En su informe «Nueve años de injusticia y revictimización», la ONG Justicia, Encuentro y Perdón contabilizó 334 casos de asesinatos motivados políticamente desde 2014 en Venezuela
Solo en 19 de esos casos se han emitido sentencias condenatorias contra los perpetradores. La cifra representa solo a 5,69% del total. Las sentencias se dirigieron únicamente contra los perpetradores materiales, «dejando por fuera a los máximos responsables, que ni siquiera son sometidos a procesos investigativos»
De 2014 hasta el presente, los cuerpos de seguridad del Estado son los presuntos responsables de 117 muertes por motivaciones políticas (en protestas o en contextos de protestas) equivalentes al 39.8% del total documentado. En particular, la GNB fue el órgano más letal con 61 víctimas
JEP determinó que además de atentar contra el derecho a la vida de manifestantes, el Estado venezolano «ha utilizado su maquinaria represiva para afectar a ‘víctimas selectivas'». Desde el 2014 hasta la fecha contabilizan al menos 40 muertes por este patrón
En Venezuela una cifra aproximada de 334 personas han sido asesinadas por motivos políticos desde el año 2014. La impunidad y la falta de separación de poderes obstaculiza la concreción de una justicia efectiva.
En su informe «Nueve años de injusticia y revictimización», que publicó la organización no gubernamental «Justicia, Encuentro y Perdón» (JEP) en marzo de 2023, se especifica que los responsables de estas muertes violentas son fuerzas de seguridad del Estado y/o grupos de civiles armados
progobierno o “colectivos”.
La ONG destaca que estas muertes son susceptibles de generar responsabilidad internacional desde una doble dimensión: en primer lugar desde el ámbito de los derechos humanos para el Estado, cuando constituyen una ejecución extrajudicial, práctica que prohíbe los diversos tratados internacionales ratificados por el Estado venezolano.
Por otra parte, indican que en el ámbito del derecho penal internacional para los individuos estas muertes pueden configurar el crimen de lesa humanidad de asesinato conforme a lo previsto en el artículo 7(1)(a) del Estatuto de Roma, del que Venezuela también es signataria.
El informe de JEP detalla la distribución geográfica en la que se han perpetrado las violaciones del derecho a la vida, las características de las víctimas (género, edad y grupo social al que pertenecían), los cuerpos de seguridad o grupos colectivos actuantes, el patrón de la ejecución, la causa de la muerte y el estatus de investigación y juzgamiento del caso.
Impunidad, un patrón común
La evaluación pormenorizada de JEP detalló el estatus legal en el que se encuentran los 334 casos de asesinatos por motivos políticos documentados.
La mayoría de los casos de asesinatos por motivaciones políticas (248 casos o 74,25% del total) está en fase preparatoria:
En esta etapa fundamentalmente investigativa los fiscales del Ministerio Público tienen un rol protagónico al ser quienes la dirigen. Culmina con la presentación del acto conclusivo que puede ser acusación, archivo fiscal o sobreseimiento. El 89.52% (222) de los asesinatos que continúan bajo investigación ocurrieron en los años 2014, 2017 y 2019, «lo que evidencia la existencia de una demora injustificada en el proceso de hasta 9 años».
Nueve casos en fase de juicio
En fase de juicio (la tercera del proceso penal ordinario) se encuentran 9 de los 334 casos de asesinatos por motivos políticos (2,69% del total). Cinco de los asesinatos datan del año 2014, en 3 de 2017 y en uno de 2018.
En solo 5,69% de los asesinatos por motivaciones políticas se han emitido sentencias condenatorias
En 19 de los 334 casos de asesinatos motivados políticamente desde 2014 hasta la fecha se han emitido sentencias condenatorias contra los perpetradores. La cifra representa solo a 5,69% del total.
Además, el informe advierte que las sentencias se dirigieron únicamente contra los perpetradores materiales, «dejando por fuera a los máximos responsables que ni siquiera son sometidos a procesos investigativos».
