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PERFIL | El ascenso de Simón Zerpa fue tan vertiginoso como su caída

Yeannaly Fermin
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PERFIL | El ascenso de Simón Zerpa fue tan vertiginoso como su caída

Hasta el pasado 8 de marzo de 2024, Simón Zerpa Delgado estuvo activo en sus redes sociales. En sus cuentas de Instagram y X se definía como: “militante socialista, bolivariano y chavista”. Un mes después, el fiscal designado por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, anunció su detención por estar implicado en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto. 

Como parte de la segunda fase de la investigación que involucra a la estatal Petróleos de Venezuela y otras empresas públicas, Tarek William Saab informó este martes la detención de Zerpa Delgado quien desde el año 2014 fue un funcionario relevante de la administración de Nicolás Maduro. 

Según Saab, Simón Zerpa bajo la aprobación de Tareck El Aissami, utilizaban sus cargos para “aliarse con empresas de maletín para destruir la economía, generar caos y desviar fondos a través de supuestos proveedores”. 

El fiscal informó que el exministro será imputado por los delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir. 

El rápido ascenso de Zerpa 

Simón Alejandro Zerpa Delgado es licenciado en Relaciones Internacionales y tiene un postgrado en Derecho Constitucional Internacional. 

Su rápido ascenso en la administración de Maduro estuvo respaldado desde el primer momento por ser hijo de Iván Zerpa, embajador de Venezuela ante China y exsecretario de la Asamblea Nacional y la cercanía de este con Nicolás Maduro y Cilia Flores. 

Simón Zerpa debutó en septiembre de 2013 con el cargo de secretario ejecutivo del Fonden. También se sumó ese año a la junta interventora de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) como miembro principal.

En el 2014, cuando ejerció como viceministro de Inversión para el Desarrollo del Fondo Chino Venezolano. Zerpa, sustituyó a Javier Elías Briceño Scott, quien fue acusado de desviar 84 millones de dólares de dicho fondo. 

Para el año 2016, Zerpa Delgado fue gobernador alterno ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por Venezuela, nombramiento oficializado en la Gaceta 40.849. 

Zerpa Delgado fue ministro de Economía y Finanzas desde el 26 de octubre de 2017 hasta el 8 de septiembre de 2020, según la Gaceta Oficial Nro. 41.265. También fue director externo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en 2018 y estuvo a cargo de la vicepresidencia de Finanzas de la petrolera. 

Otro de los cargos que ocupó fue la presidencia del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y representante de Venezuela del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

Desde el año 2020 estuvo al frente del Banco Bicentenario, hasta el pasado 28 de agosto de 2023 cuando Nicolás Maduro anunció cambios importantes en su gabinete ministerial, entre ellos, la remoción del exministro. 

Según el exgobernador de Aragua, Carlos Tablante, la salida de Simón Zerpa del Banco Bicentenario se produjo por la supuesta participación de Zerpa en la delación y captura del empresario colombiano Alex Saab.

El sistema cambiario era lo de él

Poderopedia reseñó que desde el año 2018 Simón Zerpa estuvo a cargo de todo lo relacionado con el sistema cambiario en el país. El portal indicó que las decisiones del “plan de recuperación económica” estuvieron a su cargo. 

Cabe recordar que entre las medidas para la recuperación económica estuvieron las subastas del Dicom, que la banca podía recibir divisas pero no venderlas y la fijación de una sola tasa de cambio oficial. 

En 2018, Zerpa anunció un nuevo convenio cambiario en el que el bolívar tendría libre convertibilidad en todo el país y además instó a todos los empresarios a abrir cuentas bancarias en moneda extranjera para la inversión productiva. Todo fue en vano, Venezuela atravesaba la peor crisis económica de su historia. 

Durante la rueda de prensa que realizó Tarek William Saab ayer, en varias oportunidades reiteró que Tareck El Aissami, en compañía de Zerpa, “querían desestabilizar la economía para que colapsara” y lo señaló de estar detrás de la especulación del dólar paralelo.

Tres veces sancionado, pero premiado con la espada de Bolívar 

En abril de 2019, Zerpa fue sancionado por el gobierno de Canadá. De acuerdo a declaraciones de la ministra de relaciones exteriores canadiense, Chrystia Freeland, fue sancionado por “estar directamente implicado en actividades que socavan las instituciones democráticas”.

En julio de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también lo sancionó junto a otros 42 funcionarios con penalizaciones de carácter económico e individual. 

Por este hecho, Nicolás Maduro premió a los 42 funcionarios de su administración con la espada de Bolívar. En un acto televisado, Simón Zerpa aseguró que las sanciones de EEUU “les da seguridad que está del lado correcto de la historia (…) Con lealtad y compromiso, con los valores de Maduro y Chávez, seguirá ejerciendo sus funciones”.

