La captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero tras un ataque militar de Estados Unidos en Caracas y la instauración de una “presidencia encargada” a cargo de Delcy Rodríguez no han desmantelado el sistema de persecución y represión en Venezuela. Esta es la principal conclusión de la actualización oral que presentaron los dos expertos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM) este 12 de marzo de 2026 ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra en su 61º período de sesiones.
María Eloísa Quintero fue la experta que leyó el documento, en el que se destaca que “la compleja maquinaria legal e institucional que instigó y facilitó la comisión de violaciones graves de derechos humanos y de crímenes internacionales permanece intacta. No existen indicadores sobre cambios o reformas estructurales”.
Aseguran que después del 3 de enero, continúan recibiendo testimonios directos, declaraciones de víctimas y familiares, documentos e informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas.
La Misión también consideró que la operación estadounidense en Venezuela “violó el derecho internacional” y aunque reiteró que tienen motivos razonables para creer que el exgobernante Nicolás Maduro “es responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población civil”, esto no justifica “una intervención militar ilegal”.
Reiteraron, en ese sentido, su llamado a que todos los actores señalados como participantes del sistema de represión y perpetración de esos crímenes rindan cuentas “en un proceso judicial con las debidas garantías”.
Dos fases de una misma política estatal
El informe presentado este 12 de marzo divide el monitoreo en dos etapas: la primera, entre septiembre y diciembre de 2025, marcó una continuidad de los “patrones graves de derechos humanos” ya documentados: 135 detenciones arbitrarias, casos de violencia sexual en centros de reclusión y “casas de seguridad” y la muerte de al menos tres personas bajo custodia.
Las investigaciones revelaron que estas muertes podrían derivarse “de condiciones de salud que no fueron oportuna y debidamente atendidas”, lo que a juicio de los expertos, pone en relieve “las duras condiciones en las que se encuentran las víctimas de detenciones, principalmente aquellas motivadas políticamente”.
El balance hasta diciembre de 2025 también da cuenta de que un tercio de las personas detenidas “eran familiares de los objetivos principales de los arrestos” y destaca con especial preocupación que en la lista se incluyen “ocho niños, niñas y adolescentes, entre ellos, niños de dos y cinco años”.
Maduro fuera, represión adentro
Desde la llegada de Delcy Rodríguez al poder bajo la figura de “presidenta encargada” con el aval de Estados Unidos y la declaración de un cuestionable “estado de emergencia externa”, la Misión ha documentado al menos 87 nuevas detenciones.
En el balance, recuerdan que 14 periodistas y trabajadores de medios fueron detenidos temporamente mientras cubrían la juramentación de Rodríguez el pasado 5 de enero. Asimismo, mencionan el caso de al menos 27 personas, incluidos 15 niños, quienes fueron arrestadas por presuntamente celebrar la captura de Nicolás Maduro.
El reporte incluye la detención de 30 funcionarios del CICPC y sus familiares, luego de que estos se negaran presuntamente a falsificar evidencia relacionada con los eventos del 3 de enero.
Una amnistía con letras pequeñas
Aunque la Misión valora la excarcelación de cientos de personas y la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática el 20 de febrero, los expertos mantienen “serias reservas” y cuestionan la ley por ser restrictiva y poco consultada, no reconocer la responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos, no contemplar “procesos trasparentes e integrales, investigaciones independientes, ni mecanismos de búsqueda de la verdad” y por tampoco reconocer a las víctimas de represión.
Criticaron que se les siga caracterizando como delincuentes, “sin derecho a una reparación efectiva”.
Para la Misión, el alcance de la Ley de Amnistía es “arbitrariamente restrictivo, limitándose a delitos (no ilícitos civiles, disciplinarios, administrativos y otros) y a una lista acotada de acontecimientos”. Llaman la atención sobre el hecho de que la amnistía “excluye a un gran número de personas detenidas en relación con otros hechos, como las presuntas acciones armadas o de fuerza contra la soberanía y la integridad territorial del país” y recalcan que esta ha sido una acusación usada frecuentemente por las autoridades para detener a militares, exmilitares y civiles.
Mencionaron que las cifras de excarcelados que maneja el gobierno en virtud de la Ley de Amnistía (247 personas) así como las de quienes han recibido libertad plena (7407, afirman las autoridades) discrepan de los cómputos de la ONG, que son “significativamente menores”. Precisaron que al menos 76 extranjeros o personas con doble nacionalidad siguen tras las rejas por motivos políticos en Venezuela.
Maquinaria de represión intacta y en mutación
El grupo de expertos de la Misión de la ONU confirmó que los colectivos o grupos de civiles continúan operando en el país, y que el espacio cívico y democrático sigue “fuertemente restringido”, así como que también persisten los ataques, hostigamientos e intimidación contra las organizaciones de la sociedad civil, “los escasos medios independientes que todavía existen” y actores políticos.
El informe agrega que no existen indicios de reformas estructurales en instituciones del Estado que han jugado un papel clave en la represión, entre ellas figuran el poder judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, así como otras instituciones con competencias relevantes para el funcionamiento del espacio cívico y democrático, tales como el Consejo Nacional Electoral o el Consejo Nacional de Telecomunicaciones.
Insisten en que varios funcionarios identificados previamente por la misión como responsables de crímenes de lesa humanidad continúan ocupando altos cargos en el Ejecutivo y en las fuerzas de seguridad y que el marco legal que dio pie a la persecución política se mantiene “plenamente en vigor“. Entre los instrumentos legales mencionados están la Ley Constitucional contra el Odio
por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, o Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, que pidieron “derogar o reformar sustancialmente”.
En la actualización sobre Venezuela se dejó claro también que las perspectivas de garantías plenas para la celebración de elecciones libres y democráticas “siguen siendo remotas”.
Una advertencia en la que hizo énfasis Quintero al presentar la actualización oral es que las estructuras y alianzas represivas están “mutando” en un intento de “adaptarse a la nueva realidad y mantener el poder”.
No es momento para retirar la atención de Venezuela
Ante este panorama, la Misión reiteró que el país necesita cambios profundos y sostenidos.
“Como la Misión ha afirmado anteriormente, se requiere un cambio mucho mas profundo y duradero para que la ciudadanía pueda confiar en que los largos años de represión y violencia han llegado a su fin”, indica el documento.
La Misión destacó la importancia de poder continuar con su labor -cuyo mandato fue extendido hasta septiembre de 2026- para “identificar a los actores y mecanismos involucrados en las graves violaciones y delitos que obstaculizan el retorno al Estado de Derecho, siempre de conformidad con su mandato de investigación”.
Hicieron un exhorto también a las autoridades venezolanas a que cooperen y “permitan su acceso pleno al país, como una expresión de transparencia y colaboración con la Misión”.
“La Misión entiende que es un momento para aumentar el apoyo, acompañamiento y escrutinio internacional, no para disminuir la atención. El pueblo de Venezuela no merece menos. Las miles de víctimas venezolanas y de otras nacionalidades, así lo requieren”, concluyen.
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