Mi artículo de este martes iba a estar dedicado a la importante e impecable rueda de prensa que ofreció María Corina Machado el jueves pasado. Sin embargo, cambié de tema al conocer el caso surrealista de una venezolana en Bangui. No se trata de una película como la vieja cinta de 1957 titulada Una americana en Italia. Tampoco es la historia de una joven que viajó como turista o aventurera a conocer la capital de la República Centroafricana. ¿Cómo es Bangui y por qué se encuentra allí Marilú Paredes de López?
La República Centroafricana
Según Wikipedia, la República Centroafricana fue colonia francesa hasta 1960. Tiene una superficie de aproximadamente 600.000 kilómetros cuadrados y una población cercana a los siete millones de habitantes. Cuenta con recursos naturales como oro, diamantes, petróleo y uranio. Lamentablemente, las dictaduras y las guerras civiles la han sumido en una profunda pobreza, hasta situarla en el penúltimo lugar de los países con menor índice de desarrollo humano. Bangui, su capital, enfrenta graves problemas de inseguridad y de escasez de servicios públicos
Ahora, el gobierno del presidente Trump firmó un acuerdo para que ese país reciba a personas deportadas de Estados Unidos. Entre ellas se encuentran ciudadanos de diez países, incluidos Marilú y otras dos venezolanas.
¿Quién es Marilú Paredes de López?
Esta compatriota, de 65 años, trabajó durante 30 años como maestra en Venezuela. En 2021 se trasladó a Estados Unidos con su esposo. Nunca ha cometido delitos. Ambos solicitaron asilo que recientemente les fue negado. Ella debía presentarse periódicamente ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La última vez que se presentó, hace dos meses, fue detenida y recluida en Montgomery, Texas. La noche del 24 de octubre ella, y otras detenidas, fueron subidas a un autobús y trasladadas a un aeropuerto, desde donde partieron con destino a Bangui.
El traslado duró 30 horas, durante las cuales permaneció esposada. Actualmente se encuentra en un centro habilitado para alojar a los deportados. Allí hay otras dos venezolanas, así como ciudadanos de otras nacionalidades. Aunque pueden salir del lugar de alojamiento, la inseguridad de la ciudad hace que Marilú prefiera permanecer dentro del recinto. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) le presta apoyo a ella y a los demás deportados. Marilú está casada con Juan López y tienen tres hijas.
¿Quién es Juan López?
Juan trabajó durante 22 años en nuestra industria petrolera, parte de ese tiempo en la Costa Oriental del Lago. Entre otras responsabilidades, fue supervisor de contratistas en el patio de tanques y trabajó en las áreas de prevención y control de pérdidas y de rehabilitación de pozos.
Fue despedido ilegalmente a raíz del paro cívico de diciembre de 2002. Desde entonces, ha sido objeto de persecución por parte de los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, circunstancias que finalmente lo obligaron a salir de Venezuela y solicitar asilo en Estados Unidos.
Es compañero nuestro en la Asociación Civil Gente del Petróleo y en Unapetrol. Recientemente, está en proceso de recuperación tras sufrir la amputación de una pierna. Tiene obligación de presentarse ante el ICE.
Conclusión
Este caso, así como el de los dos venezolanos y de otras nacionalidades deportados a Liberia, obliga a las organizaciones de derechos humanos a denunciar estos atropellos e intervenir ante las instancias pertinentes.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, país tradicionalmente considerado un referente de la democracia y del respeto a los derechos individuales, debe revisar una política migratoria que viola los derechos humanos, acarrea responsabilidades y deteriora su imagen internacional. Un principio básico debería ser no deportar a personas hacia países que no puedan garantizar su seguridad personal ni ofrecerles unas condiciones mínimas de vida digna.
Expresamos nuestra solidaridad con la familia López Paredes. Confiamos en que la señora Marilú pueda ser trasladada a un país como España o Colombia, donde se le garantice su seguridad y pueda reunirse con su familia.
