Concursos de belleza, agencias de marketing y visitas en cárceles han sido las formas más comunes de captación de niñas y mujeres venezolanas explotadas sexualmente en las redes criminales de esta mega banda, que se ha expandido por Latinoamérica. Esta segunda entrega del especial El Tren de Aragua detrás de la explotación sexual de migrantes en Latinoamérica, una investigación realizada en el alianza por ARI y El Espectador de Colombia, describe los métodos de captación y las historias de algunas adolescentes víctimas de la organización criminal
Venezuela es considerada el paraíso de los certámenes de belleza: tiene siete Miss Universo, seis Miss Mundo y otra docena de reinas más en diversas competencias internacionales. En bromas se decía que el segundo “producto” de exportación del país, después del petróleo, eran las mujeres bellas. Hoy, la figura de los concursos es utilizada para captar a cientos de mujeres y niñas venezolanas, que son trasladadas como “mercancía” a lo largo de América Latina por redes de trata. El Tren de Aragua lidera esta estructura de explotación sexual que sale de Venezuela y en su recorrido hace parada en al menos diez estados del país.
“Entre los eventos que promociona la banda criminal (el Tren de Aragua) en Güiria están los certámenes de belleza. En estos concursos las chicas que ganan los tres primeros lugares reciben premios como celulares, dinero y otras cosas. Así empieza el proceso de captación para la trata. Luego las invitan a fiestas que incluso hacen en la cárcel de Tocorón (ubicada en el centro de Venezuela, en donde sigue preso Héctor Rusthenford Guerrero, o Niño Guerrero, al mando del accionar del Tren de Aragua)”, relató Magaly*, una activista que brinda apoyo a las sobrevivientes de trata, y pidió no revelar su identidad por temor a represalias.
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Güiria es la capital en el municipio Valdez, ubicada en el estado Sucre, al oriente de Venezuela. Tenía una importante actividad pesquera y fue muy próspera hasta principios de 2000. Cuenta con una ubicación estratégica que facilita el transporte de todo tipo de mercancía por vía marítima hacia el Caribe, Europa y África.
Entre 2017 y 2018, mientras muchos de sus habitantes huían de la crisis que vive Venezuela en precarias embarcaciones pesqueras con destino a Trinidad y Tobago, unos nuevos conquistadores comenzaron a llegar a Güiria y se establecieron en los pueblos cercanos. Eran miembros del Tren de Aragua. “Lo sé porque venían de la cárcel de Tocorón. Los reconoces por la vestimenta que usan, cómo hablan y por las armas que algunos portan como fusiles. Además, todos en el pueblo saben que uno de los pranes (jefes del crimen presos) es de aquí, de Güiria”, explicó Juan Carlos*, un comerciante que conoce cómo opera el negocio de la trata en esa localidad, y que —como todos en el pueblo— sabe que Carlos López, o “Pilo”, uno de sus paisanos, es también uno de los jefes criminales en el Centro Penitenciario de Aragua.
Desde 2017, Güiria, en el oriente de Venezuela, se fue quedando sin gente. Los habitantes de la pequeña ciudad huían a Trinidad y Tobago, mientras el Tren de Aragua instalaba allí sus operaciones delictivas. / Ronna Rísquez
Rápidamente, el Tren tomó el control de toda la actividad delictiva en la pequeña ciudad y sus alrededores. Esto incluyó la trata de mujeres para la explotación sexual, una de las más de 20 economías ilícitas en las que ha incursionado el grupo criminal, desde su nacimiento en 2014. “A las chicas las manipulan, las enamoran y las prostituyen. Las captan con los concursos de belleza. Aquí hay certámenes de belleza todos los meses”, aseguró Juan Carlos.
La relación de los pranes con el delito de trata de mujeres comenzó a finales de la primera década de 2000, cuando las autoridades permitieron la pernocta de familiares y parejas de los privados de libertad en las prisiones. La permanencia de estas visitantes se extendía por semanas y meses, y en esos grupos también comenzaron a ingresar mujeres prostituidas.
Tocorón se convirtió en un destino atractivo para la prostitución: había fiesta, seguridad y dinero. Pero no todas llegaban a la prisión por sus propios medios y no todas eran mayores de edad. “Hay personas en los barrios y en los pueblos que trabajan para el Tren y se encargaban de captar a las adolescentes. También se han establecido puntos en algunas de las plazas de Maracay donde llegan vehículos que las recogen y las llevan a Tocorón”, explicó un funcionario que presta servicio a los cuerpos de seguridad del Estado.
La exportación de este delito a través de los vagones del Tren de Aragua comenzó entre 2017 y 2018. Estos fueron los peores años de la emergencia humanitaria de Venezuela, cuando millones de personas comenzaron a huir del país. Una funcionaria de la policía judicial, que pidió no publicar su nombre, explicó que fue durante este periodo que empezaron a aumentar drásticamente las denuncias y detenciones asociadas a la trata para explotación sexual. “En esos años había mucha desesperación por la crisis económica y las jóvenes eran fácilmente captadas por estas redes, en particular por el Tren de Aragua”, detalló.
En paralelo, también empezó la expansión nacional e internacional del Tren. Así se tejió la red de explotación sexual que lidera la organización en América Latina, y que hoy incluye a Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, y tiene a Colombia como base de operaciones, como lo reveló la primera entrega de esta investigación.
La organización criminal conocida como Tren de Aragua se ha expandido en toda Latinoamérica a costa de uno de los delitos más atroces: la explotación sexual de mujeres y niñas, especialmente venezolanas, a quienes les ha tocado migrar por las condiciones sociales y políticas del país
Audios interceptados a esta megabanda, así como los testimonios de mujeres migrantes víctimas de trata y declaraciones de funcionarios oficiales de Colombia, Venezuela, Chile y Perú hacen parte de esta investigación que detalla cómo opera la red criminal, que empezó en Venezuela, y se expandió con fuerza en al menos cinco países de la región
Este especial realizado en colaboración entre El Espectador, de Colombia, y los medios de la Alianza Rebelde Investiga (Runrun.es, El Pitazo y Tal Cual), de Venezuela revela cómo los concursos de belleza regionales, las academias de modelaje y las falsas ofertas de trabajo son utilizados como mecanismos de captación de mujeres y niñas utilizados por la organización criminal basada en el estado Aragua
El Espectador
Alianza Rebelde Investiga (ARI)
“Los primeros meses que estuve ahí era ‘carne fresca’. Decían: ‘ya llegó carne fresca’, ‘tiene 17 años’, ‘tiene 16’, ‘es una niña‘. Terminé primero en un estudio webcam por la desesperación, la necesidad de tener un hijo al que sacar adelante y no tener un empleo. Nadie está ahí por placer, nadie esta ahí porque le gusta (…) Cuando logras salir de ahí es sumamente difícil porque, si tienes hijos, te amenazan con que van a matar a tus hijos. Incluso tú, teniendo a tu familia en Venezuela, tu familia no está segura. Las amenazas casi siempre son amenazas de muerte”, contó Catalina*, una migrante venezolana que cayó en manos de una red de trata operada por el Tren de Aragua en Colombia.
Desde 2018, cuando la diáspora venezolana se incrementó (más de 7 millones de personas han dejado Venezuela buscando protección y una vida mejor, según Acnur) por la inestabilidad económica y política del país, esa es una de las realidades más dolorosas y palpables de la crisis. Las cifras oficiales sobre trata de personas con fines de explotación sexual no dimensionan el fenómeno y el subregistro de casos es incalculable. Entre 2018 y marzo 15 de 2023, solo 147 migrantes venezolanas han sido registradas por el Ministerio del Interior como víctimas de explotación sexual en Colombia.
Catalina es una de las muchas víctimas de este delito que no está en las cifras de las entidades. Migró cuando tenía 16 años, evadiendo los radares de las autoridades migratorias, por la trocha (paso fronterizo irregular) conocida como La Platanera, por los cultivos de plátano que atraviesan el río Táchira, hasta llegar a territorio colombiano. Iba con su hijo de brazos, en busca de un trabajo que le permitiera pagar sus gastos y ayudar con dinero a su familia en Venezuela.
