Las dificultades de la población venezolana para acceder a datos climáticos y de gestión de riesgos potencia las posibilidades de sufrir y no poder prevenir desastres socioambientales. El alud que arrasó con Las Tejerías desnuda esta y otras vulnerabilidades
Advierten que el Estado venezolano no publica evaluaciones de amenazas y riesgos socioambientales y tecnológicos en el país desde el 2016
Aunque casi de la mitad de los desastres en Venezuela se relacionan con las lluvias, los registros sobre los desastres socioambientales están entre los más opacos en el país
Foto: Ronald Peña
Los deslaves en Venezuela exponen una torrente de vulnerabilidades (parte 2)
Texto: Joshua De Freitas | Fotografías: Ronald Peña | Contenido Gráfico: Elsy Torres
El gobierno venezolano sabía que en las ciudades de Las Tejerías, El Castaño, Caraballeda y Puerto La Cruz, zonas donde hubo desastres socioambientales en 2022, se debían implementar protocolos de prevención de riesgos. Y las pruebas de que tenía conocimiento de la condición de vulnerabilidad se encuentran en el «Atlas Nacional de Exposición frente a Amenazas Naturales y Tecnológicas», un documento público –en teoría– elaborado en 2016 y que nunca salió a la luz.
El informe concluye que «28% (del territorio) de Venezuela se halla expuesto a un alto potencial de inundación», equivalentes a 256.604,6 kilómetros cuadrados. Sin embargo, la población venezolana expuesta a las inundaciones y aludes torrenciales —o deslaves— es cercana al 52,33% (cerca de 14.478.431 habitantes), según el censo del 2011. Las zonas que concentran mayor cantidad de habitantes tienen el mayor riesgo.
Las regiones andina y costera del país son las más propensas a sufrir desastres socioambientales como inundaciones o un alud torrencial. Los estados con mayor frecuencia histórica de estas amenazas son Aragua, Carabobo, Mérida, Miranda y Zulia. Justamente, donde el impacto de las lluvias que azotaron al país en los últimos dos meses ha sido más perjudicial.
«Una de las zonas más expuestas a amenazas como los aludes torrenciales se encuentra desde La Guaira hasta el Lago de Valencia. Tanto por los registros históricos que hay sobre los casos como por la gran densidad poblacional que aún puede existir allí, se sabe que si hay precipitaciones más elevadas que el promedio histórico en esas zonas, va a ocurrir una crecida (de los ríos). No nos podemos engañar. Eso ocurre con los ríos El Limón, Mariara y San Julián, en las quebradas de Anauco, de Macuto…», advirtió uno de los autores del informe, quién solicitó el anonimato a la Alianza Rebelde Investiga (ARI).
«La región de El Limón, Maracay, El Castaño y Las Tejerías tenían proyectos de medición y prevención, como sistemas de alerta temprana. Pero nunca se actualizaron o se llevaron a cabo o vieron la luz pública», dijo el experto.
Para el ingeniero en gestión de riesgos, si el Atlas Nacional hubiera estado a disposición de los expertos y las instituciones competentes quizás los desastres en Aragua se hubieran evitado. «Aunque el documento tenga seis años «engavetado» en los ministerios, es una herramienta que puede, y debe, usar la comunidad científica y civil para localizar las zonas de Venezuela más vulnerables y prevenir sus riesgos», insistió el entrevistado.
El Atlas fue un proyecto entre el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz junto a el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), organismo adscrito a la ONU. El proyecto fue anunciado por la PNUD, pero no está disponible en ninguna página oficial del gobierno o de las organizaciones no gubernamentales.
En un recorrido realizado en las sedes de Protección de Distrito Capital, Miranda, Aragua y Mérida —donde se ha reportado la mayoría de aludes torrenciales en los últimos 3 años—, los funcionarios dijeron que no tenían el Atlas en su posesión. ARI también consultó a 8 expertos venezolanos en materia de gestión de riesgos y admitieron no poseer el Atlas, aunque sabían que el proyecto existió, y confirmaron que no se ha publicado un documento similar desde entonces.