Como (había) en botica
Según publicó El Nacional este 31 de octubre, el presidente Trump aseguró que “las acciones de su administración en territorio venezolano han generado beneficios económicos suficientes para compensar, e incluso superar, el dinero invertido en el conflicto de Oriente Medio”. Trump sigue sin presentar la cuenta de esos ingresos y la Decy sin exigirla.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, recibió este lunes 2 de noviembre al nuevo canciller venezolano, Oliver Blanco en Estados Unidos.
Este es el primer encuentro entre Rubio y Blanco a nivel de ministros de Exteriores desde que se reanudaron las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
Los funcionarios comparecieron ante la prensa poco después del mediodía en el Salón Comedor de Estado Henry Clay, en la sede del Departamento de Estado, tras el encuentro. Posaron en un video, sin embargo, ninguno respondió preguntas de los periodistas.
En redes sociales los comentarios no se hicieron esperar porque no hubo declaraciones, ni sonrisas, tampoco el típico apretón de manos.
Silencio total en el Departamento de Estado.
Rubio recibe a Oliver Blanco, el nuevo canciller de Venezuela. Sin declaraciones, sin sonrisas, sin el típico apretón de manos.
Es el primer cara a cara entre los cancilleres desde que Washington restauró relaciones con Caracas después de capturar a Maduro.
¿Qué no quieren que sepamos?
Blanco se reunió el pasado viernes con John Barrett, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Entonces, ratificó la disposición de Venezuela de mantener el diálogo y la cooperación con Estados Unidos.
¿De qué se habló?
Horas después del encuentro, el canciller del gobierno de Delcy Rodríguez publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que indicó que en la reunión con Rubio abordaron temas relativos a las relaciones bilaterales, “los desafíos regionales, la cooperación y seguridad energética entre nuestros países”.
De acuerdo con Blanco, reafirmó junto al secretario de Estado la disposición mutua “de seguir construyendo espacios de entendimiento en beneficio de Venezuela y de todos los venezolanos”.
Por su parte, el Departamento de Estado publicó un comunicado muy breve, en el que enfatizaron que Rubio reafirmó en la reunión el plan de tres fases de Donald Trump para Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación política, y transición democrática.
“Ambos dialogaron sobre los avances en las conversaciones de reconciliación lideradas por Venezuela, incluyendo las reformas institucionales que sientan las bases para elecciones libres, justas y creíbles. El secretario Rubio instó a que continúe la liberación de los presos políticos que aún permanecen en Venezuela”, se lee en el texto.
Una delegación de la Corporación Financiera Internacional (CFI) junto con representantes de Bank of America (BofA) llegarán a Venezuela esta semana.
El viaje representa la primera visita oficial de la CFI al país tras varios años de inactividad.
La misión de la CFI busca establecer los primeros contactos con empresas locales interesadas en captar financiamiento internacional para el desarrollo y expansión de sus proyectos.
La labor del organismo multilateral se centra en impulsar el crecimiento del sector privado en mercados emergentes a través de capital de inversión, movilización de recursos y asesoría técnica.
Por su parte, la representación del BofA asistirá junto a un grupo de tenedores de bonos e inversionistas de la República y de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
De confirmarse su agenda, esta visita constituye la tercera misión vinculada a acreedores internacionales que viaja a Venezuela en lo que va de año, sumándose a las previas efectuadas por delegaciones ligadas a JP Morgan y Jefferies.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) rechazó este domingo, 1 de noviembre, el uso de niños, niñas y adolescentes como propaganda política. La organización advirtió que la utilización de su imagen y emociones “vulnera su condición de sujetos de derechos y no sustituye una política integral de protección”.
El pronunciamiento de Carlos Trapani, abogado especialista en derechos del niño y coordinador de Cecodap, surge tras la difusión de un video en redes sociales en el que aparece un grupo de menores de edad expresando su agradecimiento a Delcy Rodríguez por la donación de unas bicicletas.
