“Profundiza modelo de control”: Gremios y periodistas rechazan propuesta de registro de medios digitales

Diversas organizaciones gremiales y figuras del periodismo venezolano manifestaron su rechazo a la propuesta de crear un “registro nacional de portales digitales”, iniciativa asomada por Indira Urbaneja, miembro del Programa de Paz y Convivencia.

Urbaneja sostuvo recientemente que el desbloqueo de portales informativos debe pasar por un análisis de “responsabilidad”, sugiriendo que solo aquellos medios que se “pongan a derecho” bajo este nuevo registro podrían ver restablecido su acceso.

“Hay portales que publican noticias y no sabemos ni siquiera quiénes son los dueños”, afirmó, condicionando la libertad de comunicación a este padrón oficial.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reaccionó señalando que en el entorno digital no existe una limitación de espectro que justifique una regulación de este tipo. El sindicato advirtió que en Venezuela ya existen bloqueos y restricciones sistemáticas, y que “imponer registros obligatorios profundiza ese modelo de control” que se ha venido denunciando en los últimos años.

“Exigir un registro obligatorio no responde a ninguna necesidad técnica, sino a una lógica de control. Imponer registros equivale a restringir quién puede ejercer la libertad de expresión”, advirtió el sindicato a través de un comunicado.

Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, alertó que cualquier medida que condicione el derecho a informar representa una violación directa a la Constitución. La organización gremial subrayó que, en un contexto de bloqueos sistemáticos, un registro obligatorio se convierte en una “herramienta de persecución” y que la responsabilidad debe ser siempre posterior, bajo el debido proceso, y nunca mediante controles previos.

A su vez, el periodista y director de Punto de Corte, Nicmer Evans, expresó su indignación calificando la propuesta como una “aberración”. Evans, quien ha sido preso político en dos ocasiones, recordó que los medios digitales ya enfrentan bloqueos arbitrarios y ataques físicos contra su personal.

“¿Para qué quieren un registro nacional? ¿Para obtener datos más precisos con los cuales forzar la censura o para condicionar aún más nuestra existencia?”, cuestionó Evans. El también expreso político enfatizó que el desbloqueo de medios no requiere de mesas de trabajo ni registros, sino de “voluntad política por parte del censor”.

También, el periodista Rory Branker, quien estuvo detenido durante un año, calificó la propuesta como una agresión directa a la prensa libre. “Algo así desembocará en más persecución, acoso, tortura y cárcel para periodistas y ciudadanos”, sentenció, alertando sobre el peligro de normalizar este tipo de exigencias estatales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El periodista Rory Branker, quien estuvo detenido durante un año, calificó la propuesta como una agresión directa a la prensa libre
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Diversas organizaciones gremiales y figuras del periodismo venezolano manifestaron su rechazo a la propuesta de crear un “registro nacional de portales digitales”, iniciativa asomada por Indira Urbaneja, miembro del Programa de Paz y Convivencia.

Urbaneja sostuvo recientemente que el desbloqueo de portales informativos debe pasar por un análisis de “responsabilidad”, sugiriendo que solo aquellos medios que se “pongan a derecho” bajo este nuevo registro podrían ver restablecido su acceso.

“Hay portales que publican noticias y no sabemos ni siquiera quiénes son los dueños”, afirmó, condicionando la libertad de comunicación a este padrón oficial.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reaccionó señalando que en el entorno digital no existe una limitación de espectro que justifique una regulación de este tipo. El sindicato advirtió que en Venezuela ya existen bloqueos y restricciones sistemáticas, y que “imponer registros obligatorios profundiza ese modelo de control” que se ha venido denunciando en los últimos años.

“Exigir un registro obligatorio no responde a ninguna necesidad técnica, sino a una lógica de control. Imponer registros equivale a restringir quién puede ejercer la libertad de expresión”, advirtió el sindicato a través de un comunicado.

Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, alertó que cualquier medida que condicione el derecho a informar representa una violación directa a la Constitución. La organización gremial subrayó que, en un contexto de bloqueos sistemáticos, un registro obligatorio se convierte en una “herramienta de persecución” y que la responsabilidad debe ser siempre posterior, bajo el debido proceso, y nunca mediante controles previos.

A su vez, el periodista y director de Punto de Corte, Nicmer Evans, expresó su indignación calificando la propuesta como una “aberración”. Evans, quien ha sido preso político en dos ocasiones, recordó que los medios digitales ya enfrentan bloqueos arbitrarios y ataques físicos contra su personal.

“¿Para qué quieren un registro nacional? ¿Para obtener datos más precisos con los cuales forzar la censura o para condicionar aún más nuestra existencia?”, cuestionó Evans. El también expreso político enfatizó que el desbloqueo de medios no requiere de mesas de trabajo ni registros, sino de “voluntad política por parte del censor”.

También, el periodista Rory Branker, quien estuvo detenido durante un año, calificó la propuesta como una agresión directa a la prensa libre. “Algo así desembocará en más persecución, acoso, tortura y cárcel para periodistas y ciudadanos”, sentenció, alertando sobre el peligro de normalizar este tipo de exigencias estatales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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