En La Parada, en esa frontera porosa en territorio colombiano en el departamento de Norte de Santander, a donde llegaron 7.052 migrantes venezolanas en enero de 2023, según los registros de Migración Colombia, el control territorial no es del Estado colombiano, sino de los grupos armados al margen de la ley. Son varios y responden a diferentes nombres: Rastrojos, Autodefensas Unidas Colombo Venezolanas, Paisas, entre otros, pero según las personas que decidieron dar su testimonio para este reportaje, bajo la condición de reservar su identidad por razones de seguridad, el control de la vida y de los principales negocios se lo disputan hoy la guerrilla del ELN y el Tren de Aragua.
El Tren de Aragua es la banda criminal más poderosa de Venezuela, que en los últimos cinco años se ha expandido en Colombia y otros seis países de Latinoamérica (Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Brasil y Panamá). Lo ha hecho financiando y engrosando sus redes y estructuras a punta de extorsiones, secuestros, contrabando, tráfico de estupefacientes y trata de personas, con fines de explotación sexual. Pero este último crimen, a diferencia de cómo se representa en las películas, con formas violentas desde el comienzo, es de cocción lenta y eso dificulta su investigación.
La trata de mujeres para la explotación sexual es una de las más de 20 economías ilícitas en las que ha incursionado el Tren de Aragua. Esta investigación identificó que la relación de los pranes (presos que lideran las actividades en las cárceles en Venezuela) y este delito comenzó entre mediados y finales de la primera década de 2000, cuando las visitas de familiares y parejas a los privados de libertad se convirtieron en pernoctas, con una permanencia prolongada de estas visitantes que comenzaba los viernes y se extendía todo el fin de semana o varios meses. No había un control institucional sobre esta práctica y eso facilitó que ingresaran mujeres y niñas para ser prostituidas.
La exportación de este delito a través de los vagones del Tren de Aragua comenzó entre 2017 y 2018, en los peores años de la emergencia humanitaria compleja de Venezuela. Una funcionaria de la policía judicial explicó que fue durante estos años cuando aumentaron drásticamente las denuncias y detenciones asociadas a este delito.
Aunque no hay cifras oficiales que permitan tener una idea de la gravedad de este delito, la creación de una oficina en la policía científica dedicada exclusivamente a la investigación de la trata en septiembre de 2022, pudiera ser un indicador del crecimiento que ha tenido esta economía ilícita y la preocupación que ha despertado en las autoridades.
La mayoría de las víctimas de trata del Tren de Aragua tienen como destino al menos cuatro países de Suramérica: Colombia (como se ha explicado), Ecuador, Perú y Chile.
En Chile, el grupo criminal parece haber conseguido en la trata para explotación sexual un nicho criminal que permite mover unos 37.000 dólares mensuales solo en la región de Tarapacá, según revela un informe de la fiscalía de esa localidad.
Un funcionario de la policía de Chile, que pertenece a una unidad de élite creada en ese país para investigar al Tren de Aragua, aseguró que actualmente la pandilla venezolana ha concentrado su operación en Chile en dos economías ilícitas: el tráfico de drogas y la trata. Estas actividades le generan al grupo criminal importantes rentas, y además en ocasiones obligan a las mujeres captadas para la trata para pasar droga de un territorio a otro.
La fiscal de Tarapacá explicó que fue el desmantelamiento de una red de trata de mujeres venezolanas lo que dio origen a la investigación en Chile sobre la presencia del Tren de Aragua. La funcionaria confirmó que entre las víctimas de la organización criminal hay niñas y adolescentes, y dijo que la edad promedio de las víctimas oscila entre los 25 y 35 años de edad. El patrón se repite en Perú, Ecuador y Colombia.
Un centro de entretenimiento deportivo y apuestas en Las Mercedes tiene un antecedente llamativo: la empresa dueña del local donde funciona el negocio pertenece a la madre de Adrián Velásquez Figueroa, exguardaespalda de Hugo Chávez y declarado culpable por legitimación de capitales. El sport bar surge luego de que una compañía ligada a dos sobrinos de un diputado chavista arrendará el espacio en enero de 2022. Hoy el negocio enfrenta denuncias por obras que afectaron áreas comunes del edificio del centro empresarial donde está ubicado
Alianza Rebelde Investiga
En enero de 2022, un nuevo negocio abrió sus puertas en Caracas con una propuesta que apunta a captar la atención de los fanáticos de los deportes y, en especial, a los aficionados de las apuestas de azar. Se trata de un centro de entretenimiento y gastronomía que está ubicado en un edificio empresarial de la urbanización Las Mercedes, al este de la ciudad. Pero los antecedentes del espacio donde está situado el sport bar persiste el rastro de los familiares cercanos al capitán retirado Adrián Velásquez Figueroa, exescolta del fallecido presidente Hugo Chávez, culpado, junto con su esposa Claudia Díaz Guillén, por legitimación de capitales el año pasado en una corte de Estados Unidos.
La Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por los medios El Pitazo, Runrunes y TalCual, con documentación por reportería de campo y con apoyo de la red Proyecto de Reporte de Corrupción y Crimen Organizado (Occrp), que indican que el espacio donde funciona GOAT, nombre del sport bar, pertenece a una empresa en la que Amelis María Figueroa Chacín figura como principal accionista. Amelis es la madre de Adrián y en 2016 fue imputada por el Ministerio Público por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Amelis Figueroa también es la madre de Josmel Velásquez Figueroa, un empresario venezolano y exgerente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), acusado en 2016 por legitimación de capitales; y es la hermana del general Wilfredo Figueroa Chacín, quien formó parte del entorno más cercano de Hugo Chávez.
Amelis, junto con Blanca Gamboa Burraffatto, crearon en octubre de 2012 la empresa Inmobiliaria AF – BG 5978 C.A., dedicada a la construcción y decoración de inmuebles, de la que fueron accionistas Adrián y Josmel hasta enero de 2016, cuatro meses antes de salir publicados los reportajes del caso Panamá Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij, por sus siglas en inglés), que relaciona a Adrián y a su esposa con un entramado de empresas constituidas en paraíso fiscales con fondos obtenido mediante prácticas corruptas.
GOAT es un centro de entretenimiento deportivo y gastronómico y una casa de apuestas en línea con autorización para operar, inaugurado el 25 de marzo de 2022. Su nombre alude al acrónimo en inglés usado en el ámbito deportivo para describir a los jugadores más destacados de distintas disciplinas y que traducido al español significa “el mejor de todos los tiempos”.
Inmobiliaria AF – BG 5978 C.A. compró en 2014 el local donde funciona GOAT con 12 puestos de estacionamiento, ubicado en la planta baja del centro empresarial Espo 3A de Las Mercedes, a una empresa ligada a dos empresarios venezolanos con los que se asoció Adrián Velásquez en compañías creadas en Panamá.
GOAT surge luego de que en enero de 2022 la empresa Corporacion MC 2018 C.A. celebrará un contrato de arrendamiento del local de centro empresarial con Inmobiliaria AF – BG 5978 C.A. por seis años. En Corporación MC 2018, compañía registrada en el estado Lara, figuran como socios dos sobrinos de un diputado oficialista que conforman el cuerpo de diputados de la actual Asamblea Nacional, elegido en los comicios de 2020, y un empresario que hace vida en el municipio Baruta del estado Miranda.
Pero GOAT no solo enfrenta el peso de los antecedentes del local relacionado con los familiares de Adrián Velásquez Figueroa, sino también denuncias consignadas ante el Departamento de Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Baruta, actualmente a cargo de Darwin González del partido Fuerza Vecinal, por reparaciones que afectaron áreas comunes del centro empresarial Espo 3A.
