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#NotasSobreLaIzquierdaVenezolana | La izquierda cultural venezolana

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La izquierda cultural venezolana 1958–1968, de Alfredo Chacón, representa un material de indispensable consulta
Leer los textos recopilados por Alfredo Chacón y editados en 1970 por la Editorial Domingo Fuentes es acercarse a un archivo extremo y sectario

 

@YsaacLpez

A los que fueron de los sesenta

Siempre quise leer ese libro de Alfredo Chacón. Una especie de texto mítico de mi adolescencia tras la nostalgia de aquel tiempo perdido. Ni siquiera en Mérida pude localizarlo en mis primeros años de vida en la ciudad. Su encuentro hace dos meses en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la ULA representó dar con una fuente testimonial de primer orden sobre la emergencia radical venezolana de la década de los sesenta. Algo de lo que nadie quiere acordarse, pero que me interesa pues la poesía, la narrativa, el ensayo, la crítica literaria, el artículo y la controversia periodística fueron mucho más que “el perfume de una época”.

Leer los textos recopilados por Alfredo Chacón y editados en 1970 por la Editorial Domingo Fuentes es acercarse a un archivo extremo y sectario, a visiones tan intransigentes en su fe ciega que lo hacen a uno consiente de que aquellos debates y controversias de gente como Jesús Sanoja Hernández, Héctor Malavé Mata, Orlando Araujo, Armando Córdoba, José Agustín Silva Michelena, Pedro Duno, Antonio Pasquali, Manuel Caballero, Adriano González León, Jacobo Borges, Edmundo Aray o Darío Lancini, además de los textos sin firma de publicaciones como Tabla Redonda, Crítica Contemporánea, y Clarín de los Viernes tenían que tener una expresión también en los hombres y mujeres que empuñaban las armas en la sierra de Coro, las montañas de Lara y Portuguesa, en Turimiquire, o los cerros de Trujillo y El Bachiller.

Mención aparte merece la entrevista de enero de 1965 al director de la Escuela de Historia de la UCV, Germán Carrera Damas, titulada La Historia como instrumento de liberación nacional y publicada en el periódico Qué pasa en Venezuela, ligado al PCV. Para el universitario, la historia necesaria conllevaba al estudio de la política “como la expresión global del desarrollo general de las sociedades”. “La historia no es un recetario práctico para uso de políticos miopes. Tampoco es la tienda de antigüedades en que la han convertido quienes acuden a ella en búsqueda de una cosa vieja en qué apoyar alguna malignidad presente.” 

Indica Carrera Damas: “Difieren, sin embargo, básicamente, los intereses del historiador de lo contemporáneo, de los del político partidista. Si bien para ambos debe regir por igual el propósito de la clara comprensión de lo contemporáneo, la misión del historiador –incomprendida por muchos– es básicamente la de actuar como un testigo de su tiempo. Ello no implica, repetimos, renunciar a una participación que, por otra parte, no sería otra cosa que el ejercicio de un elemental derecho ciudadano, pero sí el compromiso de esforzarse por alcanzar planos de observación sistemática en lo posible desligados de preferencias personales.”

Siendo Germán Carrera Damas parte del Comité Editorial de la revista Crítica Contemporánea, junto con Orlando Albornoz, Gustavo Carrera Damas, Rafael Di Prisco, Pedro Duno, Marisa Kohn de Beker, Juan Nuño y Federico Riu, encontramos en el libro una reseña crítica de Clarín de los Viernes, del 2 de agosto de 1963, donde se cuestiona a esa publicación por ataques a los profesores de la Facultad de Humanidades, Federico Brito Figueroa y Eduardo Arcila Farías. 

En general, las batallas de la élite cultural venezolana de izquierda entre 1958 y 1968 pretenden poner en claro el compromiso del intelectual con los cambios requeridos por la sociedad, la expresión trascendente de lo parroquial y pintoresco, la experimentación y el riesgo, el dialogo con tendencias y proyectos del mundo contemporáneo.

Desde el ensayo introductorio de Alfredo Chacón sabemos que encontraremos lo que el poeta Pepe Barroeta llamó “La hoguera de otra edad”. El discurso vehemente y comprometido de una generación del país que no pretendía pactar con el statu quo, sino arrasar sus cimientos como mandato de una era que urgía nacer y exigía acabar con un tiempo viejo. Para Chacón, aquella efervescencia duraría apenas entre 1958 y 1963. Lo demás fueron mecanismos de exhibición, incluso la rebeldía, el enfado, lo contestatario.

A 53 años de su publicación, este libro se agradece desde la perspectiva del investigador. De aquel que no busca comparar a la izquierda de los sesenta con la que se montó en el Volkswagen del chavismo, el que no asume su trabajo para entrar en el tráfico de ventas de la hora.

La izquierda cultural venezolana 1958–1968, de Alfredo Chacón, representa un material de indispensable consulta, que habrá de completarse con colecciones que puedan quedar del maltrato a las bibliotecas públicas en estos tiempos, de publicaciones como Rayado en el Techo, Crítica Contemporánea, Izquierda, Principios, Qué pasa en Venezuela, La Esfera, Tribuna Popular, FALN, Documentos Políticos, Joven Guardia, Punto Negro, Fuego, Pueblo y revolución, Rocinante y Ruptura, entre otros periódicos y revistas para la cultura, el debate y la pelea.

La izquierda cultural venezolana, por Isaac López
La compilación de Alfredo Chazón pudiera completarse con publicaciones como Principios, Documentos Políticos, Documentos, entre otras de la izquierda cultural venezolana.

Una guerra es el enfrentamiento de dos bandos. Si yo solo hago la historia de uno de ellos no estoy haciendo la historia de una guerra. Estoy haciendo la historia de un bando. No nos llamemos a engaño. Y en la mayoría de los casos al hablar de la lucha armada de los años sesenta se ha hecho la historia de un bando. Ahora, recién, pasamos al otro extremo. Es decir, hacemos la historia del otro bando.

Eso no me interesa. Estaría instrumentalizando la historia para las agendas del presente, y esa no es mi tarea. Quiero comprender un periodo de la historia de mi país, no hacer proselitismo, demagogia, ni vender libros.

1.° de octubre de 2023 | isaacabraham75@gmail.com

*Profesor. Universidad de Los Andes. Mérida.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

¿Qué dice el documento del tribunal de Delaware sobre presunta responsabilidad de Guaidó en la pérdida de Citgo?

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Analistas y actores políticos han intercambiado acusaciones sobre el fracaso de Venezuela en tribunales internacionales

 

Juan Guaidó está en la picota. En los últimos días se hizo pública una decisión emanada en marzo de un tribunal federal de distrito, en Delaware, favorable a la demanda de un grupo de acreedores de Venezuela que intentan cobrar las deudas que mantiene el Estado venezolano con el embargo de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos, uno de los activos más importantes con los que cuenta el país en el extranjero.

