Ronna Rísquez, autor en Runrun

Ronna Risquez

Megabanda de “El Coqui” consolida su gobernanza criminal a solo 4,5 kilómetros de Miraflores
Las últimas balaceras protagonizadas por supuestos miembros de la megabanda que opera en la Cota 905, al suroeste de Caracas, demuestran cómo uno de los grupos de crimen organizado más peligrosos de Venezuela ha fortalecido su poder y el control territorial durante el confinamiento por COVID-19

@ronnarisquez 

 

Paralizar el suroeste de Caracas, cerrar la principal autopista de la ciudad, tomar las adyacencias de importantes dependencias militares y policiales, disparar armas de alto calibre contra vehículos blindados de la PNB, apoderarse del club social de la policía, robar la moto de un médico desvalido, y luego devolvérsela –en un gesto de aparente bondad– con la supuesta instrucción de difundir el acto reivindicativo en redes sociales, muestra cómo la megabanda de “El Coqui” ha logrado fortalecer su gobernanza criminal en el último año, sin sufrir los efectos de la pandemia por COVID-19 en Venezuela.

Este jueves 22 de abril,  las redes sociales se estremecieron nuevamente con videos que mostraban a funcionarios policiales desvalidos y aterrorizados, mientras una lluvia de balas de fusil caía sobre sus vehículos oficiales. Supuestos miembros de los grupos criminales que operan en la Cota 905 y El Cementerio (parroquias El Paraíso y Santa Rosalía) atacaron a comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que circulaban por la autopista Norte-Sur, que conecta con tres importantes autopistas de la ciudad:  Francisco Fajardo, Valle-Coche y Caracas-La Guaira.

El tiroteo registrado esta semana es el quinto de gran magnitud protagonizado por la megabanda de “El Coqui” en Caracas, en lo que va de 2021, y el séptimo desde 2020. El 30 de marzo se apoderaron de las instalaciones del Club El Pinar, antiguo Club de la Policía Metropolitana y el 19 marzo bajaron de los barrios de la Cota 905, El Cementerio y El Valle, y se apostaron las calles de las parroquias El Paraíso y Santa Rosalía, a solo 4,5 kilómetros del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno Nacional. Impidieron la circulación de vehículos y peatones, y mantuvieron en vilo a los habitantes de Caracas durante horas. 

En redes sociales circularon todo tipo de versiones sobre el hecho. Sin embargo, es irrelevante si el grupo delincuencial pretendía robar baterías antiaéreas del Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, si los jefes de la megabanda ejecutaron a cuatro de sus miembros en represalia por haber actuado “de su cuenta” (hecho del cual no hay reportes oficiales, ni registro de ingreso en la morgue de Bello Monte), o si pretendían “humillar” a los funcionarios de la policía judicial en la emboscada del pasado jueves (la mayoría tienen formación y trayectoria). Tampoco importa si los líderes mostraron su humanidad al perdonar la vida de un médico y devolverle su moto (aunque horas antes lo habían convertido en protagonista de su propia película de horror)… El punto no es si  El Coqui” es bueno o es malo. 

Se trata de que la megabanda de “El Coqui”,  que en realidad está liderada por Carlos Alfredo Calderón Martínez, alias “El Vampi” o “El Gordo”, y no por Carlos Luis Revete –como se había creído hasta ahora– es un grupo armado no estatal que ejerce cada vez con más fuerza una forma de gobernanza criminal en una importante porción de territorio de la capital de Venezuela. 

Su dominio va desde la Cota 905 hasta Coche y abarca cinco parroquias de Caracas: Santa Rosalía, El Paraíso, El Valle, Coche y La Vega. Este espacio territorial tiene en su interior, al menos siete, importantes dependencias policiales y militares; y se podría llegar caminando al Palacio de Miraflores en menos de 45 minutos.

El grupo impone sus reglas de convivencia a los habitantes de las zonas que controla; se involucra en la repartición de alimentos del programa estatal; imparte “justicia”; desarrolla actividades económicas ilegales; somete a los cuerpos de seguridad, aunque tendría alianzas con algunas autoridades, reemplaza las instituciones y limita la vida de todos los ciudadanos de Caracas desde hace siete años. 

 

 

Gobernanza criminal: a través o a pesar del Estado

La gobernanza criminal consiste en la regulación o imposición de normas de conducta que los grupos criminales aplican a los residentes de las zonas que ellos controlan. Los “sometidos” son personas que no pertenecen a la organización delictiva y la “dominación” podría ser incluso sobre bandas más pequeñas.

El concepto de gobernanza criminal ha sido abordado y analizado por investigadores y expertos en temas de violencia como Benjamin Lessing, profesor de la Universidad de Chicago, quien ha estudiado el fenómeno de las pandillas en Centroamérica, Río de Janeiro (Brasil) y Medellín (Colombia). “La gobernanza criminal florece en focos de escasa presencia estatal, pero en los que los Estados generalmente puede ingresar a voluntad”,  escribió el académico. 

En este caso, la megabanda de “El Coqui” es un grupo de crimen organizado que viene ejerciendo una forma de gobernanza criminal en un territorio desde comienzos de 2015, cuando una política gubernamental le entregó esa “zona de paz”

La Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) interrumpió brevemente este dominio entre julio de 2015 y abril de 2017. Pero en agosto de ese mismo año, se habría concretado un nuevo acuerdo entre funcionarios del gabinete de Nicolás Maduro, y la megabanda de “El Coqui”. La reducción de los secuestros y el control social de estas zonas, en momentos cuando se desarrollaba una ola de protestas contra el Gobierno, eran parte de la negociación.

Aunque no hay documentos o imágenes que permitan afirmar las condiciones del acuerdo, funcionarios de la policía judicial han denunciado en varias ocasiones que tienen prohibido, por órdenes superiores, ingresar a la zona que controla la banda. 

Runrun.es tuvo acceso a un video de mediados de 2018 de un juego amistoso de baloncesto en la cancha de la Cota 905. Los equipos estaban integrados por: funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB y por presuntos miembros de la megabanda. El encuentro deportivo parecía sellar una tregua entre ambos grupos armados. 

La profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México, Sandra Ley, explicó durante una presentación académica, que estos grupos no buscan tomar el control del Estado, como en el pasado lo hicieron los grupos guerrilleros. Sino que buscan operar a través o a pesar del Estado. 

“No es la captura criminal del Estado en sí, es más bien la captura criminal de todas las estructuras sociales de una comunidad. En esta lógica de gobernanza criminal, estos grupos están ejerciendo no solo un control sobre el mercado criminal sino sobre la población local, sobre políticos y sobre la economía”, señaló Ley. 

La investigadora también dijo en una conferencia sobre el  caso mexicano: “Esta gobernanza criminal propicia controles de facto en donde los grupos criminales ejercen su fuerza no solo sobre el mundo criminal sino sobre la sociedad y el Estado”.

Hay cuatro controles que se ejercen dentro de la gobernanza criminal: control territorial (es el espacio donde opera la organización), control económico (son los negocios ilícitos del grupo), control social (regulan la participación y conducta de las comunidades, además del suministro de algunos servicios), y control político (está referido a la influencia que ejercen estos grupos en los procesos electorales locales de algunos países). 

Sin embargo, no siempre tiene que haber todas estas formas de control para hablar de gobernanza criminal. 

 

Así es que se gobierna en la Cota 905

El incidente ocurrido en Caracas el 22 de abril pudiera ser una demostración de control territorial. En un audio que recoge una conversación por radio entre dos de los supuestos delincuentes, uno de los hombres dice: “Lo que no saben ellos es que tenemos toda Caracas controlada, toda Caracas dominada”. 

En otro mensaje de voz enviado a grupos de policías, uno de los funcionarios víctimas del ataque relata que las comisiones de la División de Vehículos del CICPC acababan de salir del barrio El 70 de El Valle (uno de los bastiones de la megabanda) en 11 patrullas. Se dirigieron hacia la autopista y “antes de entrar al túnel estos malditos comenzaron a efectuar disparos de todos los ángulos, desde el túnel, de las dos alas, por la parte de atrás y por la parte de El Cementerio a los dos laterales… nos disparaban con fusiles, únicamente fusiles”.

En ese hecho cuatro funcionarios del CICPC resultaron heridos, dos vehículos de este cuerpo policial fueron desvalijados por los delincuentes, mientras que una unidad blindada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue atacada a balazos. Los disparos salían desde los barrios ubicados en las montañas que rodean la autopista, que son controlados por “El Coqui”. 

La balacera del 19 de marzo, pudiera obedecer también a la lógica del control territorial. En esa ocasión los miembros de la banda impidieron la circulación de vehículos por una autopista y tomaron los accesos al barrio desde la intersección entre las avenidas Victoria y Nueva Granada. Sus balas acabaron con la vida de Deisy Rivas, una mujer que vivía en un apartamento en El Paraíso.

En enero de 2021, un grupo de hombres supuestamente pertenecientes a la banda de “El Coqui” comenzó a verse en la parte alta de La Vega, lo que motivó una violenta intervención policial, conocida como la masacre de La Vega, en la que murieron, al menos, 15 personas. La presencia del grupo criminal en esta zona fue interpretada por algunos analistas como un intento de expansión territorial de la megabanda con el objetivo de aumentar y diversificar su control económico y sus rentas criminales (extorsiones, entre otras), que posiblemente se habían visto disminuidas por la pandemia.

 

 

Al inicio del confinamiento en marzo de 2020, circularon fotos de un hombre, que supuestamente era “El Coqui”, repartiendo comida a los habitantes de la Cota 905. También se ha dicho que entrega juguetes a los niños de la comunidad y ejerce cierto control sobre la venta de alimentos del programa estatal Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). En otra ocasión, residentes de la misma zona solicitaron la ayuda de “El Coqui” para la resolución de conflictos vecinales. Adicionalmente las personas que desobedecen las reglas de la megabanda son asesinadas y lanzadas por un ducto de basura.  Estas acciones constituyen una forma de control social, que busca ganar la lealtad de la gente, por las buenas o mediante el uso de la violencia.

 

¿Qué pasó en la autopista Norte-Sur? 

Aunque todo lo anterior pareciera indicar que las instituciones del Estado han fracasado en el control del monopolio de la fuerza y su responsabilidad de proveer seguridad a la ciudadanía, se ha demostrado que en caso venezolano algunas teorías tienen sus variaciones y no todo es como parece.

La supuesta relación y cooperación entre grupos armados no estatales e instituciones del Estado venezolano ha sido denunciada con frecuencia. Incluso en 2018 la Fundación InSight Crime realizó una investigación que mostraba la convivencia del gobierno de Venezuela con una diversidad de estructuras criminales: colectivos armados, pranes (líderes delictivos de las prisiones), exguerillia colombiana (disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), paramilitares (Rastrojos), sindicatos mineros y megabandas. 

Un funcionario de la policía judicial, que pidió no ser identificado, ofreció su versión sobre los hechos protagonizados por la megabanda de “El Coqui” en los últimos meses. “Se sabe que son delincuentes y los colocan frente a la sociedad como líderes negativos, pero nunca se adoptó una política criminal para acabar con ellos. La razón es que son organizaciones armadas que utilizan para hacer estupideces y así tapar noticias que de alguna manera le van a afectar la imagen al Gobierno”.

El policía, con más de 15 años de carrera, considera que lo ocurrido el jueves fue un espectáculo con un alto componente político detrás. “Un circo que se va a montar entre semana y siempre será el mismo resultado: funcionarios heridos y por parte de ellos (los delincuentes)  ningún tipo de bajas. A ellos se les aplaudió que le entregaran la moto a un médico, como si fueran héroes. Simplemente a los ojos del que sea son delincuentes y hay que verlos de esa manera”.

La situación confusa y escandalosa que se registró en mayo 2020 con la megabanda de “El Wileixis” encajaría también en la práctica descrita por el funcionario.

