Las decisiones diplomáticas del gobierno de Gustavo Petro tras las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024 contribuyeron a reducir la presión internacional sobre Nicolás Maduro y facilitaron su permanencia en el poder.
Así lo sostiene un nuevo informe del Miranda Center for Democracy, titulado “Laundering Maduro’s Legitimacy” (Blanqueando la legitimidad de Maduro), que analiza la postura de Colombia desde el restablecimiento de relaciones bilaterales en 2022 hasta la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026.
La tesis central del documento es que, aunque Bogotá se abstuvo de reconocer formalmente la victoria proclamada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el 51,2 % de los votos (sin publicar las actas), adoptó una serie de medidas que “bajaron el costo internacional del fraude”.
Los tres puntos de quiebre diplomático
El informe identifica un patrón de decisiones que en momentos críticos donde Colombia tenía margen de maniobra terminaron favoreciendo al régimen venezolano:
–El silencio inicial: Petro guardó silencio durante aproximadamente 55 horas después del anuncio del CNE, un contraste marcado con líderes regionales como el chileno Gabriel Boric, quien exigió de inmediato la publicación de los datos de mesa.
–La abstención decisiva en la OEA: El 31 de julio de 2024, Colombia se abstuvo en una resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que exigía la divulgación de resultados desglosados por centro de votación. La iniciativa obtuvo 17 de los 18 votos necesarios; un solo voto favorable de un país abstencionista, como Colombia, la habría aprobado.
–Suavización del lenguaje: Comunicados posteriores emitidos en conjunto con Brasil y México diluyeron las exigencias iniciales, pasando de demandar datos de mesa a utilizar términos más ambiguos como “mediación” y “verificación”.
Ideología, petróleo y “Paz Total”
El Miranda Center atribuye esta postura a la convergencia de tres intereses estratégicos del gobierno de Petro: afinidad ideológica con el proyecto político del chavismo; expectativas energéticas, incluyendo la posibilidad de concretar joint ventures entre la estatal Ecopetrol y PDVSA y la política de “Paz Total”.
El informe aclara que no existe evidencia de un plan deliberado y coordinado para proteger a Maduro, sino más bien un “patrón de decisiones” y una disposición que benefició al régimen.
Ante la filtración de los hallazgos, el gobierno de Petro rechazó de plano las acusaciones. Funcionarios de la Casa de Nariño recordaron que en ningún momento su administración reconoció los resultados de las elecciones venezolanas de 2024, defendiendo su gestión como un equilibrio necesario para evitar un colapso humanitario y mantener abiertos los canales de diálogo.
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