Alianza Rebelde Investiga (ARI), autor en Runrun

Alianza Rebelde Investiga (ARI)

Un video difundido en las redes sociales muestra la instalación deportiva, que hasta tiene grama artificial. En Google Maps se pudo corroborar que el estadio se encuentra en la zona norte del Centro Penitenciario de Aragua. En la pared de los jardines del campo de juego se lee el nombre de la megabanda

Fotos/Vídeo: Google Maps / Cortesía

La mañana de este miércoles, 14 de abril, un video se difundió a través de las redes sociales, en el cual se observa un estadio de béisbol con un letrero que dice “Tren de Aragua”. La instalación deportiva está ubicada en la cárcel de Tocorón, centro de operaciones de la poderosa megabanda dirigida por el pran Héctor “Niño” Guerrero.

En el vídeo no se especifica fecha, ni hora de la grabación. Sin embargo, se evidencia que las tomas se hicieron en la noche y que el lugar cuenta con un sofisticado sistema de iluminación, que no parece tener nada que envidiarle al Estadio Universitario de Caracas.

En el audiovisual se escucha a una persona diciendo: “Mira ve, la casa de los príncipes. Para que veas, papá, puros juegos de noche. ¿Te gusta así? Mira el estadio, papá. No hay manera, que se vengan las apuestas buenas. En la casa, papá, tú sabes. ¿Te gusta así?”.

Aunque en el video no se menciona el lugar donde se encuentran las instalaciones deportivas, funcionarios de seguridad y familiares de algunos reclusos del Centro Penitenciario de Aragua confirmaron a la Alianza Rebelde Investiga (ARI), este 14 de abril, que el estadio de béisbol está dentro de las instalaciones del recinto carcelario, también conocido como Tocorón.

“Este espacio se utilizaba anteriormente para la práctica de softbol y luego fue reacondicionado por esta organización delictiva (Tren de Aragua)”, señalaron funcionarios de cuerpos de seguridad consultados, quienes pidieron proteger sus identidades.

Se sabía de la existencia de un campo de softbol dentro del penal de Tocorón, desde hace al menos cinco años por trabajos periodísticos y mapas de Google. Pero un funcionario de la Policía de Aragua confirmó que en los últimos meses esa instalación deportiva había sido remodelada para ser convertida en un estadio de beisbol.

“Le colocaron hasta grama artificial”, dijo el efectivo.

El proyecto del estadio que se desarrollaba dentro del penal era un secreto a voces entre los habitantes de Maracay, capital del estado Aragua, pues el traslado e ingresos de materiales hacia la cárcel era notorio.

Los familiares de algunos presos consultados comentaron que estas instalaciones no están disponibles para todos los reclusos del Centro Penitenciario de Aragua. Solo las pueden usar aquellos reos que tienen ciertas jerarquías dentro del grupo delictivo que controla la cárcel.

El Tren de Aragua es actualmente el grupo criminal más poderoso de Venezuela. Tiene operaciones en, al menos, 10 estados del país: Aragua, Miranda, Carabobo, Sucre, Bolívar, Táchira, Guárico, Trujillo, Lara y Zulia.

Además se ha demostrado que hay presencia de sus miembros en cinco países de América Latina que son: Colombia, Perú, Brasil, Chile y Ecuador.

Mediante búsquedas en la plataforma Google Maps se pudo corroborar que este estadio que se ve en el video se encuentra en la zona norte del Centro Penitenciario de Tocorón. Adicional a esto, se observan otras instalaciones deportivas dentro del complejo carcelario.

ARI intentó hacer contacto con las autoridades de la cárcel de Tocorón y del Ministerio de Asuntos Penitenciarios para validar la información; sin embargo, no fue posible establecer comunicación.

Laboratorio de pruebas COVID-19 en Maiquetía fue creado en menos de un mes  y con 3 dólares de capital
La reactiva creación de CasaLab 2020 C.A es un cultivo de interrogantes. La empresa impuesta para realizar las pruebas moleculares a los viajeros que aterricen en Venezuela no tiene trayectoria conocida  y solo uno de sus tres propietarios tiene experiencia en bioanálisis. Fue registrada el 10 de febrero de 2021 con un capital que no llega a tres dólares y los detalles sobre su contratación pública se mantienen encapsulados. Son, a lo sumo, evidencias de una medida oficial que no garantiza la contención efectiva del COVID-19, pero sí ingresos express en divisas 

 

Por: Armando Altuve, Lisseth Boon, Gitanjali Wolfermann y Nadeska Noriega

 

Juan Martínez* tomó el vuelo que lo llevaría a Venezuela justo el día en que el gobierno de Nicolás Maduro anunció el pago obligatorio de la prueba de COVID-19 a todos los viajeros que aterricen en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Aunque llevaba consigo el documento de la PCR realizada el primero de marzo en Madrid, 48 horas antes de montarse en el avión de Turkish Airlines, decidió rellenar un formulario en la web de un laboratorio llamado CasaLab con su número telefónico, identificación fiscal, pasaporte y dirección en Caracas. De inmediato, recibió un correo electrónico con un código QR con todos sus datos. Una ruta de interrogantes acababa de empezar.

Apenas aterrizó en Venezuela, un batallón de funcionarios uniformados con trajes blancos de bioseguridad pidieron a los viajeros aglomerados que les entregasen el certificado de las PCR  realizadas antes del viaje. Por tener a mano el código biométrico de la desconocida CasaLab, a Martínez le dejaron pasar delante de la fila mientras que el resto de los compañeros de vuelo trataban de obtener a duras penas el QR con la señal de wifi del aeropuerto. Pero no, la suerte no estaba de su lado. Como tampoco de las decenas de pasajeros que se amotinaron aquel 3 de marzo en el aeropuerto de Maiquetía, negándose a pagar las nuevas pruebas en dólares.

 Funcionarios forrados de blanco le advirtieron a Martínez que tenía que pagar 60 dólares para entrar al país. “No tienes ningún papel de COVID porque ya nos lo diste. Debes hacerte una nueva PCR”. De nada sirvió mostrarle la copia digital que conservaba en su celular. Le exigieron además que los dólares tenían que ser en efectivo. Nada de transferencias, ni pago móvil ni tarjeta internacional. “Si no pagas cash, no entras”.  

 No le quedó más remedio que pagar el trámite con billetes verdes. Después de pasar por un pasillo con rociador desinfectante y restregarse gel alcoholado en las manos, se encontró con una decena de mujeres con guantes y mascarillas sentadas frente a mesitas cual laboratorio improvisado. Su sorpresa no pudo ser mayor cuando le hicieron el test: la enfermera sólo le introdujo el hisopo sanitario por uno de los orificios de la nariz. Le reclamó  con propiedad que el examen no era el correcto, estaba incompleto y que además tenía que explorar su garganta. La funcionaria extrañada, desconocía el procedimiento. Al exigir  los resultados, le informaron que debía esperar: se lo enviarán por correo. Trece días  después, seguía sin recibir el diagnóstico ni llamadas de monitoreo. Siente que el robo fue consumado.

Entretanto, nada le ha impedido hacer su vida normal en Caracas; no ha recibido ninguna prescripción de mantenerse en aislamiento por parte de alguna autoridad sanitaria. De haber sido un agente de contagio del COVID-19, habría puesto en riesgo a muchas personas con las que estuvo en contacto desde el día en que aterrizó en Venezuela.

Dos semanas después de comenzar sus operaciones, el caos sigue reinando. El embajador del Reino Unido en Venezuela, Duncan Hill, compartió su experiencia tras la llegada de su vuelo a Maiquetía. Hill contó en su cuenta de Twitter que si bien le entregaron el resultado rápidamente, le preocupó la poca distancia social que mantuvieron los pasajeros mientras esperaron por dos horas a que les hicieran la prueba. 

Los pasajeros deben pagar 60 dólares por la prueba de PCR antes de ingresar a Venezuela

Recién nacido enmantillado

El operativo de despistaje COVID-19 montado en el aeropuerto de Maiquetía que cobró $60 al pasajero Martínez* está a cargo del laboratorio clínico CasaLab 2020 C.A, el mismo que el primero de marzo fue anunciado por las aerolíneas comerciales Láser Airlines, Avior y Estelar como el único autorizado por  el Ejecutivo nacional para realizar las pruebas de PCR. La reacción en cadena de la polimerasa es el método de diagnóstico para confirmar la presencia del coronavirus que causa el COVID-19 en la sangre, recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

Un día después, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC), emitió un comunicado escueto en el que confirmó el cobro y la obligatoriedad del estudio clínico sin mencionar el laboratorio ni el monto a cancelar.