Este documento causó revuelo político en Venezuela porque algunas interpretaciones señalaban al gobierno interino (que encabezó Guaidó desde enero de 2019 hasta enero de 2023) como responsable, no solo del casi inminente embargo de Citgo, sino además de ocasionar un incremento de la deuda para la cual esta filial sería rematada.

El fiscal general designado por la extinta constituyente, Tarek William Saab, hizo una acusación aún más precisa al señalar directamente a Guaidó y a su gobierno interino como causantes de “generar pérdidas al Estado” por más de $19.000 millones, en un discurso que parecía insinuar el robo de estos fondos por parte del interinato.

“Utilizando la figura de un gobierno ficticio, Guaidó usó recursos de PDVSA para causar pérdidas cercanas o mayores a los $19.000 millones. Esta es la magnitud del daño ocasionado al erario nacional en su accionar como delincuente internacional y jefe de una banda criminal», afirmó el titular del Ministerio Público.

Esta cifra no es especificada en el documento publicado por el tribunal de Delaware. Antes de las declaraciones de Saab, era el monto que manejaba el economista y director de la fundación Oil for Venezuela, Francisco Rodríguez, quien publicó en La Gran Aldea un artículo titulado “¿Por qué Venezuela perdió a Citgo?”, en el cual esgrime argumentos que apuntan a la responsabilidad de Guaidó en las derrotas de litigios internacionales que han comprometido a la filial petrolera.

El propio Guaidó respondió para defenderse de las acusaciones, aunque no entró en detalles más allá de catalogarlas de «falsas» y señalar a Rodríguez de «lobista». Por su parte, el presidente de la junta administradora ad-hoc de Pdvsa designada por el interinato, Horacio Medina, contestó con otro artículo publicado en La Patilla, titulado “Citgo y el Profesor Acreedor: un duelo de realidades”, en el que se dedica a refutar todos los argumentos de Rodríguez.

Pero, en medio de estas posturas encontradas y al margen de las cifras mencionadas, la decisión del tribunal de Delaware contiene los argumentos que consideró el juez Leonard P. Stark para favorecer a las partes demandantes y señala directamente tanto al Gobierno Interino como a la administración de Nicolás Maduro. El texto jurídico permite despejar algunas dudas sin tintes políticos.

¿Quiénes son los demandantes?

La decisión atañe a cuatro partes demandantes que acudieron a la corte de Delaware para dirimir si es posible cobrar sus deudas mediante el embargo y remate de Citgo. Estos actores representan apenas una diminuta parte de todos los acreedores que mantiene Venezuela y es una muestra pequeña de la cantidad de litigios que afronta el Estado en el terreno internacional. Las partes son:

OI European Group BV (OIEG): Es una filial neerlandesa de Owen Illinois, empresa estadounidense dedicada a la producción de vidrio para envases. Su demanda surge a raíz de la nacionalización de dos plantas instaladas en Venezuela por decisión del fallecido Hugo Chávez en 2010. Acudieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) y ganaron el laudo en 2015, obligando a Venezuela a pagar un monto de $372 millones más intereses y gastos judiciales. Debido a que el gobierno venezolano no ha saldado esta deuda, continuaron el camino judicial y apuntan a Citgo como opción de cobro.

Northrop Grumman Ship Systems (ahora Huntington Ingalls Industries): Es una empresa dedicada a la elaboración de embarcaciones militares. En 1997 adquirieron una licitación por parte del Ministerio de Defensa de Venezuela para modernizar dos buques para la Armada, el ARV Mariscal Sucre y el ARV Almirante Brión. El contrato era de $315 millones, pero en 2002, ya bajo la administración de Chávez, solicitaron un ajuste por sobrecostos a la tasación original, el cual no fue aceptado por Venezuela. La firma estadounidense llevó el caso a arbitraje internacional y la sentencia obligó a Venezuela a pagar $128,8 millones, más intereses.

ACL 1 Investments LTD., ACL2 Investments LTD., y LDO (Cayman) XVIII LTD: Son tres fondos de inversión dedicados a la compra de instrumentos de deuda. Adquirieron bonos de deuda que no fueron pagados por Venezuela. Una sentencia de un tribunal de Nueva York en 2020 dictaminó que Venezuela debe pagarles $118 millones, más intereses.

Rusoro Mining Limited: Es una empresa minera especializada en oro. Operaban en Bolívar las minas auríferas Choco 10 (95% de participación) y Isidora (50% de participación). Chávez nacionalizó ambas concesiones en septiembre de 2011. La firma canadiense presentó una solicitud de arbitraje internacional y el caso fue llevado al Ciadi, donde ganaron la demanda en 2018. Venezuela fue obligada a pagar $967,7 millones que, por los intereses y gastos judiciales, ya se acumulan en aproximadamente $1.300 millones.

¿Qué argumentan ante la corte de Delaware?

Este caso en específico no se centra en demostrar la culpabilidad de Venezuela en el perjuicio contra estas empresas, sino en la facultad que tendrían las partes para considerar a Citgo como un activo que puede utilizarse para saldar estas deudas.

Para ello, tenían que demostrar que Citgo —junto a PDV Holding y Pdvsa— es un equivalente al estado venezolano y que, por lo tanto, una deuda con Venezuela podría cobrarse a través de Citgo.

En este sentido, las partes se enfocaron en comprobar la existencia de la figura de “álter ego”, un término jurídico que se emplea cuando dos figuras distintas tienen una relación tan estrecha que son consideradas como iguales en un litigio.

La decisión del tribunal dio la razón a las partes demandantes en que Pdvsa es un álter ego de Venezuela y, por lo tanto, su filial, Citgo, puede ser embargada para pagar las deudas que contrae el Estado venezolano.

¿Por qué el Ministerio Público acusa a Guaidó de propiciar la consideración de Pdvsa como álter ego?

La decisión del tribunal de Delaware toma en consideración los argumentos esgrimidos por las partes demandantes, los cuales se apoyan en gran medida en el accionar del gobierno interino y el grado de control que tiene sobre Pdvsa a ojos de Estados Unidos, que consideraba a esta instancia como la representación legal de Venezuela ante ese país.

«OIEG y Huntington vinieron a esta corte con teorías similares pero distintas sobre cómo Pdvsa sigue siendo un álter ego de Venezuela. OIEG hace énfasis en la dirección y control directa del Gobierno Interino sobre las operaciones de Pdvsa en Estados Unidos y razona que el control del régimen de Maduro en Venezuela repercute en las operaciones de Pdvsa; Huntington se enfoca en el gobierno de Guaidó, pero también menciona la situación en Venezuela. ACL y Rusoro presentan argumentos similares», resume el documento.

 

El tribunal les dio especial peso a argumentos específicos, como el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 para el uso de recursos de Pdvsa para defender los activos de Venezuela en el extranjero, el hecho de que se usaran a los mismos equipos de abogados para casos de Venezuela y de Pdvsa, o el uso de fondos de Pdvsa para cubrir los litigios.