«Entre el 2010 y 2016 el Ministerio realizaba un mínimo de 4 proyectos al año para mejorar nuestra gestión de riesgos, desde la planificación hasta la comunicación, pero la mayoría nunca vieron la luz pública por decisiones gubernamentales», dijo el experto en evaluación de desastres.
Venezuela expuesta a las lluvias
El último documento público que hace alguna referencia a la necesidad de implementar y mejorar sistemas de alerta temprana frente a los riesgos climáticos se encuentra en la Segunda Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático publicada en 2017. Allí, el país se comprometió a mejorar su sistema de medición climática e implementación de sistema de alerta temprana.
Hasta los momentos, solo un pluviómetro ofrece datos públicos sobre la cantidad de precipitaciones en la zona comprendida entre los estados Carabobo, Aragua, Distrito Capital, La Guaira y Miranda. El pluviómetro, además, no pertenece a la administración pública, sino a la Universidad Central de Venezuela, en su sede de Caracas. Tampoco se tiene un registro de mantenimiento o construcción de sistemas de alerta temprana en la región desde el año 2006 en La Guaira.
«Si nos vamos por las recomendaciones internacionales, sobre todo por las recomendaciones del gobierno de Japón y Cuba que hemos tenido en los últimos 10 años, debería haber un pluviómetro por cada kilómetro cuadrado de territorio nacional», dijo el ingeniero y colaborador del Atlas. «Además, esos pluviómetros deben ser telemétricos; es decir, que den información minuto a minuto a través de tecnología inalámbrica para detectar cuándo existe una anomalía en las lluvias, en este caso, y enviar un mensaje preventivo a la comunidad afectada».
Las ciudades del estado Aragua, que se encuentran entre el Lago de Valencia y el Parque Nacional Waraira Repano, eran una de las más enfocadas en proyectos de alerta temprana. Entre el año 2020 y 2022 las urbanizaciones o ciudades aragüeñas de El Limón, El Castaño y Las Tejerías sufrieron de un alud torrencial cada una.
«El caso de Las Tejerías y El Castaño duele mucho, porque se pudieron haber prevenido fácilmente», lamentó el entrevistado. «Todos los países están expuestos a amenazas, pero se necesita información para poder convivir ante el peligro. La gestión de riesgos en Venezuela ha sido la misma por muchos años por incidencia política. Con opacidad y sin información no se puede convivir con el peligro».
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Grandes limitaciones
De acuerdo con las fuentes consultadas, el proyecto iba a ser digitalizado en una base de datos de uso público. Un proyecto similar se encontraba en una sección de la página web de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) (http://www.estudiosydesastres.info.ve/), que desde el año 2019 no se encuentra operativo.
«Este Atlas de por sí tiene muchos vacíos», advirtió el evaluador de riesgos socioambientales. «En una infinidad de reuniones con distintos funcionarios públicos para que facilitaran la información no se daban datos: o no asistieron, o no facilitaban la información, o la data que nos daban tenía muchos de detalles —como la falta de fechas o coordenadas— o simplemente te la daban y decían que no podía ser pública. También, hubo problemas en la investigación de campo porque grupos armados, en especial el Tren de Aragua, no permitían el acceso».
ARI pudo recuperar parte de los datos obtenidos en la base de datos de Funvisis con la herramienta digital WayBack Machine y constató que la mayoría de los desastres registrados por el Estado venezolano son de origen hidrometeorológico, como inundaciones, desbordamientos de ríos, aludes torrenciales y sequías. El Estado reconoce que cerca de 4.891 casos de inundaciones con pérdidas humanas y materiales en Venezuela desde 1641 hasta 2019. El total que tiene registrado fue de 10.399.
Mientras tanto, la base de datos de la PNUD sobre desastres en Venezuela identifica, al menos, otros 11 casos de inundaciones y aludes torrenciales en Venezuela desde el 2019 hasta octubre de 2022. La organización multilateral expresa que, en el caso venezolano, los datos se obtienen de publicaciones de la prensa nacional e internacional y de análisis de imágenes satelitales, ya que el Estado no hace un balance público.