 

De primer momento, la curiosidad se centró en CasaLab 2020 C.A., nombre completamente desconocido para el gremio de bioanalistas. La poca información disponible sobre este laboratorio clínico obedece a una cuestión de tiempo: fue creado 21 días antes de entrar en funcionamiento. La empresa, autorizada por el Ministerio de Salud, fue inscrita en el Registro Mercantil de Caracas el 10 de febrero de 2021 y comenzó a prestar servicio el 3 de marzo. Es decir, sus accionistas culminaron los trámites de constitución y registro de la empresa en menos de un mes previo a su instalación en el aeropuerto de Maiquetía.

La apertura de CasaLab 2020 también sorprendió a todos en el aeropuerto de Maiquetía.  “Nadie sabe de dónde sacaron a esa gente. Supimos de laboratorios y clínicas de prestigio que propusieron operativos de pruebas PCR a la directiva del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Pero al final escogieron a la tal CasaLab que pareciera ser una empresa ya no de maletín sino de email”, comentó un empleado del AIM.  

En el expediente de la compañía, identificado con los números 221-89807, figuran como accionistas del laboratorio una bioanalista, un joven de nacionalidad venezolana con ascendencia china y un empleado del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (Sibci). La sociedad mercantil sentó sus bases con un capital de apenas Bs. 6.000.000; menos de tres dólares, calculados al tipo de cambio oficial que marca el Banco Central de Venezuela (BCV).  Su razón social no solo abarca actividades de laboratorio y análisis clínicos, sino también la exportación, importación, comercialización, distribución y manufactura de insumos médicos. 

En los pendones de la empresa, dispuestos en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, se lee que la sede principal se ubica en la conocida Torre de Seguros La Previsora, ubicada en Plaza Venezuela, en Caracas, pero en los documentos de creación de la empresa se indica que se encuentra, en cambio, en la oficina 2D del piso 2 de la Torre Atlantic de la urbanización El Rosal, en el municipio Chacao del estado Miranda. 

El personal de seguridad desconoce que en la edificación funcione un laboratorio clínico

El equipo reporteril se acercó a la Torre Atlantic y, en el lugar, el vigilante manifestó que en el piso 2 no había ningún laboratorio clínico. Una búsqueda en la web permite corroborar que en la oficina 2D opera una compañía de nombre JDA Asesores de Seguros, pero el integrante de seguridad también negó que allí funcione una corredora seguros. Con una llamada al número de JDA Asesores de Seguros, que pusieron en su página de Facebook, se supo que esta compañía aún operaba en El Rosal. Pero al consultar si el laboratorio clínico estaba en la oficina 2D, la persona que atendió trancó el teléfono. 

Fuentes consultadas en Maiquetía señalaron que en el terminal aéreo no se procesan las muestras de los pasajeros que llegan al país, sino que son trasladadas al laboratorio de La Previsora para su estudio y análisis. Por esa razón, aseguró una de las declarantes, el resultado de la prueba tarda en ser entregado. Indicó que se planteó entre las autoridades, que a los viajeros que digan no tener dinero para pagar la prueba, se les traslade al Hotel Sanitario La Guaira, ubicado en el sector La Llanada en Camurí Chico, donde pasarán 14 días aislados.

La información del nuevo laboratorio clínico en internet es escasa por no decir inexistente. Aunque el dominio casalab.com.ve fue registrado el 21 de febrero y editado siete días más tarde (es decir, un día antes de su anuncio oficial),  no cuenta con una página web activa que ofrezca más datos sobre sus servicios. Únicamente, tiene habilitado un site donde los viajeros inscriben sus datos para obtener el código QR o “pase de salud”, como se le denominó, para realizarse la prueba molecular. La cuenta en Twitter fue abierta en marzo y, hasta ahora, han ofrecido detalles sobre números telefónicos tanto de la sede de Maiquetía como de Caracas.

El dominio casalab.com.ve fue registrado el 21 de febrero de 2021 y editado el 28 de febrero, un día antes de su anuncio oficial

Se sabe, por la visita que hizo el equipo reporteril a las instalaciones del centro en La Previsora, que el laboratorio solo se encargaría de hacer pruebas PCR para la confirmación de COVID-19  y no practicaría otros exámenes médicos de rutina como perfil 20. “Si desea hacerse otro examen, cerca de aquí hay otro laboratorio. Aquí solo es PCR”, indicó el encargado de seguridad.

En redes sociales, los trabajadores, con trajes de seguridad, invitaron a los pasajeros a practicarse la PCR

Hay más elementos que despiertan dudas sobre el centro de bioanálisis. El RIF del laboratorio, por ejemplo, no está visible en los pendones del aeropuerto ni en los vinilos decorativos que forran las paredes de cristal de la sede principal en la Previsora. Tampoco se muestra en el logo, diseñado con una cadena de ADN, el nombre completo de la empresa con el que fue inscrita en el Registro Mercantil y, en cambio, solo se lee “Casalab”, que es igual al de otro laboratorio con más trayectoria.

“Los afiches que pusieron estaban recién impresos y ninguno tiene la información fiscal del RIF, como exige la ley. Aquí a los locales de comida de los concesionarios, les impiden quitar la bolsa negra del aviso si no tienen todo registrado, pero con ellos no ha sido así.

El mismo día que empezaban a trabajar —el 3 de marzo—, trajeron el equipo. No tienen ni recibos impresos. Todo es muy informal”, señaló una fuente de la Dirección de Comercialización del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía, con la condición de reservar su identidad por temor a represalias. 

La omisión del nombre completo del laboratorio generó confusión en las personas e incluso obligó a los dueños del Laboratorio Casalab, que también tiene otras dos compañías llamadas Inversiones Casalab y Comercializadora Casalab, a emitir un comunicado para participar a la ciudadanía que no realizan pruebas de PCR ni cuentan con sucursales autorizadas para practicar estos estudios. 

 

Lo ocurrido con la sorpresiva autorización de CasaLab 2020 C.A es una muestra más de la preocupación que embarga al gremio de bioanalistas del país desde hace dos meses. La directiva del Colegio de Bioanalistas del Distrito Capital solicitó el pasado 28 de enero, en un comunicado, al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, adscrito al Ministerio de Salud, manejar con transparencia las autorizaciones a instituciones públicas y privadas para el procesamiento y análisis de las pruebas moleculares y de detección rápida de antígeno. La petición pública del gremio obedece a la inexistencia de una resolución del Ministerio de Salud que establezca claramente los criterios para la comercialización, distribución y compras de pruebas diagnósticas para detectar el COVID-19. 

Desde que la epidemia de COVID-19 llegó a Venezuela, el gobierno de Maduro centralizó el procesamiento de pruebas moleculares únicamente en el instituto de higiene. Ante las críticas por la poca capacidad diagnóstica y, por consiguiente, el subregistro de casos sin confirmación de la enfermedad, el Ejecutivo permitió que seis laboratorios más procesarán muestras y, seguidamente, aprobó a clínicas y centros de bioanálisis privados para realizar los estudios con la obligación de que los resultados deben ser notificados al Ministerio de Salud. 

Las autoridades visitaron el laboratorio Casalab 2020 C.A. en el aeropuerto

El pasado mes de diciembre, el gobierno de Maduro implementó un servicio para la realización de pruebas de PCR para viajeros una vez que autorizara la reanudación de los vuelos a raíz de la flexibilización de la medida de confinamiento masivo. Los pasajeros debían hacerse   el estudio y pagarlo en la sede del Instituto Nacional de Higiene. El costo a cancelar estaba anclado al Petro y equivalía a más de 80 dólares. Luego de la autorización de CasaLab 2020 C.A. para garantizar el examen clínico, la casilla de verificación de pagos que tenía el organismo en su página web ya no aparece. 

