«Ante las declaraciones de la ministra de Educación Universitaria [MEU], Ana María Sanjuán, difundidas en medios de comunicación entre el 16 de septiembre y el mes de octubre de 2026 con aseveraciones que pretenden negar las prácticas estatales contra las universidades cometidas en la última década y media; desde Aula Abierta se reitera a la opinión pública nacional e internacional que en Venezuela se ha desarrollado una política de Estado que viola la libertad académica y los derechos humanos de las y los universitarios», destacó la ONG en una nota de prensa este 2 de noviembre.
El pasado 5 de octubre, Sanjuán y el Consejo Nacional de Universidades (CNU) anunciaron el ciclo de discusiones de la nueva Ley de Universidades, que llevaba desde 1970 sin una reforma. Durante sus alocuciones a la prensa, la ministra suelta una perla: el deterioro de la educación universitaria venezolana se debe a un «conflicto interno» y una «diatriba política» entre el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y las instituciones de derechos humanos que «ha llevado al país a perder el 70 % de su Producto Interno Bruto».
Pero, la ONG Aula abierta reiteró que el deterioro institucional en las universidades fue consecuencia de las políticas del PSUV durante años. Los salarios mínimos de los profesores equivalen a 0,14 dólares mensuales, cuando el umbral de pobreza extrema del Banco Mundial sitúa a una persona vulnerable si recibe 3 dólares diarios. Las normas restrictivas a la libertad de expresión como La Ley contra el Odio y la Ley de Fiscalización de Organizaciones No Gubernamentales y Afines. La restricción del presupuesto universitario. Más de 50 decisiones del Poder Judicial que ha truncado la autonomía universitaria…
«Por ello, alertamos que negar la crisis humanitaria compleja y la vulneración continuada de los derechos fundamentales de las comunidades académicas no solo representa un acto de negacionismo institucional, sino que perpetúan la construcción de una narrativa que pretende desvincular ilegalmente al Estado de sus obligaciones internacionales respecto de la libertad académica, la autonomía universitaria y el acceso a la educación», denunció Aula Abierta.
«En este contexto regresivo, pretendidos proyectos normativos para el sector universitario resultan improcedentes. Exigimos, en cambio, el cumplimiento de la Ley de Universidades vigente, la cual consagra garantías y salvaguardas históricas para la comunidad académica que han sido vulneradas de manera sostenida durante más de dos décadas», denunció la ONG.
Para la ONG, la prioridad para mitigar la crisis universitaria es institucional, no es normativa. Exigen que las instituciones gubernamentales se adhieran a los derechos fundamentales para brindar salarios dignos, presupuestos no asfixiantes para las academias, promover las elecciones de rectorados y la derogación de todos los marcos normativos regresivos que atropellan la autonomía y la libertad académica.
La ONG Transparencia Venezuela publicó este 3 de noviembre una página web para monitorear las acusaciones y el proceso judicial de la pareja expresidencial venezolana, Nicolás Maduro y Cilia Flores, en Estados Unidos.
La plataforma, hasta ahora, reúne 5 documentos legales que perfilan el historial de imputaciones que ha recabado la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York.
«La herramienta facilita el seguimiento de los cambios en el expediente y permite consultar directamente la información que sustenta las alegaciones de la Fiscalía», aseveró la ONG en una nota de prensa.
Desde la primera ficha publicada por la Fiscalía neoyorkina, en 2011 y que solo acusaban de narcotráfico al Gobierno venezolano liderado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hasta octubre de 2026, la pareja presidencial acumula 5 delitos federales. Entre las dimensiones observadas por la ONG se encuentran: narcotráfico, uso de instituciones gubernamentales para cometer delitos, gestión de beneficios y sobornos, patronazgo y lealtades, violencia asociada a ilícitos, torturas, coerción política y contratación estatal.
Un historial judicial
Para la ONG y para la Fiscalía estadounidense, la primera acusación contra Maduro y Flores ocurrió en 2011, con la detención de Hugo Armando Carvajal Barrios —exdiputado y antiguo director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)— por narcotráfico en Latinoamérica.