Trapani explicó que el agradecimiento de un niño puede ser absolutamente legítimo si corresponde a lo que realmente siente porque “reconocer a los niños como sujetos de derechos también implica respetar su voz, sus emociones y su capacidad de expresarlas”.
Pero aclaró que el problema aparece cuando esa expresión “es utilizada por los adultos para construir un mensaje político”.
“Hay una diferencia entre escuchar lo que un niño espontáneamente quiere decir y convertir su alegría o agradecimiento en un recurso para promover, legitimar o generar adhesión hacia una autoridad. Allí existe un riesgo de instrumentalización de la niñez”, advirtió.
“Los niños necesitan más que bicicletas”
Carlos Trapani cuestionó que si las bicicletas fueron adquiridas con recursos públicos, no fueron una dádiva personal: “Son recursos del Estado destinados a la población. Una política pública no debería construir una relación en la que el niño aparece como receptor agradecido de la generosidad de quien gobierna, sino como ciudadano y titular de derechos”.
Resaltó que en Venezuela los niños necesitan mucho más que bicicletas. Trapani precisó que necesitan escuelas que funcionen, alimentación, salud, protección frente a la violencia, espacios para jugar, vivir con sus familias, participar y construir un proyecto de vida.
“Una bicicleta puede producir alegría y tener un valor importante para un niño, pero no sustituye una política integral de protección”, insistió.
El coordinador de Cecodap recalcó que proteger la infancia también significa “no apropiarnos de su voz ni convertir sus emociones en instrumentos de propaganda“.
Que un niño reciba una bicicleta y exprese agradecimiento no es, por sí mismo, cuestionable. Su agradecimiento puede ser absolutamente legítimo si corresponde a lo que realmente siente. Reconocer a los niños como sujetos de derechos también implica respetar su voz, sus emociones y su capacidad de expresarlas.
El problema aparece cuando esa expresión es utilizada por los adultos para construir un mensaje político. Hay una diferencia entre escuchar lo que un niño espontáneamente quiere decir y convertir su alegría o agradecimiento en un recurso para promover, legitimar o generar adhesión hacia una autoridad. Allí existe un riesgo de instrumentalización de la niñez.
Si las bicicletas fueron adquiridas con recursos públicos, además, no estamos ante una dádiva personal. Son recursos del Estado destinados a la población. Una política pública no debería construir una relación en la que el niño aparece como receptor agradecido de la generosidad de quien gobierna, sino como ciudadano y titular de derechos.
Y hay otra discusión que no debería quedar oculta detrás de las imágenes: los niños necesitan mucho más que bicicletas. Necesitan escuelas que funcionen, alimentación, salud, protección frente a la violencia, espacios para jugar, vivir con sus familias, participar y construir un proyecto de vida. Una bicicleta puede producir alegría y tener un valor importante para un niño, pero no sustituye una política integral de protección.
La pregunta, entonces, no es si los niños pueden agradecer. Claro que pueden hacerlo. La pregunta es qué hacemos los adultos con ese agradecimiento.
Proteger a la niñez también significa no apropiarnos de su voz ni convertir sus emociones en instrumentos de propaganda. @cecodap @REDHNNA
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Al menos 32 biólogos, ingenieros forestales, especialistas de turismo y funcionarios públicos publicaron un comunicado este 2 de noviembre para denunciar la necesidad de proteger y crear proyectos de turismo sustentable dentro del Parque Nacional Jaua-Sarisariñama, ubicado en el estado Bolívar, en la Amazonía venezolana.
«Los tepuyes y las simas de colapso de Sarisariñama son laboratorios evolutivos con especies frágiles o endémicas, únicas en el mundo. Por ende, estos ecosistemas insulares tepuyanos, en forma similar a las islas oceánicas remotas, destacan por sus altos niveles de fragilidad frente a cualquier perturbación biológica y humana externa», se lee en el comunicado.
Prevenir un mayor impacto
Los especialistas advierten que el impacto de la intervención humana ya se evidencia en otros tepuyes como el Roraima y el Auyantepuy —ambos en el Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, también en la Amazonía venezolana—. La actividad turística mal regulada, según los expertos, propiciaron que especies animales y vegetales que compiten con las especies endémicas de cada tepuy.