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La Alianza Rebelde Investiga entrevistó al exdirector de The Washington Post acerca del oficio periodístico. Para Baron todo cambió con el desarrollo de internet y la propagación de la banda ancha en todo el mundo, pero «la misión central del periodismo sigue siendo investigar, descubrir, informar, tener la voluntad y la valentía de difundir la verdad, y hacerlo de una manera honesta”
Durante una semana de enero de 2023 en Bogotá, el exdirector de The Washington Post, Martin Baron, vivió asediado de preguntas. Un puñado de periodistas que participaba en el Programa Intensivo de Formación de Editores de Connectas, cátedra que lleva su nombre, lo seguía en sus caminatas, comidas, paseos y, claro, durante sus charlas, para interrogarlo sobre el oficio, su vida, sus anécdotas y cómo fue que una historia que él propuso cuando acababa de tomar las riendas de The Boston Globe, en 2001. La investigación que desnudó los sistemáticos abusos sexuales cometidos durante décadas por sacerdotes de la Iglesia Católica, le valió a él y a su equipo el premio Pulitzer en 2003, y terminó convirtiéndose en Spotlight (2015), la cinta que ganó el Oscar de la Academia como mejor película en 2016.
Baron, nacido en Tampa y con una trayectoria que se remonta a los años 70, respondía con paciencia y un gesto amable enmarcado en sus cejas pobladas y las ondas de su cabello gris. El hombre que pasó por las filas de diarios americanos como Los Angeles Times y The New York Times, y que asumió la dirección ejecutiva de The Miami Herald durante la cobertura del caso del niño cubano Elián González y las elecciones presidenciales estadounidenses del año 2000, definidas por el voto de Florida, conversaba sin apuros con un español por el que se excusaba con frecuencia, pero que se entendía a la perfección.
En total, durante su carrera, Baron ha acumulado 17 premios Pulitzer. La mayor parte de ellos liderando The Washington Post, como editor ejecutivo entre 2013 y 2021, cuando se concretó su retiro por jubilación.
El equipo de la Alianza Rebelde Investiga (la alianza de medios que integran El Pitazo, Runrunes y TalCual) conversó con Baron en Bogotá sobre los retos del periodismo, cómo enfrentar al poder y las nuevas maneras de enfrentar la tarea, además en medio de crecientes dificultades. El estadounidense aprovecha cada instante para recordar los valores del oficio que deben permanecer siempre: «la misión central del periodismo sigue siendo investigar, descubrir, informar, tener la voluntad y la valentía de difundir la verdad, y hacerlo de una manera honesta, imparcial, con mente abierta, pero sin vacilar en el cumplimiento de esta misión».
-¿Cuál ha sido el mayor cambio que ha notado en el oficio de editor y del periodismo en estos años?
-Todo cambió con el desarrollo de internet y la propagación de la banda ancha en todo el mundo. Eso además potenciado por los (teléfonos) móviles, las redes sociales, los sitios a los que se puede acceder instantáneamente con fotos y todo. Y esto surgió entre los años 2000 y 2007, y lo que ha venido después. Todo esto ha cambiado mucho el rol del editor, porque hay que trabajar todo el tiempo. Difundimos información 24 horas por día, cada día, casi a cada minuto porque los lectores tienen sus expectativas y esperan recibir la información casi instantáneamente. Y además hay una gran competencia, surgieron muchos medios nuevos. Todo eso ha cambiado la vida de un editor. Hay más presión, hay más responsabilidades y son más pesadas que antes.
-¿Qué no ha cambiado, cuál es esa esencia que se mantiene?
-Lo que no han cambiado son los valores y principios que nos llaman a ejercer el periodismo con imparcialidad, con una mente abierta, con una investigación profunda, con honestidad, con la determinación de publicar los hechos que se descubran, publicar la verdad sin vacilar.
-¿Cree que los medios están en crisis?
-Estamos en crisis. Hay crisis de varios tipos. Hay crisis del modelo económico, porque muchos medios siguen buscando un modelo sostenible y no lo han encontrado. Hay crisis debido a la difusión durante la era de internet de falsedades, teorías de conspiración que no tienen raíces en la realidad, y los esfuerzos de personas, poderosos, políticos por aprovecharse de explotar el internet para lograr sus objetivos comerciales, políticos o de cualquier índole. Incluso el objetivo de derrocar a los gobiernos. Y enfrentamos también la polarización en las sociedades de casi todo el mundo. Eso es una crisis para los medios porque tenemos que encontrar una manera de difundir la verdad y ganar la confianza de los lectores y es más difícil hacerlo en esta era que en el pasado.
-A lo largo de su carrera vio el desarrollo de nuevas maneras de contar historias periodísticas. ¿Cómo aprovecharlas y cómo lo hacían durante su tiempo en el Washington Post?
-Ahora tenemos herramientas que no teníamos en el pasado y hay que aprovecharlas. En el pasado los periódicos no tenían acceso a video, audio, gráficos interactivos, ninguna herramienta con excepción de texto y fotografías. Ahora tenemos acceso a varias. Con cada historia deberíamos pensar cuál sería la manera más eficaz de difundir la información, de hacer que la información sea más fácil de entender. A veces podemos usar video, audio, documentos originales, y a veces lo que deberíamos es usar todas integradas en una misma historia. Eso sí, todo debería funcionar en un dispositivo móvil porque la mayoría de la gente recibe su información por allí.
Baron se enfrentó a la Iglesia Católica primero y a la Casa Blanca de Donald Trump después por su trabajo periodístico como editor de publicaciones que revelaban lo que esos poderes no querían que se dijera. Dos de sus luchas más emblemáticas, pero no las únicas. Desde allí insiste en la responsabilidad del periodismo de investigar a todos los grupos, no importa la ideología, que ostenten algún tipo de poder.
No pretende dar lecciones a colegas latinoamericanos que ejercen el oficio en contextos amenazantes, restrictivos y violentos para la profesión. «No creo ser la mejor persona para aconsejarles porque sin importar los obstáculos y los ataques que enfrentaba en EEUU, no he experimentado las mismas condiciones que ustedes en sus propios países. Cada medio, cada periodista tiene que evaluar los riesgos y tratar de difundir la información, los hechos. Pero si un periodista fuera encarcelado no podría escribir otros artículos. Hay que balancear los riesgos. Les toca a ustedes tomar las decisiones de cómo hacer los malabarismos necesarios».
-¿Cuál cree que es su principal legado al periodismo?
-Espero que sea que yo era un periodista bien dedicado a la profesión, a la misión de la profesión, a decir la verdad, que tenía la voluntad y la valentía de difundir los hechos no importa el poder o la persona que estábamos cubriendo.
UN LIBRO POR VENIR
Martin Baron responde con tranquilidad las preguntas que cualquiera puede hacerle de cómo se entendía con el multimillonario Jeff Bezos como propietario de Amazon y del Washington Post -a quien cubrían como a cualquier otro poderoso-, de cómo era la cobertura del poder en Washington o de cómo vivió desde la redacción del diario el asalto al Capitolio estadounidense en enero de 2021, justo antes de su retiro un mes después.
Pero será en su primer libro de memorias donde podrán leerse detalles. Collision of Power: Trump, Bezos, and The Washington Post saldrá publicado en octubre de 2023, y en sus páginas el periodista relatará sus experiencias al frente del diario más importante en la cobertura política norteamericana, incluyendo los encontronazos que tuvo con el entonces presidente Donald Trump -que retiró al medio las credenciales de acceso a la Casa Blanca en 2016- y el impacto de la compra del diario por parte del dueño de Amazon, Bezos, en 2013.
-¿De una carrera tan larga, por qué enfocar el libro en su paso por el Washington Post?
-El libro se centrará en mi experiencia en el Washington Post porque fue una década histórica por la compra de Bezos, la llegada al panorama político de Trump y los vínculos con un periódico que había tenido un gran impacto sobre la política estadounidense en los años 70 con la salida del gobierno de Richard Nixon. Decido centrarme en eso pero durante la narrativa del libro voy a abordar el tema de la investigación a la Iglesia Católica. Al final, se trata de la necesidad de exigir que el gobierno rinda cuentas, y que todos los poderosos también rindan cuentas.
-¿Era usted un poderoso por formar parte del llamado cuarto poder?