Con el pasar de los años, el señalamiento pasó de un individuo a un grupo: el PSUV. Ya para el 2019 se acusaba al Gobierno venezolano liderado por el PSUV de tener conexiones con grupos paramilitares extranjeros, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Al año siguiente, en 2020, ya se nombraba directamente a Maduro de los delitos.
Pese a las conexiones familiares (nepotismo) que tiene Cilia Flores con el Poder Ejecutivo liderado por el PSUV, no fue hasta 2025 que los expedientes de la Fiscalía norteamericana la nombra directamente por primera vez.
Tras la extracción de la pareja expresidencial en Caracas, el pasado 3 de enero, el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York los investiga al menos por cinco delitos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para cometer tortura, conspiración para la importación de cocaína, conspiración para el tráfico de armas y conspiración para el terrorismo.
El doctor en Derecho Jesús María Casal anunció que se postulará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para impulsar la reinstitucionalización del Poder Judicial.
“Yo me voy a postular porque pienso que es un gran momento para dar una contribución al país y hacer un esfuerzo para logra la reinstitucionalización del Poder Judicial. Quiero poner mi nombre a disposición del país en ese proceso”, comentó Casal en entrevista con Román Lozinsky a través de Circuitos Éxitos.
El Dr. @jesusmariacasal anunció su postulación como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Lo hace, dijo, para contribuir a la reinstitucionalización del país https://t.co/kyiOS32lHG https://t.co/QKwWuuC7iA
Casal mencionó que hay que dejar espacio para la agenda de la justicia precisamente por el momento histórico que se está viviendo en el país.
“Tengamos presente que la justicia tiene su propia identidad y en estas situaciones de incertidumbre política, donde no hay claridad sobre lo que viene, ese espacio puede ser llenado por la justicia para que tengamos procesos adecuados de formación de jueces, el adecentamiento del Poder Judicial y la mejora del acceso a la justicia y del retardo procesal”, explicó el abogado.
¿Quién es Jesús María Casal?
Jesús María Casal es un destacado abogado, profesor universitario y constitucionalista. Egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Fue decano de la Facultad de Derecho de la UCAB y es Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
También, presidió la Comisión Nacional de Primaria de Venezuela entre noviembre de 2022 y octubre de 2023, encargada de organizar la elección primaria de la oposición en donde resultó ganadora la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
Reacciones al anuncio de Casal
El abogado Ramón Escovar León fue uno de los primeros en pronunciarse tras la decisión de Jesús María Casal de postularse al TSJ.
Escovar León aseguró que la “probidad, solvencia intelectual y trayectoria como constitucionalista hacen de esta candidatura una señal alentadora en la renovación judicial y en el proceso de cambio político que transitamos”.
El abogado expresó a través de su cuenta en X que ojalá la decisión de Casal anime a otros juristas de reconocida integridad a postularse. “La independencia judicial necesita personas capaces de sostenerla”, dijo.
Jesús María Casal anunció su postulación al TSJ en el programa de Román Lozinski.
Su probidad, solvencia intelectual y trayectoria como constitucionalista hacen de esta candidatura una señal alentadora en la renovación judicial y en el proceso de cambio político que transitamos.
Ojalá su decisión anime a otros juristas de reconocida integridad y competencia a postularse. La independencia judicial necesita personas capaces de sostenerla.
El también abogado Leopoldo Martínez Nucete posteó en su cuenta en X que JesúsMaríaCasal, es un venezolano de excepción y extraordinarias credenciales para ser magistrado del TSJ.
Jesús María Casal, es un Venezolano de excepción y extraordinarias credenciales para ser magistrado del TSJ.
Por su parte, el abogado Edgar Figueira aseguró que la Sala Constitucional necesita de personas como Jesús María Casal.
Los venezolanos no estamos conscientes de la talla y calidad intelectual, humana y moral del Dr Jesús María Casal.