«En consecuencia, el estándar internacionalmente aceptado para estos ecosistemas exige la aplicación estricta de medidas de protección absoluta que impidan cualquier forma de degradación o contaminación biológica exógena», advierten los expertos en el comunicado.
Aseveraron que el turismo debe ser una actividad que promueva la sostenibilidad de las poblaciones originarias y una herramienta pedagógica y de financiamiento para la conservación ambiental; «nunca un pretexto para un extractivismo de contenido mediático, la promoción de hazañas personales, o el beneficio comercial privado».
«El ingreso a la meseta de Sarisariñama y sus simas debe quedar limitado única y exclusivamente a expediciones de investigación científica, justificadas, sujetas a estrictos protocolos de bioseguridad», agregaron los expertos en su comunicado.
Denunciaron que el Gobierno venezolano, a través de Instituto Nacional de Parques (Inparques), ha fallado en su fiscalización y que permite la discrecionalidad de permisos, el avance de la minería ilegal, el cambio de uso de tierras y la organización de eventos privados en varios parques nacionales venezolanos.
Los expertos exigieron transparencia en los permisos que ofrece Inparques, así como un cambio en los protocolos de protección ecológica en el país. «Estos espacios constituyen un patrimonio natural único, intocable e irremplazable, cuya conservación integral representa una responsabilidad ineludible y prioritaria del Estado venezolano», aseveraron.
«Cualquier desarrollo turístico […] debe concentrarse únicamente en sectores de tierras bajas que cuenten con la infraestructura adecuada, capacidad de carga evaluada y nulo riesgo para los ecosistemas frágiles a mayor altitud», demandan en el documento.
La ONG Acceso a la Justicia resaltó este 3 de noviembre que, por vez primera en dos décadas, la Asamblea Nacional de Venezuela, en esta oportunidad controlada por el chavismo, presentó el baremo para seleccionar a los integrantes del próximo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
De acuerdo con artículo 73 de la Ley Orgánica del TSJ, “el Comité de Postulaciones Judiciales aprobará por las dos terceras partes de sus integrantes, el baremo que se utilizará para la preselección de las postuladas o postulados”.
El instrumento legal resalta también que “en caso de que el número de postuladas o postulados no exceda al triple del número de tales cargos, se preseleccionarán todos las postuladas y postulados respectivos”.
La escala de calificación llega hasta los 100 puntos, donde la Formación Académica y Producción Intelectual tienen un valor de 28 puntos.
Hasta finales del mes pasado, el Comité de Postulaciones Judiciales habría recibido 83 postulaciones para 32 cargos de magistrados del TSJ.
El Comité presidido por el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Giuseppe Alessandrello, indicó que 13 personas se han postulado para la función de inspector general de tribunales y cuatro para la Dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura.
Dicho Comité, que está conformado por once diputados y doce representantes de la sociedad civil, se instaló el pasado 23 de octubre después del tercer acuerdo suscrito entre el interinato y la Comisión Delegada de la AN de 2015, presidida por Dinorah Figuera.
La recepción de solicitudes para formar parte del TSJ se encuentra abierta hasta el venidero 11 de noviembre de 2026.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
San Fernando de Apure/Corresponsales de ARI — Un total de ocho cuerpos han ingresado a la morgue del cementerio Luis Herrera, ubicado en San Fernando de Apure –capital del estado Apure– producto del supuesto bombardeo registrado en un campamento guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) situado en Guafillas de El Meta, municipio Pedro Camejo, en la zona fronteriza de Venezuela con Colombia.
El ataque se registró el pasado viernes 30 de octubre y fue atribuido, según datos preliminares, al Ejército venezolano, y se habría realizado con drones. Sin embargo, a tres días del hecho, no hay una versión oficial de lo ocurrido. Las autoridades del gobierno interino de Delcy Rodríguez no han informado si se trató de una acción que obedece una política orientada a combatir y expulsar de territorio venezolano a este grupo guerrillero colombiano, o si existe alguna otra explicación para este hecho.