«El gobierno de Guaidó mantiene un control económico extenso sobre Pdvsa, Venezuela considera los activos de Pdvsa como activos suyos, el gobierno de Guaidó se ha financiado con activos de subsidiarias de Pdvsa en Estados Unidos, y también anunció que tratará la deuda de Venezuela y la de Pdvsa en las mismas condiciones en una eventual reestructuración de la deuda», sintetiza la decisión.

¿El álter ego no se habría determinado sin el gobierno interino?

A pesar de que se le atribuye mayor peso al Gobierno Interino que a la administración de Nicolás Maduro a la hora de demostrar el álter ego, los argumentos también consideran en gran medida el control que ejerce el gobierno chavista en la estatal.

De hecho, era vital para el caso que se considerase a Pdvsa como un álter ego, al menos desde agosto de 2018 hasta octubre de 2022, y el interinato de Guaidó tomó las riendas de la administración de estos activos a partir de 2019.

 

De hecho, el mismo tribunal de Delaware emitió una sentencia en octubre de 2018 a favor de Crystallex en un caso muy similar, determinando que Venezuela y Pdvsa no eran entidades separadas. En ese momento, no existía el Gobierno Interino.

Por lo tanto, es imposible determinar qué decisión habría tomado el juez Stark si Guaidó y su instancia interina nunca hubiesen entrado en el panorama, pero existía un precedente en el que ya había aprobado la teoría del álter ego por el control que ejerce el chavismo sobre la empresa.

¿El documento acusa a Guaidó de tomar dinero de Pdvsa?

A diferencia de lo insinuado por Saab, quien dio a entender que la «banda criminal» de Guaidó se enriqueció con los fondos de Pdvsa en el extranjero, el documento del tribunal de Delaware no expresa textualmente esta idea en ningún momento.

Lo que sí confirma el tribunal es que «el Gobierno de Guaidó ha recurrido directamente a las filiales comerciales de Pdvsa en Estados Unidos, eludiendo el derecho corporativo de Pdvsa a recibir dividendos» y que la administración de Donald Trump dio a la oposición venezolana acceso a las cuentas bancarias pertenecientes a la estatal en suelo estadounidense.

El mismo gobierno interino ha dejado claro que ha utilizado estos fondos para fines concretos, como el financiamiento de los litigios en los que Venezuela se mantiene para intentar defender los activos del país en tribunales internacionales.

¿Por qué Saab acusa a Guaidó de generar pérdidas al Estado por $19.000 millones?

Si se toma en cuenta únicamente el documento del tribunal de Delaware, utilizado por Saab para sustentar su acusación, se tendría que atribuir al interinato de abultar la deuda saldable con Citgo por aproximadamente $2.000 millones, monto que sumarían las partes demandantes en este caso.

Los $19.000 millones mencionados por Saab responden a la comparación entre la deuda confirmada de $3.400 millones previo a la existencia del interinato y la actual de $23.600 millones que acumulan todos los acreedores que tendrían la potestad de cobrarse con el embargo de Citgo, al menos según el artículo de Francisco Rodríguez en La Gran Aldea.

 

En su respuesta publicada en La Patilla, Horacio Medina levanta un cuestionamiento sobre este monto y exige a Rodríguez especificar sus fuentes. El presidente de la junta administradora ad-hoc de Pdvsa sostiene que para inicios de 2020 ya existían procesos iniciados en cortes y tribunales extranjeros exigiendo en total un monto muy superior a los $20.600 millones indicados por Rodríguez.

«A modo de ejemplo, para ese momento se habían dictado laudos contra Pdvsa y la República por más de $10.000 millones y se litigaba, en general, por otra cantidad similar ($8.000 millones) con el caso ConocoPhillips», indica la publicación de Medina.

¿Está Citgo perdida?

La aceptación de la teoría de álter ego por parte del tribunal de Delaware ciertamente deja un margen de acción corto para la defensa de Citgo. El juez incluso ya ordenó iniciar el proceso de subasta de la filial, que se extenderá hasta finales de 2024.

Medina argumenta que aún hay espacios para actuar, empezando por rebatir los argumentos empleados para catalogar a Pdvsa como álter ego. También recuerda que sigue pendiente una certificación solicitada al Tribunal de Apelaciones de Nueva York para que dirima sobre la aplicabilidad del derecho venezolano en la disputa sobre la validez de la emisión de Bonos Pdvsa 2020 con Citgo como colateral, la cual es considerada como ilegal por la oposición al no ser aprobada por la Asamblea Nacional.

De hecho, el caso en el que se emitió el dictamen reconociendo el álter ego de Pdvsa no ha cerrado. En las conclusiones, el juez detalló que las partes debían reunirse, conversar y exponer sus posiciones sobre cómo debe proceder el tribunal.

Actualmente, Citgo sigue siendo protegida por la Licencia General N° 5L, otorgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El gobierno estadounidense ha mantenido esta medida, que evita el embargo de la empresa, desde la publicación de la Licencia General Nº 5A en octubre de 2019.

 

LEA  “Te reto a que nos presentemos en cualquier Fiscalía de EEUU o en La Haya”: Guaidó a Maduro

Fernando Albán: Cinco años de una muerte sin respuestas 

Cerca de las 4 de la tarde del 8 de octubre de 2018, el fiscal general impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó a través de un contacto telefónico con Venezolana de Televisión (VTV) que el concejal del municipio Libertador por el partido Primero Justicia, Fernando Albán, se había suicidado mientras estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el sector caraqueño de Plaza Venezuela.

“Solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde el piso 10”, dijo el funcionario del Gobierno de Nicolás Maduro.   

Apenas minutos después, el entonces ministro de Interior y Justicia, Nestor Reverol, contradijo las declaraciones de Saab. “Encontrándose en la sala de espera del Sebin, se lanzó por una ventana de las instalaciones cayendo al vacío, ocasionándole la muerte”, escribió en su cuenta de Twitter (hoy en día X).    

De acuerdo con el acta de defunción rubricada por miembros del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), Albán murió por traumatismo craneoencefálico severo, shock hipovolémico y traumatismo toracoabdominopelvico cerrado por caída de altura. 

Desaparición forzada de Albán

A comienzos del mes de octubre de 2018 se suponía que el concejal de PJ iba a aterrizar en Venezuela proveniente de la ciudad de Nueva York, donde había participado en la 73 sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El 5 de octubre, Luz Amparo Albán, hermana del político recibió un mensaje en su celular que decía “estoy preso en el Sebin”. 

Lo había enviado su hermano luego que funcionarios de este cuerpo de seguridad lo detuvieran en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Después de 48 horas de desaparición, familiares, abogados y amigos de Albán conocieron que este se encontraba en la sede del Sebin en Plaza Venezuela y estaba siendo vinculado al supuesto intento de magnicidio contra Maduro en agosto de ese año en el marco de un acto castrense en la avenida Bolívar de Caracas.      