 

Un laboratorio bajo el microscopio

A la improvisación que parece caracterizar a esta empresa se suma un elemento clave: lo disímil de sus accionistas. El grupo lo componen tres personas, dueñas del laboratorio a partes iguales. La primera es una bioanalista oriunda de Maracaibo. El segundo es un joven de ascendencia china sin ninguna relación evidente con el ramo de la salud. El tercero es un trabajador del canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV). 

Ernestina Esther Marulanda, venezolana de 48 años de edad, es la única de los tres accionistas cuya profesión tiene relación con la actividad económica de la empresa, ya que es bioanalista egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV). 

Ficha del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de Ernestina Marulanda

De acuerdo con su ficha del Seguro Social, Marulanda trabajó hasta marzo de 2019 en una empresa llamada Ingeservice 2020 C.A., dedicada a realizar instalaciones mecánicas y eléctricas, empleo que nada tiene que ver con su profesión. 

Las huellas digitales de Marulanda revelan que la bioanalista, quien se presenta como Tina en su perfil de Instagram, tiene conocimientos de estética. Su perfil de Facebook deja ver que la licenciada es oriunda de Maracaibo, aunque los registros del CNE revelan que está registrada para votar en el municipio Marcano del estado Nueva Esparta. 

 

Perfil de Instagram de Ernestina Esther Marulanda, accionista de CasaLab 2020 C.A.

Fuentes del gremio de bioanalistas de Vargas, Miranda y Distrito Capital, coinciden en que los especialistas en pruebas moleculares en el país son muy pocos y que justamente por eso se conocen entre sí. 

Algunos de sus colegas manifestaron que era extraño que Marulanda tuviera la responsabilidad de dirigir un laboratorio encargado de realizar pruebas tan delicadas, siendo que su carrera profesional ha girado en torno al tema cosmético, específicamente a la colocación de plasma rico en plaquetas. 

“Realmente, que su nombre se relacionara con esto de las pruebas PCR sorprendió a muchos. Tina tiene mucho tiempo dedicada al tema de la biología cosmética y tenía una clientela importante”, refiere una bioanalista que conoce a Marulanda desde que estudiaba en la UCV. La misma fuente dijo que la especialista maneja un bajo perfil desde hace unos cuatro años, cuando prácticamente desapareció de las redes sociales y su ejercicio profesional se hizo mucho más exclusivo.  

El segundo accionista de CasaLab 2020, Antonio Zou Wu, no tiene identidad digital pública. Con cédula de identidad venezolana, no cotiza en el seguro social ni está presente en redes sociales salvo en Twitter, cuya cuenta no actualiza desde 2013. Fue posible identificar que, junto con Vanessa Zou Wu, son dueños de una empresa llamada Corporación Andrómeda 88, C.A. con sede en las Residencias Acosta Ferro III, ubicada entre las esquinas de Pepe Alemán a Cochera del municipio Libertador, en Caracas según el Registro Nacional de Contratistas (RNC).  

Los vecinos de la populosa parroquia San Juan en el centro de Caracas aseguraron desconocer la existencia de alguna corporación dentro del edificio Acosta Ferro III recalcando su exclusivo “uso residencial”. También descartaron el funcionamiento de algún laboratorio de pruebas anti COVID-19 en alguno de sus apartamentos. Todos los consultados afirmaron esquivos que allí no vivía ni trabajaba Antonio Zou Wu  y que a Vanessa se le veía muy poco por el lugar, “sólo dos o tres veces por semana”. 

La sede de Corporación Andrómeda 88 está registrada en un edificio residencial en la parroquia San Juan en Caracas. Los vecinos desconocen el funcionamiento de esa empresa

Según el Registro Electoral, tanto Antonio como Vanessa Zou Wu votan en el Instituto Nacional de Nutrición, sector Quinta Crespo de Caracas, a pocas cuadras de la dirección de la supuesta sede de la Corporación Andrómeda 88 de la cual son propietarios en igual proporción accionaria. 

Corporación Andrómeda 88, C.A. fue registrada en 2015 para desempeñar a una variopinta cantidad de objetivos entre los que no figura la biomedicina. Clasificada como proveedora – distribuidora, está habilitada para contratar con el Estado venezolano. Según consta en su ficha del RNC, el objeto social de la empresa es la “compra, venta, importación y la explotación comercial en todo lo concerniente al área de equipos de construcción y ferretería, productos de limpieza, papelería”. También a la comercialización de  “productos y mobiliario de oficina, material médico y quirúrgico, y productos de computación”. 

 

Pero la lista de capacidades de la compañía no se queda allí. Haciendo honor al nombre de la diosa griega que “puede con todo”, también se dedica al diseño y confección de uniformes corporativos, deportivos y uniformes en general para personal de oficina y aseadores, uniformes para obreros y personal ejecutivo. Prendas de vestir para damas, caballeros y niños y accesorios tales como calzado, sombreros, gorras, cinturones y bisutería. 

La importación de material médico y quirúrgico es la única actividad comercial de dicha empresa que daría pie a la incorporación de Zou Wu entre los accionistas de CasaLab 2020 C.A. Se desconoce el nexo entre Zou Wu y Marulanda, más allá de figurar como accionistas del laboratorio. 

Vanessa Zou Wu, socia de Antonio Zou Wu, tampoco tiene aparente conexión con el ramo de la salud. La mujer de 34 años trabaja desde 2018 en la Comercializadora de Equipos Comerciales Comerquip 33, una empresa que ganó un contrato por 22.962,73 de euros para realizar una obras de suministro e instalación de un sistema de generación eléctrica en el Consulado General de España en Caracas. 

Además de visitar la supuesta sede de Corporación Andrómeda 88 en Caracas, se intentó contactar a los accionistas de esta empresa mediante el número telefónico que aparece en la planilla del RNC pero una grabadora de Cantv indicó que esa línea “no se encontraba asignada a ningún usuario”. Tampoco se obtuvo alguna respuesta vía correo electrónico. 

Ficha de Carlos Andrés Pérez Escalona en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales

Carlos Andrés Pérez Escalona, de 53 años de edad y residenciado en Caucagüita en el estado Miranda, es el tercer accionista de CasaLab 2020 C.A. Desde abril de 2018 es empleado de la televisora estatal Venezolana de Televisión. Se desconoce el cargo que desempeña Pérez Escalona en el canal y también la acreditación profesional que lo lleva a formar parte de la directiva de un laboratorio encargado de pruebas moleculares. 

El equipo reporteril envió una carta de solicitud de entrevista dirigida a la directora general del CasaLab 2020 C.A, Ernestina Marulanda, el 10 de marzo de 2021. La comunicación fue entregada en la sede principal del laboratorio, ubicada en la torre La Previsora. Pero, hasta la fecha, no ha sido respondida.

Personal del aeropuerto confirmó que desde el 3 de marzo CasaLab 2020 C.A ha continuado aplicando las pruebas COVID-19 a los vuelos comerciales que aterrizan en Maiquetía pese a los reclamos de los pasajeros. También ha seguido cobrando $60 en efectivo por cada PCR. 

Es posible hacer el cálculo de un monto aproximado de los dólares que obtendría este laboratorio con un solo vuelo. Por ejemplo, la ruta Estambul-Caracas de Turkish Airlines es realizada por un  Boeing 787-9 con capacidad de 290 puestos. Si se ocupa la mitad de las butacas, el laboratorio facturaría unos 8.700 dólares en pruebas COVID-19 por avión. También está el caso del Boeing 737-800 de Copa Airlines (ruta Panamá-Caracas): si se aplica la PCR a los 176 pasajeros que representan la capacidad total de la aeronave, el laboratorio recaudaría $10.560.

De acuerdo a expertos aeronáuticos consultados, en tiempos de pandemia Maiquetía estaría recibiendo entre 5.200  y 7.500 pasajeros cada semana. Si a un promedio de 6.350 viajeros se les cobra $60 por la obligatoria PCR, CasaLab 2020 podría facturar $381 mil dólares cada semana por aplicar la prueba COVID-19 en el principal aeropuerto del país. 