El 30 de marzo de 2018 también recibió sanciones por el gobierno de Panamá por ser considerado de “alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

De vicepresidente a “este sujeto”: auge y caída de Tareck El Aissami 

PERFIL | Samark López, el presunto testaferro de El Aissami detenido por el caso “Pdvsa-Cripto”

Andrea González
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PERFIL | Samark López, el presunto testaferro de El Aissami detenido por el caso “Pdvsa-Cripto”

Samark López Bello, recién detenido por las autoridades venezolanas al ser vinculado a la trama “Pdvsa-Cripto”, es un economista egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y empresario del sector alimentos y construcción.

Nació el 27 de julio de 1974 en Tucupita, estado Delta Amacuro. De acuerdo con la base de datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), ejerce su derecho al voto en el municipio Girardot del estado Aragua.

López es uno de los venezolanos que han sido sancionados por el Departamento de Estado por presunto narcotráfico. Fue señalado de tener vínculos comerciales con el exministro de Petróleo Tareck El Aissami, algo que negó y alegó ser un “empresario legítimo”.

Toda su trayectoria profesional como empresario se ha visto afectada, dejando atrás vínculos con empresas en Florida y otros negocios cuestionados.

El martes 9 de abril, Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la Constituyente, anunció su detención junto a El Aissami y Simón Zerpa. El funcionario dijo que al empresario se le imputarán los delitos de “apropiación o distracción del patrimonio público”, “alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias”, “legitimación de capitales” y “asociación”.

Según Saab, los recientemente detenidos, además de estar vinculados con “corrupción petrolera”, en una “conspiración para implosionar de manera absoluta la economía venezolana” utilizando la modalidad digital. 

Trayectoria como empresario

Samark López figura como propietario de numerosas empresas. Según un reportaje publicado por el periodista Roberto Deniz en Armando.Info, López vendió kits para los programas de construcción del gobierno venezolano, pinos navideños y alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Esa misma investigación señala que el empresario también es propietario de las empresas Postar Intertrade Limited, Profit Corporation y Yakima Trading Corporation -estas dos últimas figuran en la lista de activos que el gobierno estadunidense le bloqueó-.

Además, también el sitio web de Profit Corporation, C.A. indica que sus principales clientes eran Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el Ministerio de Interior y Justicia.

Profit Corporation C.A. fue contratada por Pdvsa Gas, S.A. en 2010 para obras civiles y electromecánicas, pero el avance de los trabajos, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), solo llegó a 46% y 16%, publicó Poderopedia.

Asimismo, entre 2002 y 2004 ocupó el cargo de director de Planificación y Presupuesto de la Gobernación de Mérida, durante la gestión del exgobernador Florencio Porras.

López Bello ha sido un alto gerente corporativo y esas gestiones se extienden hasta Florida, Estados Unidos, con las compañías -actualmente inactivas- MF Food Service, LLC, LH Industries Supplies INC y Sahect Holding LLC.

A continuación podrá ver una lista de algunas de las empresas donde estuvo López:

Buscado por la justicia estadounidense

En octubre del 2020, López Bello fue designado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, como un objetivo del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado de Estados Unidos.

De esta manera, Samark López se convirtió en miembro de la lista de “los más buscados”, con una recompensa de USD 5,000,000 para quien suministre información sobre su paradero.

De acuerdo con el ICE, esta designación se hizo en el marco de “un esfuerzo para erradicar la corrupción y la criminalidad vinculada con el régimen de Maduro en Venezuela”.

Los Equipos de Trabajo contra Delitos Financieros El Dorado de HSI Nueva York y HSI Miami realizaron la investigación.

Ficha de búsqueda de Samark López/Fuente: ICE

Basándose en las investigaciones por parte de HSI Nueva York y HSI Miami, López fue acusado formalmente en marzo de 2019 y marzo de 2020 en el Distrito Sur de Nueva York “por violaciones de la Ley de Poderes Económicos en Caso de Emergencia Internacional, la Ley de Cabecillas y otras sanciones impuestas por la OFAC”.

EEUU ofrece recompensa de 5 millones de dólares por Samark López

Sanciones de la OFAC

En febrero de 2017, la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a López Bello y a Tareck El Aissami, “como narcotraficantes especialmente designados de conformidad con la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero por jugar un papel significativo en el narcotráfico internacional”.

La OFAC identificó a López como  “representante clave” de El Aissami, gestionando acuerdos comerciales y asuntos financieros que generaron ganancias significativas como consecuencia de las “actividades ilícitas” del exministro de Petróleo.

