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Fiscalía se niega a devolver equipos decomisados durante campaña de EGU

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“Los decomisaron y los equipos fueron enviados a la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez en Caracas”, dijo Julio José Jiménez en una publicación de X que fue difundida por la ONG de derechos humanos Fundehullan.

Jiménez, oriundo del estado Barinas, denunció que luego del acto de cierre de campaña del excandidato presidencial opositor, Edmundo Gonzalez Urrutia, en julio de 2024 en esa entidad le fueron decomisados una camioneta, una tarima y un equipo de sonido. 

La ONG denunció que pese a que el tribunal tercero de Primera Instancia de Barinas determinó mediante sentencia firme que no se cometió delito alguno y dictaminó la entrega inmediata de los bienes, la Fiscalía se niega a devolverlos.

La ONG informó que el decomiso estuvo a cargo del Dispositivo de Inteligencia Penal (DIP) de la PNB, bajo el mando del Comisario Jefe Boris Olaizola.

La organización sentenció que el sustento de vida de Jiménez se encuentra inmerso “en un proceso marcado por el silencio administrativo y el desacato a las autoridades judiciales por parte de organismos de seguridad y el Ministerio Público”.

“A pesar de existir una orden judicial clara, la Fiscalía se niega a devolver mis herramientas de trabajo. Trabajar no es un delito, y hoy mi sustento de vida sigue secuestrado por el Estado”, sentenció Jiménez.

Fundehullan hizo un llamado para dar cumplimiento inmediato a la orden emanada por el Tribunal tercero de Barinas, cesar la retención arbitraria de los bienes y garantizar el debido proceso.

“La comunidad de derechos humanos y gremios profesionales se mantienen en alerta ante este caso de vulneración a la propiedad privada y al derecho al trabajo en las regiones de Venezuela”, puntualizó la ONG. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Piden a Mercosur no reincorporar a Venezuela sin cambios sustantivos en situación de DD.HH.

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Más de 30 organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos venezolanas enviaron, el pasado miércoles 18 de marzo, una comunicación a la Presidencia Pro Tempore y a los Estados Parte del Mercosur ante las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en las que planteó la posibilidad de solicitar la reincorporación de Venezuela al bloque.

En la comunicación, las organizaciones expresan su preocupación ante esta posibilidad en un contexto en el que persisten la ruptura del orden democrático, las graves violaciones a los derechos humanos y la ausencia de garantías institucionales en el país.

Las organizaciones recuerdan que Venezuela fue suspendida del Mercosur en 2017 en aplicación del Protocolo de Ushuaia, que establece que la plena vigencia de la democracia es una condición esencial para la integración regional.

A juicio de los firmantes, las condiciones que motivaron dicha suspensión no solo no han sido superadas, sino que se han agravado en los últimos años, particularmente tras los acontecimientos de 2024 y 2026 que profundizaron la crisis institucional en Venezuela.

Por ello, las organizaciones solicitan a los Estados Parte del Mercosur:

  • Mantener la vigencia de la cláusula democrática del bloque.
  • No avanzar en procesos de reincorporación sin cambios sustantivos en la situación del país.
  • Condicionar cualquier eventual reingreso a avances verificables, incluyendo elecciones libres, separación de poderes, liberación de personas detenidas por motivos políticos y el inicio de una transición democrática real.

“La credibilidad del Mercosur depende de su coherencia con los principios democráticos que le dieron origen”, señala la comunicación.

Las 30 organizaciones firmantes reiteraron su disposición a contribuir a los esfuerzos regionales orientados a la recuperación de la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos en Venezuela.

Mercosur 180326 by Yeannaly Fermin

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

“Venevisión busca calentar las calles” y otras perlas de Ernesto Villegas

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El candidato a la Defensoría del Pueblo, Ernesto Villegas, denunció que el canal Venevisión busca “calentar las calles” y exhortó al presidente de la planta Andrés Badra, a “aclarar” qué hay detrás de la línea editorial.

En entrevista para el portal La Iguana.tv, Villegas declaró que resulta preocupante “el uso de algunos medios para tratar de crear un clima de exacerbación de malestares”.

Villegas aseguró que “la tentación del 11 de abril sigue gravitando en algunas mentes” que tienen incidencia en algunos medios y mencionó directamente al canal por mostrar imágenes a oscuras.

