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DDHH Olvidados | Alcides Bracho, el profesor sentenciado por pedir mejores salarios
Alcides Bracho se encuentra recluido en el centro de detención de La Yaguara, en Caracas. Antes de eso, estuvo en el Centro de Control y Resguardo del Detenido de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleita, conocido como “Zona 7”
Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho, ya tenía el presentimiento de que él sería condenado, puesto que previamente hubo advertencias por parte del juez Mascimino Márquez, quien le pidió que se declarara culpable porque esta sería una “sentencia ejemplarizante”

 

@Andrea_GP21

 

A eso de las 9:00 de la mañana del día lunes 4 de julio de 2022, cuando se encontraba en su casa cuidando de sus dos hijos y un sobrino, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) irrumpieron en la vivienda de Alcides Bracho, en El Junquito, y se lo llevaron detenido de forma arbitraria.

“Más de 15 hombres con armas largas entraron sin orden de allanamiento, sin orden de detención. Revisaron la casa, amenazaron a mis hijos, nos robaron dinero, equipos electrónicos y relojes. Yo puse la denuncia en el Ministerio Público pero nada de eso fue tomado en cuenta”, denuncia Yorbelis Oropeza, esposa de Bracho.

 

Alcides Bracho fue acusado de “terrorismo” por su participación en las protestas antigubernamentales y por manifestarse contra los bajos salarios. Recientemente, el 1 de agosto de 2023, fue condenado a 16 años de prisión por  «conspiración» y «asociación para delinquir» junto a Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín.

 

Profesor, artista plástico y padre de familia

Alcides Bracho tiene 47 años. Es profesor de química y artista plástico. Además, desarrollaba activismo sindical en el magisterio venezolano a través de la Federación Venezolana de Maestros (FVM).

Su esposa, Yorbelis Oropeza, contó en entrevista con Runrun.es que Bracho dejó de trabajar en el sector formal en el año 2018, tanto en la educación pública como privada. Después de eso, comenzó a trabajar de forma independiente pintando y restaurando cuadros. También impartía clases de química a estudiantes de media general. Incluso, Bracho hacía  decoraciones para fechas especiales como San Valentín y el Día de las Madres.

“Si tenía que trabajar de taxista, trabajaba de taxista. Si tenía que picar carne y vender carne, picaba y vendía (…) Lo que saliera en ese momento era el trabajo en el que mi esposo podía hacer un mejor dinero y poder mantener a la familia de cinco personas, ya que el sueldo para ese momento estaba en cinco dólares”, señaló Yorbelis.

Alcides Bracho vivía junto a su esposa, dos hijos y una sobrina que criaron desde pequeña. Su esposa cuenta que siempre han sido una familia muy unida. Viven alquilados, puesto que tuvieron que paralizar la construcción de su casa porque el dinero no les alcanzaba.

“Mi familia, a raíz de la prisión de mi esposo, está fragmentada (…) Yo me quedo en mi casa y mis hijos viven de lunes a viernes con su tía porque no tengo el dinero suficiente para pagar el pasaje, ya que yo vivo en una zona montañosa y mínimo el pasaje por persona, entre ir y venir, son dos dólares”,detalló Oropeza. 

 

Cuando fue detenido, cuenta su esposa, Bracho fue víctima de amenazas. Los funcionarios le indicaron que si no entregaban el teléfono celular, ya ellos sabían dónde vive su familia, lo que le genera temor actualmente. Es una constante la preocupación por su esposa y sus hijos.

Una amenaza previa por el juez Mascimino Márquez

Yorbelis Oropeza señala que sabía que su esposo sería condenado, pero no pensó que fuese por 16 años. Cuando supo de la condena, cuenta, se sorprendió y no supo qué decir, porque pensaba que la misma sería de unos seis años y podrían buscar, por lo menos, alguna medida cautelar como casa por cárcel.

La familia ya tenía el presentimiento de que Alcides sería condenado, puesto que previamente hubo advertencias por parte del juez José Mascimino Márquez, quien le pidió que se declarara culpable porque esta sería una “sentencia ejemplarizante”.

“Ejemplarizante. Esa fue la palabra que usó Mascimino Márquez. ¿Un ejemplo para qué? Para que cese la protesta, no hables o no digas nada. Y dijo que era mejor que se declarara culpable y así poder cambiar los delitos”, reveló Oropeza.

 

Mascimino Márquez, juez Cuarto de Control con competencia en delitos asociados al Terrorismo del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, es conocido por su implacable accionar en los procesos judiciales en contra de dirigentes políticos de oposición, militares, periodistas y miembros de la sociedad civil. Márquez fue detenido en marzo de 2023 en medio del operativo emprendido por la administración de Nicolás Maduro contra funcionarios públicos y empresarios por presunta corrupción.

 

“No hubo una prueba física”

Yorbelis Oropeza sostiene que no existe ni una sola prueba que pueda indicar que su esposo conspiraba o planificaba una acción en contra del gobierno. Además, señala, en una de las actas queda constancia de que, desde que inició la investigación en 2020 contra Bracho y los otros detenidos, “no han materializado nada contra el gobierno”.

“No hay ninguna foto ni ninguna prueba de que ellos hayan tenido armas, pancartas (…) ni nada de lo que dijo el patriota cooperante, que es el que hace la denuncia”, declara Yorbelis Oropeza.

Además, a Bracho y a los otros detenidos por la causa se les señaló de supuestamente querer perpetrar un “secuestro” de los abuelos de Tareck El Aissami, exministro de Petróleo, algo que supuestamente pasaría el 5 de julio de 2022.  Alcides fue detenido un día antes.

“Fue detenido en su casa y las otras personas en distintos lugares. Era humanamente imposible poder reunir por lo menos a 120 hombres, o por lo menos la mitad, que pudieran trasladar las 120 armas y trasladarlas a Caracas (…) Es una parodia que no se sustenta ni siquiera en una película de ficción”, dijo Yorbelis.

 

Además, la esposa del preso político rechaza el accionar de la jueza Grendy Duque, quien emitió la sentencia contra Bracho. “Uno no puede creer que exista un ser humano tan falaz, tan mentiroso y que pueda dirigirse a los presos y familiares de una manera tan descarada”, señala.