Una nota publicada por el portal Suprema Injusticia indica que, según información oficial, la OFAC identificó 13 empresas propiedad o controladas por Samark López Bello, en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, el Reino Unido, EEUU y Venezuela.

Después de esto, López Bello demandó a la OFAC para que se anulara la sanción en su contra, que mantiene congelados sus bienes en Estados Unidos, porque, según sus alegatos, violaba sus derechos bajo la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense.

El empresario alegó que la decisión de la OFAC fue “arbitraria y caprichosa y excede su autoridad porque, en el momento en que estaba ayudando materialmente, brindando apoyo o servicios a, o actuando para o en nombre de El Aissami, El Aissami aún no había sido designado como SDNT (narcotraficante)”.

Sin embargo, un tribunal de Estados Unidos consideró que este argumento no encontraba base “en la ley o la lógica”, porque sería ir contra los objetivos la Ley Kingpin, fundamento de las sanciones de la OFAC, que es “llevar a la bancarrota las operaciones de narcotráfico mientras minimizando el riesgo de fuga de activos”.

También, rechazaron el argumento de López, según el cual se ejecutó una “incautación ilegal” de sus bienes. La Corte consideró que sus alegatos fueron insuficientes “para demostrar que la OFAC debería haber obtenido una orden judicial antes del bloqueo sus bienes”.

Otros problemas legales

El 12 de mayo de 2019, la Procuraduría General de Justicia de República Dominicana informó sobre un operativo conjunto con la agencia antinarcóticos local para detener a López Bello, a quien señalaban de pertenecer a una supuesta red de narcotráfico.

Durante el operativo, se allanaron propiedades vinculadas a López y detuvieron a varias personas para su investigación. Una casa lujosa fue allanada en esta operación.

Allanaron casa en República Dominicana en búsqueda de Samark López

López también protagonizó controversias por su participación en el sector de los medios de comunicación, especialmente con relación a la venta del grupo editorial Cadena Capriles en 2013, que generó críticas por falta de transparencia.

A Samark López también se le vinculó a la transacción para el cambio de dueño de El Universal, en la que la mayoría accionaria sería del operador financiero Rafael Sarría, publicó El Pitazo.

Maduro y Chávez metían las manos en el fuego por la “honestidad” de El Aissami

Maduro y Chávez metían las manos en el fuego por la “honestidad” de El Aissami

investigación Runrun.es
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Maduro y Chávez metían las manos en el fuego por la “honestidad” de El Aissami

El exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, fue detenido el 9 de abril de 2024, un año y unos días después de que se anunciara una “purga madurista” por investigaciones de corrupción contra decenas de funcionarios de alto y mediano rango de compañías estatales, instituciones, los tribunales penales de la República, y dos alcaldías, así como empresarios de ramos diversos.

De El Aissami no se supo más nada después de ese 20 de marzo de 2023, cuando anunció su renuncia como ministro de Petróleo a través de su cuenta en X (antes Twitter). El Aissami precisó que su decisión se debía a las investigaciones por presuntos casos de corrupción dentro de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que se ventilaban por esos días. 

“(El Aissami) ha ratificado su condición de militante revolucionario y está en la disposición de tener la voluntad de cooperar en toda la investigación”, señaló el gobernante Nicolás Maduro en una alocución televisada, tras aceptar la dimisión de El Aissami. Maduro parecía confiar mucho en la buena fe de El Aissami: “Me ha hecho llegar, su renuncia al cargo de ministro de Petróleo y su disposición, como así lo ha demostrado, a aportar toda la información que maneja y apoyar todas las investigaciones contra estos grupos de bandidos y mafiosos».

Aniversario de la #PurgaMadurista: así se repartieron las sillas vacías

Pero no solo en los primeros días de “purga” Maduro demostró su apoyo a El Aissami. En varias ocasiones en el pasado,  lo defendió de señalamientos desde el exterior por sus supuestos nexos con el narcotráfico y organizaciones terroristas, al igual que lo hizo públicamente en una ocasión su predecesor en el gobierno, el fallecido Hugo Chávez. 

Runrun.es identificó algunas de las veces en las que ambos gobernantes chavistas metieron la mano en el fuego por la “honestidad” del hoy detenido exministro.

Chávez: “Estoy absolutamente seguro de su honestidad”

“Estoy absolutamente seguro de la honestidad, transparencia y carácter revolucionario verdadero del ministro Tareck El Aissami”, pronunciaba en un discurso Hugo Chávez. 