El periodista cuestionó que una noticia como esa -la de informar en vivo que en la zona en la que queda el canal en Caracas no había luz- ocupe un espacio tan costoso de su programación.

“¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que quiere construir quien toma esas decisiones allí? Yo vine a conocer hace un poco al presidente de Venevisión, Andrés Badra. Me parece una persona muy educada. Pero me pregunto, ¿qué es lo que hay detrás de esa línea que es verdaderamente intranscendente, que en medio de una contingencia intrascendente, entonces, ¿por qué hace de eso una noticia?”, objetó Villegas.

Crisis eléctrica no da tregua

La presidenta encargada, con el aval de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez, anunció la noche del 21 de marzo un plan de ahorro energético por 45 días por el aumento de las altas temperaturas en Venezuela y la incidencia de los rayos solares.

“Durante 45 días, a partir de hoy, los rayos del sol van a caer directamente sobre Venezuela. Yo apelo a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de Ahorro de Energía Eléctrica”, informó.

En una entrevista publicada en enero de 2026, en el portal Web Bitácora Económica, el ingeniero Eduardo Paéz-Pumar señaló que el 60% de la infraestructura eléctrica nacional está inactiva, subutilizada o dañada.

El experto explicó que la recuperación del sistema eléctrico venezolano requiere una inversión multimillonaria de entre 15.000 y 40.000 millones de dólares, para lograr desde la rehabilitación de centrales hasta la modernización de redes.

En marzo de 2025 el Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que la generación eléctrica en Venezuela se encuentra “80 % por debajo de su capacidad”.

Según un estudio de HumVenezuela, en 2024, el 69% de los hogares venezolanos enfrentó fallas constantes de electricidad y 17,1% sufrió interrupciones casi diarias.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

CLAVES | Ley de Minas perpetúa ecocidio en la Amazonía según ONG

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El nuevo proyecto de Ley de Minas (Ley Orgánica de Minas), que actualmente se discute en la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, profundizará el saqueo del oro y la destrucción ambiental en el sur del país al consolidar un entramado legal que permite prácticas opacas, ignora los estudios de impacto ambiental y la participación social, y continúa la violación de derechos humanos en la Amazonía.

Así lo afirmaron este lunes, 23 de marzo, 16 organizaciones (SOSOrinoco, Provea, Clima21, AC Chunikai, Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Civilis, Fundación Aguaclara, Fundación ECOVITA, Fundación Hoffmann Salud Integral, Fundación Memoria Colectiva, Instituto Venezolano Alemán de Ciencias Ecológicas Aplicadas IVACEA, Movimiento SER, Fundaredes, Laboratorio de Desarrollo Humano, Red de DDHH en Acción y Universidad Autónoma Indígena- Wainjirawa) que analizaron los artículos de la legislación que atentan con perpetuar el ecocidio y la explotación del “oro de sangre” en el país.

No son los únicos. Ya el pasado 19 de marzo, Vladimir Aguilar, abogado especialista en derechos indígenas y director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de los Andes, publicó un artículo de opinión en el que advirtió los riesgos que corren los pueblos indígenas tras la aprobación de la Ley de Hidrocarburos y la futura sanción de la Ley de Minas.

Para Aguilar, la legislación intenta formalizar la minería informal e ilegal “a través de alianzas estratégicas, empresas mixtas y el papel de la Corporación Venezolana de Minería (CVM)”. Todo contribuye a “un nuevo relanzamiento del extractivismo, ya no solo hidrocarburífero sino minero”.

“El interés geopolítico global con la venia del Estado venezolano en la explotación de recursos hidrocarburíferos y mineros, viene a plantear la continuación del mismo saqueo pero esta vez con orden. La violencia generada por la presencia de actores armados no estatales (sindicatos mineros, grupos irregulares, etc.) que controlan los territorios en disputa, entrarán en una nueva fase de choque con las guardias corporativas de las empresas transnacionales que entrarán a operar en los territorios ancestrales y tradicionales de los pueblos indígenas amazónicos”, señala el texto de Aguilar.

De acuerdo con el grupo de organizaciones, esta nueva legislación desconoce la Constitución y el marco legal vigente, tal como lo han hecho “normas lesivas —como la Ley Antibloqueo— que han profundizado la devastación ambiental y social del país”.