La defensa de Albán informó que a este se le imputaron los cargos de terrorismo, traición a la patria, homicidio calificado frustrado en la persona del primer mandatario y de alto mando militar, así como asociación para delinquir. 

Luego que el caso fue asignado al tribunal VI de Control, este declinó la causa a favor del Tribunal 1 con competencia en terrorismo.

Los “culpables”

Ramón Alfredo Aguilar, abogado en ese entonces de Albán, sostuvo que para hacer una simulación de justicia, la administración madurista procesó a dos funcionarios de bajo rango del Sebin.

“Esta es una muestra clara de la violación sistemática de los derechos humanos y de la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen de Maduro”, indicó Aguilar. 

Casi un año después de la muerte de Albán, el Ministerio Público anunció la acusación formal del inspector Miguel David Dos Santos Rodríguez y el detective Keiberth José Cirelli Moreno por su presunta responsabilidad en el incumplimiento de mecanismos necesarios de custodia.

“Estos funcionarios fueron condenados a cinco años, luego se les redujo la pena a dos y prácticamente nunca estuvieron detenidos porque estuvieron en la propia sede del Sebin donde podían entrar y salir a su gusto y cuando se terminó el proceso la pena ya estaba cumplida”, agregó Aguilar.

El abogado sostuvo que la Fiscalía empleó el recurso de homicidio culposo. “Como si hubiera ocurrido un accidente, ocultando que Fernando fue torturado y lanzado desde un piso 10. Lo peor es que se quiere aparentar que se castiga el homicidio cuando no es verdad, allí había un homicidio calificado con torturas y desaparición forzada, todo eso fue denunciado tanto en la Fiscalía como en la Defensoría del Pueblo y nunca fueron atendidas nuestras peticiones”.

Inconsistencias en el expediente 

Aguilar informó que aunque por unos minutos, la defensa de Albán tuvo acceso al expediente del caso y pudo evidenciar algunas irregularidades.

“Unos policías dicen que estaba esposado, sin embargo el cuerpo fue hallado sin esposas, la abertura de la ventana por la cual supuestamente saltó mide 25 centímetros, una persona de su talla no pasa por ahí, por ello ni siquiera pensamos que fue lanzado del piso 10 sino de la azotea, el cuerpo tenía marcas de posibles descargas eléctricas, la autopsia la firmó un médico desconocido que no era forense y no se permitió que la familia participará en la investigación”. 

Aguilar denunció que el Estado no aplicó el protocolo de Minnesota, un instrumento técnico y jurídico elaborado por la ONU para evitar que funcionarios sospechosos de un delito puedan influir en la investigación.

El abogado indicó que cinco meses después de la muerte de Albán allanaron la oficina de su viuda Meudy Osío y se llevaron todos los equipos.

“No se permitió nunca que la familia participara en el proceso, persiguieron a los abogados que estábamos en la causa, todos estamos fuera de Venezuela actualmente, especialmente yo que era jefe de la defensa”.

Aguilar manifestó que la persecución a la familia Albán obligó a sus miembros a radicarse definitivamente en el extranjero.

“Los dos hijos de Fernando viven en Nueva York y se graduaron por sus propios medios, María Fernanda es comunicadora social y Fernando Alberto es ingeniero mecánico. Su esposa está trabajando también en Nueva York ayudando a migrantes venezolanos a obtener su regularización migratoria”.    

Hay esperanza de justicia con Albán

Aguilar aseveró que la falta de una investigación imparcial evidencia la eventual implicación de los miembros de la cadena mando, desde comisarios hasta Maduro, pasando por el director del Sebin, Gustavo González López, el fiscal impuesto por la ANC y el otrora ministro Reverol.

“La Fiscalía es la que establece los procedimientos forenses que deben aplicarse, al no hacerse la investigación se está encubriendo el hecho y eso es un delito de acuerdo con el Estatuto de Roma”. 

El abogado sentenció que todas las inconsistencias en el caso Albán están documentadas en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y también existe una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI).

“La investigación continúa y ya no se trata solo de buscar responsabilidades individuales, sino de establecer una conexión con la cadena de mando,  esto no es un hecho aislado, es un hecho común porque ya pasó con el capitán Rafael Acosta Arévalo y otros tantos”.

LEA   Fernando Albán: entre la fe católica y la abogacía 

En «la nueva Tejerías» las señales del alud torrencial siguen dominando el paisaje

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A un año del deslave que dejó al menos 54 muertos en Las Tejerías, Aragua, los habitantes siguen limpiando las casas que dejó el desastre y viven junto a sus vecinos y familiares, «en refugios solidarios»

La entrada al pueblo de Las Tejerías, en el estado Aragua, está vigilada por militares. El 8 de octubre del 2023 se cumplirá un año del alud torrencial que dejó un mínimo de 54 muertos y decenas de desaparecidos y el gobierno de Nicolás Maduro reconstruye solo la entrada de la ciudad. 

«La nueva Tejerías: ciudad de paz» reza en la nueva plaza y en los tres edificios de la Misión Vivienda, pintadas de varios colores, y decoradas por una estatua del expresidente Hugo Chávez Frías. A los alrededores se ve un hospital y un pequeño Mercal (de la Misión Mercado de Alimentos del año 2003), pero no dejan la entrada a ningún civil.

Los militares solo dejan ver la fachada. Vigilan quién entra y sale del pueblo. 

Estatua de Hugo Chávez en la entrada de Las Tejerías

—Tardamos 8 meses en armar todo esto. Es lo único que nos mandaron a hacer. Hasta ahora no hay más obras —dice Franklin Martínez, uno de los obreros de la zona en construcción, mientras raspaba la pintura de la plaza Los trabajadores—. Cerca de 36 apartamentos están en esas Misión Vivienda, pero allí no cabe una familia de cinco personas, si a caso de tres. 

  Misión vivienda en la Entrada de Las Tejerías

La vieja Tejerías se mantiene

A unos 670 metros de las construcciones, en pleno casco histórico del pueblo, se ven los restos del alud torrencial. Lodo, ladrillos y escombros es lo que queda del sector Castor Nieves Ríos. Los vecinos aún reconstruyen lo que queda de sus casas. Dos excavadoras siguen limpiando el cono de eyección de la quebrada Los Patos, una de las zonas más afectadas por el deslave. 

«Desde el primero de octubre empezaron a limpiar la zona. Antes ni aparecían: solo estuvieron los dos primeros meses después del desastre y ahora, a cuatro días de que vengan los políticos», dice María Félix Díaz, profesora de 64 años y vecina del sector Castor Nieves Ríos. 

