Ronna Rísquez, autor en Runrun

Ronna Risquez

El sicariato que se encargó en Miami y se pagó con dólares preferenciales

mendeza herrera

El asesinato en Caracas de dos jóvenes empresarios en mayo reciente trascendió las secciones de crónica policial y consiguió eco internacional porque una de las víctimas era familiar de una ‘celebrity’, Carolina Herrera, la diseñadora venezolana de mayor proyección global. Pero la trama del caso, también internacional, terminó por poner de relieve los violentos entretelones de la disputa por el control del furtivo negocio cambiario que opera entre Florida y Venezuela
Fabrizio Mendoza y Reinaldo Herrera –que nada tenía que ver con la disputa– habrían sido víctimas de una guerra entre cárteles de Cadivi, según reveló al Cicpc uno de los detenidos por el crimen

 

EL 11 DE MAYO A LAS CINCO DE LA TARDE, casi al mismo tiempo en que las familias de Fabrizio Alberto Mendoza Isea y Reinaldo José Herrera Sánchez informaban a la policía del aparente secuestro de los empresarios ocurrido en La Boyera -un suburbio de clase acomodada en el municipio El Hatillo, sobre las colinas del sureste de Caracas-, en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) recibían el reporte del hallazgo de dos cadáveres en el sector El Topo, en la vieja carretera que comunica la capital venezolana con La Guaira, el puerto que la sirve. Eran los cuerpos de dos personas de sexo masculino, maniatados dentro de una camioneta Toyota Hilux blindada. Ambos presentaban disparos en la cabeza.  

Al apenas recibir la denuncia del supuesto plagio y conocer, casi en simultáneo, el reporte del doble homicidio, los funcionarios de la División Antiextorsión y Secuestros del CICPC comprendieron que, en realidad, no estaban frente a una investigación por secuestro. Comenzaron a trabajar otras hipótesis y en un mes lograron esclarecer lo que fue un crimen por encargo.

El asesinato de ambos hombres, socios en una empresa de arquitectura, tuvo amplios ecos en la prensa nacional e internacional. Una de las víctimas del secuestro-asesinato, Reinaldo Herrera, era familia de la famosa diseñadora de modas venezolana, Carolina Herrera. Pero, a pesar de que el renombre correspondía a Herrera, desde el primer momento a los investigadores se les hizo claro que el verdadero objetivo del ataque era Fabrizio Mendoza.

Un reporte anónimo que circuló por Twitter el mismo día del crimen ya alertaba a los investigadores sobre su supuesta vinculación con el empresario venezolano radicado en Miami, Salvador Lairet, ex socio y amigo de Mendoza. El mismo rumor también corrió de inmediato entre los conocidos de ambos empresarios.

Cadena de favores

No siempre -de hecho, casi nunca- la primera hipótesis es la más certera. Pero para corroborarla en este caso resultó clave la detención de Franco José Tessarolo Salcedo, de 34 años, quien era uno de los mejores amigos de Mendoza Isea, muy cercano a su familia, y también a la de Reinaldo Herrera. A todos les asistía en la reparación y mantenimiento de vehículos en un establecimiento que tiene en los llamados Altos Mirandinos -una serie de poblados que conforman una ciudad-dormitorio de clase media a las afueras de Caracas, en el estado de Miranda-. Por esa cercanía a nadie le pareció extraño encontrarse a Tessarolo en el funeral de Mendoza, realizado en el Cementerio del Este de La Guairita, y que hasta se le viera flanquear el féretro.

Tessarolo también era amigo de Salvador Lairet, con quien mantenía contacto permanente. Todos pertenecían al mismo círculo de jóvenes empresarios y comerciantes. Pero había un vínculo adicional que hasta entonces a muchos escapaba: Lairet, según versiones policiales, habría encomendado a Tessarolo el asesinato de Mendoza.      A la postre Franco Tessarolo habría revelado a los investigadores que Lairet lo llamó por teléfono para que se encargara de planificar el asesinato de Mendoza Isea y ofreció pagar 15.000 dólares por el trabajo. Tessarolo se activó de inmediato y se comunicó con su amigo Suhe González Álvarez, de 35 años, un comerciante informal de Los Teques, capital del estado de Miranda, a 30 minutos de Caracas y aún más cercana a los Altos. Puso a su disposición 10.000 dólares para que lo ayudara a buscar a las personas que necesitaba en el cumplimiento de la tarea criminal.

González Álvarez, a su vez, contactó a un hombre de su confianza: Edwin Jesús Montilla, de 34 años, y le indicó que necesitaba completar el grupo de la misión. Montilla contrató a dos hombres más que se encargarían de ejecutar el crimen: un delincuente que estuvo detenido por secuestro en 2015 y otro presuntamente evadido de una prisión. Los cinco hombres se tomaron un mes para planificar el asesinato.

El 11 de mayo, cuando consideraron que habían estudiado con precisión los movimientos de Mendoza Isea, pasaron a la acción. Les fue sencillo ubicarlo. Tessarolo suministró la información sobre en qué lugar encontrarlo. Poco después del mediodía los dos sicarios, junto a Edwin Jesús Montilla, interceptaron a Mendoza en el estacionamiento del Centro de Servicios Plaza La Boyera, en el municipio El Hatillo.

Mendoza, que era el objetivo, fue sometido. Pero el grupo de tareas debió improvisar. El blanco venía acompañado de Reinaldo Herrera. Sorprendidos, los delincuentes decidieron llevárselo también para no dejar testigos. Los obligaron a subir a la camioneta Hilux de Mendoza, en la que emprendieron la huída.

Uno de los delincuentes tomó el lugar del conductor, mientras el otro amenazaba a las víctimas con un arma de fuego. Detrás del vehículo se desplazaba Montilla en una motocicleta. Su tarea era casi la de un supervisor: asegurarse de que los dos sicarios cumplieran con el trabajo que les habían encargado.

Cuando bajaban de La Boyera hacia La Trinidad, ya en el municipio Baruta, con rumbo al centro y oeste de la ciudad, los delincuentes que conducían la camioneta decidieron desviarse a la vivienda de Mendoza en el conjunto residencial Escampadero, en La Tahona, una urbanización de edificios de clase media. De haber sido solo una acción distractiva, habrían tenido éxito: esa escala fue lo que hizo suponer a las familias de las víctimas que se trataba de un secuestro. Pero lo cierto es que buscaban levantar más dinero para completar sus honorarios, pues González Álvarez, el contratista del encargo, terminó repartiendo entre ellos apenas 7.000 de los 10.000 dólares prometidos, y Tessarolo se había quedado ya con 5.000 de los 15.000 dólares ofrecidos al inicio del encargo.

Al entrar al lugar superaron dos retenes de seguridad pero fueron registrados por las cámaras de la urbanización. Los rostros de Edwin Jesús Montilla y los verdugos quedaron grabados. A uno de los vigilantes le pareció sospechosa la presencia de un motorizado detrás del vehículo. Sabía que Mendoza no tenía escoltas. Se acercó al estacionamiento para verificar con el propio Mendoza que todo estuviera bien. “Él le dijo al vigilante que esas personas estaban con él y que no había problema. Luego llamó a la muchacha que limpiaba en su apartamento para que le bajara unos relojes muy costosos, algunos dólares y unos 200 euros que estaban junto a su pasaporte”, contaron testigos. El botín triplicaba en valor el monto que recibieron los tres hombres por asesinar a Mendoza y Herrera.

Al salir del lugar se dirigieron, ahora sí, directo a la carretera vieja Caracas-La Guaira, específicamente al sector El Topo, zona donde en los últimos meses han sido localizados al menos tres cadáveres de víctimas de venganzas y supuestos secuestros. Allí los sicarios mataron a los dos empresarios, cuyos cuerpos dejaron dentro del vehículo de Mendoza, y huyeron.

El 20 de junio, el comisario Einar Giuliani, director de seguridad de la alcaldía de El Hatillo, informó que Edwin Jesús Montilla, Suhe González Álvarez y Franco José Tessarolo, habían sido detenidos en Los Teques y en El Hatillo los primeros días de junio por funcionarios de la División Antiextorsión y Secuestros del CICPC. Confesaron su participación en el asesinato de Mendoza y Herrera y fueron imputados por los delitos de secuestro agravado, robo de vehículo, sicariato y asociación para delinquir, dice un boletín del Ministerio Público.

Dos de ellos fueron enviados a la cárcel de El Rodeo II -cerca de Guatire, en el estado de Miranda, al este de Caracas-, mientras que Tessarolo permanece en los calabozos de la División Antiextorsión y Secuestros del CICPC. Aún quedan por capturar a los dos autores materiales del crimen y al presunto autor intelectual, que se encuentra en Estados Unidos, apuntó Giuliani.

 

mendoza

 

El nieto de la cronista de Boconó que se hizo millonario en cinco años

Fabrizio Alberto Mendoza Isea tenía 31 años de edad, era soltero y aunque no se le conocía una pareja formal, eventualmente se le veía en compañía de mujeres hermosas. Se movía con destreza en el mundo de los negocios y viajaba constantemente a Miami, donde había adquirido varias propiedades, importaba vehículos de lujo y se dedicaba a la compra y venta de dólares.

No siempre fue así. Hace apenas cinco años intentaba abrirse un espacio en el mundo laboral y asistió a entrevistas en una importante empresa transnacional de consumo masivo. Que en esa oportunidad lo rechazaran no significó una frustración o un fracaso para Mendoza. Por el contrario: parece que sirvió de puerta de entrada a una nueva dimensión de posibilidades. Casi de inmediato, el joven comenzó a dar muestras de una llamativa prosperidad económica. “Me sorprendió cuando lo vi con carros, apartamentos y viajando a cada rato”, relató una persona que lo conoció antes de sus días de bonanza.

Mendoza provenía de una familia de académicos del estado de Trujillo, en los Andes del suroeste de Venezuela. Su abuela, Lourdes Dubuc de Isea, era la cronista oficial de Boconó, una ciudad famosa en la zona por su actividad cultural, y fue una reconocida docente de la región. Sin embargo, la familia no tenía bienes de fortuna.

En Caracas, Mendoza vivía en un apartamento que había comprado hace menos de dos años en uno de los edificios de la urbanización Escampadero, en La Tahona. Aunque la vivienda estaba a nombre de su madre, María Magdalena Isea, era el lugar que utilizaba el joven para alojarse cuando estaba en Venezuela.

En una oportunidad tuvo un conflicto con sus vecinos. Mendoza no encontró mejor solución para almacenar una flotilla de 12 camionetas Nissan de color blanco que le había llegado del exterior, que las áreas comunes del edificio. Se justificó diciendo que había tenido problemas con el traslado de los vehículos a la institución que se las había encargado y que en breve resolvería el inconveniente.

También ofrecía a sus vecinos conseguirles vehículos de lujo, de último modelo, en menos de una semana. “Yo quería comprar un carro para mi esposa, le pregunté a él y me dijo: ‘¿Dime qué carro quieres? Te consigo el que quieras para mañana’”, relató uno de los residentes de la urbanización, a quien le pareció extraño que alguien ofreciera conseguir carros de un día para otro, en un país donde hasta el acto cotidiano de comprar pan requiere de horas de espera.

Pero estos detalles no afectaron su imagen de hombre tranquilo que apenas se dejaba sentir durante el poco tiempo que pasaba en el lugar. Un día después del asesinato, María Magdalena Isea, madre de Mendoza, acudió al apartamento -que está a su nombre- con un herrero y cambió la cerradura de la puerta.

