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Cicpc anuncia detenciones por asesinatos durante protestas del #30Abr

EL DIRECTOR DEL CUERPO DE Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, afirmó que han practicado detenciones por las muertes ocurridas durante las protestas registradas el 30 de abril y el 1 de Mayo.

Durante una rueda de prensa, Rico no precisó si los detenidos son civiles o militares, argumentando que son casos que lleva el Ministerio Público.

Por su parte, el protector del estado Táchira, Freddy Bernal, en entrevista en VTV hizo un llamado al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Maikel Moreno y al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, a que tomen las medidas necesarias para hacer “justicia” y condenar a los implicados en los hechos del pasado 30 de abril.

“El pueblo de Venezuela pide justicia (…), ¿qué vamos a esperar para meter a la cárcel a los traidores?, ¿qué asesinen a alguien, que en su locura ponga una bomba en el Metro y asesine a un poco de gente?, no podemos esperarlo”, dijo.

Bernal sostuvo que no se puede “perdonar” a las personas que atentan contra la vida de otra y que además, no se pueden descartar que existan individuos que intenten dar “otro paso contra las instituciones”.

 

*Con información de El Pitazo y Unión Radio

Foro Penal denunció 205 detenciones durante el #30Abr y el #1May

EL VICEPRESIDENTE DE LA ONG FORO PENAL, Gonzalo Himiob, informó que entre los días 30 de abril y 1 de mayo de 2019 se registraron 205 detenciones en todo el país durante las manifestaciones.

Foro Penal destacó que entre los detenidos, están 15 adolescentes. Además, esperan que la cifras se incrementen debido as los problemas de comunicación con otras regiones.

El estado con mayor número de arrestos fue Zulia (92), seguido de Lara (32), Carabobo (27), Aragua (12) y en Caracas 10.

 

Hasta las 9:00 am del 2 de mayo, el Foro Penal reportó dos asesinatos, pero el número se incrementó en el transcurso del día.

Según los reportes de ONG como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), cuatro personas, entre ellos dos menores de edad, han fallecido en todo el país debido a heridas por armas de fuego.

Dos de las muertes se registraron en Aragua, y los otros dos fallecidos fueron en Caracas, tras resultar heridos durante las manifestaciones que se suscitaron en Altamira.

El 30 de abril se registró un alzamiento militar que fue apoyado por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional. Los militares se movilizaron junto al mandatario encargado y el dirigente opositor liberado Leopoldo López hasta la base aérea La Carlota, desde donde se convocó a manifestarse para lograr el “cese de la usurpación” de Nicolás Maduro.

Podcast | Tres en uno: Continúan las fallas eléctricas y la Venezuela potencia solo trabajó 10 días durante el mes de marzo

LLEGÓ EL MES DE ABRIL y con él, la “intervención, modernización y reestructuración de Coropoelec” luego de la destitución de Luis Motta Domínguez y la designación de Igor Gavidia como nuevo titular del Ministerio de Energía Eléctrica, la orden de allanamiento a la inmunidad parlamentaria del presidente de la Asamblea Nacional y Presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó.

Entre los principales reportajes de la alianza entre Runrun.es, Tal Cual y El Pitazo destaca el tema eléctrico. Por RunRun.es, el ingeniero eléctrico Julio Colina aseguró que la capacidad de solventar la crisis eléctrica es limitada, haciendo énfasis en que la empresa podría colapsar en cualquier momento. La Periodista de TalCual, Gabriela Rojas escribió un reportaje donde explica que en Venezuela solo se trabajaron 10 días durante el marzo, de esos, solo ocho pudieron culminar en una jornada laboral completa. Rojas detalla que el calendario escolar también se vio afectado y que en total 17 días se han perdido de clases.

Por El Pitazo, resalta el trabajo de la periodista Andrea Tosta en el que detalla como fueron las 29 horas que duró detenido el periodista Luis Carlos Díaz, luego de ser acusado de ser uno de los responsables del primer apagón, ocurrido el pasado 7 de marzo.

 

 

ESTE MIÉRCOLES, la Organización Amnistía Internacional realizó una rueda de prensa con la finalidad de exponer un balance sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela durante las recientes protestas en 2019. La organización contabilizó 41 muertes a manos de fuerzas de seguridad del Estado durante protestas gubernamentales.

Los asesinatos sucedieron entre el 21 y el 25 de enero de este año, periodo en el que Amnistía Internacional documentó más de nueve mil detenidos en los estados Lara, Yaracuy, Vargas y localidades populares de la capital.