-Sí. Estoy dentro del poder de la prensa, obviamente. Era director del Washington Post y tenía la responsabilidad principal de la cobertura. Reconozco bien que soy una persona poderosa, o lo era. Otros medios o los ciudadanos tienen el derecho a exigir que yo rinda cuentas también, porque los medios deberían responsabilizarse por su desempeño, y cuando cometemos errores deberíamos reconocerlos también. Si no lo hacemos, otras personas tienen el derecho a criticar y evaluar ese desempeño.
-¿Cuál error cree que ha cometido la prensa recientemente?
-He hablado sobre la necesidad de evitar ser parte de unas causas. Deberíamos ser partidarios de la verdad, de la democracia, de la tolerancia. Sin embargo, no creo que deberíamos ser activistas de otras causas, no importa su mérito. Creo que hay algunos miembros de la prensa y algunos medios que se han involucrado demasiado en las causas, en lugar de centrarse en la cobertura de los hechos.
-En ese ejercicio de ver hacia atrás para contar su historia, ¿se arrepiente de algo que haya hecho?
-Sí. En mi libro hay algunas cosas que me gustaría guardar para que las lean allí. No tengo arrepentimiento de mucho. Cuando empecé mi carrera yo quería dedicarme a una profesión interesante y significativa, y así ha sido.
-¿Cuál espera sea la reflexión del lector cuando lea su libro?
-Me gustaría que los lectores pensaran en la necesidad de tener una prensa que sea fuerte, que tenga la capacidad, los recursos, la energía y la voluntad de exigir que los poderosos rindan cuentas y que tenga la capacidad de buscar los hechos y descubrirlos, y la valentía de publicar no importa las consecuencias. Que se sepa que tenemos el rol de representar al público y sus intereses.
-¿Qué viene luego de publicar el libro?
-He trabajado casi dos años en el libro y me queda algo más por hacer para lanzarlo en octubre. Luego tocará promoverlo. Después, creo que voy a dedicarme a mejorar mi español, quiero viajar más por América Latina, y hay una posibilidad de ser consultor para varios medios. He recibido algunas propuestas. Pero en este momento no quiero hacer planes. Tampoco tengo planes de escribir otro libro, aunque pudiera ser.
LA RUTA A LA GRAN PANTALLA
Martin Baron bromea diciendo que tiene «cara para radio», por lo que hasta agradece que cuando algunas personas escuchen su nombre piensen en el rostro de Liev Schrieber que lo interpretó en Spotlight (2015). Sabe que la cinta ganadora del Oscar lo convirtió en una figura reconocida, que es considerado desde entonces como el editor más prominente de Estados Unidos.
Recuerda que asistió al último día de rodaje, revela los guiños internos que los guionistas incluyeron en algunos personajes y escenas, y ratifica que el filme respeta lo fundamental de aquellos eventos de Boston ocurridos en 2001.
«Hubo un grupo de guionistas, quizás uno o dos años después de la publicación de las historias, que se nos acercó buscando hacer una película. Pero tomamos la decisión de no participar en ese esfuerzo. Pensábamos en esa época que estábamos demasiado cerca de los eventos y parecería que tratábamos de explotar la situación y a las víctimas. Entonces no participamos en ese esfuerzo», relata Baron.
Cuenta que, junto a sus colegas, esperaban que si aquellos hechos serían llevados al cine debía ser de una manera auténtica. «Unos años después dos mujeres de Los Angeles (Blye Pagon Faust y Nicole Rocklin) se nos acercan con la idea de una película y llegamos a un acuerdo. Ellos compraron una opción a los derechos de contar nuestra vida. Interesar a un guionista y a un director les tardó dos o tres años más. Cuando los encontraron (Josh Singer y Tom McCarthy) trataron de interesar a los actores y también a las compañías productoras».
Baron recuerda que conseguir apoyo financiero para la producción fue muy difícil, «porque no es una película que se trate del amor, sino de casi lo opuesto. No hay superhéroes en la película, casi no hay ninguna acción, sino que está llena de palabras, de conversaciones. Fue una película muy difícil de vender».
La llegada de Mark Ruffalo al elenco ayudó a abrir esos caminos. «Yo creo que a él le interesaba mucho y empezó a interesar a otros actores. Así recibieron el financiamiento y produjeron la película, pero tomó aproximadamente ocho años desde la primera conversación con las dos mujeres hasta el estreno, porque salió en 2015 y nosotros publicamos las historias en enero de 2002».
-¿Y qué tal si le plantean hacer un documental a partir de su libro?
-Siempre estoy dispuesto a escuchar cualquier propuesta.
La estatua original de María Lionza, obra del escultor Alejandro Colina, bajada de su pedestal hace 18 años para ser restaurada, fue extraída del galpón donde se encontraba resguardada por la Universidad Central de Venezuela, propietaria de la obra, y en la madrugada del 2 de octubre fue trasladada a Quibayo, una zona rural del estado Yaracuy, donde se le venera como una deidad.
LaAlianza Rebelde Investiga (ARI) integrada por TalCual, El Pitazo y Runrunes, publica los hallazgos del especial “El último viaje de María Lionza”, y siguió el rastro desde Caracas hasta Yaracuy para demostrar cómo varias instituciones del Estado prepararon silenciosamente la salida del monumento desde la UCV hasta Yaracuy.
El traslado comenzó en la madrugada del 2 de octubre, pero el proceso se remonta a por lo menos dos meses antes. La estatua de María Lionza, acostada en la carga de un camión y cubierta con lonas, salió del galpón de la hacienda Ibarra en la Ciudad Universitaria.
La UCV hizo la denuncia pública el 3 de octubre ante la División Contra Hurtos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), un día después de que efectivamente la estatua había sido sacada del lugar con toda la parafernalia y exigencias técnicas -movimiento de personal e ingreso de material pesado, una grúa, e iluminación- que requiere la movilización de una estructura de 6,7 metros de alto.
El 4 de octubre María Lionza fue recibida en su nuevo hogar en medio de tambores y cantos dedicados a la diosa. El pedestal, parte del piso y la cerca que la rodea fueron culminados tan solo días antes del traslado.
Luego, el 6 de octubre se hizo el desmontaje de la obra. Hasta ese mismo día esperó el Instituto de Patrimonio Cultural para confirmar públicamente y mediante un comunicado el traslado de la escultura.
Ahora reposa sobre un pedestal de tres metros de altura recubierto de granito, rodeado por una cerca y el piso es una estrella de ocho puntas que representan las ocho provincias venezolanas.
El 9 de octubre, finalmente se dio a conocer de manera oficial el nuevo lugar de reposo de la estatua. En el acto participaron los ministros Ernesto Villegas y Freddy Ñáñez, además del gobernador de Yaracuy, Julio León Heredia.
Mervin Ortega, asesor jurídico de la UCV, asegura que la casa de estudios mantiene la denuncia interpuesta el 3 de octubre ante la División Contra Hurtos del Cicpc, pero hasta la fecha no han recibido información alguna sobre la inspección realizada y los avances en la investigación.
Para hacer el recorrido y conocer los detalles de este viaje, haga clic en el especial aquí.
La obra que el gobierno de Hugo Chávez adjudicó a la constructora brasileña Odebrecht en 2006 se ha transformado en el emblema del mecanismo de corrupción de la compañía en Venezuela. Confesiones de sobornos y sobreprecios de una obra que nunca concluyó y aún así terminó costando casi 9 mil millones de dólares. Su abandono ya ocasionó 5 muertos y 17 lesionados. Una investigación de la Alianza Rebelde Investiga (ARI)* para el especial de la red colaborativa ‘Investiga Lava Jato’ comprobó cómo los sobrecostos en el metro superan los sobreprecios totales de otras 50 obras en 7 países.