Fuentes del municipio Pedro Camejo y la organización no gubernamental FundaRedes aseguraron que este campamento bombardeado servía de centro de acopio de sustancias estupefacientes del ELN.
Un equipo de periodistas de ARI se movilizó a las inmediaciones del cementerio y de la morgue del Hospital Pablo Acosta Ortiz (HPAO) de San Fernando de Apure para verificar las informaciones que circulaban en redes sociales respecto al presunto ingreso de varios cuerpos vinculados al presunto bombardeo.
De acuerdo con los testimonios recabados en el sitio, en las instalaciones de la morgue se encontrarían ocho cuerpos. Según relataron los trabajadores consultados, los cadáveres habrían sido ingresados entre el viernes y el sábado 31 de octubre. Y provenían de la zona donde ocurrió el supuesto ataque.
Los trabajadores manifestaron desconocer la identidad precisa o la nacionalidad de los fallecidos, así como mayores detalles sobre lo ocurrido, argumentando que el manejo de la información está restringido y bajo el control de las autoridades competentes.
Sin embargo, de acuerdo con fuentes consultadas en la morgue, se pudo conocer que entre los fallecidos hay dos venezolanos, dos colombianos y cuatro mexicanos. Aunque no hay detalles sobre las edades, se conoció que la mayoría eran hombres jóvenes, menores de 40 años. Así se aprecia en algunas fotos y videos del lugar de la matanza que se han filtrado, al igual que en las publicaciones de redes sociales de personas cercanas a los supuestos guerrilleros muertos.
Cuerpos están custodiados por funcionarios del Cicpc. Foto Cortesía
Entre las víctimas estaría el hijo de un comisario rural, quien al parecer ejercía labores de seguridad en esta zona ubicada cerca de Puerto Páez, municipio Pedro Camejo. Comisario rural es una persona civil que tiene funciones de supervisión relacionadas con la seguridad ciudadana en sectores agrícolas y responde a las estructuras comunales.
Su labor contempla el control de la movilidad en carreteras troncales y la verificación del transporte de cosechas y ganado, asegurando el cumplimiento de los permisos correspondientes. Asimismo, mantiene una constante articulación con asociaciones productoras, consejos comunales e instituciones del Estado para diagnosticar riesgos de seguridad en el campo. De igual manera, se encarga del comando de las estaciones y módulos policiales desplegados en su jurisdicción, coordinando acciones conjuntas con los órganos de seguridad, la Fuerza Armada y las autoridades ambientales.
Según los datos revelados en redes sociales y publicaciones de algunos medios y periodistas, en el lugar consiguieron documentos de identidad a nombre de: Jesús Javier Brugal Carrero (cédula de identidad: V-11.821.394) y Juan Carlos Guerrero Márquez (cédula de identidad: V-16.790.349). También se encontraron licencias de conducir venezolanas a nombre de Jesús Javier Brugal Carrero, Wilden Luis Solórzano Camacho y Gabriel Carlos Brugal, por lo que se presume que estas serían las identidades de algunos de los fallecidos.
En la morgue del barrio Luis Herrera en San Fernando de Apure, custodiados por funcionarios fuertemente armados, se encuentran los cuerpos de Luis Alexander Solórzano Camacho CI: 16.148.174 Juan Carlos Guerrero Martínez CI: 16.790.349 Jesús Javier Bruzual Camacho CI: 11.821.926, Luis Alexander Sorzano Camacho, Juan Carlos Gutiérrez, Olimar Moraima, Martínez Solórzano, Nelson Magallanes.
Hasta los momentos solo han llegado a la Morgue de San Fernando ocho cuerpos. Foto Cortesía.
Según las imágenes difundidas en redes sociales, los fallecidos presentan heridas en varias partes del cuerpo.
