Más de 20 organizaciones sociales y de derechos humanos en Venezuela enviaron una carta al mandatario colombiano, Gustavo Petro, para expresar su preocupación por la situación institucional venezolana y solicitar el acompañamiento del gobierno colombiano en la defensa de principios democráticos y de derechos humanos en la región.
La comunicación surge tras el anuncio de la próxima visita a Bogotá de Delcy Rodríguez, quien fue designada “presidenta encargada” de Venezuela por decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 3 de enero de 2026. Las organizaciones advierten que esta designación se basa en una interpretación “extraordinaria” de la Constitución que no se ajusta a los procedimientos establecidos para la sustitución del Presidente de la República.
La misiva señala que el artículo 233 constitucional establece las causales de falta absoluta del Presidente y prevé mecanismos institucionales específicos para su sustitución, incluyendo la convocatoria a elecciones cuando corresponda. Por su parte, el artículo 234 regula las faltas temporales, disponiendo su carácter limitado en el tiempo —hasta noventa días prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional— y sujeta su ejercicio a controles institucionales determinados.
De acuerdo a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ordena el ejercicio pleno de las atribuciones presidenciales por parte de la Vicepresidenta Ejecutiva reconoce expresamente la existencia de una situación “no prevista literalmente” en la Constitución, no declara formalmente la configuración de una falta temporal conforme al artículo 234, no establece límites temporales al ejercicio del poder y no activa los mecanismos de control institucional previstos en el texto constitucional.
Para las organizaciones firmantes, estos elementos generan “dudas relevantes” sobre la regularidad del procedimiento de sucesión presidencial y sobre la vigencia de la separación de poderes y el control democrático en Venezuela.
Llamado al liderazgo regional de Colombia
Las ONG destacan el papel histórico de Colombia en la promoción de soluciones pacíficas y democráticas en América Latina y consideran que el liderazgo regional del país puede ser determinante para la protección del orden constitucional y los derechos humanos en Venezuela.
En ese sentido, solicitan que durante los encuentros bilaterales previstos con la delegación venezolana se promuevan cinco principios clave:
- Defensa del orden constitucional y de los límites democráticos al ejercicio del poder.
- Garantías plenas de derechos humanos , incluyendo la liberación de presos políticos —entre ellos ciudadanos colombianos— y el cese de la persecución política.
- Respeto al derecho a la participación política y a la soberanía popular mediante elecciones libres y verificables.
- Fortalecimiento de la institucionalidad democrática y de la separación de poderes.
- Rol activo de Colombia en la búsqueda de soluciones pacíficas basadas en estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluyendo la posibilidad de que la CIDH visite Venezuela.
Las organizaciones concluyen que el compromiso de Colombia con la democracia y los derechos humanos puede contribuir “de manera decisiva” a la construcción de soluciones institucionales duraderas para Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