Claves de la guerra que se está librando en Apure
El conflicto armado colombiano cruzó la frontera y amenaza con instalarse en Venezuela. Esta radiografía de lo que está ocurriendo en Apure muestra el origen de la disputa entre las FANB, las FARC-EP (o segunda Marquetalia) y las disidencias de las FARC, e intenta explicar cómo pasaron de aliados a enemigos. El tráfico de drogas, el control territorial y las afinidades políticas-ideológicas son la esencia de la disputa

 

La cacareada invasión del territorio venezolano, acompañada de un conflicto armado ya está ocurriendo. Pero no fue desatada precisamente por la llegada de los marines estadounidenses. Los primeros combates con características bélicas que se registran en años en Venezuela se están dando en el estado Apure. Los involucrados: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y una facción de la exguerrilla de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia (FARC), conocida como Disidencias de las FARC. 

El conflicto, que podría tener consecuencias en toda la región, inició el pasado domingo 21 de marzo con el ataque por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas a un supuesto campamento del Frente 10 de las Disidencias de las FARC –un grupo que nunca se sumó al acuerdo de paz promovido por el expresidente Juan Manuel Santos de Colombia en 2016– en la población de La Victoria, municipio Páez del estado Apure. 

La acción de la FANB implicó la movilización de distintos componentes militares y una logística de grandes proporciones, como se observa en algunos videos que circularon en las redes sociales y como han denunciado pobladores de La Victoria. El contingente militar fue reforzado por funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), un grupo señalado de cometer miles de ejecuciones extrajudiciales y múltiples violaciones a los derechos humanos. No se descarta la posibilidad de que haya habido bombardeos contra supuestos campamentos del grupo criminal. 

Pero el grupo armado no demoró en responder y el martes, 23 de marzo, los miembros de las Disidencias de las FARC atacaron unidades de la FANB en Venezuela y sedes de instituciones del Estado venezolano. 

Las acciones han estado marcadas por la ausencia de información oficial y las dificultades de movilidad y comunicación. Sin embargo, esto no ha impedido conocer que más de 3.000 venezolanos han sido desplazados y cruzaron la frontera hacia Colombia para huir de los combates, que hay bajas del lado de los militares venezolanos y que los pobladores de La Victoria han sido víctimas de excesos y abusos por parte de la FANB.

También hay ya algunas pistas sobre la verdadera razón detrás de estos enfrentamientos, que involucraría a la facción más nueva de la desaparecida guerrilla de las FARC, conocida como FARC Segunda Marquetalia y liderada por alias Iván Márquez. La motivación de los ataques sería política e ideológica, y no la urgencia por recuperar los espacios de territorio venezolano controlados por el crimen organizado. 

El parte de los enfrentamientos

Bajas de las FANB. Dos militares venezolanos han muerto en los combates que se iniciaron el pasado domingo 21 de marzo, según un comunicado de prensa publicado por el  Ministerio de la Defensa de Venezuela. También circularon algunos partes militares que registran varios funcionarios de la FANB heridos en el primer enfrentamiento.

Los heridos. Según un reporte de El Pitazo el número de heridos  era de 18 personas hasta el lunes 22 de marzo. Destaca que muchas de las víctimas, especialmente militares, resultaron lesionadas por minas antipersonales enterradas en el campo por la guerrilla. 

Bajas de las disidencias de las FARC. En el mismo comunicado de MinDefensa se reportó que había sido “neutralizado” un supuesto guerrillero identificado con el alias de “Nando”. Aunque este nombre no figura en la lista de líderes de ninguno de los frentes del grupo criminal que operan en Colombia y Venezuela, se trataría del hermano de alias “Ferley”, jefe financiero del Frente Décimo (una facción de las disidencias) y quien sería uno de los objetivos de la FANB. Sin embargo, en un comunicado los guerrilleros aseguraron que no hay bajas por parte de su grupo. 

Desplazados. Se calcula que unos 3.000 venezolanos habitantes de las población de La Victoria y sus adyacencias han cruzado el río Arauca huyendo de los combates entre las FANB y las disidencias de las FARC.

 

Detenciones. Las autoridades venezolanas han informado sobre la detención de más de 30 personas, presuntamente vinculadas a la exguerrilla de las FARC. Sin embargo, algunos líderes sociales y residentes del estado Apure han denunciado que los detenidos son campesinos que nada tienen que ver con el grupo criminal. Los guerrilleros habían abandonado el campamento al filtrarse la información de que serían atacados.

Bombardeos. Se han reportado supuestos bombardeos a campamentos de las disidencias de las FARC. La población civil y los propios guerrilleros defienden esta versión. El experto Andrei Serbin Pont, analista internacional y director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), asegura que no se tiene confirmación de estos procedimientos. “Junto a algunos colegas hemos venido debatiendo si este incidente pudiera ser el bautismo de fuego de los K-8 o no. En ese sentido diría que las funciones de apoyo aéreo cercano acarrean mayor complejidad y, sobre todo, trabajo conjunto entre fuerzas”. 

Cuatro enfrentamientos en menos de un año. Los combates que se están registrando en Apure desde el domingo 21 de marzo, son el cuarto choque entre las Disidencias de las FARC y el Ejército venezolano en seis meses. 

El sábado 19 de septiembre de 2020 se produjo un enfrentamiento en el sector Tres Esquinas de la población de El Nula, también en el municipio Páez de Apure, entre efectivos de las FANB y las Disidencias del Frente 10 de las FARC. En este hecho murieron cuatro oficiales venezolanos y también se denunció que hubo bombardeos durante el supuesto ataque a un campamento de los irregulares. 

El sábado 30 de enero de 2021 se reportó otro incidente durante una operación militar desarrollada por la FANB. Un contingente militar de Venezuela se enfrentó a guerrilleros de las Disidencias de las FARC en el sector El Pico, del municipio Pedro Camejo, muy cerca de la localidad de La Macanilla. Un guerrillero murió y un oficial resultó herido. Algunas localidades del municipio fronterizo con el estado Amazonas fueron militarizadas.

El 5 de febrero de 2021, hubo otro choque entre miembros de las Disidencias de las FARC y el Ejército venezolano, esta vez en el municipio Atures del estado Amazonas. En ese hecho se reportó la muerte de seis supuestos guerrilleros, se militarizó la zona y también se habló de bombardeos. “Llega un momento cuando hay tanta densidad de factores armados en una región que comienzan los conflictos. Hay que prepararse para lo que puede venir”, advirtió Rocío San Migule, directora de la ONG Control Ciudadano, al analizar ese incidente.

Guerra de comunicados en redes sociales

Comunicado de las Disidencias de las FARC. Las Disidencias de las FARC difundieron un comunicado el martes 23 de marzo en el que denuncian que la FANB ha violado el Derecho Internacional Humanitario. Dice que se ha “iniciado una operación a gran escala, con el empleo de la Fuerza Aérea, y tropas por tierra, en los que el ataque de bombardeos, desplazamiento y agresiones se han hecho hacia la población civil”. 

Además reportan saqueos, robos, cobro de extorsiones y todo tipo de agresiones contra la población civil por parte de los militares venezolanos. Lo cual coincide con las denuncias recogidas en el pasado en informes internacionales, que han registrado hechos similares cometidos por la fuerza pública venezolana durante operativos de seguridad. 

 

Declaración de guerra en apoyo a las Disidencias de las FARC y ataque a instalaciones militares venezolanas. En otro pronunciamiento público, un guerrillero que se identificó como Antonio Medina, comandante del Frente 28 de las Disidencias de las FARC, expresó su solidaridad con el Frente 10, y anunció que atacarían las bases militares del Ejército venezolano. Además denunció que en la FANB “hay un cúmulo de militares corruptos”. Su amenaza se concretó la noche del 23 de marzo, cuando fue arrasada la aduana auxiliar de La Victoria.

 

Comunicado de otro grupo (posible FARC Segunda Marquetalia). El miércoles 24 de marzo, guerrilleros del Bloque del Magdalena Medio (Frentes 33, 4, 24 y 37) rechazaron la confrontación. Leyeron un comunicado invitando a sus excompañeros a salir de Venezuela y centrar su lucha en Colombia, donde “los militares cada día atropellan al pueblo, saquean y estigmatizan a los de la oposición política, y sin embargo no hacemos nada, cuando es ahí donde nuestras armas deben de entrar en acción”. Además, remarcaron que el revolucionario que no defienda a su patria y esté metido en problemas de otras naciones “no debe, ni puede llamarse heredero del legado de los marquetalianos”. Finalmente atribuyeron los enfrentamientos ocurridos en Apure a “un plan diseñado por la oligarquía para deslegitimar la revolución bolivariana”. Este grupo no manifestó ningún apoyo al Frente 10, al contrario parecía oponerse a sus acciones.

Comunicado de la Cancillería Venezolana. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza publicó un comunicado oficial sobre los ocurrido en su cuenta de Twitter el miércoles 24 de marzo y asoma por donde van los tiros. “… El gobierno de Iván Duque, con el apoyo del Comando Sur estadounidense y su grupo élite de siete mil efectivos recientemente creado ha instalado un corredor de actividades ilegales… destinado a financiar la instrumentalización de estos grupos armados en contra de Venezuela”, dice el documento que cierra con una advertencia, “… la República Bolivariana de Venezuela… ratifica que cualquier intento de violación a la integridad territorial de Venezuela, bien sea convencional o encubierto, por parte de cualquier organización armada sea esta regular o irregular, tendrá una reacción contundente”. 

Ruta de un conflicto que no es nuevo

  1. Apure y las tres guerrillas. Apure es un estado fronterizo con Colombia, específicamente con el departamento de Arauca. Está ubicado a 433 kilómetros de Caracas. En Apure operan tres grupos guerrilleros, dos colombianos y uno venezolano: Disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Ex-FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Fuerza Bolivariana de Liberación o boliches (FBL), que es la guerrilla venezolana.
  1. Municipios controlados por la guerrilla. Apure tiene siete municipios y todos tienen presencia de grupos guerrilleros:

Municipio San Fernando.  ELN

Municipio Achaguas.  Disidencias FARC  /  ELN

Municipio Biruaca.  ELN

Municipio Muñoz.  Disidencias FARC  /   ELN

Municipio Páez.   Disidencias FARC  /  ELN   /   FBL

Municipio Pedro Camejo.    Disidencias FARC   /   ELN

Municipio Rómulo Gallegos.     Disidencias FARC   /   ELN   /  FBL

  1. La convivencia con la guerrilla en Venezuela. Los grupos guerrilleros colombianos imponen una especie de gobierno paralelo en las poblaciones donde operan. Muchos de los habitantes se ven forzados, por necesidad y sobrevivencia, a colaborar y trabajar en algunos de los negocios que controla este grupo. Estas comunidades no están armadas, no forman parte activa de la guerrilla. Pero en ocasiones deben ayudarlos y darles protección. La guerrilla tiene informantes en muchos lugares y también impone sus propias normas de convivencia. 
  1. Acuerdo de paz. En 2016 con la firma del acuerdo de paz con el gobierno de Colombia, las FARC tradicionales se desmovilizaron, eso quiere decir que abandonan la guerra de guerrillas. Se convirtieron en un partido político llamado Fuerza Revolucionaria del Común, liderado por Rodrigo Londoño, alias “Tomochenko”; Iván Luciano Márquez Marín, alias “Iván Márquez”; y por Seuxis Pausias Hernández, alias “Jesús Santrich”, quienes llegaron tener curules en el parlamento colombiano. 
  1. Disidencias de las FARC. En paralelo, un importante grupo de esta guerrilla no se desmovilizó, siguió en las armas y en actividades criminales, como el narcotráfico, contrabando de gasolina, minería ilegal, secuestro y contrabando de ganado. A este grupo se le comenzó a llamar Disidencias de las FARC y sus líderes se instalaron en Venezuela para esquivar la persecución de las autoridades colombianas.
  1. Líderes de las Disidencias de las FARC en Venezuela. Jorge Eliécer Jiménez, alias “Arturo” o “Jerónimo” (Frente 10), y  Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte” (Frente Primero), han sido desde entonces los principales jefes de este movimiento de disidencias de las FARC en Venezuela. Se dijo que recibieron el apoyo de Noé Suárez Rojas, alias “Grannobles”, un viejo líder de esta guerrilla que se había radicado en Venezuela. 