Ninguna autoridad parece dar explicación a lo que ha sido percibido como una arbitrariedad. La diligencia inesperada que deben cumplir obligatoriamente los pasajeros por razones sanitarias, con miras a mantener el control de coronavirus que mutó a otra variante que ahora circula en territorio nacional, ha propiciado más malestar que beneficios. “Uno lo que quiere es que le den una razón científica para mandar a hacer esa prueba”, cuestiona Leonardo, quien aterrizó en el país el 8 de marzo. “Si uno llega al país con una PCR realizada casi dos días antes ¿Por qué hacerte otra bajando del avión?”. 

Mariela, al igual que Leonardo, coincide en la inconformidad y en la idea de la improvisación que caracteriza el manejo de la pandemia por parte del gobierno. Tras 48 horas, ella aún no sabía el resultado de su prueba. No recibió mensajes, ni correo, ni en redes sociales consiguió pistas. Se siente estafada. “Lo menos que puedo pensar es que es un laboratorio pirata”, remarcó. 

*Nombre ficticio para proteger su identidad 

#NáufragosDeGüiria | ¿Sobrecarga, tráfico de migrantes, impunidad?: 3 meses de la tragedia migratoria más grave de América Latina en 2020
El naufragio de una embarcación venezolana, que dejó 34 muertos y siete desaparecidos, en las costas del estado Sucre, ocupa el primer lugar como la tragedia migratoria con más víctimas en América en 2020. Aunque las autoridades venezolanas despacharon el caso con el argumento de que fue ocasionado por “sobrecarga”, la alta comisionada de derechos Humanos de la ONU se refirió al hecho y dijo que los venezolanos vulnerables están expuestos a redes de tráfico y trata de migrantes. A tres meses del incidente, la Alianza Rebelde Investiga, ARI (Runrunes, TalCual y El Pitazo) analiza con expertos las características del peñero venezolano (un tipo de bote utilizado por pescadores) y la posibilidad de que el exceso de peso hubiera hecho zozobrar la lancha

ARI

La muerte de 34 personas y la desaparición de, al menos, siete más, ubica el llamado naufragio de Güiria -en las costas del oriente de Venezuela- como la tragedia migratoria con más víctimas ocurrida en América en 2020, según datos del proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Aunque el incidente parece ocultar delitos de tráfico y trata de migrantes, a tres meses del hecho no se conocen nuevos detalles de la investigación y no hay información sobre los posibles responsables.

Las 41 víctimas eran venezolanos que intentaban huir de la grave crisis humanitaria desde el estado Sucre hacia Trinidad y Tobago. Según la versión del Gobierno la embarcación tipo peñero, como se conoce en Venezuela a los pequeños botes usados por los pescadores, zozobró el 6 de diciembre de 2020, luego de salir de manera ilegal de las costas de Güiria. 

La principal causa del naufragio fue la sobrecarga de la embarcación tipo peñero de fibra de vidrio, que teniendo una capacidad para 8 personas y un peso máximo de 2 toneladas, trasladaba 41 personas y un peso aproximado de 4 toneladas”, decía la nota de prensa oficial difundida por la ministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez.

Sin embargo, han surgido una serie de dudas sobre el hecho de que una sola embarcación, en este caso identificada con el nombre de Mi Recuerdo, pudiera llevar a 41 pasajeros. Familiares de algunas víctimas han asegurado que los migrantes llegaron a las costas de Trinidad y Tobago en dos o tres embarcaciones, y fueron devueltos de forma arbitraria por las autoridades trinitenses en un solo bote. 

Algunos expertos consultados por el equipo de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) también expresaron su escepticismo acerca de que experimentados pescadores y capitanes, acostumbrados a recorrer ese ruta, arriesgaran a sus propios familiares sobrecargando las embarcaciones. 

Incluso el propio fiscal general Tarek Willians Saab declaró que se trató de “un hecho inédito en la historia de nuestro país. Se trata de un accidente ocurrido en una ruta que ha sido habitual entre el estado Sucre y la República de Trinidad y Tobago”.

Por otra parte, un capitán de veleros entrevistado para este trabajo (quien pidió no revelar su identidad por razones de seguridad) aseguró que el día 6 de diciembre, cuando supuestamente zozobró el peñero -según la versión oficial- no había novedades, ni alertas de navegación relacionadas con el clima, que hubieran podido ocasionar el naufragio. 

En su momento, Saab también informó sobre la responsabilidad del propietario de la embarcación Mi Recuerdo, Luis Martínez,  por presunto tráfico de personas y de algunos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), señalados por haber recibido dinero a cambio de permitir el zarpe ilegal de la embarcación.

El  jueves 11 de marzo, un día antes de que se cumplieran tres meses de la localización del primer cadáver del supuesto naufragio, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michell Bachelet, se refirió al caso de Güiria, durante la actualización oral de su informe sobre Venezuela.

“La muerte trágica de al menos 28 migrantes (cifra oficial del Ministerio Público, que finalmente ascendió a 34) en el mar Caribe, en diciembre de 2020 fue un recordatorio de las decisiones que algunos se ven forzados a tomar, así como su vulnerabilidad ante las redes tráfico y trata de migrantes”, dijo Bachelet, en clara alusión a Güiria, una de las siete tragedias de migrantes más graves sucedidas en el mundo en 2020. 

El peñero oriental

Pese a lo común que es ver peñeros en las costas venezolanas trasladando pasajeros y vacacionistas, esta emblemática embarcación no fue diseñada para el cabotaje sino para la pesca. “El peñero oriental no es un vehículo de recreación, ni siquiera de transporte  sino un vehículo de pesca. Esa es su función. Cuando uno ve en oriente este tipo de embarcaciones llevando a 20 o 30 personas a uno le da un poco de temor”, dijo de entrada Emilio Lovera, quien además de ser un reconocido humorista venezolano, es un apasionado por la construcción y uso del peñero oriental, tal como deja claro en el documental Érase una vez un barco.

“El peñero es una embarcación que está muy adaptada a nuestros mares. Son construidos con gran maestría por carpinteros de ribera en Río Caribe, estado Sucre. Es la embarcación más perfecta que conozco para esa navegación por su forma de cortar el agua, es impresionantemente eficiente”, explicó Lovera. 

Según información oficial los 34 cuerpos hallados entre el 12 y el 20 de diciembre en las costas de Güiria, corresponden a 41 pasajeros que viajaban en el peñero Mi Refugio. 

“Hay peñeros de cuatro metros y medio en adelante, pero su capacidad no guarda relación con el número de personas que lleven a bordo, sino con el tipo de oficio que van a desempeñar. Su función original es la de contener redes de pesca y eso es lo primero que piensa quien contrata los servicios de un carpintero de ribera para que le fabrique una embarcación antes de calcular su eslora (largo que va de proa a popa). Claro, hay gente que adapta su embarcación y le pone asientos, pero estas alteraciones no están supervisadas por ningún ingeniero naval, son adaptaciones hechas por los carpinteros o por el dueño que decide poner unas tablas atravesadas y ahí se sienta la gente”, explicó Lovera. 

Aunque es una realidad normalizada en las costas venezolanas, el uso del peñero oriental para el traslado de pasajeros y carga pesada, son dos elementos que ponen en riesgo la navegación segura y la vida de los tripulantes. 

Si al uso inadecuado de la embarcación y al transporte de carga excesiva, se le suma un mar adverso, los resultados pueden ser catastróficos. Lovera ha navegado en numerosas ocasiones ese estrecho de mar entre la Península de Paria y Trinidad y Tobago y conoce en detalle sus características. 

“Se trata de un mar muy extraño porque ahí confluyen tres fuerzas: el Atlántico, el Caribe y el delta del Orinoco. Ese paso es cíclico, no sabría cómo describir bien las olas pues son como una especie de pirámides que vienen de abajo, de hecho, el fenómeno está tan focalizado que si uso está en la costa norte de la Península, rumbo a Macuro, uno pudiera asomarse en el punta del peñero para ver cómo está el mar y devolverse si hay presencia de ese fenómeno. Hay que esperar a que se calme el mar para poder cruzar con tranquilidad”, relató Lovera. 

