El 8 de octubre de 2018, el concejal de Primero Justicia cayó de un piso alto de la sede del Sebin en Plaza Venezuela. Dos funcionarios de rango bajo fueron sentenciados a cinco años de prisión y la pena les fue rebajada a dos, ya se encuentran en libertad
Cerca de las 4 de la tarde del 8 de octubre de 2018, el fiscal general impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó a través de un contacto telefónico con Venezolana de Televisión (VTV) que el concejal del municipio Libertador por el partido Primero Justicia, Fernando Albán, se había suicidado mientras estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el sector caraqueño de Plaza Venezuela.
“Solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde el piso 10”, dijo el funcionario del Gobierno de Nicolás Maduro.
Apenas minutos después, el entonces ministro de Interior y Justicia, Nestor Reverol, contradijo las declaraciones de Saab. “Encontrándose en la sala de espera del Sebin, se lanzó por una ventana de las instalaciones cayendo al vacío, ocasionándole la muerte”, escribió en su cuenta de Twitter (hoy en día X).
De acuerdo con el acta de defunción rubricada por miembros del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), Albán murió por traumatismo craneoencefálico severo, shock hipovolémico y traumatismo toracoabdominopelvico cerrado por caída de altura.
Desaparición forzada de Albán
A comienzos del mes de octubre de 2018 se suponía que el concejal de PJ iba a aterrizar en Venezuela proveniente de la ciudad de Nueva York, donde había participado en la 73 sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El 5 de octubre, Luz Amparo Albán, hermana del político recibió un mensaje en su celular que decía “estoy preso en el Sebin”.
Lo había enviado su hermano luego que funcionarios de este cuerpo de seguridad lo detuvieran en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
Después de 48 horas de desaparición, familiares, abogados y amigos de Albán conocieron que este se encontraba en la sede del Sebin en Plaza Venezuela y estaba siendo vinculado al supuesto intento de magnicidio contra Maduro en agosto de ese año en el marco de un acto castrense en la avenida Bolívar de Caracas.
La defensa de Albán informó que a este se le imputaron los cargos de terrorismo, traición a la patria, homicidio calificado frustrado en la persona del primer mandatario y de alto mando militar, así como asociación para delinquir.
Luego que el caso fue asignado al tribunal VI de Control, este declinó la causa a favor del Tribunal 1 con competencia en terrorismo.
Los “culpables”
Ramón Alfredo Aguilar, abogado en ese entonces de Albán, sostuvo que para hacer una simulación de justicia, la administración madurista procesó a dos funcionarios de bajo rango del Sebin.
“Esta es una muestra clara de la violación sistemática de los derechos humanos y de la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen de Maduro”, indicó Aguilar.
Casi un año después de la muerte de Albán, el Ministerio Público anunció la acusación formal del inspector Miguel David Dos Santos Rodríguez y el detective Keiberth José Cirelli Moreno por su presunta responsabilidad en el incumplimiento de mecanismos necesarios de custodia.
“Estos funcionarios fueron condenados a cinco años, luego se les redujo la pena a dos y prácticamente nunca estuvieron detenidos porque estuvieron en la propia sede del Sebin donde podían entrar y salir a su gusto y cuando se terminó el proceso la pena ya estaba cumplida”, agregó Aguilar.
El abogado sostuvo que la Fiscalía empleó el recurso de homicidio culposo. “Como si hubiera ocurrido un accidente, ocultando que Fernando fue torturado y lanzado desde un piso 10. Lo peor es que se quiere aparentar que se castiga el homicidio cuando no es verdad, allí había un homicidio calificado con torturas y desaparición forzada, todo eso fue denunciado tanto en la Fiscalía como en la Defensoría del Pueblo y nunca fueron atendidas nuestras peticiones”.
Inconsistencias en el expediente
Aguilar informó que aunque por unos minutos, la defensa de Albán tuvo acceso al expediente del caso y pudo evidenciar algunas irregularidades.
“Unos policías dicen que estaba esposado, sin embargo el cuerpo fue hallado sin esposas, la abertura de la ventana por la cual supuestamente saltó mide 25 centímetros, una persona de su talla no pasa por ahí, por ello ni siquiera pensamos que fue lanzado del piso 10 sino de la azotea, el cuerpo tenía marcas de posibles descargas eléctricas, la autopsia la firmó un médico desconocido que no era forense y no se permitió que la familia participará en la investigación”.
El abogado indicó que cinco meses después de la muerte de Albán allanaron la oficina de su viuda Meudy Osío y se llevaron todos los equipos.
“No se permitió nunca que la familia participara en el proceso, persiguieron a los abogados que estábamos en la causa, todos estamos fuera de Venezuela actualmente, especialmente yo que era jefe de la defensa”.
Aguilar manifestó que la persecución a la familia Albán obligó a sus miembros a radicarse definitivamente en el extranjero.
“Los dos hijos de Fernando viven en Nueva York y se graduaron por sus propios medios, María Fernanda es comunicadora social y Fernando Alberto es ingeniero mecánico. Su esposa está trabajando también en Nueva York ayudando a migrantes venezolanos a obtener su regularización migratoria”.
Hay esperanza de justicia con Albán
Aguilar aseveró que la falta de una investigación imparcial evidencia la eventual implicación de los miembros de la cadena mando, desde comisarios hasta Maduro, pasando por el director del Sebin, Gustavo González López, el fiscal impuesto por la ANC y el otrora ministro Reverol.
“La Fiscalía es la que establece los procedimientos forenses que deben aplicarse, al no hacerse la investigación se está encubriendo el hecho y eso es un delito de acuerdo con el Estatuto de Roma”.
El abogado sentenció que todas las inconsistencias en el caso Albán están documentadas en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y también existe una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI).
“La investigación continúa y ya no se trata solo de buscar responsabilidades individuales, sino de establecer una conexión con la cadena de mando, esto no es un hecho aislado, es un hecho común porque ya pasó con el capitán Rafael Acosta Arévalo y otros tantos”.