Este grupo se ha fortalecido reclutando jóvenes venezolanos, han instalado campamentos en distintas localidades del estado Apure, han tejido redes de protección con miembros de la Fuerza Armada de Venezuela y con dirigentes políticos. Cuentan con un ejército de aproximadamente 800 hombres entre Arauca y Apure.

También han establecido fuertes nexos de convivencia con las comunidades de localidades como La Macanilla, Guasdualito, Elorza, Achaguas y La Victoria, entre otras.

  1. FARC la Segunda Marquetalia. En agosto de 2019, alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich abandonaron el proceso de paz y la política, decidieron volver a las armas, y retomar formalmente el negocio del narcotráfico. Vestidos con uniformes de campaña, portando armas de guerra y rodeados por varios de sus antiguos compañeros, hicieron un anuncio público: “Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia (…) la continuación de la lucha guerrillera”, decía el comunicado que leyó Márquez. 

Marquetalia es el nombre de la vereda (lo que en Venezuela es una parroquia) en el municipio Planadas, del departamento colombiano de Tolima, donde nació la guerrilla de las FARC. Ahora esta es otra subdivisión de la tradicional guerrilla de las FARC y se identifica como FARC Segunda Marquetalia o FARC-EP (Farc Ejército del Pueblo). 

  1. Líderes de la FARC Segunda Marquetalia. Los jefes de este nuevo grupo derivado de la vieja guerrilla de las FARC son Iván Luciano Márquez Marín, alias Iván Márquez y por Seuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich. Aunque no hay confirmación oficial de esta versión, habitantes de la población de Elorza (en Apure) e informes de inteligencia de Colombia coinciden en que los dos hombres entraron a Venezuela con el apoyo y la protección de alias Gentil Duarte y otros miembros de las Disidencias de las FARC. “Permanecieron en Elorza, donde se han instalado y tienen fincas varios de sus compañeros de armas”, dijo un lugareño que los vio caminar por el pueblo, luego de bajar de una camioneta escoltada por motorizados en 2019. Su paradero actual se desconoce, pero no se descarta que se hayan instalado en Caracas, capital de Venezuela.
  1. La bienvenida a Venezuela. Poco antes del anuncio oficial de los líderes de la Segunda Marquetalia, en julio de 2019, el presidente Nicolás Maduro dijo que alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich eran “bienvenidos en Venezuela”. En agosto este grupo hizo publicó su regreso a las armas y desde entonces se dice que todo el grupo de comandantes guerrilleros que apareció en el video de la Segunda Marquetalia permanece en Venezuela. 

«No estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro», dijo el mandatario colombiano Iván Duque, al conocerse el anuncio.

  1. Lo que hay detrás de los enfrentamientos. Investigadores y expertos colombianos, como la exdirectora de Crimen Organizado de la Fiscalía General de Colombia, Claudia Carrasquilla, explicó que las facciones de Iván Máquez (FARC Segunda Marquetalia) y Gentil Duarte (Disidencias de las FARC) mantuvieron relaciones cordiales, después del acuerdo de paz, pero nunca lograron acuerdos sólidos.

Sostuvieron al menos dos reuniones en territorio venezolano en 2018 y 2019, según reportes de inteligencia obtenidos por el Ministerio Público de Colombia. Incluso se supo que Duarte recibió apoyó al grupo de Márquez en su llegada a Venezuela “pero les dejó claro que él no se iba a someter al mandato de ellos, porque él estaba al mismo nivel de ellos. Lo que he podido investigar es que no han logrado cohesionarse, sino que ambos manejan territorios en esa zona de Venezuela (frontera de Apure y Amazonas)”, explicó Carrasquilla.

Esta afirmación coincide con un análisis publicado en la página de la Fundación InSight Crime: “El grupo de Márquez ha intentado unificar fuerzas con los grupos Ex–FARC mafia (Disidencias FARC), encabezados por Miguel Botache Santillana, alias ‘Gentil Duarte’. Sin embargo, su unión parece distante debido a que el grueso de los combatientes bajo la sombrilla de Gentil no ven en Márquez al líder que fue en la guerrilla y por el contrario ven como una traición su participación en el proceso de paz con el Estado”.

Mientras Márquez y Santrich intentaron “jugar” a la política, Gentil Duarte fue consolidando su poder y su negocio de narcotráfico en territorio venezolanos con el apoyo o la complacencia de militares venezolanos, según reportes denominados Alertas Tempranas elaborados por la Defensoría del Pueblo de Colombia en 2017, a los que tuvo acceso Runrun.es.

Ahora la necesidad de controlar rutas y territorios en Venezuela para el tráfico de drogas habría llevado los desacuerdos de los exfareanos a un punto sin retorno. Ante este escenario un tercer actor parece haber entrado en esta “relación”. Se trata de la FANB venezolana como institución del Ejecutivo Nacional, cuyas acciones podrían estar favoreciendo al grupo de Iván Márquez o FARC Segunda Marquetalia, en esta lucha por conquistar los espacios dominados por sus antiguos camaradas (las Disidencias de las FARC).

Aunque se trata de dos grupos dedicados a actividades criminales, la razón para beneficiar a las FARC Segunda Marquetalia por encima de las Disidencias FARC sería de tipo ideológico y político. Mientras tanto continúan los enfrentamientos en Apure, los desplazamientos de venezolanos y la ausencia de información oficial oportuna y completa.

Álex Saab no se salvará de la extradición a EE. UU.
A diferencia del narcotraficante Walid Makled y del exjefe de inteligencia, Hugo Carvajal, el empresario colombiano y supuesto testaferro del presidente Maduro, terminará en un calabozo de alguna prisión estadounidense

 

@ronnarisquez

 

Todo apunta a que el angustiante y novelesco proceso de extradición del empresario colombiano Álex Naim Saab Morán, arquitecto financiero del régimen de Nicolás Maduro, de Cabo Verde a Estados Unidos, tendrá un final feliz para la mayoría de los venezolanos. 

Saab fue detenido en Cabo Verde, África, el 12 de junio de 2020 por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y enfrenta una acusación del Departamento de Justicia de EE. UU. por ocho cargos de lavado de dinero y conspiración para lavar dinero relacionado con un plan de sobornos en Venezuela. Además Saab es requerido por las autoridades de Colombia e investigado en México.

A la tercera va la vencida

La captura del empresario emocionó a los venezolanos, pero también generó preocupación y miedo ante la posibilidad de que el supuesto testaferro de Maduro fuera liberado y devuelto a Venezuela. Este temor no es gratuito. En el pasado los casos del exjefe de inteligencia militar Hugo “el Pollo” Carvajal, en Aruba; y del narcotraficante Walid Makled, en Colombia, probaron como el poder del Gobierno venezolano atraviesa fronteras para burlarse de la justicia.

Sin embargo, el trauma que dejaron los dos intentos fallidos de las autoridades estadounidenses se ha ido borrando con cada anuncio del Poder Ejecutivo y Judicial de Cabo Verde; como la autorización de ese gobierno de extraditar al empresario a Estados Unidos.

Aunque hay interesantes similitudes entre los tres casos, las diferencias entre los personajes y sus procesos son notorias. En Runrun.es las analizamos: 

Los personajes 

Alex Saab es un peso pesado de la corrupción, si se ubicara en ranking junto a otras figuras que Estados Unidos ha solicitado en extradición, como Nervis Villalobos, exviceministro de Energía; el mayor general retirado Cliver Alcalá Cordones, y el propio Hugo Carvajal

Mientras que “El Pollo” Carvajal era un hombre muy inteligente y se movía muy bien en Venezuela, sus contactos en el exterior eran reducidos y se limitaban a sus labores como jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). “Había tenido tratos con la guerrilla colombiana de las FARC (Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia)”, explicó la exzar de la droga en Venezuela, Mildred Camero.

Por su parte, Makled era un “simple” narcotraficante radicado en Venezuela. Aunque puede ser considerado quizás el “capo” más importante en la historia criminal venezolana, sus conexiones se quedaban en el continente. Su trato era con narcos latinoamericanos (mexicanos principalmente) y traficaba con droga en un ámbito regional. Su campo de acción era fundamentalmente nacional. 

“No era como “El Chapo” Guzmán (Joaquín Guzmán Loera, líder del cartel de Sinaloa); ni mucho menos como Pablo Escobar Gaviria, jefe del cartel de Medellín. Su fama y poder eran más local”, dijo Camero, quien fue presidenta de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid), entre 1999 y 2005.   

En cambio, la trascendencia de Álex Saab es mayor. El colombiano es quizás, el hombre más importante asociado a las supuestas actividades ilegales del gobierno de Venezuela, que será extraditado a Estados Unidos hasta la fecha. Desde 2011 ha trabajado en distintos negocios internacionales con el Gobierno. 

Su primer contacto con el chavismo fue gracias a un convenio para la construcción de viviendas de interés social entre los gobiernos de Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, de Colombia. En esa ocasión el empresario, radicado en Barranquilla, fue uno de los contratistas favorecidos junto a su socio Alvaro Pulido, también requerido por las autoridades estadounidenses. 

Curiosamente en una entrevista reciente con el periodista Nelson Bocaranda, el expresidente Santos dijo que no conocía a Saab. “A ese señor no lo conocía, no sabía quién era. Cuando reanudamos relaciones con Venezuela, Chávez organizó un evento para firmar todo tipo de acuerdos y mostrar que las relaciones se habían restablecido… Recuerdo que cuando se anunció la firma de ese contrato apareció un señor y le pregunté a la canciller “ese tipo quién es”, se acercó, nos dio la mano y después desapareció. Me dijeron, “se llama Alex Saab”.

Sin embargo, ese apretón de manos catapultó internacionalmente al barranquillero. Sus actividades no se quedan dentro del territorio venezolano, y mucho menos en  su país, Colombia. Sus relaciones y negocios van más allá del mar Caribe y atraviesan el océano Atlántico, con conexiones en México, Turquía, Irán y otros países. 

Camero no tiene certeza sobre posibles vínculos de Saab con el narcotráfico, pero sí tiene clara la función del barranquillero en la estructura criminal que sostiene al Gobierno de Venezuela. “Está metido en corrupción y lavado de dinero.

Esos son su fuerte. Es un hombre inteligente. Es abogado, ha manejado muy bien varios esquemas de lavado de dinero. Puede ser que uno de esos esquemas esté vinculado al narco, aunque él más que todo es un broker”, dijo la experta.

“Lo de él es negociar. Hacer los acuerdos y contactos. Él era el que hacía los negocios. Con un tren de personas detrás. Él era el broker. Aparte de que tenía relaciones interesantes en países islámicos”, aseguró. 

A pesar de que a Walid Makled se le relacionó con algunos gobernadores, como Luis Felipe Acosta Carlez; magistrados del Tribunal Supremo de Justica, como Eladio Aponte Aponte y supuestos miembros del Cartel de los Soles, como el mismo Carvajal, e incluso con el presidente Chávez. Utilizaba su poder e influencia para desarrollar con tranquilidad su negocio personal de narcotráfico, nunca alcanzó el nivel que ha conseguido Saab.