Los vecinos caminaban encima del lodo y la quebrada, camionetas conducían sobre el lecho del riachuelo cargando muebles para recuperar las casas. Si desean subir a zonas más cercanas a la montaña, como el sector El Béisbol, debían pasar por ahí. No hay calles todavía.

«Es ahorita que pude reconstruir la fachada de la casa, con mis ahorros. Solo en esta parte, pegada a la quebrada, se perdieron más de 20 casas», agrega Díaz. «Pero, de todos los afectados por el deslave, solo unos pocos se fueron a Maracay, como unas 14 personas. Ni entre nosotros sabemos cuántos muertos hubo, cuántos desaparecidos hay y cuántos sobrevivientes se han ido», agrega Díaz. 

En la ribera de la quebrada lo que queda son escombros. Al lado este de la quebrada los Patos solo se mantienen los muros de una pequeña zona comercial, llamada «el matadero». Una pared blanca y rodeada de maleza sirve de memoria tangible para los habitantes de Las Tejerías: una estela de lodo seco de tres metros de altura marca la magnitud del deslave. 

Sector-Castor-Nieves-Rios-Las-Tejerias (1) 

Los transeúntes siguen sus rutinas: un mercado itinerante que se asentaba cerca del río sigue sus ventas. Los comercios cerca del cono de eyección del alud torrencial están cerrados, algunos hasta abandonados. En toda la zona del sector Castor Nieves Ríos solo funcionaba un Banco Venezuela a puertas cerradas.

Los colegios de la zona están sin estudiantes un miércoles por la mañana y la zona industrial al sur del pueblo ya no está tapiada de barro, pero sigue abandonada. Con la tierra ganada cerca del río crearon una cancha improvisada de bolas criollas cerca del mercado itinerante. 

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Opacidad demográfica

El último censo oficial que tuvo Venezuela fue en 2011. Para ese entonces, Las Tejerías tenía 54.392 habitantes. El pueblo es la capital del municipio Santos Michelena del estado Aragua, una de las zonas con alto riesgo de aludes torrenciales según el Viceministerio para la Gestión de Riesgo y Protección Civil.  

Ahora las estadísticas demográficas están sobre los hombros de los Consejos Comunales del pueblo, agrupaciones de vecinos liderados por la administración madurista. Remilgo Ceballos, ministro de Interior, Justicia y Paz, ofreció una cifra nacional de 14.000 viviendas afectadas por las inundaciones y aludes torrenciales durante el 2022. Pero el ministerio, hasta ahora, no ofrece una cifra exacta sobre los afectados en Las Tejerías.

«Los Consejos Comunales se volvieron un enredo con los censos: primero agarraban una manzana (o cuadra), pero luego negaban que alguien vivía en un hogar que estaba destruido y la gente no sabía cómo defenderse. También pasaba que otras familias le hacían un censo en un sector y se refugiaron en la casa de un vecino, y hasta el sol de hoy no sabemos si hicieron esas correcciones. No dicen nada», comenta Zulay Romero, una ama de casa de 55 años del sector Castor Nieves Ríos. 

La incongruencia en los datos demográficos y el impacto de los desastres socioambientales no es nuevo en Venezuela. El antropólogo Rogelio Altez, especialista en desastres, ha denunciado desde el desastre de Vargas en el año 1999 que las cifras de fallecidos y desaparecidos no son transparentes. 

«Muchas de estas cifras fueron el resultado de declaraciones inexpertas o irresponsables, desde las cuales se nubló toda posibilidad de precisión al respecto, contribuyendo con ello a que la noción sobre aquel evento alimentara la imaginería y no la interpretación», escribió Altez en su investigación publicada en 2007. De seguir con los análisis y proyecciones del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, los escenarios de desastres en Venezuela serán más frecuente con los años.

Carta Internacional de Espacio y Grandes Desastres. Mapa de Las Tejería para el 20 de septiembre del 2022

Gráfico de la Carta Internacional de Espacio y Grandes Desastres con la imagen satelital del satélite Pléiades 1, del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, el 10 de octubre del 2022

«De seguro hubo más muertos y desaparecidos. Por la iglesia evangélica, que quedaba también cerca de la quebrada, había varias personas cuando la edificación se desplomó. Aunque el deslave pasó en la noche, había mucha gente en la entrada de sus casas y en el mercado que queda a unos metros, en pleno caudal», opinó Romero.

Según la Carta Internacional de Espacio y Grandes Desastres (CIEGD), una plataforma internacional de monitoreo satelital, cerca de 1885 edificaciones fueron afectadas por el deslave. De acuerdo con Romero, la atención de las víctimas del desastre «ha sido un enredo, errático». 

«Fue este 3 de octubre cuando ellos hicieron la primera reunión para llevar a unos vecinos para los apartamentos que están construyendo en la Misión Vivienda. Iban a asignarme uno, pero no lo hicieron porque mi casa quedó bajo la categoría de “anegada”. Aunque vivo al lado de la quebrada, mi casa se llenó de agua a una altura de cuatro dedos», dice Romero. «La otra razón es que todos mis hijos y nietos, que quedaron damnificados, están viviendo aquí. En esta casa hay doce personas. Sabemos que estamos en alto riesgo, pero no podemos irnos hasta conseguir un espacio más grande que un apartamento de tres habitaciones para tres familias». 

«Refugios solidarios» y mercados secundarios

El Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) presentó este 2 de octubre su reporte sobre el desplazamiento forzado en el mundo durante el año 2022. Desde allí, el Consejo Noruego a Refugiados constató a través de la prensa nacional que 13.366 venezolanos se movilizaron dentro del país forzadamente debido a las inundaciones, a los deslaves y a la falta de gestión de riesgos. De ese grupo, la ONG estima que 9.737 desplazados ambientales son de Las Tejerías. 

Mientras un número indefinido de afectados por Las Tejerías se desplazó a Maracay, otros que perdieron sus casas se encuentran en las viviendas de sus vecinos, como unos inquilinos humanitarios. 

«Entre nosotros lo llamamos un “refugio solidario”. A la mayoría le piden que busquen un hogar por el mercado secundario: la persona damnificada busca una vivienda y el gobierno la debería pagar», explica Alejandra Ximénes, una artesana de 46 años que pidió el seudónimo para dar sus declaraciones. «Pero hasta ahora no he logrado mudarme: he conseguido tres habitaciones y, cuando pido la ayuda humanitaria, pierdo la oportunidad porque el Estado no responde desde hace un año. En esta última semana están presionando a las personas que están en los refugios solidarios para que consigan una vivienda». 

Sector-Castor-Nieves-Rios-Las-Tejerias-04.10.2023

Venezuela es uno de los países firmantes del Marco de Sendai, un acuerdo de las Naciones Unidas que compromete a los Estados a mejorar los sistemas de alerta temprana de desastres, tener o mejorar los programas de reconstrucción y rehabilitación humanitaria para todos los afectados por igual.

