Luego de dos años sin escribir en redes sociales, la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, reapareció en X para informar que el Tribunal 3º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en terrorismo la absolvió de los cargos formulados en su contra.
“Hoy culmina un duro capítulo en mi vida. Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente”, escribió la activista y abogada.
San Miguel dijo que durante el tiempo que duró su condena, su capacidad de resistencia y principios fueron puestos a prueba.
“Agradezco profundamente a mi familia, especialmente a mi hija, por su amor y fortaleza, a la sociedad civil venezolana, a los organismos internacionales, misiones diplomáticas y organizaciones de derechos humanos que acompañaron mi situación”, expuso.
San Miguel expresó también su solidaridad con quienes siguen esperando justicia y la libertad.
“Mi solidaridad está con todos los ciudadanos, activistas y presos políticos que continúan enfrentando procesos penales y situaciones de vulnerabilidad. En cuanto a las condenas emitidas en este caso contra otros acusados, espero sean anuladas por ser profundamente injustas”, manifestó.
Agregó que la justicia solo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos.
“Continuaré trabajando con la misma transparencia y convicción por el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y por una Venezuela democrática”, recalcó.
Un proceso irregular
San Miguel fue detenida de manera arbitraria el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando se disponía a viajar con su hija.
Durante las primeras horas se desconoció su paradero, lo que activó alertas de organizaciones nacionales e internacionales sobre una desaparición forzada.
El Estado la vinculó con la supuesta trama conspirativa denominada “Brazalete Blanco” y le imputaron delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.
Fue recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide bajo aislamiento prolongado y sin acceso oportuno a sus abogados de confianza.
Bajo custodia sufrió una fractura en el hombro derecho, la cual requirió intervenciones quirúrgicas y cuidados médicos especiales que en varias ocasiones, le negaron oportunamente.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y numerosas ONG exigieron su liberación inmediata ante la falta de un juicio justo y el estado de indefensión.
San Miguel pasó cerca de dos años presa en El Helicoide antes de ser excarcelada el 8 de enero de 2026, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, y enviada en un vuelo a Madrid, España.
La activista retornó al país el 26 de mayo de este año bajo medidas cautelares que fueron depuestas recientemente.
Desde su excarcelación, San Miguel se abstuvo de hablar con los medios de comunicación debido a las medidas cautelares sustitutivas que le prohibían declarar públicamente, además de la presunta existencia de coacciones, chantajes o temor por la seguridad de su entorno familiar aún en Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
