La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) concluyó oficialmente el examen preliminar de la situación denominada Venezuela II, determinando que no existe una base razonable para creer que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad mediante la imposición de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos.
Esta decisión pone fin al examen preliminar iniciado en febrero de 2020 tras una remisión del Estado venezolano, que denunciaba presuntos crímenes de lesa humanidad derivados de la “aplicación de medidas coercitivas ilícitas adoptadas unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos de América contra Venezuela, al menos desde el año 2014”.
La denuncia del Estado sostenía que dichas sanciones habían derivado en actos como asesinato, exterminio y persecución contra la población venezolana. No obstante, La Fiscalía aclaró que su mandato se limitó a determinar si la imposición de dichas medidas constituía una conducta criminal según el Estatuto de Roma, y “no si eran ilícitas bajo el derecho internacional per se“.
Aunque la Fiscalía reconoce que la imposición de sanciones de los Estados Unidos “puede haber exacerbado una situación humanitaria extrema ya existente”, dicha información resulta “insuficiente por sí sola para demostrar, a efectos del derecho penal, que existía un nexo causal suficiente” entre las sanciones y los crímenes alegados.
“La decisión ha sido notificada a las autoridades de Venezuela y a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI. El Gobierno de Venezuela podrá, dentro de un plazo de 90 días, solicitar a la Sala que revise la decisión de la Fiscalía de no iniciar una investigación”, señala el documento.
El organismo recordó que la conclusión del caso Venezuela II “es independiente de la investigación en curso de la Fiscalía sobre la Situación en la República Bolivariana de Venezuela I —y no tiene ninguna repercusión sobre ella—”. A diferencia del expediente anterior, la situación Venezuela I se centra en presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las propias autoridades del Estado venezolano contra su población civil.
El caso Venezuela I inició formalmente su examen preliminar en febrero de 2018 y escaló a una investigación oficial en noviembre de 2021, tras denuncias de una política estatal de represión que incluía tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias y persecución política, especialmente en el contexto de las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017.
Mientras que en la situación Venezuela II el Gobierno venezolano actuó como denunciante contra EE. UU., en Venezuela I es el sistema de justicia y las fuerzas de seguridad del Estado venezolano los que están bajo la lupa de la Fiscalía de la CPI por su presunta responsabilidad directa en abusos sistemáticos.
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