“Cumpliendo con mi deber de buen compañero, salgo en defensa de mi ministro, compañero y amigo Tareck El Aissami. Eche pa’ lante, Tareck, eche pa’lante“, expresaba Chávez en esa alocución en la que se refirió a las acusaciones que estaba lanzando entonces desde Colombia el acusado de narcotráfico, Walik Makled, y que salpicaban a Feras El Aissami, hermano de Tareck.

En concreto, Makled aseguró que le pagó al hermano de El Aissami 100.000 dólares a cambio de colocar a un comisario de la policía científica en un puesto clave del estado Aragua.

Maduro: “El Aissami es un hombre que no tiene precio, verdadero patriota, revolucionario y socialista, de gente honesta”

En julio del año 2019, fue el actual gobernante Nicolás Maduro quien rechazó que se vinculara a El Aissami con el grupo chilí libanés Hezbolá, asegurando que “nunca” ha tenido relación con la organización islámica.

En su declaración, Maduro sugirió que EEUU lo atacaba por sus orígenes sirios. 

Durante un acto televisado, Maduro señaló: “Se la pasa el gobierno de Estados Unidos atacando a Tareck el Aissami, porque es hijo de un matrimonio árabe, padre árabe, madre árabe, de una familia que está una parte en Siria y otra en el Líbano, una familia trabajadora, de gente honesta, de gente patriota”.

También, Maduro dijo que “todos los días el Departamento de Estado y los traidores” que se han ido a ese país “a ponerse al servicio del imperio gringo” atacan a El Aissami.

“Porque es un hombre valiente, que no tiene precio, es un verdadero patriota, revolucionario, socialista, lo quieren vincular a Hezbolá”, expresó Maduro entonces.

“Critíquenme a mí, soy el responsable de las decisiones”

En agosto de 2020, Maduro instó a los ciudadanos a criticarlo a él y no a los funcionarios bajo su mando, alegando que él era el “responsable de todo”.

Para aquel momento, el oficialista pidió que no se criticara a Tareck El Aissami ni a Wilmar Castro Soteldo.

“Quiero que se consulte Castro Soteldo, este documento que pongo a circular, en mi nombre, todo lo que quieran criticar, critíquenme a mí, a mí, díganmelo a mí, no a Castro Soteldo, a mí, soy responsable de todas las decisiones”, dijo Maduro.

También, señaló: “Todo lo que quieran criticar díganmelo a mí, no a Castro Soteldo o a Tareck. Soy responsable de todo, hay que ver lo duro que es enfrentar estas circunstancias, pero lo hago con amor”.

“El mejor ministro del Interior de los últimos tiempos”

Años atrás, en 2017, Maduro rechazó que el gobierno de Estados Unidos acusara de narcotráfico a Tareck El Aissami, quien entonces era el vicepresidente ejecutivo.

“El ataque no es al vicepresidente, sino a una revolución, a un país. El objetivo final soy yo. No pueden conmigo ni podrán. Estamos protegidos por Dios”, dijo Maduro.

También, durante la defensa de Maduro hacia El Aissami, el gobernante señaló que fue “el mejor ministro del Interior” de los últimos años.

La euforia cuando lo designó vicepresidente

En registros audiovisuales también está el momento en el que Maduro designó a El Aissami en un acto público con simpatizantes oficialistas que lo aclamaban.

“He designado como vicepresidente al compañero Tareck El Aissami, para que asuma la nueva etapa 2017-2018, con su juventud, experiencia, compromiso y valentía”, expresaba Maduro. “Se lo pedí prestado al estado Aragua, es un líder indiscutible de ese lugar”. 

 

Tareck El Aissami ha salido del grupo

Denuncian «revictimización y persecución» judicial al preso político Adrián de Gouveia

Redacción Runrun.es
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Denuncian «revictimización y persecución» judicial al preso político Adrián de Gouveia

El mayor de la aviación Adrián de Gouveia de Sousa estuvo como un preso político en Venezuela desde el año 2018, cumplió una condena de 5 años sin un juicio, lo excarcelaron en diciembre de 2023 y un mes después lo vuelven a detener arbitrariamente.

Ahora, dos meses después de su detención, el Tribunal 4 de Control con competencia en materia de Terrorismo ordenó este 9 de abril un nuevo juicio a de Gouveia por su presunta implicación en la llamada “Operación Gedeón”.  

La ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (CDHD) denunció que se está evidenciando un caso de «revictimización y la persecución» a Adrián de Gouveia, ya que «el mayor estaba detenido y le resultaba materialmente imposible haber participado en cualquiera de los delitos que le imputa el Ministerio Público». 

https://twitter.com/Coalicion_ddhh/status/1777833678246232406

Alonso Medina Roa, director de la CDHD, advirtió que el evento militar catalogado por el gobierno de Nicolás Maduro como «Operación Gedeón» ocurrió en el año 2020, cuando De Gouveia se encontraba en la prisión de Ramo Verde, en el estado Miranda, por la presunta implicación en otro alzamiento militar denunciado por el madurismo y al que  llamaron «Operación Armagedón», que ocurrió en 2018. 