Mendoza Isea era propietario de varios apartamentos en el condominio Epic Residences, en Miami, ubicado sobre la vía US1 o Biscayne Boulevard. Dos de estas viviendas -valoradas entre 400 mil y 3 millones de dólares- están registradas a nombre de las empresas Aiko 3809, LLC y Aiko 3810, LLC, abiertas por el empresario en Miami.

Además, Fabrizio Mendoza figura como presidente de la empresa Inversiones Hollister S.A., registrada en Panamá en 2007, junto a Erick Eduardo Montaño Suárez, quien aparece como director. La empresa está vigente de acuerdo con el Registro Público de Panamá.

Montaño Suárez también aparece como socio de Salvador Lairet en la empresa Dekomundo Corp, creada en Florida en 2011. Esta organización está inactiva según el registro público de Florida.

En Venezuela, Mendoza era socio de la empresa de arquitectura Akua Proyectos, C.A., propiedad de Reinaldo Herrera, arquitecto de 34 años, casado y con dos hijos, que se dedicaba a la remodelación de lujosos inmuebles.

 

lairet1

Foto RR SS

‘El latin lover venezolano’

Salvador Antonio Lairet Sotillo es un joven empresario venezolano, graduado de economista en la Universidad Metropolitana -una casa de estudios privada, a las afueras de Caracas- y dedicado a múltiples actividades, según lo que reportan algunos blogs, publirreportajes e informaciones que él mismo ha difundido. Es productor de televisión, asesor de inversionistas, asesor inmobiliario e importador, entre otras cosas, pero su principal ocupación –a juzgar por sus publicaciones en redes sociales- es disfrutar de la vida de ricos y famosos. En sentido literal.

Abundan las fotografías de Lairet en las noches de Miami, además de breves reseñas sociales que reproduce en su blog. En esas imágenes festivas aparece junto a famosos como la socialité Paris Hilton, el dj David Guetta, la estrella del baloncesto profesional,  Kobe Bryant, el campeón mundial de boxeo, Floyd Mayweather, y el rapero Puff Daddy, entre otros.

“Cuando eres multimillonario o eres una super celebridad o eres el mejor Dj de electrónica del mundo y estás en Miami, no solo necesitas un buen anfitrión, necesitas al mejor, y si este es amigo tuyo mejor aún. Porque para saber lo que un famoso quiere se debe estar al mismo nivel y saber de sus gustos y ser tan excéntrico como ellos y Salvador Lairet sabe de eso, no por nada es uno de los latinos más cotizado de las noches de Miami, si llegas a tener la oportunidad de entrar a un club como Mynt… si tienes suerte podrías ver a Salvador Lairet compartiendo mesa con David Guetta o Quintino, o tal vez con Kobe Bryant o Floyd Mayweather, o tal vez si escuchas a Dj Irie con el cual mantiene una estrecha amistad, la verdad que siempre lo verás acompañado de alguna celebridad, y es que Salvador Lairet no solo es un amigo, también es una celebridad, no por nada es considerado uno de los solteros latinos más codiciado de Miami”, dice un post publicado en su propio blog el 22 de enero de 2015.

Por su desempeño en este ámbito, es conocido en el sur de Florida como “el latin lover venezolano”, “el latin Host de Miami” y “el rey de la noche”, o al menos así lo aseguran las publicaciones de su sitio personal. En 2015 incursionó en el mundo de los bienes raíces y también se dedica a la producción de televisión.

El empresario venezolano Salvador Lairet lleva cinco años desempeñándose como productor de televisión en los Estados Unidos y actualmente asume el reto de ser el productor ejecutivo del famoso programa Latin Angels. La serie de TV permite disfrutar de los más impresionantes paisajes y a su vez recrear la vista con sus hermosas presentadoras y ahora le dará la vuelta al mundo”, explica una nota publicada en su blog.  

A nombre de Lairet aparecen registradas siete empresas en el estado de Florida, la mayoría creadas entre 2014 y 2016: Kramer Accessories CA, INC; Xtreme Mats, LLC; Coaster Boat, LLC; Kreamer América, INC; Kramer Accessories Corporation (inactiva); Dekomundo Corp (inactiva) y Venture Projects Holdings LLC. Además tendría varias propiedades inmobiliarias, algunas a nombre de su madre y un yate Sunseeker Predator 80 comprado en Antigua y Barbuda, según se verifica en Import Genius, web que registra las importaciones desde y hacia Estados Unidos.

 

lairet en grupo

Foto RRSS
Negocio entre amigos no es un juego de niños

Unos días antes de ser asesinado, Mendoza Isea había estado en Miami, donde se reunió con algunos amigos con los que solía salir a divertirse en locales nocturnos. Pero en esa visita a Miami, que sería la última, el empresario evitó las salidas nocturnas. ¿Su razón? No quería cruzarse con su viejo socio, Salvador Lairet.

La relación entre ambos era muy tensa. Se habían distanciado a raíz de la disputa legal por la propiedad de unos inmuebles en Florida. “Mendoza le había ganado a Lairet las demandas por esos apartamentos, pero Lairet insistía”, refirió una persona cercana a la víctima que coincidió con él en Florida.

Lairet y Mendoza fueron muy buenos amigos, compartían los mismos grupos de conocidos de colegios del este de Caracas y habían sido socios en varias empresas registradas en Venezuela y el exterior. Las locales recibieron del Gobierno más de 13 millones de dólares preferenciales solo en 2012.

En mayo de 2016, el diputado opositor a la Asamblea Nacional, Robert Alcalá, denunció ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional a una serie de jóvenes empresarios involucrados en presuntos hechos de corrupción por más de 800 millones de dólares, a través de la asignación de divisas por parte de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), el organismo creado en 2003 por Hugo Chávez para regular el estricto y enrevesado sistema de control de cambios.

Una de las empresas denunciadas por Alcalá fue Gerkat Corporation “creada y registrada en Perú por Salvador Lairet, Fabrizio Mendoza y Álvaro Pulido, sobrino de Piedad Córdoba, para la importación de químicos. En marzo de 2012 esta empresa solicitó a Cadivi 445 mil dólares para la compra de una molinera de café, cuando su precio real era de 135 mil dólares, lo que significa un sobreprecio de 310 mil dólares. Lo más grave es que la misma solicitud fue introducida diez veces. Los dólares otorgados a 4.30 eran revendidos por los propietarios de Gerkat Corporation, que la utilizaban como fachada para sus actividades ilícitas”, reseñó el portal Cuentas Claras sobre los documentos presentados por el parlamentario.

También según el mismo website, el diputado mencionó entre los relacionados con Mendoza Isea a Alex Saab, “representante de la empresa colombiana Fondo Global de Construcción, la cual obtuvo en el pasado contratos del gobierno de Hugo Chávez”.

Álvaro Pulido Vargas y Alex Saab son una dupla de empresarios procedentes de la costa atlántica colombiana. En efecto son directivos del Fondo Global de Construcción, empresa muy ligada al gobernador del estado de Vargas, Jorge García Carneiro, y señalada por la fiscalía de Ecuador como parte de un esquema fraudulento para obtener dólares preferenciales en Venezuela mediante el fingimiento de exportaciones desde aquel país. También son importantes proveedores de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), la fórmula patentada por el Gobierno de Nicolás Maduro para controlar la distribución de alimentos y productos de primera necesidad en zonas populares. En Caracas, la representación de su emporio comercial ocupa todo un piso del Centro Lido, en la avenida Francisco de Miranda. Se sabe que Pulido Vargas, de quien no se ha comprobado parentesco con la ex congresista y precandidata presidencial, Piedad Córdoba, porta un nombre falso; y que Saab, quien sí reconoce una relación de amistad con la política, ha sido investigado por las autoridades estadounidenses.

En la lista del diputado Alcalá también figuran otras cuatro empresas que atribuye al grupo de jóvenes emprendedores: Mexbin S.A. (Ecuador), Chenys Exportaciones EIRL (Perú), La Corporación 1 TO 1 S.R.L (Perú) y Radio Comunicaciones Telocaliza1 C.A., que llegó a realizar transacciones por 4,6 millones de dólares por la supuesta importación de sulfato de sodio a una empresa constituida en Ecuador y relacionada con Mendoza, Lairet, Pulido y Alejandro Berrizbeitia. El mismo grupo efectuó operaciones similares con la empresa Gones Indonesia C.A, que recibió más de 8,8 millones de dólares de Cadivi.

El negocio consistía en la creación de empresas fachada en distintas regiones de Venezuela (Aragua, Amazonas, Lara, entre otros estados), que solicitaban dólares preferenciales para la importación de químicos a empresas también constituidas o relacionadas con el mismo grupo de empresarios en Ecuador y Perú, principalmente. En la mayoría de los casos los productos para los que solicitaban las divisas no tenían relación con la razón social de las empresas. Los dólares que recibían a 4.30 bolívares -la tasa oficial de cambio más barata en el sistema- eran negociados en el mercado negro a más de 20 bolívares o simplemente iban directo a las cuentas particulares de los solicitantes.

“De acuerdo con las denuncias, Lairet está ´directa o indirectamente relacionado a 11 compañías –seis nacionales (en Amazonas, Aragua, Lara, Monagas y Distrito Capital) y cinco extranjeras (tres en Perú y dos en Ecuador)– involucradas en solicitudes de aproximadamente $13,9 millones para importar químicos. Entre ellos, sulfato de sodio, dióxido de titanio, alcohol cetoestearílico y benzoato de sodio, un aditivo alimentario; productos no asociados a la razón social de cada compañía”, precisaba por su parte un trabajo del portal  El Pitazo.

El parlamentario Robert Alcalá se refirió también a la vida de lujos y ostentación que lleva este grupo de jóvenes inversionistas en el exterior. “Estos señores no tienen cómo justificar la fortuna, los miles de millones de dólares que tienen, la cantidad de plata que gastan en el mundo y la vida que se dan”, afirmó, con una mención especial para Lairet.

Los cárteles de Cadivi

Una disputa por el control de negocios basados en la obtención de dólares preferenciales sería el móvil del crimen por encargo. “Esto no es una venganza. Es una guerra de carteles. La persona que tenía los contactos y consiguió los negocios fue desplazada por sus socios, que dejaron de reportarle y darle parte de las ganancias. Y ahora decidió retomar lo que consideraba que era suyo”, explicó un experto que viene haciendo seguimiento del caso.

Esta lucha de cárteles, nacidos y alimentados con dólares preferenciales, no es nueva; ya ha cobrado la vida de varios venezolanos en países donde se han instalado los operadores de estas mafias. Por un conflicto similar, en 2013 fue asesinado Sergio Andrés Schael Medina, de 33 años. Viajó de Florida a Panamá a cobrar una deuda de 40.000 dólares, tras una transacción cambiaria a través de Cadivi, y apareció muerto luego de reunirse con dos empresarios venezolanos.

Allegados a este grupo de jóvenes empresarios aseguran que el caso de Mendoza guardaría relación con las muertes en extrañas circunstancias de dos venezolanos en Miami, vinculados a organizaciones de este tipo.