Lo que preocupa de la Ley de Minas:

El artículo 8 de la normativa introduce el término “Desarrollo Minero Ecológico”, nombre con el que se designa en Venezuela al Ministerio de Minas desde 2016. El grupo rechaza el concepto porque considera que “la minería de oro es intrínsecamente destructiva” que propone una falacia: la sostenibilidad de un extractivismo que, en la realidad, solo esconde la devastación de ríos y de la biodiversidad.

Los artículos 4, 10, 11 y 17 de la Ley de Minas, afirman las organizaciones, permiten que el Ejecutivo Nacional actúe con discrecionalidad y criterios de confidencialidad al momento de otorgar títulos y regular y fiscalizar las actividades de explotación, exploración y comercialización de “minerales estratégicos”. La propuesta solo incrementará la opacidad e impedirá que la ciudadanía participe y se informe sobre cada proyecto.

También se denuncia que el tema ambiental solo se aborda “de forma declarativa”. Los estudios de impacto ambiental no se establecen como un requisito obligatorio para otorgar concesiones. Tampoco existe un enfoque que prevenga el daño “y no contempla garantías financieras de restauración, cierre de minas ni regulación de residuos”.

Sumado a ello, la Ley de Minas “tampoco prevé monitoreo ambiental independiente, acceso público a información ni auditorías externas”. Ni propone medidas que contribuyan a mitigar emisiones.

Si bien la legislación excluye a los Parques Nacionales y Monumentos Naturales de las zonas permitidas para establecer concesiones mineras, esto no ocurre con otros espacios que requieren la misma protección como reservas de biósfera, zonas protectoras y reservas forestales.

La Ley de Minas pasa por encima de los derechos indígenas al ignorar la obligatoria demarcación de territorio de estos pueblos, que lleva décadas de retraso, y no mencionar el “consentimiento libre, previo e informado” que deben tener las comunidades sobre los proyectos mineros.

Los artículos 13 y 14 establecen la creación del “Resguardo Nacional Minero“, que controlará la Guardia Nacional Bolivariana, y “formaliza el dominio militar sobre las zonas extractivas”, que se ha asociado a la “violación de derechos humanos, la corrupción y la creación de gobernanzas híbridas”.

Lo que se debe incluir:

Para las organizaciones es clave que la ley de Minas tenga “mecanismos explícitos de transparencia e información pública de todos los procesos administrativos” que están dentro de la normativa. También exigen que se haga “explícita” la obligación –incluida en la Constitución– de hacer “Estudios de Impacto Ambiental y Sociocultural en todos los proyectos de explotación minera”.

Sostienen que se deben incluir “mecanismos de control, seguimiento y aseguramiento ambiental” para que haya una verdadera gestión de los recursos naturales acorde con los más altos “estándares internacionales de responsabilidad ambiental y protección de los derechos humanos”. En este sentido, apuestan por un marco legal que controle la seguridad industrial y laboral, que cuente con inspecciones públicas y abiertas, mantenga a raya la contaminación por residuos y contemple la remediación y mitigación ambiental.

El grupo propone que se incorporen a la ley medidas para orientar actividades mineras que respeten los derechos humanos. Esto se traduce en normas que “garanticen beneficios justos, equitativos y transparentes para las comunidades indígenas en las zonas bajo explotación”.

Finalmente, insisten en que la Ley de Minas solo debe incorporar a las Fuerzas Armadas en tareas determinadas por la Constitución y las Leyes. Todo sea para garantizar los derechos humanos, sobre todos los de comunidades tan vulnerables como las indígenas.

El improbable ascenso de Gustavo González López como titular de MinDefensa

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Comandante General de la Guardia de Honor, Director General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y, finalmente, Ministro de la Defensa. El ascenso vertiginoso del general en jefe Gustavo Enrique González López en los 75 días que nos separan del 3 de enero sólo es comparable a la mágica llegada de la mismísima Delcy Rodríguez, a la Presidencia de Venezuela. 

En menos de tres meses Gonzalez López pasó de ser director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) al líder máximo de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y una de las figuras más poderosas del gobierno venezolano. Su nombramiento apunta en varias direcciones: hacer contrapeso al poder de Diosdado Cabello —desde hace mucho no son aliados— en el monopolio de la violencia, proteger a la presidenta encargada de los enemigos que tiene dentro del propio chavismo y construir una fuerza de choque que responda al nuevo clan que gobierna.