De acuerdo con Guevara, el gobierno de Nicolás Maduro -cuya juramentación como presidente fue cuestionada por países de la región y de la Unión Europea (UE)- implantó una represión selectiva en sectores populares que tuvo resultados incluso letales.

Ejecuciones extrajudiciales

Un grupo de respuesta de crisis de Amnistía Internacional recopiló casos que demuestran “ejecuciones extrajudiciales para acallar protestas“, apuntó la directora regional de AI.

Guevara explicó que las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional encabezaron los asesinatos, con disparos “intencionales y letales” y manipulación de las escenas del crimen.

Tras realizar la investigación, Amnistía Internacional determinó que el perfil de los fallecidos: hombres jóvenes que vivían en zonas populares del país. Además, asistían a manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro o en reclamo de sus derechos como ciudadanos. Algunos denunciaban activamente en las redes sociales las violaciones de derechos humanos.

Detenciones de menores de edad

La fórmula de represión gubernamental “se ha ido perfeccionando”, resaltó Guevara. Como parte del trabajo histórico que destacó AI con respecto a la violación de derechos humanos en Venezuela, se suman las detenciones a menores de edad dentro de los más de 900 detenidos en el periodo especificado.

De acuerdo con Guevara, hubo decenas de niños y adolescentes que fueron apresados y mezclados con detenidos mayores de edad. La también abogada de derechos humanos aseveró que la mayoría de quienes fueron detenidos aún mantenían procedimientos administrativos.

Protestas en sectores populares

El director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Marco Ponce, destacó que los sectores populares protagonizaron las protestas registradas en el país en 2019. Además, expresó que “Venezuela vive hoy una emergencia humanitaria compleja que se profundiza a medida que pasan los días. En 2018 registramos un récord de manifestaciones, 89% fue para exigir derechos económicos, culturales y de salud”.

En enero, el observatorio contó más de 2.500 en todo el país, en las que se exigieron principalmente un cambio político y la entrada de la ayuda humanitaria, que el presidente encargado y cabeza del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, anunció para este 23 de febrero.

“Durante el gobierno de Maduro se han dado las mayores olas de protestas que hemos visto en 20 años“, señaló Ponce en la rueda de prensa.

Guevara-Rosas y Ponce declararon en una rueda de prensa en la que participaron el director de Amnistía Internacional en Venezuela, Marco Gómez, y de la internacionalista y fundadora de la ONG Mujeres en Línea, Luisa Kislinger.

200 detenidos y 500 comercios multados, las primeras víctimas del ajuste de precios

Las autoridades han detenido hasta el 25 de agosto al menos a 200 personas y sancionaron a unos 500 comercios en el marco del “plan de recuperación económica” y los precios acordados que anunció el mandatario Nicolás Maduro.

“Han salido más de 200 detenidos por delitos como remarcaje de precios, especulación, acaparamiento y boicot de la economía”, informó un boletín de la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde) difundido el sábado.

El ente gubernamental explicó que sus funcionarios han inspeccionado más de 2 mil comercios en los últimos cinco días para “supervisar sean acatadas las medidas establecidas por los distintos órganos que regulan en materia económica en el país”.

Denuncias y multas

Hasta ahora, según datos de la Sundde, “más de 500 comercios han sido multados con diferentes cantidades” y “se han recibido más de 50 mil denuncias de la ciudadanía, reportando irregularidades en los métodos de pago, en los precios de los productos y alteraciones”.

El Ejecutivo puso en marcha esta semana una reconversión que le quitó cinco ceros a la moneda, en tanto que comenzó a circular una nueva familia de billetes con denominaciones más ajustadas a la inflación que, según cálculos del Fondo Monetario Internacional, cerrará el año en 1.000.000%.

Además, el equipo económico del Gobierno fijó el martes 21 de agosto los precios de 25 alimentos, generalmente escasos, y Maduro pidió encarcelar a quienes no acaten estas directrices, algunas de las cuales no fueron consultadas con los productores según afirmó Fedecámaras.

La medida de fijación de precios, que asusta a muchos comerciantes y usuarios porque cada vez que se ha intentado los productos desaparecen de los anaqueles, acompaña otras decisiones de Maduro como la multiplicación por 35 del salario que se ubicará en 30 dólares mensuales según la tasa oficial.