Una de las personas asesinadas en Florida habría sido el encargado de supervisar el correcto funcionamiento de los negocios de la organización en Venezuela, reveló uno de los detenidos. Este hombre -cuyos datos no han sido precisados- un día decidió mudarse a Miami y abrir su propia empresa buscando una mejor calidad de vida, cansado de lidiar con la escasez de alimentos, la falta de medicinas y la inseguridad. Dejó a sus otros socios y amigos a cargo de la actividad local.

Haber tomado esta decisión sin solicitar antes la aprobación de la persona que lideraba las operaciones desde Estados Unidos le habría costado la vida. Fue señalado como el responsable del “desvío” de la administración del negocio y el desplazamiento del liderazgo del cartel.

Según informaciones publicadas en medios de comunicación de Miami, en el último año dos venezolanos han muerto en extrañas circunstancias en el estado de Florida. El 28 de junio de 2016, el arquitecto, modelo y actor Jorge Lenín Navas, de 26 años, conocido como Jorge Ilich, murió al caer desde el piso siete de la torre residencial donde vivía en Miami Beach. Aunque el caso ha sido manejado como un suicidio, sus familiares y amigos aseguran que su muerte debe ser investigada.

El 22 de febrero de 2017 fue localizado el cadáver del empresario venezolano Juan Alberto Miraldo, de 48 años de edad, en el interior de su vehículo en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Miami. Aunque no presentaba traumatismos visibles, la policía inició la investigación por homicidio. Miraldo era presidente de la empresa Mirakar Car Rental y vicepresidente de 1 Rent Car, ambas con sede en la ciudad de Doral, un suburbio predominantemente venezolano al oeste del condado de Miami-Dade.  

Familiares de Juan Alberto Miraldo escribieron a Runrun.es para precisar que el asesinato de este venezolano en Miami, no tendría nada que ver con la mafias que recibieron millones de dólares de preferenciales, y que la víctima no estaba relacionada con negocios de Cadivi.

Los investigadores de la División Antiextorsión y Secuestros del CICPC tienen conocimiento de estos casos, pero aún no disponen de elementos probatorios que los vinculen con el sicariato de Mendoza y Herrera. Continúan juntando las piezas y están tras la pista de los dos autores materiales del crimen, así como de a quien consideran el autor intelectual, Salvador Lairet, para quien se espera que pronto se emita una orden judicial de captura desde Venezuela y la difusión consiguiente de una alerta global por Interpol.

*Este trabajo fue actualizado el martes 4 de julio, luego de que familiares de Juan Alberto Miraldo escribieran a Runrun.es.

Sobrino de Carolina Herrera y su socio fueron víctimas de un sicariato

FabrizioyReinaldo

 

 

El objetivo de los presuntos homicidas era el empresario Fabrizio Mendoza Isea, pero durante su acción también fue asesinado su socio, el arquitecto Reinaldo Herrera. No hubo un secuestro, como se dijo luego de ocurrido el crimen

 

Ronna Rísquez

 

Funcionarios de la División contra Extorsión y Secuestros del Cicpc lograron esclarecer el homicidio del sobrino de la diseñadora Carolina Herrera, Reinaldo Herrera y su socio Fabrizio Mendoza Isea, y detuvieron a tres de los asesinos.

Los investigadores determinaron que el móvil del hecho fue el sicariato y no el secuestro, como se dijo en principio. Los dos hombres fueron víctimas de un crimen por encargo, que tenía como objetivo a Mendoza, quien era socio del sobrino de la diseñadora en una empresa de arquitectura.

Reinaldo Herrera fue una víctima circunstancial, nunca fue el objetivo, según se pudo conocer.

En el crimen habrían participado cinco personas, y tres fueron detenidas por el Cicpc a principios de esta semana. Estos fueron presentados el miércoles ante el tribunal 5to de control. Se trata de Edwin Jesús Montilla Verdi, a quien se le dictó medida privativa de libertad por los delitos de secuestro, robo de vehículo, asociación para delinquir y sicariato; Suhe González Alvarez y Franco José Tessarolo Salcedo, a quienes se les dictó medida privativa de libertad por los delitos de asociación para delinquir y sicariato.  

Herrera y Mendoza fueron sometidos en la urbanización Las Esmeraldas el pasado 11 de mayo y en la madrugada del 12 mayo sus cuerpos fueron localizados en el sector El Topo, adyacente a la carretera vieja Caracas-La Guaira. Las pesquisas continúan para identificar al autor intelectual y detener a los otros dos implicados.

 

 

Tribunal revocó beneficio de Régimen de Confianza a

WILMER JOSÉ BRIZUELA VERA, pran de la cárcel de Vista Hermosa, sí estuvo en la isla de Margarita en febrero de este año, y sí recibió un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada otorgado por la  ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela.

Runrun.es tuvo acceso a la boleta de notificación emitida por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Ejecución del estado Carabobo, en la cual se revoca el beneficio de Régimen de Confianza Tutelada que había otorgado la ministra de Servicio Penitenciario al pran conocido como “Wilmito”, el pasado 18 de diciembre de 2016. Luego de esta medida el delincuente tuvo que volver al Centro Penitenciario de Aragua.

Un documento del Circuito Judicial Penal de Carabobo dice, entre otras cosas, lo siguiente: “…Acuerda revocatoria de Régimen de Confianza Tutelado. Ordena librar orden de captura, en la causa que se le sigue a Wilmer José Brizuela Vera… por la comisión del delito de secuestro en grado de coautoría, porte ilícito de arma de fuego, quebrantamiento de condena, lesiones personales intencionales graves, cómplice no necesario en robo agravado de vehículo automotor, sicariato y asociación para delinquir”.

beneficio

La decisión del juzgado fue emitida con fecha del 21 de febrero de 2017, cuatro días después de que Brizuela Vera -quien cumplía condena por secuestro y homicidio en Tocorón- fuera herido de bala cuando estaba una playa de la Isla de Margarita, donde pasaba vacaciones con su familia, el 17 de febrero de 2017. Además de anular el beneficio, el tribunal también ordenó la captura de “Wilmito”, pues a efectos legales el pran se había fugado debido a que se encontraba en el estado Nueva Esparta, a 580 kilómetros del centro de régimen especial Simón Bolívar de El Paraíso, en Caracas, donde debía permanecer según lo establecido en el beneficio de Régimen de Confianza.

Lea también: “Wilmito” sentenciado por sicariato, secuestro y robo de blindado recibió beneficio de Iris Varela

Aunque, en su momento, no hubo ningún pronunciamiento oficial que confirmara o negara el incidente que involucró a un preso que estaba en una playa en lugar de estar tras las rejas, fuentes del Ministerio de Servicio Penitenciario “filtraron” unas fotografías para desmentir lo publicado por los medios sobre el atentado a “Wilmito” en playa Parguito en Margarita. En las gráfica se veía a Brizuela compartiendo con la orquesta penitenciaria supuestamente, mientras un compañero mostraba un ejemplar del diario Últimas Noticias con la fecha el sábado de 18 de febrero, día en que se conoció la noticia de que “Wilmito” había sido herido.

Luego de aquel suceso playero, se supo que Brizuela debía estar preso y cumpliendo con una sentencia de más de 14 años de prisión, por complicidad en el asesinato de María Gabriela Casado, hermana de la jueza Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial Penal de Bolívar, a quien el pran habría mandado a matar. Además se conoció que “Wilmito” también espera un juicio por su presunta responsabilidad en los homicidios de dos efectivos de la GNB: Lewis Antonio Ruda y Miguel Ibarra Sánchez. Por estás razones, y otras condiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, era ilegal considerar el Régimen de Confianza Tutelada en su caso.

De acuerdo con una fuente extraoficial vinculada al poder judicial, la orden de los tribunales de Carabobo fue acordada el 21 de febrero de 2017 y publicada un día después. Se libró luego de que los medios de comunicación publicaran que “Wilmito” había sido herido en un atentado en playa Parguito, en Margarita.

Lea más: Jueza Casado: “Quiero que la ministra Varela me explique por qué mi hermana está muerta y Wilmito en la playa”
Lea más: Ministerio de Servicio Penitenciario confirma que el pran Wilmito tiene beneficio de Régimen de Confianza que le dio Iris Varela

 

Jueza Casado: “Quiero que la ministra Varela me explique por qué mi hermana está muerta y Wilmito en la playa”
Jueces, ministros, un  gobernador y un ex director del Sebin formarían parte de la red de conexiones de “Wilmito” con el chavismo. Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial del estado Bolívar, a quien el pran mandó a matar en 2010, habla desde el exilio
“Ese hombre destruyó mi vida, destruyó a mi familia y acabó con mi carrera”, dijo luego de conocer que el pran que planificó el sicariato en el cual fue asesinada por error su hermana María Gabriela Casado, se encuentra en libertad, con un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada

 

@ronnarisquez

“ÉL NO ES UN DELINCUENTE CUALQUIERA, él es un asesino nato y sanguinario”, fue lo primero que dijo sobre “Wilmito”, la jueza Mariela Casado, ex presidenta del Circuito Judicial del Estado Bolívar, al responder el teléfono desde cualquier país del mundo. Ella lo sabe bien, lo conoció, lo vio convertirse en pran de la cárcel de Vista Hermosa, fue testigo de cómo arrodilló al sistema de judicial, junto a su familia vivió en carne propia el impacto de las balas del Wilmer José Brizuela Vera, y lo sigue padeciendo siete años después cada semana, cuando acude a terapia con un sicólogo.

En 2010 tuvo que dejar el país después del asesinato de su hermana, María Gabriela Casado, para huir del alcance de Brizuela Vera, su verdugo, y proteger a sus hijos. No tenía opciones, su condición de máxima autoridad del Poder Judicial en Bolívar no le proporcionaba ninguna seguridad. Así lo entendió unos días después del homicidio, cuando un amigo criminólogo la llevó a Caracas a hablar con el comisario Wilmer Flores Trosel, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en ese entonces.

“Doctora le recomiendo que se vaya del país. Yo… el Estado no le puede garantizar su seguridad”, le confesó Flores Trosel en una mezcla de preocupación y honestidad. El jefe policial le confió, además, que meses antes había recibido en su despacho de la avenida Urdaneta a “Wilmito” -para ese momento prófugo de la justicia-. Llegó en compañía de la dirigente chavista y líder de los círculos bolivarianos, Lina Ron.

Para ese momento, junio de 2010, Hugo Chávez era el Presidente de la República, y Tareck El Aissami era el ministro de Relaciones Interiores y Justicia. Ambos se comunicaron telefónicamente con Casado y le ofrecieron la posibilidad de refugiarse en una embajada con un cargo administrativo. Tampoco ellos se arriesgaron a comprometer al Estado garantizando la seguridad de una jueza.

Un pran con línea directa con la gobernación de Bolívar

Mariela Casado conoció a “Wilmito” en 2006 cuando ella era jueza de la corte de apelaciones y él cumplía condena por el secuestro de un empresario de Ciudad Bolívar. “Estaba preso desde 2005 y ya había sido condenado antes por porte ilícito de armas. La condena por el plagio se dio en 2006 y yo fui la juez ponente que ratificó la sentencia de 10 años, eso quiere decir que le correspondía salir en 2015 por ese caso”, explicó.

“Desde 2006 se hizo pran. No se conocía esa figura en Venezuela. Antes de eso el Estado tenía control en los penales. Fui juez de primera instancia y visité centros de reclusión, como Tocuyito. Y se podía entrar y hacer requisas. A finales de ese año “Wilmito” dijo en una reunión ante autoridades de seguridad de la región: ‘no voy a entregar las armas porque las armas son las que me dan a mi el poder’”, relató la ex jueza.

