Las reacciones a la condena de dos DGCIM por el homicidio y tortura de Acosta Arévalo - Runrun
Las reacciones a la condena de dos DGCIM por el homicidio y tortura de Acosta Arévalo
Activistas, políticos y abogados exigen que sea investigada la cadena de mando

 

En horas de la tarde de este viernes, 4 de febrero de 2022, dos guardias nacionales adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), fueron condenados por los delitos de tortura y homicidio del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien estuvo preso en esa dependencia militar. Así lo informó vía Twitter el abogado de la familia del militar, Alonso Medina Roa, y la viuda del Waleska Pérez de Acosta.

El Tribunal 12 de Juicio del Circuito Judicial de Caracas condenó al oficial Estiben José Zárate Zoto y al teniente Ascanio Antonio Tarascio Mejía a 30 años de prisión por el hecho, detalló el Tribunal Supremo de Justicia en un comunicado.

Sin embargo, líderes de opinión, políticos y defensores de derechos humanos criticaron que no se haya determinado quién dio la orden de estos delitos. Al respecto, la ONG venezolana Coalición por los Derechos Humanos, que representó a la familia del capitán, indicó que solicitó al tribunal que se investigue a la línea de mando.

La defensa de Acosta Arévalo sostuvo que el militar fue torturado hasta la muerte y la última vez que se le vio con vida, cuando fue presentado ante un tribunal, no podía mantenerse en pie o hablar, sino que fue llevado en silla de ruedas.

La viuda del capitán recordó que la decisión se conoció cuando faltan pocas semanas para que Venezuela confirme, ante la Corte Penal Internacional (CPI), que está actuando en contra de los crímenes que pudieran ser considerados como de Lesa Humanidad.

«No hay intención de hacer la verdadera Justicia, solo de maquillar el caso», afirmó.

 

En esa misma línea de pensamiento, el presidente de la Asamblea Nacional de oposición, Juan Guaidó, declaró «simulación de justicia, no es justicia y eso lo sabe la CPI». «Ejecutores deben entender que los que les dan ordenes los señalaran. No repetición, reparación y justicia solo son posibles con independencia de poderes», acotó.

 

La abogada y presidenta del partido Encuentro Ciudadano también se pronunció sobre la condena. «¡Las víctimas merecen justicia!», clamó.

 

Elvira Lovera de Pernalete, madre del estudiante Juan Pablo Pernalete, asesinado en una manifestación en 2017, exigió «justicia genuina» en la caso.

 

 

El activista por los derechos humanos Marino Alvarado, miembro de la ONG Provea, reclamó que desde instituciones del Estado, como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, se intentó garantizar la impunidad en el caso.

 

 

La presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, señaló que «el país entero sabe, que los culpables de que esto ocurriera, están en libertad sin haber sido juzgados».