Al colombiano se le señala de ser testaferro y socio del presidente Maduro, además se le vincula con Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario mejor conocido como “Nicolasito”, en el negocio de la comercialización ilegal de oro venezolano. “Todo su poder está muy relacionado con las conexiones que tiene con Irán (justamente el país al que se dirigía Saab cuando fue detenido en Cabo Verde), con las gestiones para conseguir gasolina para Venezuela y con negocios, como el oro y las cajas Clap (Comité Locales de Abastecimiento y Producción)”, apuntó Camero.

Estas conexiones le dan a Saab un valor aún mayor dentro de la administración de Maduro y lo convierten en una pieza muy atractiva para Washington, en su objetivo de acorralar al presidente venezolano. 

La experta, quien fue jueza y continúa desempeñándose como asesora internacional en materia de drogas, tiene claro el valor estratégico de Saab de cara a un proceso judicial. “Es un hombre muy importante porque es la persona que conoce los negocios por dentro. Sabe quiénes están vinculados a estos negocios, cómo se hacen. Es el que tiene toda la información. Él debe llevar un registro de las cuentas”, destacó Camero.

“Debemos recordar que el lavado es un delito subyacente. Para que haya lavado debe haber otros delitos. Eso significa que su función de lavador es global dentro de la estructura criminal. Él seguramente lavaba dinero de todo tipo de delitos y operaciones: corrupción, minería, trata, narcotráfico y terrorismo”, agregó la exjueza.

El proceso

Pero más allá de la importancia, que como personaje tiene Álex Saab, versus Carvajal y Makled, para los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, hay otros factores judiciales que hacen que la balanza se incline hacia la extradición.

En primer lugar, los sistemas procesales son distintos en los tres casos. Lo que en esta ocasión favorece la petición de EE. UU. “Me tiene gratamente sorprendido el sistema procesal el de Cabo Verde. Es acusatorio y adversarial. Su código penal es incluso más moderno que el de Venezuela. Se vé la influencia portuguesa”, explica Zair Mundaray, exdirector general de Actuación Procesal del Ministerio Público de Venezuela. 

Mildred Camero también está convencida de que Saab no regresará a Venezuela. “Aquí las cosas han cambiado, aunque Estados Unidos no tiene convenio de extradición con Cabo Verde. Sí hay un acuerdo de colaboración en materia de drogas y delincuencia organizada”, afirma.

“En el caso de Cabo Verde la norma que rige la extradición es la de los Principios Generales de Cooperación Internacional en materia penal. Una vez recibida la solicitud, la fiscalía revisa si se dan algunos principios básicos contenidos en el artículo 37 de la constitución de Cabo Verde que dice que la extradición no opera por razones políticas, religiosas o delitos de opinión, o cuando se presume que la persona va a ser sometida a torturas o tratos crueles en el país donde la van a enviar”, detalla Mundaray, quien ahora vive exiliado en Colombia.

Luego el Ejecutivo emite una opinión, que es de carácter político, dice si está de acuerdo y ordena darle continuidad al proceso. La solicitud de extradición pasa a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que procede a hacer una sentencia. “Este modelo es bien interesante porque el control político es previo a la sentencia. Es decir el Ejecutivo hace su evaluación y decide si cooperar, pero la decisión final queda en manos del Poder Judicial”, prosiguió el exfiscal. 

Con Makled fue diferente. “En Colombia el presidente tiene la última palabra. El control político es posterior a la decisión judicial. Es sumamente importante para muchos gobiernos tener control absoluto de esos procesos y por eso lo colocan así en la ley. ¿Qué ocurre? La Corte Suprema toma una decisión y luego la pasa al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene dos opciones: ejecuta la sentencia o dice que no, y debe exponer las razones en un acto administrativo. Esas decisiones de los poderes ejecutivos que no tienen forma de ser recurridas. El Ejecutivo tiene la última palabra”, afirmó Mundary.

Camero coincide con el exfiscal y lanza un señalamiento directo: “En el caso de Makled estaba (Juan Manuel) Santos de por medio. Santos fue una figura muy negativa con respecto a Venezuela y su apoyo a las FARC”.

Adicionalmente, en el caso Makled hubo dos solicitudes de extradición. Cuando uno o más países piden a una persona en extradición se entregará al país que presentó la solicitud primero. Aunque no hay certeza de qué país hizo el requerimiento inicial, Mundaray afirma que: “por una decisión política el presidente Santos prefirió entregarlo a Venezuela”. 

Con relación a “El Pollo” Carvajal en Aruba, las cosas fueron diferentes y se saltaron los procedimientos judiciales. “En el caso de Aruba hubo mucho miedo quizás por los negocios que tenía Maduro con el reino de Holanda. Además creo que a Estados Unidos le fallaron los procedimientos, porque la detención no cumplió los requisitos de la DEA (Administración de Control de Drogas”, dijo Carmero.

Otra diferencia sustancial que encuentra la exzar de la droga es que la detención de Saab fue montada desde la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, cumpliendo los requisitos legales internacionales. “Ha sido más jurídico que policial, a diferencia de lo que ocurrió en Aruba, donde casi todo estaba en manos de la DEA”.

Tan lejos de Venezuela y tan cerca de EE. UU.

“Desde mi perspectiva yo creo que Álex Saab no tiene posibilidad de que se modifique la decisión en estricto derecho. Si ocurre es porque hubo alguna manipulación”, aseguró Mundaray. 

La defensa del empresario ha presentado al menos tres habeas corpus. Pero ni las alegaciones exageradas e irónicas de Saab y sus abogados sobre presuntas violaciones a los derechos humanos y tratos crueles en el país africano, salvarán al empresario de los interrogatorios de las autoridades estadounidenses y de los calabozos de alguna prisión en Estados Unidos. 

Así que este proceso de extradición sí tiene un inminente final feliz para los millones de venezolanos que tomaron leche de mala calidad de los Clap; para los niños que no pudieron jugar en los 50 gimnasios verticales que el Fondo Global de Construcción nunca concluyó; y para los centenares que deambulan por las calles comiendo de la basura, mientras el oro venezolano vuela hacia Turquía, Emiratos Árabes y otros destinos. Apenas algunos de los negocios irregulares en los que, investigaciones periodísticas han revelado que, Saab y sus socios tienen las manos metidas.

Restricción de vuelos en Venezuela no aplica para el crimen organizado
El lunes 24 de agosto fue interceptada en Honduras una avioneta proveniente de Venezuela con 489 kilos de cocaína. Esta es solo una más en la lista de al menos seis aeronaves venezolanas que han sido detenidas en otros países por transportar mercancía o pasajeros en conflicto con la ley durante la pandemia por Covid-19

@ronnarisquez

 

Droga, armas y jefes de estructuras criminales es lo que viaja en los vuelos que llegan o salen de Venezuela, desde que el Gobierno ordenó suspender las operaciones aéreas privadas y comerciales con el argumento de hacer frente al Coronavirus. 

Desde el pasado 12 de marzo, miles de venezolanos permanecen varados en distintos lugares del mundo a la espera de vuelos humanitarios, o que se reabran los vuelos internacionales para poder retornar al país. Sin embargo, durante ese mismo período, el crimen organizado se ha movido a sus anchas por el espacio aéreo nacional.

El lunes 24 de agosto fue interceptada en Honduras una avioneta proveniente de Venezuela, con 489 kilos de cocaína. Autoridades de ese país centroamericano hicieron seguimiento a la aeronave, que tenía matrícula mexicana y aterrizó en el departamento de Gracias a Dios, una zona boscosa y deshabitada cerca de la frontera con Nicaragua. En el procedimiento también decomisaron un fusil AK-47, un cargador para fusil, una pistola 9 milímetros y un lanzagranadas.

La ruta de los soles

Este hallazgo no sorprende. La avioneta solo es una más en la lista de al menos seis aeronaves venezolanas que han sido detenidas en otros países por transportar mercancía o pasajeros en conflicto con la ley, durante la pandemia por Covid-19. Y desde el inicio de una operación militar antidrogas de Estados Unidos en el Caribe. 

Además coincide con decenas de investigaciones y reportes periodísticos sobre la existencia de una ruta de la droga que sale de Venezuela hacia Norteamérica, con parada en Centroamérica, principalmente en Honduras. “La mayoría de las operaciones se hacen por el departamento de Gracias a Dios… Centroamérica es importante, ideal para el Cartel de los Soles”, dijo en una entrevista, Claudio Sandoval, embajador de Juan Guaidó en Honduras.

Entre el 1 y el 23 de abril, un mes después de iniciada la cuarentena radical ordenada por la administración de Nicolás Maduro con restricción hacia y desde Venezuela, autoridades de Estados Unidos anunciaron la incautación de tres toneladas de droga en Guatemala. La cocaína había sido ingresada en dos aviones que salieron de territorio venezolano. 

El 26 de julio, la Fuerza Aérea de Guatemala obligó a aterrizar una aeronave con más de 2,1 toneladas de droga, también proveniente de Venezuela. Las autoridades colombianas y estadounidenses venían haciendo seguimiento al Jet Gulfstream III desde abril de 2019 y alertaron a la Fuerzas Armadas guatemaltecas. Mediante un rastreo pudieron identificar que un día antes el avión había volado de México a Venezuela, para luego ingresar al país centroamericano.

Guatemala es otro de los destinos más comunes de los narcovuelos que salen desde Venezuela. Es una de las ramificaciones de la “superautopista de cocaína a Estados Unidos” que arranca en Venezuela, según una investigación de CNN

El mismo reportaje asegura que la frecuencia de los narcovuelos que parten desde Venezuela aumentó de dos vuelos semanales en 2017 a uno diario en 2018. 

Dirigentes políticos de la oposición venezolana han denunciado que existen unas 400 pistas clandestinas en el estado Zulia. También se han identificado, al menos otros cinco estados del país, que tienen narcopistas: Apure, Amazonas, Falcón, Guárico y Cojedes.

La mayoría de las aeronaves que salen de territorio venezolano tienen como destino, además de Honduras y Guatemala, Belice y México. 

El pasado 5 de julio, otro avión cargado con droga se desplomó en el estado de Quintana Roo, en México, había salido de un país suramericano, que las autoridades suponen era Venezuela. 

Pero no es solo droga lo que sigue moviéndose desde pistas clandestinas y aeropuertos venezolanos desde que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) restringió los vuelos por la pandemia y advirtió que: “Solo están permitidos los sobrevuelos, aterrizajes y despegues de carga y correo”.

El pasado 12 de junio fue detenido en Cabo Verde, África, un avión procedente de Venezuela, donde viajaba Álex Saab, empresario colombiano y supuesto socio del presidente Maduro, acusado de lavado de dinero y de un amplio catálogo de delitos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

Adicionalmente, el 15 de agosto autoridades estadounidenses interceptaron un avión cargado con armas en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, que según algunos expertos tenía como destino Venezuela. Los tripulantes de la aeronave son venezolanos, se formaron en la Escuela de Aviación Militar de Venezuela, y coincidencialmente trabajaban para Saab y su socio Álvaro Pulido

Estos incidentes revelan que la suspensión de vuelos comerciales y privados no ha limitado las actividades de las estructuras de crimen organizado que operan en Venezuela, mientras los ciudadanos han sido sometidos a una cuarentena radical durante casi seis meses de confinamiento. Sin paseos en la ciudad, ni traslados a la playa, ni, mucho menos, viajes al exterior. Solo se ha autorizado el despegue y aterrizaje de algunos vuelos humanitarios.