Recordó que hasta ese momento el líder de Vista Hermosa era Oswaldo Martínez Ojeda, el jefe de la primera megabanda que hubo en el país, dedicada al robo de blindados en todo el territorio nacional y a quien se le imputa el asesinato de más de una docena de funcionarios de cuerpos de seguridad. “Él era la autoridad ahí, un hombre también sanguinario que infundía terror. Pero a este no le gustaba la visibilidad, como sí le gustaba a Brizuela”, comentó Casado.

wilmerbrizuelavera11

A Martínez Ojeda lo trasladan a Carabobo y así comenzó el pranato de “Wilmito”. La ex jueza recuerda que: “Desde ese momento no se pudo entrar más al penal de Vista Hermosa. Se convirtió en un búnker. Los alguaciles no podían entregar boletas de excarcelación o traslado. Ya habían sacado al personal penitenciario de las instalaciones. Los funcionarios de prisiones tenían que despachar desde un toldo que colocaron afuera de la cárcel”.

–Estaban en la calle, trabajando en la calle, todo el mundo los veía, todo el mundo lo sabía ¿y nadie, ninguna autoridad hacía nada?

–No, nada. Hay oficios del comandante de la GNB del destacamento de la cárcel donde decía que no sabía qué hacer con el Wilmito, que salía y entraba y que con el cuento de los juegos deportivos salía y se quedaba. Iba al bingo Calipso, donde -por cierto- escondieron los carros que usaron para matar a mi hermana.

Mariela Casado recuerda que en su condición de presidenta del Circuito Judicial enviaba al TSJ, al MRIJ y al destacamento de la GNB informes sobre las fiestas que programaba el pran en Vista Hermos y nadie respondía.  

Según el relato de quien fue la máxima autoridad del Poder Judicial en Bolívar, luego ocurrieron una serie de hechos irregulares. “Se hacían reuniones en el comando de la Guardia Nacional y ya se comenzaban a manejar los intereses del pran”.

–¿Puede explicarse mejor, cómo se manejaban los intereses de Brizuela?

–En las reuniones sobre las políticas de seguridad de la región se hablaba de las exigencias de “Wilmito”. Incluso había una persona que era un enlace entre la gobernación y la cárcel, que solo se entrevistaba con “Wilmito”. La relación, supongo, empieza por tener a un tipo que mantuviera el control y evitara las huelgas en la cárcel. La GN temía tomar alguna decisión que molestara al pran.

¿Enlace de la gobernación? ¿Quién era el gobernador?

–Rangel Gómez (Francisco). Siempre ha sido Rangel Gómez. Pero incluso, ya después el pran no le permitió entrar más a la cárcel al representante de la gobernación.  

A estas demostraciones de poder le siguieron las fiestas en el penal, la presencia de grupos musicales y la apertura de un restaurante. “Desde cosas insignificantes como esas hasta permitir o no el ingreso, salida y traslados de reclusos. Pero uno de los hechos más escandalosos fue la fuga de los asesinos de Carolina Di Lucca. Todo el mundo en Bolívar sabe que se fueron por la puerta caminando”, aseguró Casado.

Carolina Di Lucca era hija del coronel Roberto Di Lucca, jefe de Estado Mayor del Teatro de Operaciones N5, de Bolívar, y fue asesinada en mayo de 2006 en venganza porque su padre decomisó 2.700 kilos de cocaína a un grupo delictivo integrado por miembros del ELN y el hampa común. Chávez lamentó el asesinato en una cadena, casi todos los responsables fueron detenidos, pero poco después lograron fugarse de cárceles de Bolívar. Al militar lo sacaron del país y lo enviaron a la embajada de Guyana.

“No te puedo hablar de justicia porque es una palabra que se perdió, con esa fuga se perdió. El director del internado decía que no podía ir en contra de las políticas de Brizuela. Al Estado nunca le ha interesado lo que tiene que ver con los centros penitenciarios”, dijo la ex jueza.

Jefe del Sebin, jueces y alguaciles en el círculo de “Wilmito”

María Gabriela Casado, profesora de la Universidad de Oriente, de 37 años de edad, fue asesinada el 17 de junio de 2010 por varios sicarios que le efectuaron tres disparos. “La muerte de mi hermana fue la destrucción de su vida y de todos nosotros. Yo llevo un puñal en mi espalda, porque nunca se me va a quitar de encima saber que ese era mi lugar y no el de ella”, dice la ex jueza.

Por el sicariato de Casado fueron imputadas 11 personas, entre ellas Roisy Wilmary Brizuela Macuare, hermana de “Wilmito” y Reinaldo José Figarella Zambrano. “Ella, la hermana de Wilmito, tenía una relación sentimental con Juan Carlos Figarella Díaz, diputado a la Asamblea Legislativa del estado Bolívar por el PSUV, que los protegía”, explicó Mariela Casado.

El diputado Figarella Díaz, quien también fue alcalde del municipio Sucre del estado Bolívar, fue asesinado en abril de 2012, en un supuesto intento de robo.

Otro de los imputados por su participación en el crimen fue Rafael Ventura Pérez Ytao, quien se desempeñaba como alguacil del circuito judicial penal de Bolívar. En la investigación se estableció que entre el 19 de junio (dos días después del homicidio) y el 25 de julio hubo 19 llamadas entre los teléfonos de Pérez Ytao y “Wilmito”, la mayoría coincidía con las fechas de las audiencias de los imputados por el homicidio.

El rastreo de llamadas fue también lo que permitió a los investigadores del Cicpc establecer la autoría intelectual de Wilmer Brizuela en el sicariato (delito establecido en la Ley contra la Delincuencia Organizada). Para ese momento el pran se encontraba recluido en la mínima de Tocuyito, en Carabobo, pues en 2009 se vio involucrado en una presunta fuga.

En la revisión de los números telefónicos de los que disponía el pran para la fecha, no solo se encontró el cruce de llamadas con los responsables del sicariato. “También había una llamada del comisario (Luis Enrique) Hernández Sanguino, director del Sebin en Bolívar”.

–¿El director del Sebin llamaba al pran por teléfono?

–Sí, lo llamó el mismo día del asesinato de mi hermana. Primero me llamó a mí para darme el pésame, porque yo no estaba en Ciudad Bolívar ese día, y después se comunicó con Brizuela. Yo supongo que para confirmarle que se habían equivocado y que yo estaba viva. La fiscalía determinó este recorrido telefónico.

wil

–¿Y qué pasó después, se comprobó si había relación entre el comisario Hernández Sanguino y el pran?

–Eso se quedó así. Al comisario lo mataron un tiempo después.

El comisario Luis Enrique Hernández Sanguino fue asesinado en diciembre de 2013. Su cuerpo fue localizado con varios impactos de bala en un sector de Parque Caiza, luego de permanecer desaparecido durante 16 días. Las autoridades nunca informaron de su desaparición. El funcionario había dejado el Sebin y se desempeñaba como jefe de Seguridad del Banco de Venezuela.

–Además del comisario, y el alguacil ¿consiguieron alguna otra vinculación telefónica entre “Wilmito” y funcionarios del Estado?

–Hay un juez que sigue activo en Bolívar. El día anterior al asesinato de mi hermana y el mismo día del crimen uno de los imputados por el homicidio se comunicó con él.

Mariela Casado también describió como sospechoso que dos días antes del asesinato (el 15 de junio de 2010) un juez de ejecución otorgó la libertad al autor material del sicariato, Luis Ramón Acosta Vriggs. “Además por el homicidio nunca fue imputado un hombre apodado “El Ciego”, que estuvo entre los atacantes de mi hermana y controla la minería en El Callao y Tumeremo”, agregó.

“Allí vine a darme cuenta de que la corrupción no se entiende como un acto que conlleva sangre. Creen que es solo recibir dinero. Yo decía cada quien con su conciencia. Y pensaba: ‘a mí no me iba a pasar nada, porque yo estoy dando ejemplo’. Conmigo no hay corrupción, pero no, resulta que casi todos mis compañeros estaban involucrados en corrupción y yo era un estorbo”.

Lo vieron en Ciudad Bolívar en los días de los saqueos

En enero de 2014, Brizuela fue condenado finalmente a 14 años y 10 meses de prisión por los delitos de cómplice no necesario en robo agravado de vehículo automotor, sicariato y asociación para delinquir. Todos referidos al asesinato de Mariela Casado, ocurrido en 2010.

Aunque le asignaron como sitio de reclusión la cárcel de Vista Hermosa, el pran permaneció en Tocuyito, estado Carabobo.

En diciembre de 2015, “Wilmito” acudió a un torneo de rugby en el marco del proyecto Alcatraz de la Hacienda Santa Teresa, como parte de la delegación que representaba al Internado Judicial de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón. Aunque no jugó, era el líder del equipo.

–¿Cómo se enteró de que Brizuela estaba en libertad?

–Algunos familiares y amigos me llamaron en los días de los saqueos en Ciudad Bolívar (entre el 16 y el 18 de diciembre de 2016) y me dijeron: “lo soltaron y está aquí”. Incluso pensé que se lo habían llevado para allá para ayudarlos a controlar los saqueos.

Un abogado amigo de Casado pudo verificar que la juez de ejecución del estado Carabobo no había otorgado ningún beneficio a “Wilmito”, ni tenía conocimiento de que estuviera en libertad.

Sin embargo, un documento que circuló en las redes sociales, con el título de acta de traslado, confirma que el domingo 18 de diciembre de 2016, Wilmer Brizuela recibió un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada, que otorga la ministro de Servicio Penitenciario. Esta medida de libertad condicional autorizaba su traslado al centro de régimen especial Simón Bolívar, ubicado en Caracas. Pero considerando el poder del pran, no es descabellado que su destino hubiera sido su tierra natal: el estado Bolívar.

beneficio

No obstante, Brizuela no tenía la opción de optar a un Régimen de Confianza Tutelado por su condición de reincidente en prisión y por estar sentenciado por un delito (homicidio) con excepciones para el otorgamiento de beneficios. En su caso se violaron los artículos 162, 482 y 488 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp)

Además el pran podría haber desacatado la condición de permanecer en centro de reclusión especial en El Paraíso, Caracas, pues además de ser visto en Ciudad Bolívar –a 589 kilómetros de la capital de Venezuela– también habría sido víctima de un incidente ocurrido en Playa Parguito, en la isla de Margarita.

Funcionarios de Protección Civil informaron que un hombre identificado como Wilmer José Brizuela Vera fue herido durante un atentado, junto a tres miembros de su familia el sábado 18 de febrero de 2017 en Margarita. Cuatro días después funcionarios del ministerio de Servicio Penitenciario desmintieron el hecho filtrando información extraoficial a algunos periodistas.

–¿Qué sintió usted cuando confirmó que la ministra Iris Varela le había otorgado un beneficio a Brizuela y éste se encontraba en las playas de Margarita?

–Lo que quiero es que la ministra, el Estado, nos expliquen a mi familia y a mí por qué mi hermana está muerta y “Wilmito” está en la playa vacacionando. Mi hermana era una persona valiosa, una docente talentosa, sobreviviente de cáncer, que amaba la vida.