Adicionalmente, en tres de estos casos con sentencia, la calificación jurídica inicial y la pena dictada por el juez no se correspondía con la gravedad de los hechos. y por la presión de familiares, ONG y medios, el Estado «no tuvo más opción que celebrar nuevamente las audiencias y realizar los cambios pertinentes».
Casos en apelación o sin identificar
En fase de apelación la organización contabilizó 3 casos, equivalentes al 0.9%. Y en 8 de los casos documentados (2,4%) no fue posible obtener información sobre el estatus del procedimiento.
La ONG advierte que el paso del tiempo representa un arma de doble filo para la búsqueda de la justicia:
«Por un lado crea un riesgo potencial para la destrucción de pruebas y evidencias que podrían contribuir a la identificación y sanción de los responsables; y, por el otro, transmite un mensaje de tolerancia a la criminalidad, incentivando indirectamente la perpetración de actos iguales o similares».
Muertes por represión desmedida en protestas y adyacencias
En el documento se precisa que la represión «desmedida» de las fuerzas de seguridad del Estado, muchas veces en actuación conjunta con grupos colectivos, causó la muerte -de 2014 a la fecha- de al menos 126 personas que ejercían su derecho a la manifestación pacífica
«El 88% de estos asesinatos tuvieron lugar en el marco de protestas por derechos civiles y políticos, mientras que el 12% restante se produjeron
en protestas relacionadas con derechos, económicos, sociales, culturales y ambientales», se precisa en el reporte.
Las protestas por derechos civiles y políticos son aquellas en las que se exige la liberación de los presos políticos, celebración de elecciones libres y respeto a los derechos humanos.
También, la organización documentó los casos de 168 personas asesinadas en el contexto de las manifestaciones, es decir, personas que sin formar parte activa de las protestas murieron porque se encontraban en las inmediaciones de la protesta cuando estas ocurrían.
Llaman la atención sobre el hecho de que es superior la cifra de personas asesinadas en el contexto de las manifestaciones que aquellos asesinados por manifestar.
Añ0 2017, el más letal
La mayor cantidad de víctimas fatales en protestas se produjo en el año 2017, con 159 personas asesinadas.
Le siguen los años 2019 y 2014, con 66 y 41 víctimas, respectivamente. En 2022 no se registraron muertes en protestas y JEP aclara que a la fecha del cierre del informe (marzo 2023) no se habían producido muertes en protestas en lo que va de 2023.
Estados con más muertes
En el período que abarcó este informe, el uso arbitrario de la fuerza en la dispersión de manifestaciones pacíficas causó más muertes en Distrito Capital (39) y en los estados Táchira (34) y Miranda (33).
En el caso específico de las personas asesinadas por manifestar el estado con la mayor cantidad de muertes registradas fue Táchira con 17 víctimas fatales.
Mientras que el municipio Libertador de Caracas registró la mayor cantidad de muertes (31) de personas que fueron asesinadas por encontrarse en las inmediaciones de los lugares en los que se estaban desarrollando las manifestaciones.
A juicio de Justicia, Encuentro y Perdón, las cifras comprueban que los asesinatos en protestas «no se circunscriben a una zona específica del territorio nacional, sino que se han extendido a al menos 20 estados del país, circunstancia que comprueba «su carácter generalizado».
Amplio rango etario de víctimas fatales
Tanto en los asesinados por protestar como por encontrarse en inmediaciones de manifestaciones el rango etario es amplio y abarca desde menores de edad hasta personas de 73 años.
- El grupo más afectado fue el de las víctimas de entre 18 y 30 años, con 151 víctimas fatales, equivalentes al 51.36% de la totalidad de casos registrados.
- Con edades entre 31 y 45 años se incluyen a 66 personas, equivalente al 22.45% de los casos documentados.
- Los menores de edad fueron el tercer grupo de víctimas más frecuente, con 38 asesinados, equivalentes al 12,93% de la totalidad de casos registrados.
- Con 46 años o más se contabilizan a 31 víctimas fatales, equivalentes al 10.54% de la totalidad de casos registrados.
