A propósito de las declaraciones de Jorge Rodríguez, en las que condicionó el diálogo en México a la suspensión de la investigación que adelanta la CPI, el activista de DDHH Marino Alvarado, declaró que dicho proceso “no es negociable”
Familiares de las víctimas de la represión en 2017 entregaron un documento en la Fiscalía, donde exigen investigar las cadenas de mando “de quienes tienen responsabilidades en los asesinatos” ocurridos en las protestas
@Andrea_GP21
A seis años del asesinato del estudiante Juan Pablo Pernalete, ocurrido el 26 de abril del 2017 durante las protestas antigubernamentales, familiares de 19 víctimas de la represión de ese año acudieron al Ministerio Público, en Caracas, para exigir al fiscal general impuesto por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, que se adelanten investigaciones certeras sobre los casos donde murieron hijos y familiares.
De acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), desde el 1 de abril al 31 de julio de 2017 se contabilizaron 6.729 manifestaciones y 163 muertos. El Ministerio Público reconoció solo el fallecimiento de 129 personas.
En el encuentro, integrantes de la Alianza de Familiares de Víctimas de Venezuela (ALFAVIC-VZLA) entregaron un documento en la Fiscalía, donde además exigen investigar las cadenas de mando “de quienes tienen responsabilidades en los asesinatos” ocurridos en las protestas.
Asimismo, instaron al Ministerio Público a actuar con la “debida diligencia para que los crímenes perpetrados no queden impunes”, conforme al memorándum de entendimiento firmado en noviembre de 2021 por el gobierno de Nicolás Maduro y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan.
José Gregorio Pernalete, padre de Juan Pablo Pernalete, declaró que ese escrito es para pedir al gobierno de Maduro que se “aboque” a llevar adelante esas investigaciones con el fin de que los perpetradores sean juzgados.
“Nosotros somos la voz de toda esa gente en Venezuela que necesita justicia y libertad”, es parte de las declaraciones que se recogen en las inmediaciones de la sede del Ministerio Público en Caracas. pic.twitter.com/iaChyB6mS4
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La investigación de la CPI no es negociable
El pasado lunes, 24 de abril, el gobierno de Nicolás Maduro condicionó el avance del diálogo con la oposición a la suspensión de la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad en el país.
Al respecto, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento oficialista, comentó que ante cualquier instancia de negociación llevarían cinco puntos «a los efectos de fomentar el diálogo entre venezolanos y para que el panorama político, social y electoral transcurra dentro de condiciones de normalidad».
A propósito de esas declaraciones de Rodríguez y la actividad que realizaron los familiares de las víctimas de las protestas del 2017, el activista de DDHH Marino Alvarado, declaró que la investigación de la CPI “no es negociable”.
“La investigación que adelanta el fiscal Khan en la Corte Penal Internacional no es negociable y no hay posibilidad de que esa investigación entre en cualquier proceso de negociación, ya sea el que por iniciativa adelanta el presidente (Gustavo) Petro de Colombia o la mesa de negociación en México”, señaló en entrevista exclusiva ofrecida a Runrun.es.
Alvarado señaló que la CPI es un “órgano totalmente independiente”, el cual tiene el deber de “combatir la impunidad de crímenes que se cometen en el mundo y los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en Venezuela no deben quedar impunes”.
“Es una falsa ilusión de parte del gobierno de Nicolás Maduro pretender que, mediante el diálogo político se pueda suspender la negociación (…) Esto es lo único que demuestra es que hay una gran preocupación de parte de la cúpula que gobierna en Venezuela (…) Ellos saben que tienen responsabilidad y saben que si se abre un caso por parte de la CPI a algún integrante de esa cúpula que está gobernando va a tener que rendir cuenta ante la Corte Penal Internacional”, añadió.
Absoluta impunidad
Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, recordó que a su hijo lo asesinó un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y lamentó todas las muertes ocurridas en el 2017 en el contexto de protestas contra el gobierno de Maduro.
“Se encuentran en total impunidad la mayoría de los casos (…) El 90% de los casos de nuestros seres queridos se encuentran en absoluta impunidad. No hay justicia, no hay verdad de los hechos que ocurrieron”, declaró Elvira Pernalete ante los medios.
Para la madre del joven, se “pretende ocultar y olvidar” lo ocurrido en el 2017. “Pretenden que los venezolanos y el mundo se olvide”, señaló.
La señora Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete, asesinado por fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro el 26 de Abril del 2017 en las cercanías de la Torre Británica, en Altamira, ofrece declaraciones en medio de la protesta, en donde exigen justicia pic.twitter.com/t5CuhBrFcl
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Por su parte, Dexy González, madre de Rubén Dario González Jiménez, asesinado por la GNB en el sector 5 de La Isabelica, estado Carabobo, reclamó que los acusados por la muerte de su hijo fueron absueltos.
“Fuimos a un juicio que duró un año. Absolvieron a los seis guardias. El teniente que asesinó a mi hijo está fugado, nunca se presentó. Hicieron un juicio a ‘silla vacía’ (…) Ni el Ministerio Público ni los tribunales hicieron nada”, declaró González.
En ese sentido, señaló que está a la espera de la sentencia de lo que ocurrió durante el juicio, que inició el año pasado, pero hasta ahora no han obtenido respuesta.
Dexy González, madre de Rubén Dario González Jiménez, asesinado por la Guardia Nacional Bolivariana en el sector 5 de La Isabelica, estado Carabobo, se dirige a los manifestantes: pic.twitter.com/daUOA4xUlE
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“Un caso complicado”
Luis Alejandro Sosa, padre de Manuel Sosa, víctima de la represión del 2017, señaló que el caso de su hijo es “complicado”, pues a los 15 días de su asesinato había un ciudadano imputado por ser el presunto asesino del joven.
“Ese ciudadano tenía una orden de captura a nivel nacional que todavía no se ha hecho efectiva (…) El expediente está casi en los recaudos que se hicieron en el año 2017”, dijo.
Asimismo, señaló que el expediente de Manuel Sosa, asesinado en mayo de 2017 en Cabudare, estado Lara, fue trasladado a Caracas en el año 2018 y desde ese momento, los familiares no han tenido “ninguna información acerca de lo que está sucediendo con el expediente en la Fiscalía 34”.
Luis Alejandro Sosa, padre de Manuel Sosa, quien perdiera la vida en el distribuidor Valle Hondo en Cabudare, estado Lara, ofrece declaraciones: pic.twitter.com/Q0pLk9kUMZ
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El mismo caso de traslado de expediente ocurre con Augusto Puga, asesinado a sus 22 años por funcionarios policiales del estado Bolívar al violar la autonomía universitaria de la Universidad de Oriente (UDO), donde estudiaba medicina.
Desde el estado Bolívar escuchamos a Cesar Puga, padre de Augusto Sergio Puga Velásquez, quien a sus 22 años perdiera la vida el 24 de Mayo del 2017, en las inmediaciones de la Universidad de Oriente, en el momento en el que la GNB violó la autonomía universitaria. pic.twitter.com/bk9plB8YQK
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