Este es un Avengers de la justicia y del derecho constitucional, para que los chamos de hoy en día me entiendan.
La Sala Constitucional necesita de personas así.
“Nos emociona y reconforta el anuncio del Dr. Jesús Maria Casal de postularse al TSJ. Brillante profesional del derecho, académico, docente, honesto, ecuánime. Reúne todos los requisitos para la Alta Magistratura de la Justicia”, expresó Hiram Gaviria, político y diplomático.
Proceso abierto
El proceso de postulaciones para renovar los 32 cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela se encuentra actualmente abierto.
Cabe recordar que se elegirán 32 magistrados, 13 para la Inspectoría General de Tribunales y 4 para la Escuela Nacional de la Magistratura, con un reporte inicial de 83 aspirantes a magistrados.
La ONG Acceso a la Justicia resaltó este 3 de noviembre que, por vez primera en dos décadas, la Asamblea Nacional de Venezuela, en esta oportunidad controlada por el chavismo, presentó el baremo para seleccionar a los integrantes del próximo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
De acuerdo con artículo 73 de la Ley Orgánica del TSJ, “el Comité de Postulaciones Judiciales aprobará por las dos terceras partes de sus integrantes, el baremo que se utilizará para la preselección de las postuladas o postulados”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Otro muerto enluta al balompié nacional. Un fanático del Zamora Fútbol Club falleció el pasado domingo 1 de noviembre a las afueras del estadio “Agustín Tovar” de Barinas, conocido como “La Carolina”, minutos antes del encuentro contra el Deportivo Lara.
La información fue confirmada por el propio Zamora FC a través de un comunicado oficial, en el que lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a familiares y allegados de Luis Rafael “Rafita” López, de 31 años de edad, seguidor de la oncena llanera. En declaraciones al medio aliado El Pitazo, seguidores del Zamora FC describieron a López como un joven noble y muy aficionado al fútbol y aseguraron que el joven padecía una discapacidad, aunque no especificaron cuál.
Medios locales informaron que la directiva del Zamora FC había anunciado previamente que se reservaba el derecho de admisión y que había prohibido el ingreso de la barra del Lara por antecedentes violentos. Sin embargo, a Barinas llegaron autobuses con miembros de este grupo que lograron rebasar los anillos de seguridad.
Tras el asesinato del aficionado,la directiva del Zamora Fútbol Club lamentó profundamente el deceso y emitió un comunicado oficial pidiendo calma y responsabilidad a las autoridades.
“Hacemos un llamado a la calma, al respeto y a la responsabilidad (…). Ningún resultado, rivalidad o diferencia puede estar por encima de la vida. El fútbol debe unirnos, nunca arrebatarnos la vida”, expresaron.
El Deportivo Lara también se pronunció con un comunicado, indicando que “un fanático agresivo” no los representaba como institución.
A esa cantidad de comunicaciones de rechazo a la violencia se sumó la de la Federación Venezolana de Fútbol, en una misiva en la que destacaron que debe haber “tolerancia cero” frente a la violencia y que ninguna rivalidad deportiva “puede estar por encima de la vida”.
La FVF también se comprometió a colaborar con las investigaciones policiales con el fin de determinar a los responsables del hecho.
𝗧𝗼𝗹𝗲𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗰𝗲𝗿𝗼 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮.
Ninguna rivalidad deportiva está por encima de la vida. Estos hechos son inaceptables y no tienen cabida en nuestro fútbol. https://t.co/ETxnRQNiPH
Hasta el momento, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) no ha ofrecido detalles oficiales sobre las causas del incidente ni sobre posibles personas involucradas, aunque todo parece indicar que se trata de presuntos miembros de la “barra brava” larense.
El Pitazoobtuvo información de una minuta policial que circuló el pasado domingo, según la cual, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron preventivamente a 91 personas que se trasladaban en dos autobuses particulares hacia Barquisimeto.