Por Alianza Rebelde Investiga*
Luz Marina Velásquez acumula casi la mitad de sus 48 años recorriendo los 30 kilómetros que separan a la estación Parque del Este en Caracas de su casa en Guarenas, estado de Miranda, a 45 minutos de la capital venezolana. La vida se le va en un ida y vuelta continuo, de lunes a viernes, en transporte público. En este trayecto puede tardar de dos a cuatro horas dependiendo del lugar donde trabaja como empleada doméstica. Todo un trajín que la desvela y le quita el tiempo que bien podría disfrutar con sus hijos.
En 2008 vio por primera vez a un grupo de hombres con cascos y máquinas pesadas a un costado de la autopista que conduce a Guarenas. También padeció las largas colas de automóviles que se formaban por la interrupción constante del tráfico debido a las obras. Sin embargo, la esperanza aliviaba sus molestias. Se imaginaba montada en el vagón del Metro Caracas-Guarenas-Guatire.
“Uno pensaba que el traslado sería más rápido. Que íbamos a dormir un poquito más y a tener más tiempo para compartir con la familia, con mis hijos”, recuerda Luz Marina. No sospechaba que esas enormes columnas de concreto que permanecen sobre la autopista formarían parte de la pieza clave del mecanismo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela, en la cual se gastaron casi 9 mil millones de dólares, producto de la sobrefacturación, sin que nunca empezara a andar.
Parte de lo que queda de la obra del Metro Caracas-Guarenas-Guatire, que debía estar terminada en 2019 y jamás se concretó. Ronald Peña/El Pitazo.
Lo que sí comenzaron a rodar cuesta abajo fueron las esperanzas de Luz Marina. Sintió cómo su ilusión se desvanecía en cuestión de seis años, desde que vio los primeros trabajos del sistema de transporte en 2008 hasta 2014, cuando cayó en cuenta de que el Metro Caracas-Guarenas-Guatire era otra promesa descarrilada del chavismo.
“Fue pasando el tiempo y uno veía esas columnas levantadas y que le montaban los rieles a unos tramos. Creía que de verdad se estaba haciendo un trabajo. Pero también veía que las columnas de otros tramos seguían sin terminar. Yo recuerdo que en 2014 mi hermana siempre me decía que ‘en la autopista para Caracas no están haciendo nada, no hay columnas ni túneles’. Era verdad. Entonces entendí que a eso todavía le faltaba mucho”, relata la mujer desde su casa en la urbanización Menca de Leoni, en Guarenas.
En realidad, al Metro Caracas-Guarenas-Guatire no le falta mucho sino casi todo. Según Transparencia Venezuela, hasta 2017 la obra presentaba apenas 27% de avance. Hoy de esos 8 millones 972 mil dólares entregados a Odebrecht entre 2006 y 2015 mediante contratos complementarios, solo quedan unas columnas que los políticos locales usan para pegar afiches en épocas de elecciones y que los alcaldes pintan como si fueran grandes logros de la gestión.
Según Transparencia Venezuela, hasta 2017 la obra presentaba apenas 27% de avance. Ronald Peña/El Pitazo.
Las cifras de la inversión asignada al Metro Caracas-Guarenas-Guatire corresponden a una base de datos que registra los documentos hallados durante dos allanamientos realizados el 14 de febrero de 2017 en dos oficinas de Odebrecht en Caracas.
La documentación encontrada por los fiscales y funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) fue revisada y procesada por un equipo conformado por tres expertos auditores, quienes organizaron toda la información en una tabla Excel, que recoge 275 contratos firmados por la constructora brasileña con el chavismo desde 2002 hasta 2015.
En esa tabla -de la cual se informarán más detalles en una próxima entrega del especial de Investiga Lava Jato- figuran los montos de los contratos, adendas, modificaciones de los presupuestos, los ministerios y empresas del Estado clientes de Odebrecht y los funcionarios firmantes tanto de Venezuela como de Brasil.
Otro tramo de la obra inconclusa: columnas de concreto que los políticos locales usan para pegar afiches en épocas de elecciones y que los alcaldes pintan como si fueran grandes logros de la gestión. Ronald Peña/El Pitazo.
La información confidencial, a la que tuvo acceso la Alianza Rebelde Investiga (ARI), es reveladora. En el caso específico del Metro Caracas-Guarenas-Guatire evidencia el derroche y la corrupción que esconden las columnas de concretos abandonadas. La obra comenzó con un presupuesto de 1.303 millones de dólares y aplicó la fórmula de los sobreprecios para convertirse en la pieza clave del mecanismo de desfalco de Odebrecht en Venezuela.
El 2006, Hugo Chávez aprobó un presupuesto de 1.303 millones de dólares para la obra y el monto fuefirmado el 21 de diciembre de ese año por el entonces presidente del Metro de Caracas, Gustavo González López. Tras 24 modificaciones al presupuesto inicial, la mayoría de los cambios aprobados a través de puntos de cuentas -memos oficiales- firmados por el propio Chávez entre 2006 y 2012, el monto creció hasta los $8.981 millones. Se sumaron$7.678 millones en sobrecostos. Es decir, el valor de la obra se incrementó 589%. Terminó costando siete veces más.
González López, quien es actualmente director de la policía política (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin), suscribió cinco contratos relacionados con esta obra entre 2006 y 2008, mientras ocupaba la presidencia del Metro de Caracas.
Uno de los puntos de cuenta -memos oficiales- presentados por Elías Jaula al entonces presidente Chávez en febrero de 2012 describiendo “decisiones estratégicas” para varias obras del metro que implicaron aumentos de presupuesto.
El contrato inicial por 1.303 millones de dólares en realidad era un presupuesto mixto expresado en dos monedas: bolívares y dólares (Bs. 1.423 millones; $640,7 millones).
Transparencia Venezuela identifica que la fórmula mixta de los presupuestos, que en algunos casos, como el delMetro Caracas-Guarenas-Guatire, contemplaban euros además de bolívares y dólares, también se prestaba para las distorsiones en los pagos adicionales. Con el mismo criterio concuerda uno de los fiscales que investigó el caso, entrevistado para este reportaje.
Según expertos en contratos consultados por Transparencia Venezuela, en las modificaciones de los montos reflejados en diferentes monedas se encuentra un posible mecanismo de corrupción en los acuerdos con la constructora brasileña (Informe Odebrecht 2018).
Quince adendas referentes a las “modificaciones de cláusulas de contrato” fueron las que recibieron mayores asignaciones, un total de 6.369 millones de dólares. Prácticamente la totalidad de ese monto por modificaciones (6.353 millones de dólares) fue aprobado por Haiman El Troudi como representante del Estado venezolano, según revela la base de datos sobre las obras de Odebrecht en Venezuela a la que tuvo acceso ARI.
El exgerente general de Odebrecht en Venezuela Alessandro Gomes declaró ante los fiscales de Brasil que la obra del Metro Caracas-Guarenas-Guatire la constructora tenía “un lucro líquido real en torno a 23%, que fue reducido, por medio de los contratos ficticios”. Ronald Peña/El Pitazo.
Además, el Metro Caracas-Guarenas-Guatire recibió otros aportes extra a las adendas. Según la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio de Transporte Terrestre, publicado a 9 años de que se firmara el contrato de construcción, esta obra recibió un crédito adicional de 7.267 millones de bolívares(más de 1.153 millones de dólares, a tasa de cambio oficial de la época), señala el decreto 1.639 publicado en la Gaceta Oficial 40.607 del 24 de febrero de 2015.
Por eso, cobra especialmente sentido la declaración que dio en diciembre de 2016 el exgerente general de Odebrecht en Venezuela, Alessandro Gomes, ante la Procuraduría de Brasil. Como parte de su acuerdo de cooperación en la investigación del Lava Jato, Gomes aseguró: “La obra que más generó para la Caja 2 (administración paralela desde donde se pagaban los sobornos) fue la de Caracas-Guarenas-Guatire, pues era la de mayor margen de lucro”.
Desde Brasil, Odebrecht respondió ante la consulta de la Alianza Investiga Lava Jato que “cuenta con importantes derechos y créditos, derivados de contratos públicos suscritos en Venezuela, para la realización de importantes obras de infraestructura de ese país”. “La empresa tiene una estrategia para hacer valer sus derechos contractuales para la terminación unilateral de proyectos, pero prefiere no comentar los valores o detalles de sus iniciativas”, afirmó la compañía.
