A los dos días de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 en Venezuela, un adolescente de 16 años cocinaba una arepa en su casa en un barrio de Caracas cuando la puerta de su casa la derribó un grupo de hombres con pasamontañas. Eran policías que entraron sin orden judicial para hacer un allanamiento. Le quitaron su teléfono y revisaron sus conversaciones. Luego, lo acusaron de robar una moto durante una protesta en las escaleras de su comunidad el 31 de julio.

José, de 14 años, caminaba con su papá en el oeste de Barquisimeto el 30 de julio. Viajaron desde Carora, una ciudad a 100 kilómetros de distancia, a comprar materiales para fabricar bloques cuando pasó frente a una protesta y la policía regional los capturó. José fue enviado a un centro de detención para adolescentes, conocido como el retén de El Manzano, a las afueras de la ciudad. A su padre también le dictaron privativa de libertad y para el momento su mamá estaba embarazada.

Otra adolescente, de 16 años, salió con una tía a comprar una medicina para su hermano en Guacara, Carabobo, el día después de la elección. De regreso ambas se encontraron con un saqueo en una institución pública. Aunque no participó en los disturbios, fue detenida y enviada a la 41 Brigada del Ejército en el Fuerte Paramacay. Fue presentada en tribunales el 3 de agosto y llegó con moretones en su cuerpo.

Aunque ocurrieron en espacios geográficos distintos, estas detenciones siguen un patrón: los acusaron de terrorismo, incitación al odio, entre otros delitos graves. Fueron detenidos durante las protestas en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó la victoria de Nicolás Maduro sin publicar las actas que acreditaban los resultados y todos eran adolescentes. 

Esta última resultó ser una característica particular, pues era la primera vez, que en Venezuela se reportaron entre 129 y 200 detenciones arbitrarias de adolescentes por causas políticas. Un año después de la represión postelectoral cuatro adolescentes siguen presos en La Guaira y Vargas.

El número de prisioneros varía entre las ONG que documentaron los casos. Foro Penal contabilizó 129 casos. Mientras que la organización Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia en Venezuela desde 1984, tiene un estimado de 200. 

La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela (Miidhv) de Naciones Unidas, registró la detención de 158 niños y adolescentes en todo el país. En un informe advirtió que 10% del total de detenciones postelectorales era de adolescentes. 

Para el abogado Zair Mundaray, exdirector de actuación procesal del Ministerio Público (MP), este es un hecho sin precedentes en la región. “No conozco un caso de procesamiento de adolescentes por legislación antiterrorista en Latinoamérica. La dictadura venezolana marca un nuevo hito de barbarie y dolor. Secuestrar a un niño, desmoviliza y aterra a la familia, vecinos, amigos. Esa es la lógica, por eso tanto ensañamiento con este segmento vulnerable de la población”, expresa.

Durante seis meses, la Alianza Rebelde Investiga (ARI), integrada por los medios El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, documentó 82 detenciones de adolescentes, en Distrito Capital y 16 de los 24 estados de Venezuela, mediante entrevistas a familiares, vecinos, funcionarios de seguridad y defensores de derechos humanos.

El seguimiento de estos casos permitió identificar un patrón caracterizado por la persecución y el encarcelamiento de adolescentes entre los 14 y 17 años de edad.

Ninguno de ellos tenía edad para votar, pero fueron detenidos de forma arbitraria por agentes de seguridad del Estado en situaciones aleatorias. Los imputaron por terrorismo, traición a la patria, incitación al odio, asociación para delinquir y obstrucción de la vía pública; sin admitir las pruebas que los desligaban de actos violentos, aunque el sistema de justicia estaba en la obligación de recibirlas. En los tribunales les negaron el derecho a la defensa legal privada o de ONG; los procesaron en audiencias colectivas y en algunos casos los presentaron con adultos.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que algunos de los adolescentes fueron sometidos a desaparición forzada y torturas. Mientras que la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela recabó  testimonios de detenidos que fueron abusados sexualmente. Pese a estos señalamientos, las autoridades venezolanas negaron públicamente que en el país había niños presos. 

En noviembre de 2024, el fiscal general Tarek William Saab declaró a la prensa que en el país no había niños presos sino adolescentes judicializados con las garantías.

