciones

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) actualizó su informe sobre el estado Lara y en éste se refleja que en la entidad aumentaron las muertes por resistencia a la autoridad, marcando una tasa de 5,7 la cual supera a la tasa de homicidios que se ubicó en 5,2 y también está por encima de la tasa de muertes en averiguaciones que se situó en 6,8.

Según explica este informe avalado por el Coordinador del OVV LaraCarlos Meléndez, las muertes por resistencia a la autoridad que ocurrieron en Lara se ejecutaron en el municipio capital, Iribarren.

La parroquia Juan de Villegas, de Barquisimeto es la que tiene los números más elevados, según el informe del OVV, el cual refleja que las muertes a manos de la fuerza pública y de la delincuencia en Iribarren ocupan el 44% del total de defunciones; mientras que 41% de ellas se registraron en las parroquias Tamaca, Catedral y Unión de la misma localidad. 

De los datos ofrecidos por el OVV, el cual coordina Calos Meléndez en Lara, se desprende que la tasa de desaparición se ubicó en 3,6. Meléndez explica que, para algunos hechos delictivos, la tendencia a la baja ya se expresaba antes de la pandemia por la COVID-19 y enumera algunas de las causas que, considera, provocaron esta baja.

La ausencia del transporte público y privado en las ciudades donde se concentra el delito, la falta de renta y de la moneda local como medio de intercambio, así como los procesos migratorios masivos de la juventud venezolana; generaron cambios sociales en el crimen, que se aceleró en pandemia.  Mientras, la pobreza y desigualdad pasó de ser la de un país en vías de desarrollo a la de un país con necesidades humanitarias las formas de victimización se transformaron”, argumentó Meléndez.

El especialista explica que las tasas de la violencia de 2021 reflejan la reducción de los delitos en Lara; sin embargo, ello se debe al resultado de la crisis socioeconómica que ha reestructurado las dinámicas delictivas, pues todavía persiste la ausencia del Estado.

“La autoridad existe para procurar de una manera ilegal y por ende insegura e insostenible, una política de mano dura que ha ejercido con impunidad y cuyos resultados son cientos de vidas perdidas”, expresa Meléndez.

El miedo es vector en la relaciones sociales

El coordinador del OVV Lara amplió que en la actualidad el miedo se ha convertido en el vector de las relaciones sociales, el cual se ve materializado en la orfandad, la fragmentación familiar y comunitaria, la movilidad forzada “y un sistema penal sin capacidad de aplicar un tipo de justicia transparente”, sostuvo el investigador.

En el informe del OVV también se expresa que la seguridad institucional necesaria para la garantía de la justicia no existe en la entidad y agrega que la disminución de algunos delitos no genera las condiciones que hagan sostenible la paz y la convivencia ciudadana.