La fiscal Raiza Sifontes, exdirectora encargada de Anticorrupción en la Fiscalía General de Venezuela, viajó a Brasil en julio de 2017 para reunirse con los fiscales del equipo Lava Jato y no pudo regresar a Venezuela. CREDITO: César Batiz
El mecanismo de Odebrecht
Gomes explicó el mecanismo que usaron para alimentar las cuentas para el pago de extorsiones o sobornos, la llamada “Caja 2”, a cargo del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña.
El ex ejecutivo brasileño menciona tres obras fundamentales para la Caja 2: Metro Los Teques Línea 2, Metro de Caracas Línea 5 y Metro Caracas-Guarenas-Guatire. “Estimo que, en el periodo de 2011 a 2015, el valor de la Caja 2 fue (de) entre 120 y 140 millones de dólares en estas obras del metro”, afirmó en su declaración en referencia al lucro obtenido a través de estos proyectos.
Las siguientes palabras del testimonio de Gomes son aún más claras: “En esta obra teníamos un lucro líquido real en torno a 23%, que fue reducido, por medio de los contratos ficticios y, como consecuencia, la generación para la Caja 2 fue de 13%. Las demás obras del metro, que tenían márgenes menores, en torno a 9% a 18% (sic), la posibilidad de generación de Caja 2 era muy menor”. Es decir, el margen de lucro para Odebrecht se reducía en la medida en que la compañía pagaba sobornos a través de los contratos ficticios realizados con empresas asociadas a los sobornados.
El exvicefiscal venezolano Zair Mundaray aspira, como sus colegas exiliados, a que llegue el momento de que se haga justicia en el caso Odebrecht. CREDITO: César Batiz
La fiscal Raiza Sifontes, exdirectora encargada de Anticorrupción en la Fiscalía General de Venezuela, corroboró esa información cuando viajó a Brasil en julio de 2017, en una misión oficial junto a su colega Pedro Lupera, uno de los fiscales encargado de la investigación. El objetivo era interrogar a los involucrados en el caso Lava Jato.
Aunque Sifontes no pudo completar su tarea e incluso jamás logró regresar a Venezuela, debido a las amenazas de detención contra ella y Lupera, sí conoció que con ese lucro generado por el proyecto Metro Caracas-Guarenas, Odebrecht no solo pagó los sobornos en Venezuela, sino también en otros países de Latinoamérica, de acuerdo con el testimonio de los ejecutivos de CNO que colaboraron con la justicia de Brasil.
La del Metro Caracas-Guarenas-Guatire es la historia de un tren multimillonario que aumentó casi 600% su valor sin mover nunca ni un solo vagón. Forma parte del grupo de 24 obras de un total de 33 encargadas a Odebrecht que jamás fueron terminadas, según determinó Transparencia Venezuela. Debía haber sido entregada el 15 de noviembre de 2019, de acuerdo con la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio de Transporte Terrestre.
El origen del mal: la amistad de Chávez y Euzenando Azevedo
Pocas veces una amistad debió resultar tan costosa para un país. De acuerdo con el registro de Transparencia Venezuela en el Informe Odebrecht 2018, el total de sobrecostos de las obras de la empresa brasileña en Venezuela alcanzó los 29.974 millones de dólares.
Esa cifra tuvo su origen en la amistad entre Hugo Chávez y Euzenando Azevedo, gerente general de Odebrecht en Venezuela.
La ciudad de Guarenas, en el estado de Miranda, se encuentra a 45 minutos de la capital venezolana en automóvil, pero a los venezolanos de esa localidad el trayecto puede llevarles de dos a cuatro horas en transporte público los días hábiles. Ronald Peña/El Pitazo.
La relación comenzó a fraguarse en la campaña presidencial de 1998, de acuerdo con el relato de los fiscales venezolanos que forman parte del expediente que adelantaba el Ministerio Público antes de la destitución de Luisa Ortega Díaz.
El exgolpista participó en una reunión para presentar su candidatura a los miembros de la Cámara Venezolana de la Construcción. Tras culminar su intervención, Chávez recibió el saludo de un brasileño. Era Euzenando Azevedo, con quien conversó durante 15 minutos.
En diciembre de 1998, ya con Chávez como presidente electo, Rafael Caldera, mandatario saliente, se alistaba a firmar un contrato con una empresa española para la construcción de la línea 4 del Metro de Caracas, pese a que, según dijo Azevedo a Chávez, la licitación la ganó Odebrecht.
Azevedo buscó a Chávez para contarle lo sucedido. Conversaron sobre la obra y Chávez le hizo una promesa: «Voy a hablar con Caldera porque no sería ético que él firmara un contrato de este tamaño, el mayor del país, cuando yo ya gané las elecciones». Agregó que revisaría la licitación y si Odebrecht era la ganadora, le sería adjudicado el proyecto, destaca uno de los informes de los fiscales basado en declaraciones de Euzenando.
Así nació una amistad muy costosa para los venezolanos, de acuerdo con la información revelada por los exintegrantes del Ministerio Público venezolanos que tuvieron acceso a la declaración del exgerente de Odebrecht en Venezuela.
Chávez, Maduro y Cilia Flores, en el piso legal
El siguiente paso en la fragua de tan cara amistad también estuvo relacionado con el expresidente venezolano Caldera, pero no con su segundo y último mandato, sino con el primero y un documento que dio piso legal a la entrega a dedo de las obras a Odebrecht.
Estación del Metro de Caracas. Ronald Peña/El Pitazo.
En 1973, Rafael Caldera, en el último año de su primer periodo, aprobó el Convenio Básico de Cooperación Técnica entre los gobiernos de Venezuela y Brasil, el cual fue publicado en Gaceta Oficial en febrero de 1974.
En septiembre de 2005, 32 años más tarde, el chavismo modificó el acuerdo complementario número 1, para incluir obras de infraestructura en las regiones Amazónica y Orinoquense de Venezuela. En ese momento, Lula Da Silva acumulaba tres años en la presidencia de Brasil.
Con ese piso legal y al menos unos cuatro memorándums de entendimiento para la construcción de infraestructura, sector eléctrico, agrario y cooperación de vivienda y hábitat, se facilitó la aprobación de proyectos, no solo a un país, sino específicamente a una empresa, Odebrecht.
Los cuatro memorándums de entendimiento fueron refrendados entre 2007 y 2009, en la época en que Chávez era el presidente; Maduro, el canciller; y Cilia Flores se encontraba al frente de la Asamblea Nacional.
“Y es mediante el mandato del presidente Hugo Chávez Frías (F) que se generaron las condiciones legales para que la empresa Odebrecht interviniera en la totalidad de los proyectos de mayor importancia de las últimas décadas en el país y en diferentes áreas que comportaran grandes obras de infraestructura, todo lo cual se hizo por adjudicación directa”, apuntan los fiscales venezolanos en un informe al que accedió ARI.
Los puntos de cuenta
Para completar la faena, se necesitaba una forma de asignar recursos sin pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional. Chávez encontró la fórmula al utilizar el excedente petrolero. El barril de petróleo lo presupuestaron a un monto siempre inferior a lo que terminaba marcando el promedio anual.
Punto de cuenta -memo oficial- de febrero de 2012 para el metro, en el que Elías Jaua afirma que la obra empleaba a más de mil personas.
Todo el monto que superaba lo presupuestado quedaba a disposición del líder del chavismo, quien con solo una firma, que él mismo llamaba “la rabo de cochino”, decidía a qué obras y qué monto se le asignaba, como lo contó Gomes a la Fiscalía de Brasil.
Ese artilugio del derroche fue utilizado por Chávez para favorecer a Odebrecht. Incluso, en 2012, un año antes de su muerte, firmó puntos de cuentas -memos oficiales- que favorecieron la gerencia de Azevedo, como por ejemplo para dar más recursos para la construcción de los talleres del Metro Caracas-Guarenas. De esa obra no existe nada en la actualidad, comprobaron en el lugar los reporteros de la alianza.