La ex jueza recuerda que sus dos hijos presenciaron el asesinato de su tía y hasta hoy arrastran secuelas sicológicas de esa experiencia. “Ese hombre destruyó mi vida, destruyó a mi familia y acabó con mi carrera. Yo era una juez y hoy no soy nadie. Además me obligaron a irme de mi tierra porque no hay quien nos garantice la vida a mí y a mis hijos”.

A pesar de lo ocurrido, Mariela Casado dice que no quiere ser tratada como una víctima. “No me gusta el término víctima. Lo que se conoce como víctima en el derecho, en Venezuela es nada. Porque si “Wilmito” anda en la calle y a “El Ciego” no lo han aprehendido, entonces nosotros, y mi hermana, no tenemos derechos”, aseguró la ex jueza de 57 años.

–¿Cuál es la razón por la que Brizuela la manda a matar?

–Después de la fuga, en 2009, “Wilmito” se entrega en Caracas y allí un tribunal de control le asigna como sitio de reclusión la cárcel de Tocuyito, pero no se pronuncia sobre la fuga. Pero su causa seguía en Bolívar. En abril de 2010 a él lo trasladan a Ciudad Bolívar para la audiencia y el juez le dicta una medida privativa por la fuga y mantiene como sitio de reclusión Tocuyito, en Carabobo. Eso lo enfureció, porque él quería volver a Vista Hermosa. Al salir de la audiencia comenzó a gritar: “Maldita la Casado, me las va a pagar, y también amenazó al juez. En junio ocurrió el atentado donde muere mi hermana.

Lea también: “Wilmito” sentenciado por sicariato, secuestro y robo de blindado recibió beneficio de Iris Varela

La ex presidenta del Circuito Judicial recuerda que hubo protestas y huelgas en su contra, además de disparos contra la sede del Palacio de Justicia en esa ocasión. Ya en 2006, Casado le había negado un beneficio procesal a Brizuela.

“Aunque yo había decidido inhibirme en las decisiones que tuvieran que ver con Brizuela, en todas las reuniones de seguridad de la región yo insistía en que era inaceptable que un preso de 25 años tuviera arrodillado a un estado. Ponía calcomanías a los carros para el cobro de vacuna, salía y entraba. Estoy segura que de allí salía la información para él”, explicó Casado.

–¿Usted tiene idea de quién protegía a Brizuela dentro del Gobierno?

–El Ministerio de Relaciones Interiores y la Gobernación de Bolívar. Fíjate que cuando se fugan los implicados en el caso Di Lucca, el ministro Pedro Carreño y el viceministro Tareck El Aissami entraron solos al internado a hablar con “Wilmito”. “Wilmito”, así como Yonny Bolívar (asesino de Adriana Urquiola), a quien conocí cuando estaba en El Dorado, tenían acceso directo a los ministros.

“Nunca perdonaré a los corruptos. A los jueces que se venden por un viaje. No entienden que son tan asesinos como ¨Wilmito¨. Mi hermana era la mitad de mi vida, a mi me quitaron la mitad de mi vida”, dijo entre lágrimas, la ex jueza que aceptó por un tiempo la oferta de Hugo Chávez, y se incorporó al personal de una embajada en Centroamérica en comisión de servicio hasta 2015.

@ronnarisquez

WIMER JOSÉ BRIZUELA VERA, alias “Wilmito”, está sentenciado a más de 20 años de prisión por robo de blindado, secuestro y complicidad en sicariato (homicidio), y le habían asignado como sitios de reclusión -por una sentencia- la cárcel de Vista Hermosa y -por otra- la mínima de Tocuyito. Sin embargo, este viernes 17 de febrero, el delincuente conocido por su condición de “pran” se encontraba en libertad disfrutando de unas vacaciones en familia en una playa de la isla de Margarita. Allí fue atacado por desconocidos que dispararon contra él y sus acompañantes.

Pero ¿cómo aparece “Wilmito” en Margarita?, ¿por qué no estaba preso?

Sencillo: “Wilmito” había abandonado hace dos meses el centro Penitenciario de Aragua, conocido como cárcel de Tocorón -a donde tampoco está claro cómo llegó-, gracias a un beneficio de Régimen de Confianza Tutelada que habría sido otorgado por la ministra de Servicio Penitenciario, María Iris Varela, el pasado 18 de diciembre de 2016.

Un documento denominado Acta Especial de Traslado, al que tuvo acceso Runrun.es, explica que Brizuela fue traído al despacho carcelario, en Caracas, desde Tocorón unos días antes de la Navidad de 2016 y se le otorga la medida “al constatar que el mencionado ciudadano lleva un tiempo de reclusión que supera los 15 años purgando una condena por acumulación de 23 años, 4 meses, 15 días, 13 horas y 20 minutos, sin haber computado a su favor las redenciones por trabajo y estudio que realiza en su centro de reclusión…”, dice el documento, que tiene algunas inconsistencias en el número de cédula del detenido y tiene lo que parece ser la firma de la titular del despacho penitenciario.

Al parecer, estos argumentos fueron suficiente para que la ministra Varela autorizara un “Régimen de Confianza Tutelado para el ciudadano Wilmer José Brizuela Vera … quien será trasladado al Centro de Régimen Especial Simón Bolívar, ubicado en la parroquia El Paraíso… bajo la custodia permanente de los funcionarios de seguridad…”, dice el documento de traslado.

beneficio

La figura de Régimen de Confianza Tutelada está establecida en el Título VIII del Código Orgánico Penitenciario aprobado en Gaceta Oficial N° 6207 del 28 de diciembre de 2015. “Consiste en la ubicación de un penado o penada en una unidad de producción o un área especial del recinto penitenciario, donde continuará con el cumplimiento de la pena mientras sea otorgado por el juez o la jueza de ejecución algún beneficio para el cual reúne requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal”, dice el artículo 161. Aquí comienzan las inconsistencias del procedimiento.

¿Por qué “Wilmito” no tenía derecho a un beneficio de Régimen de Confianza?

1. Debe permanecer en un área especial del penal donde cumple la condena

Según artículo 161 del Código Penitenciario, el recluso debe permanecer en un área especial del penal donde se encuentra cumpliendo condena. En el caso de “Wilmito” sería la cárcel de Tocorón, en Aragua. Sin embargo, el documento en que se le otorga el régimen de confianza le asigna un centro especial ubicado en El Paraíso, municipio Libertador de Caracas, lo cual no está contemplado en la ley.

Pero además, el viernes 17 de febrero de 2017, el penado Wilmer Brizuela se encontraba en playa Parguito, en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, a 580 kilómetros de Caracas y 567 kilómetros de Aragua. El preso disfrutaba de unas vacaciones familiares y esta irregularidad se conoció porque el pran “Wilmito” fue protagonista de un ataque a tiros, en el que resultaron heridos él y sus parientes.    

Carlos Nieto Palma, abogado y director de la ONG Una Ventana a la Libertad asegura: “Todo lo que se hizo es ilegal. La ministra Iris Varela no le paró a lo que dice la ley”.  

2. No puede haber sido acusado de cometer nuevos delitos estando preso

El artículo 162 del Código Penitenciario precisa que el ministerio de Servicio Penitenciario tiene competencia para otorgar el régimen de confianza, “siempre y cuando reúna los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, para optar a una de las fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena”.

Sobre eso, el capítulo II del Copp se refiere a la suspensión condicional de la ejecución de la pena -que es una de las fórmulas alternativas de cumpliemiento de pena- y dice lo siguiente: “Para que el tribunal de ejecución acuerde la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se requerirá… Que no haya sido admitida en su contra, acusación por la comisión de un nuevo delito…”, artículo 482.

“Wilmito” ordenó el asesinato de Mariela Casado, presidenta del circuito judicial penal del estado Bolívar, en 2010, mientras estaba preso en la cárcel de Vista Hermosa. Pero hubo un error y terminó muerta la hermana de la jueza. “El Tribunal Séptimo de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, a cargo de la jueza Magaly Guadalupe Nieto, sentenció a los acusados (“Wilmito” y su hermana, entre otros) en el proceso judicial seguido por los asesinatos de María Gabriela Casado Acero y Manuel Enrique Gutiérrez, ocurridos en Ciudad Bolívar, el 14 de junio de 2010”, dice una nota publicada en la página del Tribunal Supremo de Justicia el 31 de enero de 2014.

“El fallo ordena al acusado Wilmer José Brizuela Vera, alias “Wilmito, a cumplir la pena de 14 años y 10 meses por la comisión de los delitos de cómplice no necesario en robo agravado de vehículo automotor, sicariato y asociación para delinquir”, dice la información y asigna como sitio de reclusión el Centro Penitenciario de Vista Hermosa. Además agrega que la decisión se fundamenta en la Ley contra la Delincuencia Organizada por tratarse de un sicariato.

El apartado 1 del artículo 488 del Copp, referido al beneficio de régimen abierto, también establece: “Que no haya cometido algún delito o falta, dentro o fuera del establecimiento, durante el cumplimiento de la pena”.

“Ellos están presuntamente implicados en este asesinato, que fue ordenado por el entonces reo del Internado Judicial de Ciudad Bolívar, Wilmer Brizuela “El Wilmito”, quien fungía como jefe de varios grupos de delincuentes que actúan en Ciudad Bolívar”, dice una nota de AVN (que puede considerarse como oficial, por tratarse de la agencia de noticias del Gobierno) referida a la detención de otros implicados en el crimen.

3. No podrá salir del lugar de la ciudad o lugar residencia

El artículo 483 del Copp establece que para disfrutar de una medida de suspensión de la pena, el penado deberá cumplir varias obligaciones, y una de ellas es: “No salir de la ciudad o lugar de residencia”, dice el apartado número 1.

“Adicionalmente a las condiciones impuestas por el Juez o jueza, el Ministerio con competencia penitenciaria podrá imponer otras condiciones, siempre y cuando éstas no contradigan lo dispuesto por el Juez o Jueza”, dice el artículo 484.

4. No haber participado en hechos de violencia que alteren la paz de la prisión

El artículo 488 del Copp, sobre régimen abierto condiciona este beneficio y exige al penado “que no haya participado en hechos de violencia que alteren la paz del recinto o el régimen penitenciario”.

El pran lideró algunos conflictos dentro de la prisión. Se le relacionó con un motín en el que murió un funcionario de la GNB, dice una nota publicada por El Universal el 28 de marzo de 2014: “Ayer fue trasladado hasta la cárcel de Mínima Seguridad de Tocuyito, en Carabobo, Wilmer Brizuela, mejor conocido como “Wilmito”, señalado de ser el pran de la cárcel de Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar”.

Se especifica que: “supuestamente las autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios tomaron la decisión de trasladarlo, como consecuencia del tiroteo ocurrido en Vista Hermosa el martes, donde fue asesinado el teniente Lewis Rudas Bastidas, de 28 años, quien recibió dos tiros en un enfrentamiento entre reos y los efectivos de la GNB”.

Ese incidente motivó que Brizuela difundiera un comunicado en el que decía que su traslado no obedecía a un acto de cobardía. “Los guiaré en la vida diaria de estas cuatro paredes sin temor a que se ponga en peligro mi vida”, decía parte de la declaración enviada por el pran de Vista Hermosa.

El abogado y ex fiscal, Luis Izquiel, recuerda que “Wilmito” es identificado públicamente como un pran, y su condición de pran (jefe o líder de la prisión) la obtiene gracias a que desde la cárcel coordina, planifica y ejecuta diversos delitos: como robo de blindados, extorsiones, venta de droga y homicidios, entre otros.