Acusado sin pruebas

Al mayor Adrián de Gouveia lo acusan de traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, tráfico de armas y conspiración. Pero, hasta la fecha, ni el Poder Moral ni el Judicial ha presentado una investigación que involucre al militar con el caso. 

«El Ministerio Público en el acto realizado ante el tribunal de control no refirió ningún hecho concreto ni elementos probatorios en su contra. Recordemos que al militar también se le violó el derecho a la defensa, ya que en la audiencia de presentación no se le permitió la asignación de su abogado de confianza, pese a que nos encontrábamos en el tribunal», añadió Medina Roa.

No es la primera vez que un preso político venezolano es acusado de otro caso mientras está privado de libertad. A Franklin Caldera Martínez, un militar venezolano retirado, lo detuvieron arbitrariamente en 2019 y también se le acusa de la «Operación Gedeón», que ocurrió un año después. Caldera aún se encuentra privado de libertad sin un juicio. 

De acuerdo con la ONG Foro Penal, en Venezuela existen al menos 269 presos políticos, de los cuales 131 (48,7 %)  son militares, la mayoría sin una sentencia firme o condena por 5 años o más. 

Cepaz: persecución y criminalización se intensifica previo a las elecciones

Emisora de radio en Caracas fue allanada y luego retornó al aire

Redacción Runrun.es
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Emisora de radio en Caracas fue allanada y luego retornó al aire

Este 9 de abril, cuando la opinión pública estaba pendiente de la detención del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami y de la reunión entre Nicolás Maduro y el presidente colombiano, Gustavo Petro, la organización no gubernamental Espacio Público denunció el allanamiento de la emisora de radio TNO y la confiscación de sus equipos en Caracas. 

Sin embargo, en la noche de este martes la ONG informó que un fiscal ordenó el regreso al aire de la señal y la “devolución de la llave de acceso a la estación”. No especificó si los equipos fueron devueltos a la radio. “El funcionario indicó que estuvo incorrecto el procedimiento que hicieron otros funcionarios en horas de la tarde”, escribió EP en su cuenta de X.

Espacio Público indicó que el allanamiento fue realizado por miembros de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana bajo la supervisión del fiscal Jonny Amundarain.

De acuerdo a la ONG, al menos siete emisoras han sido cerradas en lo que va de año y los casos se han producido en los estados Zulia, Trujillo, Portuguesa, Bolívar y Distrito Capital.  

A las estaciones se les abrió un procedimiento administrativo a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) o fueron víctimas de órdenes de funcionarios gubernamentales, como es el caso de la emisora Ecos de Páramo 100.3 FM en el estado Trujillo, la cual fue víctima del gobernador de la entidad, Gerardo Márquez. 

“Esa emisora es del Partido y es de la revolución. Yo quiero esa emisora aquí transmitiendo el programa. Yo ordené hace un mes que se interviniera porque es del Partido Socialista Unido de Venezuela y la quiero transmitiendo el programa El mundo al revés”, dijo Márquez 

Radio en retroceso

La ONG Espacio Público y el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNP) denunciaron también el pasado 5 de abril que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de la emisora radial Excelente 107.9 FM en Upata, en el estado Bolívar, a 55 kilómetros al sur de Ciudad Guayana. 

«Es la segunda estación que Conatel cierra en esa región en menos de un mes», alertó la ONG. En ambos casos, Conatel cerró las emisoras por el presunto vencimiento de sus concesiones, requisito que el Estado no ha renovado en más de 10 años. 

Mientras, el Observatorio de derechos humanos de la ONG Fundaredes agregó que el Estado «intimidó» a los trabajadores de la prensa de Excelente 107.9 FM y «decomisó» los equipos de trasmisión de la emisora. 

De acuerdo a Espacio Público, en 2023 contabilizaron 12 cierres de emisoras que  transmitían en señal abierta en siete estados del país y el Distrito Capital. Según Conatel, las estaciones tenían pendientes procesos administrativos o la extinción de sus respectivas concesiones. 

 

«Se impone el silencio informativo»: Conatel cerró otra emisora en Bolívar y decomisó sus equipos

Cepaz: persecución y criminalización se intensifica previo a las elecciones

Redacción Runrun.es
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Cepaz: persecución y criminalización se intensifica previo a las elecciones

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) informó este 10 de abril que se registraron 86 actos de persecución y criminalización desde el Estado contra los periodistas, los medios de comunicación y representantes de partidos políticos venezolanos en los primeros dos meses de 2024. 