El Estado no le provee alimentación

Durante unas 72 horas, cuenta su esposa, Alcides estuvo esposado a un poste sin poder ir al baño ni recibir alimentos. Después, fue trasladado a una celda donde duró varios días y los funcionarios corrieron el rumor de que era un policía y, por esta razón, fue “maltratado por los presos”, hasta que pudo explicar quién era y la población carcelaria lo acogió por su condición de profesor y de preso político.

Actualmente, Bracho se encuentra recluido en el centro de detención de La Yaguara, en Caracas. Antes de eso, estuvo en el Centro de Control y Resguardo del Detenido de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleita, conocido como “Zona 7”.

“Hay que llevar la comida todos los días. El Estado no provee ningún alimento a los presos”, cuenta su esposa, Yorbelis Oropeza.

Bracho, según revela Yorbelis, ha padecido problemas respiratorios continuos y afecciones en la piel causadas por el calor. Y en el centro de detención cobran a los presos por afeitarse, pero ella no siempre tiene recursos económicos suficientes porque es quien se encarga de toda la familia y, como es profesora, no alcanza el dinero que puede generar.

 

“He recibido algunas ayudas de exalumnos y de familiares que están fuera del país. Sin embargo, mantener un preso en una cárcel de Venezuela, por ejemplo en el caso de mi esposo, ronda entre los 400 y 500 dólares. Es un alto costo mantenerlos ahí porque el Estado no proporciona absolutamente nada”, dice Yorbelis.

El preso político también sufre de hernias discales y daño a uno de los nervios, lo que ha empeorado con este proceso, porque debe dormir en el suelo. También ha perdido masa muscular.

“Mi esposo es un preso de algún funcionario del gobierno”

Yorbelis Oropeza señala que próximamente harán una apelación por la condena de su esposo, aunque dice que la hará no porque crean en el sistema de justicia venezolano, sino para demostrar a nivel internacional “que en Venezuela las leyes están sesgadas y que responden solo a intereses del gobierno”.

Oropeza señala que el juez Mascimino Márquez le hizo saber que su esposo es “un preso de algún funcionario del gobierno”, pero no saben cuál.

“Mi esposo ha podido comprobar cómo cuando ellos están en una audiencia llaman a la jueza ​​o llaman al fiscal y se detiene. Reciben órdenes”, revela Yorbelis Oropeza.

También, rechazó las declaraciones del fiscal general impuesto por la extinta ANC, Tarek William Saab, porque considera que ha tratado de “vilipendiar y dañar la imagen” de su esposo “como profesor, trabajador y sindicalista, en unas declaraciones que se alejan totalmente de la verdad”.

DDHH Olvidados | Para el Ministerio Público el homicidio de Eduardo Orozco fue solo una «situación irregular»
Pese a que la familia de Eduardo José Orozco Porras pidió al Ministerio Público investigar quién asesinó a su hijo en el marco de las protestas del 2017, ninguna institución estatal informa cómo avanza el caso por seis años

Eduardo José Orozco Porras estaba en una protesta pacífica en el Distribuidor Bellas Artes, municipio Palavecino, estado Lara. Sus amigos le dijeron al medio venezolano El Pitazo que él se acercó a esa manifestación contra Nicolás Maduro un 7 de agosto del 2017 para entregar agua y comida a las personas que exigían respetar sus derechos. 

Quienes acompañaban a Orozco relataron que a las 03:00 p.m. aparecieron dos camionetas —una Orinoco blanca y una Ford Explorer negra— y salieron funcionarios identificados por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas). Empezaron a disparar sin mediar palabras. 

Entre las detonaciones, Eduardo, de 19 años, buscaba refugio, pero dos balas le atravesaron una de sus piernas. Una tercera bala le atravesaría el cráneo en la región occipital, en la parte trasera de su cabeza. Falleció en plena calle. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU revelaría después que los funcionarios del Conas se acercaron a Eduardo mientras estaba herido en el piso para dispararle. 

«Luego, le colocaron un arma en su mano y efectuaron varios disparos con la intención de acusarlo de terrorismo», resumió la ONG Defiende Venezuela en un informe sobre víctimas de ejecuciones extrajudiciales publicado en julio del 2023

«Habiendo transcurrido 6 años, la información que tienen las víctimas indirectas, los familiares, es que no se ha culminado la investigación por parte del Ministerio Público», reiteró Martha Tineo, abogada de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. «Según información que les fue suministrada por funcionarios del Ministerio Público durante el año 2019, para ese momento no tenían ubicados a los imputados. Desde entonces no ha recibido información concreta al respecto».

6 años de incertidumbre estatal

Al día siguiente, el Ministerio Público anunció en su cuenta de Twitter que investigarían el caso, y categorizaron el hecho como «una situación irregular». El Estado venezolano designó al Fiscal N° 21 del estado Lara en aquel momento, Carlos Muñoz, y a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para investigar.

Mientras tanto, Carmen Porras organizó el sepelio de su hijo el 9 de agosto del 2017. En el mismo distribuidor donde asesinaron a Eduardo, en la ciudad de Cabudare, cientos de personas se congregaron para exigir justicia. Él es una de las cientos de víctimas que llenarían las denuncias de venezolanos ante la ONU

Frente al duelo, Carmen reunió los testigos y documentos necesarios para formalizar la denuncia el 14 de agosto del 2017. Hasta la fecha, esos cuatro mensajes del Ministerio Público en una red social privada es la única información oficial que se puede consultar sobre el caso. 

«La investigación no ha sido culminada. La familia se mantiene en permanente revictimización al no atender ni dar respuesta a sus solicitudes de información y avance del proceso», reitera Tineo.

Denuncias de manipulación

Eduardo Orozco estaba empezando su carrera en Comercio Exterior en la Universidad José Antonio Páez, en Valencia, estado Carabobo. Su familia relata que aprovechó las vacaciones para visitar su ciudad natal. 

Carmen Porras reclama una investigación justa para su hijo desde la Organización No Gubernamental Alfavic (Alianza de Familiares y Víctimas en Venezuela). Al reunirse con los testigos de la muerte de su hijo pudo constatar que a Eduardo aún no le han hecho un protocolo de autopsia por parte de las autoridades. Que cuando llevó la denuncia al Ministerio Público, un funcionario la intimidó para firmar una hoja en blanco para tener sus supuestas declaraciones. Y, sobre todo, que el cuerpo de Eduardo fue presuntamente manipulado para implantar trazos de pólvora con la intención de modificar la escena del crimen.