Además “Wilmito” no es cualquier pran. Según expertos él es el primer pran conocido en Venezuela. Llegó a tener control sobre casi todas las cárceles del país y en los últimos meses fungía como asesor de Héctor “Niño” Guerrero, actual pran de Tocorón. “Esto le impedía recibir algún beneficio”, aseguró Izquiel.

5. Delito de homicidio por el que fue sentenciado está entre las excepciones para obtener beneficios del Copp

El parágrafo segundo del Copp establece excepciones para obtener beneficios cuando el penado cometió algunos delitos. “Cuando el delito que haya dado lugar a la pena impuesta, se trate de homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, las fórmulas alternativas previstas en el presente artículo solo procederán cuando se hubiere cumplido efectivamente las tres cuartas partes de la pena impuesta”.

La última sentencia que recibió Wilmer Brizuela fue en enero de 2014, de 14 años y 10 meses, por complicidad en sicariato y asociación para delinquir, ambos delitos contemplados en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Esto implica que debía haber cumplico ¾ partes de la condena para optar a una fórmula alternativa del cumplimiento de la pena.

En números significa que “Wilmito” no tiene derecho a recibir un beneficio de Régimen de Confianza hasta después de enero de 2025, cuando hay cumplido 11 años de condena, que son las ¾ partes que establece el Copp.  

“Teóricamente él debía estar preso. Por los delitos que está condenado no le correspondía ningún beneficio”, completó el experto en materia penitenciaria, Carlos Nieto Palma.

En abril de 2015, se supo que uno de los asesinos del pelotero Gustavo Polidor recibió el mismo beneficio de Régimen de Confianza por parte de la ministra Iris Varela. En esa ocasión quedó en libertad Marco Tulio Quintero, quien incumplió la medida. Varela otorgó el beneficio con base al Código Penitenciario, que para ese momento no había sido promulgado. Fue en diciembre de ese año cuando finalmente entro en vigencia el instrumento legal, que faculta a la ministra con atribuciones que hasta entonces estaban reservadas para los jueces de ejecución.

¿Por qué Tareck El Aissami ya no puede ser Presidente?

ela

 

Las sanciones del Departamento del Tesoro inhabilitan a El Aissami para ejercer funciones de Jefe de Estado. Aunque en el papel podría llenar los requisitos para llegar a la Presidencia de la República, al entrar en la lista de negra de la OFAC el vicepresidente se encuentra en una cuarentena administrativa. Esto limita su posibilidad de suscribir acuerdos y convenios comerciales y financieros internacionales con Estados, personas, instituciones o empresas que tengan relación con EE UU, como China y Rusia, por ejemplo. Además es posible que en paralelo, en alguna fiscalía de norteamérica curse un proceso penal en su contra, y corra el riesgo de ser detenido si sale de Venezuela   

 

Ronna Rísquez

@ronnarísquez

Poco le duró a Tareck El Aissami la facultad para ejercer con poder y autoridad el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la República. La sanción emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sacó de un plumazo de la línea de sucesión a la Presidencia de Venezuela.

Además de congelar sus bienes y colocarlo en la lista de capos del narcotráfico, la medida lo inhabilita para suscribir convenios y acuerdos comerciales y económicos con países, empresas, instituciones y personas estadounidenses o que tengan relación con EE UU. Técnicamente esto impide que El Aissami pueda cumplir las funciones de Presidente.

“Como resultado de la acción de hoy, las personas de los Estados Unidos tienen prohibido participar en transacciones o tratar de otro modo con estas personas y entidades (Tareck El Aissami y Samark López); así como también con cualquier persona y entidad que puedan tener sus activos bajo la jurisdicción de Estados Unidos”, dice el documento publicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el lunes 13 de febrero, con relación a El Aissami y su socio López.

Lea también: EE UU sanciona al vicepresidente Tareck El Aissami por narcotráfico y congela sus bienes

El artículo 236 de la Constitución establece entre las funciones del Presidente de la República: “Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos, internacionales”.

Al ser etiquetado como narcotraficante, El Aissami entró en una especie de cuarentena administrativa y difícilmente algún gobierno o empresa se arriesgará a acercarse al vicepresidente para transar negocios con el Estado venezolano. Rusia, China y hasta Cuba -principales aliados comerciales del gobierno de Maduro- tienen una estrecha relación financiera con EE UU que pondrían en peligro si se “contagian” con la condición especial del segundo al mando en el gobierno de Nicolás Maduro.    

“Esta sanción crea una gran inseguridad en las relaciones de la comunidad internacional con el Gobierno de Venezuela. En la práctica impide a El Aissami todo tipo de relación comercial con instituciones públicas o privadas y personas naturales de EE UU. Esto involucra a empresas del Estado y relaciones oficiales con otros países. Por esa razón el vicepresidente no podrá firmar ninguna orden ejecutiva que tenga que ver con negocios, convenios o acuerdos internacionales, pues de hacerlo estaría comprometiendo a esas empresas y a sus gobiernos con el gobierno norteamericano”, explicó Mildred Camero, ex presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid).

Las personas que colaboran o asisten materialmente a alguien que esté en las listas de la OFAC, pueden ser obligadas a pagar una multa hasta de un millón de dólares y ser condenados a pena de prisión hasta por diez años y multas de carácter penal hasta por diez millones de dólares. Los oficiales, directores y agentes de instituciones financieras que participen en la violación de esta Ley pueden recibir penas de prisión hasta por 30 años y multas hasta por US$ 5 millones”, dice un artículo publicado en la web AntilavadodeDinero.com.

En opinión de la ex jueza y experta en materia de drogas, “esta es una forma de aislamiento. Ningún gobierno va a querer negociar con una persona con una investidura tan grande, involucrada en un tema de drogas”. Con la inclusión de El Aissami en la lista negra de la OFAC, su sueño de llegar a ser Presidente de la República puede tener un final al estilo La la land: inesperado, frustrante y cruel.

La sanción, sin embargo, no afecta las funciones de Tareck El Aissami como vicepresidente de la República, establecidas en los artículos 238 y 239 de la Constitución. Tampoco limita el desempeño de las funciones especiales asignadas a principios de febrero por Maduro.  

¿Qué diferencia hay entre el caso El Aissami y el caso Reverol? 

Anulación de visas, congelación de bienes, y limitación en las transacciones con entes que tengan conexión de EE UU son las sanciones contempladas para El Aissami y Samark López. “Esto significa que no necesariamente debes ir por la vía penal para demostrar que una persona es culpable de lavado de dinero. Si se logra demostrar a través de una averiguación administrativa la procedencia ilícita de sus bienes inmediatamente viene la confiscación. Se trata de un decomiso preventivo, y ahora sigue un juicio civil en el que los sancionados deben demostrar si los bienes fueron adquiridos de forma lícita o no”, apuntó Camero.

La experta en materia de drogas, que maneja también particularidades de la legislación estadounidense, explicó que los activos -13 empresas y un avión- de El Aissami y López fueron incautados, no congelados. Esto significa que sus bienes pasaron a manos de las autoridades de EE UU y solo le serán devueltos si ellos logran demostrar el origen de los fondos con los que adquirieron esas propiedades.

“No creo que lo logren demostrar. Cuando se llega a la confiscación y aplicación de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin), es porque se ha hecho un proceso de investigación de varios años para establecer la relación entre el bien obtenido y cómo se obtuvo. Para llegar a este punto, el Departamento del Tesoro debe tener suficientes elementos y evidencias que demuestren que el bien es producto de una actividad ilícita”, explicó la ex jueza, quien ha propuesto una legislación similar para Venezuela.

Lea también: 8 claves para entender la sanción por narcotráfico contra el vicepresidente Tareck El Aissami

“La gente cree que cuando compra un bien en EE UU eso no tiene un control. La gente compra propiedades como loca y no se da cuenta de que la OFAC, que fue creada por el ex presidente Bill Clinton, hace una investigación de cómo se adquirieron esos bienes”, dijo Camero, quien recordó una de las premisas de su época como presidenta de Conacuid: “a los traficantes de drogas lo que les duele más es cuando le tocas el bolsillo”.

En el caso de Tareck El Aissami, las autoridades de EE UU han tomado la vía civil para emitir una sanción y no la vía penal.  “De esta manera el proceso es más expedito. Por ejemplo, el sancionado tiene un lapso determinado -una semana o 15 días- para demostrar que la procedencia de sus bienes es lícita, si no hace le quitan los bienes definitivamente y eso deja en evidencia que cometió un delito. La acción civil no depende de una sentencia penal y es más sencillo de demostrar que hubo un delito”, explicó Mildred Camero.

En el caso de Néstor Reverol, por ejemplo, sí hay un proceso judicial, que implica sanciones penales. El actual ministro de Relaciones Interiores y Justicia, tiene una acusación por vínculos con narcotráfico en una fiscalía del Distrito Este de Nueva York, según anunció el pasado 1 de agosto el Departamento de Justicia de EE UU y sobre él pesa una orden de detención.

Sin embargo, la especialista no descarta que en paralelo a la medida administrativa, en alguna fiscalía de EE UU esté desarrollándose una averiguación penal contra El Aissami. Y aunque todavía no se conoce de la existencia de una orden de captura contra el vicepresidente, está latente el riesgo de que este pueda ser detenido si sale del país. “Probablemente esa sería la segunda parte de esa averiguación”, agregó Camero.

Por otra parte, también están las denuncias sobre la presunta entrega de pasaportes venezolanos a narcotraficantes y terroristas con la supuesta autorización de El Aissami.

Camero dejó la Conacuid hace 11 años, poco después se adscribió la Oficina Nacional Antidrogas al Ministerio de Relaciones Interiores y la DEA fue expulsada de Venezuela por el Gobierno de Hugo Chávez. Desde entonces el problema del narcotráfico comenzó a extenderse y penetrar distintas instancias del Estado.

Fuentes vinculadas a las investigaciones en EE UU aseguran: “Este entramado es grande tan grande que aquí van a salir muchas más cosas de las que pueden imaginarse, y tiene profundas ramificaciones políticas”.

15 policías asesinados en los primeros 15 días del plan de seguridad de Maduro

GNB23Ene_!

Ronna Rísquez

@ronnarisquez

 

En las primeras dos semanas del “nuevo” plan de seguridad de Nicolás Maduro, 15 funcionarios de cuerpos policiales y militares fueron asesinados, un vicealmirante fue secuestrado y hubo un tiroteo en las cercanías de la residencia presidencial La Casona.

Balaceras en sitios públicos muy transitados, como la estación del metro de Agua Salud y un centro comercial en Higuerote; robos masivos en autobuses; fuga de presos; colectivos atacando a civiles y hasta el hurto del arma de un jefe del Cicpc de su oficina, son algunos de los delitos que se registraron mientras el Presidente y su equipo (Tareck El Aissami y Néstor Reverol) intentaban convencer a los ciudadanos -en cadena nacional- de las “virtudes” y funcionamiento del plan Campaña Carabobo 2021.

El plan, presentado el 17 de enero de 2017, reproduce en seis “líneas de acción” todos los planes de seguridad implementados por el Gobierno desde 2012. Los resultados, ya comienzan a verse: Delincuentes 15, Gobierno 0. 

18 de Enero

– Robaron a 30 personas en una unidad de transporte público en Guarenas, estado Miranda. Dos delincuentes sometieron al conductor, desviaron el vehículo y le robaron hasta la ropa a los pasajeros.