En medio de la celebración por el triunfo de la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol, el miércoles 18 de marzo, Delcy Rodríguez aprovechó para hacer un verdadero cambio de dirección a su equipo ministerial. Una de las medidas más radicales fue la destitución del ministro más longevo del gabinete chavista, Vladimir Padrino López, quien luego de 12 años al frente del despacho de Fuerte Tiuna no será recordado precisamente por sus hazañas en la defensa de la patria. 

Aunque se rumoraba que el general en jefe Padrino López -quien estuvo en el cargo desde el 25 de octubre de 2014– dejaría el ministerio en los próximos días, fue el nombramiento de su sucesor el que rompió las quinielas. 

El cambio de Padrino López por González López tiene varias lecturas o implicaciones, y trae algunas interrogantes: 

¿Cuál será su rol en la estructura de poder, hasta ahora repartida entre cuatro clanes familiares (Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, la familia Chávez y la familia Maduro-Flores)? 

Si estamos ante un nuevo momento político, ¿por qué se siguen reciclando funcionarios de los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro? 

¿Para qué sirven las sanciones de Estados Unidos, si la presidenta encargada premia con designaciones en cargos claves a funcionarios que fueron amonestados desde hace más de una década por distintos países? 

¿El nombramiento de González López como ministro implica que quedarán impunes las violaciones a los derechos humanos cometidas por la estructura represiva y de tortura que lideraba?

¿Esta decisión, que ocurre luego de las visitas del director de la CIA y del jefe del Comando Sur, tiene el aval de Donald Trump?

Ni prócer, ni mártir 

Pero antes de explicar por qué fue González López el elegido, lo que sí está claro es que sobraban los argumentos para justificar la sustitución de Padrino López.

El 3 de enero de 2026, cuando las fuerzas estadounidenses bombardearon infraestructura militar estratégica en Venezuela y capturaron al presidente Nicolás Maduro, no hubo resistencia, ni reacción por parte de la FANB. Mientras que el ataque dejó 83 bajas entre los comandos que protegían a Maduro y defendían la revolución –incluyendo 32 cubanos–, los estadounidenses reportaron apenas un par de heridos leves. Tampoco hubo movilización de contingentes militares en las calles, luego de la incursión para garantizar el orden público o para repeler otras posibles agresiones.

Padrino solo apareció ese día, un par de horas después del bombardeo, en un video solitario para decir, entre otras cosas: “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero que el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del Gobierno de los Estados Unidos”.

Días después, Padrino López soltó esta frase para justificar su inacción: “Es que hubiese sido una matanza si nos enfrentamos a los gringos”. 

Pero esta no ha sido la única derrota de este general en jefe durante su prolongada estancia en el despacho de la Defensa. En 2021, la FANB perdió la llamada guerra de Apure, una operación militar que pretendía expulsar del territorio venezolano a las Disidencias de las FARC.

En esa ocasión la exguerrilla colombiana mató a 17 militares venezolanos, además de que secuestró a otros ocho para forzar una negociación que le permitiera mantenerse un tiempo más en territorio venezolano. En enero de 2022 fue el ELN el que terminó de hacer la tarea que le habían encomendado a las FANB, es decir, reducir la presencia de los faracos de la zona fronteriza.

Tampoco hubo acciones desde el Ministerio de la Defensa respecto a los bombardeos de más de 20 embarcaciones venezolanas en el Caribe por parte de Estados Unidos. Además, en las narices de Padrino López, equipos tácticos de EE. UU. han secuestrado, al menos, ocho buques petroleros venezolanos, sin que hubiera una reacción de la Armada. El exministro no fue capaz de usar el Plan República para evitar el robo de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. 

Además de casi media docenas de soles, Padrino López tiene otro estandarte difícil de ocultar: Firmó la resolución número 008610 que permite usar “armas de fuego o armas potencialmente letales” en el control del orden público.

¿Por qué González López?

Gustavo González López fue la primera persona que recibió un cargo en el nuevo gobierno de Venezuela, después de la propia Delcy Rodríguez. El 6 enero de 2026 fue designado Comandante General de la Guardia de Honor y Director General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Ambas posiciones claramente enfocadas en brindar protección a la nueva jefa de Estado.