Trabajadores de la zona y personas presentes en el cementerio viejo indicaron que el flujo de información ha sido limitado por parte de las autoridades competentes, lo que dificulta la confirmación oficial de las identidades, las causas de los decesos y el número exacto de ingresos registrados durante las últimas jornadas. No obstante, fuentes extraoficiales señalan que esperaban la llegada de más cadáveres.
Zona boscosa es de difícil acceso
Mapa elaborado para el informe de PARES y ARI en 2024
Habitantes de la localidad de Guafillas de El Meta explicaron que el trayecto que conecta a este sector con la población fronteriza de Puerto Páez y la capital de la entidad, San Fernando de Apure, representa una de las geografías más complejas de la región llanera. “A veces el trayecto es tan complicado que no se puede llegar ni siquiera en vehículos rústicos, sino que se llega en moto”, resaltan vecinos.
Esta característica geográfica y su condición de fronteriza con el departamento de Arauca, Colombia, convirtieron al estado Apure en uno de los principales refugios del ELN en Venezuela. Para 2025, informes de inteligencia de Colombia aseguraban que esta guerrilla colombiana tenía más de 1.500 hombres en territorio venezolanos. Distribuidos entre los estados Zulia, Táchira, Barinas, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y Apure.
La ONG Fundaredes documenta este caso. Foto Cortesía
FundaRedes da cuenta de los decesos
La ONG FundaRedes mantiene una red de fuentes directas y actores sociales que desarrollan actividades en esta extensa región.
Juan García Escalona, coordinador de FundaRedes en el estado Apure, aseguró para la Alianza Rebelde que en el ataque también fue encontrado el cuerpo de una mujer que portaba múltiples cédulas de identidad venezolanas, documentos colombianos y credenciales norteamericanas.
Según los datos recabados en la zona, la víctima era presuntamente la esposa o compañera de un piloto que también operaba en el sitio identificada como Olinda Moraima Camacho de Solórzano. Su presencia refuerza los informes sobre la participación de personas de diversas nacionalidades dentro de estas estructuras armadas e irregulares vinculadas al narcotráfico en la frontera.
De acuerdo con el seguimiento documentado por FundaRedes, desde hace aproximadamente 30 días se venía detectando un patrullaje constante de aeronaves militares tipo K-8, las cuales despegaban desde la Base Aérea de Barquisimeto para realizar labores de reconocimiento en el estado Apure. Testigos locales confirmaron el abastecimiento de estas aeronaves en el aeropuerto Las Flecheras, en San Fernando de Apure.
“El alto mando del ELN se mantiene en la zona de La Victoria y El Nula, donde operan mandos medios encargados de los campamentos”, señaló.
Informantes indígenas y pobladores de la zona, así como de sectores cercanos al estado Bolívar que limitan con Puerto Páez, reportaron que hombres armados desplazados de la mina de oro de “El Burro” se habían replegado hacia sectores como La Raya, La Culebra y Buena Vista del Meta, siendo este último el sitio exacto del campamento bombardeado.
Históricamente, la región ha albergado campamentos y centros de acopio estratégicos para grupos irregulares debido a su cercanía geográfica con Colombia. Según estimaciones de monitoreo, dichos enclaves solían albergar entre 60 y 100 hombres armados, funcionando como corredores clave para el manejo de pistas clandestinas, almacenamiento de combustible de aviación y tránsito de sustancias ilícitas provenientes tanto del Vichada como de la Guainía colombiana.
Asimismo, advierten sobre la red de influencia de organizaciones irregulares como el ELN y las FBL en diversos municipios del estado, afectando directamente a los ejes de Capanaparo y Pedro Camejo, Achaguas, Rómulo Gallegos (Elorza) y el municipio Páez (La Victoria y El Nula).
García vincula lo ocurrido con los procesos políticos y cambios institucionales posteriores a los eventos del 3 de enero, así como con la presencia y postura de fuerzas militares de países vecinos e internacionales.