«Tampoco puedes recuperar tu local privado, porque pedir un alquiler está muy caro. Durante este último año, los precios de alquiler de espacios comerciales han subido hasta 400%. Antes podía trabajar con un alquiler de 30 dólares, ahora el alquiler está entre los 120 – 150 dólares mensuales», agrega Ximénes. «No entiendo por qué las personas que no tienen grupos familiares grandes no tienen los mismos derechos que los demás. Todos vivimos el desastre, todos tenemos derechos». 

La mayoría de los habitantes de Las Tejerías que están en «refugios solidarios» y en el mercado secundario prefieren resguardar sus identidades por temor a represalias. Temen que si sus nombres aparecen en la prensa, exigiendo sus derechos fundamentales, el gobierno no le otorgará una vivienda, saltándose sus obligaciones internacionales.

Un hombre de 71 años del sector Castor Nieves Ríos denuncia que no existe una organización o patrón para aquellos afectados que son desplazados a Maracay y los que deben buscar vivienda por su cuenta. Una mujer del sector El Béisbol, en la zona alta de Las Tejerías y en la cabecera de la quebrada, dice que la zona sigue igual de lodosa, no hay servicios de agua desde que ocurrió el desastre y cerca de 40 menores de edad y 50 adultos mayores de 60 años se encuentran en los «refugios solidarios» de la zona. 

Ellos no son los únicos, sobrevivientes del desastre del Valle de Mocotíes del 2021 en Mérida siguen en refugios, según Radio Fe y Alegría. En una entrevista telefónica a Runrun.es un afectado por el desastre en Mérida advirtió que sigue en edificaciones públicas que sirven como refugio a dos años ese desastre socioambiental. 

«Quizás nunca sabremos cuántos muertos hubo, ni cuántos quedaron desaparecidos. Entonces queda hacer nuestras propias memorias, contar cómo vivimos la tragedia personalmente, para que no se olvide con el tiempo y algún día se cuente la historia completa», concluyó María Félix Díaz. 

¿Cuánto dura el amor?

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La charla acerca del amor se volvió más profunda, y como no se puede hablar de un tema tan inexorable tomando chocolates y comiendo churros, decidimos pedir una botella de Malbec

 

@SoyJuanette

La otra noche, mientras veía las stories de Instagram de una amiga psicóloga, la noté muy triste. Por lo que, apelando a la confianza que nos tenemos le escribí por WhatsApp para preguntarle si quería hablar y a los pocos minutos me contestó que sí. Quedamos para tomar un café y fue así como terminamos la noche siguiente en el café notable La Giralda, ese hermoso lugar fundado en 1930, donde por cierto se venden los mejores churros con chocolate de todo Buenos Aires.

Llegué al café a eso de las 8:45 p. m. y minutos después entró mi amiga. Me levanté para recibirla, me dio un abrazo y comenzó a llorar en mi hombro. Pasaron algunos segundos, la tomé de la mano y nos sentamos. Fue entonces cuando apelé esa habilidad estúpida que tengo de hacer chistes en los momentos menos oportunos y dije: “Bueno, que empiece la terapia, pero no me cobres”, afortunadamente y contra todo pronóstico la frase le dibujó una sonrisa y comenzamos a charlar.

Mi amiga me contó que su novio, con quien compartía una vida aparentemente estable, un día le dijo que ya no sentía lo mismo. El hombre le explicó su necesidad de vivir solo para “transitar etapas que no había disfrutado lo suficiente”. Esto a ella la descolocó pues, según su versión, su pareja nunca le dio ninguna señal que le hiciera vaticinar lo que se venía. Es decir, ella no lo vio venir, o más bien, no lo vio irse.

Pero su pesar más grande era que, aunque ella se dedicaba a escuchar a personas y las acompañaba a superar este tipo de entuertos en la vida, cuando le tocó a ella no supo cómo reaccionar. 

Mientras la escuchaba atentamente, vi mucha similitud con lo que me ocurrió cuando me separé hace casi 9 años. Y fue ahí cuando le conté mi historia:

Éramos la típica familia de redes sociales, todos nos creían indestructibles: ambos profesionales, guapos (sí, fui guapo alguna vez, ¡en serio!), y con dos hijos hermosos. ¿Qué podía malir sal?

Con el paso del tiempo los intereses de ambos comenzaron a bifurcarse, haciendo que aquellas cosas que en principio nos hacían admirarnos, se convirtieran en un problema. Esto poco a poco fue erosionando el amor y, aunque tratamos de luchar para mantenernos juntos, al final la cuerda se rompió.

Pero hubo algo en que los dos coincidimos: la vida seguía después de la ruptura, y además aceptamos que al tener hijos en común no podíamos andar peleados pues, aunque no quisiéramos, siempre íbamos a estar vinculados. Para hacer el cuento corto, hoy en día no solo mi exesposa y yo somos felices con nuestros proyectos individuales, sino que nos llevamos bárbaro.

Fue entonces cuando mi amiga dijo:

–Muy bonito resumen, pero vamos a lo importante: ¿cómo hiciste para superar la separación, y encima con hijos?:

–Tanto ella (mi ex), como yo, aceptamos que el amor de pareja es un recurso no renovable, pero el de los hijos siempre estará.

La charla acerca del amor se volvió más profunda, y como no se puede hablar de un tema tan inexorable tomando chocolates y comiendo churros, decidimos pedir una botella de Malbec. Y a medida que se vaciaban las copas se iban sumando a la conversación personajes como Neruda, Freud, Fito Páez, Cecilia Roth y hasta Platón.

Justamente con la llegada de Platón comencé a explicarle a mi amiga las definiciones que hizo el filósofo acerca de este sentimiento: “El amor para Platón consiste en que la persona que ama no va a amar la belleza simple; se va a concentrar en buscar lo bello de quien ama”.

Ella me miraba atenta y yo seguía explicando. Tras terminar mi frase, ambos nos miramos fijamente y nos reímos a carcajadas. Acto seguido le pregunté:

–¿Entendiste entonces cuánto dura el amor?

A lo que ella contestó:

–El amor dura lo que tiene que durar.

Ambos sonreímos, nos tomamos de la mano, pedimos la cuenta y nos fuimos abrazados bajo la noche iluminada de Buenos Aires.

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Nace la república, 1830

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En su obra seminal, El hombre y la historia, José Gil Fortoul dice que el venezolano ‘no es el hombre cosmopolita por naturaleza’, lo que la fatalidad luego nos impone llegado el siglo XXI

 

@asdrubalaguiar

En su obra seminal, El hombre y la historia, que estima de ensayo sobre la sociología venezolana el autor, José Gil Fortoul (1861-1943) y que publica en París en 1896, intenta explicar –tal como deberíamos hacerlo nosotros en el presente– el estado de la república.