Más del 47% de los desastres registrados en Venezuela son de origen hidrometeorológico y climático. Mientras tanto, la segunda distinción más frecuente en desastres son de origen tecnológico (o antrópico), con más del 31% de registros oficiales hasta el 2019. «Sin embargo, estas dos categorías son las más opacas en la política e institucionalidad nacional».
Por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales afirmó que, entre 2016 y 2021, se documentaron 199 derrames petroleros en Venezuela fuera de la vocería pública. Del mismo modo, no hay un registro público del impacto y la vulnerabilidad del proyecto Arco Minero del Orinoco en los casos de contaminación.
El 5 de diciembre de 2022 se registró un derrame de hidrocarburos en las costas de la ciudad de Lechería del estado Anzoátegui. La Alcaldía del municipio Urbaneja, donde se encuentra Lechería, anunció el cierre de las playas Los Canales, Lido y Cangrejo por tiempo indefinido para limpiar el petróleo de las costas. Manuel Ferreira, alcalde del municipio Urbaneja, precisó en sus redes sociales que hasta la fecha «aún no hay una declaración oficial que indique que ya se contuvo (el derrame)».
#6Dic | Continuamos las labores de monitoreo de nuestras costas y, lamentablemente, volvemos a evidenciar un escenario catastrófico.
Las autoridades en materia de hidrocarburos no nos han dado información, pero la realidad habla por sí sola. pic.twitter.com/unfABjKiua
— Manuel Ferreira González (@manuelferreiraG) December 6, 2022
Del mismo modo, el portal web Prodavinci documentó que Venezuela es el primer país con más incendios por superficie en 2020, todo bajo un subregistro público. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, los incendios forestales e industriales son catalogados como desastres tecnológicos por ser provocados por la actividad humana en la mayoría de los casos.
«En el ministerio existían al menos 4 grandes proyectos de análisis de vulnerabilidad y amenazas con financiamiento de organismos como la PNUD o el Banco Interamericano de Desarrollo, pero se “engavetaron” todos», dijo el ingeniero. «Una de ellas es el Atlas Nacional de Amenazas, que tuvimos que en un principio iba a ser de vulnerabilidad, pero la falta de datos impidió que se consolidara en ese enfoque. Se tenía previsto actualizar y mejorar el documento, pero clausuraron el proyecto», agregó.
Una de las mayores limitaciones que tiene el documento es la ubicación exacta de las infraestructuras públicas expuestas a inundaciones y aludes torrenciales. En el Atlas se estima que cerca de 297 hospitales y 1626 escuelas están expuestas a inundaciones a nivel nacional. «El problema surge cuando no se sabe si esas instituciones aún están activas y atendiendo gente, eso también se mantenía en opacidad. Por eso en el documento no se especifica dónde se encuentran ubicados».
Aunque el Atlas Nacional de Exposición frente a Amenazas Naturales y Tecnológicas indica que «todo el territorio nacional está expuesto ante las amenazas de las inundaciones», existen poblaciones con mayor riesgo que otras. «En realidad cada ciudad debe tener un mapa de vulnerabilidades y de riesgos. Pero eso en Venezuela no ha sucedido desde hace años, eso no es nuevo. Las mejores aproximaciones que se pueden hacer es a través de los municipios».
Para el 2016, se calculó que 222 municipios que tienen exposición directa a las inundaciones y aludes torrenciales. «Eso es más de la mitad. También se debe tomar en cuenta que son los municipios que pueden tener mayores pérdidas, no que no hayan tenido casos de inundaciones, porque, de ser así, casi todo el mapa estaría comprometido. Pero con el conteo de casos no es suficiente, si la nación quiere tener un buen manejo de riesgos debe tener mapas cartográficos y censos actualizados», dijo el entrevistado.