Asimismo el Banco Central de Venezuela devaluó el martes la moneda en 95,8% al pasar la tasa oficial Dicom de 2,49 a 60 bolívares soberanos, un aumento del 2.311% en el precio de la divisa estadounidense.

Para vigilar el cumplimiento de todas estas medidas, el Gobierno desplegó miles de funcionarios en todo el país, incluyendo cientos de policías.

Familiares de los presos acudieron a El Helicoide                                                                          Foto Cortesía El Pitazo

Carlos D´Hoy

@carlos_dhoy

Un motín se presentó en horas de la mañana del miércoles 16 de mayo en los calabozos de la sede de El Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que dejó al menos un preso político herido, luego de haber sido agredido por reos comunes.

Informaciones suministradas por familiares de los detenidos señalan que durante las horas de la visita del miércoles un grupo de presos comunes atacó al detenido político tachirense Gregory Sanabria, a quien le propinaron una fuerte golpiza.

Esta situación generó una reacción por parte de los demás presos políticos quienes tomaron las instalaciones de Seguridad y Control de Aprehendidos, en rechazo a la agresión que presuntamente “habría sido ordenada por la directiva de la policía política”.

Los videos filtrados y difundidos a través de las redes sociales permitieron conocer parte de las instalaciones del Sebin, durante los primeros momentos de la protesta, cuando un detenido corre por los pasillos rompiendo los bombillos con una vara.

A través de otro video filtrado, el exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos y Lorent Saleh exigieron “la presencia de alguna autoridad en estas mazmorras donde matan gente y violan los derechos humanos de los venezolanos que estamos acá”.

Denunciaron además que en los mencionados calabozos se encuentran “detenidos menores de edad , presos a los que no se les ha iniciado un juicio, se les han negado traslados a los tribunales, por lo que estamos decididos a resistir hasta donde sea necesario, para que se vea lo que ocurre en “las mazmorras de la dictadura que no sigan asesinado y maltratando a gente”.

Por su parte, la fiscal general de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz, se hizo eco de las denuncias formuladas por el diputado Rosmit Mantilla, a través de su cuenta de Twitter, y advirtió que en estos momentos “se estaría gestando otra masacre en Venezuela. La violación de DDHH es generalizada y los venezolanos reclaman que los organismos internacionales actúen ya”.

Organizaciones de Derechos Humanos como Provea, el Observatorio venezolano de Conflictividad Social y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, entre otras, alertaron sobre la situación presentada en la sede policial. Provea, a través de su cuenta en la red social Twitter denunció las agresiones perpetradas contra el preso político Gregory Sanabria y exigió que la Defensoría del Pueblo investigue al, director del Sebin y demás funcionarios responsables de la custodia de los presos políticos recluidos en sedes del cuerpo policial.

A las 5:30 pm un reporte emitido desde el interior del Sebin indicaría que todos los detenidos se encontrarían bien, “no hay nadie lesionado, todos, absolutamente bien en resistencia constitucional”.

Al cierre de la edición el Fiscal General de la República, Tarek William Saab informó que comisionó a fiscales del Ministerio Público quienes se trasladaron a la sede del Sebin e iniciaron negociaciones con el objetivo de lograr una solución al conflicto.

“Manifestamos la voluntad de realizar las respectivas coordinaciones con las autoridades competentes, el sistema penitenciario y de justicia a objeto de resolver la situación planteada”.

El partido Voluntad Popular alertó a Venezuela y a la comunidad internacional sobre “la crítica situación de extrema amenaza y riesgo que viven en este momento los presos políticos que permanecen secuestrados por el régimen en la sede El Helicoide del Sebin”.
La organización política responsabilizó al director del Sebin, Gustavo González López, al ministro de Interior Justicia y Paz Néstor Reverol y al presidente Nicolás Maduro de la integridad física y de la vida de todos los presos políticos.
Pedimos al pueblo venezolano y a la comunidad internacional mantenerse alerta y vigilante “ante esta nueva arremetida del régimen, que no descartamos sea una represalia directa a la posición firme y contundente, de nuestros presos políticos y de quienes nos oponemos a la dictadura, de no convalidar el fraude en marcha para este 20M”.

El ministro  Reverol presentó el balance de la Operación Manos de Papel       Cortesía

 

El ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció la detención de 125 personas en la Operación Manos de Papel con la que se que busca frenar las “mafias dedicadas a la venta y contrabando de dinero en efectivo hacia Colombia, así como la extracción de combustible”.