Aún así, el Ministerio Público no ha anunciado, ni a la familia, ni a los abogados ni a la justicia, quiénes fueron los responsables de la muerte de Eduardo Orozco.

«Lamentablemente, este caso se enmarca dentro del más del 94% de impunidad respecto a los perpetradores o autores materiales de estos crímenes y en el 100% de impunidad respecto a la cadena de mando. Esto pone en evidencia el patrón de ataque contra grupos de la sociedad civil y se ha impuesto además un patrón de impunidad», dice Tineo. 

DDHH Olvidados | La audiencia de Ramón Centeno ha sido diferida nueve veces
Ramón es un paciente cardiópata y al momento de su detención, se encontraba en muletas, porque estaba en rehabilitación por una operación de cadera
De acuerdo con el CNP Caracas, Ramón Centeno fue imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y usurpación de funciones
A Ramón le mandaron a hacer una prueba psiquiátrica en el Hospital Clínico Universitario. Según su madre, en el tribunal no ha sido utilizado este recurso

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Durante los primeros meses del 2022, el gobierno de Nicolás Maduro ejecutó la “Operación Mano de Hierro”, en la que detuvo a al menos 27 personas, incluyendo a funcionarios públicos. Entre los aprehendidos se encontraba el periodista Ramón Centeno, solo por el hecho de  entrevistar a uno de los detenidos por dicha operación.

De acuerdo con la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad), esta operación consistía en  una investigación policial para desarticular las estructuras presuntamente dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

Este operativo se realizó, según dijo a finales de enero de 2022 Tareck El Aissami, exministro de Petróleo, con la finalidad de desmantelar supuestas bandas que estaban dedicadas al contrabando de extracción del metal o del material estratégico y minerales, específicamente el oro.

 

Centeno fue detenido el 2 de febrero de 2022 junto a su colega Gabriel Guerra, quien lo acompañaba al momento de entrevistar a los aprehendidos por la operación.

Según denuncias del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Centeno es paciente cardiópata y, al momento de su detención, se encontraba convaleciente por una cirugía de reconstrucción de cadera.

Omaira Navas, madre de Ramón Centeno, denunció que la audiencia de presentación de su hijo ha sido diferida nueve veces desde el año pasado. La última se debía realizar el martes 25 de julio, pero el tribunal alegó que faltaba un defensor y, por ende, fue aplazada nuevamente.

De acuerdo con el CNP, la primera audiencia de presentación de Centeno fue suspendida por sufrir parálisis facial en pleno tribunal. Actualmente, se encuentra recluido en el Hospital Domingo Luciani de El Llanito, custodiado por funcionarios militares.

Un proceso “amañado”

La señora Omaira Navas indicó que hasta ahora no han podido demostrar que Ramón esté vinculado a la operación por la cual lo detuvieron.

“La detención fue una locura y eso -el caso- está amañado. No han podido sacar nada en contra de Ramón porque no lo tienen. Ramón estaba trabajando, él no andaba jugando”, declaró Navas en entrevista con Runrun.es.

Navas comentó que su hijo es periodista y ha trabajado para varios medios de comunicación que comulgan con el gobierno. Incluso, señaló que Ramón llegó a ser quien “prácticamente” manejaba las comunicaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

 

Centeno, de 33 años, es egresado de la Universidad Cecilio Acosta del estado Zulia. Trabajó como reportero de Sucesos y Judiciales en el diario oficialista Últimas Noticias; también en la Agencia Venezolana de Noticias, en el Ministerio de Comunicación. 

Además era miembro nacional de la comisión de Comunicación de la Juventud del PSUV  y fue el delegado más joven en la fundación de esta organización política en el año 2009. Al menos la mitad de su vida la dedicó al partido de gobierno.

Según señala la madre de Centeno, al momento de su detención, el periodista estaba entrevistando a unas personas detenidas en el Comando Nacional Antidrogas (CNA), “pero él nunca pensó que por eso lo iban a investigar”.

El 22 de enero, Centeno acudió al CNA para entrevistar a varios diputados detenidos por la “Operación Mano de Hierro”. El periodista conocía a la diputada Taina González del Juventud PSUV y a Jean Carlos Silva. La entrevista nunca fue publicada porque los funcionarios se llevaron la computadora, según reseña una nota de Infobae.

 

“Estaba haciendo un trabajo periodístico y del gobierno. Ramón andaba con muletas, él estaba en rehabilitación, no podía caminar”, agregó Navas.

De acuerdo con el CNP Caracas, Ramón Centeno fue imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y usurpación de funciones.

 

Hasta ahora van nueve audiencias de presentación diferidas y el tribunal ha alegado en varias ocasiones que esto ocurre por la ausencia de algún defensor público.

“La última audiencia la difirieron porque un abogado defensor público no fue. La anterior fue lo mismo, el abogado no se presentó. O sea que es puro embuste. Porque no va un abogado defensor la difieren”, criticó la madre de Ramón.

Un estado de salud deteriorado

Ramón es un paciente cardiópata y, al momento de su detención, se encontraba en muletas porque estaba en rehabilitación por una operación de cadera. Su madre señaló que actualmente está en el Hospital Domingo Luciani, pero está custodiado por militares con los que ella ha tenido que enfrentarse para que le permitan ingresar y atenderlo.

“El estado de salud de Ramón no está bueno. Ya gracias a Dios está en el Domingo Luciani y lo han tratado para operarlo, pero lo tienen ahí hospitalizado. Pero aparte de eso tiene tres militares que están todo el tiempo cerca de él, vigilándolo”, señaló.

“Yo voy todos los días al hospital, pero tuve que hablar con un mayor para que me dejaran entrar. Mi hijo no es ningún delincuente. La tensión le sube y le baja, no lo han podido operar por eso. El médico le sacó cinco inyectadoras de pus”, reveló la señora Omaira.

 

Navas vive en Fuerte Tiuna y cuenta que todos los días tiene que trasladarse hasta el hospital donde está su hijo, en El Llanito, municipio Sucre, un lugar bastante alejado de su residencia. La situación le genera muchos gastos.

“Nosotros no somos millonarios. Yo tengo que llevarle las cosas. Yo tengo que ir todos los días. Yo me enfrenté a los militares. ¿Quién me lo va a atender?”, señaló la madre de Ramón Centeno.

