El sector privado venezolano enfrenta una presión fiscal creciente que amenaza con estrangular su operatividad y frenar los intentos de recuperación económica. Empresarios, gremios y analistas advierten que el aumento sostenido de impuestos y tarifas de servicios públicos se ha convertido en una carga insostenible, en un momento en el que los ingresos petroleros del país se debilitan rápidamente.
Un trabajo del diario El Impulso reseña una encuesta reciente de Conindustria, en la que se concluyó que 77% de las industrias considera que la carga tributaria es el principal obstáculo para operar, por encima de la caída de ventas o los costos logísticos. “Lo que se paga por demás en impuestos se resta al capital de trabajo”, dijo el presidente del gremio, Luigi Pisella, quien propone ampliar la base tributaria para distribuir mejor el peso fiscal.
Las consecuencias ya se hacen visibles: grandes industrias no prevén nuevas contrataciones, mientras que las medianas estiman una reducción de 1% en su nómina en los próximos meses.
El trabajo periodístico indica que, ante la pérdida de ingresos petroleros por las sanciones y la reciente salida de Chevron del país, el gobierno de Nicolás Maduro ha redoblado sus esfuerzos por obtener recursos a través de la vía fiscal. En abril, el Ejecutivo decretó un estado de emergencia económica que le permite suspender exenciones fiscales y ajustar el sistema tributario.
A comienzos de 2025, Maduro instruyó a su equipo económico a duplicar la recaudación, estimada en 5200 millones de dólares en el presupuesto nacional. Según la consultora Ecoanalítica, esta podría alcanzar los 13 mil millones este año, aunque a costa de una asfixia del aparato productivo.
“Los tributos son un salvavidas para el Gobierno”, explica el economista Luis Bárcenas. “Pero este alivio fiscal para el Estado se traduce en asfixia para la empresa privada”.
Multas, fiscalizaciones y exigencias de pago anticipado
El aumento en la presión fiscal no se limita a impuestos nacionales. Las empresas también denuncian multas arbitrarias tras fiscalizaciones, exigencias de pago anticipado y subidas de tarifas en servicios públicos sin previo aviso.
“Se permite a empresas estatales y gobiernos municipales aumentar tarifas, muchas veces sin aviso previo ni estudio técnico”, declaró un empresario afectado a El Impulso. Algunos relatan que una sola empresa puede pagar tributos distintos en cada municipio donde opera, una situación que afecta más a la producción nacional que a las importaciones extranjeras.
La inflación acumulada en servicios públicos como agua y electricidad alcanzó un 116% hasta marzo de 2025, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. La inflación general, proyectada en 200% para fin de año, complica aún más el panorama.
Por otra parte, y con las alcaldías también privadas de aportes petroleros, los tributos municipales han ganado peso en los costos operativos de las empresas, que enfrentan ahora una triple presión: impuestos nacionales, tasas locales y servicios costosos y fallidos.
Hasta la fecha, los ministerios de Finanzas, Comunicación e Información y el ente tributario nacional no han emitido comentarios oficiales sobre las denuncias del sector privado.
Entretanto, gremios empresariales continúan solicitando al Ejecutivo espacios de diálogo para revisar el esquema fiscal, en medio de una coyuntura en la que la recaudación salvaguarda al Estado, pero amenaza con paralizar la producción nacional.
Vea el trabajo completo en El Impulso
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