- Con edades desconocidas se reporta un total de 8 personas asesinadas, equivalentes al 2.72% de los casos documentados.
Hombres, las principales víctimas
La documentación de JEP refleja que, de la totalidad de víctimas fatales, 29 son mujeres y 265 hombres. Es decir que los asesinatos
motivados políticamente afectan en un 90% a los hombres, que se convierten así en las víctimas principales.
En lo que respecta a sectores sociales afectados, los asesinados por motivos políticos afectaron más a estudiantes, con 64 víctimas fatales, miembros de comunidades indígenas con 7 víctimas y militantes de partidos políticos con 6 víctimas. Cada uno de ellos equivalen al 23.27%, 2.55% y 2.18%, sobre el total de la sociedad civil, respectivamente.
Otros grupos de la sociedad afectados son los funcionarios estatales, con 17 víctimas equivalentes al 5.78% del total documentado. Dentro de esta categoría se incluye a 10 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, 6 de la policía de Mérida (3), Carabobo (2) y Táchira (1) y un fiscal del Ministerio Público.
Muertes por armas de fuego, las más comunes
El examen de los 294 casos documentados por JEP en contexto de manifestaciones pacíficas arrojó que las más frecuentes causas de muerte son
impactos por arma de fuego, accidentes de tránsito, electrocución, asfixia, golpes contundentes, ajusticiamiento e incineración.
Por impactos de arma de fuego murieron 239 personas en el período analizado, equivalente al 81.29% del total registrado. La categoría incluye los asesinatos por impacto de bala, perdigones, bombas lacrimógenas y morteros.
En este punto, la ONG resaltó el «uso desprolijo que los cuerpos de seguridad del Estado hacen de las armas de fuego en el control de las manifestaciones», contrario a los límites que plantea la normativa internacional.
De igual forma, subrayan con preocupación que armas como perdigones y bombas lacrimógenas «son utilizadas como objetos letales para atentar contra la vida de civiles indefensos».
poca distancia de las víctimas. La misma conducta es empleada con relación a las bombas lacrimógenas, usadas frecuentemente como proyectiles», se detalla en la investigación.
GNB y grupos mixtos como victimarios
El estudio describió que ha sido «constante» la participación simultánea de organismos de seguridad y civiles armados progobierno en la represión de manifestaciones desde 2014.
De acuerdo con la evaluación de JEP, los cuerpos de seguridad del Estado son los presuntos responsables de 117 muertes, equivalentes
al 39.8% del total documentado. En particular, la GNB fue el órgano más letal con 61 víctimas. Le siguen los cuerpos policiales de los estados (Policía de Anzoátegui, Barinas, Lara, Zulia, Carabobo, Mérida, Miranda, Táchira, Bolívar, Delta Amacuro, Portuguesa) y municipales (Naguanagua, Chacao, Sucre, San Diego, Guaicaipuro, Piar) con 21 víctimas.
En la lista figura también la PNB, con 7 víctimas, los efectivos del Plan República con 5 víctimas; el Conas con 2 víctimas y la Aviación Militar con una víctima.
Por su parte, unas 20 víctimas perdieron la vida como «resultado del actuar arbitrario» de comisiones mixtas de funcionarios de la GNB, PNB, FAES, Sebin, Cicpc, Conas y de las policías estatales y municipales de Bolívar, Delta Amacuro, Portuguesa, Carabobo, Lara y Naguanagua.
Entretanto, los colectivos armados figuran como presuntos responsables de, al menos, 69 asesinatos, representativos del 23.47% de la totalidad de casos documentados.
«Es importante destacar que 11 de esos asesinatos se produjeron en operativos conjuntos con las fuerzas de seguridad del Estado», destaca JEP, al tiempo que precisa que desde el año 2014 hasta la fecha, la GNB es el órgano con el que más han operado los colectivos en la represión de manifestaciones pacíficas.
El informe también recoge 25 muertes violentas en protestas atribuidas a civiles y a funcionarios del Estado (adscritos a Pdvsa, Ministerio de Tierra y a HidroBolívar) equivalentes al 8.5% del total.