El procedimiento fue llevado a cabo en la Redoma Industrial de Barinas por funcionarios del PAC El Vial (Destacamento 331), cuando los seguidores del Deportivo Lara intentaban tomar la autopista José Antonio Páez. De acuerdo con ese reporte oficial, el grupo estaba conformado por 74 hombres (incluyendo seis adolescentes) y 17 mujeres.
Oficialmente, López es el cuarto fanático que muere en el fútbol profesional local en los últimos años.
También en noviembre, pero de 2014, un enfrentamiento violento entre fanáticos del Portuguesa FC y Deportivo Lara en el estadio “José Antonio Páez” de la ciudad de Araure, provocó la muerte de un aficionado, forzando severas sanciones disciplinarias de la FVF contra ambos clubes.
En 2008, la rivalidad histórica entre el Caracas Fútbol Club y el Deportivo Táchira causó el fallecimiento de una persona, aunque hay versiones del Cuerpo de Bomberos andino y la propia administración del entonces gobernador Ronald Blanco La Cruz que indicaron la muerte de cuatro o cinco.
“Quiero refutar las versiones ofrecidas por representantes de este organismo que de manera muy irresponsable y sin autorización dieron información inexacta”, declaró entonces a El Nuevo Herald, la presidenta del equipo, Juana Suárez.
Finalmente,el saldo oficial fue de un muerto, una persona en terapia intensiva y alrededor de 70 heridos frente a la taquilla del estadio Pueblo Nuevo.
Desde entonces, cuando hay juegos entre estos dos equipos, las medidas son estrictas tanto en los Andes como en el estadio Olímpico de Caracas.
Apenas el mes pasado, un ataque contra autobuses de fanáticos del Deportivo Táchira en Cojedesdejó al menos diez heridos de bala y armas blancas.
Más allá de golpes de pecho…
1. Sanciones penales.
2. Clubes deben asumir responsabilidades con el tema de las ‘barras bravas’.
3. A ver si las autoridades entienden de una vez por todas que la violencia en el fútbol no puede tratarse como se trata una pelea de borrachos.
Al parecer, en Venezuela nadie escucha lo que dijo el argentino Diego Armando Maradona durante su partido de despedida con el Boca Juniors en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, también en noviembre, pero de 2001: “El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La propuesta de reforma de la Ley Contra el Odio plantea sustituir las penas de entre 10 y 20 años de cárcel, por multas calculadas en bolívares que podrían superar los 10 000 dólares. La propuesta de reforma también incluye otro tipo de sanciones, como trabajos comunitarios y programas educativos.
El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz será el ente encargado de determinar el monto de las multas según la gravedad de la infracción, el alcance, el medio utilizado, la intencionalidad, el beneficio económico obtenido y la reincidencia.
La propuesta señala que el ejercicio periodístico y la libertad de expresión, así como las opiniones públicas, no serán considerados discursos de odio; sin embargo, el proyecto obliga a emisoras de radio, televisoras, plataformas digitales y servicios de televisión por suscripción a difundir contenidos sobre convivencia democrática, paz, tolerancia y respeto a la diversidad.
Un cálculo realizado por la ONG Un Mundo sin Mordaza estimó que el valor de las sanciones podrían resultar “desproporcionadas”. La multa mínima podría estar entre los 562 dólares, mientras que la máxima pondría rondar la cifra de unos $11 249, aproximadamente.
Estas sanciones oscilan entre 500 y 10.000 veces la tasa de cambio de mayor valor del Banco Central de Venezuela. Cabe mencionar que el salario mínimo en Venezuela es 130 bolívares, monto que se mantiene congelado desde marzo de 2022 y que actualmente equivale a 0,14 centavos de dólar.
Persisten las limitaciones
Un Mundo sin Mordaza expresó que una reforma legislativa no se mide únicamente por las penas que elimina, sino también por las garantías que ofrece y los derechos que protege.
La ONG resaltó que en Venezuela cualquier cambio en la legislación debe servir para abrir espacios de participación, fortalecer el debate público y garantizar que ninguna persona sea perseguida por expresar lo que piensa.
