El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo fundamental dentro de la estructura del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, diseñado con el propósito de evaluar la situación de los derechos humanos en cada uno de los Estados miembros de la ONU, garantizando una evaluación constante entre naciones.
Este proceso se lleva a cabo cada cuatro años y busca que los países rindan cuentas ante la comunidad internacional sobre sus avances, sus deficiencias estructurales y compromisos asumidos en materia de libertades fundamentales en la población.
A diferencia de lo que ocurre en otros comités, el EPU abarca todas las obligaciones de derechos humanos de un país, donde durante cada evaluación las naciones reciben recomendaciones concretas por otros Estados, las cuales pueden ser aceptadas para su implementación o tomadas en cuenta.
Es así que en este contexto, Venezuela fue evaluada en ediciones anteriores, durante el tercer ciclo celebrado en enero de 2022, el estado venezolano recibió un total de 328 recomendaciones internacionales de las cuales las autoridades del país solo aceptaron 221 compromisos, incluyendo fortalecer las garantías para la libertad de expresión y la protección de los periodistas. Adicionalmente, el Estado no apoyó 107 de las recomendaciones emitidas.
Por qué Venezuela vuelve al examen
El país deberá someterse nuevamente a la evaluación durante el cuarto ciclo del EPU, planeado para el 54º período de sesiones del Grupo de Trabajo de la ONU en enero-febrero de 2027. La razón central de este nuevo seguimiento es que el Estado no cumplió plenamente las recomendaciones que aceptó en 2022, y por lo contrario, se profundizaron las restricciones y censuras en los últimos cuatro años.
Ante esta problemática, siete organizaciones defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos (Artists at Risk Connection, CPJ, Espacio Público, IPYS Venezuela, PEN International, PEN Venezuela y RSF) publicaron un informe en conjunto con las Naciones Unidas para documentar cómo la persecución institucional ha empeorado entre 2022 y 2026.
Un patrón de persecución y bloqueos
El documento enviado a la ONU señala que en los últimos años las autoridades consolidaron un “mecanismo legal restrictivo” que fomenta la autocensura y criminaliza el trabajo de los comunicadores en el país. Entre las principales alertas señaladas destaca que durante el año 2025 se registró un récord histórico de 26 periodistas encarcelados en Venezuela, al igual que patrones repetitivos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, acoso judicial y persecución continua contra reporteros y defensores de los derechos humanos.
A esta situación también se le suma un país marcado por una censura política, digital y vacíos de información. Por esto mismo, el informe detalla la existencia de 206 páginas web bloqueadas por el Estado a través de Conatel y de las cuales 65 corresponden a medios de comunicación independientes y organizaciones no gubernamentales.
Esta “nueva” política de bloqueos arbitrarios de sitios web ha generado opacidad informativa que impacta de forma directa a más de la mitad de la población venezolana. Por otro lado, la hostilidad generó un exilio forzado de comunicadores sociales que se vio reflejado en una encuesta diseñada por el IPYS Venezuela, citada en el informe, donde el 85,63% de los periodistas consultados que huyeron del país afirmaron haberlo hecho por el riesgo de sufrir arrestos, torturas u hostigamiento.
Exigencias internacionales
Ante lo cerca que está la fecha de la evaluación fijada para 2027, las organizaciones plantearon una serie de recomendaciones que el Estado venezolano debería de aplicar de manera prioritaria para revertir el clima de miedo que rodea al país. Entre algunas de las exigencias se destaca la necesidad de modificar leyes restrictivas como la Ley contra el Odio, además de cambiar instrumentos como la Ley Resorte-ME y la Ley de Delitos Informáticos a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
De esta misma forma, las organizaciones solicitaron el terminar por completo con las detenciones arbitrarias, el levantamiento definitivo de los bloqueos a páginas web y entregar garantías de protección internacional para los profesionales de la comunicación que se vieron forzados a exiliarse del país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