Las víctimas «selectivas»
JEP determinó que además de atentar contra el derecho a la vida de manifestantes, el Estado «ha utilizado su maquinaria represiva para afectar a un catálogo determinado de víctimas sometiéndolas a condiciones extremas de persecución por motivos políticos que, en algunos casos,
han decantado en su muerte».
Esta categoría incluye a asesinatos fundados en un «criterio de selectividad», que explica la ONG a continuación:
«Este lleva a seleccionar la víctima «por sus características de liderazgo, ya sea social, político o de otro tipo; jerarquía o posición de mando; experticia; formación académica, profesional o militar; o por su vinculación directa con personas o hechos determinados, que, a criterio del gobierno de Nicolás Maduro, representen una amenaza real o potencial para su continuidad en el poder».
Según el estudio de la ONG, desde el año 2014 hasta la fecha al menos 40 personas han sido asesinadas como consecuencia del patrón de persecución selectiva.
«La mayoría de las muertes registradas ocurrieron en el año 2019, con 14 víctimas fatales representativas del 35% de la suma total, lo
que lo convierte en el año más letal en este sentido», recalcan.
Recuerdan que este fue el año en el que se proclamó como presidente interino Juan Guaidó: «Esto disparó una oleada de persecución contra todas las personas que apoyaron su gestión».
Los presuntos responsables de estas muertes selectivas que enumera Justicia, Encuentro y Perdón son los cuerpos de seguridad del Estado en 27 de los casos, representativos del 67.5% del total documentado.
«En particular, las FAES fueron el órgano más letal, con 8 víctimas. Seguidamente se encuentra el Sebin, con 6 víctimas, y la GNB y DGCIM con 3 víctimas cada uno», especifican.
En esta categoría JEP incluyó a los muertos en la «Masacre de El Junquito», en la que fueron asesinados el excicpc Oscar Pérez y miembros de su grupo.
«Estos asesinatos fueron el resultado de una operación conjunta desarrollada por funcionarios de las FAES, PNB y Dgcim, y civiles armados pertenecientes al grupo colectivo ‘Tres Raíces’, quienes acabaron con la vida de las víctimas pese a que éstas imploraron su rendición», recalcan.
Un sistema que revictimiza a los sobrevivientes
El informe denuncia que las víctimas sobrevivientes o familiares de las víctimas que mueren por violencia política se enfrentan a una sistema «que parece decidido a poner todo su ímpetu en revictimizarla».
Los cambios injustificados y constantes fiscales, el impedimento de acceder al expediente, la ausencia de actos de investigación y diferimiento de audiencias sin motivo aparente; entre otras actuaciones irregulares, se traducen en «hostigamientos, humillaciones y amenazas contra el familiar que demanda justicia».
Justicia internacional contra la impunidad del Estado
La principal conclusión del informe de JEP es que la impunidad en Venezuela forma parte de una política de Estado.
Tras examinar los 334 casos evaluados, comprobaron la «ausente voluntad del Estado venezolano de llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos ajustados a derecho que respeten los principios de independencia e imparcialidad propios de su naturaleza».
A esto agregaron que la separación de poderes «continúa siendo una tarea pendiente» y que, hasta tanto no se realice, fungirá como obstáculo para la rendición de cuentas de todos los perpetradores, «especialmente de aquellos ubicados en el más alto nivel de las cadenas de mando».
Ante este panorama, consideran «indispensable» contar con mecanismos de justicia internacional que «investiguen los hechos y causas que sirvieron como base para la ejecución de asesinatos motivados políticamente, tanto en manifestaciones pacíficas, como en contra de víctimas selectivas; sancionen a los individuos que han participado en esta deleznable práctica; y brinden a las víctimas la posibilidad de obtener reparaciones por el daño sufrido».
«La investigación ante la CPI parece ser una opción en este sentido, de allí la importancia que pueda reanudarse lo antes posible», concluyen.