“La lucha contra el odio no puede convertirse en una herramienta para controlar el discurso, limitar las opiniones incómodas o castigar el disenso.”, insistió.
La organización recalcó que una democracia no se construye silenciando las diferencias, sino garantizando que todas las voces puedan expresarse libremente.
Una reforma legislativa no se mide únicamente por las penas que elimina, sino también por las garantías que ofrece y los derechos que protege.
En Venezuela, cualquier cambio en la legislación debe servir para abrir espacios de participación, fortalecer el debate público y garantizar que ninguna persona sea perseguida por expresar lo que piensa.
La lucha contra el odio no puede convertirse en una herramienta para controlar el discurso, limitar las opiniones incómodas o castigar el disenso.
La pregunta de fondo es: ¿esta reforma nos acerca a una sociedad donde podamos pensar, opinar y denunciar sin miedo?
Porque una democracia no se construye silenciando las diferencias, sino garantizando que todas las voces puedan expresarse libremente.
#SinMordaza #LibertadDeExpresión #Venezuela #DerechosHumanos
La ONG Acceso a la Justicia opinó días antes que despenalizar la Ley contra el Odio no basta porque sus prohibiciones, multas, bloqueos y demás restricciones seguirían vigentes.
Para Acceso a la Justicia “no es aceptable” cambiar las sanciones penales por multas porque “cambian un medio de represión por otro”. Sostiene que “criticar a los gobernantes no debe ser un delito, es un derecho”.
Insisten en que eliminar los delitos que contiene la ley es insuficiente, porque mantendría vigente el régimen de censura que contiene. Por ello, mantienen la exigencia de que se produzca su derogación integral para garantizar los derechos reconocidos en la Constitución.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A escasos metros de la Embajada de los Estados Unidos en Colinas de Valle Arriba, en Caracas; al borde de un barranco, un grupo de familiares de presos políticos lleva más de 145 días pernoctando en carpas para pedir a la legación diplomática una mediación activa que logre la liberación de sus seres queridos.
En el espacio de tierra y monte —en plena calle— lo primero que se impone es la bandera de Venezuela, en el suelo están las fotos de decenas de detenidos por motivos políticos. Al frente, una tela negra con letras blancas que clama “+libertad para todos los presos políticos”; detrás, unas seis carpas donde conviven 15 personas que se niegan a quedarse de brazos cruzados.
En el Campamento de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos la cotidianidad perdió la forma de una vida normal. Para asearse, el grupo depende de la solidaridad de los vecinos, en ocasiones, bajan a los centros comerciales cercanos para utilizar los baños, pero cuando ambas opciones no son posibles, recurren a los matorrales. En las noches, la iluminación nocturna se reduce al alumbrado público y a un par de bombillos recargables.
Para cocinar, el grupo se organiza en las labores. Con un reverbero, una bombona de gas y una cocina improvisada, preparan desayunos, almuerzos y cenas porque para ellos comprar comida “no es una opción”.
Cuando llueve fuerte el agua corre por todo el campamento. A pesar de que las carpas están cubiertas con lonas o plásticos, la humedad traspasa la ropa, cobijas, almohadas y colchones. Cuando escampa y sale el sol, todos reorganizan el espacio para volver a empezar.
Según cifras de la ONG Foro Penal, que defiende los derechos de los detenidos por motivos políticos, al menos 332 personas permanecen privadas de libertad, pese a los anuncios del gobierno de excarcelaciones, amnistías y planes de reconciliación.
Un padre que pide por la libertad de su hijo
José Gregorio Mendoza, padre del preso político José Manuel Mendoza, lleva con exactitud la cuenta de los días que lleva resistiendo en el campamento.
A su hijo, el sargento primero José Manuel Mendoza, se le acusa de haber participado en la Operación Gedeón, una fallida incursión armada que tenía como objetivo derrocar a Nicolás Maduro en mayo de 2020.