Desde entonces no se despega de la Presidenta encargada, es su sombra, su perro guardián. Es el hombre duro de los Rodríguez. Su designación es clave para la consolidación del nuevo clan político que gobierna Venezuela, los clanes anteriores tenían o tienen sus hombres fuertes, expertos en inteligencia, con poder de fuego o ascendencia sobre los cuerpos de seguridad, la FANB y los grupos de choque. Es el factor que los iguala a las otras facciones, la pieza que faltaba en el ajedrez de los hermanos Rodríguez. 

No tener el respaldo de un ejército armado era su talón de Aquiles, una carencia que los limitaba para ser una fuerza independiente de las otras tribus del chavismo. Los Rodríguez ya se habían erigido con poder económico y esto les permitió vincularse a una amplia gama de negocios, incluyendo el petróleo. También el paso por la Cancillería le dejó a la actual presidenta una importante red de conexiones internacionales. 

González López se ha mantenido cerca de Delcy Rodríguez, al menos, desde 2018, cuando ella como vicepresidenta de la República tenía a su cargo el SEBIN, uno de los cuerpos represivos más temidos del país, que era liderado por el militar.

Luego, en 2024, Rodríguez asumió como ministra encargada de Hidrocarburos y lo designó Intendente de Asuntos Estratégicos y Control de Producción de PDVSA, cargo creado para él, que combinaba seguridad, contraloría y control operativo.

Ha sido su hombre de confianza y también la mano que mece la cuna, el ejecutor de las órdenes de la actual Presidenta encargada de Venezuela. 

Por otra parte, en estos 26 años, el chavismo creó un ecosistema de poder que además supone complicidad. De allí el reciclaje permanente de funcionarios. Aunque los Rodríguez quisieran, no pueden desprenderse totalmente de esa estructura que ha constituido la base del poder de la revolución bolivariana. De hacerlo su gobierno podría desmoronarse, porque aún no goza de cimientos propios. 

Bendecido y afortunado 

Luego de encabezar, desde el SEBIN, las detenciones arbitrarias de más de 2.000 personas en 2024, ser catalogado como uno de los jefes de la tortura del gobierno de Maduro y responsable de las muertes de presos políticos en cautiverio, con la caída del dictador, González López en un lugar de un castigo recibió un ascenso.

Su nombramiento ignora las denuncias y advertencias de las organizaciones de derechos humanos y supone que no se ha roto la cadena institucional, una de las fortalezas del chavismo. Si hay juicios para sancionar a alguien por violaciones a los derechos humanos, lo más probable es que –como ya es costumbre– el grupo que gobierna consiga algunos chivos expiatorios. Incluso, su designación podría anticipar una razia, no solo para fortalecer la estructura de poder de los Rodríguez, también podría significar un intento para adecentar la imagen del Estado malandro.

González López, padre de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), ya mostró una línea de tolerancia cero frente a los grupos delictivos. En nombre de la lucha contra el crimen, esta política que comandó derivó en el exterminio de jóvenes en los barrios pobres del país. Su perfil coincide con el que exhibe ICE en su persecución a migrantes en EE. UU. y puede agradar a ciertos sectores en Washington. 

Esto podría explicar por qué recibió el visto bueno de Donald Trump. ¿Acaso es posible que Delcy Rodríguez designe un ministro de esa importancia sin la aprobación de su tutor del norte? Quizás no todos los ministros sean avalados por la Casa Blanca, pero el de la Defensa, obviamente sí.  

Otros detalles que apuntan a que su designación tenía la bendición de las autoridades norteamericanas fue su aparición como anfitrión durante la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, y como parte de la comitiva que se reunió con el jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan. Además, de las versiones sobre su rol como supuesto informante de la agencia de inteligencia de Estados Unidos desde hace varios años, lo cual no sorprende, pues la “inteligencia” y la represión son sus especialidades.