Reverol dio la información en una rueda de prensa y a través de su cuenta en la red social Twitter, (@NestorReverol) donde indicó que 32 de los aprehendidos fueron capturados por contrabando de combustible. Además anunció que 19 concesionarios de vehículos fueron intervenidos e incautadas 492 autos y 47 motos.

Dijo que con motivo de la operación Manos de Papel se han realizado más de 125 allanamientos y se han ejecutado 61 órdenes de allanamiento, admeás hay más de 75 personas solicitadas, cuyos rostros fueron colocados en afiches que se han desplegado por todo el territorio, “para que nuestro pueblo los denuncie”.

Agregó que se han realizado 596 allanamientos a empresas y se adelantan 225 investigaciones a igual número de compañías, “fueron bloqueadas 1.133 cuentas bancarias”.

Entre los puntos intervenidos también están el Registro Principal y las Notarías de Táchira, esto para verificar compra y venta de los vehículos decomisados. “Caiga quien caiga vamos a detenerlos”, apuntó.

Dijo que están involucrados 12 fiscales regionales, dos nacionales y el superior del Táchira, además de funcionarios de inteligencia. Entre los delitos imputados están legitimación de capitales, enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos.

Reverol anuncia desarticulación de “célula terrorista” que planificaba operaciones de “desestabilización”

Carlos D´Hoy

@carlos_dhoy

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció este miércoles, 18 de abril, la ejecución de la “Operación Gedeón II”, la cual desmanteló una supuesta célula terrorista “que planificaba operaciones para atentar contra el orden interno” y estaba integrada por al menos 12 personas. Explicó el ministro que tal operativo consecuencia de las investigaciones realizadas luego de la primera Operación Gedeón en la que fue asesinado el piloto disidente Oscar Pérez y seis integrantes del grupo que lo acompañaba.

Entre los detenidos se encuentran Yorfrán Quintero, alias “Collar”, de 28 años de edad, capturado el pasado 15 de abril en el municipio Chacao, quien tendría como objetivo colocar explosivos en diferentes sedes de poderes públicos, entre ellos el Consejo Nacional Electoral y la base aérea Francisco de Miranda (La Carlota), con el fin de sembrar zozobra en la población.

Dijo además que se evidenció que Quintero prestó servicio militar en la GNB  y sería el autor de los ataques con explosivos realizados en los alrededores de la Plaza Altamira en el año 2017.

Informó que se realizaron allanamientos en Los Teques, específicamente en “un centro de captación y entrenamiento donde se logró la detención de tres personas”, quienes presuntamente eran “ miembros activos de la resistencia de choque e insurgencia”.

En Los Teques fueron arrestados Alonso José Mora Alfonso (33), Erick Anderson Villalba Suárez (20) y Stefanie Madeleine Chávez (20)

El ministro aseguró además que Vasco Manuel Da Costa Corrales, quien fue detenido el pasado lunes en su residencia, era el “líder de estas células terroristas y financista de las operaciones” además señaló que la información aportada por Da Costa permitió la recuperación de un arsenal que se encontraba oculto.

Reverol recordó que Da Costa, quien había sido liberado el año pasado, “tiene antecedentes por estar vinculado en las guarimbas del año 2014, y estaba relacionado con el detenido Isaías Baduel”

Dijo que tras ser sometido a interrogatorios, Da Costa los llevó a la Quinta Vista Hermosa, en donde bajo tierra se encontraron municiones (…) Fueron incautados más 3 mil cartuchos 7 mm, metro y medio de mecha lenta para explosivo, 1 pistola calibre 9 mm con 6 cartuchos sin percutir, solicitada por el delito de hurto”.

En este allanamiento fueron detenidas otras seis personas identificadas como José Luis Santamaría Vargas (46), Pedro Rafael Urbina Rosales (37), Régulo José García Castro (25) y Luis Felipe Leal Fernández (33), así como dos adolescentes de 16 y 17 años de edad, “quienes recibían instrucción y entrenamiento para posteriormente ser desplegados y planificar actos desestabilizadores y evitar las elecciones presidenciales del 20 de mayo”.

Reverol anunció la detención de Carlos Aristimuño (60) en el municipio Chacao, quien habría “sido contratado por la célula terrorista como instructor de diferentes cursos dirigidos al grupo de choque e insurgencia”.

Además dijo que se emitió una orden de captura internacional contra María Isabel Rodríguez Briceño (60) a quien señaló de ser financista de “los grupos de exterminio”.