«Más de la mitad de los casos registrados tienen que ver con el ejercicio de los derechos políticos. Patrones como la ratificación de inhabilitaciones políticas, la detención arbitraria bajo la previa desaparición forzada de activistas políticos y ciudadanos que presten servicios o que formen parte en las actividades de índole político, los procesos judiciales irregulares de las personas detenidas arbitrariamente, la activación del Plan furia bolivariana, los actos de amenaza y hostigamiento constantes, son solo algunos de ellos», explicó la ONG en una nota de prensa.

Advirtió que este pico de violaciones a los derechos humanos coincide con la tendencia que ha explicado la ONU en sus informes desde el 2014: «la aplicación reiterada y sistemática de patrones de persecución responde a una política que pretende garantizar la permanencia indefinida en el poder del gobierno de Nicolás Maduro (…) ante las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio». 

Sobre las víctimas de persecusión 

Al menos 39 de los casos fueron contra personas dedicadas a la política, como lo fueron las detenciones arbitrarias de Dignora Hernández, Henry Alviárez y otros cinco dirigentes del partido Vente Venezuela.

Otros 20 casos se relacionan con ataques a periodistas y medios de comunicación, como el cierre de la emisora Onda 100.9 FM en Valencia, estado Carabobo. 

En el 15 % (13) de los casos registrados las víctimas fueron ciudadanos en el ejercicio de la protesta y en el 17,44 % (15) las víctimas fueron defensores de derechos humanos, representantes gremiales y ONG, destacando el caso de la detención arbitraria y desaparición forzada temporal de la activista Rocío San Miguel. 

También en la lista aparece el caso de la Universidad de Los Andes (ULA), que le negaron su derecho como institución a renovar sus autoridades rectorales pese a tener casi 10 años que el Estado no se lo permite. 

Del total, «36 hombres y 9 mujeres fueron víctimas de estos actos de persecución y criminalización. Además, hay 41 actos que afectaron a personas que integran un colectivo y por lo tanto no pudieron disgregarse por género», dijo Cepaz.

El victimario: el Estado venezolano

Solo 27 casos de persecución fueron promovidas por personas ligadas al gobierno de Nicolás Maduro, el resto (59) son por instituciones estatales, que también están ligadas al gobierno de Maduro. 

«Los patrones de persecución documentados fueron: hostigamiento y amenazas (43 casos); detenciones arbitrarias (14 casos); cierre de emisoras de radio (8 casos); órdenes de aprehensión (6 casos); irregularidades en procesos judiciales (5 casos); impedimentos de registrar un hecho noticioso (4 casos); inhabilitaciones políticas (2 casos); allanamientos irregulares (2 casos); cierre de programa de radio (1 caso); y traslado irregular de un preso político (1 caso)», agregó la ONG.

En este contexto, Cepaz advirtió que el Estado está aumentando «la persecución desmedida», «como señaló la Misión de la ONU, estamos ante la modalidad más violenta de represión, que se activa para silenciar a las voces disidentes».

En lo que va de el mes de marzo y abril la tendencia de persecución persiste, al menos 3 emisoras de radio han cerrado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la Asamblea Nacional busca aprobar dos legislaciones que fomentan las restricciones de la libertad de expresión y de asociación y se ha detenido a un periodista por publicar contenido en la red social Youtube. 

La Conversa de ARI |  La Ley contra el fascismo te quiere calladito e inmóvil

Presencia de Venezuela en la CIJ contradice mandato de referéndum sobre el Esequibo

Andrea González
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Presencia de Venezuela en la CIJ contradice mandato de referéndum sobre el Esequibo

Las acciones que tomó Venezuela de asistir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) parecieran ir en dirección contraria a lo que el soberano decidió en el referéndum consultivo sobre el Esequibo, una consulta que el gobierno promovió como la panacea para zanjar el conflicto histórico con Guyana. 

El 3 de diciembre del 2023 se celebró una consulta -de carácter no vinculante- sobre el Esequibo, donde el gobierno de Nicolás Maduro hizo cinco preguntas a la población referentes al conflicto con Guyana sobre ese territorio.

Aquel referéndum, según consideraron expertos, lo que buscaba era sacudir la apatía y movilizar la conexión con el gobierno de Nicolás Maduro. Ya anteriormente había intentado lo mismo en el año 2015, precisamente en un ambiente preelectoral. Según cifras de Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), participaron – supuestamente- más de 10 millones de venezolanos en esa consulta comicial por el Esequibo. 