Por ahora, las sanciones que le impuso el Gobierno de Barack Obama y los  señalamientos por crímenes de lesa humanidad no están en la agenda del nuevo momento político de Venezuela, que prioriza “la estabilización, la recuperación económica y la transición política”, pero no los derechos humanos y la justicia.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Crímenes de lesa humanidad todavía esperan por reparación

La reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos sigue siendo la asignatura pendiente del Estado. Durante más de una década, el oficialismo no solo improvisó; diseñó y ejecutó un patrón sistemático de represión que abarca desde asesinatos en protestas y ejecuciones extrajudiciales hasta desapariciones forzadas, torturas y muertes bajo custodia. Cada uno de estos crímenes, catalogados como de lesa humanidad, arrastra obligaciones de reparación que el Estado, hasta hoy, simplemente ignora.

Para miles de familias venezolanas los daños que ha generado la violencia estatal va más allá de las cifras o pronunciamientos que puedan emitir los organismos internacionales. En la memoria colectiva del país quedaron marcados momentos de un dolor profundo que demostraron qué tan lejos puede llegar el Estado para silenciar a quienes piensan distinto.

Cada crimen activa deberes de reparación específicos que deben cumplirse de forma integral, tal como exigen las normas internacionales.

En entrevista para Runrun.es, el abogado y defensor de derechos humanos Marino Alvarado, señala que hablar de reparación no es solo ponerle un monto a la tragedia: es dimensionar la profundidad de una deuda que el Estado ha eludido sistemáticamente desde hace varios años.

¿Cómo se repara una vida arrebatada?

Las cifras de las ONG reflejan un aumento constante de la letalidad en las manifestaciones antigubernamentales. Desde 2014, el uso de armas de fuego, gases lacrimógenos y la fuerza excesiva por parte de los cuerpos de seguridad, se volvió común.

En una mirada al pasado el conteo de fallecidos resulta demoledor. En el año 2014, en las protestas denominadas como “La Salida”, fallecieron 43 venezolanos. Tres años después, en 2017 murieron entre 121 y 163 víctimas (el año más letal). Durante las protestas de 2019 se registraron 54 asesinatos y, tras las elecciones del 28 de julio de 2024, al menos 25 ciudadanos más perdieron la vida. 

La mayoría de estos casos duermen en gavetas judiciales, tal como lo documentó la investigación periodística El Patrón del Olvido la cual encontró que en al menos 70% de los casos de ejecuciones extrajudiciales en protestas se aplica una estrategia de dilación e impunidad en los procesos judiciales contra policías y militares que cometieron estos crímenes. 

Martha Tineo, directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, explicó que para las familias de los asesinados, la reparación empieza por la justicia. “Debe ser un proceso que incluya verdad, justicia y garantías de que esto no volverá a pasar”, afirmó. Además, subrayó el valor de lo simbólico a través de la construcción de museos, escuelas, plazas y monumentos históricos con el nombre de la persona, hechos que, contribuyen y aportan a la construcción de la memoria histórica. 

Ejecuciones extrajudiciales: política de Estado

Lejos de ser hechos aislados, las ejecuciones extrajudiciales han sido denunciadas como una política de Estado por distintos organismos internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la ONU. 

Organizaciones nacionales como Provea y el Foro Penal estiman que, desde 2015, se han cometido más de 10 000 ejecuciones en operativos como los Operativos para la liberación del Pueblo (OLP), donde eran comunes las denuncias por manipulación de escenas para simular “enfrentamientos”, principalmente con las zonas más populares del país.

La Misión de Determinación de Hechos de la ONU lo dejó claro en varios de los estudios anuales que realizó en el país: “Existen motivos razonables para creer que las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela constituyen crímenes de lesa humanidad”. 

Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, sostuvo que para reparar los daños de una ejecución extrajudicial se debe reconocer el daño, investigar y, sobre todo, limpiar el nombre de las víctimas. “Para muchas familias, un gesto tan sencillo como que el Estado admita que su pariente no era un delincuente y que no murió en un enfrentamiento tiene un peso emocional que ninguna indemnización económica puede igualar”, aseguró Daniels.

Persecución política: La cacería contra la disidencia

El 28 de julio marcó un antes y un después en la persecución contra la disidencia. Periodistas, dirigentes, sindicalistas y ciudadanos comunes se vieron envueltos en una persecución feroz. Entre detenciones arbitrarias y expedientes fabricados, al menos 100 líderes políticos terminaron en el exilio para salvar su libertad, según datos de La Hora de Venezuela.

Para Martha Tineo, reparar este daño exige devolverle a la víctima las condiciones que tenía antes de ser perseguida (restitución), además de una indemnización por los daños físicos y psicológicos causados.

Desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias: el control a través del miedo

Las desapariciones forzadas han dejado de ser “accidentales” para convertirse en una estrategia deliberada de control estatal, Un estudio de la organización estadounidense Robert F. Kennedy Human Rights y la organización venezolana Foro Penal.

Aunque muchas de las desapariciones han sido temporales, hay familias que han denunciado casos donde sus parientes pasaron más de 90 días incomunicados.

Actualmente existen casos como los de Hugo Marino y Alcedo Mora, cuyos paraderos siguen siendo un misterio después de años. O como el de Víctor Hugo Quero, quien desapareció tras ser detenido en enero de 2025. Su madre, Carmen Teres Navas, una adulta mayor, lleva más de cinco meses buscando a su hijo

 La reparación en caso de desapariciones forzadas implica, según Alí Daniels, un proceso integral que debe, primeramente, iniciar con la búsqueda de la persona desaparecida, luego con una sanción judicial para los responsables del hecho. Seguidamente, la restitución total de los derechos así como también la implementación de medidas efectivas para una reparación simbólica o económica que incluya también garantías de no repetición. 

Según cifras del último balance del Foro Penal, difundido el 11 de marzo, se desconoce el paradero de cinco personas detenidas por motivos políticos. 

Por otro lado, las detenciones arbitrarias han dejado un saldo de más de 19 000 personas arrestadas por motivos políticos desde 2014, de las cuales 11000 siguen bajo medidas restrictivas.

Marino Alvarado es enfático y aseguró que la reparación comienza con la libertad inmediata y la restitución de derechos (empleos, bienes, salud mental). “Investigar y sancionar a los responsables de una violación grave es, en esencia, una forma de hacer justicia y reparar el daño”, señaló.

El panorama de las reparaciones por crímenes considerados como de lesa humanidad no refleja la luz al final del túnel. Luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el gobierno de Delcy Rodríguez asomó y aprobó la Ley de Amnistía para la “convivencia democrática”. Sin embargo, defensores de derechos humanos ya han puesto la lupa sobre este instrumento porque ignora por completo la reparación a las víctimas asegurando que “no es una herramienta de justicia, sino de olvido”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Mañanero del 24 de marzo: Pese al sabotaje, trabajadores protestaron por sus derechos

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 24 de marzo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidió el paso de  trabajadores, pensionados y jubilados a la Plaza Caracas en la capital de la República. Con consignas como “salario justo y digno”, cientos de manifestantes marcharon para exigir un aumento del salario mínimo y de las pensiones. El sueldo básico lleva cuatro años congelado en 130 bolívares, el equivalente hoy a 28 centavos de dólar.

Recién salido del horno: otras noticias

“Faltan 472 presos políticos por liberar”: Plataforma Unitaria comparte lista de excarcelados

“Profundiza modelo de control”: Gremios y periodistas rechazan propuesta de registro de medios digitales

Transparencia Venezuela recomienda sanear el Ministerio Público antes de escoger nuevo fiscal general

ONG exigen “proceso abierto y no designación” de fiscal y defensor del Pueblo

Nuevo ultrasonido con IA mejorará precisión diagnóstica en Clínica Prevención de la SAV

Dólar/Euro BCV

La cita del fin de semana

“No hay estabilidad posible sin cohesión social. No hay crecimiento sostenible sin legitimidad institucional”, Edmundo González Urrutia

Lo que rompe en redes

El canal de señal libre Venevision emitió un reportaje sobre el racionamiento de luz mientras trabajaban con una planta eléctrica.

Azuquita pa’l café

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo mostró cómo se prepara para el venidero Mundial de Fútbol.  

La ñapa (recomendamos…)

La película Proyecto Salvación se ha convertido en uno de los éxitos de taquilla de esta temporada.  

Trump, un aliado impredecible

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Contar con el presidente Trump como aliado es estar sujeto a incertidumbres. A veces apoya a sus aliados naturales y otras los fustiga. Quizá procede de buena fe, pero su visión para hacer nuevamente grande a su país tiene un sesgo hacia los negocios que no le genera simpatías. En el caso de los venezolanos, agradecemos su decisión audaz y exitosa de extraer a la pareja Maduro Flores y entendemos su cautela de mantener provisionalmente a Delcy Rodríguez en Miraflores.