A Ramón le mandaron a hacer una prueba psiquiátrica en el Hospital Clínico Universitario. Según su madre, en el tribunal no ha sido utilizado este recurso. “¿Cómo se puede sentir una gente que sabe que es inocente y está detenido?”,  preguntó.

Peticiones de ayuda sin respuesta

A pesar de haber trabajado para medios de comunicación del gobierno y haber formado parte del PSUV, pidió apoyo constantemente a personas que lo conocen dentro del chavismo, pero la señora Omaira señaló que nadie ha atendido sus peticiones de ayuda.

“Yo le mandé cartas a toda esa gente y nadie prestó atención a eso. Prácticamente, era él quien llevaba todas las comunicaciones del PSUV. Ni una sola persona ha movido un dedo por Ramón”, cuestionó.

Cuando detuvieron a Ramón, según contó su madre, no le permitieron verlo. Tuvo que esperar tres días. “Vinieron aquí al apartamento y lo allanaron sin ninguna orden. Yo quisiera saber quién está detrás de esto. Mi muchacho tiene un estado de salud que no está bien. En el Domingo Luciani un militar lo atropelló, lo golpeó”, denunció.

Medida humanitaria negada

El pasado 19 de julio, los familiares de Ramón denunciaron que al comunicador se le negó una medida humanitaria por tercera vez.

A través de la cuenta de Twitter de Centeno, los parientes indicaron que acudieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para conversar con la jueza Sabrina Montes de Oca, pero se les impidió el acceso.

“Allá nos hemos enterado de que la tercera solicitud de medida humanitaria para el periodista Ramón Centeno fue dada sin lugar”, señala la publicación.

Según señalaron los familiares de Ramón, lo único aprobado «fue la declaración de contumacia».

La madre de Centeno espera que se resuelva su caso lo más pronto posible: “Lo que estoy viviendo no es fácil. Nosotros somos solo mi hijo y yo y todo lo que vivimos es demasiado fuerte. Uno se siente impotente de luchar y luchar y esto no se resuelve porque no les da la gana”.

DDHH Olvidados | Gobierno sigue sin investigar la cadena de mando por el asesinato de David Vallenilla
A pesar de la condena que recibió el funcionario Arli Méndez, autor material del asesinato de Vallenilla, en múltiples ocasiones se ha señalado que más allá de establecer una responsabilidad individual a un uniformado se debe investigar la cadena de mando
La Aviación Militar, como componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), no tiene competencia en materia de control del orden público, resaltó Justicia, Encuentro y Perdón

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El 22 de junio de 2023 se cumplieron seis años del asesinato del joven David Vallenilla, ocurrido en las inmediaciones de la base aérea de La Carlota. Un evento que se produjo durante las protestas antigubernamentales del año 2017 y que fue captado por las cámaras de diversos medios de comunicación que realizaban cobertura a la manifestación.

David fue herido por el funcionario de la Aviación Arli Cleiwi Méndez Terán el 22 de junio de 2017. El uniformado le disparó a quemarropa desde la parte interna de La Carlota mientras el joven participaba en una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro.

De acuerdo con una crónica de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Vallenilla recibió el impacto de esferas metálicas cargadas en un arma que debió contener perdigones de plástico, municiones letales que al parecer fueron sustituidas irregularmente por los uniformados a cargo de dispersar la protesta.

David Vallenilla nació el 20 de septiembre de 1994, en la ciudad de Ocumare del Tuy, estado Miranda. Era profesional de la Enfermería y cursante de la especialidad en Quirófano.

Durante cuatro años, el caso del joven asesinado fue objeto de múltiples retrasos, diferimientos e interrupciones, así como de irregularidad por los cambios de instancias para su juicio.

Aviación no tiene competencias de orden público

La Aviación Militar, como componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), no tiene competencia en materia de control del orden público, resaltó Justicia, Encuentro y Perdón. A eso, se le suma una prohibición establecida en el artículo 68 de la Constitución Nacional:

“Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

Una condena sin investigación de la cadena de mando

En octubre del 2021, el sargento de la Aviación Arli Méndez Terán fue condenado a 23 años de prisión por el asesinato del estudiante, según informó Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea nacional constituyente.

“Se han evacuado 30 órganos de prueba presentados por este Ministerio Público, por el fiscal que lleva ese caso, entre testigos presenciales, preferenciales, expertos e investigadores tanto de la unidad criminalística como la vulneración de los derechos humanos del Ministerio, como del Cicpc”, señaló Saab.

 

A pesar de la condena que recibió el funcionario Arli Méndez, en múltiples ocasiones se ha señalado que más allá de establecer una responsabilidad individual a un uniformado, se debe investigar la cadena de mando.

El Estatuto de Roma establece la obligación de investigar a las líneas de mando tanto por ordenar como por no impedir o encubrir cualquier crimen de lesa humanidad, algo que hasta el momento no ha ocurrido, reseña un artículo de Acceso a la Justicia

Por su parte, la ONG Provea manifestó sobre el caso de David que la “cadena de mando de este crimen sigue sin ser investigada y juzgada”.

Este martes, 27 de junio, se anunció que los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizaron al fiscal, Karim Khan, a reanudar la investigación sobre Crímenes de Lesa Humanidad del  Caso Venezuela I.

“Venezuela no está investigando (y no expresa ninguna intención de investigar) las alegaciones de hecho que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad”, señala el comunicado de la CPI.

También, el texto señaló que existen periodos de inactividad de investigación que consideran inexplicables y que las pesquisas solo se han centrado en oficiales de bajo rango y no en toda la cadena de mando.

Esperanza en la CPI

En un video publicado en Instagram a propósito de cumplirse seis años del asesinato del joven, David Vallenilla padre recordó que pidió investigar la cadena de mando y el rol de guardia del día en que ocurrieron los hechos.

“Ese sargento fue condenado a 23 años. Sin embargo, cuando interpuse mi querella en su debido momento, solicité la investigación que va más allá de este autor material y corresponde a los responsables de la cadena de mando y el rol de guardia del día que acontecieron los hechos”, señaló David Vallenilla padre a propósito de los seis años del asesinato de su hijo.

 

No obstante, el señor Vallenilla señaló que esa solicitud no fue considerada en la sentencia, pues el juez “solo condenó al autor material” y desestimó la querella en su totalidad.