En 2011, con el apoyo de Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo, Chávez y Odebrecht encontraron otra fuente para seguir con el pago de los contratos. Se trata del fideicomiso que generaron con la venta de nafta liviana, gasolina, que Pdvsa realizó a Braskem SA, la petrolera perteneciente al grupo Odebrecht, que cobraba las deudas con la nafta exportada.
Con esos recursos financiaron obras como el Tercer Puente sobre el Río Orinoco (nunca entregado) y, por supuesto, el inacabado Metro Caracas-Guarenas-Guatire.
En 2011, con el auxilio de Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo, Chávez y Odebrecht idearon un fideicomiso que generaron con la venta de nafta liviana para financiar los contratos a la constructora, entre ellos el del metro. Ronald Peña/El Pitazo.
Ese fideicomiso lo constituyeron el 10 de mayo de 2011, de acuerdo con documentos de la investigación de los fiscales Sifontes y Lupera, el mismo año en el que Azevedo observó dificultades para cobrar los montos que reclamaba.
ARI consultó al expresidente de Pdvsa, quien aseguró que “el hecho de que se haya se haya establecido algún fondo con Brasil para pagar con petróleo o productos alguna obra (no recuerdo esto del metro), era un mecanismo usual entre los países y era una manera de aumentar el intercambio comercial y penetrar mercados, pero siempre era a precios de mercado”.
Del lobbista a Haiman El Troudi
Chávez, aún presidente, se encontraba en tratamiento médico por el cáncer. La administración de los recursos estaba en manos del funcionario multicargos Elías Jaua, Maduro y otros que lideraban el Gobierno.
A raíz de esa situación, el gerente general de Odebrecht en Venezuela contrató a un lobbista para ayudar a cobrar y recibir nuevos contratos. En la declaración de Gomes reluce el nombre Luis Enrique Delgado Contreras por la eficiencia de su trabajo y por los montos que cobraba.
El metro Caracas-Guarenas-Guatires forma parte del grupo de 24 obras -de un total de 33- encargadas a Odebrecht y que jamás fueron terminadas, según Transparencia Venezuela. Ronald Peña/El Pitazo.
Gomes recordó que en 2011 Azevedo le dio la instrucción de manejar la relación con Delgado, un hombre de negocios, quien tenía una oficina en Las Mercedes, en la que ya no opera.
“Luis Delgado usaba su poder de influencia para la aprobación de recursos para nuestros proyectos. Consecuentemente recibía las facturas de la compañía cuyo pago estaba atrasado; y en la aprobación de contratos adicionales que fueran de nuestro interés”, contó Gomes.
El alcance de las gestiones del lobbista permitía a los gerentes de Odebrecht conocer el contenido de los puntos de cuentas -memos oficiales- antes de que fueran firmados y, por lo tanto, cambiar y poner a su favor lo que les interesaba.
En los allanamientos de febrero de 2017 a las oficinas de Odebrecht, los funcionarios encontraron documentos que solo debían estar en los archivos de la presidencia del Metro de Caracas y Los Teques, del Ministerio de Transporte y Comunicación o del Palacio de Miraflores.
Delgado recibió una comisión de 2% de todo lo que ingresó a las cajas de Odebrecht. Gomes precisó que de 2011 a 2015, la empresa tuvo ingresos por 7,7 millones de dólares, mientras que el lobbista obtuvo 100 millones de dólares.
El segundo lobbista fundamental en esta historia es Héctor Dáger, un abogado que gestionó el cobro de facturas y proporcionó información a Odebrecht sobre el proyecto Tocoma y la empresa Electricidad del Caroní (Edelca).
Aunque también cobraba 2% de todo el dinero que ingresaba a la compañía brasileña gracias a su actividades e influencias, entre 2006 y 2009, llegaron a sus cuentas 28 millones de dólares, según la información de los fiscales venezolanos en el exilio. Es decir, 72 millones de dólares menos que lo atribuido a Delgado.
ARI trató de contactarlos, pero en las oficinas asociadas a sus nombres negaron que estuvieran o los conocieran.
El presidente electo de Brasil, Lula Da Silva, junto a Chávez y Maduro. El mandatario brasileño fue clave en el desembarco de empresas brasileñas como Odebrecht en América Latina.
Luis Delgado también fue fundamental en la relación con Haiman El Troudi, expresidente del Metro de Caracas y exministro de Transporte y Comunicación. El Troudi aprobó 14 de las 25 modificaciones realizadas al contrato inicial en su gestión frente al Metro de Caracas.
Los testimonios documentales recogidos por fiscales brasileños y venezolanos y un proceso abierto en la Fiscalía General de la República establecen que existió un vínculo de negocios entre Delgado y El Troudi; con la esposa del exministro, María Eugenia Baptista Zacarías; y con su suegra Elita del Valle Zacarías. El proceso en la Fiscalía General terminó cerrado durante la gestión de Tarek William Saab en el Ministerio Público.
A las dos mujeres les enviaron 16,3 millones de francos suizos desde la cuenta de la empresa Alfa International SA, una de las firmas usadas por Odebrecht para repartir comisiones en los lugares donde tenían obras acreditadas en América Latina y África, de acuerdo con el testimonio de Euzenando Azevedo en Brasil.
ARI intentó contactar al exministro El Trouddi en la casa que le reconstruyen en el centro norte de Caracas, pero no fue posible ubicarlo. De acuerdo con información de personas cercanas al exfuncionario, hoy exonerado por la Fiscalía de cualquier investigación, su esposa y él pasan los días entre Aruba, Santa Lucía, San Martin y un barco con autonomía para navegar por un mes en el Caribe.
Obra paralizada por segunda vez
Odebrecht en Venezuela erigió impunidad. La fiscal Sifontes y el exvicefiscal Zair Mundaray aspiran a que llegue el momento de que se haga justicia. Saben perfectamente que mientras el chavismo se encuentre en el poder jamás se adelantarán las investigaciones que concluyan con el castigo para los responsables de un sobrecosto total en las obras de la compañía brasileña de más de $29.000 millones, según Transparencia Venezuela.
La exfiscal general Luisa Ortega Díaz encabezó el equipo de fiscales del caso Odebrecht en Venezuela. En 2017 viajó con uno de sus colegas a reunirse con los fiscales del Equipo Lava Jato en Brasil. Ese día, la hija y el nieto del esposo de la funcionaria fueron secuestrados. Foto: Presidencia Venezuela.
“De acuerdo con el relato de Alessandro Gomes, Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro fueron copartícipes del delito de corrupción”, afirmó Mundaray para este reportaje.En febrero de 2017, el exvicefiscal, hoy exiliado en Colombia, viajó a Brasil con la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Se encontraban en ese país cuando secuestraron en Caracas a una de las hijastras y a un nietastro de la jefa del Ministerio Público.
Para un miembro de la Fiscalía que conoció el caso muy de cerca, la investigación no debió enfocarse solo en el pago de comisiones a los funcionarios públicos. Asegura que ese monto se acercó a los 1.000 millones de dólares y no se quedó en los 98 millones que los ejecutivos de Odebrecht reconocieron ante las autoridades de Brasil y Estados Unidos en diciembre de 2016, cuando estalló el caso Lava Jato en América latina. Venezuela encabezó entonces la lista de países con mayor flujo de sobornos de la constructora brasileña en la región, aparte de Brasil.
Según el exintegrante de la Fiscalía, el chavismo pagó todas las obras en 2012, pero se intentó refacturar montos más elevados para seguir sacando dinero de Venezuela.
En octubre de 2021 y en enero de 2022, el gobierno de Nicolás Maduro anunció la reanudación de las obras del metro pero la Alianza Rebelde Investiga (ARI) comprobó en el lugar que la supuesta reactivación quedó congelada en fotos oficiales.