El sicariato que se encargó en Miami y se pagó con dólares preferenciales

mendeza herrera

El asesinato en Caracas de dos jóvenes empresarios en mayo reciente trascendió las secciones de crónica policial y consiguió eco internacional porque una de las víctimas era familiar de una ‘celebrity’, Carolina Herrera, la diseñadora venezolana de mayor proyección global. Pero la trama del caso, también internacional, terminó por poner de relieve los violentos entretelones de la disputa por el control del furtivo negocio cambiario que opera entre Florida y Venezuela
Fabrizio Mendoza y Reinaldo Herrera –que nada tenía que ver con la disputa– habrían sido víctimas de una guerra entre cárteles de Cadivi, según reveló al Cicpc uno de los detenidos por el crimen

 

EL 11 DE MAYO A LAS CINCO DE LA TARDE, casi al mismo tiempo en que las familias de Fabrizio Alberto Mendoza Isea y Reinaldo José Herrera Sánchez informaban a la policía del aparente secuestro de los empresarios ocurrido en La Boyera -un suburbio de clase acomodada en el municipio El Hatillo, sobre las colinas del sureste de Caracas-, en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) recibían el reporte del hallazgo de dos cadáveres en el sector El Topo, en la vieja carretera que comunica la capital venezolana con La Guaira, el puerto que la sirve. Eran los cuerpos de dos personas de sexo masculino, maniatados dentro de una camioneta Toyota Hilux blindada. Ambos presentaban disparos en la cabeza.  

Al apenas recibir la denuncia del supuesto plagio y conocer, casi en simultáneo, el reporte del doble homicidio, los funcionarios de la División Antiextorsión y Secuestros del CICPC comprendieron que, en realidad, no estaban frente a una investigación por secuestro. Comenzaron a trabajar otras hipótesis y en un mes lograron esclarecer lo que fue un crimen por encargo.

El asesinato de ambos hombres, socios en una empresa de arquitectura, tuvo amplios ecos en la prensa nacional e internacional. Una de las víctimas del secuestro-asesinato, Reinaldo Herrera, era familia de la famosa diseñadora de modas venezolana, Carolina Herrera. Pero, a pesar de que el renombre correspondía a Herrera, desde el primer momento a los investigadores se les hizo claro que el verdadero objetivo del ataque era Fabrizio Mendoza.

Un reporte anónimo que circuló por Twitter el mismo día del crimen ya alertaba a los investigadores sobre su supuesta vinculación con el empresario venezolano radicado en Miami, Salvador Lairet, ex socio y amigo de Mendoza. El mismo rumor también corrió de inmediato entre los conocidos de ambos empresarios.

Cadena de favores

No siempre -de hecho, casi nunca- la primera hipótesis es la más certera. Pero para corroborarla en este caso resultó clave la detención de Franco José Tessarolo Salcedo, de 34 años, quien era uno de los mejores amigos de Mendoza Isea, muy cercano a su familia, y también a la de Reinaldo Herrera. A todos les asistía en la reparación y mantenimiento de vehículos en un establecimiento que tiene en los llamados Altos Mirandinos -una serie de poblados que conforman una ciudad-dormitorio de clase media a las afueras de Caracas, en el estado de Miranda-. Por esa cercanía a nadie le pareció extraño encontrarse a Tessarolo en el funeral de Mendoza, realizado en el Cementerio del Este de La Guairita, y que hasta se le viera flanquear el féretro.

Tessarolo también era amigo de Salvador Lairet, con quien mantenía contacto permanente. Todos pertenecían al mismo círculo de jóvenes empresarios y comerciantes. Pero había un vínculo adicional que hasta entonces a muchos escapaba: Lairet, según versiones policiales, habría encomendado a Tessarolo el asesinato de Mendoza.      A la postre Franco Tessarolo habría revelado a los investigadores que Lairet lo llamó por teléfono para que se encargara de planificar el asesinato de Mendoza Isea y ofreció pagar 15.000 dólares por el trabajo. Tessarolo se activó de inmediato y se comunicó con su amigo Suhe González Álvarez, de 35 años, un comerciante informal de Los Teques, capital del estado de Miranda, a 30 minutos de Caracas y aún más cercana a los Altos. Puso a su disposición 10.000 dólares para que lo ayudara a buscar a las personas que necesitaba en el cumplimiento de la tarea criminal.

González Álvarez, a su vez, contactó a un hombre de su confianza: Edwin Jesús Montilla, de 34 años, y le indicó que necesitaba completar el grupo de la misión. Montilla contrató a dos hombres más que se encargarían de ejecutar el crimen: un delincuente que estuvo detenido por secuestro en 2015 y otro presuntamente evadido de una prisión. Los cinco hombres se tomaron un mes para planificar el asesinato.

El 11 de mayo, cuando consideraron que habían estudiado con precisión los movimientos de Mendoza Isea, pasaron a la acción. Les fue sencillo ubicarlo. Tessarolo suministró la información sobre en qué lugar encontrarlo. Poco después del mediodía los dos sicarios, junto a Edwin Jesús Montilla, interceptaron a Mendoza en el estacionamiento del Centro de Servicios Plaza La Boyera, en el municipio El Hatillo.

Mendoza, que era el objetivo, fue sometido. Pero el grupo de tareas debió improvisar. El blanco venía acompañado de Reinaldo Herrera. Sorprendidos, los delincuentes decidieron llevárselo también para no dejar testigos. Los obligaron a subir a la camioneta Hilux de Mendoza, en la que emprendieron la huída.

Uno de los delincuentes tomó el lugar del conductor, mientras el otro amenazaba a las víctimas con un arma de fuego. Detrás del vehículo se desplazaba Montilla en una motocicleta. Su tarea era casi la de un supervisor: asegurarse de que los dos sicarios cumplieran con el trabajo que les habían encargado.

Cuando bajaban de La Boyera hacia La Trinidad, ya en el municipio Baruta, con rumbo al centro y oeste de la ciudad, los delincuentes que conducían la camioneta decidieron desviarse a la vivienda de Mendoza en el conjunto residencial Escampadero, en La Tahona, una urbanización de edificios de clase media. De haber sido solo una acción distractiva, habrían tenido éxito: esa escala fue lo que hizo suponer a las familias de las víctimas que se trataba de un secuestro. Pero lo cierto es que buscaban levantar más dinero para completar sus honorarios, pues González Álvarez, el contratista del encargo, terminó repartiendo entre ellos apenas 7.000 de los 10.000 dólares prometidos, y Tessarolo se había quedado ya con 5.000 de los 15.000 dólares ofrecidos al inicio del encargo.

Al entrar al lugar superaron dos retenes de seguridad pero fueron registrados por las cámaras de la urbanización. Los rostros de Edwin Jesús Montilla y los verdugos quedaron grabados. A uno de los vigilantes le pareció sospechosa la presencia de un motorizado detrás del vehículo. Sabía que Mendoza no tenía escoltas. Se acercó al estacionamiento para verificar con el propio Mendoza que todo estuviera bien. “Él le dijo al vigilante que esas personas estaban con él y que no había problema. Luego llamó a la muchacha que limpiaba en su apartamento para que le bajara unos relojes muy costosos, algunos dólares y unos 200 euros que estaban junto a su pasaporte”, contaron testigos. El botín triplicaba en valor el monto que recibieron los tres hombres por asesinar a Mendoza y Herrera.

Al salir del lugar se dirigieron, ahora sí, directo a la carretera vieja Caracas-La Guaira, específicamente al sector El Topo, zona donde en los últimos meses han sido localizados al menos tres cadáveres de víctimas de venganzas y supuestos secuestros. Allí los sicarios mataron a los dos empresarios, cuyos cuerpos dejaron dentro del vehículo de Mendoza, y huyeron.

El 20 de junio, el comisario Einar Giuliani, director de seguridad de la alcaldía de El Hatillo, informó que Edwin Jesús Montilla, Suhe González Álvarez y Franco José Tessarolo, habían sido detenidos en Los Teques y en El Hatillo los primeros días de junio por funcionarios de la División Antiextorsión y Secuestros del CICPC. Confesaron su participación en el asesinato de Mendoza y Herrera y fueron imputados por los delitos de secuestro agravado, robo de vehículo, sicariato y asociación para delinquir, dice un boletín del Ministerio Público.

Dos de ellos fueron enviados a la cárcel de El Rodeo II -cerca de Guatire, en el estado de Miranda, al este de Caracas-, mientras que Tessarolo permanece en los calabozos de la División Antiextorsión y Secuestros del CICPC. Aún quedan por capturar a los dos autores materiales del crimen y al presunto autor intelectual, que se encuentra en Estados Unidos, apuntó Giuliani.

 

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El nieto de la cronista de Boconó que se hizo millonario en cinco años

Fabrizio Alberto Mendoza Isea tenía 31 años de edad, era soltero y aunque no se le conocía una pareja formal, eventualmente se le veía en compañía de mujeres hermosas. Se movía con destreza en el mundo de los negocios y viajaba constantemente a Miami, donde había adquirido varias propiedades, importaba vehículos de lujo y se dedicaba a la compra y venta de dólares.

No siempre fue así. Hace apenas cinco años intentaba abrirse un espacio en el mundo laboral y asistió a entrevistas en una importante empresa transnacional de consumo masivo. Que en esa oportunidad lo rechazaran no significó una frustración o un fracaso para Mendoza. Por el contrario: parece que sirvió de puerta de entrada a una nueva dimensión de posibilidades. Casi de inmediato, el joven comenzó a dar muestras de una llamativa prosperidad económica. “Me sorprendió cuando lo vi con carros, apartamentos y viajando a cada rato”, relató una persona que lo conoció antes de sus días de bonanza.

Mendoza provenía de una familia de académicos del estado de Trujillo, en los Andes del suroeste de Venezuela. Su abuela, Lourdes Dubuc de Isea, era la cronista oficial de Boconó, una ciudad famosa en la zona por su actividad cultural, y fue una reconocida docente de la región. Sin embargo, la familia no tenía bienes de fortuna.

En Caracas, Mendoza vivía en un apartamento que había comprado hace menos de dos años en uno de los edificios de la urbanización Escampadero, en La Tahona. Aunque la vivienda estaba a nombre de su madre, María Magdalena Isea, era el lugar que utilizaba el joven para alojarse cuando estaba en Venezuela.

En una oportunidad tuvo un conflicto con sus vecinos. Mendoza no encontró mejor solución para almacenar una flotilla de 12 camionetas Nissan de color blanco que le había llegado del exterior, que las áreas comunes del edificio. Se justificó diciendo que había tenido problemas con el traslado de los vehículos a la institución que se las había encargado y que en breve resolvería el inconveniente.

También ofrecía a sus vecinos conseguirles vehículos de lujo, de último modelo, en menos de una semana. “Yo quería comprar un carro para mi esposa, le pregunté a él y me dijo: ‘¿Dime qué carro quieres? Te consigo el que quieras para mañana’”, relató uno de los residentes de la urbanización, a quien le pareció extraño que alguien ofreciera conseguir carros de un día para otro, en un país donde hasta el acto cotidiano de comprar pan requiere de horas de espera.

Pero estos detalles no afectaron su imagen de hombre tranquilo que apenas se dejaba sentir durante el poco tiempo que pasaba en el lugar. Un día después del asesinato, María Magdalena Isea, madre de Mendoza, acudió al apartamento -que está a su nombre- con un herrero y cambió la cerradura de la puerta.

Mendoza Isea era propietario de varios apartamentos en el condominio Epic Residences, en Miami, ubicado sobre la vía US1 o Biscayne Boulevard. Dos de estas viviendas -valoradas entre 400 mil y 3 millones de dólares- están registradas a nombre de las empresas Aiko 3809, LLC y Aiko 3810, LLC, abiertas por el empresario en Miami.

Además, Fabrizio Mendoza figura como presidente de la empresa Inversiones Hollister S.A., registrada en Panamá en 2007, junto a Erick Eduardo Montaño Suárez, quien aparece como director. La empresa está vigente de acuerdo con el Registro Público de Panamá.

Montaño Suárez también aparece como socio de Salvador Lairet en la empresa Dekomundo Corp, creada en Florida en 2011. Esta organización está inactiva según el registro público de Florida.