19 de Enero

Delincuentes ingresan a una escuela en Ruiz Pineda, Caricuao, Caracas. Un grupo de delincuentes que huía de la GNB e ingresó a la Unidad Educativa Ciudad Cuatricentenaria para evadir a las funcionarios. Aunque el incidente no dejó lesionados, generó terror entre los alumnos y maestros del plantel educativo.

20 de Enero

– Tiroteo en las adyacencias de la estación del Metro Agua Salud, en la parroquia Sucre, Municipio Libertador, Caracas. En el presunto enfrentamiento entre delincuentes y funcionarios del Cicpc murieron dos personas, que -según versión oficial- eran delincuentes. Sin embargo, luego se supo que una de las víctimas era el dirigente de Primero Justicia, que no estaba involucrado en hechos delictivos. Orwin Mena, de 30 años de edad, recibió un impacto de bala durante un procedimiento policial que realizaban funcionarios del Cicpc. El dirigente de PJ se dirigía a su residencia cuando fue sorprendido por un tiroteo en las adyacencias de la estación del metro.

– Mataron a 2 GNB en el 23 de Enero, municipio Libertador, Caracas. Los funcionarios estaban de guardia en un punto de control fijo, ubicado en la Redoma del Taxista en el 23 de Enero, municipio Libertador, Caracas. Fueron atacados por desconocidos que se desplazaban en un vehículo Toyota chasis largo. Estas personas dispararon contra el trailer (punto móvil) donde se encontraban los funcionarios y luego de matarlos se llevaron los dos fusiles AK-103 de los GNB. Las vìctimas fueron el sargento 1ro Franyer Gabriel Aldana Molleda, y el sargento 2do Cristòbal José Gámez Eizaga.

21 de Enero

– Se fugaron 6 presos de la sede de la Policía Municipal de Acevedo (Caucagua), estado Miranda. Los detenidos supuestamente abrieron un boquete con una “piqueta elaborada de acero”, según el parte policial. Para el momento de la evasión había tres funcionarios de guardia.        

22 de Enero

– Matan a funcionario de Policía de Lara en un enfrentamiento, en el municipio Iribarren, estado Lara. El oficial Angel Alejandro Pérez Tamayo, de 24 años de edad, se encontraba patrullando y durante el procedimiento se produjo un enfrentamiento con presuntos delincuentes. 

23 de Enero

– Hurtan el arma de fuego del comisario Wilmer Jesús Rodríguez Rodríguez de la subdelegación del Cicpc en Guanare, estado Portuguesa. Rodríguez es el jefe de esa dependencia policial y denunció que desconocidos ingresaron a su oficina y se llevaron su pistola Glock, modelo G-17, calibre 9 mm, con un cargador de 21 balas.

24 de Enero

– Mataron a un oficial de la PNB en Maracaibo, estado Zulia. La víctima fue el oficial Adrian Jonth Marsol Fernández, quien fue atacado por un desconocido que le disparó cuando lavaba su carro frente a su casa.

– Mataron a funcionario de Polimaturín, en el estado Monagas. Al comisario jefe Sail José Fajardo Arellán, de 43 años de edad, le dispararon en el estacionamiento de su residencia

25 de Enero

– Secuestraron al Vicealmirante Agustín Uzcátegui Rivas en Macaracuay, municipio Sucre, Miranda. Fue interceptado por delincuentes mientras se desplazaba en un vehículo Toyota Corolla, fue golpeado y ruleteado durante toda la noche. El oficial es agregado militar de Venezuela en Bielorrusia.  

– Mataron a un Polilara, en el estado Lara. el cadáver del oficial de la policía regional, Wilfredo Peña Gómez, fue localizado en un quebrada.

– Mataron a un funcionario de la PNB, en el municipio Iribarren, del estado Lara. El supervisor agregado José Ramón Dorantes Torres fue atacado por delincuentes que le robaron sus pertenencias, en el incidente resultó herido otro funcionario policial.

– Mataron a funcionario del Cicpc en Lídice, municipio Libertador, Caracas. La víctima fue el detective jefe Alfredo José Jiménez, de la División contra Robos. Fue sorprendido por desconocidos cuando llegaba a su casa, quienes le hacen múltiples disparos.

– Mataron a funcionario de la Policía de Machiques, en el estado Zulia. El funcionario Edgar Eduardo Loaiza Cordero, oficial agregado activo de Polimachiques, fue asesinado por desconocidos que le dispararon cuando se desplazaba en una moto y le quitaron su arma de reglamento.

– Herido de gravedad funcionario de la PNB Maikel Pérez en El Junquito, Caracas.

– Mataron un detective del Cicpc en Mampote, estado Miranda. El funcionario Johan Anderson Sosa La Cruz, de 29 años de edad, fue asesinado por desconocidos que lo despojaron de su pistola Glock y quemaron su camioneta Toyota, Meru. Estaba adscrito a la División contra la Delincuencia Organizada.

26 de Enero

– Mataron a un funcionario de Polimiranda, en Kennedy, municipio Libertador, Caracas. El oficial agregado Emyr Jeysson Hurtado Bello fue atacado en bloque 3 de Kennedy.

27 de Enero

– Tiroteo en el Centro Comercial Fuente Plaza de Higuerote, en el estado Miranda. Delincuentes que trataban de escapar ingresaron al centro comercial y tomaron como rehenes a varias personas. Funcionarios del Cicpc intervinieron y en el procedimiento murieron tres presuntos delincuentes.  

28 de Enero

– Mataron a un ex concejal del Psuv en Quibor, estado Lara. Ray Mendoza, de 47 años de edad, recibió varios impactos de bala cuando se encontraba en una gallera.

29 de Enero

– Mataron a un funcionario del Cicpc en Mariara, estado Carabobo. En procedimiento mixto con varios cuerpos de seguridad murió Lasconi José Álvarez García, adscrito al eje de Homicidios de Mariara. En el enfrentamiento murieron cuatro presuntos delincuentes. En lo que va de 2017 han sido asesinados 36 funcionarios de cuerpos de seguridad, en 2016 fueron 414.

– Lanzaron granada contra comisión de la PNB en El Valle, municipio Libertador, Caracas. No hubo lesionados.

Miembros de un colectivo del 23 de enero amedrentan y mantienen retenidos a feligreses dentro de una iglesia en el 23 de Enero, municipio Libertador Caracas. El incidente se registró durante la realización de una misa. Los integrantes de uno de los grupos paramilitares que operan en esa parroquia rodearon el templo e impidieron la salida de las personas.

30 de enero

– Tiroteo en las adyacencias de La Casona, en La Carlota, municipio Sucre, Caracas. Desconocidos intentaron ingresar a la residencia presidencial La Casona, presuntamente con la intención de robar armas. Cuando los soldados encargados de la seguridad se percataron se produjo un enfrentamiento. No hubo heridos, ni detenidos. Sin embargo, se trato de un hecho insólito y sin precedentes. 

31 de Enero

– Dos funcionarios de Polibolívar fueron asesinados en el municipio Heres, en el estado Bolívar. Los oficiales Elio Ponce y Jorge Tarrio fueron emboscados por delincuentes que les dispararon cuando acudieron a atender una denuncia por un supuesto robo. Los delincuentes los despojaron de sus armas y de la patrulla en la que se desplazaban.

– Un funcionario de la policía municipal de Mariara fue asesinado en el estado Carabobo. El oficial agregado José Francisco Guerrero Galíndez fue atacado por desconocidos que le dispararon cuando se desplazaba en una moto. No lo despojaron de sus pertenencias.

 

 

Maduro hace un

@ronnarisquez

DESDE EL NOMBRE (CAMPAÑA CARABOBO 2021), pasando por las seis líneas de acción, hasta llegar a los ejecutores del programa: El “nuevo” plan de seguridad de Nicolás Maduro es un refrito de políticas de criminalidad ya conocidas, con los mismos actores y un final predecible.

Hasta los funcionarios designados para ejecutar el Plan Campaña Carabobo 2021 fueron reciclados: Tareck El Aissami, Néstor Reverol y Gustavo González López lideraron las políticas de seguridad del país como ministros de Relaciones Interiores (2008, 2012, 2016) y ninguno logró reducir la criminalidad. 

Por el contrario, durante la gestión de El Aissami -que hacía llave con Reverol, como viceministro- los homicidios aumentaron en 60% y se consolidó la figura del “pran”, mientras que González López fue el padre de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP).

planes de seguridadFoto El Cooperante

“Es un plan reactivo ante la muerte de una figura pública como el animador Arnaldo Albornoz. Ensamblaron lo primero que se les ocurrió para hacer un refrito y dar respuesta a ese asesinato. No tenían nada y lo que hicieron fue juntar todos los planes anteriores y los mezclaron. Agarraron Patria Segura -el primer plan de Maduro-, patrullaje inteligente, cuadrantes de paz, Movimiento por la Paz y la Vida, hicieron una reedición de la ley sapo y a la OLP le colocaron una “h”, lo metieron en una licuadora y sacaron eso”, explicó Luis Izquiel abogado penalista y experto en seguridad ciudadana.

Campaña Carabobo, así se llamó el comando de la campaña electoral que llevó a Hugo Chávez a la Presidencia de la República en 2012; Movimiento por la Paz y la Vida, fue la “institución” que en 2013 creó las zonas de paz; Cuadrantes de Paz, una división geográfica de patrullaje de seguridad diseñada por Miguel Rodríguez Torres cuando fue ministro de Relaciones Interiores en 2014… Es así como las 6 líneas de acción anunciadas por Maduro el pasado martes 17 de enero para combatir la criminalidad no son más que un refrito de viejas y fracasadas estrategias de seguridad ciudadana implementadas por los dos gobiernos chavistas en el pasado.  

1. Movimiento por la Paz y la Vida

Esta instancia gubernamental existe desde 2013. Está adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y en su primera etapa fue dirigida por José Vicente Rangel Àvalos, quien para ese entonces era viceministro de Seguridad Ciudadana.  

ran

No hay nada nuevo en su versión 2017 y su primera edición no dejó logros para añorar. El Movimiento por la Paz y la Vida -en teoría- fue creado con la finalidad de promover la convivencia en las localidades más violentas del país mediante la reinserción y pacificación de los grupos delictivos. Se les recuerda por ser los artìfices y fundadores de las Zonas de Paz, en septiembre de 2013. Las primeras se instalaron en el estado Miranda: 4 municipios de Barlovento y 6 de los Valles del Tuy.

Las Zonas de Paz -impulsadas por el Movimiento por la Paz y la Vida- se convirtieron en territorios liberados, donde los cuerpos de seguridad no podían ingresar y las bandas organizadas delinquían con impunidad. Estas zonas fueron usadas para ocultar a delincuentes evadidos de las cárceles o solicitados por las autoridades, y para mantener en cautiverio a vìctimas de secuestros. Las bandas delictivas se unieron para actuar contra la policía y preservar su “negocio”: el tráfico de drogas. La Cota 905, El Valle y El Cementerio, como zonas de paz, se convirtieron en el 2015 en la pesadilla de los cuerpos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro. Ataques a ministros y viceministros, agresiones con granadas, asesinatos de policías y quema de vehículos policiales fueron la constante.

El ex basketbolista profesional Alexander Vargas será el encargado de conducir y poner nuevamente en acción al Movimiento por la Paz y la Vida.

