DDHH Olvidados | Alcides Bracho, el profesor sentenciado por pedir mejores salarios - Runrun
DDHH Olvidados | Alcides Bracho, el profesor sentenciado por pedir mejores salarios
Alcides Bracho se encuentra recluido en el centro de detención de La Yaguara, en Caracas. Antes de eso, estuvo en el Centro de Control y Resguardo del Detenido de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleita, conocido como “Zona 7”
Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho, ya tenía el presentimiento de que él sería condenado, puesto que previamente hubo advertencias por parte del juez Mascimino Márquez, quien le pidió que se declarara culpable porque esta sería una “sentencia ejemplarizante”

 

@Andrea_GP21

 

A eso de las 9:00 de la mañana del día lunes 4 de julio de 2022, cuando se encontraba en su casa cuidando de sus dos hijos y un sobrino, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) irrumpieron en la vivienda de Alcides Bracho, en El Junquito, y se lo llevaron detenido de forma arbitraria.

“Más de 15 hombres con armas largas entraron sin orden de allanamiento, sin orden de detención. Revisaron la casa, amenazaron a mis hijos, nos robaron dinero, equipos electrónicos y relojes. Yo puse la denuncia en el Ministerio Público pero nada de eso fue tomado en cuenta”, denuncia Yorbelis Oropeza, esposa de Bracho.

 

Alcides Bracho fue acusado de “terrorismo” por su participación en las protestas antigubernamentales y por manifestarse contra los bajos salarios. Recientemente, el 1 de agosto de 2023, fue condenado a 16 años de prisión por  «conspiración» y «asociación para delinquir» junto a Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín.

 

Profesor, artista plástico y padre de familia

Alcides Bracho tiene 47 años. Es profesor de química y artista plástico. Además, desarrollaba activismo sindical en el magisterio venezolano a través de la Federación Venezolana de Maestros (FVM).

Su esposa, Yorbelis Oropeza, contó en entrevista con Runrun.es que Bracho dejó de trabajar en el sector formal en el año 2018, tanto en la educación pública como privada. Después de eso, comenzó a trabajar de forma independiente pintando y restaurando cuadros. También impartía clases de química a estudiantes de media general. Incluso, Bracho hacía  decoraciones para fechas especiales como San Valentín y el Día de las Madres.

“Si tenía que trabajar de taxista, trabajaba de taxista. Si tenía que picar carne y vender carne, picaba y vendía (…) Lo que saliera en ese momento era el trabajo en el que mi esposo podía hacer un mejor dinero y poder mantener a la familia de cinco personas, ya que el sueldo para ese momento estaba en cinco dólares”, señaló Yorbelis.

Alcides Bracho vivía junto a su esposa, dos hijos y una sobrina que criaron desde pequeña. Su esposa cuenta que siempre han sido una familia muy unida. Viven alquilados, puesto que tuvieron que paralizar la construcción de su casa porque el dinero no les alcanzaba.

“Mi familia, a raíz de la prisión de mi esposo, está fragmentada (…) Yo me quedo en mi casa y mis hijos viven de lunes a viernes con su tía porque no tengo el dinero suficiente para pagar el pasaje, ya que yo vivo en una zona montañosa y mínimo el pasaje por persona, entre ir y venir, son dos dólares”,detalló Oropeza. 

 

Cuando fue detenido, cuenta su esposa, Bracho fue víctima de amenazas. Los funcionarios le indicaron que si no entregaban el teléfono celular, ya ellos sabían dónde vive su familia, lo que le genera temor actualmente. Es una constante la preocupación por su esposa y sus hijos.

Una amenaza previa por el juez Mascimino Márquez

Yorbelis Oropeza señala que sabía que su esposo sería condenado, pero no pensó que fuese por 16 años. Cuando supo de la condena, cuenta, se sorprendió y no supo qué decir, porque pensaba que la misma sería de unos seis años y podrían buscar, por lo menos, alguna medida cautelar como casa por cárcel.

La familia ya tenía el presentimiento de que Alcides sería condenado, puesto que previamente hubo advertencias por parte del juez José Mascimino Márquez, quien le pidió que se declarara culpable porque esta sería una “sentencia ejemplarizante”.

“Ejemplarizante. Esa fue la palabra que usó Mascimino Márquez. ¿Un ejemplo para qué? Para que cese la protesta, no hables o no digas nada. Y dijo que era mejor que se declarara culpable y así poder cambiar los delitos”, reveló Oropeza.