Hasta que una investigación confirme con exactitud las razones que llevaron a la embarcación Mi Refugio a zozobrar, sólo se puede especular. “Ese peñero habrá cruzado innumerables veces ese trayecto, pero quizás nunca con 30 o más personas arriba, esa para mí es la condición especial pues con la borda mucho más cerca del agua, y si se da el fenómeno del oleaje que describí, definitivamente el peñero pudo haberse “enterrado” debajo de una ola y, al llenarse el interior, todo el mundo fue al agua. Incluso con chalecos salvavidas había riesgo pues hay que pensar cuánto tiempo pasarían en el agua y cuáles eran las condiciones del mar”, explicó Lovera. 

#NáufragosDeGüiria | Testimonios sonoros de una tragedia
Lágrimas y gritos de desesperación se escuchan en el muelle por la pérdida de sus familiares en el Naufragio de Güiria. Así suena Güiria es un trabajo sonoro de Alianza Rebelde Investiga en homenaje a la comunidad doliente de estos náufragos

El 6 de diciembre del año 2020 al menos dos embarcaciones salieron de Güiria, estado Sucre, rumbo a Trinidad y Tobago, según la versión de pobladores de esa zona de Sucre. Seis días después, el 12 de diciembre, los cadáveres de migrantes de una de las dos lanchas regresaron a las costas de su tierra flotando.

Mi Recuerdo, la embarcación venezolana que se presume naufragó, cargaba 41 ocupantes, según la versión oficial. La ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez, aseguró que la lancha se hundió a 11 millas náuticas de Güiria. Primero aparecieron 19 cuerpos, aunque actualmente las autoridades admiten la recuperación de 34. Siete más permanecen desaparecidos.

Yesenia García, corresponsal de El Pitazo en Sucre, acudió al lugar de los hechos dos días después para cubrir este hecho considerado como la tragedia migratoria más grave en la historia de Venezuela.

“Lágrimas y gritos de desesperación por la pérdida de sus familiares” se mezclan con protestas de los pescadores para conseguir gasolina para las labores de búsqueda y la narración de la periodista.

Así suena Güiria es un trabajo sonoro de Alianza Rebelde Investiga (ARI) (Runrunes, Tal Cual y El Pitazo), en homenaje a la comunidad doliente de estos náufragos, que perdieron la vida en búsqueda de un destino con mejores condiciones de vida que las que podía ofrecer su país azotado por la emergencia humanitaria compleja.

“…Me quedan marcados los gritos de niños reconociendo cadáveres y la angustia de un pueblo que sigue saliendo en embarcaciones inseguras…”, relata García en el audio, que está disponible en las plataformas Tal Cual, Runrunes y El Pitazo.

#NáufragosDeGüiria | Trinidad y Venezuela comparten responsabilidades en caso de los 41 migrantes que salieron de Güiria
El Ministerio de Interior y Justicia venezolano, sin siquiera procurar una investigación independiente, desestimó las denuncias de los familiares de las víctimas que aseguraban que habían llegado a Trinidad y Tobago y fueron obligados a regresar en una sola embarcación
Trinidad y Tobago negó a las personas que llegaron a su territorio la oportunidad de explicar su caso, presentar su documentación de soporte y esperar una decisión de las comisiones de refugiados 

@GITIW y @ValeriaPedicini / Foto: César Toledo

 

 

El Estado venezolano y el trinitense comparten la responsabilidad de violaciones de derechos humanos en el caso de las víctimas que partieron de Güiria el pasado 6 de diciembre.

Venezuela incluso desestimó las denuncias de los familiares y parece dar por terminada cualquier investigación relacionada con el caso. El 25 de diciembre, la ministra de Relaciones Interiores, Carmen Meléndez, firmó un comunicado en el que aseguró que “el pasado 6 de diciembre se produjo un naufragio de la embarcación identificada como Mi  Recuerdo, aproximadamente a 11 millas náuticas del punto de zarpe… en la embarcación iba un grupo de personas que se dirigían a la República de Trinidad y Tobago a pasar las fiestas navideñas”. 

Aunque esta versión en este caso no ha sido confirmada, las autoridades de Trinidad y Tobago al parecer hicieron lo que ya han hecho antes: devolver de manera “caliente” a los migrantes venezolanos violando tratados internacionales.

Para Venezuela parece ser suficiente la versión trinitense. La Guardia Costera de ese país aseguró en un comunicado que sus funcionarios no interceptaron ninguna embarcación proveniente de Venezuela. Mientras que el primer ministro Keith Rowley tachó como “mentira” la versión de que los venezolanos fueron expulsados de territorio trinitense. 

Pero desde que se supo la noticia de la desaparición, los familiares de los migrantes aseguraron que las embarcaciones habrían alcanzado las costas trinitenses.  ¿La razón para creerlo? Los primeros cadáveres fueron hallados muy cerca del puerto de Güiria. “Que los primeros cuerpos fueran encontrados a solo 6 millas náuticas de la costa venezolana quiere decir que se estaban devolviendo”, dicen los familiares, convencidos de que sus parientes sí pisaron territorio insular. 

A pesar de las denuncias y las evidencias, se ha negado el derecho de saber efectivamente qué ocurrió con la embarcación o las embarcaciones. 

El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, incluso manifestó no saber qué pasó con la embarcación que naufragó y admitió no tener la capacidad para controlar zarpes ilegales. Por su parte, la Fiscalía venezolana, a través de su vocero, Tarek William Saab, declaró que investigaría lo ocurrido bajo la presunción del delito de trata de personas y casi de inmediato fueron detenidos Luis Ramón López y Luis Martínez, este último conocido como “Che María”. Sin embargo ambos ya se encuentran en sus casas. Adicionalmente, según denuncias de los habitantes de Güiria, los siete militares detenidos por extorsionar a Luis Martínez están libres y sólo fueron cambiados de zona.

La primera responsabilidad es de Venezuela

 

Imágenes de migrantes alcanzando de manera precaria las costas de otro país se generan todos los días: llegan a las islas Canarias, a las costas de Italia, a las del Reino Unido y llegan a los Estados Unidos cruzando el Río Grande. Lo que no se ve es que alguno de esos países obligue a devolverse por sus propios medios a los migrantes, y que el país de origen de estas personas no provea medios de transporte seguros para su devolución, arriesgándolos a asumir una travesía mortal. 

Casos de naufragios, desapariciones y denuncias de trata de personas se han documentado entre Venezuela y Trinidad y Tobago al menos desde 2017. Nada más en 2019 fueron reportadas como desaparecidas tres embarcaciones entre ambas naciones.  

“El naufragio del sábado 12 no es el único. Ha habido antes varios que conocemos mediáticamente, y otros que probablemente ni nos enteramos, responde a patrones más amplios de desplazamiento forzado de venezolanos”, explica Betilde Muñoz, directora del departamento de inclusión social de la Organización de Estados Americanos (OEA), experta en temas de migración y desplazamiento forzado. 

Para Erika Guevara-Rosas, de Amnistía Internacional, en el caso de Venezuela se trata “de personas que no solo escapan del hambre y del desabasto de medicinas y alimentos en esta crisis humanitaria compleja, sino que también escapan muchas veces de la persecución individualizada dada las políticas de represión violenta que han sido muy bien documentadas que ocurren en Venezuela”. Es por ello que se hace imprescindible que los gobiernos respeten el principio de no expulsión forzada y proteger a personas que como estas, escapan de sus países por persecución o masivas violaciones de derechos humanos. 

El caso es que los venezolanos, sin importar los riesgos, siguen huyendo. Solo en noviembre de 2020, las autoridades de Trinidad y Tobago deportaron a más de 200 venezolanos, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Según el más reciente informe, en uno de los casos se informó que un grupo de 29 personas, incluidos 16 niños, fueron escoltados fuera de las aguas trinitenses, aunque algunos regresaron a la isla después.

Hasta el 30 de noviembre, Acnur registró 20.143 refugiados en Trinidad y Tobago, lo que representa 200 menos que en el mes de octubre. De ese total, el 85,8% son venezolanos. 

No pueden ser devueltos

 

La Convención de 1951 genera obligaciones en los países que reciben refugiados; una de ellas, es no devolverlos al país del que salen. “Hay una obligación de darle el derecho a pedir ese reconocimiento y de no devolverlo cuando está procesando ese reconocimiento. Así sea que esté retrasado el proceso judicial para definir si se le otorga o no el estado de refugiado, no los puede devolver”, señaló Muñoz.  