Al sargento lo detuvieron en Puerto Cabello y estuvo en desaparición forzada durante seis meses. Cuando su padre lo pudo ver estaba muy delgado y enfermo: “15 días más y no lo encuentro vivo”.
José Gregorio Mendoza, padre de preso político.
El padre del sargento se vino del Zulia a Caracas para luchar por la libertad de su hijo, un sacrificio “profundo”, según afirma, porque se tuvo que separar de su esposa y sus otros hijos. La situación, afirmam, ha hecho que los vínculos “se hayan debilitado”.
José Mendoza (padre) aseguró que donde están viviendo “no es un paraíso” porque las condiciones son “muy duras y adversas”. Sostiene que con la protesta que mantienen en el campamento no busca generar conflictos.
“Lo que busco es la libertad de mi hijo, la de los que están con él y también la mía, porque estar lejos de casa, sin mi familia y resistiendo a la intemperie también es estar en una cárcel”, aseveró.
El adulto mayor da gracias a Dios por los sucesos del 3 de enero, porque a partir de ahí, las condiciones de reclusión para todos los presos políticos mejoraron un poco. Detalló que aunque aún no están en libertad, lo puede ver con más frecuencia y llevarle la paquetería necesaria para que se alimente mejor.
José Gregorio Mendoza también agradece a la comunidad vecina quienes les han tendido la mano desde el primer día con comida, agua e insumos. Aseguró que, a pesar de estar muy cerca de la sede diplomática y de haber entregado un documento para pedir su mediación, ningún funcionario estadounidense se ha acercado durante todo este tiempo al campamento para constatar la situación o brindarles atención.
Una esposa que clama libertad
Desiree Ducan es la esposa del entrenador de béisbol, Julio Guevara, quien lleva un año y ocho meses privado de libertad acusado de trata de personas y asociación para delinquir.
Ducan explicó que Guevara fue detenido por una noticia falsa difundida en redes sociales en donde lo vincularon con una supuesta solicitud de asilo político de unos jugadores. Entre marzo y abril de 2025, el entrenador y manager, conocido por liderar el Team Guevara y la Fundación Pioneros, viajó a España e Italia con un grupo de jóvenes prospectos del béisbol. Durante la gira, un grupo de jugadores decidieron solicitar asilo político en España.
Poco después de volver a Venezuela, fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Inicialmente, estuvo detenido en El Helicoide y luego fue trasladado al Centro de Formación Hombre Nuevo, también conocido como La Planta.
Desiree Ducan mencionó que las autoridades en España realizaron investigaciones exhaustivas y minuciosas sobre este caso y concluyeron que “no había comisión de delito”, por lo que el caso fue cerrado definitivamente.
Aún así, en Venezuela, el entrenador sigue preso. En junio pasado, la esposa del manager viajó desde El Tigre, estado Anzoátegui, a Caracas para sumarse a la exigencia de la liberación de Guevara y también de todos los presos políticos.
Para Ducan lo más difícil ha sido tener que separarse de sus hijos. Su hija mayor, de 20 años, quien está en la universidad, ahora se encarga del cuidado de su hermano menor, un niño de siete años que, a diario, pregunta cuándo van a liberar a su papá.
De su estadía en el campamento comentó que dormir en colchones inflables durante tantas noches le está pasando facturas: amanece con dolores en todo el cuerpo.
Ducan es también quien lleva la batuta en la improvisada cocina, en el campamento le dicen “la chef”, porque prepara los alimentos para el resto de las familias.
En resistencia por su tío
Jessica Castro, vocera de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, es la sobrina del preso político Gustavo Adolfo Hernández Barranco, quien está detenido desde el 3 de mayo de 2020 acusado de formar parte de la Operación Gedeón.
La sobrina del civil aclaró que a su tío no lo capturaron en La Guaira como informó el Gobierno, aseguró que a él lo sacaron arbitrariamente de su casa en Petare, estado Miranda y lo despojaron de sus pertenencias, incluyendo su vehículo.