“El despliegue de las Fuerzas Militares de Colombia en la línea fronteriza, impulsado por el gobierno colombiano, se combina con el accionar estratégico y la presencia de Estados Unidos. Fue un operativo tenaza; esta coordinación actúa como una maniobra envolvente tanto en territorio colombiano como venezolano, impulsando una transformación en la soberanía y el control del área fronteriza”, concluyó García.
Sin embargo, es importante destacar que hasta la publicación de este reporte no hay información oficial del Gobierno interino de Venezuela sobre este hecho.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Hace unos días vi un video de Lucas Bean en YouTube sobre las reflexiones del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer acerca de la estupidez humana. Inmediatamente recordé al filósofo español José Antonio Marina y su libro La inteligencia fracasada. Teoría y práctica de la estupidez. Dos pensadores, dos aproximaciones y una preocupación común: la estupidez puede ser una de las fuerzas más destructivas de la humanidad.
Bonhoeffer escribió sus reflexiones en 1943, mientras estaba preso por el régimen nazi después de que intentó asesinar a Hitler. Había sido testigo de cómo una sociedad culta, con una extraordinaria tradición intelectual y artística, podía terminar sometida al fanatismo, la obediencia y la destrucción. Su conclusión era inquietante: la estupidez podía ser incluso más peligrosa que la maldad.
¿Por qué? Porque la maldad puede reconocerse, denunciarse y combatirse. La estupidez, en cambio, se hace invisible. No escucha razones, no admite hechos que contradigan sus prejuicios y es capaz de convertir cualquier evidencia en una amenaza contra sus propias convicciones.
Bonhoeffer no identificaba la estupidez con la falta de inteligencia. Una persona puede ser extraordinariamente inteligente y comportarse estúpidamente. El problema aparece cuando renuncia a pensar por sí misma y entrega su juicio a otros. El poder, el fanatismo y la obediencia ciega convierten a individuos perfectamente capaces de razonar en repetidores de consignas. Los venezolanos lo hemos vivido en carne propia. Pero este artículo no es sobre Venezuela, es sobre el peligro que corre el mundo entero.
Desde otra perspectiva, Marina llega a una conclusión igualmente perturbadora: la inteligencia también fracasa. El fanatismo, los prejuicios, el miedo y la incapacidad de reconocer nuestros errores la exponen al servicio de nuestros peores impulsos.
Vivimos tiempos propicios para esa renuncia al pensamiento. Nunca habíamos tenido tanto acceso a la información y, sin embargo, nunca había sido tan fácil encerrarnos en nuestras propias certezas.
Se comparte antes de comprobar, se condena antes de comprender y se defiende una posición sin conocer siquiera los argumentos contrarios. La pertenencia a un grupo parece haberse vuelto más importante que la búsqueda de la verdad.
La estupidez colectiva no necesita que todos sus integrantes sean ignorantes. Le basta con que dejen de pensar por sí mismos.
Pero sería demasiado cómodo atribuir la estupidez exclusivamente a los demás. Todos somos vulnerables a ella. Todos podemos caer en la tentación de creer aquello que confirma nuestras preferencias, rechazar lo que incomoda nuestras convicciones o justificar conductas propias que condenaríamos sin vacilar en nuestros adversarios.
Una de sus manifestaciones más refinadas es exigirles a los demás una honestidad intelectual que no estamos dispuestos a practicar nosotros mismos. La educación, el conocimiento y el pensamiento crítico son nuestras mejores defensas, pero requieren algo más: humildad para reconocer que podemos equivocarnos y valentía para cuestionar aquello en lo que creemos.
La humanidad ha conquistado el espacio, descifrado el genoma humano y desarrollado tecnologías extraordinarias. Pero sigue siendo capaz de repetir tragedias que creía superadas y de entregar su voluntad a quienes explotan sus prejuicios y sus miedos.
Quizás el mayor peligro no sea que la humanidad haya dejado de saber, sino que esté perdiendo las ganas de pensar.
Porque cuando dejamos de pensar, siempre habrá alguien dispuesto a hacerlo por nosotros. Y no necesariamente en nuestro beneficio.