«El primer día estuve con todos los mayores (adultos) que agarraron por el mismo caso, y ya al segundo día nos llevaron a otro comando y nos tiraron un día ahí en el piso para dormir esposados», relató a Naciones Unidas uno de los afectados.

ARI también confirmó que los casos monitoreados eran de adolescentes residenciados en sectores populares. Ninguno tenía antecedentes penales. En 41 de los 82 casos, los familiares señalaron que los jóvenes no participaron en manifestaciones. Otras 10 detenciones ocurrieron luego de que los adolescentes publicaron mensajes en sus redes sociales y fueron delatados ante cuerpos policiales por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) o integrantes de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) que se encargan de la venta de alimentos subsidiados en las comunidades.

Testimonios recabados por ARI apuntan a que las detenciones masivas de adolescentes eran para cubrir una cuota de prisioneros exigida por el gobierno.

“Nunca habíamos visto una situación como esta, en la que todo el aparataje del Estado estuvo focalizado en la neutralización absoluta, a toda costa y a todo costo, de cualquier expresión de disenso o de protesta. Esta neutralización absoluta fue la que expuso a los adolescentes”, explica el abogado Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización Foro Penal.  

Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, asegura que en las detenciones poselectorales de 2024 se afianzaron varios patrones de violaciones de derechos humanos, como las detenciones sin orden judicial, las  desapariciones forzadas de corta duración, las presentaciones extemporáneas ante tribunales y la imposición de defensa pública. 

Entre las más graves está la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, reitera. 

“Que sujetos especiales de protección, como son los niños, hayan sido objetos de vulneración, y todavía lo siguen siendo, es lo más delicado. Como sujetos de protección tienen unos derechos añadidos que no están siendo respetados. Más bien, pareciera que el mensaje del Estado, es que por ser adolescentes, son más vulnerables ante el poder del Estado”, añade.

Fábrica de terroristas

Un día después de la elección presidencial, un grupo de estudiantes de bachillerato organizó un paseo con salida desde las torres de Parque Central, en Caracas. Cuando se acercaron a ver una protesta uno de ellos fue detenido. El muchacho tenía 16 años. 

Pasó ocho días incomunicado porque le prohibieron hablar con algún familiar, contrario a lo que indica la ley. Cuando logró comunicarse con su madre, le contó que estaba en una celda sin iluminación ni ventilación. Estaba con adultos investigados por delitos comunes. Un año después asegura que han sido los peores días de su vida.

En el estado Sucre, otra joven de 16 años recién graduado de bachillerato fue detenida por reenviar un mensaje en un grupo de WhatsApp que exponía las dificultades económicas que viven en su región. Una vecina que era funcionaria pública la acusó y fue detenida el 14 de agosto de 2024. Durante su reclusión la adolescente tuvo una crisis de nervios, hipertensión y sufrió parálisis facial.

 Las detenciones de estos dos adolescentes son un daño colateral, coinciden expertos consultados por ARI. 

“Las protestas tomaron de sorpresa a muchos comandos. La orden fue apagar todas las candelitas y poner castigos que sirvieran de ejemplo y la protesta no se repitiera. Si estabas en la protesta, así sea viendo o te ponías a poner cosas incómodas en tus redes, en el Whatsapp o en el estado del teléfono celular contra el gobierno, también eras sospechoso, un incitador y hasta culpable. Fue un poco de disparamos primero y averiguamos después, pero aquí fue, presos primero y vemos después”, relató un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) entrevistado por ARI. La fuente pidió la reserva de su identidad por temor a represalias.

El mismo agente señala que en los comandos de la PNB recibieron la instrucción de arrestar a quienes estuvieran en la calle a partir del 29 de julio. 

En Carabobo, Aragua y Vargas, funcionarios de cuerpos policiales regionales confirmaron a ARI que recibieron directrices para cubrir cuotas de detenciones en las protestas poselectorales. El número de arrestos debía ser proporcional al tamaño de las manifestaciones.

“Había mucha rabia en la calle y mucho chamo que salió a ver qué pasaba. Para muchos era una protesta más, una experiencia, pero para los jefes era de vida o muerte lograr el control. Así que no importó si era menor o no, Iba preso y ya”, detalló uno de los entrevistados que también pidió mantener su nombre en resguardo.

El relato de la madre del adolescente aprehendido en Parque Central corrobora la declaración del policía . Su hijo y sus amigos pasaron por la protesta, les pareció extraña la manifestación en una zona conocida por su afinidad con el oficialismo, y terminó preso al igual que otros compañeros. 