Hernández Barranco permaneció recluido en el Helicoide hasta el 2 de agosto de 2025 cuando fue trasladado y permaneció en desaparición forzada durante seis meses, hasta que su familia obtuvo una primera prueba de vida el 12 de febrero de 2026.
Castro denunció que durante la desaparición, su tío fue sometido a fuertes torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo alimentación apenas dos o tres veces por semana, privación de higiene durante meses, desnudez por períodos prolongados, exposición a temperaturas extremas y actos de humillación, como obligarlo a introducir las manos en sus propios excrementos antes de comer.
Desde la detención de su tío, Jessica Castro no ha descansado en su lucha para lograr su liberación. Estar al frente de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos le ha traído riesgos personales: ha sido víctima de hostigamientos y agresiones físicas que, según comenta, “no duelen tanto como ver a su tío detenido siendo inocente”.
Jessica Castro, Sobrina de preso político.
El pasado martes, 27 de octubre, la líder opositora María Corina Machado se reunió con los familiares de los presos políticos, cuando Castro iba en camino al encuentro, fue derribada intencionalmente de la moto en la que viajaba por dos funcionarios policiales.
“Me tumbaron de la moto en plena autopista porque ellos ya me reconocen. Gracias a dios pude levantarme rápido y los carros se frenaron, pero aún así ,tengo el brazo muy inflamado y con un gran hematoma. Ha ido mejorando, pero aún me duele”, narró Castro.
Castro también le agradeció al 3 de enero que las condiciones de reclusión hayan mejorado para su tío y todos los presos políticos, pero cuestiona que la paralización de las excarcelaciones lleve más de mes y medio.
Desde el campamento de la resistencia exigió libertad plena para todos los civiles, militares, extranjeros, así como también que el Gobierno de Delcy Rodríguez dé respuestas sobre los presos que están desaparecidos.
Este 2 de noviembre, tras su reunión con el nuevo canciller venezolano, el secretario de Estado, Marco Rubio, insistió en la necesidad de que el gobierno encargado de Venezuela continúe liberando a los presos políticos. Las familias siguen aferradas a que estos exhortos se materialicen en la libertad de quienes siguen tras las rejas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 3 de noviembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Al menos 32 biólogos, ingenieros forestales, especialistas de turismo y funcionarios públicos publicaron un comunicado este 2 de noviembre para denunciar la necesidad de proteger y crear proyectos de turismo sustentable dentro del Parque Nacional Jaua-Sarisariñama, ubicado en el estado Bolívar, en la Amazonía venezolana.
Los especialistas advierten que el impacto de la intervención humana ya se evidencia en otros tepuyes como el Roraima y el Auyantepuy —ambos en el Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, también en la Amazonía venezolana—. La actividad turística mal regulada, según los expertos, propiciaron que especies animales y vegetales que compiten con las especies endémicas de cada tepuy.
Luis Ratti ahora dice estar arrepentido de haber solicitado que le quitaran la nacionalidad venezolana a María Corina Machado y asegura que retirará la solicitud que introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia.
#2Nov #LusRatti
Luis Ratti ahora dice estar arrepentido de haber solicitado que le quitaran la nacionalidad venezolana a María Corina Machado y asegura que retirará la solicitud que introdujo ante el TSJ. https://t.co/B3DQqAJbia
Un hombre observó a una osa polar mientras se alejaba de su cría más débil. Lo que sucedió durante el año siguiente cambió sus vidas para siempre.
Un hombre observó a una osa polar mientras se alejaba de su cría más débil.
Lo que sucedió durante el año siguiente cambió sus vidas para siempre. https://t.co/gubK3P9ujB
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Mi artículo de este martes iba a estar dedicado a la importante e impecable rueda de prensa que ofreció María Corina Machado el jueves pasado. Sin embargo, cambié de tema al conocer el caso surrealista de una venezolana en Bangui. No se trata de una película como la vieja cinta de 1957 titulada Una americana en Italia. Tampoco es la historia de una joven que viajó como turista o aventurera a conocer la capital de la República Centroafricana. ¿Cómo es Bangui y por qué se encuentra allí Marilú Paredes de López?