La politóloga manifiesta que los estados deben darle oportunidad a las personas que llegan a su territorio de explicar su caso, presentar su documentación de soporte y esperar una decisión de las comisiones de refugiados en cada país. “Esa persona tiene el derecho a que no la devuelvan hasta que no se concluya el proceso. Lo que deben respetar con la Convención del 51 de los refugiados es el derecho de los venezolanos a solicitar asilo y el derecho a la no devolución. Ese es el principal tratado y las dos cosas claves que tienen que ser centrales en la respuesta de Trinidad y Tobago ante la llegada de venezolanos”.  

Riesgo evidente

 

La internacionalista experta en derechos humanos y relaciones multilaterales, María Alejandra Aristeguieta, explicó que de acuerdo con el principio de no devolución, si los migrantes corren peligro en su país no pueden ser devueltos. Si el país receptor argumenta que no tiene los recursos para atender a los migrantes, hay al menos dos vías para actuar.  

“Las autoridades de Trinidad y Tobago tenían dos opciones: la primera, hablar con el consulado venezolano y que ellos se encargaran de buscar a los migrantes y de repatriarlos de manera segura. La segunda es hablar con una tercera nación y alegar que ellos no tienen la capacidad para atenderlos y, si se llega a un acuerdo, trasladarlos hasta el nuevo destino”, explicó Aristeguieta. 

 ¿Por qué las autoridades consulares de Venezuela no se encargaron de repatriar a los migrantes? “La comunicación entre Trinidad y Tobago y el consulado venezolano es fluida, esa información la tengo confirmada directamente de las oficinas de Naciones Unidas. Una hipótesis es que los quieren usar de ejemplo porque el nivel de crueldad de esta gente está tatuado en su ADN. Quieren hacer de esta tragedia un caso ejemplarizante”, argumentó la internacionalista.  

“La violación de los derechos humanos de esos migrantes fue de común acuerdo porque alternativas hay para resolver ese tema de otro modo, que no las quieran explorar o no las quiera llevar a cabo es clarísimo. No es que no tengan mecanismos en sus manos: Trinidad y Tobago podría estar hablando con Acnur y otras agencias para la atención de esos migrantes, o podría estar tomando alguna medida para repatriarlos responsablemente”, dijo Aristeguieta. 

¿Por qué no asumen la segunda opción y buscan un tercer país que los reciba? “Probablemente porque no se quieren convertir en un destino de tránsito”, argumentó la internacionalista.  

Venezuela y Trinidad y Tobago han mantenido una estrecha relación en las dos décadas de chavismo. Lo que inició por interés comerciales no solo se quedó ahí: desde el gobierno trinitense se han rechazado los intentos de intervención militar de Estados Unidos a Venezuela. 

Se ha hablado de “lazos de hermandad”, de cooperación y de desarrollo para beneficio común de ambas naciones. Se han firmado acuerdos de cooperación energética. 

Hace apenas tres meses, a mediados de agosto de 2020, Nicolás Maduro se reunía con el primer ministro trinitense Keith Rowley para mantener la coordinación entre ambos gobiernos “al más alto nivel” y “profundizar la histórica relación bilateral y a fortalecer los mecanismos de integración de América Latina y el Caribe”.

Autoridades de Venezuela y Trinidad y Tobago se reúnen con frecuencia, tienen buena relación, firman acuerdos. Existen elementos para pensar que entre ambos gobiernos hay comunicación.  ¿Por qué no un acuerdo para la repatriación segura y digna de venezolanos? 

Trinidad y Tobago podría conversar con Venezuela para hacerlo. “Si es un grupo de migrantes irregulares a ser retornados, tendrían que coordinar los países. Si es asilo, ninguna coordinación. El Estado que recibe debe proteger a quien solicita asilo de su país de origen”, explica Betilde Muñóz. 

Para el Comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para los migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, Trinidad y Tobago está actuando al margen de al menos dos compromisos internacionales: la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra del Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967. “En ambas, los estados suscriben que tienen el compromiso de proteger a una población en condición de vulnerabilidad, de ir a otra nación y ahí obtener la protección y el refugio. Y en esas dos convenciones actúa también el principio de no devolución”. 

Convención que Trinidad y Tobago firmó y ratificó, pero no cumple al regresar a los venezolanos “en caliente”, como se ha documentado en algunas ocasiones, sin tener en cuenta sus derechos a la movilización. “Los venezolanos corren mucho peligro por la forma cómo los están deportando. Sin salvavidas, y en este momento que estamos con COVID-19 tampoco con mascarillas; en embarcaciones pequeñas de madera donde van con exceso de capacidad, con limitación de combustible en una zona donde son recurrentes las condiciones climatológicas adversas y fuertes precipitaciones. Obviamente la vida de estas personas está en riesgo”, aseguró Smolansky. 

Necesitados de protección

 

Para la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, lo ocurrido con el naufragio de Güiria “nuevamente es una muestra de la falta de protección que se les está dando a estas personas [venezolanos] que terminan en una situación de altísimo riesgo, sujetas  muchas veces a redes de trata y grupos de crímenes organizados, precisamente por la falta de protección y porque se ha criminalizado la entrada irregular de personas venezolanas necesitadas de protección internacional”. 

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se refirió al caso y dijo: “Pedimos a los gobiernos que detengan las devoluciones en el mar en violación del principio de no devolución y la prohibición de las expulsiones colectivas y suspendan todos los retornos forzosos en medio de la pandemia de COVID-19 para salvaguardar la salud de los migrantes y las comunidades. Alentamos a los gobiernos a que, en cambio, proporcionen vías seguras y legales para que los migrantes regularicen su estatus y eviten el riesgo de deportación”.  

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) exhortó en 2018 a los países de la región a garantizar que los venezolanos tuvieran acceso a los territorios y a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado. “Si bien no todos los venezolanos son refugiados, cada vez resulta más claro que un número significativo necesita protección internacional (…). En vista de la situación en Venezuela, es crucial que las personas no sean deportadas o forzadas a retornar”.  

La experta en relaciones multilaterales explicó que la capacidad de instrumentación y exigibilidad de cumplimiento por parte de los Estados a los acuerdos de protección a los migrantes, es bastante laxa porque no hay una herramienta que los obligue. “Si hay un tratado internacional bilateral y una de las dos partes incumple, la otra parte puede recurrir; pero en el caso del derecho internacional humanitario son medidas de exhortación, no hay capacidad para obligar al Estado miembro a cumplir con lo que él mismo firmó y ratificó”.

Aristeguieta, quien se desempeñó como embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó ante Suiza, argumentó que los países democráticos se cuidan mucho de cumplir con los tratados y acuerdos en materia de derechos humanos porque tienen una sociedad civil y una institucionalidad muy sólida, temen a la opinión pública y todo eso sirve de mecanismo de presión y balance. “En el tercer mundo eso no es así, todo es más laxo porque la institucionalidad es muy débil. Ese es el contexto real en el que vivimos y sobre esa realidad hay que trabajar”.  

Un ejemplo de cómo en democracias más sólidas hay más vigilancia y control en el trato hacia los migrantes irregulares, es Italia. En agosto de 2019, el ex ministro de Interior Matteo Salvini impidió que la embarcación “Open Arms” con 116 migrantes a bordo, atracara en isla italiana de Lampedusa. Los migrantes pasaron 10 días en el mar mientras sus condiciones de salud se deterioraban. Salvini argumentó en su momento que aplicaba una política de “puertos cerrados” para negar el acceso de los migrantes. En enero de 2021, el ex ministro y líder del partido italiano de extrema derecha La Liga, enfrenta un juicio por secuestro y abuso de poder

 

¿Nueva categoría para venezolanos? 

 

Aristeguieta explicó que si bien no hay obligación para ningún país de calificar de refugiados a los migrantes que lleguen a sus tierras, sí hay un conjunto básico de acciones que esa nación está obligada a seguir. 

 “No tenemos cómo reclamarle que no los trate como refugiados, pero sí tenemos derecho a exigirles que cumplan con el principio básico de no devolución, con el debido proceso tanto jurídico como administrativo para la evaluación de cada caso de manera individual; y con la tramitación de la devolución de esas personas a su país de origen de manera segura”, dijo Aristeguieta.  