Sin embargo, muchos percibimos que su prioridad no pareciera ser contribuir a restaurar la democracia. Tenemos las opciones de callar, de convencerlo de que los hermanos Rodríguez lo están vacilando o de marcar distancia.

¿Nos conviene callar?

Siempre ha sido la opción más fácil, pero frecuentemente la más cobarde. Entendemos que en estos momentos muchos dirán que no es políticamente correcto decir lo que se piensa. Alegan que el presidente Trump tiene poder y lo ejerce a discreción. En su Ensayo sobre la ceguera, Saramago fustiga a quienes prefieren callar ante las injusticias. En el mismo, solo una mujer no pierde la vista, simula ser ciega y actúa como guía del grupo. Tenemos una líder que tiene esa característica. Confiamos en que María Corina hable oportunamente, así como algunos de nuestros políticos que parecen ciegos y mudos.

¿Es posible convencer a Trump?

No es fácil, ya que él considera que actúa cómo debe ser, ese comme il faut que dicen los franceses, y que él interpreta a su real saber y entender. Mantener a Delcy Rodríguez mientras se desmantela el aparato represor del régimen tiene lógica. Sin embargo, en lugar de desbaratar ese andamiaje ella lo está reforzando. Destituyó al ministro de la Defensa, general Padrino López, que pecó por alcahueta, pero lo sustituyó por el general Gustavo González López, señalado por víctimas y familiares como responsable de encarcelamientos injustos y de manejar centros de tortura. El capitán Carlos Nieto Quintero, expreso político hoy en el exilio, denunció nuevamente al contralmirante Germán Gómez Lares, nuevo director de Contrainteligencia Militar, por haberlo torturado. Otros cargos claves son ocupados por personas que ya pusieron la torta.

Mientras tanto, los paramilitares armados y financiados por Chávez-Maduro, y protegidos por los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello, siguen agazapados, listos para agredir y los organismos formales siguen encarcelando y torturando. El régimen se niega a excarcelar a todos los presos políticos, la pobreza aumenta y la inflación sigue disparada.

Con respecto a nuestros activos en el exterior, sería un grave error que le permitiera a la tutelada el acceso al oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra y que Delcy tome CITGO. Este complejo refinador de petróleo es importante para la recuperación en menor tiempo de la economía venezolana. Las demandas en su contra son realmente por deudas del Estado, que este deberá reconocer. Esperemos que la pretensión de designar a Asdrúbal Chávez en CITGO sea objetada por Washington.

Pareciera que el presidente Trump está siendo sorprendido por no conocer el juego de barajas, conocido como truco, que practica su tutelada. Alguien debe decirle que se le está enredando el papagayo. Ojalá lea los mensajes de Rafael Araujo, el popular hombre del papagayo, presente en todas las protestas cívicas.

¿Qué es marcar distancia?

No es enfrentar al hombre más poderoso del mundo. Es defender cívicamente a nuestro país y a la democracia. Uno se puede mudar de casa, de ciudad e incluso de país, pero, como escribió Julián Marías, de donde uno no puede irse es de la patria, porque siempre la lleva consigo, en el corazón y en la memoria. Estemos en Venezuela o formemos parte de la diáspora, siempre lucharemos por tener democracia y un país desarrollado. Nos permitimos insistir en la necesidad de publicar un manifiesto dirigido al presidente Trump, firmado por intelectuales, estudiantes, gremios profesionales, sindicatos, ONG, empresarios y políticos, expresando nuestras inquietudes y señalando la ruta para la realización de elecciones.

Como (había) en botica

  • Las hermanas Samanta (16 años) y Aranza Hernández siguen presas por ser hermanas de un militar exiliado.
  • El 3 de mayo del 2005, Gente del Petróleo y Unapetrol le enviamos una carta a Alí Moshiri, entonces presidente de Chevron Venezuela, empresa socia minoritaria de PDVSA en Ameriven, reclamando el despido de trabajadores por motivos políticos. Moshiri ya no está en Chevron y, al parecer, desea invertir en nuestro país. Bienvenido, pero ojalá pida disculpas.
  • Lamentamos los fallecimientos de Régulo Estrada y de Omar Carrizo Leal, compañeros de nuestras dos organizaciones. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

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