La República Centroafricana
Según Wikipedia, la República Centroafricana fue colonia francesa hasta 1960. Tiene una superficie de aproximadamente 600.000 kilómetros cuadrados y una población cercana a los siete millones de habitantes. Cuenta con recursos naturales como oro, diamantes, petróleo y uranio. Lamentablemente, las dictaduras y las guerras civiles la han sumido en una profunda pobreza, hasta situarla en el penúltimo lugar de los países con menor índice de desarrollo humano. Bangui, su capital, enfrenta graves problemas de inseguridad y de escasez de servicios públicos
Ahora, el gobierno del presidente Trump firmó un acuerdo para que ese país reciba a personas deportadas de Estados Unidos. Entre ellas se encuentran ciudadanos de diez países, incluidos Marilú y otras dos venezolanas.
¿Quién es Marilú Paredes de López?
Esta compatriota, de 65 años, trabajó durante 30 años como maestra en Venezuela. En 2021 se trasladó a Estados Unidos con su esposo. Nunca ha cometido delitos. Ambos solicitaron asilo que recientemente les fue negado. Ella debía presentarse periódicamente ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La última vez que se presentó, hace dos meses, fue detenida y recluida en Montgomery, Texas. La noche del 24 de octubre ella, y otras detenidas, fueron subidas a un autobús y trasladadas a un aeropuerto, desde donde partieron con destino a Bangui.
El traslado duró 30 horas, durante las cuales permaneció esposada. Actualmente se encuentra en un centro habilitado para alojar a los deportados. Allí hay otras dos venezolanas, así como ciudadanos de otras nacionalidades. Aunque pueden salir del lugar de alojamiento, la inseguridad de la ciudad hace que Marilú prefiera permanecer dentro del recinto. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) le presta apoyo a ella y a los demás deportados. Marilú está casada con Juan López y tienen tres hijas.
¿Quién es Juan López?
Juan trabajó durante 22 años en nuestra industria petrolera, parte de ese tiempo en la Costa Oriental del Lago. Entre otras responsabilidades, fue supervisor de contratistas en el patio de tanques y trabajó en las áreas de prevención y control de pérdidas y de rehabilitación de pozos.
Fue despedido ilegalmente a raíz del paro cívico de diciembre de 2002. Desde entonces, ha sido objeto de persecución por parte de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, circunstancias que finalmente lo obligaron a salir de Venezuela y solicitar asilo en Estados Unidos.
Es compañero nuestro en la Asociación Civil Gente del Petróleo y en Unapetrol. Recientemente, está en proceso de recuperación tras sufrir la amputación de una pierna. Tiene obligación de presentarse ante el ICE.
Conclusión
Este caso, así como el de los dos venezolanos y de otras nacionalidades deportados a Liberia, obliga a las organizaciones de derechos humanos a denunciar estos atropellos e intervenir ante las instancias pertinentes.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, país tradicionalmente considerado un referente de la democracia y del respeto a los derechos individuales, debe revisar una política migratoria que viola los derechos humanos, acarrea responsabilidades y deteriora su imagen internacional. Un principio básico debería ser no deportar a personas hacia países que no puedan garantizar su seguridad personal ni ofrecerles unas condiciones mínimas de vida digna.
Expresamos nuestra solidaridad con la familia López Paredes. Confiamos en que la señora Marilú pueda ser trasladada a un país como España o Colombia, donde se le garantice su seguridad y pueda reunirse con su familia.
Como (había) en botica
Según publicó El Nacional este 31 de octubre, el presidente Trump aseguró que “las acciones de su administración en territorio venezolano han generado beneficios económicos suficientes para compensar, e incluso superar, el dinero invertido en el conflicto de Oriente Medio”. Trump sigue sin presentar la cuenta de esos ingresos y la Decy sin exigirla.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
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