“Se hizo una apelación y también fue desestimada. Por lo tanto, tengo la esperanza en que la Corte Penal Internacional actúe y haga valer el delito de lesa humanidad contra mi hijo, que fue un asesinato. ¡Justicia y libertad!”, clamó el padre del joven.

 
 
 
 
 
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Una “justicia parcial”

En una entrevista que ofreció Vallenilla padre a NTN24 este 27 de junio de 2023, el progenitor del joven señaló que “no ha habido justicia plena”, sino más bien una “justicia parcial”.

“Ellos condenaron al autor material, al sargento que disparó a través de la reja desde una base militar. Pero una vez que nosotros iniciamos todo ese proceso en el tribunal, yo hice una querella en la cual solicité el tipo penal de quebrantamiento de normas y pactos internacionales relacionados con los derechos humanos, y también solicitamos la investigación de la cadena de mando y el rol de mando de la base militar del día que acontecieron los hechos”, señaló Vallenilla padre, quien actualmente está exiliado en España.

 

El padre del joven recordó que el sargento Méndez “disparó desde una base militar y disparó hacia afuera donde estaban los civiles protestando pacíficamente”, y donde estaba su hijo.

*Con información de Justicia, Encuentro y Perdón

Denuncian detención de abogado en Apure por exigir la celebración de una audiencia
Fundehullan exige que se garantice el libre ejercicio a la profesión de la abogacía, y se respeten los derechos establecidos en la Constitución

La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), denunció la detención arbitraria del abogado penalista Leoncio María Valera, ocurrida en el estado Apure, por la negativa del tribunal de celebrar una audiencia.

De acuerdo con una nota de prensa, en la mañana del 19 de junio, se registró la detención del abogado litigante conocido como «Paye Valera», luego de que este exigiera se realizara la audiencia de presentación de un imputado en el interior del Circuito Judicial Penal.

Al respecto, Roland García, presidente Fundehullan, rechazó categóricamente «esta transgresión contra los abogados litigantes».

La organización acotó que no es la primera vez que se presenta un caso de esta magnitud y que las acciones de los funcionarios tribunalicios «van contra la normativa, vulnerando el derecho a la libertad personal, el debido proceso y la integridad física de los profesionales del derecho».

 

En tal sentido, rechazan que la detención de Valera se realizara en medio de sus labores tribunalicias ordinarias y que se haya hecho en contra de un profesional del derecho con más de 40 años de experiencia en distintas áreas, tras considerar que la conducta de su colega se ajusta a derecho, añade la nota.

Por su parte, el Colegio de Abogados de Apure se manifestó contra estos hechos, ya que el abogado Leoncio María Valera «solo estaba solicitando material de trabajo y la celebración de una audiencia, tal como lo confiere la ley y se le negó».

Valera, se negó abandonar el recinto sin culminar sus labores, porque es el sitio donde deben resolver el problema. No logró llegar a la sala constituida por los jueces y los fiscales. «Un funcionario intentó sacarlo por la fuerza de los tribunales y el reaccionó ante tal daño”.

 

Desde Fundehullan, exigen al Estado la liberación inmediata de Valera y que se sancione a los responsables de tal transgresión, además se garantice el libre ejercicio a la profesión de la abogacía, y se respeten los derechos establecidos en la Constitución.

*Con información de nota de prensa

DDHH Olvidados | Karen Palacios no ha dejado de tocar el clarinete con la esperanza de que la música la ayude a sanar
Pese a que la carrera musical de Karen iba bien encaminada, esos sueños se apagaron el 1 de junio de 2019 cuando fue detenida, bajo engaño, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)
A cuatro años de lo que tuvo que vivir, Karen no tiene libertad plena. Pese a que su régimen de presentación debía durar solo ocho meses, todavía tiene que presentarse en tribunales mensualmente
“He seguido tocando con la esperanza de que la música me ayude a sanar todo. La música siempre ha sido para mí la más grande creación de Dios”, señaló la joven

@Andrea_GP21

 

Una denuncia hecha en Twitter fue el detonante para detener arbitrariamente a la clarinetista Karen Palacios. El 1 de junio de 2019, cuando tenía 25 años, fue apresada después de denunciar en la red social que le habían cancelado un contrato en la Filarmónica Nacional de Venezuela.

La razón para cancelar el contrato de Karen fue haber firmado en la consulta popular que la Asamblea Nacional electa en 2015 intentó organizar para el año 2017, para rechazar la creación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Solo bastó tener una postura política contra al oficialismo para que se le cerraran las puertas en una carrera musical que con tanto esfuerzo había construido.

Palacios, quien tenía el puesto de primer clarinete en la Filarmónica, escribió un hilo en Twitter donde se desahogó por la cancelación del contrato. “Cuando ellos me llamaron para ofrecerme el contrato ¿por qué no me dijeron que era requisito pensar igual que ellos?, lógicamente no hubiese tocado todo este tiempo”, expresó la joven en ese momento.

Este evento representó, además, una violación al derecho al trabajo pues, según el artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo, se considera un despido justificado “cuando el trabajador o trabajadora ha incurrido en una causa prevista por esta ley”. En el caso contrario, cuando es injustificado, ocurre cuando “se realiza sin que el trabajador o trabajadora haya incurrido en causa legal que lo justifique”.

 

También, el artículo 26 de dicha ley prohíbe “toda discriminación en las condiciones de trabajo basada en edad, sexo, raza, estado civil, credo religioso, filiación política o condición social”.

Luego de su denuncia, Karen comenzó a recibir ataques y amenazas en redes sociales y sus tuits durante las protestas empezaron a ser citados. En ellos expresaba enfado por la situación y por el abuso de los cuerpos de seguridad. Por eso fue acusada de “instigar a la violencia”.

Una vida dedicada a la música

Karen nació en Los Teques, estado Miranda, y toda su vida ha residido en el municipio Carrizal. La joven cuenta que inició en la música a los 11 años y que fue una de las fundadoras del Núcleo Carrizal del Sistema Nacional de Orquestas. A pesar de que inició tocando el violonchelo, instrumento que ejecutó durante seis años, dice que siempre quiso ser clarinetista.

“A los 17 años mi mamá, con mucho esfuerzo, logró comprarme un clarinete. Allí me cambié de núcleo a San Antonio de los Altos y empezó mi vida como clarinetista. A los seis meses ingresé en el Conservatorio de Música Simón Bolívar”, declaró la joven en entrevista con Runrun.es.