En Venezuela, Mendoza era socio de la empresa de arquitectura Akua Proyectos, C.A., propiedad de Reinaldo Herrera, arquitecto de 34 años, casado y con dos hijos, que se dedicaba a la remodelación de lujosos inmuebles.

 

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Foto RR SS

‘El latin lover venezolano’

Salvador Antonio Lairet Sotillo es un joven empresario venezolano, graduado de economista en la Universidad Metropolitana -una casa de estudios privada, a las afueras de Caracas- y dedicado a múltiples actividades, según lo que reportan algunos blogs, publirreportajes e informaciones que él mismo ha difundido. Es productor de televisión, asesor de inversionistas, asesor inmobiliario e importador, entre otras cosas, pero su principal ocupación –a juzgar por sus publicaciones en redes sociales- es disfrutar de la vida de ricos y famosos. En sentido literal.

Abundan las fotografías de Lairet en las noches de Miami, además de breves reseñas sociales que reproduce en su blog. En esas imágenes festivas aparece junto a famosos como la socialité Paris Hilton, el dj David Guetta, la estrella del baloncesto profesional,  Kobe Bryant, el campeón mundial de boxeo, Floyd Mayweather, y el rapero Puff Daddy, entre otros.

“Cuando eres multimillonario o eres una super celebridad o eres el mejor Dj de electrónica del mundo y estás en Miami, no solo necesitas un buen anfitrión, necesitas al mejor, y si este es amigo tuyo mejor aún. Porque para saber lo que un famoso quiere se debe estar al mismo nivel y saber de sus gustos y ser tan excéntrico como ellos y Salvador Lairet sabe de eso, no por nada es uno de los latinos más cotizado de las noches de Miami, si llegas a tener la oportunidad de entrar a un club como Mynt… si tienes suerte podrías ver a Salvador Lairet compartiendo mesa con David Guetta o Quintino, o tal vez con Kobe Bryant o Floyd Mayweather, o tal vez si escuchas a Dj Irie con el cual mantiene una estrecha amistad, la verdad que siempre lo verás acompañado de alguna celebridad, y es que Salvador Lairet no solo es un amigo, también es una celebridad, no por nada es considerado uno de los solteros latinos más codiciado de Miami”, dice un post publicado en su propio blog el 22 de enero de 2015.

Por su desempeño en este ámbito, es conocido en el sur de Florida como “el latin lover venezolano”, “el latin Host de Miami” y “el rey de la noche”, o al menos así lo aseguran las publicaciones de su sitio personal. En 2015 incursionó en el mundo de los bienes raíces y también se dedica a la producción de televisión.

El empresario venezolano Salvador Lairet lleva cinco años desempeñándose como productor de televisión en los Estados Unidos y actualmente asume el reto de ser el productor ejecutivo del famoso programa Latin Angels. La serie de TV permite disfrutar de los más impresionantes paisajes y a su vez recrear la vista con sus hermosas presentadoras y ahora le dará la vuelta al mundo”, explica una nota publicada en su blog.  

A nombre de Lairet aparecen registradas siete empresas en el estado de Florida, la mayoría creadas entre 2014 y 2016: Kramer Accessories CA, INC; Xtreme Mats, LLC; Coaster Boat, LLC; Kreamer América, INC; Kramer Accessories Corporation (inactiva); Dekomundo Corp (inactiva) y Venture Projects Holdings LLC. Además tendría varias propiedades inmobiliarias, algunas a nombre de su madre y un yate Sunseeker Predator 80 comprado en Antigua y Barbuda, según se verifica en Import Genius, web que registra las importaciones desde y hacia Estados Unidos.

 

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Foto RRSS
Negocio entre amigos no es un juego de niños

Unos días antes de ser asesinado, Mendoza Isea había estado en Miami, donde se reunió con algunos amigos con los que solía salir a divertirse en locales nocturnos. Pero en esa visita a Miami, que sería la última, el empresario evitó las salidas nocturnas. ¿Su razón? No quería cruzarse con su viejo socio, Salvador Lairet.

La relación entre ambos era muy tensa. Se habían distanciado a raíz de la disputa legal por la propiedad de unos inmuebles en Florida. “Mendoza le había ganado a Lairet las demandas por esos apartamentos, pero Lairet insistía”, refirió una persona cercana a la víctima que coincidió con él en Florida.

Lairet y Mendoza fueron muy buenos amigos, compartían los mismos grupos de conocidos de colegios del este de Caracas y habían sido socios en varias empresas registradas en Venezuela y el exterior. Las locales recibieron del Gobierno más de 13 millones de dólares preferenciales solo en 2012.

En mayo de 2016, el diputado opositor a la Asamblea Nacional, Robert Alcalá, denunció ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional a una serie de jóvenes empresarios involucrados en presuntos hechos de corrupción por más de 800 millones de dólares, a través de la asignación de divisas por parte de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), el organismo creado en 2003 por Hugo Chávez para regular el estricto y enrevesado sistema de control de cambios.

Una de las empresas denunciadas por Alcalá fue Gerkat Corporation “creada y registrada en Perú por Salvador Lairet, Fabrizio Mendoza y Álvaro Pulido, sobrino de Piedad Córdoba, para la importación de químicos. En marzo de 2012 esta empresa solicitó a Cadivi 445 mil dólares para la compra de una molinera de café, cuando su precio real era de 135 mil dólares, lo que significa un sobreprecio de 310 mil dólares. Lo más grave es que la misma solicitud fue introducida diez veces. Los dólares otorgados a 4.30 eran revendidos por los propietarios de Gerkat Corporation, que la utilizaban como fachada para sus actividades ilícitas”, reseñó el portal Cuentas Claras sobre los documentos presentados por el parlamentario.

También según el mismo website, el diputado mencionó entre los relacionados con Mendoza Isea a Alex Saab, “representante de la empresa colombiana Fondo Global de Construcción, la cual obtuvo en el pasado contratos del gobierno de Hugo Chávez”.

Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab son una dupla de empresarios procedentes de la costa atlántica colombiana. En efecto son directivos del Fondo Global de Construcción, empresa muy ligada al gobernador del estado de Vargas, Jorge García Carneiro, y señalada por la fiscalía de Ecuador como parte de un esquema fraudulento para obtener dólares preferenciales en Venezuela mediante el fingimiento de exportaciones desde aquel país. También son importantes proveedores de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), la fórmula patentada por el Gobierno de Nicolás Maduro para controlar la distribución de alimentos y productos de primera necesidad en zonas populares. En Caracas, la representación de su emporio comercial ocupa todo un piso del Centro Lido, en la avenida Francisco de Miranda. Se sabe que Pulido Vargas, de quien no se ha comprobado parentesco con la ex congresista y precandidata presidencial, Piedad Córdoba, porta un nombre falso; y que Saab, quien sí reconoce una relación de amistad con la política, ha sido investigado por las autoridades estadounidenses.

En la lista del diputado Alcalá también figuran otras cuatro empresas que atribuye al grupo de jóvenes emprendedores: Mexbin S.A. (Ecuador), Chenys Exportaciones EIRL (Perú), La Corporación 1 TO 1 S.R.L (Perú) y Radio Comunicaciones Telocaliza1 C.A., que llegó a realizar transacciones por 4,6 millones de dólares por la supuesta importación de sulfato de sodio a una empresa constituida en Ecuador y relacionada con Mendoza, Lairet, Pulido y Alejandro Berrizbeitia. El mismo grupo efectuó operaciones similares con la empresa Gones Indonesia C.A, que recibió más de 8,8 millones de dólares de Cadivi.

El negocio consistía en la creación de empresas fachada en distintas regiones de Venezuela (Aragua, Amazonas, Lara, entre otros estados), que solicitaban dólares preferenciales para la importación de químicos a empresas también constituidas o relacionadas con el mismo grupo de empresarios en Ecuador y Perú, principalmente. En la mayoría de los casos los productos para los que solicitaban las divisas no tenían relación con la razón social de las empresas. Los dólares que recibían a 4.30 bolívares -la tasa oficial de cambio más barata en el sistema- eran negociados en el mercado negro a más de 20 bolívares o simplemente iban directo a las cuentas particulares de los solicitantes.

“De acuerdo con las denuncias, Lairet está ´directa o indirectamente relacionado a 11 compañías –seis nacionales (en Amazonas, Aragua, Lara, Monagas y Distrito Capital) y cinco extranjeras (tres en Perú y dos en Ecuador)– involucradas en solicitudes de aproximadamente $13,9 millones para importar químicos. Entre ellos, sulfato de sodio, dióxido de titanio, alcohol cetoestearílico y benzoato de sodio, un aditivo alimentario; productos no asociados a la razón social de cada compañía”, precisaba por su parte un trabajo del portal  El Pitazo.

El parlamentario Robert Alcalá se refirió también a la vida de lujos y ostentación que lleva este grupo de jóvenes inversionistas en el exterior. “Estos señores no tienen cómo justificar la fortuna, los miles de millones de dólares que tienen, la cantidad de plata que gastan en el mundo y la vida que se dan”, afirmó, con una mención especial para Lairet.

Los cárteles de Cadivi

Una disputa por el control de negocios basados en la obtención de dólares preferenciales sería el móvil del crimen por encargo. “Esto no es una venganza. Es una guerra de carteles. La persona que tenía los contactos y consiguió los negocios fue desplazada por sus socios, que dejaron de reportarle y darle parte de las ganancias. Y ahora decidió retomar lo que consideraba que era suyo”, explicó un experto que viene haciendo seguimiento del caso.

Esta lucha de cárteles, nacidos y alimentados con dólares preferenciales, no es nueva; ya ha cobrado la vida de varios venezolanos en países donde se han instalado los operadores de estas mafias. Por un conflicto similar, en 2013 fue asesinado Sergio Andrés Schael Medina, de 33 años. Viajó de Florida a Panamá a cobrar una deuda de 40.000 dólares, tras una transacción cambiaria a través de Cadivi, y apareció muerto luego de reunirse con dos empresarios venezolanos.

Allegados a este grupo de jóvenes empresarios aseguran que el caso de Mendoza guardaría relación con las muertes en extrañas circunstancias de dos venezolanos en Miami, vinculados a organizaciones de este tipo.

Una de las personas asesinadas en Florida habría sido el encargado de supervisar el correcto funcionamiento de los negocios de la organización en Venezuela, reveló uno de los detenidos. Este hombre -cuyos datos no han sido precisados- un día decidió mudarse a Miami y abrir su propia empresa buscando una mejor calidad de vida, cansado de lidiar con la escasez de alimentos, la falta de medicinas y la inseguridad. Dejó a sus otros socios y amigos a cargo de la actividad local.

Haber tomado esta decisión sin solicitar antes la aprobación de la persona que lideraba las operaciones desde Estados Unidos le habría costado la vida. Fue señalado como el responsable del “desvío” de la administración del negocio y el desplazamiento del liderazgo del cartel.

Según informaciones publicadas en medios de comunicación de Miami, en el último año dos venezolanos han muerto en extrañas circunstancias en el estado de Florida. El 28 de junio de 2016, el arquitecto, modelo y actor Jorge Lenín Navas, de 26 años, conocido como Jorge Ilich, murió al caer desde el piso siete de la torre residencial donde vivía en Miami Beach. Aunque el caso ha sido manejado como un suicidio, sus familiares y amigos aseguran que su muerte debe ser investigada.

El 22 de febrero de 2017 fue localizado el cadáver del empresario venezolano Juan Alberto Miraldo, de 48 años de edad, en el interior de su vehículo en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Miami. Aunque no presentaba traumatismos visibles, la policía inició la investigación por homicidio. Miraldo era presidente de la empresa Mirakar Car Rental y vicepresidente de 1 Rent Car, ambas con sede en la ciudad de Doral, un suburbio predominantemente venezolano al oeste del condado de Miami-Dade.  