2. Patria Segura y Patrullaje Inteligente

El Plan Patria Segura arrancó en el segundo semestre de 2013, como parte de la Misión A Toda Vida Venezuela. En su momento, el entonces ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que a través de Patria Segura “se buscaba fortalecer la seguridad ciudadana y disminuir los índices de violencia en el país… Destacó la necesidad de que todos los sectores del país se sumen a esta labor, cuyo fin es construir un país de paz y de convivencia ciudadana”.

Al momento de hacer la presentación de lo que fue su primer plan de seguridad, el presidente Nicolás Maduro, dijo: “el objetivo del Plan Patria Segura es establecer un sistema de protección para el pueblo”, según publicó el Correo del Orinoco el 13 de junio de 2013.

La oferta presidencial de protección para la ciudadanía también incluía el patrullaje inteligente como parte del plan Patria Segura. En esa oportunidad (junio de 2013) Maduro precisó “que, en función de esa meta, toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se encuentra desplegada en el país para proteger a las comunidades”.

Tres años y medio después, el 17 de enero de 2017, las cosas no han cambiado mucho: los homicidios pasaron de 24.763 en 2013 a 28.479 en 2016, según registros del Observatorios Venezolano de Violencia y Maduro nuevamente “ordenó al Estado Mayor del Sistema Policial Venezolano el despliegue de las fuerzas policiales con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), para que el Plan Patria Segura sea relanzado y cada vez más efectivo”, dice una nota publicada en la página de VTV.

3. Cuadrantes de la paz

En su nuevo plan de seguridad ciudadana, el presidente Nicolás Maduro tampoco sorprende con la implementación de los “Cuadrantes de la Paz”. En realidad esa forma de división del territorio para proteger a las comunidades de los delincuentes fue idea de Miguel Rodríguez Torres, cuando fue ministro de Relaciones Interiores. El proyecto surgió en 2013, pero febrero de 2014 era la fecha escogida para ponerlo en marcha.

Aunque se realizó una amplia campaña informativa, los cuadrantes realmente nunca funcionaron. Su activación fue opacada por el inicio de las protestas estudiantiles contra el gobierno de Maduro, los funcionarios que debían ocuparse de los cuadrantes fueron utilizados para reprimir las manifestaciones; los teléfonos asignados para reportar emergencias nunca eran atendidos y la intespectiva salida de Rodrìguez Torres del despacho de seguridad dejó a los cuadrantes como un formato de uso referencial de algunos cuerpos de seguridad.

“Los alcaldes y gobernadores aseguran que los cuadrantes fueron abandonados. Y en los cuadrantes no responde nadie”, indicó Luis Izquiel.

Este remake 2017 de los “Cuadrantes de la Paz” tiene un aditamento: la “unión cívico-militar”. Esta variación deja abierta la posible incorporación oficial de civiles armados (colectivos) a las funciones de patrullaje, lo cual ya ocurre de manera no formal.

El vicepresidente Tareck El Aissami, en una de las múltiples cadenas realizadas la semana pasada para ofrecer detalles de la Campaña Carabobo 2021, explicó que los Cuadrantes de Paz serán los “núcleos básicos de la política estructural de seguridad”. Para lograr este objetivo se requiere de gran cantidad de funcionarios de cuerpos de seguridad, que actualmente no tiene.

Por esa razón, el presidente Maduro y el vicepresidente invitaron a los jóvenes a sumarse a las filas de la Policía Nacional Bolivariana. Anunciaron que abrirán 10.000 plazas para nuevos aspirantes, que los nuevos uniformados saldrán a las calles apenas seis meses de su incorporación a la PNB.

sima

 

Adicionalmente, el viernes 20 de enero de 2017, el ministro Néstor Reverol informó a través de su cuenta de Twitter que instalarán cámaras de seguridad en todos los cuadrantes.

Una promesa similar hizo el ministro Rodrìguez Torres el 21 de agosto de 2013, cuando anunció la instalación de 30 mil cámaras de seguridad en todo el país. “La empresa estatal china Ceiec pondrá en marcha a mediados de septiembre en el Municipio Sucre un Sistema Integrado de Monitoreo con cámaras y asistencia denominado Sima”, decía la información publicada por Noticias 24.

En la pàgina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela se dan más detalles del proyecto y se mencionan los recursos. “El Gobierno Bolivariano de Venezuela destinó mil 65 millones de dólares para la puesta en marcha del Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia (SIMA), según informó el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. El titular de esta cartera, añadió que los recursos fueron aprobados por el Fondo de Cooperación China-Venezuela”.

4. Sistema de Inteligencia de Protección Popular para la Paz (SP3)

“Toda acción policial debe estar fundamentada en la inteligencia para evitar desviaciones y excesos policiales, dijo Maduro al anunciar el plan de espionaje y delación vecinal que supuestamente servirá para identificar y ubicar a los delincuentes en los sectores populares.

Sin embargo, esta “estrategia” de vigilancia ciudadana es similar a la llamada “ley sapo”, que intentó aplicar Hugo Chávez con fines políticos en 2008. En esa ocasión Chávez promulgó y drogó de inmediato la ley de inteligencia y contrainteligencia que obligaba a cualquier persona a cumplir labores de inteligencia si así lo solicitaban las autoridades.

En 2012, Chávez nuevamente intentó revivir la esencia de la ley sapo con la aprobación de Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

En diciembre de 2016, luego de la ola de saqueos y violencia en los estado Bolívar, Apure y Táchira , el presidente Maduro “relanzó el Sistema de Protección Popular, conocido como SP3, el cual, a juicio de especialistas, reedita preceptos de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia -bautizada como ‘ley sapo’- del año 2008 que fue promulgada por el entonces presidente Hugo Chávez y derogada pocos días después”, dice una nota publicada por El Pitazo el 30 de diciembre.

patri

 

El mandatario vuelve a mencionar el SP3 un par de días después del asesinato del animador de televen, Arnaldo Albornoz, en el marco de la Campaña Carabobo 2021. El plan será coordinado por el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, y “su función es advertir amenazas”, dijo Maduro.

Aunque no existe en la legislación venezolana, la figura de los delatores infiltrados ya ha sido usada por el Gobierno de Nicolás Maduro bajo la denominación de “patriotas cooperantes”. Estos personajes anónimos figuran como informantes y testigos en los expedientes de decenas de presos políticos desde 2014. Un de estos es el caso de Araminta González, que fue entregada a las autoridades por presuntos patriotas cooperantes, quienes la acusaron de terrorismo y conspiración.

ubch

 

También en los reportes policiales se viene utilizando la denominación de “patriotas cooperantes” para referirse a los informantes o denunciantes de delitos comunes. En los barrios, esta práctica ha derivado en agresiones y asesinatos de dirigentes vecinales a quienes los miembros de las bandas delictivas han responsabilizado de entregarlos a las autoridades. Elizabeth Aguilera, jefa de la UBCH de la Escuela Sucre fue asesinada en junio de 2016 en la Cota 905 por integrantes de organizaciones delictivas. Le dispararon en el rostro y posteriormente quemaron su cuerpo en venganza por haber revelado su paradero a la policía.

5. Operación de Liberación Humanista del Pueblo

La Operación de Liberación del Pueblo (OLP) fue estrenada en la Cota 905 el 13 de julio de 2015 por Gustavo González López, quien estaba al frente del despacho de Relaciones Interiores en ese momento. El procedimiento fue una respuesta a una seguidilla de ataques perpetrados por las bandas delictivas que operaban en el sector contra el ministro de Deportes, el viceministro de Seguridad Ciudadana, funcionarios policiales y militares. Los hechos de violencia en el sector se incrementaron luego de que la franja que conecta la Cota 905, El Valle y El Cementerio fue convertida en zona de paz por iniciativa del José Vicente Rangel Ávalos.

Desde el día de su nacimiento la OLP se convirtió en el brazo ejecutor de una política de exterminio, avalada por el Gobierno y caracteriza por diversas violaciones a los Derechos Humanos. Las denuncias de irrespeto al derecho a la vida, el derecho a la vivienda, las torturas y los tratos crueles son innumerables. Algunas ONG como Provea y Cofavic llevan registros de estos casos y denunciado que la participación de diversos cuerpos de seguridad diluye las responsabilidades. Hasta la fecha más de 900 personas habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el marco de la OLP.

olp

Adicionalmente esta política del presidente Nicolás Maduro no contribuyó a reducir la violencia y la inseguridad en el país. El año 2016 cerró con 28.479 homicidios en todo el país, según el OVV.

Luego de las innumerables denuncias por los abusos y excesos cometidos durante estas razias, y en particular en la masacre de Barlovento -donde funcionarios del Ejército ejecutaron a 13 hombres detenidos en una OLP-, el presidente Maduro anuncia una versión moderada y “humanista” de la Operación de Liberación del Pueblo y utilizó el calificativo de “percances” para referirse a las violaciones de DDHH. Como si agregar una palabra al nombre de un plan de seguridad cambiará el pensamiento bélico de los funcionarios que realizan estos procedimientos desde hace 2 años, con “licencia para matar”.

“Las OLHP son una acción puntual que debe estar orientada por el respeto a los derechos humanos. La violencia no se combate con violencia”, dijo Maduro para relanzar por tercera ocasión en año y medio el procedimiento de exterminio que lleva a las zonas populares.

6. Casas de Justicia

Las casas de justicia tampoco son una novedad. Existen desde el 10 de julio de 2013. La primera fue inaugurada por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez; y el ministro Miguel Rodríguez Torres en una vistosa y publicitada actividad en Ciudad Caribia.

casa2

Foto Ministerio Público

“El TSJ está dispuesto a que la justicia llegue para los que están en la cúspide de la pirámide, porque estamos combatiendo con mucho vigor la impunidad”, aseveró la magistrada Gutiérrez en esa oportunidad. Pero tres años y medio después el sistema de justicia que ella lidera no ha alcanzado a los culpables de 92 % de los delitos que ocurren en el país.

Además la agradable instalación de Ciudad Caribia no sirvió de mucho a las víctimas de la OLP del 30 de junio de 2016. Los familiares de siete víctimas de ejecuciones extrajudiciales nunca fueron visitados, ni atendidos por el personal que hace vida en la casa de justicia.  

casa1

En una noticia publicada por el Correo del Orinoco el 9 de diciembre de 2015, se anuncia la creación de seis casas de justicia penal en otros urbanismos de Misión Vivienda durante el primer semestre de 2016. La información dice: “Estas casas son espacios creados por el Gobierno Bolivariano para la transformación del sistema de justicia penal mediante la creación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos… Las Casas de Justicia Penal son espacios de articulación interinstitucional destinados a implementar un sistema de justicia municipalizado, cercano a las comunidades, que se encargue de conocer, investigar y decidir sobre los hechos punibles como faltas y delitos menores”.

En su alocución del 17 de enero de 2017, Maduro explicó: “Las casas de justicia, son casas para la resolución de conflicto, para la justicia temprana, para la combatir la impunidad, para llevar la Ley y el orden adentro de la comunidad”.

Y así se completa el reciclaje de los planes de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro, empaquetado ahora con el nombre de Campaña Carabobo 2021. “Esto no aguanta ningún un análisis serio. ¿Cómo hace uno para analizar esta mamarrachada política que se le ocurrió a Maduro?”, se pregunta Luis Izquiel.