 

Fue en el año 2019 que ingresó en la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Ha tocado como invitada con la Filarmónica de Caracas, la Sinfónica de Venezuela, en otros estados como Apure y Anzoátegui. Además, desde el año 2012, imparte clases de su instrumento.

Al perder su contrato con la Filarmónica, sintió impotencia. “Tenía tiempo ya tocando para esa orquesta. Era responsable y dedicada con mi trabajo, estudiaba muchísimo para estar al nivel de lo que se me exigía”, relató la joven.

También, cuenta que le pagó a un amigo para tocar en la orquesta como segundo clarinete, ya que no había otros que tocaran el instrumento. “Nada fue valorado, sentí que mi trabajo había sido en vano. Pero sobre todo, mi tiempo fue irrespetado”, cuestionó la clarinetista.

Detenida bajo engaño

A pesar de que la carrera musical de Karen Palacios iba bien encaminada, esos sueños se apagaron el 1 de junio de 2019 cuando fue detenida bajo engaño por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Estos funcionarios llegaron a la casa de la joven fingiendo ser profesores de música y le dijeron que irían al Centro de Protección a la Víctima, ubicado en el Palacio de Miraflores, para hacerle una entrevista sobre su denuncia. Pero la realidad es que todo fue un engaño y pasó 38 días en la Dgcim y otros siete en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) de Los Teques.

“Fueron días terribles, no me dejaban ver la luz del sol. Estuve esposada muchas veces. Me negaban mi bombonita del asma. Me quitaron todo lo que mis familiares con esfuerzo lograban enviarme, tanto comida como ropa y libros. Nunca tuve la visita de un abogado mientras estuve en el Dgcim. Ellos lograron llenarme de miedo y tristeza”, relató la mujer.

 

Mientras estuvo detenida, algunas organizaciones no gubernamentales, como Justicia, Encuentro y Perdón, denunciaron que la joven fue víctima de torturas psicológicas.

A Palacios se le imputó el delito instigación al odio y fue recluida a pesar de tener una boleta de excarcelación fechada desde el 18 de junio. En los tribunales se le pidió a su madre que no hiciera público el caso de su hija porque «iba a ser resuelto próximamente». Un mes después, la defensa de la joven fue asumida por el equipo del Foro Penal Venezolano.

“Nunca un buen día”

A cuatro años de lo que tuvo que vivir, pese a que fue liberada el 16 de julio de 2019, Karen Palacios no tiene libertad plena. Aunque su régimen de presentación debía durar solo ocho meses, todavía tiene que presentarse en tribunales mensualmente.

Además, toda esa amarga experiencia le ha generado consecuencias en su vida las cuales, dice, no las sabe del todo.

“Por ahora estoy lidiando con estrés post-traumático, depresión, bipolaridad, ansiedad, trastornos de sueño y ataques de pánico. No he vuelto, en estos 4 años, a ser yo misma. Me duele mucho no ser una persona estable, tengo días muy malos, días regulares pero nunca un buen día”, contó la joven.

 

Desde su detención, Karen ha querido irse del país, pero no tiene la estabilidad emocional ni económica que se requiere para hacerlo. “Tampoco tengo mi libertad plena. No quiero huir”, dijo.

Pero el clarinete de Karen Palacios no ha dejado de sonar. “He seguido tocando con la esperanza de que la música me ayude a sanar todo. La música siempre ha sido para mí la más grande creación de Dios”.

Actualmente, a sus 29 años, la joven toca en la Orquesta Simón Bolívar. “Y sí. Me siento orgullosa de hasta donde me ha llevado la música”, expresó.

DDHH Olvidados | Wilmer González: un retrato de cinco años sobre la desaparición forzada
Los familiares del fotoperiodista del Correo del Caroní, Wilmer González, reclaman justicia y celeridad por su búsqueda 
Lucy, esposa de Wilmer, ha denunciado que los cuerpos de seguridad del Estado no llegaron a un conclusión firme, sino a comentarios sobre su presunta muerte a manos de los jefes de bandas de delincuentes en las minas de Delta Amacuro

Desde 2018 el Estado venezolano no sabe qué le pasó a Wilmer Ignacio González Pláceres. El fotoperiodista del medio venezolano Correo del Caroní se adentró un 16 de febrero a las minas de oro clandestinas en la ciudad de Piacoa, en el estado Delta Amacuro, y no regresó. 

Tras cinco años sin saber su paradero, Lucy, esposa de Wilmer, aún presiona al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y al Estado venezolano para saber oficialmente qué ha pasado. 

«Mientras no vea un cuerpo, no puedo decir que está muerto», dijo en su testimonio al portal periodístico La Vida de Nos

Desde la comunidad de San Félix en Ciudad Guayana, estado Bolívar, Lucy aún espera una llamada que confirme oficialmente el estado de su esposo

Retratar  la violencia y el impacto ambiental del Arco Minero

Wilmer González nació el 10 de octubre de 1977 y gran parte de su vida transcurrió en Ciudad Bolívar. Trabajaba como taxista hasta que se hizo chófer para el Correo del Caroní en el año 2008. 

Mientras estaba en el diario acompañando a los periodistas, Wilmer exploró el ejercicio del fotoperiodismo y años después se curtió en la carrera como profesional. 

Uno de sus primeros trabajos destacados fue la cobertura del accidente aéreo el 13 de septiembre de 2010, cuando el avión ATR 42-320 matrícula YV 1010 de Conviasa colisionó en el patio de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor)

Durante las protestas contra Nicolás Maduro en el año 2014, González retrataba una manifestación opositora en Ciudad Bolívar cuando fue amenazado de muerte por «grupos oficialistas» si seguía registrando la dispersión de las protestas, reseñó el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela.  

Su dedicación e inclinación para retratar temas periodísticos sobre violencia y derechos humanos lo llevó a colaborar con medios internacionales como The New York Times, la agencia de noticias Associated Press (AP) y El Confidencial, de España. 

Las pautas que más realizaba entre 2016 y 2018 consistían en visitar el Arco Minero del Orinoco para registrar el impacto socioambiental que el proyecto estatal ocasionó (y sigue promoviendo) a la amazonia venezolana. 

El 15 de enero del 2018 publicó junto al periodista Bran Ebus el reportaje «Explorando el Arco Minero» con el portal periodístico Infoamazonia. 