Familiares de Juan Alberto Miraldo escribieron a Runrun.es para precisar que el asesinato de este venezolano en Miami, no tendría nada que ver con la mafias que recibieron millones de dólares de preferenciales, y que la víctima no estaba relacionada con negocios de Cadivi.

Los investigadores de la División Antiextorsión y Secuestros del CICPC tienen conocimiento de estos casos, pero aún no disponen de elementos probatorios que los vinculen con el sicariato de Mendoza y Herrera. Continúan juntando las piezas y están tras la pista de los dos autores materiales del crimen, así como de a quien consideran el autor intelectual, Salvador Lairet, para quien se espera que pronto se emita una orden judicial de captura desde Venezuela y la difusión consiguiente de una alerta global por Interpol.

*Este trabajo fue actualizado el martes 4 de julio, luego de que familiares de Juan Alberto Miraldo escribieran a Runrun.es.

Sobrino de Carolina Herrera y su socio fueron víctimas de un sicariato

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El objetivo de los presuntos homicidas era el empresario Fabrizio Mendoza Isea, pero durante su acción también fue asesinado su socio, el arquitecto Reinaldo Herrera. No hubo un secuestro, como se dijo luego de ocurrido el crimen

 

Ronna Rísquez

 

Funcionarios de la División contra Extorsión y Secuestros del Cicpc lograron esclarecer el homicidio del sobrino de la diseñadora Carolina Herrera, Reinaldo Herrera y su socio Fabrizio Mendoza Isea, y detuvieron a tres de los asesinos.

Los investigadores determinaron que el móvil del hecho fue el sicariato y no el secuestro, como se dijo en principio. Los dos hombres fueron víctimas de un crimen por encargo, que tenía como objetivo a Mendoza, quien era socio del sobrino de la diseñadora en una empresa de arquitectura.

Reinaldo Herrera fue una víctima circunstancial, nunca fue el objetivo, según se pudo conocer.

En el crimen habrían participado cinco personas, y tres fueron detenidas por el Cicpc a principios de esta semana. Estos fueron presentados el miércoles ante el tribunal 5to de control. Se trata de Edwin Jesús Montilla Verdi, a quien se le dictó medida privativa de libertad por los delitos de secuestro, robo de vehículo, asociación para delinquir y sicariato; Suhe González Alvarez y Franco José Tessarolo Salcedo, a quienes se les dictó medida privativa de libertad por los delitos de asociación para delinquir y sicariato.  

Herrera y Mendoza fueron sometidos en la urbanización Las Esmeraldas el pasado 11 de mayo y en la madrugada del 12 mayo sus cuerpos fueron localizados en el sector El Topo, adyacente a la carretera vieja Caracas-La Guaira. Las pesquisas continúan para identificar al autor intelectual y detener a los otros dos implicados.

 

 

Tribunal revocó beneficio de Régimen de Confianza a Wilmito y el pran volvió a Tocorón

WILMER JOSÉ BRIZUELA VERA, pran de la cárcel de Vista Hermosa, sí estuvo en la isla de Margarita en febrero de este año, y sí recibió un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada otorgado por la  ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela.

Runrun.es tuvo acceso a la boleta de notificación emitida por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Ejecución del estado Carabobo, en la cual se revoca el beneficio de Régimen de Confianza Tutelada que había otorgado la ministra de Servicio Penitenciario al pran conocido como “Wilmito”, el pasado 18 de diciembre de 2016. Luego de esta medida el delincuente tuvo que volver al Centro Penitenciario de Aragua.

Un documento del Circuito Judicial Penal de Carabobo dice, entre otras cosas, lo siguiente: “…Acuerda revocatoria de Régimen de Confianza Tutelado. Ordena librar orden de captura, en la causa que se le sigue a Wilmer José Brizuela Vera… por la comisión del delito de secuestro en grado de coautoría, porte ilícito de arma de fuego, quebrantamiento de condena, lesiones personales intencionales graves, cómplice no necesario en robo agravado de vehículo automotor, sicariato y asociación para delinquir”.

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La decisión del juzgado fue emitida con fecha del 21 de febrero de 2017, cuatro días después de que Brizuela Vera -quien cumplía condena por secuestro y homicidio en Tocorón- fuera herido de bala cuando estaba una playa de la Isla de Margarita, donde pasaba vacaciones con su familia, el 17 de febrero de 2017. Además de anular el beneficio, el tribunal también ordenó la captura de “Wilmito”, pues a efectos legales el pran se había fugado debido a que se encontraba en el estado Nueva Esparta, a 580 kilómetros del centro de régimen especial Simón Bolívar de El Paraíso, en Caracas, donde debía permanecer según lo establecido en el beneficio de Régimen de Confianza.

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Aunque, en su momento, no hubo ningún pronunciamiento oficial que confirmara o negara el incidente que involucró a un preso que estaba en una playa en lugar de estar tras las rejas, fuentes del Ministerio de Servicio Penitenciario “filtraron” unas fotografías para desmentir lo publicado por los medios sobre el atentado a “Wilmito” en playa Parguito en Margarita. En las gráfica se veía a Brizuela compartiendo con la orquesta penitenciaria supuestamente, mientras un compañero mostraba un ejemplar del diario Últimas Noticias con la fecha el sábado de 18 de febrero, día en que se conoció la noticia de que “Wilmito” había sido herido.

Luego de aquel suceso playero, se supo que Brizuela debía estar preso y cumpliendo con una sentencia de más de 14 años de prisión, por complicidad en el asesinato de María Gabriela Casado, hermana de la jueza Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial Penal de Bolívar, a quien el pran habría mandado a matar. Además se conoció que “Wilmito” también espera un juicio por su presunta responsabilidad en los homicidios de dos efectivos de la GNB: Lewis Antonio Ruda y Miguel Ibarra Sánchez. Por estás razones, y otras condiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, era ilegal considerar el Régimen de Confianza Tutelada en su caso.

De acuerdo con una fuente extraoficial vinculada al poder judicial, la orden de los tribunales de Carabobo fue acordada el 21 de febrero de 2017 y publicada un día después. Se libró luego de que los medios de comunicación publicaran que “Wilmito” había sido herido en un atentado en playa Parguito, en Margarita.

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Jueza Casado: “Quiero que la ministra Varela me explique por qué mi hermana está muerta y Wilmito en la playa”
Jueces, ministros, un  gobernador y un ex director del Sebin formarían parte de la red de conexiones de “Wilmito” con el chavismo. Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial del estado Bolívar, a quien el pran mandó a matar en 2010, habla desde el exilio
“Ese hombre destruyó mi vida, destruyó a mi familia y acabó con mi carrera”, dijo luego de conocer que el pran que planificó el sicariato en el cual fue asesinada por error su hermana María Gabriela Casado, se encuentra en libertad, con un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada

 

@ronnarisquez

“ÉL NO ES UN DELINCUENTE CUALQUIERA, él es un asesino nato y sanguinario”, fue lo primero que dijo sobre “Wilmito”, la jueza Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial del Estado Bolívar, al responder el teléfono desde cualquier país del mundo. Ella lo sabe bien, lo conoció, lo vio convertirse en pran de la cárcel de Vista Hermosa, fue testigo de cómo arrodilló al sistema de judicial, junto a su familia vivió en carne propia el impacto de las balas del Wilmer José Brizuela Vera, y lo sigue padeciendo siete años después cada semana, cuando acude a terapia con un sicólogo.

En 2010 tuvo que dejar el país después del asesinato de su hermana, María Gabriela Casado, para huir del alcance de Brizuela Vera, su verdugo, y proteger a sus hijos. No tenía opciones, su condición de máxima autoridad del Poder Judicial en Bolívar no le proporcionaba ninguna seguridad. Así lo entendió unos días después del homicidio, cuando un amigo criminólogo la llevó a Caracas a hablar con el comisario Wilmer Flores Trosel, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en ese entonces.

“Doctora le recomiendo que se vaya del país. Yo… el Estado no le puede garantizar su seguridad”, le confesó Flores Trosel en una mezcla de preocupación y honestidad. El jefe policial le confió, además, que meses antes había recibido en su despacho de la avenida Urdaneta a “Wilmito” -para ese momento prófugo de la justicia-. Llegó en compañía de la dirigente chavista y líder de los círculos bolivarianos, Lina Ron.

Para ese momento, junio de 2010, Hugo Chávez era el Presidente de la República, y Tareck El Aissami era el ministro de Relaciones Interiores y Justicia. Ambos se comunicaron telefónicamente con Casado y le ofrecieron la posibilidad de refugiarse en una embajada con un cargo administrativo. Tampoco ellos se arriesgaron a comprometer al Estado garantizando la seguridad de una jueza.

Un pran con línea directa con la gobernación de Bolívar

Mariela Casado conoció a “Wilmito” en 2006 cuando ella era jueza de la corte de apelaciones y él cumplía condena por el secuestro de un empresario de Ciudad Bolívar. “Estaba preso desde 2005 y ya había sido condenado antes por porte ilícito de armas. La condena por el plagio se dio en 2006 y yo fui la juez ponente que ratificó la sentencia de 10 años, eso quiere decir que le correspondía salir en 2015 por ese caso”, explicó.

“Desde 2006 se hizo pran. No se conocía esa figura en Venezuela. Antes de eso el Estado tenía control en los penales. Fui juez de primera instancia y visité centros de reclusión, como Tocuyito. Y se podía entrar y hacer requisas. A finales de ese año “Wilmito” dijo en una reunión ante autoridades de seguridad de la región: ‘no voy a entregar las armas porque las armas son las que me dan a mi el poder’”, relató la ex jueza.

Recordó que hasta ese momento el líder de Vista Hermosa era Oswaldo Martínez Ojeda, el jefe de la primera megabanda que hubo en el país, dedicada al robo de blindados en todo el territorio nacional y a quien se le imputa el asesinato de más de una docena de funcionarios de cuerpos de seguridad. “Él era la autoridad ahí, un hombre también sanguinario que infundía terror. Pero a este no le gustaba la visibilidad, como sí le gustaba a Brizuela”, comentó Casado.

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A Martínez Ojeda lo trasladan a Carabobo y así comenzó el pranato de “Wilmito”. La ex jueza recuerda que: “Desde ese momento no se pudo entrar más al penal de Vista Hermosa. Se convirtió en un búnker. Los alguaciles no podían entregar boletas de excarcelación o traslado. Ya habían sacado al personal penitenciario de las instalaciones. Los funcionarios de prisiones tenían que despachar desde un toldo que colocaron afuera de la cárcel”.

–Estaban en la calle, trabajando en la calle, todo el mundo los veía, todo el mundo lo sabía ¿y nadie, ninguna autoridad hacía nada?

–No, nada. Hay oficios del comandante de la GNB del destacamento de la cárcel donde decía que no sabía qué hacer con el Wilmito, que salía y entraba y que con el cuento de los juegos deportivos salía y se quedaba. Iba al bingo Calipso, donde -por cierto- escondieron los carros que usaron para matar a mi hermana.

Mariela Casado recuerda que en su condición de presidenta del Circuito Judicial enviaba al TSJ, al MRIJ y al destacamento de la GNB informes sobre las fiestas que programaba el pran en Vista Hermos y nadie respondía.  

Según el relato de quien fue la máxima autoridad del Poder Judicial en Bolívar, luego ocurrieron una serie de hechos irregulares. “Se hacían reuniones en el comando de la Guardia Nacional y ya se comenzaban a manejar los intereses del pran”.

–¿Puede explicarse mejor, cómo se manejaban los intereses de Brizuela?

–En las reuniones sobre las políticas de seguridad de la región se hablaba de las exigencias de “Wilmito”. Incluso había una persona que era un enlace entre la gobernación y la cárcel, que solo se entrevistaba con “Wilmito”. La relación, supongo, empieza por tener a un tipo que mantuviera el control y evitara las huelgas en la cárcel. La GN temía tomar alguna decisión que molestara al pran.