Ese evento generó una gran campaña mediática por parte del gobierno y hasta incluyó la celebración de un megaconcierto en Caracas. Y más allá de no ser vinculante, no quedó en nada.

En la consulta se plantearon cinco interrogantes a los venezolanos: la primera era si rechazaban la línea impuesta por el Laudo Arbitral de París de 1989, que el gobierno afirma, “pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba”. La segunda buscaba ratificar el apoyo ciudadano alA cuerdo de Ginebra de 1966 “como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba”.

En la tercera, le planteaban a los venezolanas manifestar su acuerdo “con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba” . Por su parte, la cuarta pregunta se orientaba a marcar la oposición contra las pretensiones de Guyana “de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional?”, mientras que en la quinta, el ciudadano manifestaría su aprobación o no a la creación del estado Guayana Esequiba. 

Regalitos después del ‘toma y dame’

Después que Nicolás Maduro utilizó numerosos descalificativos contra Irfaan Ali, presidente de Guyana, en el marco de la escalada de tensión y guerra de micrófonos por el Esequibo, ambos mandatarios se reunieron y hasta se dieron obsequios.

El pasado 1 de marzo, Nicolás Maduro y Irfaan Ali intercambiaron regalos y se desearon “paz y amor” durante la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En ese saludo, estuvo presente el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, que ejerce de interlocutor entre Caracas y Georgetown, así como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Ali le obsequió a Maduro un ron caribeño, que el gobernante venezolano agradeció con un “buenísimo” y a continuación dijo: “Yo también te tengo un regalo”. El presente de Maduro para Ali era una caja con “puros productos hechos en Venezuela”.

Silencio rotundo durante más de tres meses

Luego de realizarse el referéndum consultivo sobre el Esequibo, los poderes del Estado anunciaron diferentes acciones que incluían una legislación para la creación de una región venezolana en el área y la extracción de sus riquezas. 

A finales de diciembre, Nicolás Maduro ordenó el inicio de un “despliegue militar” como respuesta ante la llegada de un buque de guerra de Reino Unido a las costas de Guyana. Hasta la fecha, se desconoce qué pasó con ese despliegue. No se habló más al respecto.

Según dijo Maduro en ese momento, casi 5.700 efectivos militares participarían en la primera fase de estos ejercicios militares.

Pero además, no hubo menciones a la orden presidencial de expulsar en tres meses a las empresas que allí operan con el permiso de Guyana, pues las compañías siguen operando allí con normalidad.

Esas escasas declaraciones del gobierno en torno al “derecho” de Venezuela sobre el territorio, se hicieron sin comentarios a todos los planes anunciados o los recursos que se gastaron en la operación.

Lo único que se supo es que el pasado 3 de abril Maduro promulgó la “Ley Orgánica para la Defensa del Esequibo”, cuya discusión había estado paralizada desde el 9 de enero y que contempla, entre otros puntos polémicos, prohibir optar a cargos públicos a personas que hayan apoyado la posición de Guyana, o que adopten “directa o indirectamente, conductas que favorezcan o respalden la posición de despojo de Guyana, de su gobierno, o de las trasnacionales como Exxom Mobil”, advirtió Nicolás Maduro. 

No reconocen la jurisdicción de la CIJ, pero le entregan documentos

Pese a que el gobierno de Venezuela insiste en que el Esequibo “le pertenece”, todavía no ha podido poner un pie en dicho territorio. En cambio, Guyana sí espera que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resuelva la controversia, a pesar del rechazo de Caracas a esta vía.

Una de las preguntas que se hizo a la población consultaba a los venezolanos si estaban de acuerdo con la “posición histórica” de Venezuela de no reconocer la Jurisdicción de la CIJ.

“¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?”, era lo que decía textualmente la tercera pregunta.

Aun cuando el propio gobierno afirmó en su pregunta que no reconoce la jurisdicción de este organismo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez acudió este 8 de abril a la Corte para entregar documentación que prueba los derechos que tiene Venezuela sobre el Esequibo.

“Hemos venido acompañados de nuestra gente. Hemos entregado un documento histórico con la verdad de Venezuela que es un país reconocido por cumplir los acuerdos internacionales”, señaló Rodríguez quien, sin embargó, ratificó que Venezuela “nunca ha consentido la jurisdicción de la Corte para esta controversia territorial; el único instrumento válido es el Acuerdo de Ginebra de 1966 y así está demostrado. El laudo criminal de 1899 fue un fraude”. 

Delcy Rodríguez ante la CIJ: Venezuela no da consentimiento a la CIJ en la controversia territorial

La Conversa de ARI |  La Ley contra el fascismo te quiere calladito e inmóvil

Francisco Zambrano
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El pasado 2 de abril fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional la Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, instrumento que consta de 30 artículos y contempla penas de hasta 12 años para quienes promuevan actos asociados al “fascismo”.