Hacia el final de esta ruta, no hay movimientos en la Justicia, o al menos noticias de ellos. De la construcción del Metro Caracas-Guarenas, solo queda el registro de las columnas levantadas para colocar sobre ellas el riel del tren, ubicadas en la autopista Guarenas-Guatire, que comprueban que la corrupción mata: en 2021, autoridades policiales registraron cinco fallecidos y 17 lesionados en 13 choques contra esas estructuras.
Metodología
Las cifras publicadas en este reportaje corresponden a la filtración de una base de datos contentiva de los documentos confidenciales recabados durante dos allanamientos autorizados por el Ministerio Público en las oficinas de Odebrecht en Venezuela el 14 de febrero de 2017. Hasta hoy permanecían bajo la custodia del equipo de fiscales (hoy en el exilio) que hasta ese año investigaban el caso de la constructora brasileña en el país. Los datos debieron ser depurados, ordenados y clasificados en Excel para poder procesar las totalizaciones de contratos y adendas de 33 megaproyectos encargados a Odebrecht entre 2002 y 2015.
Para este especial, se analizó en específico el proyecto del Metro Caracas-Guarenas-Guatire como emblema del mecanismo de corrupción de Odebrecht en Venezuela. En vista de que el presupuesto era mixto (expresado en en tres monedas: bolívares, dólares y euros) se concretó un solo monto convirtiendo los euros y bolívares en dólares calculados a la tasa oficial según la fecha de cada proyecto.
Con la categorización de los datos, no sólo fue posible descubrir a los principales funcionarios que manejaron mayor número de contratos y recursos y la cantidad y tipo de adendas que se agregaron al presupuesto inicial sino que también permitió comparar que los exorbitantes montos de una sola obra en Venezuela superaban con creces el total de sobreprecios de 50 obras en 7 países calculados por la alianza transfronteriza Investiga Lava Jato, de la que forman parte Runrunes y El Pitazo.
*La Alianza Rebelde Investiga (ARI) está integrada por los medios Runrunes, El Pitazo y TalCual. En este especial, los periodistas que integran la red para el especial “El costo de la corrupción” de Investiga Lava Jato son Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz. Base de datos: Carmen Riera. Fotos: Ronald Peña
En menos de un par de décadas, en algunas zonas de Las Mercedes, la temperatura supera los 30 grados. Expertos aseguran que el incremento está relacionado tanto con las construcciones que se levantan en la zona como con la disminución de la vegetación del lugar
Alianza Rebelde Investiga
Desde el año 2010 doce constructoras se han encargado de modernizar a la urbanización Las Mercedes, al este de Caracas. Las torres lujosas que ahora se levantan en la urbanización, que otrora se distinguía por sus casas de estilo neovasco, la han consolidado como un importante punto comercial y empresarial en la ciudad. Pero ese cambio se hizo sin tomar en cuenta los parámetros mundiales de planificación de ciudades sostenibles. Y las consecuencias se sienten en la piel.
Un mapa de calor del año 2020 revela que las zonas más cálidas de la urbanización no solo han aumentado su temperatura, sino que se han expandido a lo largo de las últimas dos décadas. Karenia Córdova, investigadora del Instituto de Geografía y Desarrollo Regional de la Universidad Central de Venezuela (UCV), asocia esta variación con el fenómeno de la isla de calor, en el que el auge de las construcciones sumado a la pérdida de la vegetación produce un incremento de la temperatura.
Las edificaciones de Las Mercedes de los últimos cinco años, con sus altas fachadas de cristal y cemento, amenazan con ampliar esas zonas cálidas. Esta investigación de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) indagó en las consecuencias de una transformación que se ampara en las reiteradas modificaciones de las ordenanzas de zonificación apoyadas por la Alcaldía de Baruta y el Concejo Municipal, sin la previa consulta a los vecinos.
El aumento progresivo de la temperatura hará que el consumo de energía se eleve, que el suministro del servicio eléctrico empeore e impacte directamente en todos los servicios públicos. Además, aumentará las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del tránsito automotor creciente y de un transporte público deficiente. Todo hará mella en la salud de quienes viven o trabajan allí. A estos factores se suma la ausencia de un plan que vele por las obras patrimoniales que, según expertos, están amenazadas por los nuevos aires de modernidad.
Los efectos serán mayores si se toma en cuenta que a estas construcciones las rodean palmeras y no árboles, cuyo follaje limitado ofrece menos sombra y menos poder para filtrar el impacto de los rayos del sol que caen directo a la superficie. Un monitoreo hecho por la Plataforma Plantados, creada en defensa del arbolado urbano, revela que hay un déficit de más de 1.700 árboles en toda la urbanización. Todo ello contribuye con las secuelas que deja el calentamiento del planeta en el país y en el mundo que empuja hacia arriba los indicadores de los termómetros.
La constructora brasileña admitió en 2016 el pago de sobornos por 788 millones de dólares en América y dos países de África. El equipo de la red periodística Investiga Lava Jato en Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México -donde se concentraron casi el 80% de las coimas de la región sin incluir los pagos ilícitos de Brasil- determinó que la empresa ha iniciado demandas en cuatro de estos países por un monto cuatro veces mayor a sus ofertas de reparación económica acordadas hasta el momento en Perú y República Dominicana. Mientras tanto, los avances de las investigaciones penales contra la compañía en la mayoría de estas naciones han sido parciales o nulos. En Venezuela, a seis años de las confesiones de Odebrecht, nuestro equipo revela sobrecostos de hasta 600% en la obra más emblemática de ese país
Por Investiga Lava Jato*
A casi seis años de las revelaciones del mayor caso de corrupción de Latinoamérica, la historia del caso Odebrecht ha dado un vuelco. En la mayoría de los países en los que la constructora brasileña admitió el pago de sobornos, las investigaciones penales han avanzado poco o nada sobre escasos acusados. Solo en Perú, las investigaciones tuvieron un avance importante sobre todo antes del inicio de la pandemia gracias a la cooperación internacional con Brasil y la firma de un acuerdo de colaboración con la empresa. Sin embargo, en gran parte de los países, los casos se estancaron en vericuetos burocráticos mientras que la constructora emprendía litigios civiles e internacionales para demandar a los Estados y recuperar terreno en el negocio de las obras públicas, de acuerdo con la investigación transnacional del equipo periodístico de Investiga Lava Jato, del cual forma parte la Alianza Rebelde Investiga (ARI) de Venezuela, formada por Runrunes, El Pitazo y TalCual .
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la constructora brasileña Odebrecht había ratificado en una corte de ese país el pago de sobornos por al menos 788 millones de dólares en Brasil y otros once países. El expresidente de la empresa Marcelo Odebrecht y sus principales ejecutivos admitieron pagos ilegales por 349 millones de dólares en su país de origen y otros 439 millones de dólares en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, además de Angola y Mozambique, en África. La región latinoamericana recibió un total de 381 millones de dólares en coimas (restando los casi 51 millones destinados a los dos países africanos).
De esos pagos ilegales realizados por Odebrecht fuera de Brasil y África, casi el 80% (298 millones de dólares) se destinaron a funcionarios e intermediarios en seis países: Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. Tiempo después, diversos esfuerzos periodísticos en el continente como la red Investiga Lava Jato determinaron que el monto de los sobornos y los pagos ilícitos para el financiamiento de campañas electorales fueron superiores a los inicialmente confesados.
Esta vez, volvemos a rastrear los expedientes penales y revisar las demandas iniciadas por la constructora por haber sido vetada para seguir participando en licitaciones públicas. El resultado: en la mayoría de los países analizados, fuera de Brasil, la compañía emblema de la corrupción en la región no ha pagado por los hechos de corrupción que protagonizó ni con resarcimientos económicos a los Estados ni con castigos penales por los delitos admitidos.
*El equipo de Investiga Lava Jato es coordinado por Convoca.pe e integrado por Milagros Salazar, Gonzalo Torrico y María Alejandra Gonzales (Convoca.pe, Perú); Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz (El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Alianza Rebelde Investiga, Venezuela); Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México), Christian Zurita (Periodismo de Investigación, Ecuador), Alicia Ortega (El Informe, República Dominicana); y Emilia Delfino (elDiarioAR, Argentina).