¿Enlace de la gobernación? ¿Quién era el gobernador?

–Rangel Gómez (Francisco). Siempre ha sido Rangel Gómez. Pero incluso, ya después el pran no le permitió entrar más a la cárcel al representante de la gobernación.  

A estas demostraciones de poder le siguieron las fiestas en el penal, la presencia de grupos musicales y la apertura de un restaurante. “Desde cosas insignificantes como esas hasta permitir o no el ingreso, salida y traslados de reclusos. Pero uno de los hechos más escandalosos fue la fuga de los asesinos de Carolina Di Lucca. Todo el mundo en Bolívar sabe que se fueron por la puerta caminando”, aseguró Casado.

Carolina Di Lucca era hija del coronel Roberto Di Lucca, jefe de Estado Mayor del Teatro de Operaciones N5, de Bolívar, y fue asesinada en mayo de 2006 en venganza porque su padre decomisó 2.700 kilos de cocaína a un grupo delictivo integrado por miembros del ELN y el hampa común. Chávez lamentó el asesinato en una cadena, casi todos los responsables fueron detenidos, pero poco después lograron fugarse de cárceles de Bolívar. Al militar lo sacaron del país y lo enviaron a la embajada de Guyana.

“No te puedo hablar de justicia porque es una palabra que se perdió, con esa fuga se perdió. El director del internado decía que no podía ir en contra de las políticas de Brizuela. Al Estado nunca le ha interesado lo que tiene que ver con los centros penitenciarios”, dijo la ex jueza.

Jefe del Sebin, jueces y alguaciles en el círculo de “Wilmito”

María Gabriela Casado, profesora de la Universidad de Oriente, de 37 años de edad, fue asesinada el 17 de junio de 2010 por varios sicarios que le efectuaron tres disparos. “La muerte de mi hermana fue la destrucción de su vida y de todos nosotros. Yo llevo un puñal en mi espalda, porque nunca se me va a quitar de encima saber que ese era mi lugar y no el de ella”, dice la ex jueza.

Por el sicariato de Casado fueron imputadas 11 personas, entre ellas Roisy Wilmary Brizuela Macuare, hermana de “Wilmito” y Reinaldo José Figarella Zambrano. “Ella, la hermana de Wilmito, tenía una relación sentimental con Juan Carlos Figarella Díaz, diputado a la Asamblea Legislativa del estado Bolívar por el PSUV, que los protegía”, explicó Mariela Casado.

El diputado Figarella Díaz, quien también fue alcalde del municipio Sucre del estado Bolívar, fue asesinado en abril de 2012, en un supuesto intento de robo.

Otro de los imputados por su participación en el crimen fue Rafael Ventura Pérez Ytao, quien se desempeñaba como alguacil del circuito judicial penal de Bolívar. En la investigación se estableció que entre el 19 de junio (dos días después del homicidio) y el 25 de julio hubo 19 llamadas entre los teléfonos de Pérez Ytao y “Wilmito”, la mayoría coincidía con las fechas de las audiencias de los imputados por el homicidio.

El rastreo de llamadas fue también lo que permitió a los investigadores del Cicpc establecer la autoría intelectual de Wilmer Brizuela en el sicariato (delito establecido en la Ley contra la Delincuencia Organizada). Para ese momento el pran se encontraba recluido en la mínima de Tocuyito, en Carabobo, pues en 2009 se vio involucrado en una presunta fuga.

En la revisión de los números telefónicos de los que disponía el pran para la fecha, no solo se encontró el cruce de llamadas con los responsables del sicariato. “También había una llamada del comisario (Luis Enrique) Hernández Sanguino, director del Sebin en Bolívar”.

–¿El director del Sebin llamaba al pran por teléfono?

–Sí, lo llamó el mismo día del asesinato de mi hermana. Primero me llamó a mí para darme el pésame, porque yo no estaba en Ciudad Bolívar ese día, y después se comunicó con Brizuela. Yo supongo que para confirmarle que se habían equivocado y que yo estaba viva. La fiscalía determinó este recorrido telefónico.

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–¿Y qué pasó después, se comprobó si había relación entre el comisario Hernández Sanguino y el pran?

–Eso se quedó así. Al comisario lo mataron un tiempo después.

El comisario Luis Enrique Hernández Sanguino fue asesinado en diciembre de 2013. Su cuerpo fue localizado con varios impactos de bala en un sector de Parque Caiza, luego de permanecer desaparecido durante 16 días. Las autoridades nunca informaron de su desaparición. El funcionario había dejado el Sebin y se desempeñaba como jefe de Seguridad del Banco de Venezuela.

–Además del comisario, y el alguacil ¿consiguieron alguna otra vinculación telefónica entre “Wilmito” y funcionarios del Estado?

–Hay un juez que sigue activo en Bolívar. El día anterior al asesinato de mi hermana y el mismo día del crimen uno de los imputados por el homicidio se comunicó con él.

Mariela Casado también describió como sospechoso que dos días antes del asesinato (el 15 de junio de 2010) un juez de ejecución otorgó la libertad al autor material del sicariato, Luis Ramón Acosta Vriggs. “Además por el homicidio nunca fue imputado un hombre apodado “El Ciego”, que estuvo entre los atacantes de mi hermana y controla la minería en El Callao y Tumeremo”, agregó.

“Allí vine a darme cuenta de que la corrupción no se entiende como un acto que conlleva sangre. Creen que es solo recibir dinero. Yo decía cada quien con su conciencia. Y pensaba: ‘a mí no me iba a pasar nada, porque yo estoy dando ejemplo’. Conmigo no hay corrupción, pero no, resulta que casi todos mis compañeros estaban involucrados en corrupción y yo era un estorbo”.

Lo vieron en Ciudad Bolívar en los días de los saqueos

En enero de 2014, Brizuela fue condenado finalmente a 14 años y 10 meses de prisión por los delitos de cómplice no necesario en robo agravado de vehículo automotor, sicariato y asociación para delinquir. Todos referidos al asesinato de Mariela Casado, ocurrido en 2010.

Aunque le asignaron como sitio de reclusión la cárcel de Vista Hermosa, el pran permaneció en Tocuyito, estado Carabobo.

En diciembre de 2015, “Wilmito” acudió a un torneo de rugby en el marco del proyecto Alcatraz de la Hacienda Santa Teresa, como parte de la delegación que representaba al Internado Judicial de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón. Aunque no jugó, era el líder del equipo.

–¿Cómo se enteró de que Brizuela estaba en libertad?

–Algunos familiares y amigos me llamaron en los días de los saqueos en Ciudad Bolívar (entre el 16 y el 18 de diciembre de 2016) y me dijeron: “lo soltaron y está aquí”. Incluso pensé que se lo habían llevado para allá para ayudarlos a controlar los saqueos.

Un abogado amigo de Casado pudo verificar que la juez de ejecución del estado Carabobo no había otorgado ningún beneficio a “Wilmito”, ni tenía conocimiento de que estuviera en libertad.

Sin embargo, un documento que circuló en las redes sociales, con el título de acta de traslado, confirma que el domingo 18 de diciembre de 2016, Wilmer Brizuela recibió un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada, que otorga la ministro de Servicio Penitenciario. Esta medida de libertad condicional autorizaba su traslado al centro de régimen especial Simón Bolívar, ubicado en Caracas. Pero considerando el poder del pran, no es descabellado que su destino hubiera sido su tierra natal: el estado Bolívar.

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No obstante, Brizuela no tenía la opción de optar a un Régimen de Confianza Tutelado por su condición de reincidente en prisión y por estar sentenciado por un delito (homicidio) con excepciones para el otorgamiento de beneficios. En su caso se violaron los artículos 162, 482 y 488 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp)

Además el pran podría haber desacatado la condición de permanecer en centro de reclusión especial en El Paraíso, Caracas, pues además de ser visto en Ciudad Bolívar –a 589 kilómetros de la capital de Venezuela– también habría sido víctima de un incidente ocurrido en Playa Parguito, en la isla de Margarita.

Funcionarios de Protección Civil informaron que un hombre identificado como Wilmer José Brizuela Vera fue herido durante un atentado, junto a tres miembros de su familia el sábado 18 de febrero de 2017 en Margarita. Cuatro días después funcionarios del ministerio de Servicio Penitenciario desmintieron el hecho filtrando información extraoficial a algunos periodistas.

–¿Qué sintió usted cuando confirmó que la ministra Iris Varela le había otorgado un beneficio a Brizuela y éste se encontraba en las playas de Margarita?

–Lo que quiero es que la ministra, el Estado, nos expliquen a mi familia y a mí por qué mi hermana está muerta y “Wilmito” está en la playa vacacionando. Mi hermana era una persona valiosa, una docente talentosa, sobreviviente de cáncer, que amaba la vida.

La ex jueza recuerda que sus dos hijos presenciaron el asesinato de su tía y hasta hoy arrastran secuelas sicológicas de esa experiencia. “Ese hombre destruyó mi vida, destruyó a mi familia y acabó con mi carrera. Yo era una juez y hoy no soy nadie. Además me obligaron a irme de mi tierra porque no hay quien nos garantice la vida a mí y a mis hijos”.

A pesar de lo ocurrido, Mariela Casado dice que no quiere ser tratada como una víctima. “No me gusta el término víctima. Lo que se conoce como víctima en el derecho, en Venezuela es nada. Porque si “Wilmito” anda en la calle y a “El Ciego” no lo han aprehendido, entonces nosotros, y mi hermana, no tenemos derechos”, aseguró la ex jueza de 57 años.

–¿Cuál es la razón por la que Brizuela la manda a matar?

–Después de la fuga, en 2009, “Wilmito” se entrega en Caracas y allí un tribunal de control le asigna como sitio de reclusión la cárcel de Tocuyito, pero no se pronuncia sobre la fuga. Pero su causa seguía en Bolívar. En abril de 2010 a él lo trasladan a Ciudad Bolívar para la audiencia y el juez le dicta una medida privativa por la fuga y mantiene como sitio de reclusión Tocuyito, en Carabobo. Eso lo enfureció, porque él quería volver a Vista Hermosa. Al salir de la audiencia comenzó a gritar: “Maldita la Casado, me las va a pagar, y también amenazó al juez. En junio ocurrió el atentado donde muere mi hermana.

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La ex presidenta del Circuito Judicial recuerda que hubo protestas y huelgas en su contra, además de disparos contra la sede del Palacio de Justicia en esa ocasión. Ya en 2006, Casado le había negado un beneficio procesal a Brizuela.

“Aunque yo había decidido inhibirme en las decisiones que tuvieran que ver con Brizuela, en todas las reuniones de seguridad de la región yo insistía en que era inaceptable que un preso de 25 años tuviera arrodillado a un estado. Ponía calcomanías a los carros para el cobro de vacuna, salía y entraba. Estoy segura que de allí salía la información para él”, explicó Casado.

–¿Usted tiene idea de quién protegía a Brizuela dentro del Gobierno?

–El Ministerio de Relaciones Interiores y la Gobernación de Bolívar. Fíjate que cuando se fugan los implicados en el caso Di Lucca, el ministro Pedro Carreño y el viceministro Tareck El Aissami entraron solos al internado a hablar con “Wilmito”. “Wilmito”, así como Yonny Bolívar (asesino de Adriana Urquiola), a quien conocí cuando estaba en El Dorado, tenían acceso directo a los ministros.

“Nunca perdonaré a los corruptos. A los jueces que se venden por un viaje. No entienden que son tan asesinos como ¨Wilmito¨. Mi hermana era la mitad de mi vida, a mi me quitaron la mitad de mi vida”, dijo entre lágrimas, la ex jueza que aceptó por un tiempo la oferta de Hugo Chávez, y se incorporó al personal de una embajada en Centroamérica en comisión de servicio hasta 2015.