Cuando se habla de venezolanos que han dejado la nación, se utilizan los conceptos de migrantes y refugiados. Los primeros lo hacen de forma voluntaria, por razones laborales o reunificación familiares. El derecho a migrar está reflejado en la Convención Internacional de la Organización de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990, que toca todas las dimensiones de protección a migrantes. 

Por otra parte, la Convención de Ginebra del Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967 definen qué es un refugiado, sus derechos fundamentales a ser protegidos y la determinación que no deben ser devueltos al país donde temen ser perseguidos.  

En el caso de Latinoamérica, se firmó una declaración que expande la definición de refugiados para incluir personas que sufren y huyen de la violencia, que escapan porque el orden público de su país es inestable o porque existen violaciones de derechos humanos, aunque no los reciban directamente. Eso es lo que ha utilizado México y Brasil para darles la condición de refugiados a miles de venezolanos. Así lo explicó Betilde Muñoz, directora del departamento de inclusión social de la Organización de Estados Americanos (OEA), experta en temas de migración y desplazamiento forzado.  

Pero la situación de los venezolanos es difícil de definir. “Lo que está ocurriendo en la mayoría de los países de la región, sobre todo donde hay más venezolanos, no necesariamente están usando esa definición de Cartagena para reconocer a los venezolanos, pero tampoco caen entre los migrantes voluntarios. Tenemos una gran cantidad, millones de venezolanos diría yo, que no son reconocidos en ninguna de las dos categorías en este momento y eso está generando una necesidad de protección”, afirma. 

Aunque se hable de migración forzada, ese concepto no está en ningún marco jurídico internacional, lo que no genera obligaciones a los Estados que reciben a venezolanos cuyo desplazamiento es forzado. “Hay que seguir empujando la conversación para que se haga el reconocimiento de refugiados según la Convención de Cartagena, pero también está la conversación de si el fenómeno venezolano nos va a obligar a pensar en nuevas categorías de protección internacional”, alega Muñoz. 

Sin tenerlos en cuenta

 

Pero sin importar el estatus migratorio, todos los países que reciben migrantes, refugiados o no, tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas. “Los Estados están obligados a darles protección. La protección pasa por darles su documentación, por reconocer sus derechos, por regularizarlos”, plantea Smolansky, lo que facilitaría a los venezolanos acceder a la salud, educación e insertarse a los mercados laborales en Trinidad y Tobago.  

Pero Trinidad y Tobago no ha dado esa oportunidad. Smolansky aseguró que en el registro que hiciera el gobierno trinitense en 2019, se identificaron 16 mil venezolanos. “Pero realmente en Trinidad y Tobago lo que manejamos es que hay aproximadamente 40 mil migrantes y refugiados venezolanos. Si un registro duró solo dos semanas, no da tiempo para que la gente haya podido obtener su documentación en tan solo 15 días o no se enteraron. Y en año y medio ha sido mucha la gente que ha llegado a Trinidad y Tobago y no les han dado oportunidad de registrarse”.  

¿Por qué Trinidad y Tobago no les da el reconocimiento de refugiado a los venezolanos? Aunque Beatriz Muñoz no tiene una respuesta certera, atribuye la razón a una complejidad de factores.  

Para ella, que hace apenas un año Trinidad y Tobago tenga una oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en la isla, da a entender cómo ven el tema de los refugiados. “Para ellos no existía una agenda de protección de refugiados, aunque han ratificado la convención. No ha sido parte de su dinámica porque no han recibido históricamente refugiados, quizá eso no es parte de la conversación con la ciudadanía o los políticos”. 

Sin importar la cantidad de venezolanos llegando a su territorio ni las condiciones en las que lo hacen ni de qué huyen, el gobierno de Trinidad y Tobago mantiene su posición de rechazar cualquier ingreso ilegal: la única forma de entrar a la isla es por una solicitud de visa. 

“En el país hay cerca de 16.000 venezolanos registrados y protegidos y no recibimos ayuda de ninguna agencia para cuidar de estos inmigrantes, muchos de los cuales son recién llegados que ingresaron a nuestro país ilegalmente. El año pasado, por empatía, los registramos a todos y les permitimos vivir honestamente dentro de nuestras fronteras”, dijo el primer ministro.

La ley migratoria de Trinidad y Tobago pone en manifiesto su actitud con la llegada de migrantes, algunos artículos que pueden ser considerados discriminatorios y que se prestan para interpretaciones según el ojo con el que se mire. Prohíben la entrada a personas con enfermedades o “físicamente defectuosos”; a personas que se puedan convertir en una carga económica para el Estado; a personas que no puedan costearse su permanencia en la isla; a “idiotas, imbéciles, débiles mentales, personas que sufren demencia o psicópatas”; ni se le permite la entrada o permanencia a cualquier “persona indeseada”.

Sin importar esto, cuando un Estado firma y ratifica un tratado internacional, como lo es la Convención de 1951, tiene como obligación reacomodar y alinear sus marcos legislativos a los estándares de la convención internacional. “Puede ser que haya una discrepancia entre lo que dice el tratado de refugiados y lo que dice la ley de Trinidad y Tobago. Pero la obligación es que progresivamente se hagan los ajustes legislativos para que conversen lo que tiene la ley y lo que tiene el tratado internacional”, aseguró la funcionaria de la OEA. 

¿Qué dice Trinidad y Tobago?

 

Amnistía Internacional, el Centro Caribeño de Derechos Humanos y más de otras 20 organizaciones han escrito dos cartas abiertas al primer ministro Keith Rowley, pidiendo que su gobierno reconozca la gravedad de las violaciones de derechos humanos de las que huye la población venezolana. 

Hasta la fecha, las misivas no han sido contestadas. 

Para Erika Guevara-Rosas, el gobierno de Trinidad y Tobago está anteponiendo intereses políticos en menoscabo de los derechos humanos de las personas necesitadas de protección internacional. 

Para el abogado David Smolansky, tiene que haber un giro de 180 grados por parte del gobierno de Trinidad y Tobago en el reconocimiento de los venezolanos, además de aprender de otros países vecinos como Colombia o Brasil en los que se mantiene una política de fronteras abiertas, donde no piden visa para entrar y donde se les da el estatus de refugiado.  

“Si se les trata diferente y se les brindara apoyo y oportunidades, más bien pudiese verse beneficiada esa isla en cuanto a su economía. El destierro representa muchas oportunidades para países de América Latina y el Caribe de recibir una población que quiere trabajar, que quiere emprender, que quiere estudiar y todo aportar a la economía. Trinidad y Tobago le está dando una patada a eso, está privilegiando su relación política con Maduro”, dijo Smalasky. 

Estos son los rostros de los náufragos de Güiria
El 6 de enero se cumplió un mes de la desaparición de una, dos, o quizás tres embarcaciones que partieron ilegalmente de las costas del estado Sucre, al oriente de Venezuela, con más de 40 personas. Tenían como destino Trinidad y Tobago, pero pasó algo, aún confuso, que convirtió este viaje en la más grave tragedia migratoria de 2020 en América Latina: 34 cadáveres han sido recuperados, mientras que otras 7 personas continúan desaparecidas. Las autoridades venezolanas han asegurado que se trató de un naufragio. La Alianza Rebelde Investiga recopiló, fotos, nombres y otros detalles de identidad de 35 víctimas. Además de datos sobre otros 5 desaparecidos

 

Alianza Rebelde Investiga 

 

El supuesto naufragio de una embarcación venezolana con 41 ocupantes, según informó el Ministerio de Relaciones Interiores de Venezuela, es la tragedia migratoria más grave ocurrida en este país suramericano. Se trata de personas que intentaban huir de la emergencia humanitaria compleja, para refugiarse en Trinidad y Tobago. Lo que ocurrió en alta mar o en las costas de la isla caribeña aún se desconoce. Hasta finales de diciembre habían sido localizados 34 cadáveres en las costas de Güiria, en el estado Sucre, mientras que otras siete personas continúan desaparecidas.

Entre las víctimas hay nueve niños y una mujer embarazada. Varios de los ocupantes viajaban con sus familias o con sus parejas. Algunos de los fallecidos eran familia del propietario de la embarcación Mi Recuerdo, Luis Martínez, conocido como “Che María”, que supuestamente zarpó de una playa del municipio Valdez con las 41 personas. Hasta el momento se desconoce que haya sobrevivientes.