Apela, desde el principio, al contrapunteo con otro venezolano de excepción e ilustrado de la época, J. Muñoz Tébar (1847-1909), quien en 1891 publica en Nueva York su texto Personalismo y legalismo, a fin de predicar cómo las leyes y las religiones influyen en aquellas; a lo que de entrada argumenta Gil que, si ello fuese así, el comportamiento de no pocos conquistadores nuestros hubiese sido más civilizado.

Agrega, seguidamente, lo que acaso nos es genético y determinante en cuanto lo venezolano y que la fatalidad luego nos impone llegado el siglo XXI, al afirmar que “no es el hombre cosmopolita por naturaleza”. Y prosigue, al decir que “muéstrase cosmopolita el hombre, solamente cuando ha llegado a una civilización muy avanzada, cuando la ciencia, el arte y la industria le han hecho capaz de neutralizar fácilmente o modificar las condiciones del medio que amenazan su salud y su vida. No habría determinismo en lo venezolano, en suma, salvo la afirmación de que el espacio y el tiempo –lo lugareño– es lo natural o connatural a su especie humana.

Esa fue, cabe decirlo, la mejor herencia trasladada por el español a América y que marca a los orígenes venezolanos, pues a la par de la monarquía la organización pública de la península y la nuestra fue esencialmente localista y municipal. “La vida local se desarrolló ampliamente en las tierras de Indias, como una consecuencia y objetivo de la obra colonizadora… La constitución de una ciudad –la primera en Venezuela es Nueva Cádiz– en Indias, se completaba con el establecimiento de su régimen local o municipal, que representaba el remate institucional de fundación ciudadana”, explica José María Font, catedrático de Valencia (José Tudela, editor, El legado de España en América, I, 1954).

Hoy, al espacio y al tiempo se le oponen tendencias de aniquilación que privilegian lo virtual y cultivan la instantaneidad; por lo que, siendo estas logro inequívoco e inevitable de la ciencia posmoderna, al cabo, desbordadas, apagan todo síntoma de cultura en evolución.

Vuelve otra vez Gil Fortoul a Muñoz Tébar, así, para razonar sobre la tesis de este e ir avanzando sobre el diagnóstico de lo venezolano. “La causa única de las desdichas políticas en las repúblicas hispanoamericanas –dice este– es que en ellas solo ha habido gobiernos personalistas, sostenidos por pueblos personalistas, lógica consecuencia de las costumbres españolas que heredamos y que no cambiamos cuando cambiaron nuestras instituciones políticas”, afirma Muñoz.

A lo que Gil discierne precisando lo que sigue: “Empezó la evolución histórica de Venezuela con la guerra entre la raza española y la raza india, guerra que ocasionó, una vez destruida o domada la población indígena, la adaptación del régimen autoritario que es característico, sino de toda la nación española, sí de los españoles que realizaron la conquista”.

Y agrega que, “al cabo de tres siglos, formada ya otra raza por la mezcla de españoles, indios y negros, estalló la guerra de la Independencia, que determinó la constitución de una nueva nacionalidad y de un nuevo Estado político, diferentes una y otro de la raza conquistadora y de la raza conquistada, pero conservando en su temperamento y costumbres la influencia de los elementos étnicos primitivos.”

Sobre dicho anclaje, el autor que releemos cuestiona la predica de no pocos historiadores y publicistas venezolanos, a cuyo tenor desde la hora inaugural de la república, a partir de 1830, pugnan dos visiones doctrinarias y partidarias, una liberal y otra conservadora; reflejos –cabe agregarlo– de ese ser que somos los venezolanos y es fatalmente inacabado.

Mas hace suya, Gil Fortoul, la tesis de Domingo A. Olavarría (1836-1898), plasmada en el Estudio histórico político que publica en Valencia, Venezuela, en 1893: “Los verdaderos liberales de Venezuela han sido los que llevan los apodos opuestos; pero los llamados liberales han tenido la habilidad de tomarse insistentemente ese calificativo … al paso que los otros han incurrido en la candidez de dejarse apostrofar al gusto de sus contrarios” se lee. No por azar se le atribuye a Antonio Leocadio Guzmán, padre del general Antonio Guzmán Blanco, al decir que era liberal pues sus opuestos se dicen conservadores; que de lo contrario él sería conservador.

Se fijó así la primera línea divisoria de voluntades entre los venezolanos de la época: Conservador es el “hombre perteneciente a una familia distinguida por sus antepasados, por su riqueza, por su ilustración o por sus simpatías hacia todo gobierno fuerte, despótico o cruel; y liberal, y desde el 58 hasta el 70, federal, quería decir: hombre sin ideas políticas fijas, poco respetuoso de la ley, enemigo de la clase más rica o más instruida y amigo de las clases populares, inclinado al militarismo y a los cambios frecuentes de leyes y gobiernos”.

Visto esto serían unos cabales liberales –observando a lo actual – los gobiernos venezolanos entre 1999 y 2023, pues para estos han sido conservadores y oligárquicos los gobiernos democráticos que cubre el tiempo del Pacto de Puntofijo (1959-1999). Ello, a pesar de que quienes los encabezaron, todos a uno fueron ajenos a la élite mantuana, de clara extracción popular e ideas apropiadamente liberales.

Casualmente, es ahora y en este tiempo, en curso de cumplirse las dos centurias del nacimiento de la república, cuando se insiste en demonizar al general José Antonio Páez, un lancero de los llanos y primer presidente de la república de 1830, tachándole como reo de traición al Padre Libertador, Simón Bolívar; este, heredero de familia criolla rica y extracción monárquica, formante de la aristocracia caraqueña, a saber, la misma que prosterna y entra en querella, por sus dudosos orígenes sociales al padre del Precursor, Francisco de Miranda.

correoaustral@gmail.com

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Control social y amedrentamiento dicen presente en el año escolar 2023-2024

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Sobre la presencia de militares en las escuelas públicas, Cecodap ha venido alertando que es “motivo de preocupación”
La socióloga e investigadora de Provea, Desirée González, afirmó que aunque se desconoce bajo qué preceptos los maestros serán vigilados, el hecho, evidentemente, constituye una violación al derecho a la educación

 

@yeannalyfermin

 

El Ministerio de Educación decidió responder con amedrentamiento y control social a las exigencias del gremio docente por un salario justo. Por un lado, la presencia de militares en las escuelas públicas; y la implementación de un sistema automatizado para controlar y supervisar la asistencia de los docentes. 

El pasado lunes, 2 de octubre, la presidenta de Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi) de Venezuela, Gricelda Sánchez, denunció que en varias instituciones de educación pública se presentaron militares y policías, con el fin de supervisar “la asistencia” de los maestros, como una medida de “presión y persecución”.

En entrevista para Runrun.es, Sanchez afirmó que la presencia de efectivos de seguridad “es sin duda, una campaña de amedrentamiento para neutralizar al gremio docente”. 