Los estados con mayor registro de desastres socioambientales y tecnológicos son Distrito Capital (con 1817 casos) y Miranda (con 1615) y Zulia (con 852). Los estados con menor cantidad de desastres documentados son Cojedes (con 62 casos, 44 de ellos relacionados a las lluvias intensas), Delta Amacuro (con 19 casos) y Amazonas (con 14 registros). A excepción de la capital venezolana, cerca de la mitad en todos los registros de Funvisis del 2019 son desastres relacionados con fenómenos hidroclimatológicos (lluvias intensas o aludes torrenciales).
Las sequías: un riesgo latente
Los registros sobre la escasez de la lluvia en el país son aún más escasos que el de las inundaciones. Los expertos entrevistados por ARI coinciden en que, históricamente, los datos son reducidos y en la actualidad no se evalúa el fenómeno frente a los pronósticos de un aumento de la aridez en Venezuela estrechamente relacionada al cambio climático.
«Antes de crearse el Viceministerio para la Gestión de Riesgo y Protección Civil; es decir, antes del 2013; existían macroproyectos para monitorear el clima y desastres socioambientales que no se llevaron a cabo. Entre ellos existía un proyecto de una red nacional de estaciones meteorológicas telemétricas, que brindan información a tiempo real de forma digital, y el reforzamiento de la gestión de riesgos. Todo eso se perdió», comentó el experto.
En el Atlas se estima que la región noroccidental del país será una de las más expuestas en sequías y aridez. Los estados Falcón, Lara, Trujillo y el Zulia mantienen un bioclima seco naturalmente, por lo tanto son los más expuestos, junto a los estados Anzoátegui, Guárico, Monagas Sucre y Nueva Esparta, de sufrir daños por las sequías, tanto a corto como a largo plazo.
En el país se ha registrado un mínimo de 70 sequías entre 1526 hasta 2022. Para 2016, cerca del 50% de la población venezolana (14.375.709 habitantes) tenía una alta exposición a las sequías distribuidas en 30% del territorio nacional (274.766 kilómetros cuadrados) en los extremos nororiental y noroccidental del país.
«El riesgo de grandes zonas con desertificación, hasta ahora, parece lejano. Eso tomando en cuenta que el término se refiere a la pérdida total de nutrientes en el suelo y alta aridez», aclaró el ingeniero.
«Pero, un riesgo más latente de las sequías, y que afecta a 60% de la población, sería los bajos niveles de las represas hidroeléctricas, como la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (antes conocida como Raúl Leoni). El mantenimiento de esa represa es incierto, algo muy preocupante, porque el agua del embalse del Guri es ácida y cuando está a niveles bajos, arrastra mucho sedimento», agregó.
Uno de los casos de sequías más extremas en Venezuela fue el periodo entre 2015 y 2016, cuando el fenómeno El Niño tuvo la mayor intensidad en la historia. En ese momento, el país sufrió de apagones constantes debido a los bajos niveles de la represa del Guri. Hasta los momentos, no hay una estimación de las pérdidas económicas relacionadas con la producción agrícola y del mantenimiento del sistema hidroeléctrico nacional.
«También el mantenimiento de nuestros embalses está en opacidad. Para el 2016, existían al menos 53 embalses expuestos a estas zonas de climas secos y a sequías fuertes. El exceso o escasez de lluvias afectan al suministro de agua potable y el servicio eléctrico en todo el país», advirtió el entrevistado. «La gestión de riesgos va mucho más allá de establecer qué zonas están expuestas a amenazas, sino la transparencia de las instituciones para que los expertos puedan calcular y mejorar la calidad de vida de la población. En definitiva, no hay una vigilancia a las zonas que ya fueron afectadas por inundaciones», concluyó el entrevistado.
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Debido a la importancia del documento en temas humanitarios, ARI decidió subir a internet el «Atlas Nacional de Exposición frente a Amenazas Naturales y Tecnológicas» (2016) y su informe técnico para la consulta pública. Solo debe hacer clic en las frases resaltadas o en las imágenes de la portada de cada informe para descargar los documentos.