“Lo peor es que mi hijo no entiende como se le juzga por terrorismo. Para él eso es algo grande: una bomba, un crimen serio. Las protestas poselectorales se convirtieron en una fábrica de terroristas adolescentes”, lamenta.

El cargo de terrorismo fue imputado en los 82 casos a los que ARI hizo seguimiento. Y les sumaron otros delitos como agravantes.

“La categoría terrorista es hoy una excusa para estigmatizar y criminalizar. Quien entra a los laberintos de la justicia penal por la puerta de los delitos relacionados con terrorismo, muy difícilmente encuentra justicia. El caso de estos niños, niñas y adolescentes venezolanos, señalados de terroristas, nos permite una ventana a esa sin salida punitiva. Llegan al sistema penal sin que haya pruebas claras en su contra, son expuestos a vejámenes, a la posibilidad casi cierta de ser condenados a penas que van a consumir parte de sus vidas y a que, incluso si son declarados inocentes, vivan con uno de los peores estigmas modernos: ser terrorista”, advierte la abogada Diana Guzman Rodríguez, directora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).

“Ni mi hijo ni ninguno de esos adolescentes es libre aunque esté excarcelado”, agrega la madre del adolescente de Caracas.

El tratamiento judicial que se le ha dado a los adolescentes es contrario a la ley. Según la norma que rige el Sistema Penal de Responsabilidad Adolescente (Sipra), la maxima  condena de privación de libertad que puede recibir un adolescente por un delito grave, que incluye el terrorismo, es de 10 años. Pero en los casos registrados por ARI, al menos 48 padres y representantes aseguran que los jóvenes detenidos recibieron presiones de fiscales, defensores públicos y jueces, para declararse culpables o serían condenados a 25 años de prisión.

Esperar justicia tras las rejas 

Un adolescente que cumplió 17 años en el lugar de reclusión no tuvo oportunidad de asistir a clases para cumplir con el quinto y último año de bachillerato en La Guaira. 

El año escolar lo pasó en el centro de detención de adolescentes que funciona en el Retén de Caraballeda.

Después de 14 audiencias, muchas de ellas diferidas, no han encontrado pruebas para acusarlo. Han tratado de incriminarlo en la caída de la estatua del fallecido presidente Hugo Chávez en La Guaira. Su familia se siente acorralada por el sistema.

En el estado Lara otro estudiante de quinto año de bachillerato fue detenido el 8 de enero de 2025, dos días antes de la toma de posesión de Maduro, cuando salía de una panadería. Tenía un trabajo temporal en ese negocio antes de volver a clases, pero la Guardia Nacional lo capturó y acusó de parecer un manifestante porque llevaba un suéter con capucha y prendas holgadas.  

Aunque en diciembre de 2024, el fiscal general Tarek William Saab afirmó que todos los adolescentes detenidos en las protestas poselectorales habían sido excarcelados, hay cuatro muchachos que siguen en prisión, de acuerdo con el Comité por la libertad de los presos políticos de Venezuela  (Clippve). 

En la última audiencia, realizada a finales de mayo, los familiares con pancartas en mano expusieron la injusticia de la detención, que en el caso de algunos, ya está cerca de los 12 meses de encierro. 

“Ellos son adolescentes injustamente detenidos. Están lejos de ser terroristas”, dice Francys Palencia, madre de uno de los adolescentes que siguen encerrados.

El OVP publicó un comunicado el 4 de junio, por el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión, para rechazar  la actuación de las autoridades en estos casos. 

“Estas detenciones violan la legislación nacional y tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño. La norma establece que la privación de libertad de un menor de edad debe tratarse de una medida excepcional, por el menor tiempo posible y con pleno respeto a su dignidad y desarrollo. El sistema reduce a estos adolescentes a cifras dentro de una estructura que los margina y castiga en lugar de protegerlos”, alerta la organización.

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En Lara y Vargas cuatro familias siguen en la calle para reclamar la liberación de sus seres queridos. El padre de uno de ellos anhela el abrazo de su hijo que, aclara, no es terrorista sino víctima de una cuota de detenidos utilizados para acallar a la disidencia.

*Los nombres de los adolescentes excarcelados se mantienen en reserva por razones de seguridad.

Alianza Rebelde Investiga para La Hora de Venezuela

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país