 

Mascimino Márquez, juez Cuarto de Control con competencia en delitos asociados al Terrorismo del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, es conocido por su implacable accionar en los procesos judiciales en contra de dirigentes políticos de oposición, militares, periodistas y miembros de la sociedad civil. Márquez fue detenido en marzo de 2023 en medio del operativo emprendido por la administración de Nicolás Maduro contra funcionarios públicos y empresarios por presunta corrupción.

 

“No hubo una prueba física”

Yorbelis Oropeza sostiene que no existe ni una sola prueba que pueda indicar que su esposo conspiraba o planificaba una acción en contra del gobierno. Además, señala, en una de las actas queda constancia de que, desde que inició la investigación en 2020 contra Bracho y los otros detenidos, “no han materializado nada contra el gobierno”.

“No hay ninguna foto ni ninguna prueba de que ellos hayan tenido armas, pancartas (…) ni nada de lo que dijo el patriota cooperante, que es el que hace la denuncia”, declara Yorbelis Oropeza.

Además, a Bracho y a los otros detenidos por la causa se les señaló de supuestamente querer perpetrar un “secuestro” de los abuelos de Tareck El Aissami, exministro de Petróleo, algo que supuestamente pasaría el 5 de julio de 2022.  Alcides fue detenido un día antes.

“Fue detenido en su casa y las otras personas en distintos lugares. Era humanamente imposible poder reunir por lo menos a 120 hombres, o por lo menos la mitad, que pudieran trasladar las 120 armas y trasladarlas a Caracas (…) Es una parodia que no se sustenta ni siquiera en una película de ficción”, dijo Yorbelis.

 

Además, la esposa del preso político rechaza el accionar de la jueza Grendy Duque, quien emitió la sentencia contra Bracho. “Uno no puede creer que exista un ser humano tan falaz, tan mentiroso y que pueda dirigirse a los presos y familiares de una manera tan descarada”, señala.

El Estado no le provee alimentación

Durante unas 72 horas, cuenta su esposa, Alcides estuvo esposado a un poste sin poder ir al baño ni recibir alimentos. Después, fue trasladado a una celda donde duró varios días y los funcionarios corrieron el rumor de que era un policía y, por esta razón, fue “maltratado por los presos”, hasta que pudo explicar quién era y la población carcelaria lo acogió por su condición de profesor y de preso político.

Actualmente, Bracho se encuentra recluido en el centro de detención de La Yaguara, en Caracas. Antes de eso, estuvo en el Centro de Control y Resguardo del Detenido de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleita, conocido como “Zona 7”.

“Hay que llevar la comida todos los días. El Estado no provee ningún alimento a los presos”, cuenta su esposa, Yorbelis Oropeza.

Bracho, según revela Yorbelis, ha padecido problemas respiratorios continuos y afecciones en la piel causadas por el calor. Y en el centro de detención cobran a los presos por afeitarse, pero ella no siempre tiene recursos económicos suficientes porque es quien se encarga de toda la familia y, como es profesora, no alcanza el dinero que puede generar.

 

“He recibido algunas ayudas de exalumnos y de familiares que están fuera del país. Sin embargo, mantener un preso en una cárcel de Venezuela, por ejemplo en el caso de mi esposo, ronda entre los 400 y 500 dólares. Es un alto costo mantenerlos ahí porque el Estado no proporciona absolutamente nada”, dice Yorbelis.

El preso político también sufre de hernias discales y daño a uno de los nervios, lo que ha empeorado con este proceso, porque debe dormir en el suelo. También ha perdido masa muscular.

“Mi esposo es un preso de algún funcionario del gobierno”

Yorbelis Oropeza señala que próximamente harán una apelación por la condena de su esposo, aunque dice que la hará no porque crean en el sistema de justicia venezolano, sino para demostrar a nivel internacional “que en Venezuela las leyes están sesgadas y que responden solo a intereses del gobierno”.

Oropeza señala que el juez Mascimino Márquez le hizo saber que su esposo es “un preso de algún funcionario del gobierno”, pero no saben cuál.

“Mi esposo ha podido comprobar cómo cuando ellos están en una audiencia llaman a la jueza ​​o llaman al fiscal y se detiene. Reciben órdenes”, revela Yorbelis Oropeza.

También, rechazó las declaraciones del fiscal general impuesto por la extinta ANC, Tarek William Saab, porque considera que ha tratado de “vilipendiar y dañar la imagen” de su esposo “como profesor, trabajador y sindicalista, en unas declaraciones que se alejan totalmente de la verdad”.