La Alianza Rebelde Investiga recopiló las fotos de 35 víctimas y logró obtener datos de identidad de 40 de las personas que murieron o están desaparecidas.

#NáufragosDeGüiria | Enviar provisiones desde Trinidad y Tobago a Venezuela ya no es rentable
Irse a Trinidad y Tobago y enviar remesas y paquetes para ayudar a la manutención de sus familias en Venezuela ya no es rentable para los inmigrantes venezolanos
Desde 2019 entre las aguas de Sucre y Trinidad y Tobago se reportan 60 personas desaparecidas en dos naufragios de las embarcaciones Jhonailys José y Ana María

Sentada en el sofá de su casa en Güiria, vestida con ropa negra y con las fotos de sus nietos en las manos, María Guerra, toma aire y hace una pausa en su llanto: “Mi hijo está destrozado y solo en Trinidad. Lamentablemente perdió a su esposa y sus dos hijos en este naufragio del 6 de diciembre. Cada quince días les enviaba 50 dólares, pero aquí, en Venezuela, eso se vuelve nada. Por eso pensó que era mejor llevárselos para allá”.

Los dos nietos y la nuera de María Guerra -quien pidió cambiar su nombre por temor a represalias- están entre las 34 víctimas del supuesto naufragio de la embarcación Mi Recuerdo, que según versiones oficiales zozobró en las costas del estado Sucre, al oriente de Venezuela, con 41 ocupantes. Otras siete personas aún permanecen desaparecidas.

Hace dos años el hijo de Guerra emigró a Trinidad y Tobago, dejó en Güiria a su esposa y a sus dos hijos. La vida como pescador no le daba el dinero suficiente para mantener a una familia de cuatro personas en Venezuela. A pesar de la distancia nunca abandonó a su familia, enviaba remesas de dinero y alimentos con periodicidad. Pero últimamente su aporte se iba haciendo insuficiente. 

Esta es otra de las razones que ha impulsado a los habitantes de Güiria a seguir huyendo hacia Trinidad y Tobago de forma clandestina. A la situación de hambre e hiperinflación que se vive en tierra firme se ha sumado la imposibilidad de enviar provisiones desde el territorio insular caribeño para ayudar a la subsistencia de los venezolanos que siguen en el país. 

Irse a Trinidad y Tobago y enviar remesas y paquetes para ayudar a la manutención de sus familias en Venezuela ya no es rentable para los inmigrantes venezolanos. Las personas que se han establecido en la isla caribeña ya no pueden ayudar a sus parientes debido al elevado costo de las encomiendas y a las restricciones que coloca el gobierno insular.

Las empresas de encomiendas “cobran hasta 15 dólares trinitenses (2,5 dólares estadounidenses en promedio) por cada kilo que pesa un paquete de alimentos enviado a Venezuela”, explica Guerra. Además, las autoridades trinitenses colocan muchas restricciones a los migrantes.

Los familiares de algunas víctimas del naufragio en Güiria detallan que no sólo el costo de las encomiendas y la hiperinflación en Venezuela incide para que los güireños que están en Trinidad y Tobago trabajando manden a buscar a sus familias, y las embarquen en un viaje que les puede costar la vida.

“Las autoridades de Trinidad se pusieron estrictas con los migrantes y los que no tienen sus papeles en regla viven perseguidos para ser deportados. Por eso mucha gente que está allá prefiere no venir a buscar a su familia y optan por esperarlos allá”,  narró un pescador, quien vio partir hace nueve meses a sus hijos de forma ilegal a la isla.

Desde 2019 entre las aguas de Sucre y Trinidad y Tobago se reportan 60 personas desaparecidas en dos naufragios de las embarcaciones Jhonailys José y Ana María. La mayoría de los ocupantes de estos botes aún permanecen desaparecidos, a diferencia del supuesto naufragio de Mi Recuerdo, del que han sido encontrados 34 cadáveres.

Los familiares de las víctimas del naufragio del 6 de diciembre, aseguran que sus parientes se iban del país buscando mejoras económicas porque están pasando hambre en la zona pesquera ubicada en el estado Sucre. 

*Con información de Yesenia García.

Tras ser imputados, detenidos por caso de #NáufragosdeGüiria regresaron a sus casas
La presión de los habitantes del pueblo hizo que los dos detenidos fueran regresados a sus casas, en paralelo las protestas en Güiria se mantenían
Hasta el 24 de diciembre de 2020 se habían reportado 34 víctimas mortales y siete desaparecidos

En sus casas y protegidos por sus familiares y vecinos se encuentran los dos hombres detenidos por el naufragio de una embarcación en Güiria, en el estado Sucre. Desde el viernes 18 de diciembre fueron trasladados a sus viviendas, según la Alianza Rebelde Investiga (ARI).

Tanto Luis Ramón López, de 60 años de edad, como Luis Martínez, conocido como “Che María”, de 54 años, fueron devueltos a sus casas después de que la Fiscalía 3º de Güiria y la Fiscalía Nacional 66º les imputaran los delitos de trata de personas y de asociación para delinquir.

López es el dueño de la Finca El Rincón cercana al muelle desde donde presuntamente zarpan de forma ilegal embarcaciones hacia Trinidad y Tobago, mientras que Martínez es el propietario de la embarcación “Mi Recuerdo”, que es una de las involucradas en el supuesto naufragio ocurrido el entre el 6 y el 12 de diciembre.

La presión de los habitantes del pueblo hizo que los dos detenidos fueran regresados a sus casas, en paralelo las protestas en Güiria se mantenían.

Mientras esto ocurría en tierra firme, el mar seguía arrastrando cadáveres. Hasta el 24 de diciembre se habían reportado 34 víctimas mortales y siete desaparecidos. El naufragio aún no tiene explicación para los habitantes que se han mantenido en las calles de la capital del municipio Valdez con pitos, cacerolas y consignas pidiendo justicia. Entre la multitud se encuentra una de las hijas del dueño de la finca, Rosi López.

 “¿Qué culpa tenemos nosotros de que la gente rompa el alambre para meterse por el terreno de nuestra finca para cortar camino y llegar a la playa? Nosotros no somos dueños de la playa”,  precisa López.

Explica que su padre estuvo hospitalizado el 18 de diciembre cuando lo liberaron con la medida de casa por cárcel y orden de presentación cada 45 días. “Mi papá sufre de la tensión y es diabético”.

Al lado de la mujer está su mamá, Segunda Rondón Martínez, quien es la esposa de López. Aclara que son dueños de la propiedad desde hace 60 años. Son una familia de comerciantes dedicados a trasladar encomiendas en botes de fibras desde Güiria hacia Trinidad y Tobago, y viceversa.

Los familiares de Luis Martínez, mejor conocido como “Che María”, se mantenían en su casa repleta de personas porque 11 de sus familiares, entre ellos dos de sus hijos, iban en la embarcación.

En total, Martínez, perdió a dos hijos, un nieto, dos sobrinos, una nuera, tres primos y a dos hijos de crianza. Martínez dijo a ARI que no podía dar declaraciones, pero sugirió conversar con su esposa. Pero el llanto no la dejó hablar, no pudo articular palabras.

Una de las hijas de “Che María”, Maryuris Martínez, tiene nueve años radicada en Trinidad y Tobago. En un contacto teléfonico manifestó que su padre no es delincuente y que se dedica a la pesca. Sostiene que sus hermanos y familiares iban a la isla a trabajar porque en Venezuela la vida es cara y el sueldo mínimo no alcanza para mantener a una familia completa

“Mi papá no es culpable de nada. Allí también iba su familia. Esa embarcación si llegó a Trinidad y los devolvieron”, precisa.

Habitantes de Güiria también denunciaron que los siete militares detenidos por extorsionar a Luis Martínez están libres y sólo fueron cambiados de zona.

Los pobladores han mantenido sus protestas para exigir respuestas oficiales sobre lo que pasó con sus familiares, que salieron del país para buscar mejores condiciones económicas en Trinidad el pasado domingo 6 de diciembre.

*Con información de Yesenia García.