«El último trabajo que él tuvo con el Correo del Caroní fue una cobertura en el Amazonas (en el oeste del Estado Bolívar) dos semanas antes de su desaparición»,  recordó María de los Ángeles Rodríguez, periodista del Correo del Caroní. Desde ese momento el equipo no tuvo más contacto directo con él.

Autoridades no dan respuesta

El último contacto que tuvo Wilmer con su esposa fue una llamada telefónica desde Piacoa. Dijo que estaba haciendo «un trabajo», pero nunca especificó si era una cobertura periodística o extraer oro desde las minas de la zona para subsistir. 

Debido a la emergencia humanitaria que vive Venezuela oficialmente desde el año 2016, distintas personas del oriente del país se han dedicado a extraer oro y otros materiales desde las fosas mineras para cubrir gastos de alimentación y medicinas. En esas zonas de la Amazonía Venezolana distintas ONG han reportado actos de esclavitud moderna, control de bandas delictivas (comandadas por figuras conocidas como «pranes») y la explotación sexual de mujeres y menores de edad

En marzo de 2018, al pasar un mes, Lucy y sus cuatro hijos empezaron a buscar a Wilmer. Familiares del fotoperiodista llamaban a su teléfono y un desconocido los atendía y decía que obtuvo esa línea telefónica en una compra. 

Cuando Lucy fue a denunciar al CICPC la desaparición de Wilmer, le dijeron que «podía haberse escapado con una amante» o que «los pranes ya lo habían matado en las minas»

«Me quisieron extorsionar y todo eso. Me amenazaron», dijo ella cuando se referían a llamadas anónimas que le aseguraban que Wilmer estaba secuestrado. 

Lucy tardó otro mes para levantar su caso en los medios de comunicación. Ella admite que tenía miedo a las represalias estatales y «entorpecer» la investigación del CICPC. 

Pero, a cinco años de la desaparición de Wilmer, las autoridades no dan una respuesta. 

Desaparición forzada: gente sin una conclusión oficial

Wilmer es parte de una lista de personas que han sido catalogadas como víctimas de desaparición forzada, una violación de los derechos humanos en la quie las autoridades se niegan a reconocer o investigar la privación de libertad y, en la mayoría de los casos, ocultar la información sobre el paradero de las víctimas. 

Provea ha identificado 216 víctimas de desaparición forzada en el contexto de detenciones de cuerpos de seguridad del Estado venezolano. En 2022, la ONG FundaRedes reportó 334 desapariciones y secuestros en las regiones fronterizas del país (donde se encuentra Bolívar y Delta Amacuro). 

Lucy y sus hijos siguen pidiendo justicia en su caso. La esposa de Wilmer empezó a investigar por su cuenta sobre el paradero del fotoperiodista y le dijeron que lo habían matado. «En algún momento debo tener una versión oficial de lo que pasó», aspira.

Agradecimientos a Clavel Rangel Jiménez y María de los Ángeles Ramírez

DDHH Olvidados | Los padres de Juan Pernalete ponen sus esperanzas en la CPI para encontrar justicia
Los padres de Juan Pablo Pernalete han tenido que alzar sus voces en instancias internacionales después agotar todas las vías internas en la búsqueda y exigencia de justicia por el asesinato de su hijo
El gobierno de Nicolás Maduro tardó cuatro años en reconocer que Juan Pablo fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena que disparó la Guardia Nacional Bolivariana
José Pernalete manifestó que su familia tiene esperanzas de justicia en la Corte Penal Internacional (CPI), institución que adelanta una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela

@Andrea_GP21

 

“Al día de hoy el asesinato de nuestro hijo se encuentra en completa impunidad”, relata Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, el estudiante que fue asesinado cuando tenía apenas 20 años el 26 de abril de 2017, después de recibir el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho en el Municipio Chacao de Caracas durante una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Juan Pablo Pernalete era estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Metropolitana (Unimet), donde también perteneció al equipo de baloncesto y tenía una beca por excelencia deportiva. El joven daba clases de baloncesto a niños de las comunidades de Petare y formaba parte de una fundación protectora de animales.

Su mamá, Elvira, asegura que su vida y la de su esposo, José Pernalete, cambió “radicalmente”, pues no solo perdieron a Juan Pablo. En 2019, María Gabriela Pernalete, hermana del joven, falleció luego de librar una dura batalla contra un cáncer hepático.

 

“Como madre, vivir sin Juan Pablo y María Gabriela es un desafío diario porque el primer pensamiento al levantarme, y el último al acostarme, es para mis hijos. Es lo más duro que he tenido que enfrentar, aprender a vivir con sus ausencias físicas”, contó la señora Elvira en entrevista concedida a Runrun.es.

Dejar una vida de familia para luchar por la justicia

Los padres de Juan Pablo Pernalete tuvieron que dejar de vivir una rutina de padres dedicados a sus hijos y a sus proyectos de construir un futuro de vida. Desde el 26 de abril de 2017 tuvieron que levantarse con ese dolor irreparable que es perder un hijo.

Además, la partida de hija María Gabriela fue otro duro golpe para su familia. La señora Pernalete afirma que fue “producto de su depresión por la muerte de su hermano y su lucha contra un cáncer hepático”.

“Para nosotros la muerte de María Gabriela es un daño colateral por el asesinato de Juan Pablo, ella nunca superó la depresión”, señaló Elvira Pernalete.

 

Ambos padres han tenido que alzar sus voces en instancias internacionales después agotar todas las vías internas en la búsqueda y exigencia de justicia por el asesinato de su hijo.

Aunque abunda el dolor por la pérdida de sus hijos, Elvira Pernalete asegura que son Juan Pablo y María Gabriela el impulso que tienen cada día para “seguir luchando y apostando por esa Venezuela bonita, que Juan Pablo soñaba para él, para su hermana, para nosotros sus padres, para todos los venezolanos”.

Familia Pernalete Llovera / Foto: Cortesía

De padres de familia a activistas

Desde que ocurrió el asesinato de Juan Pablo, la familia Pernalete, tal y como ocurrió con los familiares de otras personas asesinadas en las protestas del 2017, sentían dolor, confusión y desorientación, pues se sentían “utilizados” por actores de la política nacional “para sus intereses partidistas y personales”y porque también se enfrentaron “a un sistema, el cual está estructurado para callar la disidencia, a la sociedad civil”.