Este martes 9 de abril, la quinta edición de La Conversa, espacio de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrun.es, El Pitazo y Tal Cual, llevó por título “Cómo la Ley contra el fascismo nos afecta a todos”.

En La Conversa, moderada por la coordinadora de la ARI, Ronna Rísquez, y donde participaron los directores de Runrun.es, Luis Ernesto Blanco; El Pitazo, César Batiz y TalCual, Víctor Amaya, defensores de derechos humanos como Laura Louza de la ONG Acceso a la Justicia y Marino Alvarado del Programa Venezolano de Educación-Acción en DDHH (Provea), cuestionaron el instrumento jurídico que pretende aprobar el gobierno de Nicolás Maduro. 

“Esta ley es un antes y después en Venezuela, cambia el sistema penal, lo transforma en algo totalmente represivo y no de garantías”, dijo Louza.

En su comparecencia al Parlamento para promover la ley, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, definió al fascismo como un “método de violencia política” y puso como ejemplo las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017. 

Entre los aspectos que han llamado la atención a miembros de la sociedad civil, destaca una sanción de entre 8 y 12 años de cárcel e inhabilitación para cargos públicos para todo aquel que “solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas”. En este sentido,  la ley le da la potestad al funcionario de prohibir manifestaciones antes de que ocurran, solo con la presunción de que tengan un objetivo fascista.

También, sobresalen multas de hasta 100 mil dólares para medios de comunicación electrónicos o impresos que divulguen mensajes fascistas, revocación de concesiones a canales de televisión y emisoras de radio y la disolución de partidos políticos que promuevan este tipo de conductas. 

“La ley forma parte de un andamiaje jurídico que empezó a constituirse desde la administración del presidente Hugo Chávez y que ha tenido como objetivo cerrar espacios a la disidencia, criminalizar a las voces críticas y darle legalidad a una represión que ha llegado a niveles de delitos de lesa humanidad señalados por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU”, sentenció Alvarado.

Interpretación a conveniencia 

Al igual que la vigente Ley contra el Odio, la que propone el chavismo ante el fascismo abarca conceptos difusos, amplios y subjetivos.

“Se trata de conceptos jurídicos indeterminados y eso es lo que no debe considerarse un hecho punible porque da pie a que cualquier hecho sea un delito”, expresó Louza.

De acuerdo con Amaya, esta es una ley de riesgos, no de hechos. “En términos jurídicos castiga las intenciones”.

Para Blanco, el proyecto presenta ambigüedades, especialmente cuando habla de “expresiones similares” en materia de fascismo. Tiene “todo el espíritu de un estado totalitario”, afirmó. 

Pero el madurismo  defiende el proyecto y argumenta que la ley es necesaria porque en los últimos 25 años hay sectores que “acuden a la violencia como forma de acción política”.

Además de amenazar a la libertad de expresión y asociación, el instrumento legal criminaliza la protesta y otorga licencia a funcionarios para disolver manifestaciones incluso antes de producirse.

“Es muy grave criminalizar el pensamiento porque con eso se acaba la libertad de expresión y asociación, esta ley legaliza la persecución de cualquiera que piense distinto”, dijo Louza. 

Batiz colocó como ejemplo de la persecución a la disidencia, la reciente detención de cuatro personas en el estado Mérida por enviar mensajes de WhatsApp donde criticaban la gestión del gobernador Jehyson Guzmán.

Para Alvarado, la aprobación de este proyecto de ley constituye un retroceso más de la democracia venezolana. 

“Este proyecto, si llega a transformarse en ley, va a generar mayor riesgo para los líderes sociales, políticos y cualquier persona que pretenda defender algún derecho”, advirtió.

Leyes “antifascistas”: ¿un arma en contra de MCM?

¿Otro Dakazo?

En La Conversa también hubo espacio para analizar brevemente la detención del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien después de un año de desaparición fue mostrado por la gestión madurista como una especie de trofeo contra la corrupción. 

La “captura” de El Aissami fue comparada con el “Dakazo”, periodo en el que un incipiente gobierno de Maduro obligó a las tiendas de electrodomésticos Daka a vender por debajo del precio regular en la víspera de las elecciones municipales de 2013.

También, ponderaron una posible estrategia de reconciliación con Estados Unidos, cuya justicia ofrece una recompensa de millones de dólares por El Aissami por supuestamente “desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de drogas”. 

 

La Conversa de ARI | Corina Yoris: “Me dolió lo de Rosales”

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