La presidenta de Fordisi sumó que tanto a ella como al gremio, este hecho “les preocupa grandemente” porque la respuesta de la ministra Yelitze Santaella, después de más de tres años en conflicto, es “seguir persiguiendo a los maestros”. 

QR para pasar lista 

El pasado 29 de septiembre, dos días antes de que se diera inicio formal al regreso a clases, la ministra de Educación Yelitze Santaella anunció la implementación de un sistema electrónico para vigilar la asistencia de los educadores a los planteles del país.

En entrevista transmitida por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), Santaella explicó que para combatir el ausentismo laboral iban a contar con un “representante de gestión humana” que va a permitir, a través de un sistema, saber todo lo relacionado con la asistencia. 

“Ya elaboramos un sistema y ese sistema entra en práctica para todo lo que tiene que ver con la asistencia de los trabajadores de las trabajadoras de los niños niñas y jóvenes en la escuela. Nosotros vamos a colocar en cada institución educativa, un QR ese QR también te va a dar acceso a toda la información de cada una de las escuelas de los liceos de los centros de educación inicial, eso nos va a permitir tener también una visión general de quién está presente en la escuela quien no está presente en la escuela y poder tomar también los correctivos necesarios porque bueno, hay otros que están esperando mil oportunidades”, dijo. 

Desde el inicio del año 2023, el gremio docente ha venido exigiendo a mediante protestas de calle un aumento salarial acorde a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, además de contrataciones colectivas y demás beneficios como seguro médico y funerario.

De acuerdo el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), el costo de la canasta alimentaria en agosto de 2023 fue de 491 dólares, lo que equivale a 16.374,71 bolívares; mientras que los salarios del sector no superan los 30 dólares.  

Durante años, las exigencias de los docentes han sido ignoradas por el Estado y para este nuevo año escolar la ministra de educación recomendó tener “fe y esperanza”. 

No dije lo que dije

El anuncio de Santaella sobre los QR para controlar la asistencia de los docentes generó tal rechazo en el gremio, que la tarde de este jueves, 6  de octubre, en entrevista para Venevisión, la ministra reculó y dijo que tergiversaron sus declaraciones: “nunca dijo que los código QR que van a implementar en las escuelas estén diseñados para vigilar a los docentes y maestros”.

«Son declaraciones controversiales que ponen en la boca de uno, yo dije que estamos haciendo un trabajo en conjunto con el ministro del Poder Popular para la Planificación, los planteles educativos van a tener un código QR, pero eso no significa que vamos a tomar la asistencia de los docentes ni menos que vamos a perseguir al docente», explicó.

La ministra aseguró que como maestra venezolana «valora la gallardía y el compromiso que tiene el maestro y la maestra venezolana» y reiteró que los docentes no tienen mejores salarios por las sanciones del gobierno de Estados Unidos.

Intimidación verde oliva 

A juicio de Egard Machado, presidente del sindicato venezolano de maestros del Distrito Capital, la presencia de militares en las escuelas genera “intranquilidad en los docentes y estudiantes y en general con toda la comunidad educativa”.

Afirmó que tiene conocimiento que está ocurriendo mucho “amedrentamiento” por parte se supervisores y directores hacia los docentes porque les exigen que deben trabajar los cinco días de la semana, pese a que el salario no les alcanza para siquiera cubrir los gastos de transporte. 

Machado aseguró que aunque ha visto la presencia de militares en varios colegios, no se ha presentado inconvenientes excepto lo que sucedió el pasado mes de julio en una escuela en Propatria donde un policía entró armado al centro educativo, cosa que está totalmente prohibida.

La presencia de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles), para reparar las estructuras de las escuelas no es algo nuevo, desde hace varios años el gobierno de Nicolás Maduro ha venido insertando a las fuerzas castrenses en los colegios lo cual ha generado descontento, pues introducir elementos partidistas en el sector educativo no es bien visto debido a que el componente militar no conoce ni tiene experticia en temas educativos.

Sobre la presencia de militares en las escuelas públicas, el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) desde hace varios años ha venido alertando que es motivo de preocupación. “Si bien la reparación de las escuelas es una necesidad, existen mecanismos para efectuarlo, sin necesidad de usar la fuerza castrenses”.

Cecodap enfatizó que los centros educativos son espacios civiles, por lo que “bajo ningún concepto se debe permitir que autoridades militares que no tienen formación pedagógica sean las personas que estimulen los procesos educativos”.

La socióloga e investigadora de Provea, Desirée González, afirmó que aunque se desconoce bajo qué preceptos los maestros serán vigilados, el hecho, evidentemente, constituye una violación al derecho a la educación, a la trayectoria profesional de los docentes y a su reconocimiento académico. 

El artículo 104 de la Constitución expresa claramente que la educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica, también que “el ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo, serán establecidos por ley y responderá a criterios de evaluación de méritos, sin injerencia partidista o de otra naturaleza no académica”.

Gobierno venezolano considera que conflicto en Medio Oriente es “resultado de imposibilidad de Palestina de encontrar legalidad internacional”

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Ataque de Hamás y respuesta militar israelí han dejado un balance provisional de casi 500 muertos 

 

Por medio de un comunicado emitido por la Cancillería General de la República, el Gobierno venezolano considera que la violencia que ha provocado casi 500 muertos por ataques de Hamás y la respuesta militar israelí “es el resultado de la imposibilidad de Palestina de encontrar en la legalidad internacional multilateral un espacio para hacer valer sus derechos históricos”.

“Hoy, más que nunca, se hace necesaria una negociación genuina entre las partes, y que sean restablecidos los derechos de Palestina, para lo cual (Venezuela) exhorta a la Organización de las Naciones Unidas a cumplir su papel de garante de la paz y legalidad internacional”, prosigue el comunicado.

La administración madurista pide el cumplimiento de la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada en diciembre de 2016, “que exige a Israel poner fin de inmediato y por completo a todas las actividades de asentamiento y ocupación del territorio palestino, como única vía para alcanzar la paz”.  

“El Gobierno venezolano aboga por la pronta solución de la crítica situación de hostilidad y enfrentamiento y por el fin de la violencia en todo el territorio palestino a través del diálogo directo”, sigue la misiva.

Milicias palestinas lanzaron al menos 3 mil cohetes a territorio israelí que impactaron en áreas cercanas, pero también en el centro del país y urbes como Jerusalén o Tel Aviv.

Los ataques aéreos de represalia israelíes sobre Gaza, que junto a los combates en la zona,  han dejado al menos 232 palestinos muertos y unos 1.700 heridos.

Desde 2009, el Gobierno de Venezuela es un fuerte aliado de Palestina, especialmente, cuando se convirtió en el primer país del continente americano en reconocerlo como Estado.

Venezuela ha apoyado firmemente “los derechos del pueblo palestino ante la ocupación ilegal y los incesantes ataques de Israel” en la Franja de Gaza y Cisjordania, según se lee en numerosas comunicaciones oficiales.

 

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