Elvira Pernalete aseguró que todas las familias se han sentido vulnerables y desprotegidas, por lo que decidieron unirse y alzar sus voces y transformar ese “dolor en acción”, entrelazando las luchas en una sola causa: “el solo propósito de buscar justicia”.

Elvira Pernalete en una actividad frente al Ministerio Público / Foto: @Andrea_GP21

“Hemos mantenido la bandera de lucha por la defensa de los derechos humanos y la justicia. Nos hemos mantenido alzando la voz, buscando espacios para mantener la memoria histórica, y lo vamos a seguir haciendo a nivel nacional e internacional para que estos”, señaló la señora Elvira.

Recuerda la madre de Juan Pablo que han sido víctimas de tratos degradantes. Uno de ellos ocurrió cuando acudieron a buscar respuestas sobre el caso de su hijo y uno de los fiscales dijo: “Búscame el expediente del guarimbero”.

Revictimizado por falsas matrices de opinión creadas por el gobierno

La versión inicial de la muerte de Juan Pablo que dio el oficialismo es que el joven había fallecido por el disparo de una pistola de perno cautiva, supuestamente accionada por sus propios compañeros. Además, algunos voceros del chavismo lo tildaron de “criminal”,, algo que su padre, José Pernalete, rechaza y manifiesta que causó mucho dolor a su familia.

“Como padres nos sentíamos afectados por el dolor de que nuestro hijo fuese tildado de esa manera, porque lo que ellos decían no correspondía a lo que era Juan Pablo. Sentíamos impotencia”, declaró el señor Pernalete.

Fue Ernesto Villegas, que ese momento era ministro de Comunicación, quien aseguró en VTV, en compañía de Delcy Rodríguez, que Juan Pablo podría haber sido asesinado con una pistola de perno cautiva. El funcionario chavista aseguró que las personas que auxiliaron a Pernalete lo dejaron “abandonado”.

“Hicieron referencia sin tener ningún tipo de conocimiento de lo que estaban hablando aquí cuando describían lo que era una pistola de perno y trataban de sembrar esa matriz de opinión”, criticó José Pernalete padre.

Para el señor Pernalete, todas las declaraciones emitidas por voceros del oficialismo generaron falsas matrices de opinión y los revictimizaba constantemente mientras sufrían la pérdida de su hijo.

“Y hoy aún lo estamos viviendo, porque ninguno de los personeros y medios del gobierno, que trataron de sembrar esa matriz de opinión falsa desde la primera noche, diciendo que lo asesinaron, se han retractado a pesar de que los hemos denunciado”, reclamó el padre del joven.

Precisamente por esas acciones, una de las causas que lleva la familia Pernalete por el “asesinato moral” de Juan Pablo. Se trata de una denuncia que hicieron en 2017 ante el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia contra los funcionarios chavistas, así como medios de comunicación afiliados al gobierno, “por crear y apoyar una matriz de opinión falsa, afectando la credulidad pública y por el daño moral y psicológico a sus padres”, señaló José Pernalete.

 

El gobierno de Nicolás Maduro tardó cuatro años en reconocer que Juan Pablo fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena que disparó la Guardia Nacional Bolivariana.

Una causa totalmente impune

La causa del asesinato de Juan Pablo está a cargo de la Fiscalía 62 y se han cambiado los fiscales en múltiples ocasiones.

La señora Elvira Pernalete señala que, a seis años después del asesinato de su hijo, el caso se encuentra “en completa impunidad”, señalando que los 13 guardias nacionales involucrados no están en prisión ni pagando condena. Tampoco se ha tocado la cadena de mando.

“Solo dos de los 13 GNB imputados fueron acusados por el fiscal 62 del Ministerio Público, Leo Amarista, y ya no se encuentran en la Guardia Nacional Bolivariana. Se desconoce su paradero y ni el Ministerio Público ni el Tribunal 42 de Control hacen lo necesario para ubicarlos y traerlos a juicio a pesar de que nosotros lo hemos solicitado”, señaló.

 

La madre de Juan Pablo Pernalete critica que el Ministerio Público no haya ejercido las acciones ordinarias y extraordinarias de requerir información al comando de la GNB durante estos años.

“Como víctimas, realizamos una acusación particular propia a estos GNB y la jueza 42 de control Ángela Carrillo, después de diferirnos en 10 oportunidades (…) la audiencia preliminar desestimó nuestra causa el pasado 10 de noviembre del 2022 y retiró la orden de prohibición de salida del país a estos GNB. Nosotros apelamos la decisión de esta jueza, pero ya se cumplieron los lapsos procesales en la Corte de Apelaciones y, a la fecha de hoy, no tenemos respuestas”, relató la señora Elvira.

José y Elvira Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete / Foto: Cortesía

Además, la señora Elvira Pernalete indicó que el último fiscal, Leo Amarista, es el que ha tenido el trato “más hostil”. “A este fiscal nosotros lo recusamos este y se nos fue negada la recusación por parte del Ministerio Público”, denunció.

Por su parte, el señor José Pernalete denunció que les han cambiado los fiscales 11 veces, enviando la causa a tres Fiscalías simultáneamente. “Lo único que han hecho es someternos a declaraciones, a exámenes psicológicos en la unidad de criminalística contra la vulneración de los derechos fundamentales del Ministerio Público, donde los mismos informes arrojan diagnósticos que aparecen como consecuencia la imposibilidad de hacer un cierre del proceso de duelo de nuestro hijo”, señaló el señor Pernalete.

Confianza en la CPI

José Pernalete manifestó que su familia tiene esperanzas de justicia en la Corte Penal Internacional (CPI), institución que adelante una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

“En Venezuela, bajo este sistema de gobierno que juega a cansarnos, a burlarse de nuestro dolor y mantener la impunidad en los asesinatos de nuestros familiares, nunca vamos a obtener justicia genuina y menos a los responsables materiales e intelectuales”, señaló.

Para el señor Pernalete, en el país el sistema judicial tampoco actúa sobre la cadena de mando, para que estos “paguen por los crímenes cometidos a los venezolanos” que han sido víctimas durante todos estos años.

“Por eso es que nuestra esperanza es que los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional autorice al fiscal Karim Khan para que continúe las investigaciones en el caso de Venezuela I y se incluyan los asesinatos de nuestros hijos en las investigaciones”, dijo.

José y Elvira Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete / Foto: Cortesía